Institución · Constitución de 1991
Autodefensas
Dispositivo institucional armado que el Estado colombiano creó legalmente en 1965, que el narcotráfico privatizó en los ochenta, que la Constitución de 1991 prohibió sin lograr desmontarlo y que las AUC federaron en 1997 hasta convertirlo en un proyecto contrahegemónico de alcance nacional. Entre 1997 y 2004 dejó más de 150.000 homicidios y desapariciones forzadas y más de 3,5 millones de desplazados.
Trayectoria de una idea
- 1965
Decreto 3398: origen legal de las autodefensas
- 1968
Ley 48: la excepción se vuelve legislación permanente
- 1981
Fundación del MAS y connivencia militar documentada
- 1982
Puerto Boyacá: consolidación del primer proyecto paramilitar
- 1989
Desmonte normativo incompleto bajo el gobierno Barco
- 1991
Prohibición constitucional sin desmantelamiento real
- 1995
Las Convivir: segunda legalización del paramilitarismo
- 1997
Fundación de las AUC: federación paramilitar nacional
- 2004
Saldo de la expansión: 150.000 víctimas y 3,5 millones de desplazados
La lectura
Las autodefensas colombianas no nacieron en la clandestinidad sino en un decreto de estado de sitio firmado por un presidente de la república, lo que las distingue de cualquier otro fenómeno paramilitar latinoamericano comparable. Su rasgo más perturbador no fue la violencia —que fue extrema— sino la reiterada capacidad de obtener del Estado un marco jurídico que legalizara la delegación del monopolio de la fuerza en coaliciones privadas de ganaderos, narcotraficantes, políticos y militares. Cada vez que ese marco fue retirado —en 1989, en 1997— el aparato sobrevivió porque las coaliciones regionales que lo sostenían permanecieron intactas. La Constitución de 1991, el proyecto más ambicioso de refundación institucional del siglo XX colombiano, prohibió expresamente su existencia y, sin proponérselo, les ofreció nuevos objetos de captura: la descentralización, la elección popular de gobernadores, la proliferación de partidos. El resultado fue que el período más garantista de la historia constitucional colombiana coincidió con la expansión paramilitar más brutal, dejando una paradoja que ninguna narrativa simple sobre el Estado de derecho puede resolver.
Bajo el nombre de autodefensas opera, en la historia colombiana reciente, algo más complejo que un grupo armado: un dispositivo institucional mutante que el Estado creó legalmente en 1965, que el narcotráfico privatizó en los ochenta, que la Constitución de 1991 prohibió sin lograr desmontarlo, que las AUC federaron en 1997 hasta convertirlo en un proyecto contrahegemónico de alcance nacional y que sobrevivió a su propia desmovilización bajo las etiquetas administrativas de Bacrim y GAO. Entre 1997 y 2004, en el momento álgido de su expansión bajo las Autodefensas Unidas de Colombia, ese dispositivo dejó más de 150.000 homicidios y desapariciones forzadas y más de 3,5 millones de desplazados. Su rasgo definitorio no es la clandestinidad —aunque la ejerció— sino lo contrario: la reiterada capacidad de obtener del Estado colombiano un marco jurídico que legalizara la delegación del monopolio de la violencia en coaliciones regionales de ganaderos, narcotraficantes, políticos y militares.
Qué son las autodefensas
En términos estrictos, las autodefensas colombianas fueron grupos armados de civiles organizados para tareas de contrainsurgencia, control territorial y protección de intereses económicos regionales, cuya legalidad y relación con el Estado variaron a lo largo de casi seis décadas. La palabra encubre y a la vez revela: se autodenominaron así para inscribirse en la tradición legítima de la defensa vecinal, pero su práctica desbordó desde temprano cualquier definición defensiva. Masacraron poblaciones enteras, ejecutaron dirigentes sindicales y políticos, despojaron tierras, capturaron administraciones locales y financiaron su expansión con narcotráfico. La distinción entre "autodefensa" y "paramilitar" —esta última usada por críticos, víctimas y buena parte de la academia— es política antes que descriptiva: nombra la misma realidad desde legitimidades opuestas.
Su especificidad colombiana radica en tres rasgos que ninguna respuesta contrainsurgente latinoamericana comparable reunió con esta intensidad y duración. Primero, tuvieron amparo legal durante veinticuatro años, entre 1965 y 1989, y volvieron a tenerlo entre 1994 y 1997 bajo la figura de las Convivir. Segundo, se fusionaron estructuralmente con el narcotráfico hasta el punto de que, desde finales de los ochenta, dejó de tener sentido separar a un actor del otro: los narcotraficantes se hicieron terratenientes y ganaderos, y los paramilitares se hicieron narcotraficantes. Tercero, alcanzaron una capacidad de captura institucional —la llamada parapolítica— que llevó al procesamiento de 107 congresistas y a la condena de 21, además de gobernadores y funcionarios de organismos de control, la Fiscalía y el DAS.
La invención legal: 1965-1968
El origen normativo del paramilitarismo colombiano es un decreto de estado de sitio. En 1965, bajo la presidencia de Guillermo León Valencia, se expidió el Decreto Legislativo 3398, cuyo propósito declarado era enfrentar el bandolerismo residual de La Violencia y las guerrillas revolucionarias que empezaban a organizarse: las FARC nacerían al año siguiente, el ELN ya operaba en Santander. El decreto se inscribía en la doctrina contrainsurgente que Estados Unidos difundía en el hemisferio y que, en su versión francesa, había teorizado Roger Trinquier tras Argelia.
Dos artículos son decisivos. El 25 autorizaba al Gobierno a utilizar en actividades de defensa nacional a los colombianos no cubiertos por el servicio militar obligatorio: la puerta legal para movilizar civiles en tareas militares. El 33, en sus parágrafos segundo y tercero, facultaba al Ministerio de Defensa, por conducto de los comandos autorizados, a amparar como de propiedad particular armas consideradas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, el Estado podía entregar armamento militar a civiles y legalizar su tenencia. La disposición, concebida como excepcional bajo el estado de sitio, se volvió legislación permanente en 1968 mediante la Ley 48, cuando el gobierno de Carlos Lleras Restrepo incorporó al ordenamiento ordinario ese decreto y el complementario 1667 de 1966. Con el Decreto 1355 de 1970, Estatuto Orgánico de la Policía, se completó el cuerpo normativo que articuló durante dos décadas la contrainsurgencia con participación civil.
Sobre ese andamiaje, los manuales del Ejército —al menos el de 1979, con antecedentes desde 1969— definieron y ordenaron la organización militar de la población civil en "juntas de autodefensa". Desde los años setenta, comandantes regionales impulsaron estas juntas en zonas de presencia guerrillera, con especial intensidad en el sur de Córdoba y el Magdalena Medio. Ganaderos y terratenientes, ya organizados en gremios, encontraron en la figura un instrumento adaptable a sus propios conflictos por la tierra. El entrenamiento incorporaba un componente ideológico basado en manuales enfocados en la construcción del enemigo comunista: no simples patrullas defensivas, sino cuadros doctrinariamente formados.
Puerto Boyacá y el MAS: la privatización
El Magdalena Medio fue el laboratorio. Entre 1977 y 1991, en torno a Puerto Boyacá, se articuló el primer proyecto paramilitar plenamente desarrollado del país. Comenzó con grupos de "escopeteros" promovidos por el Ejército, campesinos armados que servían como guías en patrullajes antisubversivos y acompañaban a los soldados por veredas donde se presumía presencia guerrillera. La transición hacia una estructura autónoma quedó documentada en el testimonio de Óscar Echandía, alcalde militar de Puerto Boyacá en 1982: ese año, el coronel Jaime Sánchez Arteaga, del batallón Bárbula, habría convocado una reunión con Gonzalo y Henry Pérez, Nelson Lesmes, Luis Suárez, Rubén Estrada y Carlos Loaiza, entre otros, en la que se dio forma al grupo paramilitar. Henry Pérez emergió como su figura central: concibió una estructura compleja que integraba la lucha antiguerrillera con la participación política local y el desarrollo socioeconómico regional. Sería llamado, con razón, el padre conceptual de lo que después se conocería como parapolítica.
En paralelo, otro proceso irrumpió con violencia. En noviembre de 1981, el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes del cartel de Medellín. La familia convocó una reunión en Medellín de la que emergió el MAS —Muerte a Secuestradores—, integrado principalmente por narcotraficantes. La denuncia del Procurador General Carlos Jiménez Gómez ante el Congreso, el 14 de febrero de 1983, fijó la magnitud del fenómeno: en la creación del MAS habrían participado 163 personas, 59 de ellas militares en servicio activo. La denuncia no produjo consecuencias judiciales significativas, pero estableció un dato que ninguna interpretación posterior pudo eludir: la connivencia castrense con estructuras armadas ilegales no era ya una hipótesis, sino una constatación oficial.
En Puerto Boyacá, la estructura de Henry Pérez se dotó de un brazo civil, ACDEGAM, y consolidó su alianza con el cartel de Medellín. Gonzalo Rodríguez Gacha, "El Mexicano", encontró en la región un santuario y en el paramilitarismo un instrumento; Pablo Escobar aportó recursos y armas. Hacia finales de la década, cuando la ganadería extensiva ya no podía sostener el aparato militar, el narcotráfico se convirtió en factor dominante. Los narcotraficantes, transformados en terratenientes, financiaron la expansión y compraron las tierras que el terror vaciaba. El presidente Belisario Betancur elogió públicamente en 1985 la movilización paramilitar en Puerto Boyacá; el ministro de Defensa había justificado en 1983 la violencia de estos grupos calificándolos de autodefensas. La legalidad y la aquiescencia oficial coexistieron durante toda la década con el exterminio de la Unión Patriótica y de la UNO, las masacres de 1982 y los crímenes de connotación nacional de 1988 y 1989.
El desmonte incompleto de 1989
Los excesos —el magnicidio de Luis Carlos Galán en agosto de 1989 entre ellos— obligaron a un giro. El gobierno de Virgilio Barco suspendió la legalidad de las autodefensas civiles y la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el parágrafo tercero del artículo 33 del Decreto 3398, el que permitía armar a civiles con armamento de uso privativo militar. Se anunciaron medidas complementarias, incluido un Comité Antisicarial, que nunca se implementaron efectivamente. No hubo un compromiso claro de las Fuerzas Armadas para desarticular las organizaciones que durante veinticuatro años habían operado bajo su tutela. El cierre normativo fue real; el desmantelamiento estructural, no.
Ese hueco entre la ley y los hechos define el patrón que se repetirá. El Estado colombiano fue capaz, en momentos de crisis, de retirar el amparo jurídico al paramilitarismo, pero no de desmontar las coaliciones regionales que lo sostenían: los mandos militares de brigada, los gobernadores y alcaldes electos con su apoyo, los ganaderos y bananeros que financiaban su nómina, los narcotraficantes que compraban las tierras despojadas. La ilegalización sin desmantelamiento produjo, previsiblemente, la clandestinización del fenómeno.
La paradoja de 1991
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue el proyecto más ambicioso de refundación institucional del país desde la Regeneración. La Carta que promulgó prohibió expresamente las autodefensas y los grupos paramilitares. Consagró un catálogo amplio de derechos, creó la Corte Constitucional, abrió el pluripartidismo, profundizó la descentralización iniciada en 1986 con la elección popular de alcaldes y la extendió a gobernadores. En el mismo movimiento, ofreció caminos de reinserción a las guerrillas del M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT.
Y sin embargo, el período que siguió al 91 no vio disminuir el paramilitarismo: lo vio expandirse hasta niveles inéditos. Esa contemporaneidad no es azarosa. La apertura democrática proveyó, sin proponérselo, los instrumentos que las nuevas estructuras paramilitares aprendieron a explotar. La proliferación de partidos habilitada por la Constitución permitiría, una década después, la construcción de una bancada parlamentaria afín. La descentralización de la contratación pública ofreció un botín capturable municipio por municipio. La elección popular de gobernadores y alcaldes hizo del control electoral local una vía directa al poder ejecutivo territorial. El garantismo constitucional y la expansión paramilitar más brutal de la historia colombiana no son simplemente coetáneos: están causalmente entrelazados, porque la nueva arquitectura institucional creó objetos de captura que la vieja no ofrecía.
Las Convivir: la segunda legalización
En febrero de 1994, el gobierno de César Gaviria expidió el Decreto 356, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. La norma en sí misma no creaba un cuerpo paramilitar: reglamentaba el sector de la seguridad privada. Pero contenía la figura de los "servicios especiales" y "servicios comunitarios" de vigilancia, que la Resolución 368 del 27 de abril de 1995, expedida por la Superintendencia de Vigilancia bajo el gobierno de Ernesto Samper, unificó bajo la denominación Convivir. Superarían las cuatrocientas en todo el país.
La regulación fue prácticamente inexistente. Una investigación de la revista Semana de septiembre de 1997 estableció que ninguna de las Convivir con más de dos años de funcionamiento había renovado su permiso, que solo se habían registrado quince visitas de inspección sobre más de cuatrocientas organizaciones y que apenas al 9 % de sus integrantes se les habían revisado antecedentes penales. Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia desde 1995, fue su impulsor más visible: autorizó la creación de sesenta y siete Convivir en el departamento y defendió la figura con una convicción que después arrastraría toda su carrera política.
En la práctica, las Convivir cumplieron dos funciones decisivas para la reconstitución del paramilitarismo. Superaron los problemas de acción colectiva y coordinación entre estructuras regionales dispersas tras la ilegalización de 1989, ofreciendo una plataforma legal común de articulación. Y devolvieron cobertura jurídica al accionar armado, permitiendo que grupos ya organizados como estructuras ilegales operaran bajo una razón social autorizada por el Estado. Sirvieron como mecanismo de violencia por delegación: ejecutaban acciones que la fuerza pública no podía realizar directamente, en la línea difusa donde la legalidad terminaba y el crimen organizado comenzaba.
En 1997, la Corte Constitucional limitó las Convivir, prohibiéndoles portar armas de uso privativo militar y restringiendo sus facultades de inteligencia. El desmonte formal siguió, pero la absorción de sus integrantes y recursos por las estructuras paramilitares en consolidación ya estaba en marcha. Urabá fue el epicentro de esa transición.
La Casa Castaño y las ACCU
En Córdoba y Urabá se gestaba, mientras tanto, el proyecto que unificaría el fenómeno. Los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil habían atravesado las tres décadas anteriores en una trayectoria que resume, casi didácticamente, la simbiosis entre paramilitarismo y narcotráfico. Fidel se enriqueció como narcotraficante del cartel de Medellín; Carlos hizo carrera criminal desde muy joven; los tres compartían el odio a la guerrilla tras el secuestro y asesinato de su padre a manos de las FARC en 1981. Ese trauma familiar no fue causa suficiente, pero sí combustible constante del proyecto paramilitar que edificaron.
Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —ACCU— surgieron con raíces desde finales de los ochenta y se consolidaron formalmente en la primera mitad de los noventa. Su modelo articuló alianzas con narcotraficantes, hacendados y ganaderos, líderes políticos regionales y sectores del Ejército, especialmente en la zona bananera. Carlos Castaño desplegó una estrategia mediática que ningún grupo armado colombiano había intentado con esa sistematicidad: entrevistas en televisión, libro autobiográfico, discurso contrainsurgente destinado a construir legitimidad social para un proyecto declarado ilegal. La operación funcionó: sectores amplios de la opinión pública, y no solo de las regiones donde operaba, empezaron a asumir el marco interpretativo que las ACCU proponían.
El 18 de abril de 1997 se formalizó el paso decisivo. Los jefes de nueve organizaciones paramilitares regionales se reunieron y conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—, definidas como un movimiento político-militar antisubversivo con dirección única y estado mayor conjunto. Las ACCU y la Casa Castaño ejercieron el liderazgo político e ideológico; las Autodefensas de Puerto Boyacá, herederas del proyecto de Henry Pérez, y las estructuras del Magdalena Medio bajo Ramón Isaza, entre otros grupos, aportaron su experiencia y territorios. Salvatore Mancuso emergió como uno de los comandantes principales, con base en el sur de Córdoba y proyección sobre el Catatumbo. Rodrigo Tovar Pupo, "Jorge 40", asumió el Bloque Norte con jurisdicción sobre la Costa Atlántica. Diego Fernando Murillo, "Don Berna", articuló el Bloque Cacique Nutibara sobre Medellín y su Valle de Aburrá. Iván Roberto Duque, "Ernesto Báez", y Freddy Rendón, "El Alemán", completaron una nómina de mandos que asumieron un proyecto de alcance nacional.
La era del terror: 1997-2004
La masacre de Mapiripán, en julio de 1997, marcó el cambio de estrategia. Hasta entonces, la violencia paramilitar había sido predominantemente expedicionaria: incursiones que dejaban una estela de muertos y regresaban a la base. Mapiripán inauguró la lógica del emplazamiento y el control territorial. Aviones despegaron desde el aeropuerto de Apartadó y aterrizaron en San José del Guaviare —bajo control militar— con hombres que después bajaron por el río hasta el municipio del Meta, donde ejecutaron durante cinco días sin que la fuerza pública interviniera. Uno de los fines documentados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín fue el control del cultivo de coca y el tráfico de narcóticos por el río Meta.
Entre 1997 y 2000, los paramilitares cometieron más de doscientas cincuenta masacres, con mil setecientos muertos, dirigidas prioritariamente contra la población civil y sin resistencia significativa de la fuerza pública. La lista de topónimos que quedó inscrita en la memoria del país es larga y no admite compresión sin injusticia: Mapiripán en 1997, El Aro y La Granja en 1997 en el nordeste antioqueño, Puerto Alvira el 4 de mayo de 1998 —donde testimonios describen personas quemadas vivas—, La Gabarra en el Catatumbo en 1999, El Salado en los Montes de María en febrero de 2000, El Naya en el Cauca en 2001. En El Salado, la lógica del terror apuntó a la destrucción total de los espacios sociales, con vaciamiento del territorio y expulsión mediante violencia pública prolongada. En Ovejas, en la misma región, operó una lógica distinta de subordinación con destrucción parcial. En Granada, oriente antioqueño, se registraron diez masacres entre 2000 y 2004 con cincuenta y nueve víctimas, en un departamento donde el 74,4 % de las masacres del período fueron cometidas por paramilitares.
La violencia sexual se ejerció sistemáticamente como parte de la estrategia de desplazamiento y castigo contra poblaciones asociadas —arbitrariamente, en los términos de la sistemática paramilitar— con la guerrilla. Los desplazamientos masivos que siguieron produjeron el despojo de tierras que narcotraficantes y paramilitares adquirieron después, en un ciclo económico deliberado donde la masacre precedía y habilitaba la transferencia de propiedad. No fue efecto colateral: fue función.
Sentencias posteriores del Tribunal Superior de Bogotá en la Sala de Justicia y Paz, en particular la dictada contra el paramilitar conocido como Cabo Machado, documentaron la participación de altos funcionarios de la Fiscalía, el DAS, el Ejército y la Policía en el proyecto de las ACCU. Se establecieron al menos 5.700 homicidios entre 1999 y 2003 con participación, aquiescencia o tolerancia de personal e instituciones oficiales en la región. Esa cifra —solo la del arco temporal más comprimido y solo la de una jurisdicción— basta para desmentir cualquier lectura que reduzca la relación entre Estado y paramilitarismo a una connivencia marginal.
La parapolítica
A comienzos del nuevo milenio, las AUC diseñaron una estrategia de captura del poder político regional. Establecieron contactos con aspirantes a alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas departamentales y Congreso. Aprovecharon la proliferación de partidos habilitada por la Constitución del 91 para construir una gran bancada afín, distribuida entre movimientos como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Convergencia Popular Cívica, Apertura Liberal, Alas, Cambio Radical y sectores del liberalismo y el conservatismo tradicionales.
El caso de Eleonora Pineda, concejal de Tierralta que dio el salto a la Cámara de Representantes con una votación desproporcionada a su trayectoria, ilustró el mecanismo. Su condena por vínculos con Mancuso y Edward Cobos Téllez —"Diego Vecino"— confirmó judicialmente lo que las cifras electorales sugerían. Se abrieron procesos contra 107 congresistas por vínculos con el paramilitarismo, 21 fueron condenados, tres gobernadores fueron condenados y otros dieciséis procesados. Los partidos afines al uribismo concentraron 84 de los congresistas involucrados. Para las elecciones de 2006, varias listas fueron purgadas de candidatos comprometidos, pero estos fueron incluidos posteriormente en otras listas y resultaron elegidos.
La infiltración desbordó el Congreso. Alcanzó la rama judicial, organismos de control, gobernaciones, alcaldías y la contratación pública en decenas de municipios donde la corrupción local sirvió de base para el ascenso al Congreso y este, a su vez, retroalimentó el poder territorial. Hasta mayo de 2013, ninguno de los congresistas condenados por parapolítica había pagado las multas judiciales impuestas. Varios firmantes del Pacto de Ralito —el acuerdo político-militar suscrito en 2001 entre líderes paramilitares y políticos regionales— fueron absueltos por falta de prueba distinta a la firma, bajo el argumento jurídico de que firmar no genera por sí solo responsabilidad penal, aunque sí una responsabilidad política que en muchos casos nunca se asumió.
Santa Fe de Ralito y la desmovilización
El 15 de julio de 2003, el gobierno de Álvaro Uribe firmó con las AUC el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. Las AUC se comprometían a desmovilizar la totalidad de sus miembros en un proceso gradual que debía culminar el 31 de diciembre de 2005. El proceso, regido por la Ley de Justicia y Paz sancionada en 2005, se extendió finalmente hasta noviembre de 2006 y produjo 31.521 desmovilizados. Comenzó con el Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y culminó con el Bloque Élmer Cárdenas.
La cifra fue impresionante y controvertida en la misma proporción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que algunas comunas de Medellín mantenían fuerte presencia y control paramilitar pese a la desmovilización del Cacique Nutibara. Investigadores documentaron que entre los participantes en las ceremonias había sicarios contratados que no pertenecían a las estructuras que se desmovilizaban. La cantidad de armas entregadas resultó muy inferior a la conocida. Desde la propia zona de ubicación de Santa Fe de Ralito, los principales líderes continuaron comandando sus estructuras y ordenando crímenes durante el proceso.
La desmovilización del Bloque Norte de "Jorge 40" quedó marcada por tensiones que la volvieron una negociación inconclusa, con zonas de ubicación establecidas mediante resoluciones presidenciales de enero y febrero de 2007. En 2008, el gobierno extraditó a Estados Unidos a los principales jefes paramilitares por cargos de narcotráfico. Organizaciones de víctimas y derechos humanos objetaron que la medida privilegiaba delitos comunes sobre crímenes contra la humanidad, y que al no existir convenio de cooperación judicial con Estados Unidos, el acceso de los extraditados a los procesos de Justicia y Paz quedó severamente limitado. Un balance de mayo de 2009 registró que solo se habían confesado 4.575 de 19.468 crímenes documentados hasta esa fecha.
El proceso produjo, sin embargo, algo que ningún mecanismo anterior había logrado: una masa considerable de verdad judicial —las versiones libres de los excomandantes— que se articuló con la reconstrucción histórica del conflicto y que el Centro Nacional de Memoria Histórica sistematizó en sus informes. La diligencia de memoria histórica se configuró como una versión libre ampliada, sin ser un procedimiento obligatorio ni parte de protocolos formales de investigación, pero ofreció por primera vez una radiografía del proyecto paramilitar desde adentro.
La continuidad: Bacrim y GAO
El gobierno Uribe declaró oficialmente que con las desmovilizaciones el paramilitarismo había desaparecido. La afirmación no sobrevivió al examen empírico. Desde 2006 emergieron múltiples grupos armados compuestos por excombatientes rearmados, miembros de estructuras que nunca se desmovilizaron y nuevos reclutas: Los Rastrojos, Los Pachenca, Los Caparrapos, Los Urabeños —hoy Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia—, La Oficina Caribe, las Águilas Negras. El primer desplazamiento masivo atribuido a estos grupos ocurrió en Villa Carminia, corregimiento de Montelíbano, en el sur de Córdoba, el territorio matriz del proyecto Castaño.
El debate sobre su naturaleza —nuevos paramilitares, bandas criminales, grupos armados organizados— fue en parte semántico y en parte políticamente cargado. El gobierno prefirió Bacrim para evitar reconocer la continuidad del fenómeno; la academia construyó tipologías —nuevos ejércitos paramilitares, fuerzas criminales anexas, nuevas autodefensas— según origen, forma organizativa y objetivos. Lo indiscutible es que operan en territorios donde las AUC tuvieron presencia, ejercen control territorial y social mediante intimidación, articulan economías ilegales del narcotráfico con protección coercitiva de actividades legales, y mantienen intactas las redes locales de complicidad con sectores políticos, económicos y de la fuerza pública que hicieron posible el ciclo anterior.
Balance de un dispositivo
Cinco décadas después del Decreto 3398, el paramilitarismo colombiano admite dos lecturas que no se anulan sino que se complementan. La primera lo entiende como un producto institucional del Estado: no la desviación de un aparato coherente, sino la aplicación consecuente de una doctrina contrainsurgente que en 1965 delegó legalmente la violencia en coaliciones regionales y que, en cada ciclo posterior —MAS, Convivir, AUC—, reprodujo esa lógica bajo nuevas formas jurídicas o de facto. La segunda lo lee como la construcción desde abajo de coaliciones de élites regionales —ganaderos, narcotraficantes, políticos locales, mandos militares de brigada— que capturaron instrumentos estatales para sus propios fines de control territorial, despojo y captura política.
Ambas lecturas describen dimensiones reales del fenómeno. El Estado colombiano no fue un actor unitario: el gobierno Barco ilegalizó las autodefensas en 1989, la Corte Suprema declaró inconstitucional el parágrafo tercero del artículo 33, la Corte Constitucional limitó las Convivir en 1997, la Fiscalía procesó a más de un centenar de congresistas. Pero esas rupturas institucionales nunca fueron acompañadas del desmantelamiento efectivo de las coaliciones regionales que sostenían el fenómeno. Esa ambigüedad estructural —el Estado central oscilando entre amparar, tolerar y perseguir; los poderes regionales manteniendo la continuidad debajo— fue la condición que permitió la mutación permanente del dispositivo. Cada intento de cierre normativo produjo, en lugar de un desmontaje, una recomposición bajo nuevo nombre.
El paramilitarismo dejó un país con más de 150.000 víctimas directas en el momento álgido de las AUC, millones de desplazados, millones de hectáreas despojadas, una clase política cuya renovación quedó comprometida por la parapolítica, y una relación entre Estado y sociedad marcada por la evidencia empírica de que el monopolio de la violencia legítima nunca fue plenamente ejercido por instituciones democráticas. La palabra autodefensa —tomada de la tradición legítima del vecindario que se protege— acabó nombrando exactamente lo contrario: la forma en que sectores del poder colombiano organizaron la ofensiva armada contra la población civil bajo mandato o tolerancia estatal. Comprender cómo esa palabra pudo cubrir esa realidad durante casi seis décadas es, todavía hoy, una de las tareas pendientes del país.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Carlos Castaño — líder de las ACCU y arquitecto mediático e ideológico de las AUC
- 02Henry Pérez — fundador del paramilitarismo del Magdalena Medio y padre conceptual de la parapolítica
- 03Gonzalo Rodríguez Gacha — narcotraficante que fusionó el cartel de Medellín con el paramilitarismo del Magdalena Medio
- 04Álvaro Uribe Vélez — gobernador de Antioquia que impulsó las Convivir y autorizó 67 en ese departamento
- 05Magdalena Medio — laboratorio del primer proyecto paramilitar plenamente desarrollado del país
- 06Convivir — figura legal de los noventa que sirvió de plataforma organizativa y de expansión para el paramilitarismo de segunda generación
- 07Parapolítica — proceso de captura institucional que llevó al procesamiento de 107 congresistas y la condena de 21
- 08Decreto 3398 de 1965 — norma fundacional que otorgó amparo legal a las autodefensas durante veinticuatro años
Personas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
73 documentos · 102 fragmentos
01Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 521 cita
[1]de control directo de las élites políticas locales y regionales. El general Rojas Pinilla dio el primer paso para desestimular a los grupos armados civiles y despolitizar a la Policía y acabar con sus expresiones subnacionales (el Decreto 1814 del 13 de junio de 1953 la trasladó al Ministerio de Defensa y la convirtió…
p. 52
02Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 144, 1522 citas
[2]con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región” (Colombia, Ejército Nacional, Ayudantía General del Comando del Ejército, 1979, p. 188). Como los habitantes se encuentran en el centro del con fl icto, es necesario incluirlos en…
p. 152
[98]los parlamentarios, el ministro de Defensa justi fi có la violencia de los paramilitares, cali fi cándolos como grupos “de autodefensa”. Él estimaba que se trataba de una “subversión contra la subversión”, de una movilización de un “pueblo […] que se alza cuando es humillado y ultrajado” por los guerrilleros…
p. 144
03Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 17, 733 citas
[3]2010). Este decreto colocaba nuevamente a Colombia en estado de sitio y de paso en el título I del artículo 1 definía que la “Defensa nacional es la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las…
p. 73
[4]2010). Este decreto colocaba nuevamente a Colombia en estado de sitio y de paso en el título I del artículo 1 definía que la “Defensa nacional es la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las…
p. 73
[102]los actores en confrontación van modificándose a medida que el con - flicto armado evoluciona y se prolonga su duración. En consecuencia con lo anterior, Mauricio Romero advierte sobre la com- plejidad de poder mantener diferencias claras en la caracterización de los pa- ramilitares y las autodefensas, proponiendo que…
p. 17
04No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 118, 3362 citas
[5]el territorio nacional una guerra irregular. 322 Ibíd., 21. 119 fifl pr ers enptacir r pr ódflllr cfodlóflfafl (mThffiff-mThoff) 12. Armar a los civiles En 1965 el gobierno de Guillermo León Valencia rompió uno de los pilares del acuerdo establecido por su antecesor, Alberto Lleras Camargo, en el discurso del Teatro…
p. 118
[58]Morroa”. Ni comimos esa noche, nadie quiso comer, ni tomar agua. Fue cuando dijeron: “Nos vamos a desplazar toiticos pa Morroa, toiticos que nos tenemos que desplazar”» 1005. 1004 La primera pertenecía a Salvatore Mancuso y la segunda a Javier Piedrahita, ambos paramilitares. Estos hechos fueron confesados por Mancuso…
p. 336
05El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 651 cita
[6]serie de normas que autorizaron al Ministerio de Guerra para la conformación de grupos de civiles armados para el desarrollo de actividades de con- trainsurgencia, vigilancia y protección, tanto rural como barrial. Así fue como se expidió el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965, mediante el cual se reglamentó la…
p. 65
06America's Other War: Terrorizing ColombiaDoug Stokes · 2005 · p. 922 citas
[7]various armed groups in Colombia’s rural areas left over from the years of la violencia and was principally targeted at the peasant agriculturalists found in Colom- bia’s south. These areas were largely populated by peasants who had either fled the violence of the civil war or were dispossessed through …
p. 92
[8]various armed groups in Colombia’s rural areas left over from the years of la violencia and was principally targeted at the peasant agriculturalists found in Colom- bia’s south. These areas were largely populated by peasants who had either fled the violence of the civil war or were dispossessed through …
p. 92
07Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 256, 4252 citas
[9]armadas paramilitares, como Los Rastrojos, Los Pachenca, Los Caparrapos o Caparros y el Clan del Golfo. En numerosas ocasiones se hicieron denuncias sobre dicha colaboración, como una forma de delegar la seguridad y apoyarse en estructuras paramilitares para el control de la población y del territorio. Sin embargo,…
p. 425
[12]contrainsurgencia. Los extensos perio - dos de legalidad, de la que han estado revestidos los grupos de seguridad privada, se constituyen en un factor central de su sostenimiento y supervivencia. Las autodefensas civiles fueron promovidas y declaradas legales durante 27 años, hasta 1989, cuando el gobierno de Virgilio…
p. 256
08Una sociedad secuestradaCentro Nacional de Memoria Histórica; César Caballero Reinoso (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2013 · p. 381 cita
[10]“La historia detrás del pacto de Ralito”, en VerdadAbierta.com, enero 18 de 2010, [en línea] http://www.verdadabierta.com/ las-victimas/2103-la-historia-detras-del-del-pacto-de-ralito 38 U NA SOCIEDAD SEC U ESTR ADA eran las 8:30 a.m., cuando un miembro de un grupo armado que le salió al paso le dijo: “Me lo tengo que…
p. 38
09Counting the Dead: The Culture and Politics of Human Rights Activism in ColombiaWinifred Tate · 2007 · p. 691 cita
[11]represented by national spokesmen claiming to share a political platform in the late 1990s. Paramilitaries historically have acted in concert with and have been supported by the state military apparatus rather than in opposition to the state (an important exception is paramilitaries’ violent repression of state…
p. 69
10Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 461 cita
[13]Seguridad Nacional de 1978. Por tanto, entre 1965 y 1989 el paramilitarismo fue legal aunque no lo eran los crímenes cometidos por estos grupos. Según Francisco Gutiérrez, este contexto histórico e institucional fue la cuna de las autodefensas colombianas. Estas surgieron directamente de la decisión y el patrocinio…
p. 46
11Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 555, 9122 citas
[14]con que paramilitares, en connivencia con miembros de la fuerza pública, perpetraron masacres en el nordeste y en el Urabá antioqueño en los años ochenta; 3) el trabajo manco- munado de agentes del Estado, narcotraficantes y paramilitares para lograr la muerte de Pablo Escobar en 1993; 4) el tránsito que…
p. 912
[53]organización y el 30 % restante se destinaba al sostenimiento del grupo armado» 1744. Desde esta región del Magdalena Medio y del sur de Córdoba y el Urabá, hacia mediados de los años noventa, se inició la mayor expansión del paramilitarismo, uno de cuyos fines estuvo relacionado con la proyección del narcotráfico.…
p. 555
12¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 107, 1722 citas
[15]que violaba el Artículo 48 de la Constitución de 1886, según el cual únicamente el Gobierno podía introducir, fabricar y poseer armas y mu- niciones de guerra. Y aunque declaró constitucional el Artículo 25 del mismo decreto, en el que se establecía la posibilidad de crear juntas de autodefensa, aclaró que la…
p. 172
[48]de 1997), 9A. 160 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU –, y en 1997 se dieron cita en un lugar de la región los jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las…
p. 107
13Álvaro Uribe: El Caballo de Troya del NeoliberalismoJuan Manuel López Caballero · 2009 · p. 211 cita
[16]de diverso origen y localidades se proclamaran como fuerzas de ‘autodefensa’. 22 Álvaro Uribe: el Caballo de Troya del Neoliberalismo Existe un antecedente. Por decreto de Alberto Lleras, esas orga- nizaciones eran una forma legal de asociación y de acción. En prin- cipio relativamente válidas, pues incluían el…
p. 21
14El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 33, 434 citas
[17]y mapas, así como la colaboración con el proceso de edición. Al igual que con todos los informes de esta serie, a la Dirección Técnica de la DAV le correspondió la dirección general en términos de orientación, acompañamiento y revisión detallada del conjunto del texto y de su proceso de consolidación y edición. Álvaro…
p. 33
[18]y mapas, así como la colaboración con el proceso de edición. Al igual que con todos los informes de esta serie, a la Dirección Técnica de la DAV le correspondió la dirección general en términos de orientación, acompañamiento y revisión detallada del conjunto del texto y de su proceso de consolidación y edición. Álvaro…
p. 33
[19]uniforme e ir a patrullar con ellos, era legal, era uno como un guía”. (CNMH, CV, Triana, 2017, 13 de julio) Yo en algún momento, como hasta en dos o tres ocasiones, estuve también de guía del Ejército. (…) Prácticamente es que los escopeteros fuimos, I. CREACIÓN Y DESARROLLO 1977-1991 45 guías del Ejército también.…
p. 43
[20]uniforme e ir a patrullar con ellos, era legal, era uno como un guía”. (CNMH, CV, Triana, 2017, 13 de julio) Yo en algún momento, como hasta en dos o tres ocasiones, estuve también de guía del Ejército. (…) Prácticamente es que los escopeteros fuimos, I. CREACIÓN Y DESARROLLO 1977-1991 45 guías del Ejército también.…
p. 43
15Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 49, 522 citas
[21]protección de bienes y tierras de los ganaderos, entre los cuales resaltan Evelio Monsalve, Alberto Villegas, John Yepes, Ignacio López y Carlos Salazar (Fiscalía Dossier ACMM, s. f.). Otros de los ganaderos reconocidos en la región que vivían entre La Estación Cocorná y Las Mercedes eran Gabriel Echeverry, Misael…
p. 49
[25]yo entiendo, este señor Gacha, Pablo Escobar se unieron con los señores estos del Magdalena Medio, formaron las autodefensas en la hacienda Nápoles. Empezó como el ejército privado de ellos. El ejército privado de ellos, pa’ que los cuidaran. En ese momento que tenían un enemigo en común, que era la guerrilla. Ellos…
p. 52
16El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 1542 citas
[22]y su posición anticomunista. El padre veía a la guerrilla y le decía a la gente: “¡Ojo, que son ateos! Un comunista es un aliado del diablo, del mismo Satanás”. 13 Así, durante los años ochenta, tras la estela de muerte que dejaba la cruzada anticomunista, mandos militares, dirigentes polí- ticos del bipartidismo,…
p. 154
[23]y su posición anticomunista. El padre veía a la guerrilla y le decía a la gente: “¡Ojo, que son ateos! Un comunista es un aliado del diablo, del mismo Satanás”. 13 Así, durante los años ochenta, tras la estela de muerte que dejaba la cruzada anticomunista, mandos militares, dirigentes polí- ticos del bipartidismo,…
p. 154
17Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 85, 872 citas
[24]y fincas ganaderas. El surgimiento del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 marca un hito en la evolución del con- flicto en Colombia, llevando el antagonisn1o social a mayores niveles de violencia. En noviembre 1981, el M-19 (una organización guerrillera des- movilizada en 1990) secuestró a Marta Nieves…
p. 87
[95]están lu- chando contra nuestros enemigos, no tenemos ningún interés en comba- tirlos»25. Está visión se oye dentro de los círculos más altos de los mandos militares 26. De esta manera, las relaciones entre el Estado y los grupos son de colaboración en las zonas es en el terreno, mientras el tar. Este análisis se LOS…
p. 85
18La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2791 cita
[26]por militares y paramilitares santuario de las FARC, describe la represión a la que era sometida la población en 1983: « Nosotros decimos que eso puede ser cosa, será de ga- naderos, esos señores del Mas quieren estas tierras, porque no se justifica que ellos nos ataquen en la región sin estar haciendo nosotros nada;…
p. 279
19Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2382 citas
[27]paramilitar en los alrededores de Puerto Boyacá, Henry Pérez desempeñó un papel cada vez más importante en la coordinación e institucionalización del esfuerzo militar en esa región. Pensó que no bastaba sencillamente con dotar de armas a las milicias ciudadanas, in- cluso a milicias capaces de coordinar sus…
p. 238
[28]paramilitar en los alrededores de Puerto Boyacá, Henry Pérez desempeñó un papel cada vez más importante en la coordinación e institucionalización del esfuerzo militar en esa región. Pensó que no bastaba sencillamente con dotar de armas a las milicias ciudadanas, in- cluso a milicias capaces de coordinar sus…
p. 238
20Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 3361 cita
[29]servicios de vigilancia para los ganaderos y los hacendados. Esto, que minó la base social de los paramilitares de Henry Pérez, sumado al enfrentamiento del cartel de Medellín con el Estado, llevó finalmente a la ruptura y enfrentamiento entre los paramilitares del Magdalena Medio con Pablo Escobar (Gutiérrez y Ba-…
p. 336
21El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 311, 3782 citas
[30]temprano como en la célula inicial del Magdalena Medio. Pero solo se convirtió en un factor dominante a finales de la década de 1980, cuando los eos tos de mantener el aparato militar subieron de manera prohibitiva, Una economía tan ineficiente como la ganadería extensiva no podía ya sostener el esfuerzo. El…
p. 311
[96]no solo dio vida, sino que apoyó políticamente a las Convivir (ver por ejemplo las declaraciones en este sentido de Carlos Holmes Trujillo en: E l Tiempo, 27 de agosto de 1997b; y E l Tiempo, 29 de octubre de 1997c). 365 C a p í t u l o i o “una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado…
p. 378
22Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1291 cita
[31]conglomerados empresariales, así como otras estructuras criminales. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, uno de los grandes hitos para el nuevo auge del paramilitarismo no se entiende sin la creación de las conocidas como Convivir. Las Convivir, creadas al final de la presidencia de César Gaviria —Decreto 356 de…
p. 129
23Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 61, 1442 citas
[32]las masacres, los desplazamientos se convirtieron en una de las características de este grupo de paramilitares. Con la crisis de legitimidad y legalidad que vivió el gobierno del entonces presidente Samper, las Fuerzas Militares y gran parte de clase económica regional presionaron por la formación de grupos de…
p. 144
[42]hecho, la violenta expansión paramilitar que se produjo entre 1997 y 2004 dejó más de 150 mil homicidios y desapariciones forzadas, además más de 3.5 millones de desplazados forzados. En todo caso, esta ola de violencia se desató mientras el país observaba el fracaso de los diálogos del Caguán y se creaba la imagen de…
p. 61
24De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 911 cita
[33]marco legal a la defensa que hacían los campesinos de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrille- ros, permitiéndoles el porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas a los particulares que hicieran parte como asociados de dichas Cooperativas” (Tribunal Superior del 92 DE LOS GRUPOS…
p. 91
25Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1051 cita
[34]políticos clandestinos en las ciudades a través de milicias urbanas y acciones de incidencia social y comunitaria desde el Movimiento Bolivariano, proyecto político que las FARC-EP presentaron el 29 de abril de 2000 desde la zona de distensión del Caguán. Alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y políticos El…
p. 105
26Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1301 cita
[35]by Gaviria’s civilian-led defense ministry examining the role that citizens could play in counterinsurgency led to the issuance of Decree 356 in February 1994 establishing “special services of vigilance and security” (Richani 2002, 50–51). The decree allowed anyone, with the approval of the Ministry of Defense, to…
p. 130
27Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 85, 902 citas
[36]entorno, se consolidó el propósito criminal de “erra- dicar: “ la subversión, caracterizada no solo como acciones gue- rrilleras, sino también como toda forma de actividad popular o comportamiento contestatario y muchas veces social”, y de elimi- nar “toda forma de sociedad política populista ”. En esa línea, sindi-…
p. 90
[55]reclama gestionar acuerdos de paz con los Frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, disidentes del proceso de paz con el EPL, en 1991 67. 67 Ver: Bluradio.com, 2015, Iniciar diálogos con disidencia del EPL, piden personeros del Catatumbo y Verdad Abierta.com, 2014, En Catatumbo reclaman mesa con…
p. 85
28Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 1191 cita
[37]las víctimas de desaparición forzada, Plaza de Bolívar – Bogotá. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013. 121 Evolución de la normatividad internacional y colombiana sobre la desaparición forzada 3. Periodo 3: 1995-2002 3.1. Derecho interno 3.1.1. Las Convivir, las medidas contra el secuestro y la tipi fi cación…
p. 119
29Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 18, 962 citas
[38]esas organizaciones de la facultad de utilizar armas y les quitó bue- na parte de las funciones de control y vigilancia que habían ejercido debido a la extrema laxitud en su regulación; no fueron debidamente supervisadas ni reguladas por el Estado durante su vigencia a pesar de los fuertes indicios de relación e…
p. 96
[54]ocurrido en la región de Urabá, en especial en los municipios de Valencia, Tierralta y San Pedro de Urabá. El periodo sobre el cual se enfoca este volumen es el que comprende lo sucedido entre 1994 y 2006. En este volumen la profundización de los cuatro temas referidos complemen- ta la investigación sobre el origen y…
p. 18
30Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 2451 cita
[39]ni al Ejército, pero que tenían más · poder que esas dos instituciones juntas. Estos hombres se dedi- caron a la destrucción de todos aquellos que se asociaban con 249 la izquierda y con el progresismo antioqueño. También trans- formaron en instrumentos del narcofascismo la cultura, las uni- versidades y los centros…
p. 245
31Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 731 cita
[40]Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares (CNMH, 2012c), Romero (1995 y 2003), Dun- can (2006) y Ronderos (2104) resaltan cómo la denominada Casa Castaño fue central en la transición entre la primera generación y la segunda generación paramilitar, mediante la conformación de las ACCU, a mediados de…
p. 73
32Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 1471 cita
[41]liderado por Pablo Escobar, y orientado a forzar al Gobierno a suspender la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. El sucesor de Barco, César Gaviria, ofreció como alternativa a la confrontación terrorista la política de sometimiento a la justicia y aceptó prohibir la extradición en la reforma…
p. 147
33Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1101 cita
[43]produjeron confrontaciones con otros grupos insurgentes o con los reductos de la desmovilización de estos; en dichas disputas, el campesinado también cayó víctima de las balas. Tal es el caso de la guerra contra los Comandos Populares 229 y otros desmovilizados del EPL en regiones como Urabá y el sur de Córdoba, que…
p. 110
34Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 31, 352 citas
[44]aspectos, el ca- pítulo ofrece los antecedentes de formación de los paramilitares y brinda elementos para comprender la manera como a partir de 1997 aplicaron un plan que buscaba constituirlos en un actor polí- tico de orden nacional y convertirlos en autoridades indisputadas en regiones de su interés. 1. La…
p. 31
[62]que no empezó ni acabó en el corregimiento El Salado (municipio de El Carmen de Bolívar) sino que se extendió a los corregimientos Canutal, Canutalito y Flor del Monte (municipio de Ovejas, en Sucre) y la vereda La Sierra (municipio de Córdoba, en Bolívar); masacre de Mampuján, acontecida en el corregimiento Mampuján…
p. 35
35Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 611 cita
[45]to growers at the time. The farc, for its part, harassed competing banana growers. The payments to farc, often made by a former U.S. military pi lot who was a Chiquita man ag er in Colom - bia, continued through at least 1997. 26 These changes on the armed Left coincided with the growth of paramili - tary death squads…
p. 61
36La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 431 cita
[46]enviados a Cesar por el ganadero cordobés Sal- vatore Mancuso, cumplían órdenes de René Ríos, alias Santiago Tobón y del exguerrillero Baltazar Mesa Durango (Verdadabier- ta.com, 22 de agosto de 2013, “La historia del “Juan Andrés Ál- varez””). En 1996 el paramilitarismo iniciaba una expansión sin precedentes bajo la…
p. 43
37The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 1141 cita
[47]for being a guerrilla nest, a pueblo guerrillero. Their spectacular violence was an act of purification and reeducation. The violence was performed by paramilitary groups, which had turned into powerful and well-organized regional armies. Their development and expansion were the result of the leadership and initiative…
p. 114
38Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 32, 1922 citas
[49]CÓRDOBA, BAJO ATRATO Y DARIÉN 2.2 Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (1997-2006): consolidación de bloques Una vez se consolida el proyecto paramilitar en las regiones del Urabá antio- queño y cordobés, y en la cuenca baja y media del río Atrato en el departa- mento del Chocó, Carlos Castaño buscó expandir la…
p. 192
[50]solo a implantar el paramilitarismo en Antioquia, Córdoba y Chocó. A partir de la alianza que sellaron con líderes paramilitares de otras regiones del país para la conforma- ción de las AUC, lograron un alcance nacional, extendiendo sus prácticas y esquemas de operación a otros territorios. Esto significó un…
p. 32
39Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 1041 cita
[51]grupos armados bien constituidos 24. Sin embargo, el alcance de estas acciones se limitaba a sus zonas de influencia. Esta característica cambió con la aparición de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en la región de los Llanos Orientales. En 1996 las ACCU, surgidas en 1994, emprendieron la ins-…
p. 104
40La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 68, 3092 citas
[52]ya entrada la década de los noventa, sirvieron como plataforma para el posicionamiento, a nivel nacional, de los hermanos Castaño, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y en la dimensión regional, de los grupos paramilitares en el sur del Chocó y su costa…
p. 68
[75]en Santafé de Ralito. Diciembre Desmovilización del Bloque Calima (exclusión de Gordolindo). Noviembre AUC declara cese de hostilidades. Enero Inicio negociación política. Reconfiguración del Bloque Pacífico. 2002 2003 2004 310 LA GUERRA VINO DE AFUERA EL BLOQUE PACÍFICO EN EL SUR DEL CHOCÓ: UNA HERIDA QUE AÚN NO…
p. 309
41Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 1321 cita
[56]a la reunión ahí… eso reunieron toda la gente en un parque y el que no salía lo mataban ahí. Los mataban así y la gente mirando y los mataban ahí. Entr.: O sea ¿y todo eso se lo contó a usted su familia después? Edo.: No, a todos nosotros nos cogieron, estábamos todos ahí e iban sacan- do. Venía un sapo, venía…
p. 132
42Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1361 cita
[57]Los testimonios recogidos por la Comisión a pobladores de Charras reconstruyen los hechos: «Era un domingo. Llegó don Felipe, que vendía joyas, y dijo: “mire que allí viene el Ejército”. Como dijo que era el Ejército nadie dijo nada; cuando llegaron los camiones se bajó esa gente y rodearon el caserío. […] Ahí en el…
p. 136
43Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 771 cita
[59]al resto del país. Se reproducía en cada localidad, con la disciplina militar de verdaderos psicópatas organizados. Hecho el ensayo y vistos sus resultados, el modelo de arrasamiento se aplicó luego a otras regiones y goza del silen- cio de la prensa oficial en Colombia. Y del silencio de la prensa en los países con…
p. 77
44Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1971 cita
[60]no tenían títulos de propiedad, lo que hace más compleja su restitución. Entre las masacres más emblemáticas se destaca la per- petrada en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, en julio de 1997. Carlos Castaño después de celebrar su éxito sentenció que “habría más mapiripa- nes”. Véase: Corte IDH, 2005.…
p. 197
45La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 981 cita
[61]cuerpo, sino que lo asumió como un botín de guerra. La tierra arrasada constituye una marca de vul- neración del territorio del «enemigo» que el victimario imprime, especialmente cuando es incapaz de ejercer un control duradero del territorio. En esa perspectiva adquieren sentido las marcas en el territorio a través…
p. 98
46La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armadoCentro Nacional de Memoria Histórica, Rocío Martínez Montoya · 2017 · p. 671 cita
[63]se usó para enviar un mensaje a la población en general sobre la posibi- lidad de ser las víctimas potenciales de los mismos hechos. La vio- lencia sexual se constituyó en parte de la estrategia para desplazar, atemorizar y castigar a la población que fue asociada a la guerrilla por estar en territorio de dominio…
p. 67
47Granada: Memorias de guerra, resistencia y reconstrucciónMarta Inés Villa Martínez, Laura Cartagena Benítez, Fernando Valencia Rivera · 2016 · p. 1771 cita
[64]cometidas por paramilitares, el 17, 3 por ciento por guerrillas, el 7, 9 por ciento fuerza pública en acciones conjuntas y 0, 4 por cien- to otros grupos (CNMH, 2012, página 47). Según el Banco de da- tos de Cinep (2003) en la subregión del oriente antioqueño hubo 58 masacres entre 1988 y 2005; cada uno de estos…
p. 177
48Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 72, 982 citas
[65]del Es- tado, en la rama judicial y en los organis- mos de control. También han influido en la elección de cargos públicos en el nivel regional. De esta manera, la corrupción lo- cal que les sirvió de base para su llegada al Congreso ha podido, en algunos casos, re- troalimentar el poder y el control local. Al mismo…
p. 72
[83]adecuadamente a las víctimas [117] 2.9 Desinformación sobre la programación de las versiones libres de los jefes paramilitares desmovilizados [119] 2.10 Conocimiento de la Ley de justicia y paz [119] 2.11 Dificultades de las víctimas para contar con representación judicial [120] 2.12 Ausencia de una estrategia de…
p. 98
49La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 891 cita
[66]una gran bancada en el Congreso que les permitiera ventilar sus intereses en los órganos de decisión de la Nación. Para tal efecto, les fue útil la proliferación de partidos políticos promovida por la Constitución de 1991. De hecho, para el momento en que las AUC estaban unificadas, ya existían varios movimientos…
p. 89
50Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1891 cita
[67]que los anteriores ejemplos, hasta dónde estaba dispuesto a ir el Gobierno en su afán por satisfacer sus propios intereses: magistrados de las Altas Cortes, periodistas y políticos de la oposición, académicos, intelec- tuales, fueron objeto de seguimientos ilegales por parte de agencias estatales para calumniarlos e…
p. 189
51Herederos del mal. Clanes, mafias y mermelada. Congreso 2014-2018León Valencia, Ariel Ávila Martínez · 2014 · p. 1551 cita
[68]Je es delinqmr agrava o por s B' " lias "Macaco" asi como el "Don Berna" alias "Ernesto aez y a., 1. ' ' N c 1 a y a regwn b. d n a su campana en aucas ue estos nn aro h h apoyo.q 1 d t men to de Antioquia. Por estos ec os del BaJO Cauc.a e~ e eparda, pagar 45 meses de prision y de... dmana la con eno a. la JUStlCla…
p. 155
52Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 681 cita
[69]adicionalmente, los medios de comunicación van “tras el gran escándalo”, restándole importancia a la investigación regional y local. - Se registran procesos judiciales que si bien existieron y tuvieron efectos serios sobre los responsables, en especial aquellos que fueron juzgados en la Corte Suprema de Justi - cia,…
p. 68
53Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 341 cita
[70]agregado, la prin- cipal de ellas las elecciones a las alcaldías. Tal como se sostuvo en un documento anterior: “el nuevo frente de las autodefensas en Colombia lo constituye el dominio de actividades estratégicas en las ciudades más grandes e importantes del país. Mediante una extensa estructura de redes que se…
p. 34
54El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1092 citas
[71]paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…
p. 109
[72]paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…
p. 109
55Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 411 cita
[73]los derechos humanos y los crímenes de guerra, y la desmovilización se demuestre con los hechos y no solo sobre el papel» (20 de junio de 2003). Después de una fase exploratoria, el 15 de julio de 2003, se firmó un acuerdo que tenía como objetivo «el logro de la paz nacional a través del fortalecimiento de la…
p. 41
56«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 241 cita
[74]de Amnistía Internacional muestra que esto es válido para todos los procesos de paz y desmovilización, tanto de paramilitares como de grupos guerrilleros. El gobierno colombiano ha pedido reiteradamente a Amnistía Internacional que reconozca que el proceso de desmovilización de más de 31.000 paramilitares del que se…
p. 24
57Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1341 cita
[76]of those who participated in the demobilization ceremonies were in reality not paramilitary combatants but hired sicarios who pretended to be AUC fighters; 3) the quantity of weapons turned over was much less than what the paramilitary were known to possess; 4) the subsequent activities of those who laid down their…
p. 134
58Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1921 cita
[77]delincuentes políticos, o sediciosos. Y así quedo establecido en la Ley de Justicia y Paz elaborada por el gobierno tiempo después. Acto se-guido, vendría el apoyo a sus compinches políticos para las elecciones al congreso en el 2002; la “elección” (de Uribe) parapresidente ese mismo año, y para las elecciones…
p. 192
59Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1921 cita
[78]delincuentes políticos, o sediciosos. Y así quedo establecido en la Ley de Justicia y Paz elaborada por el gobierno tiempo después. Acto se-guido, vendría el apoyo a sus compinches políticos para las elecciones al congreso en el 2002; la “elección” (de Uribe) parapresidente ese mismo año, y para las elecciones…
p. 192
60Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 281, 4794 citas
[79]por homicidio y nexos con la organiza - ción criminal de Marcos Figueroa (Fundación Ideas para la Paz, 2014-b, página 38). 3.8 Discusión sobre el carácter de los grupos armados posdesmovilización AUC A partir de la desmovilización de estructuras de las AUC, entre 2003 y 2006, permanecieron varias de ellas activas y…
p. 281
[80]por homicidio y nexos con la organiza - ción criminal de Marcos Figueroa (Fundación Ideas para la Paz, 2014-b, página 38). 3.8 Discusión sobre el carácter de los grupos armados posdesmovilización AUC A partir de la desmovilización de estructuras de las AUC, entre 2003 y 2006, permanecieron varias de ellas activas y…
p. 281
[82]a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…
p. 479
[84]a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…
p. 479
61Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 1321 cita
[81]parecían tareas convergentes. Se politizaba la criminalidad de los paramilitares, asociándola al delito de sedición, y por consiguiente se la hacía negociable; mientras se criminalizaba a la insurgencia como “amenaza terrorista”, y su agenda se convertía en no negociable. En suma, se pueden destacar los siguientes…
p. 132
62Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 2362 citas
[85]of Colombian government, July 27, 2010. 220 Notes to Pages 128–134 51. “¿Qué tanto ha funcionado Justicia y Paz?” Semana, February 15, 2010, http:// www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/que-tanto-ha-funcionado - justicia- paz/112945- 3. 52. Alto Comisionado para la Paz, “Comunicado de prensa,” Octo ber 22,…
p. 236
[86]of Colombian government, July 27, 2010. 220 Notes to Pages 128–134 51. “¿Qué tanto ha funcionado Justicia y Paz?” Semana, February 15, 2010, http:// www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/que-tanto-ha-funcionado - justicia- paz/112945- 3. 52. Alto Comisionado para la Paz, “Comunicado de prensa,” Octo ber 22,…
p. 236
63Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 581 cita
[87]un proce- so de resocialización, solo hasta finales de 2013, después de 7 años en prisión, el Inpec y el Ministerio de Justicia pusieron en marcha este tipo de programas en algunas de las cárceles. La prisión no se pensó nunca como un espacio de reconciliación, solo como unas instalacio- nes de las que los…
p. 58
64Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 4251 cita
[88]sólo un operador judicial (encargado de ejecutar y administrar el proceso investigativo) sino que adicionalmente puede ser potencialmente un agente de “reconstrucción histórica”. En este contexto, la verdad histórica se relaciona con la verdad judicial (Sarat y Kearns 2002). La diligencia de reconstrucción de la…
p. 425
65Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1191 cita
[89]con entidades públicas, y distintos secto- res sociales, militares, políticos, y empresariales. Vemos, pues, cómo este proceso que inicia con fuertes vacíos y ocultamientos sobre “los hombres de atrás” por parte de los postulados en las versiones libres, cierra así en esta etapa judicial el círculo de silencio en el…
p. 119
66Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 4721 cita
[90]los de la criminalidad común. Posteriormente, se procede a construir una matriz analítica, donde se relacionan estas variables, identificando para cada grupo neoparamilitar los siguientes elementos en cada una de las dimensio - nes. En la primera, su origen, se determina si el grupo es un reducto de una unidad…
p. 472
67Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 25, 2622 citas
[91]de un desplazamiento predominan- temente intra-municipal y, según la Defensoría del Pueblo, a cuen- ta gotas: pequeños grupos y familias que deben trasladarse de la zona rural al casco urbano de sus municipios, en razón de las pre- carias condiciones de seguridad y los enfrentamientos entre los GAPD. Aun así, el…
p. 262
[94]la mayoría de las veces la gasolina es usada como insumo para las actividades de la producción de la pasta básica de la cocaína y el clorhidrato de coca. Por ejemplo, la gasolina robaba en el Magdalena Medio es un insumo para los grandes laboratorios de producción de cocaína en el Sur de Bolívar. 26 Grupos Armados…
p. 25
68La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 5251 cita
[92]y Paz, por lo que reco- bró su libertad en 2016. Al salir de la cárcel habría conformado una orga- nización armada en el corregimiento El Palmor del municipio de Ciéna- ga, Magdalena. Esta organización ha sido reconocida por las autoridades como una de las que comanda el negocio del narcotráfico en esa región. Resulta…
p. 525
69Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 4911 cita
[93]Red 1 1 1 1 Nuevas Autodefensas Rearmados Híbridos 2 1 3 2 Fuerzas crimina- les anexas Emergentes Híbridos 3 2 4 1 Emergentes Jerárquicos 3 - 3 - Disidentes Híbridos 2 1 2 - 490 Guerra y violencias en Colombia como: la Organización Nueva Generación, el bloque Hermanos Castaño, Los 40 y Contrainsurgencia Wuayú 17. Es…
p. 491
70Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 2091 cita
[97]Báez, alias Ariel Otero, comandante paramilitar del Magdalena Me- dio, el entrenamiento dentro de la estructura paramilitar tenía un componente ideológico que procedía de los manuales del Ejército, enfocado en la construcción identitaria del enemigo comunista (Policía Nacional, 1989, página 20; Semana, 1989, 5 de…
p. 209
71Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 601 cita
[99]la infiltración de instituciones civiles y militares del departamento, tal cual se evidencia en la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en contra del paramilitar conocido como Cabo Machado (Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, 2011), donde señala la par - ticipación de…
p. 60
72Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 1591 cita
[100]colombiano enfrenta los mismos dilemas de otros ejércitos que tienen a un enemigo irregular: tiene una gran ventaja tecnológica sobre su enemigo, pero mucha menor movilidad que él. No puede estar en todo los lugares al tiempo por sus límites financieros y de personal. Puede despojar a la guerrilla de sus territorios,…
p. 159
73¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 1031 cita
[101]repositorio de esperanzas democráticas y protagonista de paros cívicos que transformaban la sociedad y ponían en cuestión los poderes estable- cidos, la "periferia" territorial se convirtió en escenario de captura del Estado, primero con el fenómeno del narcotráfico y después, en mucha mayor escala, con el del…
p. 103