Pedro Romero

El fundidor de Getsemaní

Pedro Romero nació hacia 1759 en Matanzas, en la isla de Cuba, y llegó a Cartagena de Indias en las últimas décadas del siglo XVIII. La fecha exacta de su radicación en el arrabal caribeño es imprecisa, pero para las vísperas de la independencia ya era un vecino visible y próspero de Getsemaní. Legalmente lo clasificaban como pardo; en la vida social, era un artesano rico. El orden colonial español separaba con rigor la condición jurídica —marcada por la raza y transmitida por vía materna— de la condición económica que un hombre podía labrarse, y Romero se movía en ese intersticio.

A la entrada del arrabal montó una fundición propia, empresa artesanal que combinaba oficio calificado, capital y una red familiar de trabajo. Allí operaban su hermano y sus hijos, un número apreciable de jornaleros y, posiblemente, algunos esclavos. No era un negocio menor: producía piezas metálicas para una plaza fuerte cuya vida económica giraba en torno al puerto, las obras militares y el aparato administrativo del virreinato. La riqueza de Romero dependía de contratos con el ejército español. Antes de ser figura patriota fue proveedor de la Corona, y esa condición explica buena parte de su trayectoria: la del pardo que había logrado entrar en el circuito de la economía imperial sin dejar de habitar el barrio extramuros donde vivía la gente de su color.

Su comportamiento social confirma esa doble pertenencia. Aunque legalmente pardo, era suficientemente rico e influyente para casar a varios de sus hijos con blancos acomodados —un tipo de matrimonio que en el orden de castas requería negociar, tolerar u ocultar la mancha de sangre. Más elocuente aún: peticionó al rey una licencia para que uno de sus hijos pudiera estudiar filosofía y teología, solicitando que se excusara su condición de mulato. La gracia real, cuando se concedía, funcionaba como una suerte de blanqueamiento jurídico que abría puertas cerradas al común de los pardos. Romero no impugnaba el sistema de castas: pedía que se lo eximiera puntualmente, para los suyos, del peso de sus jerarquías. Era la aspiración de un hombre que había prosperado dentro del orden y quería que la generación siguiente lo trascendiera por dentro.

El arrabal como laboratorio político

Para entender la fuerza social que Romero movilizaría en 1810 hay que entender Getsemaní. El arrabal se levantaba fuera de la muralla de Cartagena y funcionaba, con tolerancia oficial, como asentamiento de descendientes libres de esclavos dedicados a oficios artesanales y domésticos —los mismos que sus antepasados habían ejercido cuando ganaban de comer para sus amos. Era, en la geografía de la plaza fuerte, un espacio segundo: aceptado, útil, imprescindible incluso, pero mantenido fuera del recinto amurallado que definía a la ciudad plena.

El estatus especial de arrabales como Getsemaní no era una concesión graciosa. Se había fortalecido con los servicios de milicia que sus habitantes prestaron a la Corona en tiempos de peligro. Cartagena, puerto de entrada de esclavos africanos al Nuevo Reino de Granada y punto neurálgico del sistema defensivo español en el Caribe, sufrió a lo largo del siglo XVIII repetidas amenazas de potencias rivales. En esas coyunturas la Corona armó a los pardos libres, los organizó en unidades milicianas y les debió una parte no menor de su capacidad de resistencia. La costa atlántica —Cartagena, Santa Marta y las tierras del bajo Magdalena— tenía una población compuesta en gran parte por castas: mestizos de origen africano, negros libres, zambos, mulatos. En Cartagena y otras ciudades caribeñas se organizaron milicias integradas por hombres de ascendencia africana libre, y esa tradición armada era, para 1810, patrimonio vivo del arrabal.

La jerarquía social no siempre coincidía con la jerarquía legal. Mulatos, zambos y negros libres ocupaban posiciones intermedias en ambas escalas, y hombres como Romero demostraban que la riqueza podía forzar el reconocimiento aun cuando el prejuicio de la élite blanca condicionara la valoración final. Pero ese margen tenía techos duros. La preponderancia demográfica de la gente de color en la plaza —numerosa, organizada, con memoria miliciana y agravios acumulados— era percibida por sectores de la élite criolla como una amenaza latente para la tranquilidad pública. Getsemaní era ese poder en estado latente: un barrio con capacidad de armarse y de moverse en bloque, si aparecía quien supiera nombrarlo. Romero, por posición económica y prestigio local, estaba en condiciones de ser esa voz.

La topografía del arrabal reforzaba su carácter de mundo aparte. Las calles de Getsemaní se organizaban en torno a la plaza de la Trinidad y a los talleres, tiendas y patios donde se cortaba, se fundía, se cosía y se cargaba para el puerto. Las cofradías y hermandades religiosas de pardos aportaban una segunda capa de organización, complementaria de la miliciana: sociabilidades densas, con jerarquías propias, listas de miembros y capacidad de reunir dinero para procesiones, entierros y auxilios mutuos. Cuando llegara la hora del motín ordenado, ese tejido bastaría para transformar un llamado en columna armada. La élite criolla lo sabía, y por eso su relación con el arrabal fue, desde el principio, una combinación de dependencia militar y desconfianza social.

A eso se añadía la geografía del oficio. Fundidores, carpinteros de ribera, calafates, herreros, sastres, zapateros, cargadores del muelle: Getsemaní era un directorio vivo de trabajos manuales indispensables al funcionamiento del puerto y del sistema defensivo. Cada taller era una pequeña unidad económica con aprendices, oficiales y jornaleros, y muchos de esos talleres —el de Romero, entre los más grandes— sostenían vínculos con proveedurías del ejército y la marina. La relación con la Corona no era solamente política ni miliciana: era también contractual, cotidiana, hecha de facturas y entregas. Ese entramado hacía del arrabal un actor económico con voz propia, capaz de negociar con la ciudad amurallada desde una posición de utilidad reconocida, aunque nunca desde la igualdad. Cuando la crisis imperial de 1808 abrió el debate sobre la legitimidad del gobierno, Getsemaní llegó a la coyuntura con recursos organizativos que muy pocos barrios americanos podían exhibir.

La conspiración del 14 de junio de 1810

El año de 1810 encontró a la monarquía española descabezada por la invasión napoleónica y a las ciudades americanas debatiendo, en cabildos abiertos y conciliábulos privados, qué hacer con una legitimidad rota. En Cartagena, los cerebros de la conspiración contra el gobernador Francisco Montes fueron José María García de Toledo y Miguel Díaz Granados, miembros de la élite criolla ilustrada. Su plan era una operación política minuciosa: erosionar sistemáticamente el prestigio y la autoridad del gobernador mediante decretos, tejer alianzas dentro del cabildo y culminar la maniobra con una deposición en regla que se presentara como acto de gobierno y no como motín.

Pero un plan de gabinete necesita una calle. Y la calle, en Cartagena, era Getsemaní. Ahí entra Romero: adhirió a la justicia del plan de García de Toledo y movilizó al vecindario del arrabal en apoyo de la nueva unidad llamada Lanceros Patriotas de Getsemaní. No diseñó el plan ni impuso condiciones ideológicas; se sumó a un proyecto ajeno y puso a su disposición la única fuerza que podía darle cuerpo. Los Lanceros Patriotas fueron el encuadramiento militar de una energía social preexistente —la tradición miliciana del arrabal, las redes de trabajo de la fundición, la red de vecinos y clientes de Romero— reorientada ahora contra el gobernador español.

El 14 de junio de 1810, hombres de Getsemaní, Santo Toribio y Santa Catalina, armados con machetes y respaldados por una gran multitud, tomaron las calles mientras el cabildo sesionaba. La presión de la masa dio a los conjurados el margen de maniobra que la sola aritmética capitular no habría bastado a garantizar. El cabildo depuso a Montes y lo expulsó del país, tal como estaba previsto. En los días siguientes se constituyó la Junta Suprema de Cartagena, resultado de la unión del cabildo con seis diputados electos por los habitantes de la ciudad y cinco por los cabildos subalternos: una junta interina que sumaba, por primera vez, representación popular ampliada al gobierno de la provincia. El acto cartagenero se inscribía en la ola de deposiciones y juntas que recorrió el Nuevo Reino de Granada entre mayo y septiembre de 1810.

Getsemaní había hecho su parte. Y Romero, hasta entonces conocido como fundidor próspero y proveedor del ejército, quedó consagrado como jefe popular con capacidad probada de convocatoria armada.

Una alianza asimétrica

Lo que siguió al 14 de junio fue un año largo de negociación política dentro de la Junta y en las calles de Cartagena, en el que se decantaron dos proyectos y dos temperamentos. Por un lado, el moderantismo de García de Toledo, que quería una ruptura ordenada con España sin alterar las jerarquías sociales heredadas. Por otro, el radicalismo de los hermanos Gutiérrez de Piñeres —Vicente Celedonio, Gabriel y Germán—, que empujaban hacia una independencia absoluta y, más peligrosamente a ojos de sus rivales, hacia una igualdad que no se quedara en el papel.

Gabriel Gutiérrez de Piñeres apareció ante el moderantismo criollo como demagogo peligroso porque predicaba la igualdad a negros y mulatos de Cartagena y amenazaba las jerarquías sociales. Ese fue el pecado imperdonable: haber querido eliminar las castas para establecer una sociedad de ciudadanos iguales no solo en la ley sino en la vida real. Para el bloque de García de Toledo, esa era la línea que no se debía cruzar.

Romero se movió en el interior de esa fractura. Su alianza inicial y decisiva fue con García de Toledo: fue el plan de este el que lo persuadió, fue en su bloque donde encuadró a los Lanceros. Pero la lógica misma del proceso —una junta que dependía cada vez más de la calle, un arrabal que había descubierto su fuerza, un radicalismo criollo que ofrecía a los pardos una retórica de reconocimiento— empujaba a Getsemaní hacia el terreno de los Piñeres. La élite criolla, en su conjunto, sostenía con los sectores pardos una alianza táctica que no era de iguales. La preponderancia adquirida por la gente de color en esos años se leyó, desde la mirada blanca, como amenaza al orden público: la incomodidad del criollo frente al aliado moreno cuya utilidad reconocía y cuya autonomía temía. Cualquier acuerdo entre ambos era aleatorio y estaba marcado por la desconfianza mutua, porque la cuestión se planteaba también en términos de lucha racial, de etnias, de castas.

Romero, en esa geometría, ocupó una posición ambigua y precisamente por eso valiosa. No era un ideólogo de la igualdad como los Piñeres; era un hombre práctico, propietario, con hijos casados con blancos y otro estudiando teología por gracia real. Su radicalismo no venía de un programa sino del hecho material de mandar sobre un barrio armado. Esa cualidad —fuerza movilizadora sin discurso disruptivo propio— lo hacía interlocutor cómodo para García de Toledo y, al mismo tiempo, activo disputado por los Piñeres.

El 11 de noviembre de 1811

La deriva de 1811 empujó a Cartagena hacia el paso definitivo. El 11 de noviembre, la provincia declaró su independencia absoluta de España. La firma tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, y el acta —cuyo original se conserva hoy en el Museo Nacional en Bogotá— proclamó a Cartagena de Indias Estado libre, soberano e independiente, absuelto de toda sumisión a la corona y gobierno de España. Los firmantes comprometieron solemnemente sus vidas y haciendas, jurando derramar hasta la última gota de sangre antes de faltar al compromiso. Fue el gesto fundacional que arrancó a la provincia del limbo entre juntas leales al rey preso y ruptura definitiva.

Los motores del acto fueron los Gutiérrez de Piñeres: Vicente Celedonio en Mompox, Gabriel y Germán en Cartagena. La declaración cartagenera de independencia absoluta se produjo en el mismo mes en que se firmó, el 27 de noviembre, el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, texto al que Cundinamarca —bajo la influencia de Antonio Nariño— se negó a adherir. Cartagena, por su parte, sancionó su propia Constitución el 14 de junio de 1812, dos años exactos después de la deposición de Montes: la fecha había quedado inscrita como aniversario fundacional.

La declaración fue posible porque los Lanceros Patriotas de Getsemaní volvían a estar en la calle. La radicalización que los Piñeres empujaban en el gabinete necesitaba, otra vez, cuerpos que respaldaran la maniobra, y esos cuerpos eran los del arrabal. Romero había pasado de aliado de García de Toledo a instrumento —voluntario o forzado por la dinámica misma del proceso— del ala radical. Su barrio fue la fuerza social sin la cual la fecha del 11 de noviembre habría quedado en simple declaración de intenciones. La escena política cartagenera de 1810 y 1811 se sostuvo sobre una división del trabajo que la memoria posterior tendería a borrar: los criollos ilustrados redactaban actas, los pardos armados garantizaban que las actas se firmaran.

En la Primera República

Entre 1811 y 1815, en el corto verano de la Primera República, Cartagena y las demás provincias patriotas de la Nueva Granada intentaron dotarse de instituciones republicanas. Su rasgo más audaz fue el diseño del cuerpo electoral: seis de las nueve provincias-estados neogranadinas abrieron el sufragio a los hombres de todos los colores que tuvieran independencia económica. La brecha con el resto del continente era considerable: México, Perú, Bolivia, Argentina y Chile mantendrían restricciones raciales más duras. La provincia de Cartagena, con su fuerte peso pardo, participó de esta apertura, y para hombres como Romero no era una concesión menor: era el reconocimiento formal de que la fundición y la milicia daban derecho a la palabra política.

La Constitución cartagenera de 1812 dotó a la provincia de un aparato de gobierno republicano con separación de poderes, y la traducción práctica del criterio censitario abierto por color permitió que artesanos, pequeños propietarios y comerciantes pardos entraran en las juntas parroquiales, en los cuerpos electores y, en menor medida, en oficios de administración local. No era una democracia; era una república censitaria. Pero en el mapa comparado del continente, la brecha entre esa república censitaria y la exclusión racial pura era enorme. El arrabal, que hasta 1810 había ejercido influencia por vía de la milicia y del motín, comenzó a hacerlo también por vía del voto y del escrutinio.

En esos años Romero funcionó como comandante militar y referente pardo del régimen cartagenero, mientras la provincia se lanzaba a expandir su revolución hacia las tierras realistas del Caribe. La expedición patriota que Manuel Rodríguez Torices puso bajo el mando del oficial francés Pedro Labatut intentó penetrar en Santa Marta, plaza obstinadamente fiel al rey, con éxitos parciales y reveses que nunca alcanzaron a consolidar el control patriota sobre la costa. Para Getsemaní, la campaña significó movilización sostenida: hombres del arrabal fueron enviados a la marisma, al bajo Magdalena, al monte samario, y allí murieron los que murieron, en operaciones cuyo mando estratégico correspondía a criollos y oficiales extranjeros.

En ese cuadro llegó a Cartagena, en noviembre de 1812, un joven oficial venezolano desconocido y fugitivo, buscando ayuda para iniciar la liberación de su patria: Simón Bolívar. En la ciudad redactó su célebre memorial a los ciudadanos de la Nueva Granada e inició una relación tortuosa con el establecimiento militar cartagenero. Manuel del Castillo y Rada, comandante granadino de la plaza, sería desplazado del mando por el venezolano en una disputa que dividió a los patriotas del Caribe entre bolivarianos y castillistas, y esa fractura interna, sumada al agotamiento militar de la provincia, minaría la capacidad de resistencia cartagenera cuando llegara la hora del asedio. Romero se movía por debajo de esos nombres, pero ninguno podía prescindir de él: controlaba una tropa parda que ningún cálculo militar podía ignorar, y las facciones que se disputaban el mando lo sabían.

La Primera República fue también el escenario del ascenso institucional de los pardos. Al término de las guerras varios habían llegado a oficiales e incluso generales del ejército patriota. La pregunta que quedaría abierta —qué papel desempeñarían estos hombres en la república que ayudaban a construir— era ya, en 1813, una interrogación viva. Cartagena, con su presupuesto militar exhausto, sus facciones enfrentadas y su vecindario armado, se acercaba al final de su ciclo autónomo debilitada por dentro justo cuando la maquinaria imperial se preparaba para caer sobre ella.

La Reconquista y la caída de Cartagena

En 1815 llegó el ajuste de cuentas. Pablo Morillo desembarcó en tierra firme al mando de la expedición más importante enviada por España a América desde los tiempos de la Conquista, unos doce mil soldados destinados a restaurar el orden colonial por la fuerza. Cartagena, símbolo y bastión de la revolución neogranadina, fue el objetivo prioritario. El asedio duró aproximadamente cien días, durante los cuales murió cerca de la tercera parte de la población de la ciudad, víctima del hambre y las epidemias. El 6 de diciembre de 1815 la plaza cayó.

La represión que siguió fue calculada y sistemática. Morillo organizó en los territorios reconquistados un aparato represivo institucional con consejos de guerra encargados de castigar a los patriotas. En Cartagena, nueve criollos prominentes —entre ellos José María García de Toledo, el hombre a cuyo plan Romero se había plegado en 1810— fueron fusilados. En Bogotá y otras ciudades cayeron en 1816 la mayoría de los líderes independentistas neogranadinos: Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell. La represión se prolongó en los años siguientes contra quienes habían colaborado con la causa patriota; el caso más célebre sería la ejecución de Policarpa Salavarrieta en 1817. Las noticias sobre las tácticas sanguinarias de Morillo, y especialmente la ejecución de hombres ilustrados como Caldas, cruzaron rápidamente el Atlántico y contribuyeron a que fluyera hacia la causa independentista apoyo monetario y logístico externo desde Gran Bretaña y Estados Unidos.

Algunos patriotas escaparon la muerte. Un grupo de pardos y blancos —oficiales, artesanos, comerciantes— huyó de Cartagena en trece barcos corsarios, refugiándose varios en Haití, donde el presidente Alexandre Pétion prestaría al año siguiente apoyo decisivo a Bolívar. Gabriel Gutiérrez de Piñeres, exiliado inicialmente en Jamaica, se uniría más tarde a las fuerzas patriotas y moriría combatiendo en Barcelona, Venezuela. Los tres hermanos Piñeres murieron al servicio de la revolución.

Pedro Romero murió en 1819, en los años terminales de la Reconquista, cuando las guerras de independencia entraban en su fase final del lado patriota con la campaña de Boyacá. El fundidor de Getsemaní, el hombre que había puesto a su barrio en la balanza de 1810 y 1811, no alcanzó a ver la consolidación de la república por la que había armado a los suyos.

Los Romero después de Romero

La huella de Pedro Romero tuvo una prolongación que la memoria oficial tampoco supo integrar del todo, pero que sobrevive en un dato preciso: en febrero de 1832, en Bogotá, la Convención Constituyente que erigió el Estado de la Nueva Granada sancionó solemnemente su primera Constitución. El segundo firmante del texto original, precedido únicamente por el obispo de Santa Marta, José María Estévez, fue Mauricio José Romero, diputado por la provincia de Cartagena y vicepresidente de la propia Convención. Era pardo de nacimiento, hijo mayor de un mulato nacido en Matanzas: hijo, por tanto, del fundidor de Getsemaní.

Que un pardo cartagenero ocupara la vicepresidencia de la Convención que fundó la Nueva Granada, y que su firma antecediera a la de casi todos los constituyentes blancos del interior andino, mide con exactitud lo que Cartagena había sido capaz de producir. En su provincia los obstáculos sociales a la incorporación política de los pardos habían sido menores que en otras —Popayán, con su fuerte presencia de esclavos, es el contraste más claro— y la línea abierta en 1810-1811 no se había cerrado del todo. La ciudadanía activa de todos los colores libres con independencia económica, ensayada por las provincias-estados durante la Primera República, se había perdido durante los años de la Reconquista y el mando de Bolívar hacia 1827, pero recuperó estabilidad precisamente en 1832. La firma de Mauricio José Romero es el emblema jurídico de esa restitución, y también el cierre de un arco familiar: el padre puso a su barrio en la calle para deponer a Montes en 1810; el hijo firmó en Bogotá el texto que fundó la Nueva Granada veintidós años después.

Una figura incómoda

Pedro Romero pertenece al orden de personajes que la historiografía colombiana tardó en integrar porque no encaja en ninguna de las plantillas heroicas disponibles. No fue prócer ilustrado con retrato al óleo y biblioteca en francés, como Torres o Caldas. No fue caudillo militar de campañas continentales, como Bolívar o Santander. No fue, tampoco, mártir popular idealizable, como Galán o La Pola: era demasiado próspero, demasiado incrustado en el sistema colonial —contratos con el ejército español, hijos casados con blancos, peticiones al rey— para servir de emblema puro de resistencia plebeya.

Lo que fue es más difícil de contar: un pardo rico del Caribe que reunía en su persona las contradicciones estructurales del orden colonial tardío. Prosperó dentro del sistema y a la vez lo desafió cuando el sistema se agrietó. Adhirió al plan de un criollo blanco, García de Toledo, y a la vez suministró la fuerza social que terminaría empujando el proceso más allá de lo que ese criollo habría querido. Fue el instrumento indispensable de una revolución cuya narrativa posterior lo relegó a nota al pie, precisamente porque su protagonismo real hacía visible una verdad que la República criolla no quiso mirar: la independencia del Caribe colombiano se hizo con los cuerpos, las armas y la organización de un arrabal pardo, y no solo con las plumas y los memoriales de una élite ilustrada.

La fractura que Romero encarna no es la de dos independencias rivales que se hubieran enfrentado abiertamente —la criolla contra la popular-mulata—, sino la de una alianza asimétrica cuyos términos nunca se pactaron con claridad. Los criollos escribieron las actas y los pardos las hicieron ejecutables; los primeros conservaron el relato, los segundos pagaron el costo. Cuando llegó Morillo, García de Toledo fue fusilado en Cartagena y los Piñeres murieron en el exilio armado; cuando se erigió la Nueva Granada en 1832, un descendiente de Romero firmó como vicepresidente de la Convención. Entre el patíbulo del criollo y la firma del pardo se tiende el arco vital de Pedro Romero, fundidor de Getsemaní, pardo próspero, proveedor del ejército español convertido en jefe popular de la independencia, muerto en 1819 sin ver la república. Su barrio, arrabal fuera de la muralla, no había sido solo escenario de motín: había sido matriz de una ciudadanía nueva, aunque incompleta, aunque disputada, aunque muchas veces traicionada. Y en el origen material de esa ciudadanía había un nombre, un oficio y una dirección: Pedro Romero, fundidor, a la entrada de Getsemaní.