Élites regionales

En Colombia, hablar de élites regionales no es hablar de una periferia que el Estado central fue amansando con el tiempo, sino del dispositivo mismo por el cual ese Estado se hizo posible. Desde la venalidad de cargos coloniales hasta el clientelismo armado del siglo XX, la República se edificó negociando con poderes locales —encomenderos, terratenientes, comerciantes, casas exportadoras, gamonales— que le prestaban al centro la única capilaridad territorial disponible a cambio de conservar en sus jurisdicciones el monopolio de la renta, la violencia y la representación. El concepto funciona menos como categoría descriptiva de grupos particulares que como clave de bóveda para leer la arquitectura del orden republicano: qué se pactó, con quién, en qué términos, y qué quedó fuera del pacto.

Qué son y por qué pesan

Se entiende por élite regional al conjunto de familias, redes y agrupaciones que, en una jurisdicción territorial determinada, controlan simultáneamente la propiedad de la tierra o de otros activos productivos, el acceso a los cargos públicos locales y provinciales, la mediación con las instituciones centrales y la representación política de los sectores subordinados de su área de influencia. No son una clase homogénea ni un estamento cerrado: son un tejido de linajes y clientelas cuyo poder reside precisamente en su capacidad de traducir entre lo local y lo nacional. En el caso colombiano, esa función traductora fue estructural. La heterogeneidad geográfica, demográfica y cultural del territorio —que obligó, ya en tiempos coloniales, a diferenciar la gestión administrativa dentro de una misma audiencia— hizo que ninguna autoridad central, ni la metropolitana ni la republicana, pudiera prescindir de intermediarios con arraigo local. La fórmula "se obedece pero no se cumple", con la que las autoridades locales americanas amortiguaban las disposiciones madrileñas ajenas a su realidad, no fue una anomalía sino la primera formulación de un principio de gobierno que sobreviviría a la independencia.

De ahí que las élites regionales colombianas hayan pesado más en la conformación del Estado que en su oposición a él. El país no se hizo contra ellas: se hizo con ellas, a través de sus pactos, y —en no pocas ocasiones— fue rehecho por sus disputas. Las guerras civiles del siglo XIX, La Violencia de mediados del XX, la parapolítica del cambio de siglo: en cada uno de esos episodios lo que se dirimía era menos la relación entre Estado y sociedad que la competencia entre fracciones regionales de élite por imponer su modelo de orden nacional.

Los orígenes coloniales: linaje, encomienda, venalidad

La formación de las primeras élites regionales en el territorio que sería Colombia estuvo marcada, en el siglo XVI, por el exclusivismo social de los beneméritos: la participación en la conquista, y no la riqueza acumulada, era el título que otorgaba prestigio. Mineros exitosos y comerciantes prósperos no accedían por sí solos a la cúspide social; debían integrarse a los linajes de conquistadores mediante alianzas matrimoniales. Esta primacía del linaje sobre el capital fue la primera regla de reproducción del grupo dirigente y, con variaciones, sobrevivió durante siglos.

El siglo XVII trajo una erosión decisiva. El agotamiento demográfico de las poblaciones indígenas debilitó el monopolio de los encomenderos sobre la mano de obra, y la nueva riqueza —proveniente de la minería aurífera, del comercio interregional, del tráfico de esclavos— entró a disputar espacios. Pero incluso entonces la lógica dominante fue la alianza antes que el desplazamiento: los nuevos ricos se integraron al grupo cerrado de encomenderos por vía matrimonial, y no lo sustituyeron. A este mecanismo se sumó, hacia finales del siglo XVI y durante la presidencia de Antonio González, la venta de cargos públicos, que se convirtió en un capítulo importante de las rentas de la Corona y en un instrumento por el cual la riqueza pudo por fin traducirse en poder político formal. La venalidad selló así una alianza entre la nueva riqueza y el patriciado tradicional, dotando a las élites regionales de un mecanismo institucional para reproducirse dentro del propio aparato estatal.

El reparto de recursos —tierras, indios, minas— tendió a confinarse a la jurisdicción de cada ciudad, produciendo élites con base regional diferenciada. Pero esa diferenciación no fue nunca hermética. El real de minas de Caloto, puesto fronterizo del suroccidente, muestra el punto: fue repartido entre propietarios y mineros de Popayán, Cali y Buga, lo que evidencia que las empresas mineras podían llevar a compartir jurisdicciones y a tejer redes que trascendían los límites de cada cabildo. La rigidez del localismo colonial fue siempre una tendencia, no una norma absoluta.

La diferenciación regional: cuatro casos, cuatro proyectos

Hacia el siglo XVIII, y con particular nitidez durante el XIX, el territorio neogranadino había producido élites regionales de perfil incompatible entre sí. Esa incompatibilidad —más que ninguna divergencia doctrinaria— fue el combustible de las guerras civiles y la clave de la fragmentación política del país.

La élite de Popayán se consolidó como terrateniente, minera, esclavista y comerciante. Su carácter señorial descansó sobre tres pilares: la disponibilidad de comunidades indígenas tributarias que permitían vivir de la renta, la apertura de la frontera minera del Pacífico —que profundizó la dependencia del trabajo esclavo negro— y alianzas matrimoniales tempranas con españoles recién avecindados, favorecidas por la condición de Popayán como capital de gobernación y sede de autoridades metropolitanas. La producción aurífera del alto y medio Cauca se realizó primordialmente con esclavos negros durante la Colonia y buena parte de la Independencia, moldeando la composición étnica y la jerarquía social de toda la región. En el valle del Cauca, la hacienda combinaba caña, maíz, plátano, cacao, ganadería variada y trabajo esclavo en una unidad productiva diversificada que favorecía la acumulación. El poder acumulado convirtió a la élite payanesa en una de las más influyentes del virreinato, condición que conservó durante la Independencia y buena parte del siglo XIX.

Pero el Gran Cauca era también el territorio más socialmente estratificado y étnicamente diverso: altiplanos indígenas en el sur —Pasto, Túquerres, Ipiales—, zonas de aguda dicotomía entre grandes propietarios blancos y poblaciones negras y mulatas, subregiones fragmentadas espacial y políticamente. Esa combinación de riqueza señorial y heterogeneidad social explica que, desde la Independencia hasta la guerra civil de 1876-77, la región caucana haya sido el principal teatro conflictivo del país. Las tensiones no se dieron solamente entre élites y subordinados: también entre élites de distintas ciudades del propio Cauca, como lo mostró el enfrentamiento entre las ciudades confederadas del Valle y las autoridades españolas asentadas en Popayán, un conflicto que anticipó dinámicas de la Independencia.

La élite antioqueña se configuró en torno a un patrón distinto. La acumulación derivada de la minería aurífera sirvió de base para el desarrollo del comercio, actividad que las familias mineras privilegiaron como escalón siguiente. Comerciantes y especuladores territoriales antioqueños desempeñaron un papel decisivo en la dirección de la colonización que abrió el Eje Cafetero, beneficiándose del aumento del valor de sus propiedades y del control del procesamiento y mercadeo del café producido por pequeños propietarios. Fue una élite de perfil más burgués que señorial, con una relación menos dependiente del tributo indígena y del trabajo esclavo, aunque no ajena a ellos.

En la Costa Atlántica, Cartagena y Santa Marta cumplían ante todo una función comercial, con comunidades ricas de españoles y criollos y una población en gran parte formada por las llamadas "castas" —mestizos de origen africano, negros libres, mulatos—. Los comerciantes de Cartagena eran predominantemente peninsulares, vinculados al circuito trasatlántico español, y aunque algunos establecieron lazos con la élite criolla local por matrimonio, en general no mantuvieron relaciones estrechas con las élites del interior. Su identidad estaba anclada al comercio atlántico, lo que los situaba en los márgenes de la sociedad neogranadina interior. A lo largo del siglo XIX, la Costa perdió peso demográfico relativo frente al occidente: hacia 1870 concentraba solo el 12% de la población, frente al 16% que había tenido a fines del siglo XVIII. Esa declinación se tradujo, en las primeras décadas del siglo XX, en poderes locales articulados en redes de base hacendil encabezadas por el gamonal regional, que conectaba sus intereses con los de letrados, comerciantes y burócratas para conformar poderes con los que el Estado central debía negociar.

La región de Cundinamarca y Boyacá, en fin, concentró el gran núcleo de población indígena, mestiza y criolla del altiplano. Allí, más que en ninguna otra zona, el andamiaje colonial del trabajo indígena dejó su marca profunda: la encomienda repartió mano de obra tributaria a los primeros beneméritos, el resguardo delimitó las tierras comunales que la Corona reservó a los pueblos de indios, y la mita organizó los turnos de trabajo forzado. Sobre ese sustrato triple se levantó, ya en la República, la hacienda familiar y patrimonial —a menudo enclavada sobre antiguas encomiendas y resguardos desamortizados—, que se convirtió en el eje de la organización social, económica y política del siglo XIX y en la matriz de la que salieron los principales caudillos del país. La proximidad a Santa Fe, capital virreinal primero y capital republicana después, añadió a ese patrón hacendil un rasgo específico: la temprana formación de una élite letrada que hizo carrera en el derecho, la Iglesia y la burocracia central. En la ciudad se conformaron desde temprano grupos grandes de indígenas que vivían en arrabales, contraste social que convivía con el patriciado criollo; y la condición de sede del ejecutivo proyectó a las élites bogotanas al control del gabinete de forma sostenida. Los estudios sobre cargos ministeriales durante el siglo XX confirman esa concentración, y todavía en las elecciones presidenciales de 2014 aparecían candidatos con los apellidos Santos, Lleras y López, tres grandes familias políticas capitalinas cuya genealogía se hunde en el patriciado decimonónico del altiplano. Fue, por eso, la élite regional que menos necesitó negociar con el centro: era el centro.

Cuatro proyectos, entonces, con racionalidades incompatibles: la señorial y esclavista del Cauca, la mercantil y colonizadora de Antioquia, la comercial y hacendil del Caribe, la letrada y burocrática del altiplano. La política nacional del siglo XIX puede leerse como el intento —fallido, retomado, siempre inconcluso— de conciliarlas.

La reproducción: matrimonio, herencia de cargos, capital social

Si la formación de las élites regionales dependió de la conquista, la encomienda y la venalidad, su reproducción a lo largo de dos siglos y medio dependió de un conjunto de mecanismos endógenos. El Estado republicano no los disolvió: los institucionalizó.

El primero fue el matrimonio. Los comerciantes españoles inmigrantes se integraban a las élites criollas neogranadinas casándose dentro de ellas, y quedaban tejidos así a las redes del patriciado local. Sus hijos, con notable regularidad, no seguían a sus padres en el comercio. Eran educados para la Iglesia o para el derecho, ruta que aseguraba el ascenso al respetado universo de las profesiones y de los cargos públicos.

El segundo fue la herencia de cargos, en un sentido casi literal. Los puestos directivos del Estado colombiano del siglo XIX tendieron a transmitirse como si fueran patrimonio familiar. Hay casos documentados de primos, hermanos, cuñados, hijos y sobrinos ocupando sucesivamente las mismas posiciones. El más conocido es el de Mariano Ospina Rodríguez, cuya influencia pasó a su nieto Pedro Nel Ospina y de éste a su sobrino Mariano Ospina Pérez, en una línea que atraviesa un siglo completo de historia política colombiana.

El tercer mecanismo fue la simbiosis entre sociedad civil elitista y aparato estatal. En la Colombia del siglo XIX y comienzos del XX, quienes conformaban los elementos políticamente relevantes de la sociedad civil y quienes ocupaban posiciones de poder en el Estado estaban conectados por lazos de familia e interés tan estrechos que, sin ser idénticos, los dos grupos se interpenetraban profundamente. Los políticos profesionales —en su gran mayoría abogados con vínculos con otros sectores elitistas— actuaban como intermediarios entre grupos de interés, y sus posiciones sobre asuntos como el arancel o el federalismo dependían menos de convicciones doctrinarias que de consideraciones de patrocinio y perspectivas de beneficio. Los partidos, en su etapa formativa, se organizaron en torno a notables locales y redes clientelares, con el gamonalismo y el localismo como elementos centrales de la movilización política, en un contexto de sufragio restringido.

La continuidad dinástica que ese conjunto de mecanismos produjo es el rasgo estructural más persistente de la historia política colombiana: sobrevivió a la independencia, al federalismo radical, a la Regeneración centralista, a la República Liberal, al Frente Nacional y a la Constitución de 1991.

Estado central y periferia: federalismo, centralismo, negociación

La independencia empoderó a las élites preexistentes concentradas allí donde estaba el Estado. Aunque hubo varios centros regionales —Bogotá, Cartagena, otros—, fueron las élites bogotanas las que emergieron como más poderosas y las que dominaron el poder ejecutivo desde entonces. Pero ese dominio nunca fue absoluto. En la Nueva Granada independiente, la nación como entidad abstracta significaba menos para los actores políticos que las provincias y regiones donde vivían y actuaban, y la débil articulación política del Estado obligó a una negociación permanente con los poderes locales.

Esa tensión encontró su primera resolución en el federalismo. Entre 1855 y 1858, Panamá, Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena obtuvieron sucesivamente estatuto federal, forzando la adopción de la Constitución de la Confederación Granadina en 1858 y, cinco años más tarde, la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863. El federalismo radical fue el reconocimiento constitucional de que las élites regionales eran los sujetos políticos efectivos del país. Pero también fue la fórmula que exhibió con mayor crudeza la incompatibilidad de sus proyectos: la guerra civil de 1876-77, librada sobre todo en territorio caucano, mostró que el federalismo, lejos de pacificar las tensiones, les proveía un marco institucional para dirimirse por las armas.

La respuesta llegó con la Regeneración de Rafael Núñez. La Constitución de 1886 estableció un régimen centralista y fundó el orden político sobre bases confesionales acordes con el catolicismo. Núñez había creado en 1881 el Banco Nacional para centralizar la emisión monetaria; tras la guerra de 1885 impuso el papel moneda de curso forzoso —decreto 104 de 1886— y otorgó al Banco Nacional el privilegio exclusivo de emisión mediante la ley 57 de 1887. Estas medidas generaron un descontento profundo en sectores comerciales y bancarios que habían fundado su predominio en el monopolio del crédito privado, sectores identificados con la facción radical del liberalismo. Los gobiernos de la Regeneración mostraron una intolerancia a la oposición que en parte respondía al reconocimiento de la fuerza potencial de esa resistencia.

El centralismo formal, sin embargo, no eliminó el poder regional: lo reconfiguró. La geografía y las tradiciones locales otorgaban un sentido de autonomía federalista a los notables y a las élites económicas regionales, y las tensiones que ese sentido generaba se filtraban por las grietas del ordenamiento. Solo entre 1887 y 1900 fueron expedidas 18 leyes reglamentarias de la división político-administrativa dentro de los departamentos: una cifra que sugiere el tamaño real de la presión regionalista bajo la Regeneración. Las élites regionales desarrollaron entonces estrategias específicas para operar dentro del nuevo marco: controlar los vínculos institucionales entre lo nacional y lo regional, nacionalizar su influencia ocupando arenas nacionales —especialmente el Congreso— para defender su poder provincial, y parroquializar los debates locales para aislarlos del orden nacional cuando les convenía.

Economía exportadora y reacomodo regional

La economía exportadora que se abrió paso entre finales del siglo XIX y comienzos del XX alteró la geografía del poder. El oro había sido el principal producto de exportación de la Nueva Granada durante el siglo XVIII y buena parte del XIX; a fines del XIX fue desplazado a un segundo plano por el tabaco, la quina y, sobre todo, el café. El crecimiento se concentró en las tierras templadas y calientes, donde podían cultivarse productos tropicales demandados por las naciones industriales, mientras las regiones altas —centros de la vida colonial— se estancaron o declinaron.

En Santander, los comerciantes de tabaco apoyaron la supresión del estanco y la abolición del diezmo eclesiástico, reformas asociadas al programa liberal de mediados del siglo XIX. Los terratenientes, en cambio, se organizaron en el Partido Conservador para defender el statu quo con el apoyo de la Iglesia católica, cuyo patrimonio a mediados de siglo quintuplicaba con creces el presupuesto anual del Estado. La desproporción ilustra hasta qué punto la Iglesia era una élite económica de primer orden, y no un actor meramente espiritual.

La economía cafetera modificó el equilibrio de manera más profunda. La élite cafetera de Manizales consolidó su poder a través de casas exportadoras y participó en la creación del departamento de Caldas —erigido en 1905—, orientando su destino hasta 1930 a través de organizaciones como la Liga del Comercio y la Cámara de Comercio. Los grandes terratenientes cafeteros ejercieron su influencia política a través de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de su poder en los dos partidos tradicionales, logrando impulsar proyectos de gran envergadura en transporte, puertos y electrificación. Los dividendos del café permitieron al Estado superar sus crónicas crisis fiscales del siglo XIX y financiar la construcción de ferrocarriles, mientras los sectores ligados al grano diversificaban sus inversiones hacia el comercio y la industria incipiente. La Federación Nacional de Cafeteros —Fedecafé— se convirtió en la institución que organizó los intereses cafeteros a nombre de la sociedad y el Estado, representándolos internacionalmente y promoviendo el discurso de la calidad del café colombiano.

El mercado interregional de ganado, integrado desde la Colonia mediante una división regional del trabajo, aumentó considerablemente su nivel de articulación desde mediados del siglo XIX. Pero las élites ganaderas no formaban un bloque homogéneo: los conflictos entre ellas —disputas de linderos, apropiación de baldíos, pleitos judiciales— fueron tan o más relevantes que los conflictos entre élites y campesinos, como lo ilustra el caso de los Ospina frente a los Villegas y otros hacendados vecinos en Antioquia.

Gamonalismo y clientelismo: la mediación como estructura

El término colombiano gamonal —equivalente al cacique de otros países latinoamericanos— designa al jefe político de escala local o regional. El gamonal articulaba sus intereses con los de letrados, comerciantes y burócratas pueblerinos, conformando poderes locales con los que el Estado central se veía obligado a negociar. El control político territorial se originaba en redes de base hacendil, y esas redes clientelares verticales de privilegio y patronazgo fueron el único canal que conectaba las regiones rurales remotas con la política nacional. De allí la intensa identificación de las clases rurales y populares con los partidos tradicionales: no era una adhesión ideológica sino un lazo de dependencia y protección.

El sistema partidista amplificó la lógica gamonalista. El diseño de ganador-se-lleva-todo incentivó el conflicto por el control de recursos burocráticos, y las ventajas del grupo dominante en cada localidad —control de las policías departamentales y municipales, garantía de impunidad vía jueces subnacionales— dieron a la vida política un carácter naturalmente violento. Las redes políticas locales incluían civiles, miembros de agencias de seguridad estatales y otros estamentos, como el clero en el caso conservador, y podían atraer actores adventicios —bandoleros regionales— según la coyuntura.

El clientelismo colombiano no fue nunca un fenómeno estático. Los estudios especializados distinguen al menos tres fases sucesivas: el clientelismo moderno de 1970 a 1988, el clientelismo armado de 1988 a 2006, y la parapolítica de 2006 a 2010, entendida como corolario de la fase anterior. En cada una, la lógica de fondo se mantuvo —redes verticales de patronazgo articuladas por élites regionales—, pero los actores, los recursos y las modalidades de coerción cambiaron. Bajo la Regeneración, las tensiones sociales rurales ya estaban mediadas por el gamonalismo, el paternalismo y el sectarismo partidista, lo que contribuyó a que ese proyecto no consiguiera despolitizar el país ni establecer la "paz científica" que prometía.

Guerras civiles, La Violencia, Frente Nacional

Las guerras civiles del siglo XIX fueron, antes que enfrentamientos entre pueblo y oligarquía, conflictos entre fracciones regionales de élite por imponer proyectos incompatibles de Estado nacional. El Partido Conservador se formó como instrumento político de los terratenientes; comerciantes y pequeños agricultores, especialmente en Santander, apoyaron transformaciones económicas que se asociaron con el Partido Liberal. Los dos partidos tradicionales fueron menos vehículos doctrinarios que federaciones de élites regionales, y sus posiciones sobre el arancel, el federalismo y la Iglesia dependían de esa composición.

La Violencia de mediados del siglo XX debe leerse en esta misma clave. Entre 1946 y 1949 se produjo una descomposición política progresiva, marcada por una violencia sectaria todavía incipiente. La confrontación se generalizó entre noviembre de 1949 y junio de 1953, cuando la hegemonía conservadora se enfrentó abiertamente al liberalismo en la fase más brutal y sectaria del ciclo. El gobierno de Rojas Pinilla, entre junio de 1953 y mayo de 1957, contuvo inicialmente el conflicto, pero éste rebrotó con formas más complejas antes de que el Frente Nacional, desde 1958, cerrara la etapa de violencia puramente sectaria. El territorio del Eje Cafetero fue escenario privilegiado desde su origen: al confluir allí liberales del Cauca y conservadores de Antioquia, la región había sido frontera entre el Estado del Cauca liberal y el Estado de Antioquia conservador durante las guerras del siglo XIX. La Violencia produjo el despojo de cientos de miles de parcelas campesinas, concentradas en Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Caldas y Santander/Norte de Santander, zonas que ya habían sido escenario de conflictos previos entre hacendados y colonos.

El Frente Nacional, pactado en 1958 entre élites liberales y conservadoras para recuperar el poder de manos de Rojas Pinilla, compartió el ejecutivo durante dieciséis años mediante alternancia presidencial y repartición milimétrica de gobernaciones y alcaldías. Fue el pacto consociacional más explícito de la historia colombiana, y su función latente fue institucionalizar la coexistencia de las élites regionales tras el desangre. La campaña de rehabilitación posterior a La Violencia se transformó, en la práctica, en el desarrollo y reubicación del gamonalismo liberal y conservador: benefició a unos pocos jefes de guerrillas y llevó algunas obras a comunidades específicas, pero los recursos fueron con frecuencia malogrados por políticos locales de forma antitécnica y deshonesta, sin que los sectores más pobres se vieran beneficiados. Durante La Violencia, los bandoleros habían establecido alianzas con gamonales y progresivamente desafiado o intentado sustituir su poder en algunas zonas —"Desquite" llegó a autoproclamarse Jefe Civil y Militar del norte del Tolima—, lo que llevó a los gamonales a plegarse a los planes de pacificación del Frente Nacional y al lado del ejército.

Descentralización, narcotráfico, cooptación

La Constitución de 1991 abrió una nueva fase. La descentralización política y fiscal que instituyó fue, simultáneamente, un pilar de democratización y —paradójicamente— el soporte fundamental de la expansión de grupos insurgentes y contrainsurgentes, que combinaron corrupción y coerción en las administraciones locales bajo la modalidad del clientelismo armado. El diseño institucional descentralizador no incorporó la realidad de la captura del Estado por actores ilegales, y esa brecha entre el proyecto democratizador y la dinámica territorial real definió la política colombiana del cambio de siglo. El término "región", que hacia los años setenta y ochenta había evocado paros cívicos y nuevos ámbitos de democratización, pasó a evocar captura del Estado por el paramilitarismo y otros agentes ilegales.

El paramilitarismo se consolidó por lo regular con apoyo económico del narcotráfico y participación de hacendados, empresarios y comerciantes, en una confluencia de intereses que fue patrón frecuente aunque con variaciones regionales. Su proyecto rebasó lo instrumental contrainsurgente: buscó instaurar un nuevo orden económico —concentración de capital y negocios—, político —control de la vida política local— y sociocultural —autoritarismo legitimado desde abajo—. La región Caribe, que concentra algo más de la quinta parte de la población nacional, ha registrado una proporción de víctimas del conflicto armado sensiblemente mayor a su peso demográfico: millones de personas figuran en el Registro Único de Víctimas, una desproporción que evidencia la intensidad del combate por el poder regional. En Buenaventura, actores narco-paramilitares cooptaron el orden político local, usaron sistemáticamente la coerción armada para condicionar el voto y cerraron los canales por los que la población afrodescendiente había podido acceder a la representación y al ascenso social.

Las élites emergentes disputaron espacios a las tradicionales replicando, con notable éxito, los mismos criterios especulativos y endogámicos del sistema político preexistente. Fue continuidad más que ruptura: los apellidos cambiaron en algunas regiones, pero la lógica de reproducción —redes clientelares, matrimonio, herencia de cargos, control de la mediación— se mantuvo. Ese es el rasgo estructural que ninguna reforma constitucional, ninguna reordenación territorial, ningún cambio de modelo económico ha logrado alterar.

Huella

Pensar Colombia sin sus élites regionales es pensar un país que no ha existido. El Estado central colombiano nunca tuvo, por sí mismo, la capacidad de estar presente en todo el territorio; la tuvo siempre por delegación, por pacto, por cesión. Esa arquitectura le dio al régimen republicano una capilaridad que otros Estados latinoamericanos con proyectos más centralistas no consiguieron, pero se la dio al costo de una soberanía fragmentada: en cada jurisdicción, la ley nacional se ejecutaba en los términos que la élite local aceptara. La fortaleza aparente del orden colombiano —su continuidad institucional, la ausencia de dictaduras militares prolongadas, la longevidad de sus partidos— descansó sobre esa cesión permanente, y sus fisuras —las guerras civiles, La Violencia, el paramilitarismo, la parapolítica— fueron la contracara inevitable del mismo dispositivo.

Ahí radica la incomodidad del asunto. El país que las reformas prometen —transparente, meritocrático, gobernado desde una ley pareja— exigiría desmontar la arquitectura que lo ha sostenido en pie, y no está claro qué otro andamiaje podría reemplazarla sin que el edificio se venga abajo. Las élites regionales no son un residuo del pasado que basta con superar: son la forma histórica en que Colombia ha logrado, mal que bien, ser gobernable. Toda lectura seria de la formación del Estado, de la violencia política, del clientelismo o del régimen territorial tiene que pasar por ahí; y toda imaginación de un país distinto tiene que atreverse a pensar, primero, qué se pondría en el lugar de esos poderes locales sobre los que Colombia lleva más de dos siglos apoyando su edificio.