Capitulación

La capitulación fue el contrato con el que la Corona de Castilla organizó la conquista de América. En un mismo pergamino se otorgaba la licencia para descubrir, se fijaban las obligaciones del que se lanzaba a la empresa y se enumeraban las mercedes con que el Rey pagaría el riesgo si la aventura salía bien. A lo largo del siglo XVI la monarquía firmó más de setenta acuerdos de este tipo con particulares —hidalgos empobrecidos, mercaderes sevillanos, banqueros alemanes, adelantados de las Canarias— porque no tenía dinero propio para costear expediciones de ese calibre. La consecuencia fue decisiva: la ocupación del Nuevo Mundo fue una empresa privada tutelada por la Corona, y del diseño mismo de esos contratos brotaron las gobernaciones, los repartimientos, las encomiendas y las ciudades fundadas en cuadrícula que estructuraron el territorio del futuro Nuevo Reino de Granada. Todo dominio privado sobre la tierra en Indias, decía la doctrina, debía derivarse de la gracia o merced del Rey; y esa gracia empezaba, casi sin excepción, en la primera cláusula de una capitulación.

Qué era, en rigor, una capitulación

El instrumento tenía tres partes, y conviene enunciarlas en el orden en que aparecían en el pergamino. Primero, la licencia real para conquistar, descubrir o poblar una franja específica del Océano y sus tierras. Segundo, las obligaciones del capitulante: qué debía llevar, cuánta gente, cuántos barcos, en qué plazo, con qué precauciones. Tercero, las mercedes: títulos —adelantado, gobernador, capitán general—, porcentajes sobre el botín, facultades para repartir tierras y encomendar indios, exenciones tributarias, derechos hereditarios.

Las mercedes eran condicionales. Si la empresa fracasaba, o si el conquistador se apartaba de lo pactado, la Corona podía revocarlas y amenazaba con castigo al infractor. La contraparte real se reservaba dos cosas irrenunciables: la suprema jurisdicción civil y criminal sobre el territorio conquistado, y el quinto real, esa porción del botín —habitualmente el veinte por ciento— que la monarquía castellana venía cobrando desde las guerras contra los reinos de taifas. La cifra podía subir o bajar en la negociación, pero el principio era intocable: la Corona no aportaba plata, aportaba soberanía, y por esa soberanía cobraba.

El acuerdo tenía apariencia de contrato privado, y en muchos aspectos lo era; pero desde 1526, cuando comenzaron a incluirse cláusulas expresas sobre el buen tratamiento de los indios, su dimensión de derecho público se acentuó. La capitulación no era un simple pacto entre dos particulares que se repartían el fruto de un negocio: era el acto por el cual la Corona delegaba, siempre revocablemente, atributos de imperio.

La herencia de la Reconquista

Ninguna de las piezas del engranaje era invento americano. La capitulación indiana fue el trasplante, a otra escala y a otra latitud, de un repertorio institucional forjado durante siglos en la frontera castellana con el Islam.

El quinto real venía de allí: había sido, durante la Reconquista, la cuota que los reyes cobraban sobre las cabalgadas y los saqueos hechos en tierra de infieles. La lógica de la fundación de ciudades como instrumento de ocupación —trazar plaza rectangular, cuadricular calles rectas, distribuir solares entre los pobladores— se había ensayado a fondo en el sur peninsular y ofreció el molde para el urbanismo americano. Incluso el marco mental con que se enfrentó a los nativos siguió el esquema medieval: derrota, dominación o expulsión del que no comparte la fe, tratado como infiel. La analogía no fue premeditada como programa, pero el paralelismo entre el moro y el indio en la cabeza de los capitulantes es demasiado nítido para ignorarlo.

Sobre esa infraestructura jurídica se montó, además, el patronato regio: la bula pontificia concedió a los reyes castellanos el patronato en América en el sentido tradicional castellano, tal como aparece en las Partidas, con tres derechos que ordenarían la vida eclesiástica colonial: autorizar en exclusiva la construcción de templos mayores, ejercer el patronato tradicional y presentar personas idóneas para iglesias, monasterios y beneficios. Ese patronato se replicaría luego en la jerarquía colonial: virreyes, presidentes de audiencia y gobernadores actuarían como vicepatronos, del mismo modo en que en Castilla se había delegado en escalones intermedios.

De ahí que la capitulación pueda leerse como el vehículo de un injerto: la maquinaria de la frontera castellana se transportó a las Antillas y luego al continente, y allí encontró un espacio inmensamente mayor donde extenderse.

El punto de partida: Colón y la Real Cédula de 1495

Las capitulaciones firmadas con Cristóbal Colón el 17 de abril de 1492, en Santa Fe de Granada, están entre las primeras del tipo. Su redacción tiene una peculiaridad reveladora: la Corona otorga y da a don Cristóbal Colón satisfacción por lo que ha descubierto en las Mares Oceanas —fórmula redactada antes de que el viaje se realizara, es decir, antes de que hubiera descubrimiento alguno. La ficción jurídica dice mucho del instrumento: la capitulación era, ante todo, la promesa de una gracia futura hecha sobre un riesgo actual.

El acuerdo con Colón fue excepcional en generosidad —almirantazgo hereditario, virreinato, décima parte de las mercancías—, y por lo mismo insostenible. Los procesos judiciales que la Corona abrió después contra él fueron el primer indicio de una contradicción que reaparecería una y otra vez: la monarquía necesitaba entregar poder para obtener conquista, pero luego tenía que recuperarlo para no quedar sin soberanía.

El modelo se generalizó con la Real Cédula del 19 de abril de 1495, que abrió América a la emigración general mediante capitulaciones con personas particulares. La cédula autorizaba a los reyes a otorgar licencias para exploración, conquista o reconocimiento territorial, concedía al capitulante prerrogativas y derechos, permitía alistar gentes por cuenta propia, y reservaba a la Corona —sin negociación posible— la suprema jurisdicción civil y criminal. Desde ese momento el descubrimiento dejó de ser monopolio colombino y se convirtió en oferta pública. Cualquier hidalgo con crédito podía negociar la suya.

Los primeros contratos en el litoral colombiano

El actual territorio colombiano entró en el circuito de las capitulaciones apenas siete años después de la cédula de 1495. En 1499 Alonso de Ojeda obtuvo una para explorar la costa del golfo de Paria, acompañado —según al menos una tradición— por el cartógrafo Juan de la Cosa y por Américo Vespucio; llegó hasta el cabo de la Vela, y con esa arribada las tierras del actual litoral Caribe colombiano quedaron formalmente incorporadas al mapa de las conquistas posibles.

En 1500 Rodrigo de Bastidas capituló el derecho a reconocer la costa atlántica desde el cabo de la Vela hasta el golfo de Urabá. Su expedición recorrió ese arco —pasando por la desembocadura del gran río que empezaría a llamarse Río Grande, el Magdalena— hasta la ensenada del Darién. Bastidas se distinguió por una política inusual entre sus pares: buen trato a los nativos, evitar el combate, comercio mediante rescate, es decir, intercambio de mercancías europeas por oro y perlas. Su rareza como capitulante consiste en haber demostrado que el contrato admitía en teoría formas de ocupación menos violentas; la práctica dominante fue la contraria.

En 1508 la Corona reordenó el litoral en dos gobernaciones. A Alonso de Ojeda y sus asociados les asignó la franja desde el golfo de Urabá hasta el cabo de la Vela. A Diego de Nicuesa, la costa al occidente del golfo, hacia la provincia de Veraguas. La expedición de Ojeda, entre 1508 y 1509, tuvo un episodio simbólico: Juan de la Cosa murió en Turbaco a manos de los indígenas, prefigurando el costo humano que las capitulaciones no cifraban en sus cláusulas de mercedes. El propio Ojeda murió en Santo Domingo en 1515.

En los territorios asignados a Nicuesa, Martín Fernández de Enciso y Vasco Núñez de Balboa fundaron Santa María la Antigua del Darién, primera sede episcopal de tierra firme, que en 1513 se convirtió en capital de la gobernación de Castilla del Oro. La ciudad —abandonada más tarde en circunstancias que su propia leyenda oscurece— fue el laboratorio inicial donde el diseño contractual chocó con la geografía tropical, la disidencia entre socios y la resistencia de los pueblos originarios.

La capitulación de Pedro Fernández de Lugo y la conquista del interior

De todos los contratos firmados para el actual territorio colombiano, ninguno tuvo consecuencias tan vastas como el que la Corona negoció con Pedro Fernández de Lugo, adelantado de Tenerife, para la gobernación de Santa Marta. El expediente revela con nitidez la anatomía del proceso.

Hubo, primero, una propuesta inicial presentada por Lugo o sus representantes, y una capitulación final acordada con la Corona: al menos dos documentos y una negociación real. Lugo pidió mucho. Solicitó autoridad vitalicia para emitir repartimientos, conceder tierras, aguas y bienes, y otorgar encomiendas de indios con la misma validez legal que si los concediera el propio monarca. Pidió facultad para nombrar regidores, jueces y escribanos públicos durante su vida. Reclamó autoridad para arrestar y enviar al rey a cualquier gobernador vecino que entrara en la provincia de Santa Marta, cuyos límites debían colindar al occidente con la gobernación de Cartagena concedida a Pedro de Heredia, y al oriente con la de Venezuela concedida a los banqueros Welser. Y estipuló que, si moría antes de completar la conquista, el acuerdo se transferiría a su hijo don Alonso Luis de Lugo.

Es la fisonomía completa del capitulante ideal: quiere ser un pequeño monarca en su franja del mapa, transmitir el señorío a su heredero y expulsar a cualquier competidor. La Corona firmó porque necesitaba a alguien que pusiera diez barcos y mil personas en la mar. La expedición zarpó en 1535: hombres europeos, algunas mujeres europeas, un pequeño número de africanos esclavizados y posiblemente mujeres africanas esclavizadas. Era una migración forzada envuelta en un contrato mercantil.

El 1 de abril de 1536, ya en Santa Marta, Lugo emitió su Instrucción y Memoria: nombraba a Gonzalo Jiménez de Quesada general de la expedición al Río Grande de la Magdalena, le ordenaba pedir oro sin vejaciones, llevar registro escrupuloso del botín, fundar poblaciones, persuadir o someter a los indios. La orden es una capitulación en miniatura: el gobernador, a su vez, delega en su lugarteniente atributos de mando, con obligaciones y expectativa de mercedes.

Jiménez de Quesada remontó el Magdalena y ascendió a la Cordillera Oriental. El botín en oro y esmeraldas saqueado en las tierras altas del centro del actual territorio colombiano fue la segunda cosecha más lucrativa del siglo XVI, después de las empresas peruanas de Francisco Pizarro. La capitulación de Lugo produjo, así, uno de los golpes económicos más grandes de la conquista continental, aunque el gobernador que la había firmado no llegó a ver los frutos: el reparto del poder sobre el altiplano se decidió entre Jiménez de Quesada y los dos capitulantes que llegaron por rutas independientes, Nikolaus Federmann desde el oriente venezolano y Sebastián de Belalcázar desde el sur.

Una economía de riesgo privado

Detrás del pergamino operaba una lógica económica muy concreta. La Corona nunca tuvo recursos propios para financiar la exploración, la conquista o la colonización del Nuevo Mundo; por eso negociaba capitulaciones. Ofrecía recompensas —cargos, títulos, porcentajes— a quienes ponían el capital. Comerciantes establecidos en Sevilla o en las islas participaban en las especulaciones, adelantando plata para pertrechos, buques y bastimentos. Los propios soldados operaban un mecanismo de crédito informal: tras jornadas agotadoras, cuando el premio alcanzado no parecía suficiente, pagaban precios altísimos por un arnés guerrero o un caballo con la esperanza de recuperar la inversión en la siguiente cabalgada.

Los recursos de los territorios conquistados se concebían como recompensa a empresarios privados, con distinciones entre el patrón descubridor y el resto de participantes. El reparto era jerárquico: al capitán le tocaba una porción mayor que al soldado de a pie, y al que aportaba caballo, más que al que iba a pie. La expansión resultó, en conjunto, lenta —hacia 1519 apenas se había completado la ocupación de algunas Antillas—, y esa morosidad tiene una explicación económica: cada nueva jornada exigía acumular recursos, negociar créditos, esperar el retorno de la anterior.

La imagen del conquistador como empresario capitalista moderno, sin embargo, resulta insuficiente. La mayoría carecía de dotes empresariales, buscaba botines y aventuras antes que acumulación racional de capital, y gastaba las ganancias en signos de estatus. Bernal Díaz del Castillo lo dejó dicho con una candidez que sigue siendo la mejor definición del móvil: sus compañeros habían venido a servir a Dios pero también a enriquecerse. La capitulación, entendida en esta clave, no es solo un contrato mercantil: es también el pergamino que autoriza una fantasía de ascenso —de soldado a hidalgo, de hidalgo a adelantado— sostenida por la promesa de que la Corona reconocería el mérito con títulos y tierras.

Del pergamino al suelo: repartimiento y encomienda

Firmada la capitulación y realizada la conquista, empezaba la segunda vida del contrato: convertir las mercedes prometidas en instituciones cotidianas sobre el terreno. Aquí la cadena jurídica es lineal y hay que verla completa.

La capitulación otorgaba al conquistador —al adelantado— una suerte de dominio eminente sobre el territorio recién sometido. Ese dominio se particularizaba en dos operaciones sucesivas: el repartimiento de tierras y el repartimiento de indios. El repartimiento de tierras fue, en rigor, el primer título de propiedad sobre la tierra en América. Derivaba directamente de la facultad que las capitulaciones otorgaban al conquistador para distribuir solares y estancias entre los españoles que lo acompañaban. Toda propiedad privada posterior tendría que remontarse, en su cadena de títulos, a alguno de aquellos primeros actos de reparto autorizados por el pergamino real.

El repartimiento de indios funcionaba con otra lógica. En el Nuevo Reino de Granada no se repartían individuos sueltos, sino grupos preexistentes —clanes, parcialidades, pueblos enteros—. La tasación del tributo recaía sobre el grupo, y el cacique era su representante para el pago. De ahí que la encomienda tuviera un doble rostro: por un lado, apropiación institucionalizada del trabajo indígena; por otro, mantenimiento formal de las estructuras comunitarias andinas y caribeñas, en la medida en que el encomendero necesitaba que el cacicazgo siguiera funcionando para poder cobrar.

Conviene marcar la diferencia jurídica: la encomienda no era, en estricto derecho, un título de propiedad sobre la tierra. Muchos títulos de encomienda, sin embargo, mencionaban ambiguamente las labranzas de los indios como parte de lo concedido, y en la práctica los encomenderos actuaban como si tuvieran derechos superpuestos sobre el suelo y sobre la mano de obra. Esa ambigüedad, cultivada por los primeros beneficiarios, sería una de las fuentes del conflicto posterior con la Corona.

En la isla de Mompox se concedieron al menos treinta y nueve encomiendas en los primeros años de la conquista, bajo las disposiciones vigentes sobre repartimientos. Entre los primeros encomenderos figuran Hernando de Medina y Antón Pérez, probables compañeros del licenciado Santa Cruz. La cifra da la medida: en un solo punto del bajo Magdalena, casi cuarenta señoríos de trabajo indígena se erigieron sobre el eco de una capitulación firmada años antes en Valladolid o Toledo.

Rivalidad entre capitulantes: Antioquia, Urabá, las esmeraldas

El diseño contractual generaba tanta competencia como conquista. La capitulación fijaba límites en el mapa, pero el mapa era impreciso, las expediciones se cruzaban en la montaña, y cada gobernador defendía su franja con la misma dureza con que la había ganado.

El caso de Antioquia lo ilustra. La región quedó atrapada en una querella jurisdiccional entre las gobernaciones de Popayán y Cartagena. Jorge Robledo, lugarteniente de Belalcázar, fue arrestado por las fuerzas de Pedro de Heredia; la nueva fundación quedó bajo el mando de Cartagena, y comenzó una disputa que enfrentó a los tres caudillos —Heredia, Belalcázar y el propio Robledo— por el control de la región minera. Robledo regresó de España en octubre de 1546 con el título de mariscal y representación del visitador de Cartagena para actuar como emisario en un área que iba de Antioquia a Cartago; fundó, además, otra ciudad al sur de las minas de Buriticá, Santa Fe de Antioquia. Hacia mediados del siglo, la disputa había llegado a su fase final, y la Corona empezaba a sustituir a los caudillos por administradores propios.

La gobernación de Cartagena extendió también sus pretensiones sobre Urabá. En 1536 el gobernador Juan Vadillo impidió a los de Acla poblar la parte sur del Golfo; en 1539 el visitador Juan de Santa Cruz intentó gestionar la pacificación de los indios de esa misma zona. Y sobre el arco selvático del Chocó pesó, durante décadas, la ilusión de una vía interoceánica por los ríos Atrato y San Juan: se firmaron capitulaciones muy generosas para abrirla —entre ellas la de 1564 y la de Juan de Villorio y Ávila en 1574—, ninguna de las cuales se realizó. La geografía del Darién derrotó al pergamino.

En junio de 1573 el mapa siguió fragmentándose: fue erigida la gobernación de Muzos y Colimas, cuyo primer gobernador, Álvaro Cepeda de Ayala, tenía por encargo especial la explotación de las minas de esmeraldas. Cada nuevo yacimiento suscitaba una nueva capitulación, y cada capitulación abría un nuevo litigio con las jurisdicciones vecinas.

Un episodio revela hasta dónde llegaba la lógica de propiedad implícita en el contrato. Alonso Luis de Lugo, hijo y heredero de Pedro Fernández de Lugo, se apoderó violentamente de la doceava parte de las perlas depositadas en la Real Caja de Riohacha, alegando que le correspondían por derecho capitular. Un heredero armado se cobra en efectivo, en la caja real, lo que interpreta como su porcentaje contractual. La capitulación, transmitida por herencia, había dejado de ser un acuerdo con la Corona para volverse, en la cabeza del hijo, un título de patrimonio familiar.

La Corona empieza a revocar

Muy pronto la monarquía advirtió que había entregado demasiado. Las contradicciones entre política colonial y conquistadores se manifestaron temprano: los procesos judiciales contra Colón, Hernán Cortés y los Pizarro son la primera oleada de la reacción imperial. En la segunda mitad del siglo, el Consejo de Indias tomó plena conciencia de lo que llamaría la feudalización de América, una dinámica en la que los capitulantes convertidos en encomenderos coartaban el poder de la Corona en Indias. La abdicación de Carlos V en 1556 coincide, no por azar, con esa toma de conciencia.

El instrumento central de la reforma fue la promulgación, por Carlos V en Burgos, de las Leyes Nuevas de 1542. Limitaban el goce de las encomiendas a dos generaciones sucesivas y ordenaban un tratamiento más benigno para los indios. El propósito era desmontar los señoríos que las capitulaciones habían creado. La resistencia fue inmediata y feroz. En el Perú estalló una guerra civil de encomenderos. La Corona suspendió la aplicación de las leyes en la Nueva Granada. Desde 1546 el Cabildo de Bogotá obedeció formalmente las Leyes Nuevas pero decidió no cumplirlas, con la fórmula clásica del derecho indiano: se obedece, pero no se cumple. La convulsión llegó al terreno judicial: el juicio de residencia de Belalcázar, que debía llevar Miguel Díaz de Armendáriz, se suspendió ante los sucesos ocasionados por la implantación de las Leyes.

La estrategia de la Corona pasó entonces a otro registro. La instalación de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada en Santafé, hacia mediados del siglo, formó parte del proceso de burocratización de la autoridad colonial, orientado a limitar el poder de los conquistadores-encomenderos. A partir de 1570 comenzaron a multiplicarse las mercedes de tierras en el Nuevo Reino, tanto a encomenderos como a no encomenderos, como consecuencia del conflicto generado por el monopolio de la mano de obra indígena. En el último tercio del siglo la Corona ensayó reformas para reordenar la distribución del trabajo indígena y aflojar el control monopólico de los encomenderos.

La secuencia es reveladora. La capitulación había producido, en cincuenta años, una capa social —los encomenderos y sus descendientes— que se sentía dueña legítima del territorio y de sus habitantes, con títulos derivados de un contrato real. Desmontar esa capa exigió a la monarquía toda la segunda mitad del siglo XVI, y en varios puntos —la fórmula del Cabildo bogotano es paradigmática— ni siquiera lo consiguió del todo.

Una nota sobre un homónimo

Dos siglos después, el mismo término reapareció en un contexto radicalmente distinto. Las Capitulaciones de Zipaquirá, firmadas el 5 de junio de 1781, fueron el acuerdo alcanzado entre el comandante comunero Juan Francisco Berbeo y el arzobispo Antonio Caballero y Góngora para pacificar la rebelión de los Comuneros. Redactadas por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de Tunja, y modificadas por Berbeo en acuerdo con Jorge Lozano de Peralta, abordaron agravios fiscales y administrativos, con la justicia distributiva como médula del documento.

No comparten con la capitulación indiana más que el nombre. Aquí no se otorga licencia para conquistar ni se prometen mercedes: se pactan concesiones fiscales bajo presión armada. El virrey, refugiado en Cartagena por el temor a corsarios ingleses, rechazó el acuerdo por haber sido negociado bajo amenaza de violencia, y la Real Audiencia lo anuló poco después con el respaldo de las tropas enviadas desde la costa. José Antonio Galán, que había considerado el pacto aprobado con excesiva rapidez, continuó el alzamiento hasta ser apresado y ejecutado. La homonimia debe registrarse para evitar confusión: la capitulación como institución de la conquista y las Capitulaciones de 1781 pertenecen a familias jurídicas distintas.

La huella larga

La capitulación como institución había perdido peso mucho antes de 1781. La monarquía había construido, a lo largo del siglo XVI y del XVII, un aparato de audiencias, virreyes, oidores, visitadores y jueces de residencia que hizo innecesario —y peligroso— seguir delegando conquista a particulares. Los últimos grandes contratos de este tipo en el ámbito neogranadino, las capitulaciones interoceánicas del Chocó de 1564 y 1574, ya no prosperaron; el instrumento se había agotado.

Su huella, sin embargo, es profunda. El mapa administrativo del Nuevo Reino de Granada, con sus gobernaciones de Santa Marta, Cartagena, Popayán, y luego Antioquia y Muzos, es el sedimento cartográfico de las capitulaciones firmadas entre 1499 y las décadas siguientes. La cadena de títulos de propiedad sobre la tierra, que llegaría hasta las controversias agrarias del siglo XIX, arranca en los repartimientos hechos por los primeros adelantados. La encomienda —aunque desmontada progresivamente y sustituida por la mita, el resguardo y otras formas— dejó marcas duraderas en la geografía social de los altiplanos. Y las ciudades de plaza rectangular y calles rectas, esa marca inconfundible del urbanismo colonial hispanoamericano, son el legado material más visible del injerto castellano que la capitulación autorizó y financió mediante la delegación de riesgo.

Vista en conjunto, la capitulación fue una respuesta pragmática al problema fundamental de una monarquía sin dinero que quería un imperio. Externalizó la conquista a más de setenta empresarios privados a lo largo del siglo XVI, y con ello obtuvo territorio, tributos y almas para la catequización, sin desembolsar apenas un maravedí. Pero la solución arrastró su propia contradicción: al delegar poder suficiente para conquistar, la Corona creaba en cada franja del mapa un pequeño señorío que después tendría que domesticar. El siglo y medio de historia institucional del Nuevo Reino de Granada, desde la llegada de Ojeda al cabo de la Vela en 1499 hasta el asentamiento pleno del sistema virreinal, se puede leer como el arco completo de esa contradicción: un contrato fundacional y la larga, terca, incompleta operación de rescindirlo.