Antonio Nariño

El santafereño ilustrado

Nariño nació en 1765 en Santafé de Bogotá, hijo de Vicente Nariño y de Catalina Álvarez del Casal, en una capital virreinal donde la Ilustración llegaba filtrada por la censura, los estancos y la vigilancia inquisitorial. Fue, desde temprano, un lector voraz y un hombre de negocios de la élite criolla, con recursos suficientes para hacer traer libros que los inventarios oficiales jamás habrían autorizado. La confiscación de sus bienes en 1794 —posterior al escándalo de los Derechos del Hombre— permitió a las autoridades levantar el catálogo de su biblioteca, y ese catálogo es la mejor radiografía de su formación: clásicos griegos y latinos, historia, filosofía, teología, matemáticas, medicina, ciencias naturales, tratados de leyes y derecho, y los escritos de los enciclopedistas franceses. Todo eso había entrado por caminos oblicuos al Nuevo Reino, y todo eso lo tenía en su casa un hombre de veintiocho años.

Ese fondo lo ubica en la misma constelación intelectual de José Celestino Mutis y de Francisco José de Caldas: la generación que rechaza la escolástica dominante en universidades y colegios, entusiasmada con la ciencia moderna y convencida de que la educación es el remedio a los males del reino. La Ilustración española de Feijóo, Jovellanos y Campomanes fue probablemente la puerta principal por la que Nariño accedió a esa actitud crítica; la generación siguiente, la que protagonizará la Independencia armada, leerá ya a los enciclopedistas franceses sin mediación. Nariño está justo en la bisagra: todavía formado en el molde ilustrado hispano, ya dispuesto a imprimir a Robespierre en su propia prensa.

Antes del episodio que lo hará famoso, hay una pista temprana de su temple analítico: en 1779, con apenas catorce años, presentó al virrey un plan de nueva administración para el virreinato que contenía una crítica frontal de la economía colonial —los monopolios, los estancos, la pobreza generalizada—. Ese documento revela un ejercicio político precoz, la costumbre de mirar la administración imperial como problema y no como paisaje. Nariño no llegó al radicalismo por lectura súbita, sino por sedimentación de años.

Su casa fue, en la última década del siglo XVIII, uno de los focos de sociabilidad intelectual de Santafé. Allí se reunía la llamada Tertulia del Buen Gusto, de carácter mundano y literario, donde jóvenes patricios comentaban las mejores lecturas llegadas de Francia; entre sus participantes se contaban Camilo Torres Tenorio y Francisco Ulloa, ambos destinados a morir en los años de la reconquista de Pablo Morillo. En paralelo, Manuel del Socorro Rodríguez —cubano formado en la biblioteca virreinal— animaba la Tertulia Eutropélica, cuyos escritos alimentaron las páginas del Papel Periódico de Santafé entre 1791 y 1797. Estas dos tertulias, distintas en tono pero convergentes en función, son la mejor evidencia de que Santafé disponía, hacia 1793, de un público criollo capaz de reconocerse en las categorías ilustradas. Nariño no habla al vacío cuando decide imprimir los Derechos del Hombre: habla a un pequeño mundo que lo va a entender —y por eso mismo lo va a comprometer.

La imprenta de 1793

En algún momento de 1793 llegó a manos de Nariño un libro del publicista francés Christophe Félix de la Touloubre —conocido como Galart de Montjoie— que reproducía íntegro el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada por la Asamblea Constituyente. Un oficial lo entregó. Lo que sí quedó fijado, con fecha exacta, es lo que Nariño hizo con ese libro: el 13 de diciembre de 1793 imprimió, en su Imprenta Patriótica de Santafé, un folleto con su propia traducción al español de la Declaración francesa.

El gesto es doblemente radical. Nariño no solo tradujo un texto que circulaba en la lengua de Voltaire —lo hizo accesible al lector castellano, es decir, al criollo, al cura de pueblo, al escribano, al estudiante—; además lo imprimió, es decir, lo multiplicó, en un reino donde la imprenta era un privilegio raro y donde imprimir sin licencia era delito. La Imprenta Patriótica era suya: no dependía de conceder permisos ni de negociar con la censura previa. Esa autonomía técnica es lo que convierte a Nariño en algo distinto de un lector clandestino: en un agente de reproducción cultural.

La reacción de las autoridades virreinales fue inmediata y desproporcionada, y en su desproporción se lee la magnitud del susto que produjo el papel. Nariño y el editor Diego Espinosa de los Monteros fueron apresados. Los oidores sometieron a "toda suerte de tratamientos arbitrarios" a otros implicados y a estudiantes sospechosos. Se inició un juicio formal por el delito de "impresión sin licencia", dirigido por el oidor Joaquín de Mosquera y Figueroa. El abogado defensor que Nariño designó fue su propio cuñado, José Antonio Ricaurte, y ese detalle acaba de ilustrar la dureza de la represión: cuando los oidores descubrieron que Ricaurte había preparado una defensa escrita destinada a circular entre la élite criolla —es decir, cuando comprendieron que el juicio mismo podía convertirse en un segundo panfleto—, lo enviaron a la prisión de Cartagena de Indias sin juicio previo. Se defendía a Nariño y por eso mismo se iba preso.

La sentencia fue ejemplar: diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de todos sus bienes. Fue precisamente esa confiscación la que puso en manos de las autoridades el catálogo de la biblioteca clandestina, y con él la certeza —que ya intuían— de que en el corazón de Santafé un vecino acomodado había construido, libro a libro, un pequeño arsenal ilustrado.

Las autoridades no leyeron el episodio como acto aislado. El virrey José de Ezpeleta alertó no solo a la Nueva Granada sino también a Quito, Caracas y otras ciudades sobre la aparición de aquel papel potencialmente sedicioso, y asoció la publicación con una conspiración anti-hispánica más amplia, cuyos indicios veía en pasquines aparecidos en otras ciudades. La comunicación entre distintos focos de descontento criollo era real; la exageración inquisitorial del complot también. Lo cierto es que 1793-1794 marca el momento en que el imperio español descubrió, con retraso, que la Revolución Francesa ya tenía traductores al otro lado del Atlántico.

Cádiz, Londres, París: el precursor fugitivo

La pena empezó a cumplirse en 1796 en los calabozos de Cádiz. Nariño tenía entonces treinta y un años. Al año siguiente, en 1797, se fugó. Los detalles novelescos de esa fuga han generado un pequeño folclor; lo pertinente es que consiguió salir de la península y trasladarse a Inglaterra y a Francia en busca de apoyos para la causa de la independencia americana.

Ese viaje forma parte de una geografía revolucionaria que en esos mismos años recorren también Francisco de Miranda y otros criollos: Londres como refugio pragmático, París como fuente doctrinal. De la etapa europea de Nariño quedan menos huellas documentales que del episodio de los Derechos del Hombre, pero su efecto sí es visible en lo que hizo al volver: regresó al Nuevo Reino con planes concretos de sublevación, al menos en la provincia del Socorro —la misma que en 1781 había protagonizado la insurrección comunera—. En la región de Palogordo, entre Barichara y Simacota, calculó la base poblacional disponible para un levantamiento y proyectó tomar las oficinas locales de recaudación de impuestos: el mismo blanco simbólico y material de los comuneros dos décadas antes. La sublevación no cuajó. Nariño terminó otra vez preso, otra vez enfermo, otra vez enviado a los presidios del imperio.

Entre 1797 y 1810 su vida es una alternancia de cárcel, enfermedad, gestiones jurídicas para salvarse y reclusiones domiciliarias. Cuando estalla la revolución del 20 de julio de 1810 en Santafé, Nariño lleva más de quince años entrando y saliendo de mazmorras. Es, en la práctica, el único criollo con biografía revolucionaria completa: no ha pensado la independencia, la ha pagado.

La Bagatela y la presidencia de Cundinamarca

El 14 de junio de 1811 Nariño lanzó La Bagatela, un periódico de tono directo, sarcástico y militante, concebido como arma política contra la Junta Suprema encabezada por Jorge Tadeo Lozano. En cuestión de tres meses el periódico había hecho su trabajo: el 19 de septiembre de 1811, Lozano fue depuesto y Nariño asumió la presidencia del Estado de Cundinamarca.

El paso del panfletista al gobernante fue inmediato, y también inmediato fue el problema que definiría todo el periodo. El 27 de noviembre de 1811, los diputados de Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja firmaron el Acta de Federación y crearon las Provincias Unidas de Nueva Granada. Cundinamarca, bajo la influencia decisiva de Nariño, no se adhirió. Nacía así la fractura que la historiografía llamaría después "la Patria Boba": dos gobiernos criollos en el territorio del antiguo virreinato, uno centralista con sede en Santafé, otro federalista con Congreso itinerante, ambos reclamando legitimidad revolucionaria.

Camilo Torres Tenorio, que había sido amigo y contertulio de Nariño, presidió el Congreso de las Provincias Unidas y fue comisionado para redactar una constitución inspirada en el modelo de los Estados Unidos. La ruptura política se dobló entonces de ruptura personal entre dos figuras de la misma generación ilustrada.

La lectura tradicional presenta el enfrentamiento como un choque entre un Nariño "conservador" y un Torres "liberal". Es una lectura anacrónica. Nariño defendía el centralismo precisamente por razones revolucionarias: sostenía que la defensa militar de la revolución —contra los focos realistas de Santa Marta, Popayán, Pasto y Quito— exigía unidad política, mando único y capacidad de decisión rápida. Su tesis era que Cundinamarca debía incorporar los territorios de Mariquita, Neiva, Tunja, Socorro y Pamplona, y actuó en consecuencia: durante su presidencia varios cantones se anexaron a Santa Fe, y envió tropas a "defender" localidades del oriente que, desde el punto de vista federalista, estaban siendo simplemente ocupadas.

El conflicto se militarizó rápido. El general Antonio Baraya, enviado por Nariño contra el Socorro, desertó en marzo de 1812 junto con Ricaurte, Santander y Urdaneta, y puso sus tropas al servicio del Congreso. La deserción es reveladora: hombres formados en la misma escuela política que Nariño consideraron que la unificación por la fuerza era ya una traición al pacto revolucionario. El 2 de diciembre de 1812, en Ventaquemada, las columnas de Cundinamarca chocaron con las del Congreso al mando de Baraya. Las tropas de Nariño se retiraron a Santa Fe. La guerra civil no terminó ahí: el posterior intento de Baraya de tomar la capital fue rechazado, y Nariño resultó, en términos militares, vencedor de esa primera fase.

Vencedor, pero sin capacidad de imponer el orden que buscaba. Tras la victoria, el gobernador interino de Tunja propuso establecer un gobierno central y canjear prisioneros. Nariño aceptó y liberó a los cautivos, pero en los asuntos sustanciales no hubo acuerdo. La unificación política bajo un gobierno único no se logró. La revolución neogranadina siguió partida en dos, y cada uno de esos dos gobiernos siguió gastando en la guerra interna la energía que Pablo Morillo, cuatro años después, iba a encontrar dispersa y agotable.

La derrota del sur

En 1813, Nariño encabezó personalmente una expedición militar hacia el sur, buscando someter los bastiones realistas de Popayán y Pasto. Era una campaña estratégicamente coherente: mientras las Provincias Unidas se ocupaban del oriente, él avanzaría por el suroccidente hacia la frontera con la Presidencia de Quito. Era también una operación que ponía al presidente-panfletista al mando directo de la tropa, lejos de Santafé y lejos del debate constitucional.

La campaña avanzó al principio con éxito, pero se estrelló contra Pasto. En 1814, Nariño fue capturado por guerrillas de indígenas, negros y mestizos que defendían los alrededores de la ciudad. Los relatos realistas —que exaltaron el episodio como ejemplo de resistencia al invasor insurgente— consignaron que la victoria pastusa se obtuvo con unos ciento veinticinco combatientes locales sin formación militar frente a una fuerza republicana descrita como de tres mil hombres. Las cifras hay que tomarlas con la prudencia que exige toda propaganda; el hecho central, sin embargo, es incontrovertible: el traductor de los Derechos del Hombre, "ensoberbecido con su poder y numerosa fuerza" según describieron sus adversarios, fue derrotado en el sur por las poblaciones subalternas que teóricamente su revolución venía a liberar.

Ahí se dibuja el límite social del proyecto ilustrado criollo. Las guerrillas pastusas no eran defensoras abstractas del rey: eran comunidades que veían en el orden colonial un marco de protecciones jurídicas —resguardos indígenas, fueros eclesiásticos, cierta autonomía municipal— que la República centralista de Nariño amenazaba con disolver en nombre del ciudadano abstracto. La Declaración francesa, tan potente en las tertulias de Santafé, no había traducido su promesa a los términos concretos que hicieran preferible al indígena pastuso el gobierno republicano por encima del monárquico. Nariño lo aprendió en carne propia. Fue enviado prisionero a Cádiz de nuevo. Empezaba su segunda década larga de encierro.

Cúcuta y la renuncia

Nariño regresó a la vida pública en 1820, tras la victoria bolivariana en Boyacá y la reorganización del territorio bajo la fórmula de la Gran Colombia. Su prestigio como precursor era ya, en ese momento, patrimonio político; su cuerpo, en cambio, estaba deshecho por veinte años de mazmorras. El 6 de mayo de 1821 presidió la instalación del Congreso de Cúcuta en la iglesia del Rosario, encabezando a 57 diputados de Cundinamarca y Venezuela. Fue elegido vicepresidente de la República mientras Simón Bolívar continuaba las campañas militares hacia el sur.

Al Congreso llevó Nariño su proyecto de siempre, ahora en forma articulada: una Constitución centralista, resumible en la fórmula "centralismo primero, federalismo después". La convicción no había cambiado desde 1811, aunque el contexto sí: ya no era Cundinamarca la que se pensaba unitaria, sino un territorio inmenso que iba desde Panamá hasta el Orinoco y aspiraba a incluir a Quito. La lógica de Nariño, sin embargo, seguía siendo la misma: hasta que la República esté consolidada frente a sus enemigos y ordenada por dentro, la unidad política es innegociable; la federación puede esperar.

El Congreso decidió estudiar su proyecto junto con las demás propuestas presentadas, sin darle tratamiento prioritario. Fue esa decisión —aparentemente procesal— la que lo hirió profundamente. Se eligió a José Félix de Restrepo como presidente del Congreso, a Fernando Peñalver como vicepresidente del cuerpo, y a Francisco Soto y Miguel Santamaría como secretarios. Nariño, decepcionado y enfermo, presentó su renuncia a la vicepresidencia de la República el 5 de julio de 1821. El 13 de julio salió de Villa del Rosario.

El desenlace tiene algo de ironía biográfica. El hombre que había traducido los Derechos del Hombre en 1793 y que había sostenido durante toda la Patria Boba que la revolución exigía centralismo se encontraba en 1821 con una república recién formada que —por vías institucionales, no por represión— optaba por no ponerlo a él como principal arquitecto constitucional. La derrota no fue esta vez la de la mazmorra, sino la del ninguneo parlamentario. Puede que fuera más difícil de digerir.

El juicio del Senado

El 9 de octubre de 1821, Nariño fue elegido senador por Cundinamarca. Sus enemigos objetaron la elección de inmediato. Regresó a Santafé de incógnito el 10 de enero de 1822, tras nueve años de ausencia física de la ciudad, y encontró un ambiente político tenso: en agosto de ese año comenzó una batalla periodística contra él, que él y sus amigos contestaron con la misma munición hasta que Bolívar intervino personalmente para suspenderla. El Libertador, ocupado en la campaña del sur, no podía permitirse un enfrentamiento interno de esa envergadura entre veteranos de la Independencia.

En 1823, los senadores Diego Fernando Gómez y Vicente Azuero iniciaron un proceso político formal contra Nariño en el Senado. Las acusaciones cubrían distintos frentes: cuestionamientos a su actuación en Cundinamarca durante la Patria Boba, a su papel en Cúcuta, a supuestas irregularidades administrativas. El 14 de mayo de 1823, Nariño se presentó ante el Senado y pronunció un discurso en su propia defensa. La pieza fue considerada, por sus contemporáneos y por la memoria posterior, una de las grandes intervenciones oratorias del período republicano temprano: la síntesis de una vida entera puesta al servicio de una causa, pronunciada ante los mismos hombres que ahora la juzgaban.

Fue absuelto por unanimidad.

Murió pocos meses después, en Villa de Leyva, en 1823. Tenía cincuenta y ocho años. Había pasado en cárceles, exilio o proceso más de la mitad de su vida adulta.

La red y el mundo

La vida de Nariño se cruza con casi todas las figuras que definen el paso del virreinato a la Gran Colombia. José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas son sus contemporáneos en la aventura científica; Manuel del Socorro Rodríguez, en la prensa incipiente. Camilo Torres Tenorio es su interlocutor y luego su rival político, y morirá fusilado por Pablo Morillo en 1816. José de Ezpeleta y Antonio Amar y Borbón son los virreyes que lo persiguen; Juan Sámano, el pacificador que remata la reconquista. Simón Bolívar es la figura que lo repone en 1821 y también la que, sin decirlo, lo desplaza. Francisco de Paula Santander pertenece a la generación siguiente, la que hereda la institucionalidad que Nariño soñó centralista.

Su familia paga el precio. Su esposa, Magdalena Ortega y Mesa, sostiene sola la casa durante los años de cárcel; sus hijos Antonio y Gregorio Nariño Ortega crecen con el padre ausente. El detalle importa porque contradice la imagen del precursor como figura pública sin cuerpo: la biografía de Nariño se hizo también sobre una economía doméstica arruinada y una familia partida por décadas.

La geografía de su vida es la del virreinato entero y algo más: Santafé como escenario intelectual y político; Cartagena, como puerto y también como prisión; Cádiz como calabozo repetido; Londres y París como refugios y fuentes doctrinales; Socorro como territorio de conspiración; Pasto como cementerio militar de sus ambiciones; Cúcuta como escenario final de la derrota parlamentaria; Villa de Leyva como lugar de muerte.

La construcción del precursor

Nariño murió en 1823 como un político derrotado, absuelto pero apartado, glorioso pero periférico. La figura heroica que hoy conocemos —el Precursor con mayúscula, el "colombiano de todos los tiempos"— es obra posterior, y es útil saber cómo se hizo.

Durante el siglo XIX, la escritura de la historia en Colombia fue inseparable de la construcción del Estado. Las obras historiográficas decimonónicas con temas independentistas participaron activamente en la creación de la institucionalidad republicana: fijaron un canon narrativo sobre el pasado colonial y republicano centrado en los héroes epónimos y en el tema, políticamente urgente, de la unidad nacional. Cada región buscó tener su propio prócer, y cada tendencia política —liberal, conservadora, luego regeneracionista— reclamó su parte del panteón.

Nariño resultó una figura especialmente útil para varias operaciones simultáneas. Podía ser reivindicado como padre del republicanismo por su gesto de 1793. Podía ser inscrito en la tradición del centralismo por su papel en la Patria Boba y en Cúcuta, lo que lo hacía patrimonio del proyecto unitario que la Regeneración de Rafael Núñez consagraría en 1886. Podía ser presentado, junto con Miranda y Rivadavia, como hijo directo del movimiento revolucionario francés y de su fórmula "la República una e indivisible". Podía, finalmente, ser leído como víctima trágica del imperio, lo que satisfacía tanto a la narrativa liberal de la lucha por la libertad como a la conservadora del sacrificio patriótico.

El resultado fue una figura consolidada como referencia obligatoria y, al mismo tiempo, curiosamente vacía de contenido específico: Nariño aparece en placas, estatuas, nombres de departamento y de plazas, como emblema general de la Independencia, sin que necesariamente circule con detalle su biografía concreta.

La propia estatua de Nariño en Bogotá tuvo un destino errante que ilustra la ambivalencia de esa memoria. En 1926 se propuso trasladarla al barrio Las Cruces. Hacia 1960, con motivo del sesquicentenario de la Independencia, fue removida de la Plaza de Nariño —convertida por entonces en parqueadero público y sede de ventas populares— y llevada a otro emplazamiento. Que la plaza del héroe hubiera terminado en parqueadero no es un detalle menor: dice algo del lugar real que la ciudad concedió al Precursor una vez cumplido su papel simbólico.

Legado

Hay una tentación fácil al mirar la trayectoria de Nariño: convertirlo en mártir puro, en pionero cuya derrota fue exclusivamente obra de fuerzas externas —la brutalidad imperial, la miopía federalista de sus rivales, la enfermedad de sus últimos años, la ingratitud republicana—. El material biográfico no autoriza esa lectura por completo. Su centralismo intransigente durante la Patria Boba lo llevó a militarizar el conflicto con las Provincias Unidas y a cerrar posibilidades de negociación; su empeño en descender al sur en 1813-1814 sin haber consolidado antes la retaguardia lo puso al alcance de una derrota que resultó estratégica para toda la revolución neogranadina; su rigidez doctrinal en Cúcuta, cuando el Congreso era espacio de composición y no de dogma, contribuyó a su propio aislamiento. Nariño no fue solo víctima de estructuras: fue también autor de decisiones contingentes que lo pusieron, una y otra vez, del lado equivocado del cálculo político.

Esa tensión es precisamente lo que hace su figura valiosa para la historia colombiana, más allá del bronce. Nariño encarna la paradoja del intelectual criollo que porta ideas más avanzadas que las instituciones disponibles para recibirlas. La Santafé de 1793 no tenía cómo procesar los Derechos del Hombre; solo pudo perseguirlos. La Nueva Granada de 1812 no tenía cómo integrar centralismo y federalismo sin guerra civil; los enfrentó. La Gran Colombia de 1821 no tenía cómo darle a Nariño el papel que él consideraba merecer; lo relegó por vías parlamentarias. Cada etapa muestra el mismo desfase: un hombre con una concepción política sobre las fuentes de legitimidad del poder que los observadores modernos reconocen como plenamente contemporánea, actuando en un marco institucional que no había llegado a esa altura.

La captura en Pasto en 1814 añade una capa que la historiografía patriótica tardó en asimilar. Que Nariño fuera derrotado no por el ejército español sino por guerrillas indígenas, negras y mestizas que defendían el orden colonial como propio señala el límite social exacto del proyecto que él encarnaba. La traducción política de la Revolución Francesa que Nariño intentó fue, en efecto, una traducción, pero de alcance restringido: llegaba con fluidez a la élite letrada de Santafé y del norte del virreinato, y no encontraba receptores en las poblaciones subalternas del sur, para quienes los Derechos del Hombre eran menos protección que amenaza. Dos siglos después, esa asimetría entre proyecto ilustrado criollo y realidades populares sigue siendo una de las claves interpretativas del país que Nariño soñó unitario y que nunca ha terminado de serlo.

Nariño murió creyendo, con toda razón, que había sido derrotado. La república que ayudó a fundar lo canonizó después como fundador. Ambas cosas son ciertas, y ese doble movimiento —la derrota vivida y la victoria póstuma— es lo que hace que su nombre siga funcionando, dos siglos después, como una de las preguntas abiertas de la historia colombiana: qué se hace con los precursores cuyas ideas exceden la institucionalidad que dejan detrás, y qué se hace con las instituciones que sobreviven a los hombres que las imaginaron.