La Primera República de Cartagena (1811–1815)

La Primera República de Cartagena

El 11 de noviembre de 1811, la provincia de Cartagena de Indias se declaró Estado libre, soberano e independiente, absuelto de toda sumisión, vasallaje y obediencia a la corona de España. Fue la primera ruptura absoluta con la metrópoli en la Nueva Granada, y ocurrió en un puerto caribeño de unos veinte mil habitantes donde las jerarquías coloniales de casta y color acababan de agrietarse. Durante cuatro años, entre esa declaración y la caída de la plaza ante las tropas de Pablo Morillo el 6 de diciembre de 1815, funcionó allí un ensayo republicano que combinó federalismo, comercio corsario, participación política de pardos y una fractura interna entre facciones criollas que terminaría siendo tan letal como el sitio realista. Su derrota abrió el año más negro de la revolución neogranadina y legó al siglo XIX el molde ideológico con que las élites conjurarían, una y otra vez, el fantasma de la pardocracia.

El puerto antes de la ruptura

Cartagena entró en la crisis del imperio siendo lo que había sido durante dos siglos: la principal plaza militar del Caribe hispánico, punto de entrada del comercio trasatlántico y sede de una burocracia colonial cuyos cuadros comerciales eran mayoritariamente peninsulares. Sus élites mercantiles vivían de cara al mar y a la metrópoli más que al interior neogranadino: los vínculos con Santa Fe pasaban por el río Magdalena y por Mompox, pero social y económicamente la distancia con Popayán o Antioquia era mayor que la que separaba a la ciudad de Cádiz o Kingston. Algunos comerciantes españoles habían tejido alianzas con familias criollas mediante matrimonio; otros permanecían como cuerpo distinto y visible, encapsulados en su condición peninsular y en el privilegio comercial que la corona les garantizaba.

La composición humana de la ciudad y de su hinterland no cabía en la nomenclatura estamental heredada. Junto a la élite blanca —criolla y peninsular— vivía una mayoría de castas: mestizos de origen africano, negros y mulatos libres, esclavizados, artesanos, matriculados de marina, tropas del Regimiento Fijo. El barrio de Getsemaní, arrabal extramuros pegado a la ciudad amurallada, concentraba esa población parda de oficios y armas, y funcionaba como un contrapeso demográfico y político a la ciudad de dentro. La costa atlántica —de Santa Marta a Riohacha, de Portobelo a Panamá— compartía esa demografía: un mundo de puertos, comercio, contrabando y trato con Jamaica y Haití donde la jerarquía de castas operaba con menos densidad ideológica que en las tierras altas.

Ese mundo era, además, un mundo con noticias frescas. La Revolución Haitiana había terminado en 1804 con la fundación de un Estado negro a pocos días de navegación. Las élites blancas del Caribe neogranadino miraban ese espejo con un temor que atravesaría todas sus decisiones políticas posteriores; algunas de las peores masacres del siglo XIX colombiano hunden su lógica en ese pánico originario. Al mismo tiempo, los pardos libres —soldados, artesanos, corsarios— disponían de una experiencia militar y organizativa que la coyuntura de 1810 iba a hacer visible.

De la Junta a la declaración absoluta

Cuando la crisis peninsular abrió el ciclo juntista americano, Cartagena no siguió al pie de la letra el guion de Santa Fe. El 22 de mayo de 1810 el cabildo depuso al gobernador español; en junio se sumó al proceso con una junta que, a diferencia de las cordilleranas, se apoyaba en un cuerpo urbano donde los pardos armados eran factor real. En diciembre de 1810, para formar la Junta Provincial, se invitó a participar a todos los vecinos libres —mestizos y castas incluidos, excepto esclavizados—, extendiendo el voto incluso a quienes no supieran leer ni escribir siempre que tuvieran casa poblada o fueran padres de familia con ingreso independiente. Fue una apertura sin precedentes: la jerarquía de castas, que durante la colonia había operado como una ideología naturalizada e invisible, se hizo de golpe visible y debatible.

Sobre esa base entró en escena el conflicto de facciones que definiría a la Primera República. De un lado, los toledistas, encabezados por José María García de Toledo, cuarentón, criollo rico, veterano de posiciones de prestigio, hombre de red familiar y patrimonio: sus adversarios los llamaban aristócratas. Del otro, los piñeristas, liderados por Gabriel Gutiérrez de Piñeres y su hermano Germán, criollos también adinerados pero más jóvenes, dispuestos a apoyarse en los pardos de Getsemaní y a plantear en voz alta el problema de la igualdad. La diferencia no era de clase entre los líderes —ambos venían de familias notables— sino de modelo social: hasta dónde y con quiénes se hacía la revolución.

El 4 de febrero de 1811 estalló una intentona contrarrevolucionaria que las propias autoridades patriotas atribuyeron, entre otros factores, a la honda división entre las dos facciones. A lo largo de ese año la tensión escaló. Los piñeristas conectaban con el vecindario de Getsemaní, con los soldados pardos del Fijo, con los matriculados y los corsarios. Los toledistas controlaban buena parte del cabildo y de la junta, y habían acumulado enemistades: la expedición militar enviada al mando del doctor Antonio José de Ayos contra el movimiento autonomista de Mompox dejó un rencor duradero en aquella villa ribereña, otro polo político del Caribe neogranadino.

La sesión del 11 de noviembre de 1811 se instaló en ese clima. Desde la plaza subieron al palacio de gobierno dos comisionados del pueblo, el doctor Ignacio Muñoz y el presbítero Omaña, con un pliego de exigencias populares: independencia inmediata y absoluta, división del gobierno en tres poderes, supresión del Tribunal de la Inquisición, entrega a los americanos de los cargos del Regimiento Fijo y del Consulado de Comercio, cesación de las represalias contra los momposinos y devolución al propio Omaña de unos fusiles incautados. La lista mezclaba agravios concretos con arquitectura constitucional, y su fuerza no venía de la abstracción sino de la calle armada que la respaldaba.

Bajo esa presión —piñeristas dentro, pueblo movilizado fuera— la junta declaró la independencia absoluta. El acta firmada esa tarde en el palacio de gobierno consignó que la provincia de Cartagena era, de hecho y por derecho, Estado libre, soberano e independiente, absuelta de todo vínculo con la corona española. El documento se conserva hoy en el Museo Nacional de Bogotá. Fue la primera declaración absoluta de la Nueva Granada: mientras otras provincias todavía navegaban entre la fidelidad formal a Fernando VII y la autonomía práctica, Cartagena cortó el cordón.

Dieciséis días después, el 27 de noviembre, se firmó en Santa Fe el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, inspirada en el federalismo que defendía Camilo Torres y que rechazaba toda autoridad emanada de España sin respaldo popular neogranadino. Cundinamarca, bajo Antonio Nariño, se negó a adherirse. La república comenzaba fracturada en dos planos: el que separaba a las provincias entre sí y el que dividía a cada provincia por dentro.

La república en construcción

El 14 de junio de 1812 el Estado de Cartagena sancionó su propia constitución. Era un texto de tono radical para su época: proclamaba que ningún hombre tendría título para obtener ventajas o privilegios sino por sus virtudes, talentos y servicios, y que el castigo no debía aplicarse jamás a la clase o a la condición. En el vocabulario de una sociedad de castas, esas dos frases eran una detonación. La carta cartagenera se inscribía además en el paisaje federal neogranadino, donde Antioquia había dado su constitución el 21 de marzo de ese mismo año, y donde Cundinamarca, con Nariño convertido en jefe del ejecutivo tras la renuncia de Jorge Tadeo Lozano, avanzaba en dirección centralista.

La vida política cotidiana se organizó en torno a esa constitución, a los reglamentos electorales sucesivos y a la actividad del puerto. El reglamento electoral de 1814 excluía del sufragio a quienes no tenían rentas ni trabajo propio y dependían de otros, a los que tuvieran causa criminal pendiente, a fatuos y sordomudos, y a quienes constara que habían comprado, vendido o solicitado votos. El censo levantado con esos criterios registró 9.927 personas con derecho a voto. Sumados los esclavizados y los excluidos por razones legales, la población total probablemente superaba los dieciséis mil habitantes; algunas estimaciones para 1810 la elevaban a veinticinco mil. Era una república pequeña, pero era una república.

Su economía y su capacidad militar reposaban sobre el mar. El Estado Soberano de Cartagena armó corsarios, con vínculos estrechos con la población negra y mulata libre de la ciudad. Los ingleses de Jamaica exigían, para permitirles circular, que al menos un tercio de la tripulación fuera natural del país; algunos capitanes extranjeros terminaron naturalizándose en Cartagena. Esa flotilla, con capitanes blancos al mando y tripulaciones pardas, cumplía tres funciones a la vez: fuerza naval, ingreso fiscal y símbolo de una república caribeña que hacía política con el Caribe entero. En los muelles se cargaban patentes de corso, se descargaban armas y noticias, y se anudaba una red comercial que iba de Kingston a Puerto Príncipe y a Filadelfia.

La constitución de 1812 no clausuró la disputa de facciones. La tendencia toledista, que en el clima de 1811 había cedido a la presión piñerista, comenzó a recomponerse. Sus voceros —García de Toledo, Ayos, y más tarde el historiador José Manuel Restrepo— construyeron el retrato de Gabriel Piñeres como demagogo peligroso que predicaba la igualdad a negros y mulatos y quería eliminar las jerarquías sociales. La palabra igualdad, aplicada al color, disparaba en las mentes moderadas el espectro de Saint-Domingue. Los pardos, entretanto, aprovechaban la revolución para avanzar socialmente y penetrar bastiones de privilegio, sobre todo el ejército. Uno de ellos, hijo de artesano, comenzaba una carrera naval que lo llevaría, años después, a llamarse José Padilla.

El proyecto caribeño y sus grietas

Lo que estaba en juego en Cartagena entre 1812 y 1814 excedía la lucha por cargos. La declaración absoluta, la constitución igualitaria, la marina corsaria, la conexión con Jamaica y Haití, el peso demográfico de los pardos libres perfilaban un proyecto: una república portuaria, pluriétnica y caribeña, con base en las castas armadas y en el comercio marítimo, orientada tanto o más hacia el mar que hacia el interior andino. Ese proyecto nunca se formuló como programa —los agravios concretos del 11 de noviembre revelan más una acumulación de urgencias que una visión articulada—, pero funcionaba en la práctica.

Sus grietas eran congénitas. La primera y más profunda fue el pánico racial de la élite criolla blanca. Frente a la movilización de pardos que los piñeristas habilitaban, los toledistas fueron construyendo una narrativa según la cual la participación popular era pretexto que ocultaba intenciones sediciosas y facciosas; el patriotismo de los pardos, sospechoso por definición. Cuando la ventaja política se inclinó a favor de la facción aristocrática, esa narrativa se convirtió en política pública: reescribir a los afrodescendientes patriotas como bandidos alborotadores, borrar su papel del relato oficial, y bloquear —o al menos limitar— su ascenso institucional. Era una operación defensiva contra un adversario doméstico, pero tenía un costo militar evidente: privaba a la república de la movilización plena de su base humana precisamente en vísperas de la reconquista.

La segunda grieta era regional. Mompox no olvidaba la expedición de Ayos; Santa Marta, con su élite comerciante peninsular, se mantenía como bastión realista y como amenaza permanente sobre la retaguardia de Cartagena; Riohacha oscilaba. El proyecto caribeño cartagenero no lograba articular al Caribe entero bajo su liderazgo, y las Provincias Unidas —con Cundinamarca por fuera— eran incapaces de coordinar una defensa común.

La tercera grieta era constitucional. El federalismo neogranadino, inspirado en el modelo norteamericano que Camilo Torres admiraba, dispersaba la soberanía entre provincias que se daban cada una su propia carta, su ejército, su hacienda. Ese diseño, coherente con la idea de que el poder había regresado a su fuente original —el pueblo— tras la crisis de la monarquía, resultó estructuralmente incapaz de sostener una guerra continental. Contra él reaccionaron voces como la de Pedro Gual, que desde Cartagena, en el periódico El Observador Colombiano aparecido el 9 de agosto de 1813, combatió el federalismo y abogó por la reunión de Venezuela y la Nueva Granada bajo un gobierno común. Una intuición estratégica correcta que llegó tarde.

Bolívar contra Cartagena

El otoño de 1814 trajo a la ciudad a Simón Bolívar, exiliado tras la caída de la Segunda República venezolana bajo los llaneros de José Tomás Boves. Traía el proyecto de contrarrestar ante el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en Tunja, la indisposición generada por su fracaso militar; traía también una idea estratégica: recuperar Santa Marta para asegurar el flanco caribeño antes de intentar cualquier reconquista de Venezuela.

El Congreso lo comisionó para marchar contra Santa Marta. Cartagena, sin embargo, estaba entonces bajo la comandancia militar de Manuel del Castillo y Rada, hombre de la facción toledista y enemigo personal de Bolívar. Castillo se negó a proporcionarle los recursos necesarios. Bolívar, en lugar de dirigirse a Santa Marta según sus órdenes, marchó sobre Cartagena y sitió a la ciudad patriota durante semanas. Un representante enviado por el Congreso a mediar apoyó a las autoridades cartageneras y propuso dividir las fuerzas para atacar Santa Marta; Bolívar rechazó el plan. Sus tropas estacionadas en Mompox se diezmaban por enfermedad. En mayo de 1815 abandonó el sitio, se embarcó y salió hacia Jamaica.

El episodio fue devastador. La Nueva Granada quedó exhibida como un archipiélago de rivalidades incapaz de coordinar la defensa. Cartagena, que había gastado sus últimos meses en enfrentar a otro patriota, encaró al ejército expedicionario de Morillo con las fuerzas mermadas, los recursos agotados y la unidad interna hecha jirones. La versión toledista atribuyó el episodio no a un cálculo estratégico sino al encono personal de Bolívar contra Castillo, y el juicio, aunque simplificaba —había también rivalidades con Rafael Urdaneta y el cálculo político frente a Tunja—, capturaba una verdad: en el momento decisivo, las facciones neogranadinas pesaron más que la guerra común.

Morillo frente a la plaza

El ejército expedicionario del general Pablo Morillo llegó a las costas americanas en 1815 con aproximadamente doce mil hombres. Era la fuerza más grande que España había enviado nunca a sus dominios americanos. Su misión oficial, según el discurso monárquico, era de misericordia y reconciliación con los insurrectos. En la práctica traía otra cosa: confiscaciones, tribunales especiales y una estrategia de reconquista violenta.

Morillo se propuso Cartagena. Contó con el apoyo de los realistas de Santa Marta y de las poblaciones vecinas a la ciudad amurallada. Estableció su cuartel en Turbaco y cerró el círculo por tierra y mar. El sitio comenzó a fines de agosto y duró ciento dos días. La ciudad, con sus murallas del siglo XVII, sus baluartes, la fortaleza de la Popa y el castillo de San Felipe, era formidable en piedra, pero su población estaba encerrada, sin acceso al Magdalena, sin auxilio de las provincias interiores, sin flota que rompiera el bloqueo.

El hambre y las epidemias hicieron su trabajo. Se calcula que Cartagena perdió aproximadamente la tercera parte o más de sus habitantes durante el asedio. Las fuerzas españolas sufrieron a su vez 3.125 muertos y otros tres mil enfermos. Lino de Pombo, testigo presencial, dejó relato de aquellos horrores. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1815, mientras las últimas defensas se derrumbaban, un grupo de jefes patriotas —entre ellos Castillo y Bermúdez— intentó escapar en las pocas embarcaciones disponibles. Cuando Morillo entró a la plaza el 6 de diciembre encontró cadáveres, ruina y miseria generalizados. La ciudad más orgullosa del Caribe hispánico era un osario.

El año de las horcas

Consolidada la caída de Cartagena, Morillo procedió rápido. Entre diciembre de 1815 y octubre de 1816 sus columnas remontaron el país, tomaron Santa Fe y liquidaron los últimos reductos independentistas. Para la primera semana de octubre de 1816 la reconquista neogranadina estaba completa.

El aparato represivo montado por el pacificador operaba a través del Consejo de Purificación, la Junta de Secuestros y consejos de guerra. La Junta confiscaba y vendía bienes de insurgentes —definidos con amplitud para incluir líderes, seguidores y emigrantes— y con esos recursos, canalizados por una tesorería militar central, financiaba el ejército expedicionario, cuya dependencia de las cajas reales provinciales había resultado impracticable. La política de secuestro golpeó a familias enteras y liquidó fortunas construidas durante generaciones.

1816 fue el año de las horcas. Cayeron ante los pelotones y los cadalsos casi todos los líderes independentistas neogranadinos: Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Antonio Villavicencio, José María Cabal, junto con los principales dirigentes cartageneros que no habían logrado embarcarse. La represión no discriminaba entre facciones: piñeristas y toledistas cayeron por igual bajo los mismos consejos de guerra. Toda una generación de la ilustración patriota neogranadina —abogados, naturalistas, magistrados, periodistas— desapareció en pocos meses.

Morillo describió cínicamente esos procedimientos como pacificación. Usó campesinos como mano de obra forzada para convertir la colonia en base de abastecimiento. La violencia extrema —calificada por sus contemporáneos y por la historiografía como deliberadamente cruel por sistema— tuvo, con todo, un efecto contrario al buscado: convirtió en animadversión franca las simpatías que amplios sectores de la población habían mantenido hacia la autoridad española, y empujó a muchos a la guerrilla o a la conspiración. Cuando en 1820 el ejército expedicionario contaba con menos de tres mil de los doce mil hombres iniciales —el paludismo y la fiebre amarilla habían diezmado al resto—, la reconquista de 1815-1816 se había convertido en su propio veneno.

Por qué murió la Primera República

La Primera República de Cartagena no murió de una sola causa. Murió, en primer lugar, de fractura interna. La pugna entre piñeristas y toledistas no era un conflicto de programa constitucional sino de modelo social: Piñeres movilizaba a los pardos y cuestionaba, en los hechos, la jerarquía de castas; García de Toledo y los aristócratas reescribían ese patriotismo popular como sedición. Cuando la reconquista se hizo inminente, los toledistas habían neutralizado buena parte del recurso pardo —el mismo que habría podido multiplicar la capacidad de resistencia— y habían gastado los últimos meses de la república en el enfrentamiento con Bolívar.

Murió, en segundo lugar, de un desequilibrio de fuerzas que probablemente ninguna ciudad caribeña de dieciséis a veinticinco mil habitantes podía sortear en solitario. El ejército expedicionario más grande enviado por España a América, con doce mil hombres, apoyo de Santa Marta y capacidad de bloqueo naval, tenía ventaja estructural sobre una plaza aislada. Una Cartagena unida habría prolongado la resistencia, quizá impuesto un costo mayor a Morillo, quizá cambiado el ritmo de la guerra continental; difícilmente habría vencido sola.

Murió, en tercer lugar, del diseño confederal neogranadino. El federalismo del Acta del 27 de noviembre de 1811, sin Cundinamarca, con provincias que se daban cartas propias y ejércitos propios, era estructuralmente incapaz de coordinar una guerra. Voces como la de Pedro Gual habían señalado el problema desde 1813; la solución tardó una década en imponerse, y llegó de la mano de Bolívar cuando ya Cartagena era una ruina.

Las tres causas se entrelazan. El pánico de pardocracia que llevó a los toledistas a limitar la participación afrodescendiente convirtió una derrota probable en una derrota segura, porque privó a la ciudad de su ventaja demográfica; el diseño federal impidió compensar esa merma con auxilio de las otras provincias; la fuerza de Morillo se encargó del resto.

La herencia

Cartagena no volvió a ser lo que había sido. A lo largo del siglo XIX su población siguió cayendo: de los dieciocho o veinticinco mil habitantes de comienzos de siglo pasó a unos diez mil hacia la mitad y a menos de ocho mil en 1881. A las secuelas del asedio se sumaron nuevas epidemias, la emigración de sectores activos y el auge de Barranquilla como puerto rival, que capturó el comercio del Magdalena. La ciudad amurallada quedó como monumento de sí misma.

El proyecto caribeño, portuario y pluriétnico esbozado entre 1811 y 1815 no sobrevivió a la reconquista. Cuando la independencia se rehizo desde 1819 con la victoria de Boyacá y culminó con la Constitución de Cúcuta de 1821, el marco fue otro: una república grancolombiana centralizada, con base en las tierras altas, con una definición de ciudadanía —varón libre nacido en el territorio, mayor de veintiún años o casado— que en abstracto no reconocía privilegios por clase o condición racial, pero que en la práctica devolvió a los pardos a los márgenes de la política formal. La categoría social de pardo no se disolvió con las leyes; siguió operando en los reflejos, en los prejuicios, en las prohibiciones tácitas.

Los debates que Cartagena había abierto entre 1810 y 1815 —quién es pueblo, hasta dónde llega la igualdad, qué lugar tienen los afrodescendientes libres en la república— quedaron sin cerrar, apenas silenciados. Volverían con fuerza en la década de 1820, cuando José Padilla, marino cartagenero, hijo de aquel Getsemaní armado, encarnara para las élites bogotanas el fantasma de la pardocracia y fuera ejecutado en 1828. Volverían con las guerras civiles del siglo, con el radicalismo, con la Regeneración. Volverían cada vez que la participación política afrodescendiente amenazara con desbordar los cauces que las élites criollas habían fijado.

Por eso la Primera República de Cartagena importa más allá de la memoria local. Fue el primer ensayo republicano pluriétnico del país y el primero derrotado no solo por la fuerza externa sino por el temor interno a lo que él mismo había hecho posible. La declaración del 11 de noviembre de 1811, la constitución del 14 de junio de 1812, los pardos libres que entraron al ejército y los que subieron a exigir la supresión de la Inquisición dibujaron durante cuatro años una forma concreta de república que Cartagena alcanzó a poner en pie y que la Nueva Granada del interior nunca quiso heredar. Y en la escritura toledista que convirtió a esos patriotas pardos en bandidos alborotadores está ya, íntegro, el molde ideológico con que las élites criollas administrarían la cuestión racial durante el siglo siguiente: primero borrarlos del relato, después temerles, y por último, cuando fuera necesario, fusilarlos.