Despojo territorial

Despojo territorial en Colombia

En Colombia, el despojo territorial designa el proceso intencional mediante el cual individuos, grupos armados, empresas o agentes del Estado privan a campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes de sus tierras, territorios y derechos sobre ellos, recurriendo a la violencia directa, a la manipulación de figuras jurídicas o a la combinación de ambas. No es un episodio ni una anomalía: es el mecanismo central por el que se ha reproducido, desde el siglo XVI hasta el presente, una estructura agraria profundamente desigual que concentra la tierra en pocas manos y expulsa a la mayoría de sus poseedores originales. Cada ciclo de violencia colombiana —la Conquista, las guerras civiles del siglo XIX, La Violencia de mediados del XX, el conflicto armado contemporáneo— ha reconfigurado ese mecanismo sin desmontarlo; y cada reforma declarada para revertirlo ha terminado absorbida o neutralizada por las mismas redes de poder que el despojo sostiene y reproduce.

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La distinción que importa: abandono, desplazamiento y despojo

Antes de rastrear su historia, conviene fijar el concepto con precisión, porque la confusión terminológica ha tenido consecuencias jurídicas y políticas reales. El abandono alude a la privación temporal o permanente de bienes o derechos, voluntaria o involuntaria, y está directamente ligado al desplazamiento forzado: quien huye de la violencia abandona su predio, pero ese acto no implica por sí solo que alguien se lo haya apropiado. El despojo, en cambio, requiere intención manifiesta de robo, expropiación o enajenación: alguien quiere esa tierra y actúa para obtenerla. La distinción no es académica. Durante décadas, la institucionalidad penal colombiana registró el desplazamiento pero no el despojo, porque exigía que la tierra hubiera pasado por un proceso de comercialización o traspaso para considerarlo como tal. Solo el 1 de enero de 2012, con la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 —la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras—, el despojo fue reconocido formalmente como hecho victimizante autónomo.

Las modalidades del despojo se agrupan en dos grandes familias. La coercitiva opera sin figuras jurídicas: amenazas directas e indirectas, asesinatos selectivos, masacres ejemplarizantes, quema de cultivos y destrucción de infraestructura productiva que hacen insostenible la permanencia en el territorio. La jurídica usa instrumentos legales de manera ilegal o fraudulenta —escrituras notariales falsas, sentencias de pertenencia obtenidas con testigos comprados, revocaciones administrativas de adjudicaciones— con o sin coerción paralela. En la práctica, ambas modalidades se articulan: la violencia vacía el territorio y la maniobra jurídica consolida la apropiación. El despojo tiene además una dimensión simbólica y cultural que las cifras no capturan: transforma espacios de vida colectiva, memoria y reproducción social en escenarios del horror, disolviendo los lazos que hacen habitable un lugar.

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Raíces coloniales: la política del hecho cumplido

La concentración de la tierra en Colombia no comenzó con los paramilitares ni con el narcotráfico: tiene cinco siglos de historia. Durante el período colonial, la encomienda fue el primer instrumento de despojo sistemático. A través del tributo en especie y la provisión de indios de servicio, los encomenderos usufructuaron tierras indígenas y acumularon propiedades mediante ocupaciones de hecho, con o sin títulos formales. La disminución catastrófica de la población indígena —producto de epidemias, trabajo forzado y violencia— liberó tierras que, al quedar vacías, fueron objeto de nuevas mercedes y apropiación española, acelerando la ocupación del territorio.

El despojo de los resguardos siguió un patrón preciso: primero se concentraron varios resguardos en uno solo, generalmente en tierras de menor calidad y distantes de los centros poblados; luego esa concentración facilitó la desintegración de las comunidades y la formación de una masa de campesinos desposeídos que se incorporaron como peones, aparceros y arrendatarios en las haciendas de los nuevos propietarios. En los litigios entre colonizadores e indígenas se consolidó la política del hecho cumplido: los blancos ocupaban de facto las tierras en disputa mientras duraban los procesos judiciales, favoreciendo al usurpador con el usufructo prolongado del terreno en litigio. Cuando el juicio terminaba —años o décadas después—, la ocupación era un hecho difícilmente reversible.

No todas las comunidades cedieron sin resistencia. En las provincias sureñas de Popayán y Pasto, el aislamiento geográfico —cañones, ríos, barreras cordilleranas— ofreció una tregua parcial. Los paeces del alto Cauca recurrieron a protestas violentas, dilaciones legales y resistencia pasiva para conservar sus tierras comunitarias, aliándose en algunos momentos con líderes liberales regionales. Esa resistencia no detuvo la presión, pero la moduló: la geografía y la agencia local produjeron resultados distintos a los de las tierras planas y accesibles del Caribe o el interior andino.

La República heredó esa estructura sin cuestionarla. La desamortización de bienes de manos muertas, decretada por Tomás Cipriano de Mosquera el 9 de septiembre de 1861, adjudicó a la Nación las propiedades de corporaciones civiles y eclesiásticas, pero no redistribuyó la tierra entre los campesinos: transfirió riqueza entre élites. La suma de hectáreas que los particulares apropiaron mediante los sistemas de adquisición de baldíos durante el siglo XIX fue muchas veces superior a la cantidad de tierra que pasó de corporaciones religiosas a manos privadas entre 1861 y 1877, aunque este hecho ha despertado menos interés que la desamortización misma. El Código Fiscal de 1873 y la legislación sobre baldíos que lo siguió mantuvieron el legado colonial: el Estado estimuló y consintió una estructura bimodal que institucionalizó la desigualdad y la exclusión en el sector rural.

Orlando Fals Borda identificó en los procesos de colonización colombiana lo que llamó la ley de tres pasos: el colono tumbaba el monte y habilitaba la tierra —primer paso—; la vendía a bajo precio a un contratista o finquero —segundo paso—; y finalmente un gran terrateniente se apropiaba del terreno habilitado —tercer paso—, transfiriendo así a los propietarios ausentes el trabajo de apertura realizado por quienes nunca pudieron consolidar su título. Esta secuencia no era accidental: era la forma en que la frontera agraria reproducía la concentración en lugar de desmantelarla.

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El siglo XX: reformas capturadas y despojo institucionalizado

La Ley 200 de 1936, impulsada por Alfonso López Pumarejo durante su primera presidencia, fue el primer intento sistemático de reforma agraria en Colombia. Sus alcances reales fueron más modestos que su retórica. La ley prescribía la distribución de tierras no explotadas, pero al mismo tiempo otorgaba a los grandes propietarios un plazo de diez años para explotar sus predios en forma capitalista con trabajo asalariado. Era una norma deliberadamente ambigua: abría dos vías posibles para el desarrollo del capitalismo agrario —la redistribución o la transformación de la hacienda— y en la práctica se prefirió la segunda. Muchos terratenientes respondieron legalizando sus grandes propiedades mediante sentencias judiciales de pertenencia obtenidas ante jueces civiles, consolidando títulos sobre fincas superiores a 500 hectáreas. La reforma no redistribuyó la tierra; en buena medida, la formalizó en manos de quienes ya la concentraban.

La Ley 135 de 1961, promovida durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo y administrada por el recién creado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), tampoco alteró la estructura. Entre 1962 y 1978, menos del 1% de la superficie total de tierras fue afectada por la reforma agraria, y la gran mayoría de la tierra redistribuida era baldío público, no propiedad privada expropiada a grandes terratenientes. La colonización dirigida por el INCORA en los años sesenta —piedemonte oriental, Magdalena Medio, altillanura, sur de Córdoba, Urabá— no logró efectos significativos sobre la concentración: aunque la ley contemplaba infraestructura, servicios básicos y mecanismos de comercialización, su aplicación fue incompleta, y al interior de las élites continuó predominando el sector que se oponía a una redistribución real.

En el Urabá antioqueño, los procesos de adjudicación de baldíos por el INCORA desconocieron en algunos casos a los poseedores campesinos y colonos previos, mientras inversionistas privados acaparaban suelos fértiles a bajo costo para el cultivo bananero. La institución creada para redistribuir la tierra operó, en determinadas regiones y coyunturas, como instrumento de su concentración. Durante el Frente Nacional, la priorización de la colonización de baldíos periféricos sobre la redistribución de tierras privadas no logró revertir la concentración de la propiedad rural, que continuó aumentando entre 1960 y 1970. El latifundio persistió como modelo dominante, sentando las condiciones estructurales que actores violentos aprovecharían en las décadas siguientes.

La promesa de reforma agraria no cumplida contribuyó a la crisis de la economía campesina y a la intensificación de la ocupación de nuevos territorios en la periferia. Esa colonización —Caquetá, Putumayo, Meta, Amazonía— creó las condiciones para la expansión de economías ilegales como el narcotráfico en regiones donde el Estado llegaba tarde, mal y principalmente a través de la fuerza pública. El fracaso redistributivo del siglo XX no explica por sí solo el despojo contemporáneo, pero sí creó el sustrato de precariedad, informalidad en la tenencia y ausencia institucional sobre el que ese despojo se montó.

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La Violencia y el primer despojo masivo moderno

Entre 1948 y 1958, el período conocido como La Violencia produjo el primer episodio de despojo masivo documentado en la Colombia republicana. Aproximadamente 393.648 parcelas fueron afectadas, principalmente en Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, el Antiguo Caldas y Norte de Santander. El desplazamiento masivo de población campesina fue acompañado de una reconcentración de la propiedad agraria que benefició a terratenientes y gamonales locales vinculados a los partidos Liberal y Conservador. La violencia partidista fue también, en muchas regiones, una guerra por la tierra: los muertos eran el pretexto; los predios, el objetivo.

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Narcotráfico, paramilitarismo y el despojo sofisticado (1980-2010)

El ciclo de despojo más intenso y cualitativamente distinto de todos los anteriores comenzó en la década de 1980 con la articulación entre narcotráfico, paramilitarismo y élites agrarias regionales. Entre 1980 y 1988, aproximadamente el 45% de los excedentes de los narcotraficantes colombianos —calculados en torno a 4.000 millones de dólares— fue invertido en tierras, especialmente en fincas ganaderas utilizadas principalmente para especular con los precios del suelo. Los narcotraficantes se apoyaron en grupos paramilitares como cuidanderos de sus propiedades, despojando a campesinos y a otros terratenientes, y combinando fines comerciales con funciones militares en la acumulación territorial.

El despojo paramilitar comenzó en Urabá, sur de Córdoba y el Magdalena Medio con los grupos de primera generación vinculados al narcotráfico, y desde la segunda mitad de los años noventa se expandió hacia el resto del Caribe —Montes de María, corredor minero del Cesar, Magdalena—, el norte del Valle del Cauca, Meta y otras regiones del país. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), consolidadas a finales de los noventa bajo la conducción de Carlos Castaño Gil, ejecutaron un despojo cualitativamente nuevo: sofisticado, articulado con proyectos agroindustriales, mineros y de infraestructura, y profundamente imbricado con la política institucional.

La cadena operativa era precisa. Primero, la violencia directa —amenazas, asesinatos selectivos, masacres— vaciaba el territorio. Luego, la maniobra jurídica consolidaba la apropiación: con la complicidad de notarios, registradores y funcionarios del INCORA, miles de hectáreas usurpadas fueron inscritas en registros públicos como si hubieran sido adquiridas legalmente. En marzo de 2011, el superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez encontró irregularidades que involucraban a notarios y registradores de distintas regiones, afectando aproximadamente 150.000 hectáreas, según lo informado por el entonces ministro del Interior Germán Vargas Lleras al anunciar la intervención de la Superintendencia.

El caso del Magdalena ilustra con precisión el mecanismo institucional del despojo. Entre febrero y marzo de 2003, la gerencia regional del INCORA revocó la adjudicación de 134 predios —dos por día en promedio— argumentando abandono de la tierra o incumplimiento de pagos. En los siete años anteriores, entre 1996 y 2002, apenas se habían registrado 80 revocaciones. La aceleración era anómala y su lógica, perversa: el abandono que se invocaba como causal era consecuencia del desplazamiento forzado, no de una decisión voluntaria de los campesinos. Investigaciones judiciales abrieron procesos contra el ex gerente regional José Fernando Mercado Polo, el jefe de Cartera Francisco Solano Díaz, la ex asesora jurídica Luz Cenit Curiel, el jefe de Gestión Ernesto Gómez Goelkel, y los funcionarios José Lozano Andrade y Carlos Vásquez Vásquez, por 36 casos de readjudicaciones irregulares en las veredas Bejuco Prieto y El Encanto, en el municipio de Chivolo. Los funcionarios, según los testimonios recogidos en las investigaciones, aceptaban sobornos para abrir la puerta al despojo.

La dimensión política del despojo paramilitar no fue accidental ni secundaria. Fue precisamente en su condición de despojadores que los paramilitares adquirieron voz y participación directa, no mediada, en el sistema político regional: construyeron dominios económicos y políticos, cooptaron instituciones del Estado y establecieron alianzas con sectores del bipartidismo que les garantizaron impunidad y legitimidad. En regiones como Urabá-Darién y Cesar, el control guerrillero de los primeros años de la década de 1990 fue desplazado por los grupos paramilitares tras un pacto directo con la fuerza pública, reconfigurando el orden territorial. El relato de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, recogido por el periodista Hernán Calvo Ospina, describe cómo durante los años ochenta en el Magdalena Medio, mandos militares, dirigentes políticos del bipartidismo, líderes paramilitares, narcotraficantes y grandes empresas nacionales y extranjeras participaron en el apoderamiento de tierras fértiles mediante una estrategia de tierra arrasada orientada a despoblar el campo.

De las 6,6 millones de hectáreas perdidas o abandonadas registradas entre 1980 y 2010, el 79,3% corresponde al período 1998-2008, que coincide con la consolidación y posterior desmovilización de las AUC. Entre 2002 y 2009 se registró además un incremento del 2,5% en la concentración de la tenencia de la tierra, especialmente en 2005, en el 57% del territorio nacional. En municipios con presencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), el promedio del índice Gini de propiedad rural alcanzó 0,69; en los de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB), 0,64, con picos de hasta 0,85 en municipios como Santa Helena del Opón. Estos valores son considerados altos y se correlacionan con la presencia paramilitar, aunque son inferiores al promedio nacional de 0,86.

Las FARC-EP también perpetraron despojo de tierras y desplazamiento forzado, con presencia documentada en la Orinoquía y el Caquetá. Su despojo fue, sin embargo, cualitativamente distinto al paramilitar: careció del nivel de sofisticación jurídica y de articulación con proyectos agroindustriales que caracterizó a las AUC. En el Caquetá, las FARC implementaron distintos repertorios de control territorial que ocasionaron desplazamiento y abandono, pero sin la maquinaria notarial y la complicidad institucional que convirtió el despojo paramilitar en un proceso de acumulación con vocación de permanencia.

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El despojo de los territorios étnicos

Las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentaron modalidades de despojo con especificidades propias, articuladas tanto con el conflicto armado como con los intereses del capital extractivo y agroindustrial.

La Ley 2 de 1959 declaró baldíos de la nación siete regiones del país, lo que permitió la sustracción de bosques y selvas para la explotación forestal, desconociendo a las comunidades negras del Pacífico que habían ocupado ancestralmente esos territorios durante siglos. La Constitución de 1991 intentó revertir esa lógica: su artículo transitorio 55 y la posterior Ley 70 de 1993 reconocieron la propiedad colectiva de los territorios de comunidades negras como un derecho inalienable, inembargable e imprescriptible. El Decreto 1745 de 1995 reglamentó los requisitos y procedimientos para la titulación colectiva en la cuenca del Pacífico, exigiendo la constitución de consejos comunitarios como autoridades administrativas. Luego de una década de expedida la Constitución, las comunidades negras del Pacífico accedieron a aproximadamente 2.600.000 hectáreas reconocidas como territorios colectivos, mientras los resguardos indígenas de la misma región englobaban cerca de 1.575.000 hectáreas adicionales.

Ese reconocimiento jurídico no detuvo el despojo: lo reencuadró. El proceso de titulación colectiva generó tensiones con intereses del capital local y transnacional, y los líderes afrocolombianos frecuentemente enfrentaron actores estatales con incentivos para no reconocer sus derechos constitucionales. El conflicto armado, la expansión de monocultivos agroindustriales —acacia, teca, banano— y la realización de megaproyectos de infraestructura y minería afectaron considerablemente la permanencia de las comunidades en sus territorios colectivos. En el Bajo Atrato y el Chocó, la articulación entre grupos paramilitares y empresas palmicultoras produjo uno de los episodios más documentados de despojo étnico contemporáneo: la violencia expulsó a las comunidades y los monocultivos ocuparon los territorios titulados colectivamente.

En el norte del Cauca, la reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas y la conformación de Territorios de Comunidades Negras generaron conflictos entre campesinos o asalariados negros y sectores indígenas en zonas de tierras fértiles del valle geográfico, mostrando que el reconocimiento de derechos étnicos, sin una política redistributiva más amplia, puede también producir nuevas tensiones sobre la tierra.

En el suroccidente del Patía, en el Cauca, la Notaría del Circuito operó durante gran parte del siglo XX como instrumento de despojo institucionalizado, emitiendo escrituras y poderes notariales que transferían tierras de comunidades negras a inmigrantes blancos y terratenientes. En lugar de proporcionar seguridad normativa, la notaría actuó de manera opuesta: promovió el desalojo socioespacial mediante artimañas jurídicas que escrituraban tierras en perjuicio de sus propietarios originales.

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La geografía del despojo y sus límites de medición

La geografía precisa del despojo en Colombia sigue siendo una incógnita parcial. Los sistemas de información son inadecuados e incompletos, no todas las víctimas han reclamado, y la informalidad histórica en la tenencia de la tierra dificulta la reconstrucción de la cadena que va desde los actos de violencia hasta la concentración de predios. Lo que sí puede afirmarse es que el despojo se concentró inicialmente en el sur de Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio, y desde la segunda mitad de los años noventa se expandió hacia el Caribe —Montes de María, corredor minero del Cesar, Magdalena—, el norte del Valle del Cauca, Meta y otras regiones. La mayoría de las víctimas de desplazamiento forzado vive actualmente en los municipios más pobres y vulnerables del país; solo el 14% se ubica en las principales ciudades de categoría especial del Departamento Nacional de Planeación, como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena o Barranquilla.

En la Costa Atlántica, especialmente en Córdoba y Sucre, el despojo paramilitar se superpuso a conflictos agrarios estructurales previos: grandes haciendas tabacaleras y ganaderas desde los años veinte habían generado una población campesina como terrajeros y arrendatarios que posteriormente se separó de esas haciendas sin acceder a la propiedad plena. Los problemas estructurales de tenencia se acumularon en esa región durante décadas antes de que el paramilitarismo los explotara y profundizara.

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El reconocimiento tardío: la Ley 1448 de 2011

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez negó la existencia de un conflicto armado interno, caracterizando la situación como un ataque terrorista contra una democracia legítima. Esa negación tuvo consecuencias institucionales directas: obstaculizó el reconocimiento del despojo como categoría jurídica y político-pública, y dejó a las víctimas sin un marco legal que les permitiera reclamar sus tierras. Fue el gobierno de Juan Manuel Santos quien reconoció el conflicto y promovió la Ley 1448 de 2011, que entró en vigor el 1 de enero de 2012. La ley reconoció explícitamente la existencia de un proceso masivo de desplazamiento, despojo y abandono de tierras, creó la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y estableció un mecanismo judicial especializado para tramitar las reclamaciones.

El reconocimiento fue tardío y su alcance, limitado. Antes de la ley, la institucionalidad penal registraba el desplazamiento pero no el despojo. El único registro que permite identificar a los responsables del despojo se deriva del proceso de restitución de tierras a través de las sentencias judiciales, lo que refleja la ausencia de un registro institucional previo y sistemático. La Corte Constitucional, en el Auto 008 de 2009, había señalado la existencia de altísima impunidad frente al delito de desplazamiento, en el contexto de las deficiencias en la política de protección a los desplazados.

Las solicitudes de restitución en trámite ante la URT para 2020 se concentran en zonas que coinciden con las áreas de mayor desplazamiento histórico, entre ellas regiones del Caribe y el corredor Urabá-Córdoba. No todas las víctimas han reclamado —por miedo, por desconfianza, por desconocimiento, por muerte—, lo que hace que la magnitud real del despojo sea mayor que la que cualquier registro institucional puede capturar.

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Continuidad estructural y ruptura histórica

El despojo territorial en Colombia tiene una matriz estructural que atraviesa los siglos: concentración latifundista, complicidad institucional, captura política. Desde la política del hecho cumplido colonial hasta la maniobra notarial paramilitar, la lógica es reconocible: la violencia o la maniobra jurídica vacían el territorio; la institución formaliza la apropiación; la política garantiza la impunidad. Cada reforma —la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961, la Ley 1448 de 2011— ha intentado interrumpir esa cadena y ha sido, en distintos grados, capturada o neutralizada por las mismas redes de poder que el despojo reproduce.

Sostener que todo es continuidad sería, sin embargo, inexacto. El ciclo abierto en los años ochenta con la articulación narcotráfico-paramilitarismo-agroindustria creó un modelo de acumulación por desposesión con una sofisticación jurídica e institucional sin precedentes directos en la historia colonial o republicana. Las AUC no solo despojaron: construyeron dominios económicos y políticos regionales, cooptaron el Estado desde adentro y articularon el despojo con proyectos de inversión de mediano y largo plazo. El período 1998-2008 no es simplemente otro eslabón en una cadena continua: es un quiebre en la escala, la sofisticación y la articulación sistémica del despojo.

Al mismo tiempo, la resistencia no ha sido homogénea ni ha sido derrotada. Los paeces del alto Cauca en el siglo XIX, las comunidades negras del Pacífico que construyeron consejos comunitarios para defender sus títulos colectivos, los campesinos del Magdalena que denunciaron las revocaciones irregulares del INCORA, los líderes sociales que han pagado con su vida el costo de reclamar ante la URT: todos ellos muestran que el despojo no opera en un vacío de agencia, sino contra resistencias concretas que han modulado, retardado y en algunos casos revertido sus efectos.

La dificultad de la reversión no radica en que el despojo sea un destino inevitable inscrito en la naturaleza del territorio colombiano. Radica en que cada reforma ha llegado tarde, ha sido incompleta y ha encontrado a las mismas redes de poder —terratenientes, políticos, funcionarios, actores armados— en posición de capturarla o vaciarla. Mientras esa articulación estructural no sea desmantelada, el despojo seguirá siendo no solo una herida del pasado sino un proceso activo, capaz de revestirse con las formas jurídicas e institucionales de cada época.