Estanco

El estanco

En la Nueva Granada del siglo XVIII, la palabra estanco nombraba una operación precisa: la Corona reservaba para sí, o para quien ella arrendara, la producción, la circulación o la venta de un producto de consumo masivo —tabaco, aguardiente de caña, sal, pólvora, naipes— y expulsaba del negocio a todos los demás. No era un impuesto entre otros: era una arquitectura fiscal que convertía un cultivo campesino o un alambique de trapiche en renta real, y que ponía guardias armados en los caminos para asegurar el monopolio. Hacia el final del período colonial, los estancos del tabaco y el aguardiente aportaban por sí solos alrededor del 32% de los ingresos de la Corona en el virreinato: unos 770.000 pesos anuales sobre 2,4 millones. Sin el estanco no se entiende cómo se sostuvo el aparato colonial en su último siglo, ni se entiende el estallido comunero de 1781, ni por qué la República independiente tardó cuatro décadas en atreverse a suprimirlo.

Qué era un estanco

En el vocabulario fiscal indiano, "estancar" un producto significaba retirarlo del comercio libre y someterlo a monopolio real. La Corona podía administrarlo directamente, a través de una red de factorías y administraciones subalternas con funcionarios asalariados, o rematar el ramo a un particular —el asentista o rematador— que pagaba una suma fija anual a cambio del derecho exclusivo de compra y venta. Ambos sistemas coexistieron en la Nueva Granada durante buena parte del siglo XVIII, y solo con las reformas borbónicas de mediados de siglo la administración directa fue desplazando al arrendamiento, sin extinguirlo del todo.

El estanco no era un impuesto porcentual sobre transacciones, como la alcabala, ni una detracción sobre la producción, como los quintos mineros o los diezmos. Era algo más invasivo: la Corona fijaba el precio al que compraba la hoja al campesino o el aguardiente al hacendado, fijaba el precio al que revendía al público en sus tiendas y expendedurías, y capturaba la diferencia. Cualquier siembra, destilación o venta por fuera de ese circuito era contrabando, perseguido por cuerpos de guardias —los resguardos— con facultad de destruir cultivos, decomisar mercancías, arrestar y encarcelar. La lógica era doble: recaudar y controlar. El monopolio permitía al fisco extraer una renta considerable sin necesidad de un aparato tributario extenso, y a la vez sometía a vigilancia una economía popular que de otro modo escapaba por completo a la mirada del Estado.

Frente al resto del edificio fiscal, la particularidad del estanco era su visibilidad cotidiana. Los quintos afectaban a los mineros, los diezmos gravaban con un 10% las transacciones agropecuarias, las alcabalas caían sobre el comercio mayor y menor; eran cargas mediadas por circuitos específicos. El estanco, en cambio, tocaba cada trago de aguardiente en una fonda del Socorro, cada mascada de tabaco en una plaza de Girón, cada vela de pólvora en un yacimiento antioqueño. Y por eso mismo, cuando la Corona subía sus precios o cerraba zonas de cultivo, la reacción no venía de gremios organizados sino de multitudes.

De la prohibición al monopolio: el aguardiente

La primera gran renta estancada de la caña llegó por resignación. Durante décadas del siglo XVII, la Corona había intentado prohibir el aguardiente producido con miel y melaza de caña —el aguardiente "de la tierra"— para proteger el mercado del vino y del aguardiente peninsulares, y para contener un consumo popular que párrocos y funcionarios describían como escandaloso. Real Cédula tras Real Cédula, excomunión tras excomunión, la prohibición fracasó: los trapiches del Valle del Cauca, de las tierras cálidas de Cundinamarca y de las estribaciones santandereanas siguieron destilando, y el contrabando abastecía con soltura a las ciudades.

La Real Cédula del 23 de septiembre de 1700 admitió el fracaso y ordenó estancar el aguardiente de caña. Si no podía suprimirse, al menos que rindiera al fisco. La transición no fue inmediata ni ordenada: durante un cuarto de siglo, el monopolio se administró de forma irregular, entre remates locales y concesiones a particulares, sin producir grandes rendimientos. Fue el presidente Antonio Manso Maldonado, entre 1725 y 1731, quien empujó la consolidación del sistema. Manso —personalmente partidario de la supresión pura y simple del aguardiente por razones morales— reconoció, sin embargo, que ni las cédulas, ni las excomuniones, ni más de treinta años de diligencias habían logrado nada, y propuso a Madrid formalizar y racionalizar el estanco como la única política realista. El 16 de junio de 1726, dentro de ese proceso, hubo una actuación institucional relevante en Santa Fe que dio curso al asunto ante el Consejo de Indias.

De ahí en adelante, la renta del aguardiente creció sin pausa. Entre 1760 y la década de 1790, sucesivas reformas —la extensión de la administración directa, el establecimiento de nuevos expendios, el ajuste de precios— la convirtieron en una de las dos columnas del edificio fiscal virreinal, al lado del tabaco. El virrey Pedro Messía de la Zerda lo consignó sin rodeos en su relación de gobierno de 1772: "de las rentas la más útil y pingüe es la de aguardiente de caña". Fórmulas casi idénticas repitieron sus sucesores Manuel Guirior en 1776 y el virrey que redactó la relación de 1789. El monopolio tuvo, además, un efecto productivo colateral que rara vez se anota: al garantizar comprador único y demanda estable, estimuló la expansión de haciendas cañeras y trapiches, particularmente en el Valle del Cauca y en las tierras templadas del centro del virreinato. Complejos como la hacienda jesuita de Llanogrande —con más de 12.000 reses, 2.000 yeguas, más de cien esclavos y talleres de locería en 1747— combinaban producción de mieles, ganadería y manufactura artesanal en una escala impensable sin la demanda que el estanco aseguraba.

El estanco del tabaco y la reforma de Gutiérrez de Piñeres

El tabaco siguió una trayectoria distinta y más tardía. Aunque se comerciaba estancado desde antes, la reorganización que le dio su forma clásica —la que provocaría 1781— es obra del último tercio del siglo XVIII y está inseparablemente ligada al nombre de Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, regente visitador enviado por Carlos III y su ministro José de Gálvez para poner en orden la hacienda del virreinato.

Gutiérrez de Piñeres aplicó al tabaco una lógica de racionalización industrial. Redujo la producción legal a cuatro zonas: Ambalema, en las vegas del Magdalena; Girón, en el nororiente; Pore y Nunchía, en los Llanos de Casanare; y Palmira, en el Valle del Cauca. Todo tabaco sembrado fuera de esas áreas era ilegal, y los guardias del resguardo tenían orden de arrancar las matas y arrestar a los cultivadores. Sobre esa base productiva restringida montó seis administraciones y factorías distribuidoras que cubrían el virreinato, con ordenanzas minuciosas sobre elaboración, empaque y transporte de la hoja, y con un sistema de guías y tornaguías —los documentos que debían acompañar cualquier partida de tabaco en circulación— para hacer imposible el comercio no autorizado.

La reorganización tuvo un efecto inmediato y devastador sobre regiones enteras que habían vivido del cultivo. La provincia del Socorro, y particularmente la subregión del Guanentá —San Gil, el Socorro, Charalá, Mogotes, Simacota—, quedó excluida de la producción legal. Familias campesinas que llevaban generaciones sembrando su tabaquito para vender en las plazas locales se encontraron, de un día para otro, ante guardias armados que destruían la cosecha. Ya en 1778, los habitantes de Mogotes expulsaron a los guardias del monopolio. En octubre de 1780 hubo disturbios en Mogotes y Simacota; en diciembre, en Charalá. La región estaba caliente meses antes de que llegara la chispa final.

Esa chispa fue la decisión, en mayo de 1780, de duplicar el precio al detalle del tabaco y del aguardiente. En agosto, Gutiérrez de Piñeres reforzó las guías y tornaguías. Poco después subió la alcabala y resucitó el viejo impuesto de la Armada de Barlovento, que en la práctica volvía a gravar transacciones ya alcabaladas: una doble imposición. Para una economía popular como la del Guanentá —donde los textiles, el algodón, el cultivo doméstico del tabaco y el pequeño comercio se sostenían apenas sobre márgenes estrechos, y donde una epidemia de viruela y una escasez de alimentos agravaban la situación—, la combinación fue insostenible.

Vista desde Madrid, la reforma tenía una lógica impecable. La carga tributaria total de la Nueva Granada, según los cálculos hoy aceptados, pasó de cerca del 2,9% del producto antes de las reformas borbónicas a alrededor del 10,4% hacia 1800: la Corona más que triplicó su capacidad extractiva en medio siglo. Vista desde el Socorro, la reforma era una expropiación.

1781: el estanco en la calle

El 16 de marzo de 1781, en la plaza del Socorro, una comerciante o vendedora local, Manuela Beltrán, arrancó el edicto donde se anunciaban los nuevos impuestos —entre ellos la resucitada Armada de Barlovento— y lo rompió a la vista de todos. El acto, en apariencia menor, fue el pistoletazo. La multitud asaltó los almacenes del estanco, irrumpió en los depósitos de aguardiente y de tabaco, liberó presos y desafió a la autoridad local. En cuestión de semanas, el motín se había convertido en revuelta regional. Pamplona, Vélez, Cúcuta y decenas de pueblos del oriente y de los Llanos se sumaron; grupos armados del "común" —el vocabulario mismo del que salió el nombre de los comuneros— exigían la revocatoria de las medidas fiscales.

El 8 de mayo, al norte de Tunja, las escasas fuerzas gubernamentales fueron derrotadas por los comuneros que avanzaban sobre Santa Fe. Gutiérrez de Piñeres huyó de la capital hacia Cartagena, donde estaba el virrey Manuel Antonio Flórez. En Santa Fe, aterrada, una junta de tribunales acordó el 15 de mayo la rebaja de los ramos de la Real Hacienda y la extinción de la Armada de Barlovento y de las guías y tornaguías, y lo publicó por bando. Era una capitulación anticipada, hecha de miedo.

La negociación formal se selló en Zipaquirá. Las Capitulaciones fueron redactadas por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de Tunja, con modificaciones del capitán general comunero Juan Francisco Berbeo, y firmadas el 5 de junio de 1781. Entre las demandas figuraban la reducción del precio del aguardiente, modificaciones a la alcabala y otras reformas fiscales que apuntaban al corazón del régimen borbónico de extracción. Aquí conviene detenerse. Las Capitulaciones no fueron solo una lista de agravios populares: en su redacción participaron miembros de la élite criolla local —hacendados, comerciantes, letrados— cuyos intereses coincidían con el descontento campesino en la superficie, pero divergían en el fondo. El campesino tabacalero quería su parcela; el hacendado quería libre comercio. Ambos odiaban el estanco, aunque por razones distintas.

Esa doble composición de la revuelta explica su desenlace. Cuando llegaron tropas de refuerzo desde Cartagena, la Real Audiencia desconoció formalmente las Capitulaciones mediante un acuerdo de anulación. La rebelión se disolvió: los sectores criollos, satisfechos con la retirada táctica de las medidas más agresivas, no tenían interés en llevar la protesta hasta sus últimas consecuencias. Solo José Antonio Galán, con un núcleo de comuneros del sector popular, insistió en continuar la lucha. Fue apresado, condenado a muerte y ejecutado junto con otros cabecillas. El arzobispo Antonio Caballero y Góngora, que había mediado en Zipaquirá, jugó después un papel central en la pacificación política del virreinato.

El estanco del tabaco, sin embargo, no se tocó. La reforma de Gutiérrez de Piñeres siguió vigente en lo sustancial: se retiraron la Armada de Barlovento y algunas medidas accesorias, pero las zonas de cultivo restringidas, los precios monopólicos y las factorías se mantuvieron. La Corona había aprendido a modular, no a ceder.

La crítica ilustrada: Nariño, Vargas y el Semanario

En los años que siguieron a 1781, la crítica al estanco pasó de la calle a la pluma. Una generación de criollos ilustrados —lectores de Adam Smith, del abate Raynal, de Campomanes— empezó a articular una impugnación sistemática del monopolio como pieza clave del atraso económico del virreinato.

Antonio Nariño fue el más incisivo. Calificó el estanco del tabaco de traba feudal al desarrollo de la agricultura y el comercio: al restringir las siembras al consumo interior, argumentaba, la Corona impedía que un producto de calidad excepcional se convirtiera en un ramo fortísimo de exportación. Nariño no propuso la abolición indiscriminada de los monopolios —el estanco de la sal, sostuvo, debía conservarse por razones de utilidad común—, pero sí la supresión de los del tabaco y el aguardiente, junto con la eliminación de las alcabalas internas y su sustitución por un impuesto directo de capitación aplicado por igual a toda la población, incluida la indígena. Su plan incluía además reformas monetarias y judiciales: un programa reformista completo, no un panfleto.

Pedro Fermín de Vargas fue más allá en la ambición diagnóstica. Su estudio de conjunto sobre el estado social del Nuevo Reino de Granada —de factura en varios aspectos más moderna que la de Nariño— situaba la crítica del estanco dentro de un análisis general de la sociedad colonial: régimen de tenencia de la tierra, condición de los indígenas, estructura del comercio, sistema educativo. La supresión del monopolio, para Vargas, no era un ajuste técnico sino la palanca de una transformación social más amplia.

Este pensamiento reformista encontró tribuna en el Semanario del Nuevo Reino de Granada (1808-1811), donde una generación de letrados criollos ensayó las ideas económicas y políticas que apuntalarían, poco después, la ruptura con España. El Semanario no fue una revista revolucionaria en el sentido inmediato, pero sí la escuela donde la crítica al estanco —y con ella la de la lógica mercantilista del imperio— cristalizó como programa. Cuando la crisis de la monarquía se abrió en 1808, esa generación estaba intelectualmente preparada; el estanco había sido, durante tres décadas, uno de los grandes maestros de su radicalización.

Rendimiento fiscal y peso estructural

Vale detenerse en la magnitud. En el promedio de la última década colonial, la Corona recaudaba en el virreinato de la Nueva Granada 2,4 millones de pesos anuales. De esa suma, unos 770.000 pesos —el 32%— provenían de los estancos del tabaco y el aguardiente. Ninguna otra rama del fisco se acercaba a esa proporción combinada. Los diezmos, las alcabalas, los quintos mineros —reducidos, para estimular la producción, desde el 20% original hasta apenas el 3%—, el papel sellado, las salinas, los correos y una docena de rentas menores completaban el cuadro, pero ninguna, por sí sola, rivalizaba con el par tabaco-aguardiente.

Pese a esa masa de ingresos, el fisco colonial no alcanzaba a cubrir sus obligaciones. La mayor parte del gasto se iba en sostener una burocracia mal pagada y crónicamente ineficiente, y en cubrir los cuantiosos gastos militares —las plazas fuertes del Caribe, particularmente Cartagena, absorbían sumas ingentes—. La Nueva Granada era, en términos netos, una colonia deficitaria: consumía más recursos imperiales de los que producía. Eso agrega una capa de ironía al estanco. Era la principal máquina de recaudación del virreinato y, aun así, insuficiente. Su expansión bajo los Borbones no era el capricho de un ministro codicioso: era la respuesta a un problema estructural de sostenibilidad fiscal. Que esa respuesta hiciera inviable la economía campesina de regiones enteras era, desde Madrid, un daño colateral aceptable.

La República hereda el estanco

La independencia no liquidó el sistema. Al contrario: el Estado republicano de la Nueva Granada heredó casi íntegramente el aparato fiscal colonial. Se conservaron los estancos de tabaco y aguardiente, los diezmos, las salinas, las alcabalas, el papel sellado y los correos. La retórica bolivariana y santanderista podía denunciar el atraso español, pero la administración necesitaba ingresos, y no había manera de sustituirlos rápidamente.

Francisco de Paula Santander lo dijo con crudeza en su mensaje a la Legislatura de 1836: no suprimir el estanco del tabaco. Venezuela lo había abolido en 1834; la Nueva Granada, sostuvo Santander, no podía darse ese lujo. Los gastos de la nación —ejército, deuda de independencia, burocracia mínima— no admitían experimentos. El secretario de Hacienda Márquez, hacia 1832, había reconocido que el estanco del tabaco se hallaba ya en "bastante decadencia por la falta de fondos en las factorías y por el desarreglo de su administración", pero se oponía a suprimirlo por el riesgo fiscal de recurrir a impuestos nuevos y menos productivos. Un documento de la época esgrimía un argumento paralelo para el aguardiente: llevar el producto de una provincia a otra o al extranjero solo generaba pérdidas, luego el monopolio directo era la única forma racional de administrar la renta.

La contradicción de la primera República se dejaba ver en toda su nitidez. La élite ilustrada había impugnado el estanco durante décadas como símbolo del atraso colonial; la élite gobernante, la misma en buena medida, lo conservaba porque no tenía con qué reemplazarlo. Las factorías del tabaco languidecían, la producción caía, la renta se erosionaba, y abolirla seguía siendo impensable.

1850: la abolición y el auge exportador

El desenlace llegó en 1850, bajo la administración de José Hilario López, con Manuel Murillo Toro como secretario de Hacienda. La supresión del estanco del tabaco fue una de las medidas emblemáticas de la reforma liberal de mitad de siglo, y respondió tanto a la vieja crítica ilustrada como a un cálculo económico nuevo: la caída del valor del oro colombiano frente a las producciones de California y Australia había dejado a los comerciantes exportadores en busca de un producto alternativo que generara divisas, y el tabaco de Ambalema —libre por fin del corsé del monopolio— parecía el candidato ideal.

El gobierno cedió la producción tabacalera de Ambalema a Francisco Montoya, el capitalista antioqueño más solvente del país. Los hermanos Samper y otras casas comerciales vincularon sus capitales al nuevo renglón. Entre 1846 y 1857, Londres y Bremen se consolidaron como los principales mercados del tabaco colombiano: los fardos bajaban por el río Magdalena, salían por los puertos del Caribe y llegaban a Europa, donde Bremen los redistribuía por el continente. El efecto de arrastre fue considerable. La navegación a vapor por el Magdalena, que hasta entonces bajaba casi vacía, encontró carga suficiente y se estabilizó como negocio; las empresas fluviales asentaron su operación sobre bases sólidas. Ambalema vivió, entre 1850 y 1875, su cuarto de siglo dorado: fue la primera gran exportación del período nacional distinta del oro.

El auge tuvo dos costos, uno fiscal y otro estructural. El costo fiscal fue inmediato: la supresión del estanco privó al Estado de una de sus principales rentas, y la penuria consiguiente marcó las administraciones de los años cincuenta. Voces conservadoras, como el escritor José Eusebio Caro desde las páginas de La Civilización, denunciaron la abolición como una imprudencia. Rafael Núñez, en la Memoria de Hacienda de 1856, calculó el efecto combinado de la supresión y de las leyes de descentralización de rentas del 20 de abril de 1850 y del 1.º de junio de 1851, que habían cedido a las provincias diversos ramos de la Real Hacienda republicana. La cesión, importante, resultó menos gravosa que la supresión misma del tabaco.

El costo estructural fue más lento pero más profundo. El auge de Ambalema no desencadenó una industrialización ni transformó las relaciones agrarias de las regiones vecinas. La aparcería, que apareció en la última etapa, no modificó los patrones productivos. Y el propio tabaco colombiano fue perdiendo calidad: hacia 1870 ya era considerado "de tercera" en el exigente mercado de Bremen, y hacia 1875 las exportaciones colapsaron. El carácter especulativo de la operación —capturar ganancias extraordinarias rápidas antes que construir una industria estable— se cobró la factura. La abolición del estanco había liberado al tabaco, pero no lo había vuelto sostenible.

El aguardiente, la sal y la ruta larga

El aguardiente sobrevivió a la fiebre abolicionista. Se mantuvo como renta estatal a lo largo del siglo XIX, y la Constitución de 1886, en el marco de la Regeneración, reconoció formalmente a los departamentos —que sustituyeron a los Estados Soberanos del federalismo previo— las rentas de aguardientes, tabaco, degüello, peajes y pontazgos, junto con otras de importancia regional como las minas antioqueñas o las salinas marítimas del Magdalena. La administración departamental podía optar entre monopolio directo o remates de patentes entre particulares. Casi todos los departamentos, por comodidad o por interés político, prefirieron los remates, y la historia de esas rentas se enredó desde entonces con la de la corrupción política provincial: el remate del aguardiente se convirtió en pieza clave de las clientelas locales. Ya antes, en la Antioquia de las descentralizaciones administrativas de las décadas de 1850 y 1860, los ingresos por licores y por derechos de matanza representaban entre el 40% y el 50% del erario departamental. La proporción daba la medida de lo que el estanco significaba, ahora bajo forma regional.

La sal siguió camino distinto. Ya desde el final del período colonial, con las gestiones de Francisco Antonio Moreno y Escandón, se había iniciado la organización jurídica de las principales salinas fiscales, proceso que la ley del 28 de julio de 1824 completó en la República. La renta salinera fue cobrando peso en el fisco temprano, y su monopolio —conservado precisamente porque hasta Nariño lo consideraba defendible por utilidad común— generó, sin embargo, amargas recriminaciones populares. La sal era conservante indispensable y elemento crítico para el engorde del ganado; monopolizarla encarecía el costo de vida y favorecía a los grandes ganaderos capaces de negociar con el fisco, excluyendo al pequeño productor.

La huella

Contada como sucesión de fechas, la vida del estanco parece un asunto técnico: la cédula de 1700 sobre el aguardiente, la reorganización tabacalera de la década de 1770, el estallido de 1781, la conservación republicana, la abolición del tabaco en 1850, la descentralización de 1886. Mirado por dentro, sin embargo, el estanco fue el instrumento con el que la Monarquía Hispánica intentó rehacer, en el siglo XVIII, la relación entre Estado y economía en la Nueva Granada. Y su historia condensa, como pocas otras, la naturaleza contradictoria de esa relación.

Fue la principal máquina fiscal del virreinato y, aun así, insuficiente para cubrir sus gastos. Fue el vector de una modernización administrativa —factorías, ordenanzas técnicas, resguardos, guías y tornaguías— y el detonante de la mayor rebelión popular del período colonial. Fue el blanco predilecto de la crítica ilustrada criolla y la renta que esa misma élite, ya en el poder republicano, no se atrevió a suprimir durante décadas. Fue el símbolo del atraso que el liberalismo de 1850 destruyó y la caja de la que dependía la solvencia del Estado que ese liberalismo construyó. Su desmonte alimentó el auge exportador del tabaco de Ambalema y, al mismo tiempo, precipitó la penuria fiscal que marcó los años siguientes.

La revuelta comunera del Socorro tejió en un solo estallido dos agravios distintos: el del campesino tabacalero expropiado por Gutiérrez de Piñeres y el del hacendado o comerciante criollo asfixiado por el mercantilismo borbónico. Esa doble presión —popular y de élite, inmediata y estructural— fue lo que hizo del estanco el nudo político de 1781 y la herencia más incómoda del sistema colonial. La República independiente heredó no solo las factorías y los estancos, sino también la contradicción: necesitar un aparato fiscal denso sin querer pagar el precio político de administrarlo. En ese sentido, el estanco no terminó del todo en 1850, ni en 1886, ni en 1910. Terminó, si terminó, cuando el Estado colombiano logró finalmente construir un sistema tributario capaz de sostenerse sin depender del monopolio sobre lo que la gente bebía y fumaba. Y esa es otra historia, mucho más reciente.