Zipaquirá

La villa sobre el cerro de sal

Zipaquirá se sitúa en el eje del altiplano cundiboyacense, la larga meseta fría que corre entre Bogotá y Tunja y que fue, desde tiempos prehispánicos, el corazón demográfico y agrícola de los muiscas. La ciudad ocupa un flanco del cerro del Zipa, elevación que da nombre al asentamiento y que alberga, en su interior, una de las reservas de sal gema más importantes de Suramérica. El dato geológico no es accesorio: define la vocación económica del sitio y su lugar en la geografía política del país. Zipaquirá no es un pueblo que descubrió su recurso, sino un asentamiento que existió porque el recurso ya estaba allí y ya se explotaba cuando los conquistadores llegaron en 1535.

El casco urbano colonial, con su plaza mayor —hoy Plaza de los Comuneros en memoria de 1781—, empezó a construirse hacia 1750, cuando el poblado consolidó su estatuto de villa y recibió las obras religiosas y administrativas que aún lo caracterizan. Antes de esa reorganización dieciochesca hubo un asentamiento español asociado a la explotación salinera, superpuesto a los trabajos indígenas previos. La sabana en la que la ciudad se inscribe fue, desde el poblamiento del período Herrera, una zona de agricultura densa: los abrigos rocosos de Zipacón, a pocos kilómetros de Zipaquirá, guardan la cerámica más antigua del altiplano oriental, con dataciones de 3.270 años antes del presente y restos de maíz, cerezo criollo, batata y aguacate que indican tanto una economía agraria consolidada como contactos tempranos con pisos térmicos cálidos. La cerámica Herrera, de decoración incisa, se distribuye por un arco que incluye la laguna de La Herrera, Zipacón, Tequendama, la propia Zipaquirá, Sopó, Nemocón y Tunja, y ocupó la sabana durante no menos de cinco siglos, entre el siglo IV a. C. y finales del siglo I d. C., según los hallazgos estratificados que Marianne Cardale documentó precisamente en Zipaquirá.

La ocupación muisca sucedió a la Herrera en el mismo territorio, aunque la relación exacta entre ambos grupos —continuidad, reemplazo o absorción— sigue siendo un problema abierto. Al momento del contacto con los españoles, el altiplano estaba organizado bajo dos grandes cacicazgos, el del zipa en Bogotá y el del zaque en Tunja, con un proceso de absorción de pequeños estados por unidades mayores que venía desde tiempo atrás y que en 1537 aún no había concluido: subsistían varios soberanos independientes, y la propia población muisca no era homogénea, sino compuesta por una capa conquistadora y por pueblos subyugados que conservaban dialectos y rasgos físicos diferenciados, evidenciados hoy en variaciones craneológicas entre cementerios.

En ese sistema, Zipaquirá ocupaba un lugar estratégico particular. Sus minas se contaban entre las más productivas del territorio muisca, y su posesión otorgó al zipa una forma de monopolio sobre un producto que era, a la vez, alimento esencial, conservante, moneda de intercambio y bien ritual.

Sal muisca: monopolio, intercambio y especialización regional

La economía muisca del altiplano descansaba sobre una división regional del trabajo cuya arquitectura la sal ayuda a comprender. Los muiscas exportaban sal, esmeraldas, coca y telas de algodón; importaban oro, plumas, aves y yopo. El zipa, que gobernaba desde Bogotá, no tenía en sus dominios ni oro ni esmeraldas: las esmeraldas venían de las minas de Somondoco, en territorio del zaque, y el oro llegaba desde la región de Neiva y otros puntos del valle del Magdalena. Lo que sí controlaba era la sal, y esa asimetría estructural convirtió a Zipaquirá —junto con Nemocón, Tausa y otras salinas menores— en la fuente de la que dependía el poder adquisitivo externo del cacicazgo bogotano.

La sal salía de Zipaquirá en panes cocidos y viajaba por rutas que alcanzaban Neiva y las cuencas del Magdalena, y también hacia el norte, donde los guanes de la actual Santander la adquirían en mercados como Sorocotá o en la región del Opón. Los indígenas de la región de Tunja bajaban a las salinas cercanas a Santa Fe para conseguirla y revenderla, en un circuito que involucraba a comunidades intermedias. La densidad de esa red se refleja en la especialización cerámica de los pueblos vecinos: en Tocancipá se producían en gran cantidad las moyas y gachas, vasijas diseñadas específicamente para cocer sal, que luego se expendían en Zipaquirá y Nemocón; los indígenas de Gachancipá fabricaban gachas, ollas, mucuras y otras piezas de barro cocido para los mismos mercados. La producción de sal, entonces, no era una actividad aislada sino el nodo de un sistema regional que ocupaba a varios pueblos en tareas complementarias.

Este monopolio explica también la particular configuración política del zipazgo. Sin sal, no había oro; sin oro, no había capacidad de intercambio con las tierras cálidas ni con los cacicazgos vecinos; sin capacidad de intercambio, no había la clase de bienes suntuarios y rituales que sostenían el prestigio del gobernante. La sabana húmeda y fría, sin metales propios ni piedras preciosas, dependía de este mineral blanco para insertarse en las redes largas del comercio prehispánico. La riqueza de Zipaquirá era, en sentido literal, la que permitía al zipa ser zipa.

La sal bajo el rey: estanco colonial y trabajo indígena

Los españoles que llegaron con Gonzalo Jiménez de Quesada al altiplano encontraron en 1535, al pie del cerro de Zipaquirá, trabajos mineros indígenas ya en curso. No hubo, por tanto, un descubrimiento colonial de las salinas: hubo la incorporación de una explotación preexistente al aparato fiscal del imperio. Desde los primeros años de la Conquista, la sal de Zipaquirá pasó a ser explotada en beneficio del gobierno, primero de la Corona y luego, sin interrupción, de la República. Cinco siglos de administración estatal sobre un mismo recurso: una continuidad institucional rara en la historia económica colombiana.

Durante la Colonia, la sal se convirtió en uno de los pilares del estanco, el sistema fiscal por el cual la Corona reservaba para sí la producción, distribución y venta de determinados bienes de consumo masivo. Aguardiente, tabaco y sal formaban el trípode del estanco neogranadino, y la sal tenía la particularidad de ser irrenunciable: nadie podía prescindir de ella. Esa condición la volvía un instrumento fiscal ideal —demanda inelástica, tributo casi invisible dentro del precio— y a la vez, por la misma razón, un agravio potencialmente explosivo cada vez que subía. La villa se consolidó a lo largo del siglo XVIII como cabecera administrativa del estanco salinero, con oficinas, guardas de la renta y una población obrera vinculada a la extracción y elaboración.

La ruta entre Santa Fe y Zipaquirá era una de las arterias comerciales más importantes de la sabana, y su valor quedó materializado en el Puente del Común, obra de ingeniería colonial de finales del siglo XVIII cuya magnitud y calidad la sitúan entre las construcciones mayores del período en el país. El puente, con antecedentes en modelos peninsulares, se cuenta entre las obras del virrey Ezpeleta y constituye un testimonio arquitectónico de la centralidad de Zipaquirá en el abasto de la capital: la sal, los alimentos y los ganados de la sabana convergían allí y pasaban por esa estructura hacia Santafé.

1781: la sal como agravio, Zipaquirá como escenario

El 16 de marzo de 1781, en la plaza de la villa del Socorro, una mujer llamada Manuela Beltrán arrancó del muro el edicto que anunciaba el aumento y restablecimiento de una serie de cargas fiscales dispuestas por el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. Entre esas cargas figuraba el incremento de la alcabala, gravámenes sobre el tabaco y los textiles, el restablecimiento del impuesto de la Armada de Barlovento y —dato que aquí interesa especialmente— el aumento del impuesto sobre la sal. El gesto de Beltrán prendió una insurrección que en pocas semanas movilizó a criollos, mestizos e indígenas por buena parte de la provincia y avanzó hacia el sur, hacia la capital del virreinato.

La cadena causal es directa. La sal era un bien de primera necesidad; su encarecimiento afectaba a todos los estratos de la población, pero con mayor peso relativo a los más pobres, que gastaban en ella una fracción proporcionalmente mayor de sus ingresos. En 1850, el secretario de Hacienda Manuel Murillo Toro señalaría exactamente esa asimetría al criticar el monopolio: la sal, decía, gravaba un artículo de primera necesidad y lo hacía además de manera desigual, cargando sobre unas pocas provincias. La objeción liberal republicana coincide, un siglo después, con la lógica del agravio comunero. Y el hecho de que Zipaquirá fuera el principal centro productor del reino convertía a la villa, inevitablemente, en escenario simbólico y logístico del conflicto: el impuesto que se estaba disputando salía, en buena medida, de su propio subsuelo.

Las pocas tropas que Santafé pudo enviar contra los sublevados fueron derrotadas el 8 de mayo al norte de Tunja. El regente Gutiérrez de Piñeres huyó a Cartagena. La capital quedó prácticamente indefensa. El gobierno, en un movimiento desesperado, nombró una comisión encabezada por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora para negociar con los rebeldes antes de que entraran en la ciudad. Las negociaciones se realizaron en el campamento de guerra instalado en territorio de Zipaquirá a partir del 5 de junio de 1781.

El principal negociador comunero fue Juan Francisco Berbeo, miembro de la élite criolla de la villa del Socorro. El texto de las Capitulaciones fue redactado por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de Tunja, con modificaciones introducidas por el propio Berbeo en acuerdo con Jorge Lozano de Peralta. El acuerdo incluyó la fijación del tributo indígena en cuatro pesos anuales, la regulación del precio del aguardiente, ajustes a la alcabala y otras medidas orientadas a desmontar el paquete tributario de Gutiérrez de Piñeres. Se firmó, se juró en acto solemne con participación del arzobispo, y las tropas comuneras se retiraron.

Aquí conviene detenerse. Las Capitulaciones de Zipaquirá suelen recordarse como un momento fundacional del ánimo emancipador americano, un ensayo previo de la independencia. La lectura no es falsa, pero es incompleta. Berbeo era un criollo de la élite del Socorro; los delegados que redactaron el texto eran también criollos con acceso a las categorías del derecho hispano; la negociación se hizo con el arzobispo, no contra él. Lo que ocurrió en Zipaquirá fue, en parte, la domesticación de una rebelión popular por parte de sectores criollos que compartían con las autoridades coloniales un interés común en detener el desborde plebeyo. Cuando Francisco de Miranda incluyó años después la rebelión comunera en el dossier con el que buscaba respaldo europeo para la emancipación americana, tomó de ella su costado insurreccional y su prueba de un ánimo antihispánico; pero la letra pequeña de las Capitulaciones muestra tanto un pacto de élite como una demanda popular.

La confirmación de esa lectura vino con brutalidad en los meses siguientes. Apenas el virrey Manuel Antonio Flórez logró enviar tropas desde Cartagena y reforzar militarmente la capital, la Real Audiencia expidió el acuerdo formal de anulación de las Capitulaciones. Lo firmaron Gutiérrez de Piñeres —el mismo funcionario cuyas medidas habían provocado la revuelta—, Pey Ruiz, Mon y Velarde, Vasco y Vargas, y Catani. La palabra dada al arzobispo se declaró nula. Los comuneros habían sido, en términos prácticos, engañados.

Galán: la disidencia y su escarmiento

Un hombre no aceptó el acuerdo. José Antonio Galán, líder salido de las bases populares de la rebelión, rechazó desde el principio las condiciones negociadas en Zipaquirá, desconfió de las promesas del arzobispo y convocó una segunda marcha hacia Santafé para el 15 de octubre de 1781. Fue capturado dos días antes, el 13, en un paraje cerca de Onzaga, junto a nueve compañeros. Su juicio y su ejecución fueron el reverso exacto de la clemencia negociada con Berbeo.

El 1 de febrero de 1782 Galán fue ahorcado y descuartizado. Sus restos se distribuyeron como escarmiento territorial: la cabeza a Guaduas, la mano derecha al Socorro, la mano izquierda a San Gil, el pie derecho a Charalá, el pie izquierdo a Mogotes. La sentencia añadió la declaración de infamia sobre su descendencia, la confiscación de sus bienes al fisco real, el asolamiento de su casa y la siembra de sal sobre los cimientos. En un giro que la propia historia parece ofrecer con crueldad literaria, la sustancia que había desencadenado la rebelión regresó como instrumento de su borradura: se sembró sal para que nada volviera a crecer donde había vivido el disidente.

Junto con Galán, otros tres cabecillas —Molina, Alcantuz y Ortiz— fueron condenados a la misma pena. La sentencia fue suscrita colectivamente por los auditores de Santa Fe, por el arzobispo y virrey Caballero y Góngora —el mismo que había negociado en Zipaquirá— y, en un detalle que compendia toda la lógica del episodio, por Juan Francisco Berbeo, quien para entonces figuraba como corregidor. El firmante de las Capitulaciones firmó también la ejecución de quien las había rechazado. La rebelión popular fue así doblemente sofocada: la cooptada por Berbeo terminó en un acuerdo anulado; la sostenida por Galán, en la horca.

La gesta comunera permaneció luego en penumbra historiográfica durante más de un siglo. El primer texto importante sobre el tema, Los comuneros de Manuel Briceño, apareció en Bogotá en 1880. Tampoco hubo representación pictórica contemporánea de la ejecución de Galán: la pintura de la época no registró el episodio, y su recuperación como figura fundacional del pueblo colombiano es un fenómeno esencialmente del siglo XX. El arzobispo Caballero y Góngora, por su parte, viajó tras el asunto a la Costa Atlántica, tal vez para alejarse del peso político del episodio y de su propio papel ambiguo en él.

De la Colonia a la República: continuidad salinera, discontinuidad política

La independencia no alteró el hecho estructural. La sal siguió siendo renta del Estado; Zipaquirá siguió siendo el principal centro productor. En 1814, el gobierno general de las Provincias Unidas de Nueva Granada, en plena Primera República, nombró al coronel José Acevedo y Gómez subpresidente y jefe superior político de la villa de Zipaquirá y Nemocón, con la misión explícita de regular el abasto de los pueblos, mantener el orden económico y asegurar que los bienes de los enemigos quedaran a buen recaudo. La medida reflejaba la centralidad logística de la zona: en un momento en que el pánico económico de la guerra llevaba a los propietarios a vender ganados, esclavos y semovientes apresuradamente, la buena administración de las haciendas y de las empresas económicas del área aseguraba el sustento de los ejércitos y la base material de la intendencia militar. Zipaquirá era, otra vez, nodo del abasto.

La modernización de la extracción vino poco después. En 1816 se abrió el primer socavón en las minas bajo la dirección del ingeniero minero alemán Jacobo Wiesner. En 1817 se inició la elaboración de sal utilizando calderos, un cambio técnico que aumentó la capacidad productiva y modificó los oficios locales. En 1828, ya en la República, don Manuel María Quijano publicó dos estudios científicos, uno sobre el contraveneno de la víbora y otro sobre la salina de Zipaquirá, testimonio del interés ilustrado por documentar y racionalizar la explotación.

La renta salinera se volvió, en la joven República, uno de los pilares del fisco. Un viajero extranjero de época republicana estimó que las minas de Zipaquirá proveían al gobierno colombiano aproximadamente un octavo de sus ingresos fiscales. La cifra da la escala del peso económico de la villa. Para 1823 se habían expedido en Colombia 170 leyes sobre el impuesto de la sal, y en ese momento regían 89: una acumulación normativa vertiginosa que evidencia el lugar central del recurso en el diseño hacendístico republicano. La Ley 26 de mayo de 1847 introdujo ajustes al régimen de las salinas, y en 1850 Murillo Toro criticó, desde el gabinete, el monopolio salinero por regresivo y territorialmente desigual. La discusión sobre la sal atravesó buena parte del siglo XIX y prolongó, en clave republicana, un debate cuyo origen material podía rastrearse hasta 1781.

En el eje del altiplano cundiboyacense entre Bogotá y Tunja —el mismo corredor demográfico prehispánico— Zipaquirá se consolidó, a lo largo del siglo XIX y XX, como centro de una economía mixta: sal, agricultura de sabana, ganadería y, más tarde, industria. La provincia de Zipaquirá incluía municipios diversos: Gachalá, por ejemplo, concentraba en 1870 el 14 % de los cafetos plantados en la región, señal de que la vocación del entorno excedía la mineral. En clave política, la villa fue durante el siglo XIX un bastión de los gólgotas, la facción liberal radical, tendencia coherente con una ciudad de oficios industriales y burguesía comercial vinculada al comercio de sal y granos.

El siglo XX: fábrica, clase y catedral

El Zipaquirá del siglo XX fue, en su descripción más directa, un pueblo industrial y de mineros de la sal. La descripción no es metafórica: alrededor del núcleo urbano se extendían fábricas y talleres que empleaban a una población obrera cuyas vidas se organizaban a partir del turno, del salario y del oficio. Esa estructura productiva se tradujo en una estratificación social nítida, y en pocos aspectos se ve tan claramente como en la división del sistema educativo local. En Zipaquirá coexistían dos colegios que compendiaban esa fractura: el colegio La Salle, al que asistían los hijos de las familias acomodadas y de la clase media profesional, "los niños de la sociedad zipaquireña"; y el colegio La Industrial, público, al que llegaban los hijos de los obreros y del que salían para incorporarse, en el ciclo esperado, al trabajo fabril que su nombre anunciaba.

Esa segregación educativa dio origen, entre otras cosas, a una vocación política que marcaría al país. Gustavo Petro Urrego estudió en el colegio La Salle de Zipaquirá, donde fue de manera sostenida el primero de su curso. La percepción de las diferencias de clase que allí observó fue, en su propio relato, el origen de su interés por la política. La anécdota tiene una densidad simbólica que rebasa lo biográfico: la villa que había producido en 1781 el escenario donde la élite negoció por encima del pueblo bajo, y donde el disidente popular fue ahorcado con la firma del negociador criollo, seguía en el siglo XX reproduciendo, en la geografía de sus aulas, una división de clase que la explotación salinera había ayudado históricamente a estructurar. Ninguna de las grandes fracturas políticas —ni la comunera, ni la independentista, ni las reformas liberales del siglo XIX— la había alterado sustancialmente.

En paralelo, la propia mina fue transfigurada en símbolo. Los indígenas, recordaba el cronista Germán Arciniegas, habían cavado el cerro desde hacía siglos y comerciado sus panes de sal a gran distancia. Sobre esa memoria antigua, en 1954 se inauguró la primera Catedral de Sal: una serie de galerías subterráneas talladas dentro de las minas activas, convertidas en espacio religioso monumental. La obra respondía a una tradición devocional de los mineros, que sostenían capillas rudimentarias en el interior de las galerías, y la magnificaba a escala de santuario nacional. Cuatro décadas después, en 1995, se inauguró la segunda Catedral —construida a mayor profundidad y con criterios estructurales más seguros, mientras la primera se cerraba por deterioro— y esta versión, con sus catorce estaciones del vía crucis excavadas en la roca de sal, sus naves iluminadas en azul y su enorme cruz retroiluminada, se convirtió en el destino turístico más visitado de Cundinamarca y en emblema del país. En 2007 fue elegida Primera Maravilla de Colombia. Aunque no ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco —error frecuente en su presentación—, su categoría nacional es indiscutida.

La administración de las salinas está hoy a cargo de Concesión Salinas, entidad independiente del Banco de la República, que gestiona la extracción y la comercialización. La explotación moderna se hace mediante grandes galerías subterráneas; el mineral extraído se somete a procesos de disolución en agua para eliminar impurezas, y de las salmueras concentradas resultantes se producen sales de consumo humano, animal e industrial. Las reservas se consideran suficientes para atender la demanda por mucho tiempo. La misma montaña que alimentó al zipa, que sostuvo el estanco borbónico, que provocó la revuelta comunera y que financió un octavo del fisco republicano sigue produciendo, cinco siglos después de la Conquista.

Huella

Zipaquirá dejó tres huellas mayores en la historia de Colombia, y las tres brotan del mismo yacimiento. La primera es económica: durante más de dos milenios —desde la cerámica Herrera hasta la Concesión Salinas— la villa fue nodo estructural de las redes de abasto de sal del centro del país, articulando primero el intercambio prehispánico con el Magdalena, luego el fisco colonial, después la hacienda republicana y finalmente una industria que sigue proveyendo consumo doméstico e industrial. Esta continuidad económica sin interrupción, sobre un mismo recurso y un mismo territorio, es excepcional y explica en gran medida la persistencia del asentamiento.

La segunda huella es política. Las Capitulaciones firmadas el 5 de junio de 1781, y su posterior anulación por la Real Audiencia, constituyen uno de los episodios más citados del siglo XVIII neogranadino y una referencia obligada en la genealogía de la independencia. La ambigüedad del episodio —negociación de élite y agravio popular, pacto firmado y pacto traicionado, líder cooptado y líder ejecutado— hace de él, más que una escena heroica unívoca, un espejo denso de las tensiones sociales del final del período colonial. La figura de José Antonio Galán, largamente olvidada hasta la publicación de Briceño en 1880, ha sido recuperada en el siglo XX y XXI como emblema de la disidencia popular frente a los pactos de élite; en esa recuperación, Zipaquirá aparece siempre como el escenario donde se selló, y donde también se traicionó, el compromiso.

La tercera huella es simbólica. La Catedral de Sal transformó una infraestructura extractiva en un santuario, y con ello ofreció a Colombia una imagen que sintetiza —quizá sin proponérselo— toda la trayectoria material de la villa: el mismo mineral que fue tributo, monopolio, agravio y renta se volvió también techo de plegaria y espectáculo internacional. En sus galerías azules, un país predominantemente turístico redescubre, sin siempre nombrarlo, el cerro que dio origen al zipa, que negoció el arzobispo, que ejecutó a Galán y que sostuvo un octavo del fisco de la joven república.

Zipaquirá sobrevive así como una de esas ciudades cuya biografía puede leerse enteramente en un solo material. Su historia no es la de un pueblo que tuvo, entre otras cosas, una mina; es la de una mina alrededor de la cual se formó, se disputó y se reconfiguró, régimen tras régimen, una comunidad humana. Cinco siglos de administración estatal sobre una misma roca, cinco regímenes políticos que la han gravado, cinco versiones sucesivas de la misma pregunta —quién controla la sal, quién paga por ella, quién se beneficia de ella—: en pocos lugares del país la continuidad de la materia y la discontinuidad de la política se entretejen con esta densidad. La villa andina que empezó siendo cerro del zipa terminó siendo, sin dejar de serlo nunca del todo, uno de los símbolos más elocuentes de cómo un recurso natural puede esculpir, durante milenios, la historia de un territorio.