La encomienda muisca y la desestructuración de la economía moral indígena

¿Fue la encomienda muisca del siglo XVI un circuito cerrado de consumo señorial o una articulación mercantil que desestructuró la economía moral indígena y aceleró el colapso productivo?

¿Y si la respuesta obliga a preguntar antes otras cosas? ¿Qué se tasó exactamente entre los años sesenta del XVI de Tomás López Medel y la visita de Miguel de Ibarra en 1595? ¿Qué pasó cuando mantas de algodón, hojas de coca y hanegas de maíz fueron convertidas en unidades tributarias cuantificables? ¿Puede seguir sosteniéndose que la encomienda fue economía cerrada de autoconsumo señorial, o hay que aceptar que operó como nodo mercantil monetizado que insertó al mundo muisca en circuitos que iban de las minas de Zaragoza y Mariquita a los puertos de Cartagena? ¿Y no fue precisamente la densidad ritual y jerárquica preexistente de esos bienes lo que los volvió útiles como tributo?

¿Qué se juega en formular así la pregunta?

¿No arrastra Colombia una imagen larga de la encomienda como institución señorial, replegada sobre el consumo del encomendero y su casa, marginal a la construcción de mercados? ¿No convierte esa imagen al siglo XVI en prehistoria económica y sitúa el nacimiento de los circuitos internos en el auge minero tardío o en la agricultura de haciendas del XVIII? ¿Y si en cambio la encomienda muisca operó desde los años sesenta del XVI como estación de bombeo entre la producción textil y agrícola del altiplano y los centros mineros y portuarios? ¿No dejaría entonces el siglo XVI de ser antesala para convertirse en el momento en que se instalaron las asimetrías estructurales que hicieron posible todo lo demás: el despojo territorial de las composiciones de 1630-1640, la formación de una masa campesina desposeída, la especialización del altiplano oriental en trigo y textiles para la exportación interna, la subordinación duradera del suroccidente frente al circuito atlántico?

¿Qué se juega, entonces, en preguntarlo así, más allá de la cronología económica? ¿Era la manta muisca un tejido cualquiera? ¿No era objeto ritual, marcador de rango, medio de intercambio ceremonial en mercados que se celebraban cada cuatro días —ciclo enlazado con el sistema numérico muisca— dentro del cercado del cacique? Cuando la Real Audiencia y sus visitadores decidieron tasarla en unidades de a dos por tributario, o de a cuatro cuando la población caía, ¿solo estaban fijando una carga fiscal, o estaban traduciendo un bien de significación densa a una unidad de cuenta genérica, transferible, subastable? ¿No es preguntar por la desestructuración de la economía moral indígena preguntar por el precio simbólico —además del biológico y productivo— de la temprana incorporación mercantil?

¿Y qué lecturas coexisten frente a esta cuestión?

¿No sostiene la más antigua que la encomienda del XVI fue institución de tributo en especie orientada al consumo del encomendero y al abastecimiento urbano inmediato de Santafé y Tunja, sin capacidad de generar mercados sostenidos? ¿No supone que el excedente muisca se transformaba en manutención señorial y poco más, y que los mercados internos habrían nacido después, con la minería del oro del Chocó y las haciendas trigueras del XVIII?

¿Y la segunda, la que Germán Colmenares consolidó en su trabajo sobre encomienda y población y que Juan Villamarín matizó con el estudio detallado del altiplano? ¿No plantea que la encomienda muisca fue desde temprano un mecanismo de articulación entre producción indígena y circuitos coloniales más amplios? ¿No muestra que las mantas tributadas no se acumulaban en las casas de los encomenderos, sino que se subastaban en almoneda pública, se enviaban a las minas como medio de pago para el trabajo, se exportaban desde Tunja hacia puertos del Caribe, campamentos auríferos del bajo Cauca y ciudades tan distantes como Popayán o Mérida? ¿Los destinos que registra la documentación de 1610 para mantas, lienzos, alpargatas, sayal, frisas y frezadas describen una economía cerrada, o un nodo mercantil de primer orden?

¿Y la tercera lectura, más atenta a las estructuras prehispánicas, trabajada por Judith Francis y por los antropólogos que releyeron a Fray Pedro Simón y a Fray Pedro de Aguado con lupa crítica? ¿No insiste en que la propia sociedad muisca había alcanzado un techo estructural a la mercantilización antes de la conquista? ¿No existían los mercados, no funcionaba la manta como patrón aproximado de valor, no circulaba la sal de Zipaquirá a distancias notables, y sin embargo no había mercaderes profesionales, ni moneda genuina, ni acumulación mercantil desligada del prestigio cacical? ¿Y no expresaba ese techo, lejos de ser una etapa evolutiva pendiente, una configuración específica del orden muisca en la que el trueque coexistía con la redistribución cacical y con el tributo ceremonial?

¿Y la cuarta, la que articulan Juan Friede y Marta Herrera Ángel? ¿No subordina el problema mercantil al problema demográfico? ¿No fue la catástrofe biológica, y no la lógica tributaria, lo que desarticuló el altiplano? Si la población de la provincia de Tunja pasó de cerca de 215.000 habitantes en 1537 a apenas 25.000 en 1757 —con una reducción del 25% en los primeros veinticinco años y del 90% en dos siglos—, ¿no sería la mercantilización del tributo consecuencia y no causa? ¿No habría depredado el sistema su base porque esa base se agotaba por razones ajenas al circuito mercantil?

¿Cuál de estas lecturas ilumina mejor el problema? ¿Basta con una, o hay que combinarlas, y en qué orden de prioridades?

¿Y qué revela empezar por el bien tributario central, la manta? ¿Eran homogéneas las mantas de algodón muiscas? ¿No presentaban una jerarquía interna que iba de las pintadas —las chitacate, cuya elaboración estaba ligada a la enseñanza de los jóvenes destinados al sacerdocio antes de la conquista— y las coloradas, algunas denominadas pachacate, en la cúspide, hasta las mantas chingas o chingamanales en el escalón inferior? ¿No es el propio término chingamanales, que los españoles adoptaron con carga despectiva, una resignificación colonial? ¿No indicaba originalmente solo un tamaño menor, no una calidad ínfima, y no emerge su carga peyorativa del uso español, no del muisca? ¿Y no importa esa jerarquía interna porque revela que el tejido era un continuum de valor social, no una mercancía indiferenciada?

¿No arrasó la tasación colonial con esa gradación? Cuando López Medel fijó las obligaciones en repartimientos como Pesca y Tobasía, ¿no entró la manta en el sistema fiscal como unidad genérica: dos mantas por tributario, más las labranzas de maíz y trigo, más los indios de servicio? La mano de obra invertida en pintar una chitacate frente a una chinga pequeña —trabajo desigual, técnica desigual, sentido ritual desigual—, ¿no quedó subsumida en un solo casillero? ¿Qué tipo de operación es esa, y qué produce cuando se sostiene durante décadas? ¿No tuvo, siendo aparentemente contable, dos consecuencias profundas? ¿No erosionó la función de la manta como medio de intercambio ritualmente denso, porque su circulación quedó orientada hacia el encomendero y ya no hacia los mercados cacicales de cada cuatro días? ¿Y no convirtió el trabajo textil femenino —principal productor de mantas— en trabajo tributario forzado bajo presión temporal fija, desprendido del calendario ceremonial que le daba sentido?

¿Se quedaban esas mantas en las casas encomenderas? ¿No se vendían en subasta pública, no se destinaban a baldaquines de altar en iglesias, no se transferían sobre todo hacia los centros mineros? ¿No describe la documentación tunjana de comienzos del XVII una cadena logística ya asentada: harinas y textiles del altiplano bajando al Magdalena en Honda, siguiendo hacia Mompox y Cartagena, desviándose hacia los campamentos auríferos de Zaragoza, Remedios y Cáceres, y hacia las minas de plata de Mariquita? ¿No se especializaron los altiplanos entre Santafé y Pamplona desde la década de 1570 en trigo, maíz, papa, cebada, hortalizas y textiles, con una parte creciente destinada a exportación regional? ¿Fue esa especialización efecto tardío de un mercado maduro, o efecto temprano de la encomienda que canalizaba el excedente indígena hacia demandas urbanas y mineras, monetizándolo por la vía de las subastas y de los pagos en especie a trabajadores mineros?

¿Resiste el detalle la imagen de encomienda cerrada? ¿No fue la encomienda muisca estación intermedia de un circuito atlántico y andino en formación? La proporción exacta en que las mantas tributadas se destinaban a la reventa mercantil frente al autoconsumo del encomendero varía por repartimiento y por década, pero ¿no es inequívoca la dirección del flujo hacia afuera, hacia el mercado colonial en construcción?

¿Y no hay una segunda operación sobre la manta que la primera lectura suele pasar por alto? ¿No cabe hablar de una doble violencia? ¿No operó primero la violencia extractiva —tasar, cobrar, subastar— y después, gradualmente, sobre una base productiva ya erosionada, la violencia sustitutiva de reemplazar el algodón por la lana ibérica como materia prima textil?

¿No registra la documentación desde 1592 intercambios de mantas de lana por mantas de algodón en Ubaté? ¿Llegó la lana de golpe, sustituyó por decreto? ¿O se introdujo como alternativa, ligada a la ganadería ovina en expansión en el altiplano frío, ganando terreno donde el algodón se volvía más difícil de obtener? ¿Por qué se volvió difícil de obtener? ¿No se cultivaba el algodón de forma generalizada en el altiplano frío muisca? ¿No se obtenía por intercambio con tierras templadas y calientes —el valle del Magdalena, la región de Neiva—, o mediante el control cacical de parcelas en pisos térmicos más bajos? ¿No dependía la producción textil muisca de una economía política del prestigio interpisos que articulaba el altiplano frío con las tierras bajas?

¿Y no era esa dependencia, en tiempos prehispánicos, fuente de poder cacical? Quien controlaba el acceso al algodón, ¿no controlaba la producción de mantas y con ellas la circulación de bienes de rango? ¿No se volvió talón de Aquiles bajo la encomienda? Al desarticularse las redes cacicales de intercambio interpisos por efecto del reordenamiento colonial, y al concentrarse la demanda tributaria sobre las comunidades del altiplano, ¿no se hizo el algodón escaso, caro y sujeto a la lógica mercantil colonial más que a la reciprocidad cacical? ¿No llenó la lana ese vacío, no como política deliberada de sustitución cultural, sino como salida contingente a una crisis de suministro que la propia encomienda había ayudado a producir?

¿No es entonces la doble violencia un proceso económico integral, y no la suma de dos golpes independientes? Primero se saquea la producción textil del altiplano en su forma tradicional, se la convierte en motor tributario, se la subasta hacia los circuitos mineros; luego, cuando la base productiva del algodón interpisos ya no da abasto, ¿no se la reemplaza por una materia prima de origen ibérico que reconfigura las técnicas, los géneros y los mercados? La persistencia del algodón entre la gente pobre del altiplano hasta fines del XVII —y la mención de Francisco Silvestre en 1789 como testimonio de una continuidad textil de siglos—, ¿contradice el proceso, o muestra que la sustitución fue desigual, resistida en los estratos más bajos, y que la economía moral muisca no se disolvió limpiamente sino que se replegó a los espacios menos vigilados por el sistema tributario?

¿Y si el peso decisivo fue biológico y no fiscal? ¿No tiene la lectura demográfica las cifras a favor? Entre la visita de López de Cepeda y la de Egas de Guzmán, en los repartimientos de Pesca y Tobasía, ¿no faltaban 56 indios útiles, una caída del 45% de la población tributaria en pocos años? ¿No lo denunció el cacique de Pesca ante el visitador con una aritmética implacable, mostrando que cada indio sobreviviente debía pagar 4 o 5 mantas en lugar de las 2 en que había sido tasado, porque el encomendero seguía cobrando sobre la base del recuento anterior? ¿No se había duplicado o más que duplicado la carga individual, sin cambio formal en la tasa, por pura resta demográfica?

¿No se repitió este patrón por todo el altiplano? La proyección de Friede —de 215.000 habitantes en la provincia de Tunja en 1537 a 25.000 en 1757, con la mayor parte de la caída concentrada en los primeros decenios—, ¿no describe una catástrofe cuya magnitud excede cualquier política deliberada? Enfermedades introducidas, reclutamientos forzosos para minas, emigración de varones adultos para evitar las mitas: ¿no eran los tributarios precisamente quienes tendían a huir, distorsionando la proporción entre población total y población tributante? El intento de 1598 de recoger a los indios dispersos de seis repartimientos de la Corona, ¿no es un síntoma preciso del fenómeno, del sistema persiguiendo a los ausentes porque su ausencia estaba desangrando la base fiscal?

¿Exige reconocer el peso del colapso demográfico subordinarle todo? ¿No funcionó la aritmética del despojo porque la metodología de las visitas fue estructuralmente deficiente desde el inicio? ¿No prescribía la norma colonial ajustar los tributos a lo que los indios pagaban antes de la conquista a sus caciques? ¿Y no era esa norma inaplicable en la mayoría de casos por dos razones convergentes? ¿No es la primera que en muchas regiones no existían tributos regulares ni caciques permanentes, y que donde sí existían —como entre los muiscas—, aplicar la norma con rigor habría exigido un conocimiento detallado del número de indios aptos, del rendimiento habitual de sus tareas y de la estructura interna de las obligaciones que jamás se levantó? ¿Y no es la segunda que los testimonios cacicales sobre el tributo prehispánico eran de fiabilidad dudosa, moldeados por el marco conceptual español, hasta el punto de que un indio de Sisativa llegó a afirmar ante los visitadores que los tributos existían desde que Dios creó el mundo? ¿No interpretaban los españoles entrega de regalos y reconocimiento de caciques importantes como sujeción tributaria, categoría que un indio de Boyacá matizó en pleito contra Tibaquirá al distinguir entre acudir con venados y mantas al cacique grande y estarle sujeto?

¿No fue el resultado un sistema fiscal que fijaba obligaciones globales sobre comunidades cuya magnitud desconocía y cuya estructura interna traducía mal? Cuando la población caía, ¿no se disparaba la carga por cabeza sin corrección posible, porque el sistema nunca había sabido con rigor cuánto era razonable exigir? ¿No convirtió la ignorancia fiscal estructural la catástrofe demográfica en aceleración del despojo? Un sistema mejor informado, ¿no habría podido —al menos en teoría— ajustar las tasas al descenso de tributarios? ¿No se limitó el sistema real, ciego a la magnitud de las comunidades, a cobrar sobre listados obsoletos?

¿Se derrumbó el orden cacical muisca por decreto o por golpe único? ¿No fue reconfigurado desde adentro, con la colaboración activa de los propios caciques, a quienes la Corona convirtió en agentes tributarios locales concediéndoles privilegios, tierras, a veces encomiendas, y responsabilidades organizativas? La estructura piramidal muisca —el Zipa en Bacatá, el Zaque en Hunza, caciques mayores como Guatavita, Duitama y Sogamoso, capitanes por debajo—, ¿no fue leída por los cronistas en clave nobiliaria europea, no proyectó Fray Pedro Simón títulos de duque, virrey y rey sobre escalones cuya lógica interna era distinta? ¿No sirvió esa traducción para legitimar la jerarquía cacical como equivalente a la nobleza indiana con derecho a mando local, y para usar a los caciques hereditarios como intermediarios del cobro tributario y de la organización del trabajo?

¿No ilustra la figura de Diego de Torres, cacique de Turmequé, mestizo culto que litigó en Madrid en defensa de los indios y contra los abusos encomenderos, la ambivalencia del rol? ¿No operó Torres dentro de las categorías coloniales para impugnarlas? ¿No fue su denuncia posible porque la Corona reconocía a los caciques como interlocutores legítimos, y no muestra su fracaso relativo los límites de esa interlocución? Otros caciques, menos memorables, ¿no negociaron su posición con menos ambición y más pragmatismo, garantizando el pago del tributo a cambio de la preservación funcional de sus privilegios, arrastrando a sus comunidades a labranzas de trigo y cebada que reemplazaban parcialmente los cultivos tradicionales, entregando mantas cuya elaboración aceleraron a costa del calendario ritual?

¿Cómo pensar esa agencia sin caer ni en la heroificación ni en la denuncia de la colaboración? ¿No explica su carácter mediador e imperfecto por qué la disolución del orden muisca fue simultánea a su preservación aparente? ¿No siguieron los caciques existiendo hasta el XVII —no dependía el sistema colonial de ellos—, pero con su función vaciada? ¿Ya redistribuían, ya arbitraban intercambios ceremoniales, ya organizaban mercados de cada cuatro días como nodos de reciprocidad? ¿No se habían convertido en cobradores de un tributo cuya lógica era ajena al orden que decían representar? ¿Fue la erosión del orden cacical solo consecuencia del colapso demográfico y del reemplazo por corregidores, o efecto de una transformación funcional que operó desde adentro, con la colaboración de los propios titulares del cargo?

¿Y si los mercados muiscas eran periódicos y densos, si la sal de Zipaquirá circulaba de Neiva a Barrancabermeja, si la coca del Cañón del Chicamocha —producida en Susacón y Ocavita bajo condiciones de sequía estacional— alimentaba redes de larga distancia, si la manta funcionaba como aproximación a un patrón de valor, por qué no había mercaderes profesionales muiscas? ¿Por qué el trueque siguió siendo, hasta la conquista, una actividad enmarcada en el cercado del cacique, con caciques y señores acudiendo al mercado de Tunja tanto por deferencia al Zaque como por interés propio?

¿Esperarían las lecturas evolucionistas encontrar mercaderes como signo de complejidad? ¿Era su ausencia arcaísmo, o resultado de una configuración específica en la que el intercambio de largo alcance quedaba absorbido por la lógica cacical de prestigio? El Zipa, sin oro ni esmeraldas ni conchas en sus dominios, ¿no los obtenía por intercambio con la región de Neiva y otros puntos del Magdalena? ¿No era ese intercambio prerrogativa cacical, no actividad mercantil desligada? Los excedentes agrícolas y textiles se intercambiaban en mercados locales, sí, pero el gran comercio interregional —esmeraldas de Somondoco bajo control del Zaque, sal de Zipaquirá bajo control del Zipa, coca del Chicamocha, oro del valle del Magdalena—, ¿no pasaba por las manos de las jerarquías y no por una clase mercantil autónoma?

¿No fue ese techo estructural, más que evolutivo, lo que la encomienda aprovechó y desarmó? ¿Fue la conversión de la manta en tributo mercantil extensión natural de una tendencia muisca, o ruptura del orden en que la manta significaba jerarquía y reciprocidad? ¿No introdujo la monetización parcial —vía subasta pública, vía pago a mineros— una lógica ajena al sistema previo, no una intensificación del mismo? ¿No fue tan profundo el impacto precisamente por eso: porque no había mercaderes muiscas que pudieran absorber la transición, ni clase intermedia que negociara términos, ni mecanismos internos de amortiguación?

¿No culminó el proceso en las composiciones de tierras de las décadas de 1630 y 1640? Los aposentos de los encomenderos —tierras usurpadas de hecho en las inmediaciones de los asentamientos indígenas desde el siglo anterior—, ¿no se legalizaron mediante títulos que no hicieron sino sanear ocupaciones previas? La reducción de los indígenas a resguardos, ¿no abolió su patrón de poblamiento disperso y liberó extensiones que fueron objeto de nuevas mercedes? La concentración de varios resguardos en uno solo, generalmente en tierras más distantes y de menor calidad, ¿no completó el despojo? ¿No salió de ese proceso una masa de campesinos sin tierra que se incorporaron como peones, aparceros y arrendatarios, base social de la hacienda colonial y republicana?

¿No concebían los muiscas la tierra, según Friede, como medio de producción comunitario, no como propiedad privada sujeta a transacciones? Esa concepción, fuente de cohesión en tiempos prehispánicos, ¿no se volvió desventaja jurídica bajo el régimen colonial? ¿No iniciaban raramente los indígenas pleitos para recuperar tierras arrebatadas que no fueran necesarias para sus labranzas inmediatas, y no siguieron ocurriendo con formas veladas las ventas de tierras de resguardo, prohibidas en el XVII? ¿No resistieron los resguardos solo en el suroccidente? En el altiplano cundiboyacense, hacia mediados del XVII, ¿no era ya otro el paisaje agrario?

¿Cómo pesar entonces unos factores contra otros? ¿Habría bastado uno solo —la mercantilización del tributo sin colapso demográfico, o el colapso sin mercantilización— para producir el altiplano reconfigurado que emerge a mediados del XVII: producción textil desarticulada, orden cacical vaciado, economía interpisos rota, resguardos comprimidos en tierras marginales, campesinado sin tierra como base social de la hacienda? ¿O solo la convergencia lo explica, y separar analíticamente los vectores es un ejercicio útil mientras no se confunda con la reconstrucción del proceso real? ¿No están las cifras sobre la mesa, no están los nombres también? ¿Fue el siglo XVI colombiano prehistoria económica, o el momento en que quedaron instaladas asimetrías que ninguna reforma posterior alcanzaría a corregir?