Falsos positivos

Con el eufemismo "falsos positivos" se conoce en Colombia una práctica criminal cometida por miembros del Ejército Nacional entre los primeros años del siglo XXI y 2008: la ejecución extrajudicial de civiles —en su mayoría jóvenes pobres, trabajadores informales, habitantes de calle y personas con discapacidad— que luego eran vestidos con uniformes de camuflaje, provistos de armas y presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar las estadísticas oficiales de bajas. No fueron episodios aislados ni exabruptos de tropa: constituyeron un patrón geográficamente extendido, con modus operandi estandarizado y complicidades múltiples dentro del Estado. Su magnitud, todavía en proceso de esclarecimiento judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hizo de este fenómeno el mayor escándalo de derechos humanos de la política de Seguridad Democrática y una herida que el país aún tramita.

El nombre y el crimen

El término "falso positivo" proviene de la jerga militar: un "positivo" es una baja del enemigo en combate; el adjetivo "falso" señala que ese resultado fue fabricado. La expresión, aparentemente neutra, oculta la naturaleza del hecho, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad han precisado con exactitud técnica: ejecuciones extrajudiciales de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, seguidas de alteración de la escena del crimen, encubrimiento institucional y estigmatización póstuma de la víctima. La Jurisdicción Especial para la Paz, al abrir su tercer macrocaso, prefirió una fórmula más precisa: "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

La operación tenía, en su forma más recurrente, tres tiempos. Primero, el reclutamiento engañoso: intermediarios civiles —en algunos casos, como se documentó en Soacha en 2008, pagados por el propio Ejército— ofrecían empleo a jóvenes de barrios populares o abordaban a hombres solos en terminales de transporte, plazas de mercado o zonas de rebusque. Segundo, el traslado: las víctimas eran llevadas cientos de kilómetros lejos de su lugar de origen, hasta zonas rurales donde operaban las unidades militares interesadas en registrar la baja. Tercero, la ejecución y la puesta en escena: se les daba muerte, se les cambiaba la ropa por prendas de camuflaje, se les ponía en las manos un arma —con frecuencia un fusil AK-47 sin cargador funcional o de dotación evidentemente distinta a la del Ejército, lo que un observador entrenado habría detectado— y se reportaba el "resultado operacional". Esa puesta en escena tenía un nombre interno, el "kit de legalización", cuya lógica se enseñaba desde la propia Escuela Militar.

Detrás de cada uno de esos cuerpos había una doble violencia: la del asesinato y la de la mentira posterior. La víctima desaparecía de su barrio sin explicación —una forma de desaparición forzada— y, cuando reaparecía, lo hacía en la página policial de un diario regional como "guerrillero dado de baja". La estigmatización póstuma completaba el crimen: la familia debía enterrar no solo a su muerto, sino a la caricatura pública que el Ejército había fabricado con él.

Una arquitectura de incentivos

Preguntar por qué ocurrió esto exige mirar la estructura, no solo a los ejecutores. La política de Seguridad Democrática, inaugurada por Álvaro Uribe Vélez en 2002, hizo de las bajas guerrilleras el indicador principal del éxito militar. El Plan Colombia había reforzado esa vocación cuantitativa: los recursos, los ascensos y el prestigio institucional se medían en cadáveres del enemigo. Sobre ese piso doctrinario se levantó un sistema de estímulos concretos que, con el tiempo, mostraría su capacidad de pervertir la conducta de tropa.

Los incentivos eran de varios órdenes. Materiales: recompensas en efectivo por informaciones que llevaran a "positivos", pagos que en algunas versiones testimoniales alcanzaron el millón de pesos por baja, tomados de fondos de gastos reservados. Prestacionales: permisos de quince días fuera de la unidad, licencias remuneradas, prebendas administrativas. Y simbólicos: condecoraciones, menciones de honor, ascensos. El 4 de mayo de 2008, el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, firmó la Directiva Permanente n.º 0142, que fijaba criterios para el otorgamiento de la Medalla por Servicios Distinguidos en materia de orden público vinculados a las bajas en combate. La directiva —firmada apenas semanas antes de que se agudizaran las desapariciones en Soacha— codificaba un sistema en el que la producción de cadáveres del enemigo era retribuida institucionalmente.

Sobre esa arquitectura descendía la presión de mando. Los comandantes exigían "resultados" a sus subordinados; los oficiales medios trasladaban la exigencia hacia abajo; los suboficiales y soldados, en zonas donde el combate real era escaso o costoso, encontraron en la ejecución de civiles un atajo. Capturas comunicadas por radio eran convertidas en "muertos" por quienes recibían los reportes, y quienes se negaban a colaborar podían ser objeto de traslados desfavorables o marginación.

El período de mando del general Montoya, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008, coincide con el mayor aumento porcentual en ejecuciones extrajudiciales registrado bajo cualquier comandante del Ejército durante el período estudiado: 144%. Un oficial de alto rango sostuvo que Montoya le habría instruido personalmente a aumentar el número de bajas ofreciendo como incentivo licencias de quince días y un millón de pesos por soldado, tomados de fondos de inteligencia. El testimonio es indirecto y no ha sido corroborado por declaración documental del propio Montoya, quien ha sostenido que emitió órdenes y estableció mecanismos de revisión para que cada muerte en combate estuviera acompañada de una investigación y para que las actuaciones militares se enmarcaran en la Constitución. Esa posición contrasta con lo que la Comisión de la Verdad, la Procuraduría y la propia JEP han documentado sobre los patrones de su período.

Con Montoya, la línea que conecta al mando con la práctica del terreno no requiere una orden explícita firmada: basta una cultura de resultados en la que los incentivos, la tolerancia y la ausencia de sanción producen, con eficacia burocrática, lo mismo que produciría una orden. El general fue investigado disciplinariamente por la Procuraduría por omisión en sus funciones durante los hechos de Bojayá en 2002, cuando comandaba unidades en el Medio Atrato, y agentes del Ministerio Público solicitaron su vinculación a procesos por la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, cuando estaba al frente de la IV Brigada. Su trayectoria previa, sostenida por el ascenso con apoyo estadounidense para comandar la Fuerza de Tarea del Sur en el empuje inicial del Plan Colombia, lo situó en el centro de una cadena de mando cuya responsabilidad la justicia transicional aún examina.

El terreno: geografía de un patrón

La distribución territorial de las ejecuciones revela la naturaleza estructural del fenómeno. No se concentraron en una zona ni en un batallón: se replicaron con variaciones locales en departamentos muy distintos, siguiendo el mapa de las brigadas y la lógica operativa de cada teatro. El Meta encabezó las cifras bajo la jurisdicción del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, según lo confesaron excomandantes paramilitares ante la justicia. Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Casanare, Sucre, Huila y el Eje Cafetero registraron patrones consistentes con el mismo modus operandi.

En el Eje Cafetero, la base de datos de la JEP registró 452 víctimas —235 en Caldas, 150 en Quindío y 67 en Risaralda—, de las cuales 300 murieron entre 2006 y 2008. La mayoría fue atribuida a batallones de la Octava Brigada, con al menos 17 casos imputados al Batallón Cisneros de Armenia. En el oriente antioqueño, una unidad militar concentró 41 víctimas y el Batallón de Caballería Mecanizada n.º 4 Juan del Corral acumuló 21, con operaciones focalizadas en los municipios de Granada, San Luis y Cocorná —el mismo cinturón que había sufrido, años antes, la ofensiva paramilitar del Bloque Metro—. En el Meta, datos de la Fiscalía señalaban que de 2.304 cuerpos enterrados como no identificados en cementerios del departamento, una parte significativa había sido reportada como muerta en combate por la fuerza pública.

En el Cesar, el Batallón La Popa se convirtió en emblema. El coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, su comandante desde 2002, recibió reconocimientos por operaciones presentadas como éxitos contra el ELN: el 25 de octubre de 2002 reportó varios guerrilleros muertos del Frente 6 de Diciembre, hecho por el cual el entonces comandante del Ejército, general Carlos Alberto Ospina, viajó al Cesar y lo elogió públicamente. Investigaciones posteriores cuestionaron la veracidad de esas operaciones, y el caso La Popa terminaría siendo uno de los patrones priorizados por la JEP, con reconocimientos parciales de responsabilidad por parte de oficiales que confesaron alianzas con paramilitares.

En Boyacá, el 10 de febrero de 2007, el Batallón Tarqui, con sede en Sogamoso, reportó como guerrilleros de las FARC dados de baja en combate a personas que habían sido desaparecidas desde la Terminal de Transportes de Tunja, en un patrón similar al que se replicaría en Soacha un año después. En Huila, un padre denunció públicamente que su hijo había sido asesinado en Gigante en 2007 tras ser retenido cerca del Batallón Cacique Pigoanza, y luego presentado como delincuente por periódicos y emisoras locales.

Soacha: el pliegue del escándalo

Aunque el fenómeno llevaba años acumulando denuncias —de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones de derechos humanos, del propio sistema de Naciones Unidas—, fue el caso de Soacha el que rompió el silencio nacional. A comienzos de 2008, en el municipio pegado al sur de Bogotá, un grupo de jóvenes desapareció después de haber sido abordado por intermediarios que les ofrecían trabajo. Sus cuerpos aparecieron cientos de kilómetros al nororiente, en fosas cercanas a Ocaña, Norte de Santander, presentados por unidades militares como guerrilleros muertos en combate. Las cifras iniciales fluctúan entre once y dieciséis jóvenes identificados, y en semanas la prensa hablaba ya de unos doscientos casos similares en distintas regiones.

Las pruebas de ADN practicadas en septiembre de 2008 confirmaron la identidad de las víctimas. La coincidencia entre las desapariciones en un municipio de clase trabajadora y los reportes de "guerrilleros dados de baja" en un departamento fronterizo que las víctimas no conocían dinamitó la coartada oficial. El presidente Uribe reaccionó con una frase que precipitó, sin quererlo, la organización política de las familias: afirmó que los jóvenes de Soacha "habían salido de sus casas con propósitos delincuenciales y no de trabajar y recoger café". La estigmatización desde el más alto poder del Estado —extendida por autoridades locales que insinuaron con lenguaje ambiguo el supuesto involucramiento de los jóvenes con actores armados— fue el detonante para que las madres decidieran no callar.

En octubre de 2008, Uribe destituyó a 27 militares, entre ellos tres generales. A comienzos de noviembre, el general Mario Montoya renunció como comandante del Ejército. La coincidencia temporal entre estas medidas y una caída en el número de ejecuciones registradas sugiere que el escrutinio público, más que una decisión doctrinaria del alto mando, fue lo que interrumpió la práctica. La respuesta oficial combinó, sin embargo, el reconocimiento parcial con la resistencia estructural: se destituyó a mandos visibles, pero se mantuvo la descalificación de organizaciones defensoras de derechos humanos y se frustraron intentos de investigación de fondo sobre la cadena de responsabilidad.

Las Madres de Soacha

Del duelo privado nació una fuerza pública. Las madres y familiares de las víctimas se conocieron a lo largo de 2008 en la Personería Municipal de Soacha, en las diligencias de reconocimiento y en las salas de espera de la Fiscalía; se comunicaron por vecinos, por emisoras, por internet. Fue un proceso de descubrimiento colectivo: cada una había recibido la misma versión inverosímil sobre su hijo —muerto en combate en un lugar remoto, portando armas que nunca había tenido—, y al reconocerse en el relato de las otras entendieron que no se trataba de un accidente sino de un patrón.

Comenzaron a hacer plantones en la sede de la Fiscalía y en la plaza de su municipio, vestidas con batas blancas que simbolizaban la inocencia de sus hijos y portando pendones con las fotografías. La bata blanca —imagen que quedaría fijada en la memoria pública— condensaba una respuesta simbólica precisa a la estigmatización: contra el uniforme de camuflaje con que el Ejército había disfrazado a los muertos, ellas oponían el color de lo que no tiene nada que ocultar.

Una madre relató haber emprendido la búsqueda de su hijo a través de la Fiscalía en Bogotá, donde el paro de fiscales del momento le impidió obtener información y le provocó un colapso emocional; el cuerpo, finalmente, había aparecido en Ocaña. Otro padre, cuyo hijo fue asesinado en el Huila, describió la doble herida de enterrar al muchacho y leer en la prensa que era un delincuente. Las Madres de Soacha no se conformaron con sus propios casos: asumieron una vocería más amplia y se propusieron, en sus propias palabras, hablar por las víctimas que tienen miedo. La organización colectiva del dolor —el mismo mecanismo que había producido, décadas antes, las Madres de la Plaza de Mayo argentinas— se convirtió en condición de posibilidad para que el país nombrara lo que estaba ocurriendo.

Complicidades: paramilitares, funcionarios, silencios

La sistematicidad de los falsos positivos no puede explicarse sin las redes de complicidad que la sostuvieron fuera del uniforme. En diversas regiones, especialmente en los Llanos y el Caribe, comandantes paramilitares entregaron al Ejército cuerpos de excombatientes propios y de civiles previamente asesinados para que los uniformados los presentaran como bajas guerrilleras. El excomandante del Bloque Centauros conocido con el alias de "Chatarro" declaró que su bloque suministró cadáveres al Ejército en el Meta, y testimonios ante el Centro Nacional de Memoria Histórica describieron coordinación similar entre el Bloque Pacífico y unidades militares, con reconocimientos institucionales como contraprestación.

En el Cesar, los relatos de excombatientes indican que Jorge 40 —Rodrigo Tovar Pupo— ordenó ejecutar a subordinados díscolos, entre ellos alias Treintainueve y alias Esteban, en coordinación con integrantes del Ejército que operaban desde el Batallón La Popa. Estas alianzas revelan una economía criminal compartida entre actores armados legales e ilegales: los paramilitares depuraban internamente y limpiaban el mapa; los militares recibían resultados operacionales listos para el reporte.

La cadena de encubrimiento se completaba, dentro del Estado, con la connivencia parcial de la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Escenas del crimen alteradas sin objeción, necropsias que no interrogaban las incongruencias evidentes —trayectorias de disparo incompatibles con un combate, ausencia de residuos de pólvora en las manos de la supuesta baja, uniformes limpios sobre cuerpos ensangrentados— y una tramitación de rutina que enviaba los casos a la jurisdicción penal militar, donde tenían pocas probabilidades de avanzar. El caso emblemático de los once jóvenes asesinados en el que Carlos Rentería Cuero, informante del GAULA, se presentó voluntariamente a declarar ante la Fiscalía, muestra la fragilidad de las coartadas cuando aparecía un colaborador dispuesto a hablar; muchas veces, sin embargo, no había quien lo hiciera.

Al final, las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa respondieron a las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales descalificando los informes por considerarlos basados en información desactualizada o carente de evidencia creíble. Documentos atribuidos a instancias militares o de inteligencia llegaron a equiparar a las ONG de derechos humanos con instrumentos de la "narcoguerrilla", acusándolas de buscar deslegitimar al Estado ante organismos internacionales. En mayo de 2008 —el mismo mes en que Montoya firmó la Directiva 0142— el presidente Uribe calificó públicamente al defensor de derechos humanos Iván Cepeda, entonces amenazado de muerte, como "farsante", e instó a la comunidad internacional a no compadecerse de las "lágrimas de cocodrilo" de los defensores. El clima discursivo desde la Casa de Nariño no permitía distinguir entre el crimen y su denuncia: quien acusaba al Estado era ya un enemigo.

La respuesta judicial

El aparato judicial reaccionó con lentitud y con costos. Por años, los casos derivaron a la Justicia Penal Militar, donde las probabilidades de sanción real eran mínimas. Cuando algunos jueces y funcionarios comenzaron a insistir en el traslado a la justicia ordinaria —competencia natural de este tipo de crímenes, según lo estableció la Corte Constitucional—, enfrentaron amenazas, presiones y remociones. Funcionarios de la Justicia Penal Militar fueron declarados insubsistentes sin justificación aparente por haber tramitado casos hacia la jurisdicción ordinaria; algunos debieron salir del país.

Tras el estallido de Soacha, la Fiscalía comenzó a acumular procesos, pero el peso de las condenas se concentró en los rangos bajos y medios. A mediados de 2013, de dieciocho coroneles acusados en el caso Soacha, solo dos habían sido condenados. El mayor Orlando Lizarazo fue condenado a 38 años y cuatro meses de cárcel por la muerte, en 2004, de dos personas presentadas falsamente como paramilitares, en un proceso que incluyó cargos por homicidio en persona protegida, falsedad ideológica, fraude procesal y fabricación de armas. Pero, en términos generales, la impunidad de los mandos altos persistió, y la reforma constitucional de la jurisdicción militar aprobada en diciembre de 2012 fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos como un intento de repliegue.

Un capítulo particular corresponde al proceso por prevaricato que la Fiscalía inició contra el juez mayor en retiro Mauricio Cujar por su insistencia en avocar competencia sobre casos como el del coronel Luis Alfonso Plazas Vega —relacionado con la toma del Palacio de Justicia en 1985—, resuelto por una Sala del Tribunal Superior de Bogotá el 25 de abril de 2013. El episodio ilustra los movimientos institucionales para disputar el traslado de expedientes entre jurisdicciones y las presiones sobre quienes buscaban mantener el control civil sobre los procesos penales contra militares.

En junio de 2009, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, visitó Colombia y concluyó que estas prácticas estaban cerca de ser sistemáticas, aunque precisó no haber encontrado evidencia de que fueran ordenadas directamente por el presidente o los ministros de Defensa. Esa distinción —crimen sistemático, ausencia de orden centralizada verificable— quedaría como el problema fundamental de la responsabilidad: cómo imputar el patrón cuando la cadena de mando lo produjo sin dejar un documento firmado que dijera "hágase".

La JEP y el Macrocaso 03

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP creó la Jurisdicción Especial para la Paz, con un régimen especial para militares y policías juzgados por hechos relacionados con el conflicto, con la promesa de un tratamiento diferenciado que no los dejara en desventaja frente a los guerrilleros desmovilizados. El régimen no es de impunidad: contempla penas de entre quince y veinte años de prisión ordinaria para quienes no reconozcan responsabilidad, y sanciones restaurativas para quienes contribuyan con verdad plena.

La JEP abrió el Macrocaso 03 —"Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado"— y lo estructuró por subcasos regionales: Catatumbo, Costa Caribe, Antioquia, Huila, Meta y Casanare, entre otros. La priorización territorial reconoció una obviedad que la investigación ordinaria había resistido: el crimen tenía patrones distinguibles por brigada y por teatro de operaciones. En sus resoluciones de determinación de hechos y conductas, la JEP ha imputado a decenas de oficiales y suboficiales, y ha recibido reconocimientos parciales de responsabilidad de mandos que antes negaban toda participación. La Sala de Reconocimiento examinó, entre otros, la Operación Berlín, sobre la que Medicina Legal practicó 78 necropsias, y el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la propia Fiscalía se coordinaron para labores de exhumación en cementerios donde los cuerpos fueron enterrados como NN.

El general Mario Montoya se sometió a la JEP y en su versión sostuvo haber impartido órdenes ajustadas a la Constitución. La tensión entre esa versión y los hallazgos documentales y testimoniales del tribunal es uno de los ejes vivos del proceso. La Comisión de la Verdad, en su Informe Final entregado en 2022, señaló que el daño causado por los falsos positivos a la ética pública de la nación es "inconmensurable" y planteó la pregunta que sigue abierta: por qué no se actuó antes, pese a las numerosas denuncias. La pregunta es más incómoda que la respuesta: apunta a la responsabilidad institucional del Ejército, del Ministerio de Defensa y del Gobierno como conjunto.

Cifras que aún se mueven

La magnitud precisa del fenómeno sigue siendo materia de discusión judicial y forense. Cifras manejadas por la JEP y por organizaciones de derechos humanos oscilan en el orden de los miles de casos, con concentración marcada entre 2002 y 2008 y con una caída pronunciada tras el escándalo de Soacha. La CIDH resumió el patrón con la claridad que exige el asunto: víctimas ejecutadas por miembros del Ejército, escenas alteradas, ropas cambiadas para reportarlas como guerrilleros, motivación central en la obtención de incentivos económicos y profesionales y en la respuesta a presiones de resultados impuestas desde el mando.

Los familiares —muchos de ellos con procesos abiertos, decenas ya cerrados con condenas insuficientes, cuerpos aún sin identificar en cementerios del país— continúan siendo el nervio de la reclamación. Sin las Madres de Soacha, sin los padres que denunciaron desde Huila, Antioquia, Meta y Cesar, sin las organizaciones de derechos humanos que soportaron la descalificación oficial durante años, el patrón habría podido diluirse en la contabilidad de un conflicto largo.

La huella

Los falsos positivos dejaron cicatrices de tres órdenes. Sobre las Fuerzas Militares, un daño reputacional profundo cuya reparación pasa por el reconocimiento pleno de responsabilidad y por transformaciones doctrinarias que desmonten la lógica de conteo de cuerpos como métrica del éxito. Sobre la ética pública de la nación, la constatación de que el Estado colombiano, en el marco de una política de seguridad respaldada por amplios sectores sociales y por asistencia internacional, produjo o toleró la ejecución de miles de sus ciudadanos más pobres. Sobre las víctimas y sus familias, un duelo doble —la muerte y la difamación— cuya reparación material y simbólica apenas comienza.

La discusión política sobre el fenómeno permanece encendida. Sectores cercanos al expresidente Uribe han sostenido que se trató de conductas aisladas cometidas por individuos criminales dentro de una institución que en su conjunto ganó la guerra al terrorismo. La Comisión de la Verdad, la JEP y la evidencia acumulada apuntan en otra dirección: sin negar que los ejecutores concretos deban responder individualmente, el patrón no puede explicarse sin la arquitectura de incentivos, la presión institucional y el ambiente discursivo que lo hicieron posible. El desacuerdo, en Colombia, no es sobre los hechos: es sobre el nombre. Y el nombre importa, porque de él depende cómo se juzga al pasado y qué garantías de no repetición se construyen para el futuro.

La expresión "falso positivo" seguirá siendo, probablemente, el modo en que este crimen se recuerda. Es un eufemismo que la Historia, con el tiempo, se encargará de traducir. Debajo de él —debajo de la jerga militar, debajo de las estadísticas, debajo de las coartadas— hay miles de nombres propios: los de los jóvenes engañados con la promesa de un jornal en una finca, los de sus madres con bata blanca, los de los pueblos donde aparecieron enterrados como NN. Nombrar a esos muertos por su nombre —no como positivos ni como bajas ni como guerrilleros— es la primera obligación de la memoria.