La Patria Boba

La Patria Boba

Entre el 20 de julio de 1810 y el 6 de octubre de 1816, el Nuevo Reino de Granada ensayó una república inédita: no una, sino ocho, nueve, diez soberanías provinciales que redactaron constituciones propias, levantaron ejércitos separados y llegaron a hacerse la guerra antes de enfrentar al ejército expedicionario español. Quedó bautizada con desdén Patria Boba, y el nombre pegó porque parecía describir literalmente lo ocurrido: patriotas ilustrados que, teniendo la independencia al alcance, la desperdiciaron en un federalismo fratricida hasta que Pablo Morillo llegó en 1815 a poner orden con diez mil bayonetas.

¿Fue esa fragmentación el destino estructural de un territorio sin centro, la traducción política de un pactismo hispánico que solo podía expresarse por provincias, o el fruto contingente de un cisma faccional entre Antonio Nariño y Camilo Torres Tenorio cuyo costo militar entregó el país a la Reconquista? ¿O fue, más incómodamente, las tres cosas a la vez, sin que ninguna baste por sí sola y sin que su suma alcance a explicar del todo lo ocurrido? La pregunta no es ociosa: de la respuesta —si es que hay una— depende cómo se lee el resto del siglo XIX colombiano. La Constitución de 1832, la reforma federal de 1855, la Confederación de 1858, los Estados Unidos de Colombia de 1863 y la Regeneración de 1886 son variaciones sobre la misma tensión que ya está planteada, entera, en aquellos seis años.

La Patria Boba no es un episodio menor de arqueología política. Es el yacimiento donde se depositó la matriz de todos los conflictos constitucionales colombianos hasta hoy. ¿Fue la fragmentación de 1810-1816 estructural —geografía imposible, ordenamiento borbónico de provincias inconexas, cabildos exclusivistas herederos del pactismo indiano—, y por tanto el centralismo de 1886 una imposición contra natura y las reincidencias federales de 1853 y 1863 no aberraciones sino retornos al cauce? ¿O fue contingente —pelea entre próceres, importación mal digerida del modelo estadounidense, ambición personal de Nariño y de Torres—, y entonces el país existía como unidad viable desde antes y solo faltó una generación capaz de gobernarla, siendo el federalismo posterior la sombra larga de un error y no una vocación?

De la respuesta depende también cómo se juzga a Morillo. Si su expedición llegó a rematar un experimento ya quebrado por dentro, la Reconquista es epílogo de una catástrofe autoinfligida. Si llegó a interrumpir un proceso de convergencia en marcha —la unificación militar de fines de 1814 sugiere que sí lo había—, entonces el centralismo republicano posterior es hijo del shock externo, no del fracaso interno, y el país que emergió en Cúcuta en 1821 y en Bogotá en 1832 no expresó la voluntad neogranadina sino la forma que le dejó la violencia realista. Ninguna de las dos versiones se deja despachar sin resistencia.

Hay dos lecturas fuertes en pugna, y una tercera que las tensa desde el flanco. La primera lee la fragmentación como necesidad estructural. El Nuevo Reino de Granada nunca había sido, en rigor, un reino: era un archipiélago de ciudades —Cartagena en el Caribe, Santa Marta en su rivalidad, Mompox en el río, Tunja en el altiplano, Santafé como capital administrativa, Popayán y Cali en el suroccidente, Antioquia encerrada en su montaña— comunicadas con dificultad y organizadas en torno a cabildos que desde el siglo XVI habían sido controlados por los encomenderos principales y sus descendientes. El ordenamiento borbónico del siglo XVIII no unificó ese archipiélago sino que superpuso una capa fiscal —los estancos de tabaco y aguardiente, una carga tributaria multiplicada hacia fines de siglo— sin alterar las estructuras corporativas locales. Las rivalidades documentadas para 1810 entre Mompox y Cartagena, entre Girón y Pamplona, entre Sogamoso y Tunja, entre Ambalema y Honda, no fueron novedad de la crisis juntera: eran las líneas de tensión sedimentadas por dos siglos de gobierno colonial. Cuando la prisión de Fernando VII en Bayona en 1808 abrió el vacío de soberanía, cada ciudad reasumió por su cuenta los poderes que había ejercido siempre a través de su cabildo. El federalismo, en esta lectura, no fue elección ideológica sino descripción sociológica de lo que ya existía.

La segunda tesis, contingentista, subraya otra cosa. La invasión napoleónica desencadenó en toda Hispanoamérica una crisis paralela, y en muchos lugares —Buenos Aires, Caracas, Santiago— los procesos junteros no derivaron en guerras civiles internas antes de enfrentar a España. En Nueva Granada sí. La razón no está en la geografía sino en las personas: Antonio Nariño, traductor de los Derechos del Hombre en 1794 y presidente centralista de Cundinamarca desde septiembre de 1811, y Camilo Torres Tenorio, autor del Memorial de Agravios de 1809, redactor del Acta de Federación del 27 de noviembre de 1811 y presidente del Congreso de las Provincias Unidas. El cisma entre ambos —reforzado por la defección del general Antonio Baraya al bando federalista en marzo de 1812 y por los choques de Ventaquemada del 2 de diciembre de ese año— no fue emanación de la geografía sino cálculo faccional. Sin ese cisma, la Primera República habría podido consolidar su defensa antes de que llegara Morillo. La Patria Boba fue boba por elección, no por destino.

La tercera lectura interviene desde otro ángulo: la que insiste en el carácter externo y contundente del shock reconquistador. Morillo desembarcó con una fuerza expedicionaria de veteranos napoleónicos que ninguna república americana de la época —ni las federadas ni las centralizadas— podía enfrentar en campo abierto sin años de preparación. Cartagena resistió ciento dos días de sitio y perdió aproximadamente un tercio de su población por hambre y epidemia antes de caer el 6 de diciembre de 1815; el resto del país cayó en los diez meses siguientes hasta que Morillo completó la reconquista en los primeros días de octubre de 1816. Ninguna configuración interna habría cambiado el desenlace: la Primera República no murió de sus divisiones sino de una expedición imperial.

¿Cuál pesa más? La pregunta se complica en cuanto uno se acerca a las fechas. Antes de que Santafé constituyera su Junta Suprema el 20 de julio, ya se habían establecido juntas en Cartagena —con acciones tempranas el 22 de mayo y el 14 de junio—, en Cali el 3 de julio, en Pamplona el 4, en el Socorro el 10. Después vinieron Tunja el 25 de julio, Neiva el 27, Girón el 30 y Mompox el 6 de agosto, cuando esta última proclamó una forma de independencia más radical que la de la capital. La secuencia no describe un impulso irradiado desde Santafé sino un movimiento simultáneo y paralelo: cada cabildo actuó por su cuenta invocando la doctrina, próxima al pactismo, según la cual la soberanía revertía al pueblo —es decir, a las corporaciones que lo representaban— cuando el rey quedaba impedido de ejercerla. ¿Puede llamarse a eso improvisación, o hay que llamarlo, más bien, ejecución de un guion sedimentado?

La composición de esas juntas empuja la balanza. En Cartagena, la Junta Suprema se formó por unión del cabildo —considerado el único cuerpo con representación legítima del pueblo— con seis diputados electos por los habitantes de la ciudad y cinco por los cabildos subalternos. La fórmula era corporativa, no democrática en sentido moderno: el pueblo se manifestaba a través de sus cuerpos históricos. El propio Nariño admitió sin eufemismo que en ausencia de mecanismos para consultar a la población entera, unos pocos hombres de luces y crédito se apropiaron temporalmente de la soberanía para dar los primeros pasos. Era una confesión: la revolución de 1810 fue una revolución de élites ilustradas actuando en nombre de un pueblo cuya voluntad efectiva nadie se molestó en medir. ¿Qué clase de república se funda así, y qué queda por defender cuando la expedición llega?

Sobre esa base corporativa se levantó, casi de inmediato, un enjambre de textos constitucionales. La primera Constitución de Cundinamarca fue aprobada el 30 de marzo de 1811 y promulgada el 4 de abril, bajo la presidencia de Jorge Tadeo Lozano; establecía una monarquía constitucional limitada, con separación de poderes, y aún reconocía a Fernando VII como rey —una fórmula que muestra hasta qué punto la ruptura con la Corona era todavía nominal—. Le siguieron la Constitución de Tunja el 9 de diciembre de 1811, la de Antioquia el 21 de marzo de 1812, la de Cartagena el 15 de junio de 1812, y más tarde, ya en plena guerra, las de Popayán en 1814, Mariquita el 21 de junio de 1815, Neiva y Pamplona en 1815. Cundinamarca reformó su propia constitución en junio de 1812. Ninguna otra región de Hispanoamérica produjo, en tan corto tiempo, semejante densidad de escritura constitucional. Cada provincia se dio su propio texto porque cada una se consideraba, con arreglo a la tradición pactista, soberana desde el momento en que el vínculo con el rey se había roto.

El Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, firmada el 27 de noviembre de 1811 por los delegados de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja, no fue entonces un experimento juvenil ni una imitación irreflexiva del modelo de Filadelfia. Fue el reconocimiento formal de que la única entidad política viable era una confederación de estados que ya existían como tales antes de firmar. Cundinamarca, bajo la influencia de Nariño, se negó a adherirse —no porque rechazara la soberanía provincial sino porque quería ejercerla en solitario y con hegemonía sobre las demás. ¿Es esto una arquitectura política que se derrumbó, o una arquitectura que apenas había empezado a levantarse?

Y sin embargo. Todo lo anterior explica la forma federal de la Primera República, pero no la guerra civil que la desgarró. Ahí manda otra lógica, y allí es donde la lectura estructural empieza a mostrar sus grietas.

En septiembre de 1811, Nariño lideró la campaña política que forzó la renuncia de Jorge Tadeo Lozano y asumió él mismo la presidencia de Cundinamarca. Desde ese momento, el conflicto dejó de ser entre modelos constitucionales y pasó a ser entre dos hombres y sus bandos. Torres, elegido presidente del Congreso de las Provincias Unidas, redactó su constitución inspirándose en el modelo estadounidense. Nariño se atrincheró en Cundinamarca. En marzo de 1812, Antonio Baraya, hasta entonces oficial de Nariño, se pasó al bando del Congreso; fue defección, no reconversión ideológica. El 2 de diciembre de 1812, las tropas de Cundinamarca y las del Congreso chocaron en Ventaquemada; las cundinamarquesas se retiraron. Baraya intentó luego tomar Santafé y fue derrotado. Nariño consolidó su victoria táctica pero no logró unificar el país. ¿Cuánto de esto habría ocurrido en ausencia de dos temperamentos personales concretos? La pregunta incomoda a la lectura estructural, que no tiene manera de responderla desde su propio vocabulario.

Mientras esto ocurría, España se recomponía. Fernando VII fue restaurado en 1814 y preparó de inmediato la expedición pacificadora al mando de Morillo. La Primera República tenía apenas dos años para prepararse. Los usó, en cambio, para prolongar su guerra interna. En 1813, Nariño emprendió una campaña hacia el sur contra los realistas de Pasto —una operación que en principio combinaba fuerzas centralistas y federalistas—, pero las autoridades de Antioquia, encabezadas por su comandante Gutiérrez y el gobernador Corral, rehusaron poner sus tropas bajo su mando invocando la soberanía provincial. Nariño marchó con un ejército desnudo, descalzo, sin comer durante tres días, con oficiales incapacitados por enfermedad. La derrota era previsible.

En el Caribe, la escena se repitió en clave paralela. Simón Bolívar, entonces comandante de un ejército del Congreso, en lugar de marchar contra los realistas de Santa Marta conforme a las órdenes recibidas, se dejó arrastrar por su rivalidad con Manuel del Castillo, comandante de Cartagena, y terminó en un enfrentamiento entre patriotas. El 8 de mayo de 1815, Bolívar renunció al mando en el cuartel de La Popa y se embarcó hacia Jamaica. Cartagena quedó sola frente al sitio que Morillo puso pocas semanas después.

La unificación llegó tarde y forzada. A fines de 1814, tropas del Congreso atacaron Bogotá; el presidente de Cundinamarca renunció el 12 de diciembre de 1814. Las Provincias Unidas y Cundinamarca por fin formaban un solo cuerpo político. Pero Morillo ya había zarpado. ¿Cuántos meses habrían bastado para que aquella unificación se consolidara en algo defensivo? ¿Uno? ¿Doce? ¿Cinco años? Nadie puede saberlo, y ahí empieza el problema.

Cuando la expedición desembarcó, la Primera República tenía apenas meses de unificación efectiva y un aparato militar exhausto por tres años de guerras civiles. Morillo procedió con sistematicidad. Tomó Cartagena el 6 de diciembre de 1815 tras el sitio de ciento dos días; entre dos mil y dos mil quinientos habitantes huyeron en trece embarcaciones corsarias antes de la caída y muchos murieron en el mar. Cuando las tropas entraron, encontraron cadáveres en las calles y casas, un olor casi insoportable, y una población reducida al llanto. En el trayecto hacia Bogotá, en Mompós, hizo ahorcar a varios patriotas y ordenó decapitar el cadáver del teniente coronel Fernando Carabaño para exhibir su cabeza en un palo.

Instalado en Santafé, montó el aparato represivo: el Consejo de Purificación y la Junta de Secuestros, esta última encargada de confiscar y vender los bienes de los insurgentes para financiar el ejército expedicionario. En 1816 fueron fusilados Camilo Torres Tenorio, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Antonio Villavicencio, José María Cabal —la élite ilustrada que había redactado las constituciones, dirigido las juntas, escrito los memoriales—. A 1816 se lo llamó el año más negro de la revolución americana. Policarpa Salavarrieta sería fusilada en 1817. Morillo completó la reconquista en los primeros días de octubre de 1816.

Ese fue el shock. Y la magnitud de la represión, más que las batallas mismas, es lo que marca el punto de inflexión. La Primera República no fue simplemente derrotada militarmente: fue decapitada. Los hombres que habrían podido, en la década siguiente, negociar la síntesis entre la tradición provincial y una arquitectura común —los que habían escrito las constituciones de 1811 y 1812, los que habían llevado a Cundinamarca a reformarse en 1812, los que en 1814 empezaban a articular un cuerpo federal viable— fueron eliminados físicamente. El vacío que dejaron habría de ser llenado, tras la reconquista bolivariana de 1819, por una generación militar formada en la lucha, con otra sensibilidad política y otras urgencias. ¿Qué constitución habrían escrito Torres o Caldas en 1821 si hubieran estado vivos? La pregunta no admite respuesta, y por eso mismo pesa.

Aquí es donde las tres lecturas se estorban entre sí. La Patria Boba fue simultáneamente inevitable en su forma y autodestructiva en su desarrollo, y ambas cosas hay que sostenerlas al mismo tiempo, sin que una absuelva a la otra.

Fue inevitable en su forma federal porque no había otro material político con el que trabajar. El Nuevo Reino de Granada de 1810 no era una nación esperando ser liberada: era una geografía de ciudades corporativas con cabildos exclusivistas, con rivalidades sedimentadas por dos siglos, con una experiencia de autogestión local reciente en el movimiento comunero del Socorro de 1781, y con una doctrina pactista que autorizaba a cada corporación a reasumir la soberanía cuando el rey faltaba. Las juntas de julio y agosto de 1810 no se organizaron en forma federal porque hubieran leído a los federalistas de Filadelfia —Torres los leyó, sí, pero después— sino porque esa era la única forma en que la soberanía podía expresarse en un territorio sin centro hegemónico real. Que Santafé, por ser capital administrativa, pretendiera dirigir el movimiento, no la hacía capital política de un país que no se sentía uno. La densidad y simultaneidad de las constituciones provinciales —Cundinamarca, Tunja, Antioquia, Cartagena, Popayán, Mariquita, Neiva, Pamplona, todas entre 1811 y 1815— no fue caos: fue laboratorio. Ese trabajo no se perdió: reaparece con nombres nuevos en la Constitución de 1832 y sus cámaras provinciales autónomas, en la reforma federal de 1855, en la Confederación Granadina de 1858 promovida —no por casualidad— por una constituyente conservadora, y en los Estados Unidos de Colombia de 1863 con sus ocho estados soberanos. Que el federalismo colombiano haya sido inaugurado formalmente por conservadores en 1858 desmiente la simplificación centralismo igual conservador, federalismo igual liberal: el federalismo fue matriz territorial, no bandera partidaria.

Pero fue autodestructiva en su desarrollo porque el pactismo provincial no obligaba a los próceres a hacerse la guerra: eso lo eligieron ellos. El cisma entre Nariño y Torres, la defección de Baraya en marzo de 1812, los choques de Ventaquemada en diciembre, la negativa de Antioquia a subordinar sus tropas a Nariño en 1813, la rivalidad entre Bolívar y Castillo que consumió al ejército del Caribe en 1815: todo eso fue faccionalismo, no geografía. La lectura estructural explica por qué la Primera República tomó forma federal, pero se queda corta para explicar por qué esa forma federal fue incapaz de definir sus propias competencias, por qué los ejércitos operaron separados en 1813 en lugar de fusionarse, por qué la unificación tuvo que llegar por conquista interna a fines de 1814 en vez de por pacto en 1811. La Confederación jamás definió con claridad la relación entre estados y gobierno confederal, y ese fue un problema político, no geográfico. Lo demostró Estados Unidos, cuyo pacto federal, tras crisis y guerra civil, encontró mecanismos de acomodo. Los neogranadinos no tuvieron tiempo, y no lo tuvieron porque lo gastaron en pelearse entre sí. ¿Pero es que iban a tenerlo alguna vez, con Morillo cruzando el Atlántico?

El shock de Morillo, por su parte, fue determinante y no meramente acelerador. La unificación de 1814-1815 sugiere que el proceso de convergencia había empezado; con dos o tres años más, sin expedición imperial, habría podido cristalizar alguna síntesis. La expedición cortó el experimento antes de que pudiera corregirse, y la represión eliminó a la generación capaz de corregirlo. Que el centralismo emerja como fórmula dominante en la Gran Colombia bolivariana de 1821 y en la Constitución de 1832 no expresa una vocación interna del país sino la forma que le impuso primero la reconquista española y luego la victoria militar de una generación de guerra. El federalismo que reaparece en 1853 y 1863 no es aberración ni copia extranjera: es el retorno del ADN provincial que Morillo había interrumpido pero no borrado. ¿O sí lo borró, y lo que vuelve en 1853 es otra cosa que apenas se parece?

Ninguna de las tres lecturas basta por sí sola, y las tres juntas no arman una respuesta limpia sino una constelación de tensiones. La forma federal fue estructural; la guerra civil interna fue contingente; la derrota final fue externa. Reducirlo a una de las tres es empobrecer la escena. Sostener las tres a la vez es aceptar que la Patria Boba fue un experimento constitucional genuino, ensayado sobre una matriz territorial que no admitía otro punto de partida, saboteado por sus propios protagonistas y clausurado por una expedición imperial. El mote de boba es injusto: la boba fue la generación que lo intentó todo a la vez y no tuvo tiempo de aprender de sus errores. El país siguió aprendiendo por ella, a lo largo de todo el siglo XIX, sin lograr nunca cerrar el debate que aquellos seis años dejaron abierto.

Queda un residuo que ninguna de las tres lecturas absorbe del todo, y que devuelve la pregunta al lector antes que resolverla. La disonancia entre el pactismo hispánico y el modelo estadounidense en la escritura constitucional de 1811 es la primera fisura. Que Torres se inspiró en Filadelfia para el Acta de Federación está fuera de discusión; que las juntas de 1810 se organizaron según la doctrina de la reversión de la soberanía al pueblo, también. ¿Cómo se articularon ambas tradiciones en la práctica cotidiana de la Confederación? ¿Qué categorías se usaron para negociar entre estados, qué vocabulario para dirimir competencias? El lenguaje constitucional adoptado convivió con prácticas políticas heredadas de la colonia, y esa convivencia no fue armónica sino tensa. Nadie ha medido esa tensión con la finura que exige.

Más incómoda aún es la cuestión popular. Las constituciones provinciales proclamaron la igualdad abstracta de los ciudadanos ante la ley —la de Antioquia establecía que ningún hombre, clase o corporación podía ser más gravado que el resto— pero no alteraron las estructuras del cabildo exclusivista ni incorporaron efectivamente a los sectores populares. La confesión de Nariño sobre los hombres de luces y crédito que se apropiaron de la soberanía es una ventana a esa realidad, y explica en parte por qué la Primera República no logró movilizar resistencia masiva contra Morillo: no había suficiente pueblo dentro de la república para defenderla. ¿Cuánto de la derrota de 1816 se debe a esa fragilidad social —distinta de la fragilidad militar? La pregunta cuestiona simultáneamente a las tres lecturas mayores, y ninguna la contesta bien.

Y al fondo queda el contrafáctico. Si Morillo hubiera fracasado —si la expedición hubiera naufragado, si las guerras europeas hubieran obligado a Fernando VII a retirarla—, ¿habría el federalismo neogranadino encontrado su acomodo? La unificación de 1814-1815 tira hacia el sí; la persistencia de la fragmentación en 1832, 1853 y 1863 tira hacia el no. Formular la hipótesis obliga a distinguir lo que la Primera República fue de lo que pudo haber sido, y a no confundir el desenlace con el destino. La distinción es tajante y consecuente, aunque —o precisamente porque— nadie va a saber nunca de qué lado habría caído.

Ahí está la pregunta que sobrevive a las tres tesis, y que este ensayo prefiere dejar en pie antes que clausurar: si aquellos seis años fueron una república que fracasó o una república que fue interrumpida antes de poder fracasar por su cuenta. La historia de Colombia se escribió sobre esa distinción no cerrada, y quizá por eso sigue, tantas veces, volviendo a 1810.