Hernán Pérez de Quesada

El hermano segundo

De Hernán Pérez de Quesada antes de América se sabe poco y lo poco es concordante: nació hacia comienzos del siglo XVI, probablemente en Granada, en el seno de la familia castellana de letrados y soldados que produjo también a su hermano mayor Gonzalo Jiménez de Quesada. Los dos llegaron al Nuevo Mundo en la gran armada de Pedro Fernández de Lugo, adelantado de Santa Marta, que zarpó de Sanlúcar en 1535. Gonzalo iba con nombramiento de teniente general y una Instrucción y Memoria firmada el 1 de abril de 1536. Hernán, como capitán bajo su mando, formaba parte de esa segunda línea de conquistadores letrados que combinaban espada y expediente.

La expedición que partió de Santa Marta en los primeros días de abril de 1536 —el 6, según una de las relaciones— reunía entre seiscientos y setecientos hombres. Solo unos ciento sesenta y seis o ciento setenta emergieron a las planicies muiscas a principios de marzo de 1537, tras once meses de hambre, enfermedad y selva. Hernán Pérez estuvo entre los sobrevivientes, y ese dato —haber pasado por el Opón, por el hambre, por los cadáveres de los compañeros— explica buena parte de su conducta posterior. Pertenecía al núcleo duro de la conquista, a los "primeros conquistadores" que consideraban el Nuevo Reino su recompensa legítima y verían con creciente amargura llegar a otros a repartirse el botín.

En el altiplano participó en el sometimiento de los cacicazgos muiscas, en la fundación de Santafé el 6 de agosto de 1538 —en el sitio de esparcimiento del zipa, probablemente Teusaquillo— y en la de Tunja poco después. Cuando en 1539 convergieron sobre Santafé Nicolás de Federmán, llegado desde Venezuela con sus alemanes y su hueste, y Sebastián de Belalcázar, subiendo desde Quito, los tres capitanes acordaron no combatir entre sí y remitir la disputa por la titularidad del reino a las autoridades peninsulares. Gonzalo Jiménez de Quesada partió entonces hacia España a defender su derecho. Dejó al frente del Nuevo Reino a su hermano.

El gobierno interino

Hernán Pérez recibió una jurisdicción sin título estable. Su hermano era teniente de un gobernador —Pedro Fernández de Lugo— que había muerto en Santa Marta. El Nuevo Reino no era todavía una gobernación en propiedad. Sobre el altiplano confluían, además de los conquistadores originales de Quesada, los recién llegados con Federmán y Belalcázar, todos reclamando tierras, indios y recompensa. Su primera tarea, y su primer error político, fue el reparto de encomiendas.

Adjudicó encomiendas a miembros de las huestes de Federmán y Belalcázar, en detrimento de los derechos de los compañeros originales de la expedición de su hermano. No era un gesto arbitrario ni desinteresado: buscaba comprar la paz entre las tres huestes y consolidar clientela propia frente a una autoridad futura que sería, previsiblemente, hostil. Pero las encomiendas se entregaron solo en depósito, sin la fuerza jurídica del título real, y esa provisionalidad convirtió a cada beneficiario en un aliado precario, pendiente siempre del gobernador que llegara después.

El balance de largo plazo mostraría con crudeza el desplazamiento de los compañeros de Quesada. Hacia mediados de siglo existían ciento ocho encomiendas repartidas entre Tunja y Santafé; de ellas, apenas veintiséis en Tunja y diecinueve en Santafé estaban en manos de sus antiguos compañeros. De los doscientos sesenta y cinco conquistadores que pasaron por las expediciones de 1537 a 1543, solo noventa conservaron o ganaron encomienda. El reparto de Hernán Pérez no fue el único responsable de ese desenlace, pero fue su punto de partida, y sembró el fondo de resentimientos que los cronistas registrarían durante décadas.

En ese contexto le llegó el desafío de Jerónimo Lebrón.

La expulsión de Lebrón

La Real Audiencia de Santo Domingo, al conocer la muerte de Pedro Fernández de Lugo, despachó al Nuevo Reino a Jerónimo Lebrón, con encargos que las relaciones denominan indistintamente "juez de residencia" y "gobernador". Su misión era establecer sobre el altiplano la autoridad de Santa Marta y, de paso, tomar cuentas a quienes ejercían el poder sin título. Lebrón partió en enero de 1540 con unos ciento ochenta hombres; en el trayecto, marcado por las mismas dificultades que había padecido la hueste de Quesada, la mitad se le quedó por el camino, y llegó al altiplano con noventa.

El cabildo de Vélez lo aceptó como gobernador. La razón probable es transparente: los conquistadores allí asentados esperaban que Lebrón, investido de autoridad legítima, convirtiera en propiedad las encomiendas que Hernán Pérez les había entregado en simple depósito. Buscaban legalizar por vía externa lo que el hermano de Quesada no podía otorgarles con firmeza. Pero en Santafé, y en las otras plazas donde Hernán Pérez tenía apoyos sólidos, Lebrón encontró rechazo. La confrontación fue breve. Hernán Pérez lo obligó a retirarse y a regresar por donde había venido, con la escolta reducida y sin haber ejercido jurisdicción efectiva.

De regreso en Santa Marta, Lebrón hizo lo que le quedaba: instauró un juicio contra Hernán Pérez y contra su hermano ausente, recogiendo testimonios adversos a la fama de ambos. Ese expediente fue la primera acusación formal, sistemática, contra los procedimientos de los Quesada en el Nuevo Reino, y sembró en los archivos de la Corona la sospecha que años después justificaría enviar sobre ellos a residenciadores.

La violencia sobre los señores muiscas

El período de Hernán Pérez como autoridad interina coincidió con la fase más brutal del sometimiento de la nobleza muisca. La conquista militar del altiplano ya estaba en lo esencial concluida; lo que quedaba era extraer el oro, y para eso los conquistadores desarrollaron un repertorio de coacción que Hernán Pérez sistematizó.

El caso emblemático es el del zaque de Hunza. Cinco años y medio después de la conquista inicial, el último zaque de Tunja se casaba, y los uzaques y capitanes viejos del señorío se habían congregado en la ciudad para el matrimonio de su señor. Hernán Pérez de Quesada, aprovechando la reunión, dio muerte al zaque y a todos los capitanes en un mismo acto. Fue un asesinato calculado, no un incidente de combate: se eliminaba de una vez a la generación que aún recordaba el mundo anterior, a los depositarios de la memoria oral, a los intermediarios políticos capaces de coordinar una resistencia. Con ellos se destruyeron los recuerdos y tradiciones que habrían podido suplir, siquiera en parte, la pérdida de los archivos de Iraca. El efecto cultural fue irreversible: los indios de Sogamoso, degradados por la esclavitud posterior, ya no podrían transmitir memoria coherente de la Conquista. Un cronista temprano llamaría a esos ejecutores "bárbaros y feroces", subrayando el contraste entre su brutalidad y su pretensión de actuar en nombre de un rey cristiano.

El otro nombre que resume la violencia del período es el de Sagipa, sucesor irregular en el zipazgo tras la muerte de Tisquesusa. Sagipa fue sometido a tormento por los españoles para que revelara el tesoro del zipa. Murió en prisión pocos días después, sin que se estableciera que el tesoro fuera encontrado. En el proceso que se le siguió se argumentó que no era necesario tener con él tantos "miramientos" como con un cristiano, doctrina que dejaba a los señores indígenas fuera del marco jurídico que protegía a un vasallo del rey y los reducía a la condición de instrumentos a exprimir. Los conquistadores justificaban ese trato como un derecho legítimo: si los caciques ocultaban su oro, la tortura era el procedimiento admisible para obligarlos a entregarlo.

La lista de atrocidades atribuidas a Hernán Pérez excede la lógica del interrogatorio. Mandaba saquear aldeas, matar hombres, mutilar mujeres y niños. Cuando notó que los indios no temían la horca —porque su cosmovisión no incluía ese tipo de muerte como oprobio— pasó a empalarlos. Colgaba cautivos sobre hogueras; los quemaba vivos en aceite hirviendo; hacía que perros destriparan niños; asesinaba recién nacidos para que sus madres pudieran cargar más peso en las jornadas. Estas prácticas figuran en los procesos y crónicas como cargos probados, no como rumores. Ninguna de ellas era, hay que decirlo, un invento suyo: pertenecen al repertorio general de la conquista americana. Lo específico de Hernán Pérez es la sistematicidad y la impunidad con que las ejerció durante un período en que era, de facto, la máxima autoridad del Nuevo Reino.

Sería un error, sin embargo, leer esa violencia solo como carácter individual. Su función era estructural: extraía oro que financiaba la maquinaria conquistadora, disolvía las cabezas políticas indígenas capaces de coordinar resistencia y aterrorizaba a las poblaciones hasta la sumisión productiva. En ese sentido Hernán Pérez fue eficaz. El altiplano que entregaría a Alonso Luis de Lugo era un territorio quebrado en su capacidad de respuesta, con su nobleza aniquilada o rota, y ese quebrantamiento fue la base sobre la que se edificó el orden colonial temprano.

La jornada de El Dorado

El otro gran hecho de su gobierno interino fue la expedición hacia los Llanos y el sur en busca de El Dorado, que emprendió en 1541. La leyenda llevaba años instalada en la imaginación de los conquistadores del Nuevo Reino. Desde 1537, cuando desde una brecha de la cordillera se percibieron los llanos orientales, se hablaba de tierras dilatadas, muy pobladas y ricas al oriente de la sierra nevada. Los muiscas mismos le habían contado a Gonzalo Jiménez de Quesada el ritual que alimentaba el mito: un hombre espolvoreado de oro que saltaba anualmente a una laguna para asegurar la prosperidad, y se rumoreaba, además, que la laguna estaba llena de ídolos áureos. A esas noticias se sumaron las que Juan de Avendaño había recogido en la expedición de Diego de Ordás por el Orinoco, y las que Luis de Sanabria trajo cuando Jerónimo Ortal buscaba el Meta: cantidades fabulosas de oro, ciudades cargadas de riqueza, imperios ocultos. La leyenda tomaba cuerpo cartográfico: los mapas empezarían a fijar una "Manoa" —palabra achagua que significa laguna—, la "ciudad de La Laguna", como capital de El Dorado.

Hernán Pérez, presionado por una tropa creciente de españoles sin encomienda —muchos de ellos hombres que Lebrón había dejado al retirarse—, encontró en el mito el instrumento perfecto: cada expedición tendía a desencadenar otras, porque generaba expectativas de nuevos repartos y sacaba de las ciudades a los desocupados peligrosos. Salió de Santafé llevando consigo a un grupo de conquistadores y a varios millares de indios cargueros. Enganchó por el camino otros vecinos e indios para la jornada. Dejó a un teniente al frente de la ciudad.

La expedición atravesó la Cordillera Oriental y descendió a las vertientes orientales; siguió con enormes penalidades hacia el sur. Al llegar al río Guaviare, los españoles vieron por primera vez las selvas amazónicas; vacilaron ante ese paisaje que no se parecía a nada conocido, y se lanzaron adelante. Alcanzaron Mocoa. Desde allí, en lugar de regresar por donde habían venido, Hernán Pérez tomó la decisión —desesperada o soberbia— de ascender de nuevo la cordillera. Llegó a Pasto con el ejército deshecho. La jornada había durado, con sus rodeos y demoras, cerca de dos años.

Durante el camino, la violencia contra los indígenas encontró un nuevo escenario y las mismas formas. Cortar senos a mujeres, narices y orejas a niños, empalar, quemar vivos, matar recién nacidos para aligerar la carga de las madres: el repertorio que había ensayado sobre los muiscas se repitió sobre los pueblos de los Llanos y del piedemonte amazónico, con la diferencia de que allá no había oro que legitimara los procedimientos ante ningún tribunal futuro. La jornada de El Dorado fue, en clave contable, un fracaso absoluto: no encontró ciudad ni laguna, dilapidó vidas de españoles y de miles de cargueros indígenas, y devolvió al Nuevo Reino un ejército reducido a sus últimos harapos.

Fue también el mecanismo por el cual Hernán Pérez perdió el poder. Mientras él marchaba hacia Mocoa, la política peninsular seguía su curso.

La llegada de Alonso Luis de Lugo

Carlos V no había aceptado el traspaso de la gobernación de Santa Marta a Gonzalo Jiménez de Quesada. La heredaba, en cambio, Alonso Luis de Lugo, hijo del difunto Pedro Fernández de Lugo. Alonso Luis se embarcó a fines de 1542 para hacerse cargo de la gobernación, pasó por Riohacha y ascendió al Nuevo Reino. Cuando Hernán Pérez de Quesada regresó desde Pasto a Santafé, encontró en la ciudad al nuevo gobernador ya instalado. La autoridad interina se había extinguido por el simple hecho consumado de otra autoridad, esta vez con título del rey.

De lo que ocurrió entre ambos hombres queda poco. El gobierno de Alonso Luis de Lugo abrió, a fines de 1542, un nuevo período de inestabilidad: el reparto de encomiendas volvería a agitarse, la clientela de los Quesada se descompondría todavía más, y el balance de los "primeros conquistadores" —esos noventa de doscientos sesenta y cinco que conservaron encomienda— se agravaría bajo los gobernadores siguientes. Hernán Pérez quedó desprovisto de mando y expuesto, además, al juicio que Lebrón había instaurado desde Santa Marta. La denuncia por procedimientos ilegales, los testimonios sobre atrocidades, los reclamos de conquistadores desplazados: todo estaba ya en los archivos.

De sus últimos años apenas queda un registro somero. Murió en el Caribe, hacia 1544, fulminado por un rayo. Sus contemporáneos leyeron el hecho como castigo divino, y con esa lectura selló, en gran parte, la memoria posterior: el hermano ejecutor terminó calcinado por el cielo, mientras Gonzalo —el que había sabido irse a tiempo a la Corte— seguiría gestionando títulos, encomiendas y crónicas propias durante décadas.

La red de los Quesada

La figura de Hernán Pérez no se explica sin la de su hermano. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el estratega, el letrado que negociaba en Madrid, el fundador que firmaba la fundación de Santafé el 6 de agosto de 1538 y la de Vélez, donde el 13 de agosto de ese año recibió con Juan de Sanct Martín un poder del cabildo para representar a la ciudad ante la Corte de España. Hernán fue el brazo, el que permaneció en el altiplano y sostuvo el aparato de dominación mientras el mayor tramitaba lo demás. Esa división del trabajo entre hermanos —uno en el archivo peninsular, otro en el terreno americano— fue una fórmula común en la conquista, y en el caso de los Quesada resultó particularmente eficaz para preservar la figura del mayor: cuando llegaron los procesos y los cargos por atrocidades, el nombre que quedó más manchado fue el de Hernán, y el de Gonzalo pudo defenderse detrás de la distancia geográfica y del argumento —siempre esgrimible— de que ignoraba los detalles.

En torno a los dos hermanos operaba un puñado de figuras que dio forma al Nuevo Reino temprano. Antonio de Lebrija había firmado con Quesada los documentos fundacionales y estado a su lado en las primeras exploraciones del altiplano; era el tipo de compañero letrado y disciplinado que la hueste necesitaba para dejar constancia escrita de cada paso, y su firma aparece una y otra vez en los papeles capitales de esos años. Gonzalo Suárez Rendón, veterano de las mismas jornadas, fundó Tunja y se instaló allí como una de las autoridades más sólidas del reino temprano: cabeza de la ciudad que Hernán Pérez elegiría para consumar la matanza del zaque, quedó vinculado sin remedio, por vecindad y por cargo, a los procedimientos de aquellos años. Juan de Sanct Martín, capitán y procurador, fue el hombre a quien Gonzalo asoció para representar a Vélez ante la Corte, y encarnó, junto a Lebrija, la doble función jurídica y militar que caracterizó al primer círculo. Antón de Olalla, llegado a Santa Marta en 1535 con la misma armada de Pedro Fernández de Lugo, hizo la travesía del Opón, sobrevivió y fue recompensado con encomienda: es la biografía tipo del "primer conquistador" que Hernán Pérez debía proteger en sus repartos y que, a la larga, quedaría también en la minoría que conservó su merced.

Con Federmán y Belalcázar la relación fue de compromiso funcional. El pacto de 1539 evitó una guerra entre conquistadores y remitió la disputa a España, pero dejó sobre el altiplano una masa de hombres armados de tres huestes distintas que Hernán Pérez tuvo que administrar, y que su reparto irregular de encomiendas intentó neutralizar mediante la mezcla de lealtades.

Del lado indígena, sus interlocutores fueron los cacicazgos muiscas ya quebrados: Tisquesusa asesinado durante la conquista inicial; Sagipa capturado y sometido a tormento; el zaque de Hunza y sus capitanes eliminados en Tunja. Con la desaparición de esa nobleza, la interlocución política entre españoles y muiscas cesó como diálogo entre poderes y se convirtió en administración pura de encomienda.

El olvido

La memoria del Nuevo Reino trató a Hernán Pérez con incomodidad desde temprano. Las crónicas favorables a los Quesada lo mencionaron lo justo, evitaron los procedimientos, se concentraron en los hitos del mayor. La imaginería épica del Renacimiento suavizó con tintes heroicos lo que los procesos consignaban con crudeza. Otros cronistas retomaron con matices los materiales anteriores, integrando episodios de violencia y anécdotas de gobierno que la memoria oficial prefería omitir.

Las cifras mismas llegan envueltas en discordia. Sobre el número de hombres que salieron de Santa Marta en 1536 unas relaciones hablan de setecientos cincuenta, otras bajan a seiscientos. Cada dato que atañe a Hernán Pérez —hombres, encomiendas, indios cargueros, muertos— aparece con márgenes variables. Es un hombre que aparece siempre en función pública, nunca en función íntima; que se conoce por lo que firmó, por lo que ordenó, por lo que se le imputó. De su vida privada apenas hay rastro; de sus procedimientos, en cambio, quedaron el juicio de Lebrón, los testimonios sobre las atrocidades y las probanzas de méritos que los sobrevivientes de la expedición presentaron durante décadas para reclamar mercedes al rey.

La memoria colombiana lo ha tratado con reticencia. La conquista del altiplano se construyó en torno a la figura de Gonzalo —el letrado, el fundador de Santafé— y desplazó a Hernán al margen: hermano menor, ejecutor, personaje secundario cuya crueldad, si se mencionaba, se atribuía al carácter general de la época o se compensaba con la exaltación de las fundaciones. La muerte por rayo cerraba la historia con una economía moral cómoda: el hermano brutal había sido castigado, el hermano ilustrado sobrevivió y podía ser reivindicado. Los manuales escolares republicanos consolidaron ese esquema durante generaciones; el nombre de Gonzalo pasó a calles, plazas y monumentos, el de Hernán no llegó siquiera a las notas al pie.

Hernán Pérez de Quesada encarna la conquista en su fase menos mitificada: la del trabajo sucio, la de la violencia que hace posible el orden posterior, la del gobierno sin título que ejecuta lo que ningún gobernador con nombramiento firmaría con su nombre. En él se concentraron durante cuatro años las contradicciones del sistema: encomiendas en depósito, autoridad interina, competencia entre huestes, señuelo de El Dorado, doctrina de que los caciques no merecían los mismos miramientos que un cristiano. La conquista del altiplano cundiboyacense necesitó a alguien que hiciera lo que él hizo, y ese alguien tuvo nombre, apellido y expediente. Que su figura se haya diluido en la sombra de un hermano más letrado y más longevo no altera el hecho: el orden colonial temprano del Nuevo Reino se edificó sobre los muertos que él ordenó, las encomiendas que él repartió y los caminos que él abrió con hierro caliente.