Patria Boba

Se llama Patria Boba al periodo comprendido entre el 20 de julio de 1810 y la caída de la Nueva Granada bajo las tropas de Pablo Morillo en 1816: seis años en los que las provincias del antiguo virreinato ensayaron, en tiempo real y bajo presión bélica, las formas políticas modernas de la República. El mote —forjado en la memoria posterior, no en la boca de sus protagonistas— condensa una acusación: que los criollos, arrebatados por la disputa entre federalistas y centralistas, dilapidaron la primera independencia en guerra civil y quedaron indefensos ante la Reconquista. La acusación tiene fundamento parcial, pero también un efecto: colapsa en una sola imagen —la de la torpeza— un proceso denso en constituciones, congresos y debates que, más que fracasar sin más, fue interrumpido por la fuerza. Antes de ser un juicio histórico consolidado, la Patria Boba fue lo que sus actores llamaron la Primera República, y lo que hoy conviene entender como el laboratorio institucional del que salió, medio siglo después, toda la arquitectura del Estado colombiano.

Un mote y lo que oculta

El nombre mismo pide ser desmontado antes que descrito. Quien lo pronuncia hoy heredó una lectura decantada en el siglo XIX y afinada en el XX: que entre 1810 y 1816 la élite criolla se dividió absurdamente en dos bandos, escribió demasiadas constituciones, se enfrentó a tiros en Ventaquemada y perdió la República por incapacidad de unirse. Esa lectura no es falsa en sus hechos, pero es tramposa en su marco. Reduce a "boberas" lo que fue una discusión sustantiva sobre soberanía, territorio y forma de gobierno, y transfiere al periodo entero la carga simbólica de su desenlace militar.

Lo que estuvo en juego entre 1810 y 1816 no fue una simple torpeza organizativa. Fue la pregunta —abierta entonces en todo el mundo atlántico— sobre quién detenta la soberanía cuando cae un rey, y cómo se organiza políticamente un territorio compuesto por provincias históricamente autónomas. La Nueva Granada respondió con al menos ocho constituciones provinciales, un Acta de Federación, un Congreso supraprovincial, dos ejércitos y dos modelos rivales de organización estatal. Que ese esfuerzo terminara en derrota no lo vuelve fatuo: lo vuelve trágico, que es cosa distinta.

Conviene además atender a la escala temporal: seis años son pocos para consolidar una experiencia estatal. La Convención de Filadelfia de 1787 se hizo sobre trece colonias que llevaban más de una década de guerra común contra Gran Bretaña; la Constitución francesa de 1791 se apoyaba en un aparato administrativo centralizado desde el antiguo régimen. La Nueva Granada, en cambio, tuvo que inventar simultáneamente los cuerpos legislativos, los ejércitos, las haciendas públicas y las fronteras internas mientras combatía guerras exteriores e interiores. El plazo, no solo las divisiones, marca la diferencia.

La crisis que abrió el juego

El punto de partida está antes de 1810, en la conjunción de dos procesos. Por un lado, la circulación en el virreinato de las ideas de la Ilustración y de las revoluciones atlánticas. La francesa de 1789 pesó más que la norteamericana de 1776, pero ambas formaron el aire que respiraba una minoría culta en Santa Fe, Cartagena, Popayán y Antioquia. En 1794, Antonio Nariño tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la hizo circular en Santa Fe: las autoridades coloniales lo condenaron a diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de todos sus bienes, y en 1796 comenzó a cumplir la pena en los calabozos de Cádiz. La reacción, desproporcionada, mide el temor español a que los papeles franceses germinaran en la colonia. La rebelión de los Comuneros de 1781 había dejado además un antecedente vivo de rechazo al dominio peninsular que resonaba en las crisis de 1794-1797 y volvería a resonar en 1808-1810.

Por otro lado, la crisis imperial. La invasión napoleónica de la península en 1808 y el vacío dinástico que dejó el cautiverio de Fernando VII precipitaron en toda la América española una misma pregunta: si el rey no gobierna, ¿quién manda? La respuesta española fue la Junta Central y luego la Regencia; la respuesta americana fue una constelación de juntas locales que, a lo largo de 1810, asumieron la autoridad en nombre del monarca ausente pero por fuera de la línea peninsular. Esa fue la fisura por donde entró todo lo demás.

El año de las juntas

1810 fue el año en que la Nueva Granada se cubrió de juntas. El cabildo de Cartagena depuso a su gobernador entre el 22 de mayo y el 14 de junio. El 3 de julio se instaló en Cali una Junta Suprema de Gobierno. El 4 de julio el cabildo de Pamplona destituyó al suyo. El 10 se formó junta en El Socorro. El 20, el famoso, en Santa Fe de Bogotá, tras el cabildo abierto convocado a raíz del incidente del florero de Llorente. En pocas semanas siguieron Tunja el 25 de julio, Neiva el 27, Girón el 30, Mompox el 6 de agosto. Hubo también junta en Quibdó, aunque su fecha exacta no se ha fijado con certeza.

El mapa es esencial porque el poder no se concentró en una sola sede, sino que se atomizó en tantas capitales provinciales como cabeceras había. La Junta Suprema de Santa Fe pretendió, por ser la capital del virreinato, dirigir el movimiento; las otras la reconocieron como interlocutora, no como superior. Desde el primer momento, la soberanía se reasumió en las provincias, no en la nación.

Y desde el primer momento hubo tres posiciones, no dos. Estaban quienes acataban la Junta Central y luego la Regencia peninsular. Estaban los autonomistas, mayoritarios, que guardaban los derechos de Fernando VII y desconocían solo los gobiernos provisionales españoles —esta fue la posición de la Junta de Santa Fe del 20 de julio, que declaró continuidad de lealtad al monarca pero desconoció a la administración colonial. Y estaban los independentistas plenos, minoritarios en 1810, que buscaban la ruptura total con España. La historiografía posterior tendería a simplificar este espectro en el binomio realistas contra patriotas; en su momento fue más denso, y esa densidad explica muchas de las oscilaciones ulteriores.

Dos constituciones, dos modelos

El experimento constitucional empezó rápido. El 30 de marzo de 1811 se aprobó en Santa Fe la Constitución de Cundinamarca, promulgada el 4 de abril bajo la presidencia de Jorge Tadeo Lozano: monarquía constitucional limitada, separación de poderes, reconocimiento formal de Fernando VII como rey. Era un texto híbrido, hijo de un momento en que la ruptura no se había pronunciado del todo, pero también una arquitectura política moderna con divisiones de poder y garantías.

Pocos meses después, el 27 de noviembre de 1811, los delegados de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja firmaron en la villa de Santa Fe el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Camilo Torres Tenorio, como presidente del Congreso, fue el comisionado para redactarla, y lo hizo tomando por modelo la Constitución de los Estados Unidos. Cundinamarca no la suscribió. Ese acto de no adhesión, más que las diferencias doctrinarias abstractas, fue el punto en que el conflicto se hizo estructural: la provincia más rica y populosa del virreinato se apartó del pacto federal que las demás construían.

En ese quiebre estaban ya presentes las dos figuras que encarnarían los polos. Antonio Nariño, tras su regreso a la vida pública, encabezó una campaña política contra Lozano y los federalistas que culminó con la renuncia del presidente el 19 de septiembre de 1811; Nariño asumió el gobierno de Cundinamarca y lo convirtió en el bastión del centralismo. Camilo Torres, desde el Congreso, quedó como cabeza visible del federalismo.

Los argumentos de cada lado no eran caprichos. Nariño defendía el centralismo como condición necesaria para la defensa militar de la revolución frente a España: una república unitaria e indivisible, en la estela de la Revolución francesa, que sus contemporáneos llegaron a llamar el "partido conservador" de Cundinamarca aunque su filiación intelectual venía de los jacobinos. Torres y los federalistas se inspiraban en el constitucionalismo norteamericano y en la tradición de autonomía de los cabildos provinciales, y sostenían que la diversidad territorial del virreinato exigía respeto a las soberanías locales. Ninguna de las dos posiciones era intelectualmente pobre; ambas tenían tras de sí un modelo probado en otras revoluciones atlánticas.

La proliferación constitucional

Entre 1811 y 1815, las provincias produjeron una cosecha de textos fundamentales que, por sí sola, refuta la etiqueta de "boba". A la Constitución de Cundinamarca de 1811 siguieron la de Tunja el 9 de diciembre de 1811, la de Antioquia el 21 de marzo de 1812, la de Cartagena de Indias en junio de 1812, una segunda Constitución de Cundinamarca —fechada el 18 de junio de 1812— que avanzó hacia una declaración de independencia más explícita, y luego las de Popayán en 1814 y las de Mariquita, Neiva y Pamplona en 1815.

Ocho constituciones en cuatro años, además del Acta de Federación. Todas adoptaron principios liberales —separación de poderes, derechos del hombre— y todas, aunque reconocieran nominalmente al rey en sus primeras versiones, establecieron instituciones representativas y republicanas de facto. Adaptaron las estructuras coloniales existentes al nuevo lenguaje constitucional, y desde mediados de 1812 la ruptura con España empezó a formularse con menos ambages.

Los textos no fueron copias uniformes ni ejercicios académicos. Cada uno reflejaba la fisonomía de su provincia: la de Antioquia, minera y aislada, insistió en la organización del gobierno local y en la representación de sus villas; la de Cartagena, portuaria y cosmopolita, contuvo declaraciones de derechos particularmente avanzadas para su época, en línea con el ideario de Filadelfia y con los debates de las Cortes de Cádiz. Todas se redactaron en un contexto en que el propio derecho constitucional era una disciplina joven en el mundo hispánico, y su producción en tan corto plazo, en un territorio sin universidades de derecho público moderno, exigió esfuerzos de traducción, adaptación y creación conceptual que apenas empiezan a estudiarse.

Este dato es el que mejor mide la naturaleza del periodo. Ninguna otra región de Hispanoamérica produjo en tan poco tiempo una densidad constitucional comparable. Si los textos hubieran sido leídos como se leen los de Filadelfia o los de la Francia revolucionaria, el mote habría sido otro.

Los liderazgos

Nariño y Torres son las dos figuras que ordenan el drama, pero cada una arrastra un mundo. Nariño venía del cautiverio y de la traducción de los Derechos del Hombre; había pagado con años de calabozo la circulación de un panfleto. Su centralismo era, además de una convicción estratégica, la respuesta de un revolucionario cercado por invasores potenciales a la fragmentación que consideraba suicida. En agosto de 1812 renunció al mando para contribuir a la paz con los federalistas, y Manuel Benito de Castro lo reemplazó interinamente hasta el 12 de septiembre, cuando parte de la representación popular resolvió que Nariño asumiera de nuevo el gobierno frente a las pretensiones de Baraya.

Torres, por su parte, era el hombre del derecho y del pacto. Presidente del Congreso, redactor del Acta de Federación, había sido antes autor del Memorial de Agravios en el que los criollos habían reclamado a la corona igualdad de representación. Su federalismo no era localismo: era una teoría de la soberanía distribuida.

Alrededor de ellos gravitaban otras figuras. Jorge Tadeo Lozano, primer presidente de Cundinamarca, científico y polígrafo, empujado a renunciar por la ofensiva nariñista. Antonio Baraya, militar centralista inicial que en marzo de 1812 se pasó al bando federalista y puso sus tropas al servicio del Congreso, convirtiéndose en el jefe militar de los federalistas de Tunja. José María Carbonell, agitador y organizador popular en Santa Fe. Joaquín Camacho, uno de los firmantes del Acta del 20 de julio. Custodio García Rovira y Manuel Bernardo Álvarez, con papeles diferentes en Pamplona y en la Cundinamarca nariñista. Francisco de Paula Santander, entonces oficial joven, y Simón Bolívar, presente en la Nueva Granada tras la caída de la Primera República venezolana, se recortarán con mayor nitidez después de 1815.

La política expansionista de Nariño, que buscaba incorporar a Cundinamarca territorios de otras provincias, fue el detonante material de la fractura. No era solo una disputa doctrinaria: eran fronteras, rentas y jurisdicciones concretas las que se disputaban.

La guerra civil

El 2 de diciembre de 1812, las columnas de Cundinamarca y las del Congreso chocaron en Ventaquemada, en el altiplano boyacense. Veinte muertos —cifra modesta en términos de batalla, decisiva en términos simbólicos: la Primera República acababa de derramar su primera sangre interna. Las tropas cundinamarquesas se retiraron a Santa Fe. Nariño ofreció rendirse; Baraya no lo aceptó. Al intentar tomar la capital, Baraya fue derrotado.

Nariño ganó ese primer round, pero no logró unificar al Congreso y a Cundinamarca bajo un gobierno único. La guerra civil quedó en pausa, no cerrada. En 1813, con la campaña del sur presionando desde Pasto y Popayán, los dos ejércitos patriotas —centralistas y federalistas— operaron de forma combinada bajo el mando de Nariño. Fue una tregua funcional, no una reconciliación, y muestra algo importante: la unificación militar sí era posible cuando la amenaza externa lo exigía. A fines de 1814 se produjo la fusión final de todas las fuerzas patriotas granadinas, con la amalgama de cuerpos de todo el espacio neogranadino. El colapso de la Primera República no fue, pues, un desenlace mecánico de la división; fue la interrupción brutal de un proceso que, al final, se estaba integrando.

Los ejércitos de la Patria Boba fueron lo que las circunstancias permitieron: cuerpos de campesinos sin entrenamiento formal, sin estrategia articulada, sin táctica regular. Se peleaba por sorpresa, por ataque imprevisto, por aprovechamiento del descuido del enemigo. José María Espinosa, nacido en Santa Fe en 1796 y luego pintor célebre, sirvió como abanderado y dejó memorias en las que se ve la textura de aquellas campañas: guerra a la vez heroica y desmañada, hecha por gente que aprendía a combatir combatiendo.

Las bases sociales

Aquí aparece el límite más severo del laboratorio. La insurrección neogranadina fue protagonizada por minorías cultas y ricas. A diferencia de México, donde el cura Hidalgo movilizó al pueblo indígena, y a diferencia del episodio de José Tomás Boves en los Llanos venezolanos, la independencia en la Nueva Granada tuvo, en sus primeros años, escasa penetración popular.

Las masas rurales no encontraron eco a sus inquietudes en el movimiento. Algunos grupos, aislados geográficamente, siguieron viviendo como si nada. Los indios se sentían vinculados a España sobre todo a través de la figura del rey, a quien consideraban su padre y protector, y España aprovechó esa lealtad ofreciendo beneficios inmediatos a quienes contribuyeran a la derrota patriota. Las autoridades realistas también recurrieron a estrategias para atraer a los sectores más segregados de la sociedad colonial.

El resultado fue una geografía política del conflicto en la que provincias enteras quedaron del lado del rey. Los gobiernos de Panamá, Santa Marta, Riohacha, Pasto y Popayán se declararon realistas, al igual que las poblaciones de las sabanas del Sinú, la costa sur del Pacífico y el valle de Cúcuta. La guerra no fue de neogranadinos contra españoles: fue una guerra dentro de la Nueva Granada, con bandos que atravesaban regiones, castas y familias. Los llaneros, movilizados primero por Boves a favor de España, mostraron hasta qué punto los sectores populares podían inclinarse al bando peninsular cuando encontraban en él una respuesta a sus agravios sociales.

El dato no descalifica el experimento constitucional; lo sitúa. La Patria Boba fue un laboratorio real y una producción teórica seria, pero también un episodio de élites operando sobre una sociedad que no había sido convocada, o que había sido convocada del lado equivocado. En esa estrechez social se incubó parte de la vulnerabilidad militar posterior.

La Reconquista

En 1814, Fernando VII fue restaurado en el trono. La consecuencia americana fue inmediata: una expedición militar de gran envergadura al mando de Pablo Morillo, con destino a Venezuela y la Nueva Granada. Su misión era pacificar. La palabra, en boca de Morillo, tenía un contenido preciso: exterminio de la dirigencia patriota y disciplinamiento del cuerpo social.

Cartagena de Indias, corazón republicano del Caribe, fue el punto de aplicación primero y más brutal. El sitio duró ciento dos días. La ciudad cayó el 6 de diciembre de 1815. Se calcula que murió aproximadamente un tercio de la población durante el asedio, por hambre y epidemias. Antes de la entrada de las tropas peninsulares, entre 2.000 y 2.500 habitantes evacuaron la ciudad en trece embarcaciones corsarias; muchos murieron en el mar por hambre, sed y agotamiento, y muchos nunca regresaron. Cuando Morillo entró en la ciudad, encontró cadáveres en las calles y en las casas, y una plaza devastada por la peste. Un coronel español extendió el terror en la bahía matando a todos los leprosos del lazareto.

1816 fue el año más negro de la revolución en la Nueva Granada. Los líderes de la Primera República fueron capturados y fusilados en serie: Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Antonio Villavicencio, José María Cabal. José Fernández Madrid, en cambio, sobrevivió y ejercería más tarde la presidencia patriota. Las ejecuciones se hicieron por horca, decapitación y fusilamiento, y se llamaron cínicamente "pacificación". Se organizaron cuadrillas de trabajo forzado de campesinos para abastecer al ejército de Morillo.

El aparato jurídico del terror fue metódico. Consejos de guerra con pena capital para los acusados de rebelión. Consejos de purificación para los desleales al rey. Juntas de Secuestros para confiscar bienes de acusados de traición: en Venezuela, en 1815 y 1816, esas juntas remataron haciendas de miembros de la élite y bienes del propio Bolívar. Fuero castrense aplicado a sacerdotes y rebeldes. Morillo partió de Cartagena hacia el interior en febrero de 1816 para continuar la pacificación, dejando como virrey al general Montalvo, nombrado el 28 de abril, con sede en Cartagena.

La represión se prolongó más allá de 1816. Policarpa Salavarrieta fue ejecutada en Santa Fe en 1817. En abril de 1818, un nuevo virrey, impuesto por maniobras de Morillo en detrimento del más moderado Montalvo, endureció aún más el régimen: los patriotas lo recordarían por su sed de venganza contra los republicanos. Cuando en 1819 Bolívar cruce el páramo de Pisba y las tropas patriotas entren en la sabana, la Reconquista habrá hecho el trabajo político que sus verdugos no anticiparon: convertir a una parte de la población indiferente o realista en simpatizante de la causa republicana.

Lo que quedó, lo que volvió

La Primera República murió, pero sus formas no. Cuando en diciembre de 1819 el Congreso reunido en Angostura proclamó la República de la Gran Colombia, y cuando en 1821 el Congreso de Cúcuta debatió su constitución, la vieja pugna entre centralismo y federalismo volvió al centro de la escena. Los centralistas defendieron una república unitaria e indivisible con gobierno fuerte; los federalistas argumentaron que la diversidad de las tres naciones —Venezuela, Nueva Granada, Quito— exigía el sistema federal. El centralismo prevaleció en Cúcuta, pero la discusión no se cerró; solo se aplazó.

La Gran Colombia se fragmentó en 1830, año en que murió Bolívar. Su figura había sido el vínculo de cohesión entre Bogotá, Caracas y Quito; sin él, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador se separaron en sus partes constitutivas originales. La República de Nueva Granada se constituyó formalmente el 17 de noviembre de 1831, y la Constitución de 1832 instituyó el régimen provincial autónomo, dividiendo el territorio en provincias con cámaras propias. En ese diseño resonaban, treinta años después, las soberanías provinciales de 1810.

La resonancia sería aún más larga. Las divisiones provinciales forjadas durante la Patria Boba constituyeron la matriz territorial que delimitó los ocho estados soberanos de los Estados Unidos de Colombia en 1861. La tensión entre centralismo y federalismo estructuró toda la historia constitucional colombiana del siglo XIX y buena parte del XX, y no es forzado leer en la separación de Panamá en 1903 —o en las guerras civiles decimonónicas— un capítulo tardío del mismo debate. Lo que se ensayó entre 1810 y 1816 no fue un experimento fallido: fue un molde de larga duración, que se rehizo varias veces con el mismo material de origen.

También los nombres propios volvieron. Santander, oficial subalterno en 1813, se convirtió en el "Hombre de las Leyes" de la Gran Colombia y encarnó, tras 1832, el modelo civilista neogranadino. La red de familias criollas que había sostenido a Nariño y a Torres proveyó, a lo largo del siglo XIX, a la mayoría de presidentes, magistrados y constituyentes del país. Los archivos de las juntas provinciales, las actas de los cabildos, los borradores de las constituciones de 1811-1815 se convirtieron en material invocado por los constitucionalistas posteriores cada vez que se abrió una convención. El periodo, más que superado, quedó como una capa fundacional sobre la que se depositaron todas las siguientes.

La memoria y su nombre

Queda el problema del mote. La expresión "Patria Boba" no es un dato del periodo sino de su recepción. En el siglo XIX colombiano, la escritura de la historia fue una prolongación de la política. Sus autores participaron en la creación de la institucionalidad estatal y legitimaron con ella posiciones sobre el centralismo, el federalismo y el papel de la Iglesia. De ese cruce nacieron las dos grandes tradiciones interpretativas del periodo.

La conservadora, que encontró en José Manuel Groot su pluma mayor, reivindicó el legado español, sus instituciones y sus valores tradicionales. La liberal, con José María Samper entre sus voces más audibles, cargó contra el carácter centralista, monopolístico y omnipresente del Estado colonial y de la Iglesia, y construyó un pasado a la medida de sus proyectos revolucionarios: para esa lectura, el 20 de julio de 1810 inauguraba una revolución anticolonial estrangulada por los mismos grupos que detentaban la hegemonía económica de la Colonia, y la fragmentación posterior era la traición de las élites al impulso emancipador. Groot y Samper no fueron simples ilustraciones de corrientes: eran combatientes de una guerra por el sentido del pasado, y sus libros funcionaron como armas.

La museografía patriótica hizo su parte. Objetos como el Florero de Llorente quedaron consagrados como reliquias que condensaban los grandes hitos del relato: la creación de las juntas, la pacificación de Morillo, la Campaña Libertadora. Piezas materiales modestas fueron elevadas al rango de emblemas nacionales, y en torno a ellas se organizaron los museos, los manuales escolares y las conmemoraciones del centenario en 1910.

Más tarde surgió una corriente revisionista que empezó a interrogar las certezas heredadas: la historia económica y una aplicación incipiente del método marxista abrieron nuevas preguntas sobre las bases materiales del proceso independentista, sobre el papel de las élites y sobre la relación entre el discurso liberal y la estructura social colonial. Fue en esa larga elaboración, más que en un momento único, cuando se sedimentó el mote. La imagen de una "patria boba" —vaga, humillante, memorizable— demostró ser útil para lecturas incompatibles entre sí, y todas coincidieron, sin quererlo, en despojar al periodo de su seriedad política.

Balance

La Patria Boba fue un laboratorio constitucional real, con producciones institucionales que ninguna otra región hispanoamericana igualó en tan poco tiempo. Fue también una experiencia socialmente estrecha, protagonizada por élites que no lograron —o no intentaron con suficiente fuerza— sumar a las masas rurales, a los indígenas y a los esclavos, y que por eso encontraron enfrente, en muchas regiones, a las propias poblaciones que decían liberar. Fue una guerra civil con muertos y con fracturas geográficas que precedieron y anticiparon las del siglo XIX. Fue interrumpida por la fuerza brutal de una expedición peninsular que fusiló a su dirigencia y aterrorizó a su población, no derrotada en sus propios términos internos: en 1814 los ejércitos patriotas ya se habían fusionado, y esa integración tardía muestra que la unificación era alcanzable.

Todo eso cabe en el nombre "Patria Boba" solo si se lo entiende como lo que es: un rótulo forjado a posteriori, útil para simplificar y peligroso para comprender. Bajo él late un proceso denso —el más denso, quizás, de toda la formación institucional colombiana— cuyo destino no fue la bobería sino la interrupción. Lo que se ensayó entonces, con sus aciertos y sus límites, volvió una y otra vez a la historia del país: en la Gran Colombia y su fractura, en los estados soberanos de 1861, en las guerras civiles del XIX, en la Constitución de 1886 y aun en la de 1991. Pocos periodos tan cortos han pesado tanto en la larga duración de una nación, y el desajuste entre el peso real y el nombre heredado es, todavía hoy, parte del problema.