Catatumbo

El Catatumbo

En el nororiente de Colombia, donde la cordillera Oriental se desfleca en serranías bajas antes de desplomarse hacia el lago de Maracaibo, se extiende una región que la geografía política llama Catatumbo y que la historia nacional ha tratado, ciclo tras ciclo, como una cantera. Ocupa buena parte del departamento de Norte de Santander —los municipios de Convención, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú—, la atraviesa el río que le da nombre y contiene el grueso de la frontera del departamento con Venezuela. A unas dieciséis horas de Bogotá por carretera, distante también de Cúcuta, es a la vez remota y central: remota para el Estado, central para la economía extractiva que ha ordenado el país durante un siglo. De aquí se ha sacado quina, petróleo y cocaína sin que ninguno de esos ciclos se tradujera en desarrollo para quienes habitan la región, y cada auge ha llegado precedido de una operación de despeje —contra los Barí, contra los campesinos, contra las guerrillas— y seguido de una retirada institucional. Entender el Catatumbo es entender un patrón que Colombia ha repetido en varias de sus periferias, pocas veces con la nitidez con que se lee aquí.

Un territorio antes del mapa

Antes de ser concesión, oleoducto o zona roja, el Catatumbo era el territorio del pueblo Barí, también llamado motilón-barí. Su patrón de asentamiento era estacional: vivían en grandes casas comunales, los bohíos, habitadas por cerca de cincuenta personas, y ocupaban varias de ellas de manera rotativa a lo largo del año, siguiendo el ritmo de la caza, la pesca y el cultivo en la selva húmeda del piedemonte. Su territorio ancestral se extendía por lo que hoy son Norte de Santander y el occidente venezolano, en un continuo que la frontera republicana partiría después en dos.

El contacto con la Corona española fue temprano y violento. La región aparece en las crónicas del siglo XVII —Jacinto de Carvajal recorrió parte del bajo Catatumbo en 1647 dejando una relación del viaje—, pero durante buena parte del período colonial los Barí lograron mantener a raya a españoles y criollos mediante una combinación de retirada selva adentro y resistencia armada. El precio de esa autonomía fue alto: quedaron marcados con el nombre despectivo de "motilones", que los redujo a la categoría de indios bravos, refractarios a la evangelización y a la encomienda, aptos únicamente para la guerra de reducción.

Esa guerra fue larga. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, hacendados respaldados por empresas militares de las élites regionales emprendieron acciones "pacificadoras" contra los Barí, mientras la Iglesia sumaba misiones orientadas a "civilizarlos". El efecto acumulado fue una amputación sostenida del territorio y de la población. En algún punto de ese proceso, un grupo indígena fue perseguido de asentamiento en asentamiento por colonos blancos hasta quedar reducido a unas veinte familias refugiadas en las soledades de la quebrada Orú, entre dos serranías, despojado incluso de su nombre nacional y rebautizado con el mote de "patajameños". La reducción no fue solo demográfica ni territorial: fue también nominal. Se les quitaba la tierra, y con la tierra el nombre.

La concesión Barco y la llegada del petróleo

El siglo XX empezó para el Catatumbo con una firma en Bogotá. En 1905, durante la presidencia de Rafael Reyes, se otorgó a Virgilio Barco Martínez —terrateniente santandereano, abuelo del futuro presidente— una concesión petrolera de cincuenta años sobre un vasto polígono en el Catatumbo. La concesión Barco nació, como su gemela De Mares en el Magdalena Medio, en el momento exacto en que Colombia empezaba a ser leída por las cancillerías del norte como reserva estratégica de crudo.

El contexto internacional fue decisivo. La Revolución Mexicana, entre 1910 y 1917, puso en riesgo la extracción petrolera extranjera en México y empujó a Gran Bretaña y Estados Unidos a buscar en Colombia una fuente alternativa. El gobierno de José Vicente Concha ensayó, entre 1914 y 1918, negociar con la casa Pearson de Inglaterra algunas concesiones, en un tablero donde la Standard Oil presionaba simultáneamente para que se resolviera el diferendo por el canal de Panamá. La declaratoria de caducidad de las concesiones De Mares y Barco durante ese período obedeció, más que a razones jurídicas, a las necesidades diplomáticas del país: sin firma del Tratado Urrutia-Thompson con Estados Unidos —que finalmente indemnizó a Colombia por la separación de Panamá—, no habría petróleo para nadie.

Roberto de Mares leyó el momento con precisión y trasladó su concesión a capitales norteamericanos: la Tropical Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil, se quedó con el Magdalena Medio. Barco siguió una ruta comparable. En 1918 se formó la Compañía Colombiana de Petróleos con participación del concesionario y de representantes del Carib Syndicate —Carl McFadden, W.E. Griffiths y George DuBois—, quienes poco después transfirieron los derechos a la Colombian Petroleum Company, constituida en Delaware. De ahí la concesión pasaría a la South American Gulf Oil. El nombre "Barco" quedó adherido al pozo y al oleoducto, pero la propiedad efectiva del subsuelo del Catatumbo era, ya para los años veinte, un asunto que se decidía en juntas directivas norteamericanas.

Lo que siguió fue la mecánica clásica del enclave. El territorio de la concesión se superponía casi exactamente con el territorio ancestral Barí, y el contrato lo previó. El Estado colombiano se comprometió a usar la fuerza pública para repeler a los indígenas en apoyo a la compañía. El documento sobreviviente es explícito: el 2 de septiembre de 1933, invocando la cláusula XIX del contrato, la Colombian Petroleum Company solicitó con urgencia al ministro de Gobierno enviar policías al campamento de La Petrolea para enfrentar a los "motilones". El Estado, que no había construido escuela ni carretera en la región, tenía sin embargo policía disponible para defender la torre de perforación. Con esa asimetría se inauguró la relación institucional del país con el Catatumbo.

Del pozo salió después una red de oleoductos que llevaba el crudo hasta el Caribe: las líneas Tibú-Coveñas, Cienco-Retiro y Viotá-Cienco enlazaban las concesiones Barco y Cienco con el terminal de Coveñas. El petróleo del Catatumbo cruzaba así medio país sin dejar demasiado en los municipios por los que pasaba.

Colonización campesina y frontera abierta

Al enclave petrolero se sumó, casi en paralelo, otra fuerza: la colonización campesina. Colombia vivió en los siglos XIX y XX varias oleadas de colonización, protagonizadas por familias sin tierra que huían de la concentración latifundista y de la violencia política. La primera arrancó a mediados del siglo XIX. La segunda coincidió con La Violencia bipartidista de mediados del XX, y Norte de Santander fue uno de sus destinos: campesinos del interior andino, desplazados por el conflicto entre liberales y conservadores, se internaron en los valles del Catatumbo abriendo monte, ocupando baldíos, fundando veredas.

El patrón fue el mismo que en Caquetá, el Magdalena Medio o el piedemonte llanero. Las zonas de colonización se especializaron en economías extractivas —caucho, quina, maderas, ganado, después petróleo y coca— y reprodujeron, en pequeño y con violencia, la concentración de la tierra de la que sus pobladores habían huido. Grandes propietarios llegaban detrás del colono, compraban o expropiaban las mejoras, y el ciclo se reiniciaba en la siguiente frontera. El Estado no llegaba nunca del todo: ni escuelas, ni puestos de salud, ni carreteras veredales, ni saneamiento básico. Todavía en el siglo XXI, comunidades rurales del Catatumbo carecen de agua potable, electricidad y vías para sacar productos agropecuarios.

La lejanía geográfica reforzó esa marginalidad. Dieciséis horas por carretera hasta Bogotá, distancias grandes hasta la propia capital departamental, cadenas montañosas de por medio: el Catatumbo funcionó, dentro del país, como una periferia doble, alejada tanto del centro nacional como del centro regional. La subregión central de Norte de Santander, cuyo eje es Cúcuta, se estructuró alrededor de una dinámica interfronteriza intensa con Venezuela, con flujos comerciales, sociales y culturales que le dieron peso permanente en la agenda pública. El Catatumbo, en cambio, quedó como su hinterland: proveedor de crudo, receptor de colonos, ignorado por los planes sociales.

Esa condición de frontera —el departamento comparte una extensa línea con el estado venezolano de Zulia— resultó ambivalente. Cerró el territorio para la política social y lo abrió, en cambio, para todos los flujos que prefieren el margen: contrabando, migración irregular, después narcotráfico. Tibú, cabecera del municipio petrolero por excelencia, está a cinco kilómetros de la línea fronteriza. La misma proximidad que facilitaba el paso legítimo de trabajadores y mercancías facilitaba también el paso de todo lo demás.

La segunda economía: la coca

En algún momento entre los años setenta y ochenta, sobre ese sustrato de colonización sin Estado y economía petrolera enclavada, se instaló una tercera capa: la coca. La explotación petrolera operaba desde 1970 y había creado en Tibú y sus alrededores una economía monetaria sin base agrícola sólida; los campesinos de las veredas más apartadas seguían sin caminos, sin crédito, sin mercados. Cuando la hoja llegó como cultivo, encontró suelo preparado.

La expansión fue nacional y espectacular. Entre 1992 y 2001, los cultivos de coca en Colombia crecieron un 286%, pasando de 37.500 a 144.807 hectáreas, en paralelo con una reducción en Perú y Bolivia que reordenó geográficamente el negocio. El salto respondió a una combinación de factores estructurales —pobreza rural, ausencia estatal, crisis de la agricultura legal, tolerancia hacia lo ilícito— que se cumplían casi como en un manual en el Catatumbo. La rentabilidad de la hoja superaba con claridad la de cualquier alternativa legal, y la coca reasignó la mano de obra campesina de manera veloz: sustituyó el trabajo familiar y por reciprocidad por trabajo asalariado, mercantilizó vínculos que hasta entonces se sostenían en el parentesco y el compadrazgo, e inyectó una inflación aguda en productos de primera necesidad, licores, artículos suntuarios e insumos agrícolas.

Los pobladores del Catatumbo lo cuentan sin rodeos: el abandono estatal los llevó a la coca. No fue una elección moral sino una respuesta a la ausencia de alternativas, y la estigmatización posterior del "campesino cocalero" —perseguido con fumigaciones y con operativos militares— llegó sin que el Estado hubiera ofrecido primero garantías reales para una sustitución gradual y concertada. La misma lógica se ha repetido en la Amazonia y en la franja Pacífica, zonas de bajísima densidad poblacional, comunicación precaria y corredores clandestinos hacia los dos mares. El Catatumbo agregó una ventaja adicional: la frontera con Venezuela, que convertía a la región en corredor natural para sacar cocaína hacia Europa vía el lago de Maracaibo. La Gabarra, corregimiento de Tibú, se consolidó como uno de los grandes centros productores del país.

Guerrillas, oleoducto y masas campesinas

Sobre esa geografía —petróleo, colonización, coca, frontera, ausencia estatal— se montaron las guerrillas. El Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia encontraron en el Catatumbo un terreno que parecía diseñado para su lógica: veredas sin policía, corredores fronterizos, rentas extractivas al alcance, campesinos con agravios acumulados. La inserción no fue mecánica ni idéntica en las tres organizaciones, pero convergió en un mismo resultado: durante décadas, quien mandaba en muchas partes del Catatumbo no era el Estado colombiano.

El ELN construyó allí una parte central de su despliegue nororiental. El petróleo fue determinante desde el principio: estuvo en el origen del Frente Armando Cacua Guerrero en la región, y las rentas derivadas de la construcción de oleoductos —extorsiones a contratistas, cobros por seguridad, atentados como herramienta de negociación— fueron decisivas entre 1985 y 1989 para conformar el Frente Efraín Pabón Pabón, que operó en el sur de Norte de Santander y el norte de Boyacá y se hizo cargo después del corredor ABC. En otras zonas del nororiente el fortalecimiento eleno se apoyó más en el trabajo de masas y, ya en los noventa, en la economía cocalera; pero en el Catatumbo la matriz original fue petrolera.

El EPL, con orígenes distintos —grupos de estudiantes e intelectuales urbanos radicalizados que en los años sesenta establecieron tres focos revolucionarios en el Valle del Cauca, el Magdalena Medio y el Alto Sinú y San Jorge— llegó más tarde a Norte de Santander. De sus focos iniciales solo el del Alto Sinú prosperó, y la organización buscó después nuevos frentes; el Catatumbo se convirtió con el tiempo en uno de sus territorios de arraigo. Las FARC, por su parte, sumaron frentes en la región siguiendo su lógica de expansión sobre zonas de colonización cocalera.

La presencia guerrillera no fue solo militar. El nororiente colombiano vivió a fines de los ochenta un ciclo de movilización campesina masiva que el ELN, entre otros, procuró disputar y capitalizar. El 7 de junio de 1987 miles de campesinos y campesinas se movilizaron en el Paro del Nororiente Colombiano, exigiendo al gobierno de Virgilio Barco Vargas —nieto del concesionario petrolero— y a las autoridades regionales mejores servicios públicos, salud, educación, cese de desalojos y fin de la guerra sucia. El movimiento A Luchar tuvo un papel destacado en la organización; hasta qué punto el ELN se mezcló en la movilización sigue en discusión, pero es claro que la guerrilla intentó situarse dentro y no fuera de esa energía social.

Un año después, entre el 22 y el 30 de mayo de 1988, se realizaron las Marchas de Mayo: veinte mil campesinos exigieron respeto a la vida ante los crímenes e intimidaciones atribuidos a "La Mano Negra", con presunta participación de agentes oficiales. Las marchas fueron precedidas por una ola de amenazas, asesinatos de líderes de la Coordinadora Popular del Nororiente y desapariciones forzadas en varios municipios. Entre las víctimas quedó registrada la de un campesino militante de la Unión Patriótica asesinado en Tibú el 13 de abril de 1988 junto con su mujer y su hijo. Ese detalle —el hijo— condensa el tono de la guerra sucia contra el catatumbero organizado: no se mataba al militante, se mataba a la familia.

La entrada del paramilitarismo y la masacre de La Gabarra

El proyecto contrainsurgente que se venía consolidando en Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio bajo la sigla de las Autodefensas Unidas de Colombia llegó al Catatumbo a fines de los noventa con una operación militar y comercial precisa. La región tenía todo lo que las AUC buscaban: guerrilla asentada a la que combatir, coca a la que gravar, un corredor fronterizo para exportar. En el discurso interno, se trataba de "recuperar" el territorio para el Estado; en la práctica, se trataba de desalojar a las guerrillas del negocio para asumirlo.

La masacre de La Gabarra, el 21 de agosto de 1999, marcó la entrada formal. En el corregimiento cercano a Tibú, epicentro cocalero, los paramilitares consumaron una acción de terror que en la memoria regional funciona como fecha fundacional del ciclo siguiente. Entre 1997 y 1999, Salvatore Mancuso dirigió el Bloque Catatumbo de las AUC, encargado de reducir la presencia guerrillera en el nororiente. La llegada de los paramilitares a Norte de Santander había sido solicitada por comerciantes, empresarios y políticos de la región: la sociedad regional visible, no solo los actores armados, hizo parte del cálculo.

El objetivo económico era transparente. La guerrilla controlaba el negocio de la coca en La Gabarra y el Bloque Catatumbo entró para desalojarla y quedarse con esa renta. En Cúcuta, mientras tanto, los paramilitares buscaron desplazar la influencia del ELN, especialmente en las barriadas periféricas. Pero el proyecto no logró implantarse con la solidez con que se implantó en otras regiones: la geografía física del Catatumbo —sierra tupida, cauces difíciles, veredas laberínticas— y la capacidad militar acumulada por unas guerrillas que operaban allí desde hacía décadas impidieron una consolidación completa. La expansión paramilitar rompió, sin embargo, el tejido social campesino con eficacia devastadora, y ese daño moldeó las décadas siguientes.

Tras la desmovilización de las AUC en 2005-2006, los nueve municipios de la subregión mostraron trayectorias diferenciadas de violencia letal, con ocho compartiendo un patrón común y uno constituyendo excepción; las estructuras armadas se reciclaron, la coca no se fue, la guerrilla tampoco desapareció del todo. El Catatumbo entró al siglo XXI con más actores armados que instituciones civiles.

El paro de 2013 y la Zona de Reserva Campesina

La respuesta organizada del campesinado catatumbero al doble golpe del paramilitarismo y la guerra antidrogas se articuló en torno a la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, y a la propuesta de convertir la región en Zona de Reserva Campesina. La ZRC —figura legal creada en los años noventa para reconocer territorios de economía campesina y frenar la concentración de tierra— ofrecía un marco para pensar la región en clave de derechos y no solo de seguridad. Contribuyó, además, a reconstruir el tejido social roto por el Bloque Catatumbo.

En junio de 2013 la disputa se hizo pública. Un paro campesino masivo bloqueó las vías del Catatumbo exigiendo la ZRC y respuestas a las demandas históricas de infraestructura, salud, educación y sustitución concertada de cultivos. El gobierno de Juan Manuel Santos respondió con fuerza: en Ocaña, las tropas del Escuadrón Móvil Antidisturbios fueron reforzadas con seiscientos policías y soldados. El saldo fue duro: dos manifestantes asesinados, cincuenta heridos graves, cientos de arrestados. La Oficina de la ONU denunció uso excesivo de la fuerza. Santos suspendió las negociaciones y rechazó la propuesta de Zona de Reserva Campesina; una reunión que ASCAMCAT solicitó con el vicepresidente Angelino Garzón fue obstruida desde la Presidencia.

El paro, sin embargo, no quedó aislado. Representantes de movimientos campesinos de Guaviare, Meta, Cauca, Nariño, Caquetá, Quindío, Putumayo, Sucre y Antioquia se reunieron en Bogotá para planear una huelga agraria nacional en solidaridad con las demandas del Catatumbo. La región, aislada geográficamente, funcionó por unas semanas como el eje de una movilización agraria de escala nacional: en la periferia se estaban planteando preguntas —sobre tierra, sustitución de cultivos, autonomía territorial— que el centro no lograba responder.

Una geografía de la desatención

Recorrer el Catatumbo del siglo XXI es constatar la superposición de todas las capas anteriores. La explotación petrolera continúa. Los cultivos de coca persisten y con ellos los operativos de erradicación forzada. La guerrilla del ELN mantiene presencia; el grupo conocido como Los Pelusos —heredero disidente del EPL— disputa territorios y rentas; grupos armados posparamilitares operan en corredores. La frontera con Venezuela, tras el colapso económico del vecino desde mediados de la década de 2010, se convirtió también en ruta de migración irregular masiva, sumando una capa más de complejidad a un territorio ya saturado.

Las comunidades han denunciado, con reiteración, atropellos por parte de fuerzas militares: empadronamientos, restricción de víveres, ocupación de bienes civiles, toques de queda, disparos indiscriminados, activación de explosivos contra civiles, incluidos menores. Las autoridades han desmentido esas denuncias atribuyendo los daños al ELN y a Los Pelusos. Entre ambos relatos, la vida cotidiana transcurre en un régimen de inseguridad crónica en el que el Estado aparece más como uno más de los actores armados que como garante de derechos.

El pueblo Barí, mientras tanto, sigue allí. Reducido, replegado, pero presente, ha organizado sus resguardos y disputado en tribunales el reconocimiento de un territorio ancestral que el mapa petrolero borró hace un siglo. Su presencia es un recordatorio incómodo de que la historia del Catatumbo no empezó con Virgilio Barco Martínez ni con la Colombian Petroleum Company: empezó mucho antes, con un patrón de asentamiento estacional en grandes casas comunales que ninguna crónica oficial recogió como patrimonio.

La forma del patrón

Visto en conjunto, el Catatumbo exhibe una continuidad estructural difícil de eludir. Cada ciclo económico —petróleo desde 1905, coca desde los setenta— empezó con una operación de despeje del territorio: policía contra los Barí para la Colombian Petroleum, paramilitares contra la guerrilla y el campesino cocalero para el control del narcotráfico, ESMAD contra la movilización campesina para contener la exigencia de la ZRC. Cada ciclo generó rentas que salieron de la región —hacia Delaware, hacia Coveñas, hacia Europa vía el lago de Maracaibo— sin traducirse en escuela, carretera o acueducto veredal. Cada ciclo terminó dejando la infraestructura de violencia intacta y disponible para el ciclo siguiente.

Sería, sin embargo, un error leer esa continuidad como un destino impuesto desde Bogotá sobre una región pasiva. La región no ha sido solo objeto: en el Catatumbo se construyó buena parte del poder territorial del ELN, se fundó ASCAMCAT, se realizaron las Marchas de Mayo de 1988 y el paro de 2013, y la geografía junto con la capacidad militar acumulada impidieron incluso que el proyecto paramilitar se consolidara como en otras regiones. Lo que persiste no es una dominación unilateral sino una tensión no resuelta entre una lógica de extracción sin desarrollo y una resistencia sin representación efectiva. El Estado central ha sido allí, más que dominador omnipresente, un actor intermitente: presente para firmar concesiones y enviar policía, ausente para construir institucionalidad social.

Esa asimetría —extracción con Estado, desarrollo sin él— es la forma exacta del patrón. La ecuación de despojo, colonización armada y violencia que en tantas regiones colombianas apareció una vez, en el Catatumbo se ha reactivado en tres ciclos sucesivos con los mismos actores estructurales: capital extranjero o ilegal, fuerza pública en función de despeje, iglesia y proyectos "civilizatorios", élites regionales que solicitan la intervención armada, y una población local que va absorbiendo cada capa sin desprenderse de las anteriores. No es una región excepcional ni mártir; es una región donde el patrón nacional se lee con particular nitidez, quizá porque el aislamiento geográfico le impidió disimularlo.

De allí su lugar en la historia de Colombia. El Catatumbo no es un caso periférico útil para completar un mapa: es un texto donde el país puede releer, en versión concentrada, la relación que ha construido con sus fronteras internas. Un archivo abierto de lo que Colombia hace con los territorios que le importan solo por lo que producen.