Juan del Corral

El comerciante momposino que se hizo antioqueño

Del Corral nació en Mompox en 1778, en una de las plazas mercantiles más vivas del Caribe neogranadino. La villa, encajada en un brazo del Magdalena, era entonces el nudo obligado entre Cartagena y el interior: por sus muelles pasaban el oro antioqueño que bajaba y las manufacturas que subían, y en sus familias mercantiles se cocinaba una sensibilidad ilustrada que en 1810 daría uno de los primeros gritos de independencia absoluta del virreinato. Del Corral se formó allí sin pasar por las aulas mayores del Colegio del Rosario ni de San Bartolomé: fue, en el sentido estricto del término, un autodidacta, hijo de la tertulia doméstica, del libro comprado y del trato con los comerciantes que subían y bajaban el río.

Ese origen momposino no es dato accesorio. Cuando Del Corral se instaló en la Provincia de Antioquia no llegó como forastero sin arraigo sino como pieza de una red mercantil que unía el bajo Magdalena con la montaña. Su matrimonio con Josefa Arrubla lo integró en la élite criolla antioqueña por la vía más sólida disponible: la alianza familiar. Y su sociedad cacaotera —negocio típico de esa bisagra entre valle caribeño y provincia interior— le dio el capital y las relaciones que lo llevaron, en pocos años, del comercio a los cargos públicos.

Conviene situar la provincia que lo adoptó. En 1778 Antioquia no llegaba a 50.000 habitantes: apenas el 6% del virreinato, pero con una demografía en expansión, colonos que abrían tierras hacia el sur y una economía que empezaba a matizar su dependencia exclusiva del oro con agricultura y arriería. Los caminos, sobre todo los del oriente hacia el Nare —la salida hacia el Magdalena—, eran malos: los observadores ilustrados de la época repetían que una vía decente daría "vida y movimiento" a la agricultura y al comercio. En esa provincia joven, mal comunicada y en crecimiento, la generación criolla a la que Del Corral se sumó por matrimonio traía una politización nueva, forjada en la lectura y en la conciencia de que los problemas públicos también le concernían.

Del cabildo al Congreso Federal

En vísperas del 20 de julio de 1810, Del Corral ya ocupaba una regiduría del cabildo. Desde allí participó en el movimiento juntista que sacudió a Antioquia como sacudió a las demás provincias del virreinato. La revolución de 1810 fue, en su primera capa, un movimiento aparentemente monárquico: se juraba fidelidad a Fernando VII y se rechazaba la Junta de Regencia, sin romper de manera explícita con la Corona. La ruptura absoluta con España existía por entonces solo en la mente de algunos próceres; el resto de la élite criolla se movía en el terreno ambiguo del autogobierno provincial bajo el rey cautivo.

Del Corral se ubicó desde temprano en el ala que empujaba hacia adelante. Cuando en 1811 se organizó la representación provincial en el Congreso Federal, fue elegido diputado por Antioquia. Ese Congreso —el que terminaría firmando el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada el 27 de noviembre de 1811 con las plumas de los delegados de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja— fue el escenario donde pasó de la política de cabildo a la política de Estado. Cundinamarca, bajo la influencia de Antonio Nariño, no firmó: la confederación nació ya cruzada por el conflicto entre centralistas y federalistas que envenenaría toda la Patria Boba.

La Constitución del Estado de Antioquia se sancionó el 21 de marzo de 1812, en el marco de la habilitación federal que el Acta de noviembre había reconocido a cada provincia. Fue una de las nueve constituciones provinciales que la Nueva Granada produjo entre 1811 y 1815, y llevaba las marcas del momento: sistema electoral de tres niveles —sufragantes parroquiales, apoderados departamentales, colegio electoral—, como el que también adoptaron Cundinamarca y Cartagena, frente al modelo más simple de dos niveles que ensayaron Tunja, Pamplona y Mariquita. Su reglamento provisional para las elecciones del Colegio Electoral Constituyente convocó a todos los hombres libres, incluidos los indios: una fractura discreta pero real en la sociedad de castas del Antiguo Régimen, un primer paso hacia la figura del individuo-ciudadano que sustituiría al vasallo de calidades.

No hay que exagerar el alcance de esa ruptura. Las constituciones provinciales no rompieron materialmente con el orden colonial: lo adecuaron semánticamente. Renombraron instituciones, ajustaron competencias, ampliaron márgenes de participación, pero dejaron en pie buena parte del entramado administrativo, fiscal y eclesiástico heredado. La Constitución de Cundinamarca, promulgada el 4 de abril de 1811 por Jorge Tadeo Lozano, llegaba incluso a establecer una monarquía constitucional con Fernando VII como rey de poderes limitados por la ley. En ese paisaje, la constitución antioqueña de 1812 fue una pieza más de un mosaico republicano cuyo radicalismo era, todavía, más nominal que estructural.

Milicias, Magdalena y la amistad con Caldas

Entre 1812 y 1813 Del Corral pasó de la deliberación a la organización militar. Antioquia, como las demás provincias, tenía que sostener con sus propios brazos una independencia que ni siquiera había proclamado del todo. La amenaza no era abstracta: al norte, en el bajo Magdalena, las fuerzas realistas se reorganizaban; al sur, el conflicto con Popayán y Pasto tensaba la línea; en el interior, la disputa entre Cundinamarca y las Provincias Unidas ya había producido su primera guerra civil, con la deserción del general Antonio Baraya en marzo de 1812 y su paso al bando federalista. El Congreso, en respuesta a las anexiones territoriales que Nariño reclamaba para Cundinamarca —Tunja, Socorro, Pamplona, Neiva—, trasladó su sede sucesivamente a Ibagué, Villa de Leiva y Tunja. En Villa de Leiva se instaló formalmente el 4 de octubre de 1812, con diputados de Antioquia, Cartagena, Casanare, Pamplona y Popayán entre otros.

En ese clima, Del Corral trabajó en la organización de milicias provinciales y en la ingeniería defensiva del acceso antioqueño al Magdalena. Fue allí donde su trayectoria se cruzó con la de Francisco José de Caldas. El sabio payanés —astrónomo, geógrafo, oficial de ingenieros— colaboró con el gobierno antioqueño en tareas de fortificación e instrucción castrense, y su presencia dio a la política militar de la provincia una densidad técnica poco frecuente en las milicias criollas de la época. La relación entre ambos —el comerciante devenido gobernante y el sabio devenido ingeniero militar— es una de las claves menos aireadas del período: expresa la alianza entre la élite mercantil ilustrada y la élite letrada de la Nueva Granada, alianza sin la cual el ensayo estatal antioqueño habría carecido de columna vertebral técnica.

La dictadura de 1813

En agosto de 1813, la legislatura antioqueña confió a Del Corral el gobierno con poderes extraordinarios. No fue un golpe: fue una decisión legislativa en un contexto de emergencia bélica, del mismo tipo que la República romana había codificado veinte siglos antes y que la generación ilustrada conocía por sus lecturas. La palabra dictadura no tenía entonces la carga siniestra que le impondría el siglo XX; designaba la concentración temporal de poderes para hacer frente a un peligro que las magistraturas ordinarias no podían despachar.

Del Corral usó esos poderes con una coherencia que sorprende por lo rápido de su despliegue. El primer acto fue político-simbólico: proclamó el Acta de Independencia Absoluta de Antioquia, a semejanza de las que ya habían suscrito Cartagena, Mompox y Cundinamarca. Con esa proclamación, Antioquia entraba en el pequeño grupo de provincias neogranadinas que en 1813 dejaban de lado la ficción del rey cautivo y rompían de manera explícita con la Corona. El gesto tiene su peso: convertía a Del Corral, hasta entonces un dirigente provincial más, en el firmante de la ruptura antioqueña con España.

El segundo acto fue urbanístico y político a la vez: elevó a la categoría de ciudades a las villas de Marinilla y Medellín, en reconocimiento explícito al apoyo que sus vecinos habían prestado al nuevo gobierno. El detalle importa. La categoría jurídica de ciudad no era un adorno protocolar: implicaba jerarquía en el ordenamiento provincial, precedencia en las representaciones, autonomía municipal reforzada. Al ascender a Marinilla y Medellín, Del Corral hizo dos cosas al tiempo. Reconoció la agencia política de comunidades que habían sostenido activamente el proyecto republicano —no eran meros objetos de la reforma, sino base social del experimento— y desplazó el centro de gravedad de la provincia desde la vieja Santa Fe de Antioquia hacia el eje del valle central y el altiplano oriental. La geografía política antioqueña que reconoceremos en el siglo XIX empieza a dibujarse ahí.

En diciembre de 1813, cuando el primer mandato tocaba a su fin, la legislatura le prorrogó los poderes por cuatro meses adicionales. La prórroga no fue un desliz autoritario: fue una decisión razonada de un cuerpo legislativo que evaluaba la marcha del gobierno de emergencia y consideraba imprescindible su continuidad. Del Corral aprovechó esos meses para asuntos que exigían pulso más largo. El primero, la relación con la Iglesia.

El pulso con el clero

El conflicto con el clero es uno de los frentes menos vistosos pero más reveladores del gobierno de Del Corral. La Iglesia era, en la Antioquia de 1813, mucho más que una institución espiritual: era propietaria, prestamista, censora, censataria, agencia de registro civil y, por sus púlpitos, uno de los aparatos de opinión pública más eficaces. Un gobierno republicano en formación no podía ignorarla ni podía enfrentarla de manera abierta sin arriesgarse a perder legitimidad ante una población profundamente católica.

Del Corral optó por una vía oblicua: la reorganización parroquial. Durante la prórroga de su mandato erigió nuevas parroquias, gestión que en apariencia era un asunto meramente administrativo pero que, en la práctica, le permitía negociar con obispos y curas la geografía real del poder eclesiástico en la provincia. Multiplicar parroquias significaba multiplicar interlocutores, redistribuir rentas, ajustar jurisdicciones y, sobre todo, atar la organización eclesiástica al nuevo mapa civil que su gobierno estaba trazando. Fue un manejo que evitó la ruptura frontal —impensable en la coyuntura— y ganó tiempo para consolidar el proyecto estatal sin sublevar el andamiaje religioso.

Libertad de vientres: el proyecto con Restrepo

Al aproximarse el final de su segundo período, Del Corral citó a la legislatura con dos propósitos: entregar el mando y exponer el proyecto de libertad de los esclavos. Ese proyecto es, con la proclamación de independencia absoluta, el acto que fija la centralidad histórica de Del Corral. Y es también el que mejor muestra el filo y los límites del reformismo antioqueño.

El proyecto se elaboró de acuerdo con las ideas de José Félix de Restrepo, el jurista y filósofo ilustrado que había colaborado con el gobierno durante ese período. Restrepo era, en la Nueva Granada, el pensador que había teorizado con más precisión la vía de la libertad de vientres: la manumisión gradual mediante la declaración de libertad para los hijos de esclavas nacidos después de la ley. El razonamiento ilustrado que sostenía esa fórmula puede reconstruirse sin dificultad. No conceder la libertad —se decía— era una barbarie inaceptable a la luz de la razón; pero darla de golpe era una precipitación con "grandes inconvenientes". La libertad de vientres se presentaba como el "remedio radical": cortaba de raíz la propagación del "cáncer político" de la esclavitud sin causar perjuicio inmediato a los propietarios, cuyos esclavos actuales conservaban su condición y cuyas pérdidas patrimoniales quedaban aplazadas a las generaciones siguientes.

Aquí aparece con toda su nitidez la tensión que atraviesa el gobierno de Del Corral. La ley antioqueña que declaraba libres a los hijos de los esclavos era, en el horizonte del Atlántico esclavista, una medida de vanguardia: se anticipaba en ocho años a la ley nacional de manumisión que el Congreso de Cúcuta sancionaría en 1821, y en casi cuatro décadas a la abolición definitiva que el presidente José Hilario López firmaría en mayo de 1851. En ese mismo período la provincia de Cartagena había dispuesto medidas sobre libertad de esclavos y en Mompox una rebelión había derivado en decretos que tocaban el comercio y la posesión de personas esclavizadas. Pero ninguna de esas iniciativas alcanzó la formalización doctrinal ni la coherencia normativa que tuvo la antioqueña. Al mismo tiempo, la medida estaba diseñada para no lastimar a la élite propietaria que sostenía el experimento: era gradual, respetaba la propiedad existente y aplazaba a un futuro indefinido la abolición real. Anticipación republicana, sí, pero con techo estructural fijado por los intereses de la clase que la promulgaba.

La Gazeta Ministerial y el gobierno de las palabras

Un rasgo suele quedar en penumbra en las semblanzas rápidas de Del Corral: su gobierno se acompañó de un órgano de prensa oficial. Don Juan Bautista del Corral —vinculado a su círculo— sacó la Gazeta Ministerial de la República de Antioquia, siguiendo el patrón que otras provincias neogranadinas habían inaugurado en el mismo período. La Aurora fue el periódico de la Junta Suprema de Popayán, el Congreso reunido en Tunja tuvo el suyo, y otros gobiernos provinciales sostuvieron órganos análogos.

La Gazeta antioqueña no fue solo un boletín administrativo: fue la puesta en escena impresa del nuevo Estado. Publicar decretos, informar sobre movimientos militares, argumentar la legitimidad del gobierno era también fabricar el público republicano que la constitución de 1812 postulaba pero que aún no existía como cuerpo social consciente de sí. En un territorio donde la alfabetización era escasa y la circulación de impresos rara, un periódico oficial era un dispositivo pedagógico y político de primer orden. Que Del Corral haya sostenido su publicación durante meses de guerra y penuria dice mucho sobre la seriedad con la que entendía la construcción institucional.

La red: Mompox, Antioquia, la República de las Letras

La trayectoria de Del Corral solo se explica dentro de las redes que la sostuvieron. En Mompox, su ciudad natal, se cocinó una sensibilidad mercantil e ilustrada que produjo, en la misma generación, algunos de los firmantes más decididos de la independencia absoluta. En Antioquia, su matrimonio con Josefa Arrubla y su sociedad cacaotera lo integraron en la élite provincial y le dieron la base económica y familiar sin la cual el paso a la política habría sido inviable.

En el plano institucional, su gobierno se entretejió con figuras que representaban capas complementarias del proyecto criollo. Caldas —payanés, ilustrado, ingeniero militar— aportó competencia técnica y prestigio científico. Restrepo —jurista y filósofo, formador de generaciones enteras de letrados antioqueños— aportó doctrina, argumentación jurídica y peso moral en el asunto de la esclavitud. La legislatura provincial, que le confió los poderes extraordinarios y luego se los prorrogó, aportó la legitimidad republicana sin la cual la "dictadura" habría sido, efectivamente, otra cosa.

Los pueblos y villas también fueron actores. Marinilla y Medellín no fueron elevadas a ciudades por generosidad graciosa del gobernante: se ganaron el rango con el apoyo activo de sus vecinos al nuevo gobierno. El reglamento electoral antioqueño convocó a todos los hombres libres, incluidos los indios, y esa convocatoria produjo participación real. La lectura que reduce el episodio a una obra de próceres pasa por alto que el ensayo republicano necesitó, para sostenerse siquiera unos meses, movilizar bases sociales más amplias que la sola élite criolla. Esas bases fueron condición de posibilidad del experimento, no su público pasivo.

Fuera del círculo antioqueño, Del Corral se movía en la conversación mayor de la Nueva Granada. Como diputado al Congreso Federal había tratado con los grandes federalistas —los Torres, los Rodríguez Torices, los Camacho— y había vivido de cerca la tensión con el bando centralista encabezado por Nariño. Ese Congreso adoptó el sistema federal y encargó a Camilo Torres redactar una constitución inspirada en la de los Estados Unidos, proceso que culminó en el Acta de Federación de noviembre de 1811. El fracaso del proyecto de un Congreso del Reino unificado —la imposibilidad de negociar un consenso sobre la representación nacional— llevó a las provincias a retener sus soberanías individuales y, con ellas, a producir las nueve constituciones provinciales del período. El experimento antioqueño de Del Corral es una hoja de ese árbol.

Muerte en Rionegro

Al finalizar el segundo período, la legislatura eligió a Del Corral gobernador constitucional. La secuencia es elocuente: la dictadura de emergencia, lejos de ser rechazada, había ganado legitimidad suficiente para convertirse en gobierno ordinario. Del Corral pasaba de ser el hombre fuerte de la coyuntura al primer magistrado regular de la República de Antioquia bajo la constitución de 1812.

No alcanzó a estrenar el cargo. Poco después de la elección, en Rionegro —altiplano oriental antioqueño, donde el gobierno provincial había encontrado uno de sus asientos— una enfermedad lo mató. Tenía treinta y seis años. La cronología histórica es implacable: en 1815, apenas meses después de su muerte, el general Pablo Morillo desembarcaría en la costa neogranadina al mando del ejército expedicionario español —cerca de 12.000 hombres, de los cuales menos de 3.000 sobrevivirían para 1820, diezmados por el paludismo y la fiebre amarilla—; el 6 de diciembre de ese año Cartagena caería tras ciento dos días de asedio, en el que murió aproximadamente la tercera parte de su población por hambre y epidemias; y en 1816 la reconquista realista fusilaría a la mayoría de los líderes patriotas neogranadinos, entre ellos Camilo Torres y el propio Caldas, con quien Del Corral había trabajado.

La muerte por enfermedad en Rionegro le ahorró a Del Corral el patíbulo que segó a tantos de sus contemporáneos. Pero al mismo tiempo cerró en seco un proyecto que apenas empezaba a mostrar su alcance. La República de Antioquia que había construido en menos de un año fue barrida por Morillo y sus oficiales; sus instituciones, disueltas; su constitución, derogada; su ley de libertad de vientres, suspendida. Habría que esperar a la ley nacional de 1821 para ver de nuevo, ahora a escala grancolombiana, la fórmula que Restrepo había redactado en Antioquia.

Lo que dejó

La huella de Del Corral se puede medir en varios planos. En el más inmediato, el de las instituciones: la Antioquia que salió de su gobierno tenía una geografía urbana redibujada —Medellín y Marinilla ascendidas—, una organización parroquial reordenada, un aparato militar con más pulso técnico y una tradición de prensa oficial recién inaugurada. Nada de eso sobrevivió intacto a la reconquista, pero mucho de eso se rearmó después con las mismas materias primas.

En el plano doctrinal, la ley antioqueña de libertad de vientres fijó un precedente. La fórmula, la argumentación, la ingeniería jurídica que Restrepo puso al servicio del proyecto reaparecieron en el Congreso de Cúcuta en 1821, cuando la República de la Gran Colombia adoptó a escala nacional el mismo mecanismo gradual. La abolición plena tardaría hasta 1851 —cuando José Hilario López firmara la ley que hizo efectiva la manumisión total—, y ese retraso de treinta años entre libertad de vientres y libertad real muestra, en retrospectiva, tanto el techo estructural del reformismo criollo como la persistencia del núcleo doctrinal que Del Corral y Restrepo formularon en Antioquia.

En el plano simbólico, Del Corral quedó fijado en la memoria antioqueña como el prócer que hizo posible la existencia autónoma de la provincia durante los meses cruciales de 1813 y comienzos de 1814. La Academia Colombiana de Historia publicó una biografía suya, y en la larga tradición historiográfica antioqueña su nombre aparece asociado, casi como sinónimo, a la idea misma de Primera República provincial.

La lectura que propone Luis Fernando Molina en la entrada extensa que le dedica complica y enriquece esa imagen. Del Corral no fue, para Molina, el estadista sin sombras que quiso pintar la tradición hagiográfica del siglo XIX. Fue un comerciante ilustrado que llegó al poder por matrimonio, capital y contingencia; que gobernó con poderes extraordinarios en un contexto de emergencia bélica; que impulsó reformas cuyo radicalismo estaba disciplinado por los intereses de la élite que lo sostenía; y que probablemente habría sido un episodio menor de la Patria Boba si la enfermedad no lo hubiera atrapado en Rionegro justo antes de la reconquista, dejando su gobierno como uno de los pocos ensayos republicanos provinciales que la historia pudo evaluar sin las distorsiones del fracaso militar directo.

Ese matiz no reduce su estatura: la afina. Del Corral es una bisagra real entre dos mundos —el comercio ilustrado momposino y el Estado republicano antioqueño—, y su gobierno de 1813 es un ensayo coherente de construcción estatal que anticipó agendas —abolición gradual, ampliación de la ciudadanía, prensa oficial, reorganización territorial— que la República mayor tardaría décadas en asumir. Pero es también un episodio disciplinado por los límites de su clase y de su tiempo, un experimento con techo, un ensayo que no rompió con el sustrato colonial sino que lo trabajó desde adentro. En esa doble condición —anticipación y límite— reside la centralidad de Juan del Corral en la historia de Colombia.