José María Carbonell

Un santafereño de familia acomodada

Sobre los orígenes de Carbonell la información es más escueta de lo que se quisiera. Nació en Santafé de Bogotá en 1778, en el ocaso ilustrado del reinado de Carlos III, dentro de una familia cuyo apellido aparece asociado a una de las porciones de tierra que compondrían con el tiempo el barrio de Chapinero. Pedro María Ibáñez recoge en sus Crónicas de Bogotá la tradición —no del todo verificable en documento— según la cual esas tierras habrían venido de un rico aborigen natural de Usaquén cuya hija casó con un zapatero gaditano establecido en Santafé poco después de la fundación de la ciudad; de ahí, por transmisiones sucesivas, habrían pasado a las haciendas que en el siglo XIX conocieron los Carbonell y los Groot. Lo verificable es más simple y basta: la familia poseía haciendas en Chapinero, y en la Nueva Granada colonial la propiedad agraria era un componente sólido, aunque no suficiente por sí solo, del estatus.

Aquí la biografía se rehúsa a los rótulos rápidos. Llamar a Carbonell "plebeyo" traicionaría el hecho de que su familia tenía tierras a las afueras de Santafé; llamarlo "miembro de la élite criolla" traicionaría el hecho de que jamás ocupó cargos de gobierno, no fue oidor ni regidor, no aparece en las listas de las grandes casas neogranadinas y no dejó obra escrita que lo pusiera al lado de un Camilo Torres o un Francisco José de Caldas. Lo que la Santafé del siglo XVIII llamaba élite se definía menos por la riqueza que por el parentesco, la limpieza de sangre, el acceso a los colegios mayores y la tradición estamental; los grupos regionales más exitosos combinaban propiedades urbanas, haciendas, minas, obrajes, comercio y cargos administrativos sostenidos por redes de familia. Los Carbonell tenían tierra, pero no ese entramado completo. Su hijo José María se movería toda su vida en un estrato intermedio: cerca de los letrados que hacían la revolución, familiarizado con sus tertulias y sus lecturas, y a la vez con oído y voz para los artesanos, tenderos y jornaleros que llenaban las calles de la capital. Esa posición ambigua no fue un accidente biográfico: fue exactamente lo que lo volvió indispensable en julio de 1810.

De su formación intelectual no queda un expediente detallado. La educación superior en Santafé pasaba por los colegios mayores —San Bartolomé, el Rosario— y por el seminario, con requisitos de limpieza de sangre y de no haber ejercido oficios "bajos" que filtraban socialmente a los estudiantes. Carbonell trabajó como oficial en las oficinas de la Expedición Botánica dirigida por José Celestino Mutis, dato que lo sitúa dentro del círculo científico más importante del virreinato y le confirma un grado apreciable de instrucción, capacidad de lectura y familiaridad con el mundo criollo ilustrado. En la Casa de la Expedición Botánica —esa institución que Mutis fundó al llegar a Santa Fe en 1761 como médico del virrey Pedro Messía de la Zerda y que se convirtió, con los años, en la principal antesala de la Independencia— trabajaban también Caldas y otros jóvenes que en 1810 estarían del mismo lado del cabildo. Fue allí, en el laboratorio y en la biblioteca de Mutis, donde Carbonell respiró el aire de las ideas que iba a poner a circular por la Plaza Mayor.

La Ilustración tardía como taller político

Para entender qué se decía y qué se leía en las tertulias que Carbonell frecuentó hay que reconstruir el clima ideológico de la Santafé de finales del siglo XVIII, ese momento en que la intelligentsia criolla, entre 1760 y 1800, hizo suyo el rechazo escolástico y el entusiasmo por la ciencia moderna que ya circulaba en la España ilustrada de Carlos III. Benito Feijóo fue una entrada temprana; sus Cartas eruditas y su Teatro crítico universal aparecen citados por hombres de la generación siguiente —José Manuel Restrepo lo reconoció en su autobiografía— como una primera brecha en la disciplina intelectual heredada. Luego vinieron, más difícilmente y a veces de contrabando, los enciclopedistas franceses, Rousseau y Montesquieu, cuyas ideas penetraron lentamente en el virreinato y marcaron sobre todo a la generación que hizo la Independencia.

La paradoja del proyecto ilustrado borbónico está bien estudiada: la propia Corona, para modernizar sus dominios y estimular su explotación, financió expediciones científicas, sociedades económicas y tertulias que en menos de una generación producirían a los hombres capaces de cuestionar la autoridad que los había formado. Desde la década de 1790, criollos ilustrados y funcionarios comenzaron a vincular las ciencias naturales con el desarrollo económico, y los primeros a culpar al régimen español por el atraso de las comunicaciones internas y las trabas al comercio exterior. Esa acumulación de agravios letrados —a la que se sumaba la experiencia concreta de discriminación de la élite criolla frente a los peninsulares durante las reformas borbónicas— encontró en 1808, con la invasión napoleónica de España y la crisis dinástica, la coyuntura que le faltaba. La teoría de la retroversión de la soberanía al pueblo en ausencia del monarca proporcionó el argumento jurídico; el 20 de julio de 1810 sería su puesta en escena.

Carbonell no fue el teórico de esa transición. No escribió tratados ni redactó proclamas fundadoras. Fue algo más raro y, en su momento, más útil: un hombre capaz de traducir a la calle lo que los letrados discutían en las salas de la Expedición Botánica y en las casas de Nariño o de Torres. Sabía leer a Feijóo y sabía hablarle al artesano; conocía el vocabulario del derecho natural y el idioma de los baldones contra los chapetones. Esa doble competencia lingüística —de arriba y de abajo— constituye el núcleo de su biografía política.

El 20 de julio: arengar al pueblo

De los muchos protagonistas del 20 de julio de 1810, Carbonell es aquel cuyo papel se juega enteramente en la calle. La coreografía del día está bien establecida: un incidente en el establecimiento comercial del peninsular José González Llorente —la célebre huerta de Jaime, cerca de la plaza— sirve de detonante; la noticia corre; se convoca a una multitud; José Acevedo y Gómez, desde un balcón frente a la Plaza Mayor, canaliza el descontento hacia demandas concretas, primero pidiendo que se pronunciasen a favor de una Junta y luego que aprobasen la lista de delegados del pueblo; el virrey Antonio Amar y Borbón, que en un principio se negó a convocar al cabildo —el único organismo capaz de dar carácter constitucional a las peticiones—, cede al fin bajo presión; hacia las seis o más de la noche los capitulares se juntan y la sala capitular se llena de gente. En el acta redactada esa misma noche y a lo largo del día 21, Acevedo y Gómez consigna la transferencia provisional del poder a una Junta Suprema que reconoce a Fernando VII.

Dentro de esa coreografía, ¿qué hizo Carbonell? Un testigo dejó una frase que ha resistido bien el paso del tiempo: el pueblo santafereño estaba "más y más entusiasmado con los discursos de Don José María Carbonell" cuando se convocó el cabildo abierto. La expresión importa por dos razones. Primero, porque atribuye a Carbonell una función específica que no aparece asignada a los demás protagonistas del día: los otros deliberan, redactan, negocian, se asoman al balcón; él arenga sistemáticamente, en la plaza y en las calles adyacentes, y su discurso produce entusiasmo acumulativo. Segundo, porque establece una conexión causal directa entre esa arenga y la llegada masiva de vecinos a la sala capitular en el momento decisivo. La multitud no apareció sola: fue movilizada, y Carbonell fue el principal movilizador.

Conviene detenerse en un matiz que el propio relato de época deja ver. La tradición conservadora —y buena parte de la historiografía patricia decimonónica— insistió en que el plan de la revolución del 20 de julio "estaba entre unos pocos", que "la masa del pueblo no lo sabía de antemano" y que actuó "por instigaciones", dejando explotar sus antipatías y resentimientos contra algunos españoles, sobre todo contra los llegados a comienzos del siglo XIX. Esa descripción, escrita para minimizar el componente popular del acontecimiento, tiene sin embargo la virtud involuntaria de confirmarlo: hubo instigadores eficaces y hubo una multitud dispuesta a ser instigada. Carbonell fue el instigador por excelencia, y la multitud santafereña, lejos de ser una comparsa dócil, aportó al día su propia carga de rencor contra los peninsulares, que los letrados canalizaron pero no fabricaron. La revolución del 20 de julio fue, en efecto, planeada por una minoría de patricios; también fue, en su ejecución callejera, sostenida por una movilización popular que sin Carbonell habría llegado más tarde o no habría llegado.

Los chisperos y el 26 de julio

En los días posteriores al cabildo abierto, cuando la Junta Suprema comenzó a organizarse en secciones de gobierno —el 27 de julio se dividió en varias, entre ellas la de Negocios Eclesiásticos, para manejar con eficacia las decisiones cotidianas—, se hizo visible una tensión que atravesaría toda la Primera República: el grupo dirigente quería avanzar con prudencia, guardando las formas de la lealtad a Fernando VII, y un sector más radical de santafereños empujaba en la dirección contraria. A esos radicales las fuentes de la época los llamaron "chisperos", por su capacidad de encender la calle con la rapidez de una chispa. Carbonell no aparece designado formalmente en los documentos como jefe de los chisperos, pero es imposible leer el vocabulario del testigo que habla de sus discursos y de su capacidad de entusiasmar al pueblo sin reconocer en él al chispero paradigmático, al hombre que da nombre y cara a esa presión popular.

El primer resultado tangible de esa presión llegó pronto. El 26 de julio de 1810, apenas seis días después del cabildo abierto, la Junta Suprema declaró que no reconocía al Consejo Supremo de Regencia y estableció que ninguna corporación o individuo proveniente de la Península tendría autoridad sobre estas tierras, excepto el propio Fernando VII. Fue un salto cualitativo: el 20 de julio había dejado intactas las formas monárquicas y se había limitado a constituir una junta local dentro del imperio; el 26 de julio, en cambio, rompía con la Regencia española, la única instancia peninsular con pretensión de gobernar en nombre del rey cautivo. Los chisperos —y Carbonell entre ellos, más visiblemente que ningún otro— hicieron esa declaración posible al dificultarle a la Junta la moderación de sus decisiones iniciales.

Ahí está, condensado, el papel histórico específico de Carbonell. No fue el redactor del acta ni el orador del balcón; no formó parte de la Junta ni ocupó puestos de comando. Fue el hombre que, desde la calle, empujaba las decisiones más allá de donde los patricios querían llevarlas. Esa era, en la lógica del proceso, una función tan indispensable como incómoda: sin ella la revolución se habría quedado en autonomismo tibio; con ella, la élite letrada perdía el control fino de los tiempos. Es imposible entender la ejecución de Carbonell en 1816 —y también el papel modesto que ocupó después en la memoria oficial— sin tener presente esa incomodidad estructural.

La Patria Boba: fidelidades y sombras

Los años que van de 1810 a 1815 —la llamada Patria Boba— fueron el momento en que la revolución neogranadina se dividió consigo misma. Se formaron dos bandos: los centralistas, liderados por Antonio Nariño desde Cundinamarca, que apostaban por un gobierno fuerte concentrado en Santafé; y los federalistas, encabezados por Camilo Torres y Antonio Baraya, que promovían un régimen federal para las provincias. El 27 de noviembre de 1811 se promulgó el Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, cuya constitución fue redactada por Camilo Torres tomando como modelo la de los Estados Unidos; Cundinamarca, bajo influencia de Nariño, no se adhirió. El 12 de septiembre de 1812, tras la renuncia de Manuel Bernardo Álvarez del Casal como presidente interino, Nariño volvió a asumir la dirección del gobierno cundinamarqués para enfrentar las pretensiones militares de Baraya, quien capitaneaba a los federalistas de Tunja en su enfrentamiento con los centralistas de Santafé. Las disputas ponían en peligro las conquistas de la revolución y debilitaban militarmente al conjunto.

De la actuación de Carbonell en esos años el rastro es más tenue que el de julio de 1810, y hay que decirlo sin adornos. Su especialidad —la agitación urbana— tenía menos escenario en un conflicto que ya era, sobre todo, entre gobiernos provinciales con ejércitos propios. Continuó vinculado a los círculos patriotas de Santafé, mantuvo su presencia en el sector popular urbano y, por su cercanía a la Expedición Botánica y a los hombres del 20 de julio, siguió siendo una figura reconocible de la escena política capitalina. Pero no ocupó cargos de peso, no dirigió tropas, no firmó constituciones. Su radicalismo, que en un cabildo abierto había sido palanca decisiva, en el juego institucional de la Primera República no encontraba mecanismos claros de traducción.

Esa disminución relativa de su protagonismo tiene una lectura estructural. La revolución que Carbonell había ayudado a encender era, en su nivel superior, una insurrección de minorías cultas y ricas: los centros urbanos concentraban comerciantes, artesanos e intelectuales; las masas rurales permanecían aisladas, sin resonancia política para sus inquietudes. Los sectores populares urbanos, aunque decisivos en el momento del cabildo, no encontraron representación estable en las instituciones que se fueron formando. Los chisperos habían empujado a la Junta en julio de 1810; una vez pasado ese umbral, el juego se trasladó a las asambleas, los congresos y los ejércitos, donde el vocabulario y las credenciales que decidían eran otros. Carbonell fue, en cierto sentido, víctima temprana de la propia estrechez social del proyecto que había ayudado a lanzar.

La Reconquista y el fusilamiento de 1816

El desenlace llegó con la Reconquista. En 1815, Fernando VII, restaurado en el trono, envió a América un ejército expedicionario de aproximadamente doce mil hombres al mando del general Pablo Morillo, con orden de retomar los territorios rebeldes. Morillo llegó primero a Venezuela y luego se dirigió a la Nueva Granada. El punto clave fue Cartagena: la ciudad cayó el 6 de diciembre de 1815, tras un asedio de ciento dos días en el que se estima que murió al menos la tercera parte de la población, principalmente por hambre y epidemias. Con la caída de Cartagena, el camino hacia el interior quedaba abierto; para mayo de 1816 las tropas realistas entraban en Santafé.

Morillo procedió con método. Confiscó y vendió propiedades de los rebeldes sin debido proceso, definiendo "rebelde" de forma amplia para incluir tanto a líderes como a seguidores pasivos y a los emigrados que habían huido. Instaló tribunales de purificación y consejos de guerra permanentes. Las ejecuciones se sucedieron en cadena: ahorcamiento, decapitación y fusilamiento, tácticas eufemísticamente denominadas "pacificación", mientras los campesinos eran forzados a servir de base de abastecimiento para el ejército. Los historiadores contemporáneos, incluido el venezolano Rafael María Baralt, describieron a Morillo como cruel por sistema más que por inclinación, imperioso y frío, con accesos de ira. La imagen se consolidó rápidamente: las noticias de las ejecuciones cruzaron el Atlántico y encajaron, en Gran Bretaña y Estados Unidos, con los tropos preexistentes de la leyenda negra española; coincidieron además con la llegada de apoyo monetario y logístico a la causa independentista, aunque atribuir a la crueldad realista una causa exclusiva de esa ayuda simplificaría el cuadro.

En 1816 fueron fusilados la mayoría de los líderes independentistas neogranadinos. Camilo Torres, el redactor de la constitución federalista, cayó ante el pelotón. Francisco José de Caldas, el sabio de la Expedición Botánica, cayó también. Jorge Tadeo Lozano, otra de las figuras del 20 de julio, corrió la misma suerte. Y con ellos José María Carbonell, fusilado el 19 de junio de 1816 en la Huerta de Padilla, a los treinta y ocho años. La memoria local recogería, con ese pudor mezcla de reverencia y silencio con el que la Bogotá del siglo XIX habló de sus muertos patrióticos, que fue "benemérito servidor" de la causa, así en la frase truncada por el estado del documento que preservó Ibáñez.

Vale la pena preguntar por qué Carbonell, que no había sido presidente ni general ni redactor de constituciones, terminó en la lista de los fusilados junto a Torres y a Caldas. La respuesta se lee en clave de julio de 1810 y de la lógica de la represión morillista. Para los realistas, el crimen no era solo haber gobernado en rebeldía; era haber movilizado al pueblo contra el rey. Carbonell había sido, precisamente, el hombre que enseñó a la multitud santafereña a pedir una junta, a rechazar la Regencia, a llenar la sala capitular. Era, en el vocabulario realista, un incitador; peor aún, un incitador eficaz, con memoria viva en las calles de la capital. Dejarlo vivo era dejar viva la posibilidad de una nueva movilización popular. Que en su ejecución no hubiera clemencia ni conmutación —a diferencia de otros casos en los que el cabildo de Cartagena, por ejemplo, presentó al capitán general Francisco de Montalvo solicitudes por la suerte de los presos independentistas— dice mucho sobre el lugar que su nombre ocupaba en la lista prioritaria del pacificador. La represión continuaría en los años siguientes; el caso más célebre sería el fusilamiento, en 1817, de Policarpa Salavarrieta. Del ejército de Morillo, entre paludismo, fiebre amarilla y campañas, quedarían menos de tres mil hombres en 1820.

La red

Carbonell no puede entenderse fuera del tejido de figuras y espacios en que se movió. Estaba José Celestino Mutis, el naturalista gaditano que llegó a Santa Fe en 1761 y organizó desde 1783 la Expedición Botánica, agente central de la ilustración científica en el virreinato y mentor de una generación entera; en la Casa de la Expedición Botánica trabajó Carbonell como oficial. Estaba Francisco José de Caldas, el astrónomo popayanejo, compañero de expedición y compañero de suerte en 1816. Estaba Antonio Nariño, el traductor de los Derechos del Hombre, precursor de la Independencia, cabeza del centralismo cundinamarqués. Estaba Camilo Torres Tenorio, autor del Memorial de Agravios de 1809 y presidente de las Provincias Unidas, ejecutado también en 1816. Estaba José Acevedo y Gómez, "el Tribuno del Pueblo", cuya arenga desde el balcón de la Plaza Mayor es la imagen icónica del 20 de julio y quien redactó el acta del cabildo abierto. Estaba Antonio Baraya, jefe militar del bando federalista. Y estaban los espacios físicos: la Plaza Mayor, escenario del cabildo abierto; el barrio de Las Nieves, corazón artesanal y popular de la capital, donde los chisperos tenían auditorio; la Huerta de Jaime, donde el incidente con Llorente dio el pretexto; la Huerta de Padilla, donde terminaría la vida de Carbonell. Del lado enemigo estarían Pablo Morillo, el pacificador; Juan Sámano, el virrey que gobernaría el interior tras la Reconquista; y, en la generación siguiente, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, que reconstruirían la Independencia sobre las cenizas de 1816.

Esa red define a Carbonell mejor que cualquier calificación abstracta. Estaba en el círculo de Mutis pero no era Mutis; estaba en el 20 de julio pero no era Acevedo; era radical como los chisperos pero probablemente más letrado que la mayoría de ellos. Su singularidad histórica está exactamente en esa posición intermedia, y en la voz —los "discursos" del testigo— que sabía usar en la calle.

La huella

De la memoria histórica de Carbonell hay que decir dos cosas que no siempre se dicen a la vez. La primera es que su nombre nunca desapareció: figura en las listas canónicas de los mártires de 1816, aparece en las crónicas de Bogotá asociado a Chapinero, se lo menciona en las historias generales de Colombia junto a Torres, Caldas y Lozano, y sigue apareciendo en las obras contemporáneas de divulgación sobre la Independencia, como Otra historia de Colombia de Felipe Arias. La segunda es que su lugar en el panteón fue siempre más modesto que el de sus compañeros de fusilamiento. No tiene estatua ecuestre, no da nombre a una avenida principal, no protagoniza los cuadros escolares del 20 de julio como lo hacen Acevedo y Nariño. En la enumeración de próceres, suele aparecer al final, precedido del "entre otros".

Esa discreta borradura tiene explicaciones convergentes. Una es institucional: la Academia Colombiana de Historia y los centros regionales de historia —el de Manizales, fundado en 1911, es ejemplo típico— construyeron a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX una tradición de consagración de próceres orientada a legitimar a los grupos dirigentes, exaltando a patricios letrados, propietarios y militares con obra escrita y trayectoria institucional. Carbonell, sin libros publicados, sin cargos formales sobresalientes, sin descendencia política que reclamara su nombre, encajaba mal en esos criterios. Otra explicación es social: la Bogotá liberal-conservadora del siglo XIX, que forjó los mitos de la Independencia, no tenía interés natural en elevar a la primera línea del panteón a un agitador popular cuya especialidad había sido movilizar a la multitud contra el orden. Las narrativas producidas por la cultura impresa de la Gran Colombia —y luego de la República— proyectaron una visión particular de la Independencia, del republicanismo y del centralismo sobre la memoria nacional; en esa visión, los redactores de actas y los generales eran más útiles que los chisperos. Y una tercera explicación, no menos real, es que la agitación de calle es, por naturaleza, una acción que deja menos documentos que la redacción de una constitución o el mando de un ejército; el archivo favorece a los escritores.

Pero la borradura no es total, y ha ido cediendo. La historiografía social de las últimas décadas ha revalorizado precisamente el papel de los sectores populares urbanos en la Independencia y, con ellos, la figura de Carbonell como su expresión más concreta y documentada en el momento fundador. Esa revaloración no es hagiográfica: reconoce las ambigüedades del papel —la instrumentalización parcial que la élite criolla hizo de la multitud, la brevedad del momento en que los chisperos importaron, la ausencia de un proyecto propio del sector popular urbano—, pero devuelve al personaje su peso específico. Sin Carbonell, el 20 de julio habría sido más lento, más tibio, menos memorable. Sin Carbonell, el 26 de julio quizá no habría llegado nunca.

Queda, para cerrar, una imagen. La Huerta de Padilla, en junio de 1816, era un descampado a las afueras de Santafé donde el régimen realista había concentrado sus fusilamientos. Ahí murieron, en semanas sucesivas, muchos de los hombres que seis años antes habían hecho la revolución. Carbonell fue uno de ellos. Tenía treinta y ocho años. No dejó libros, no dejó descendencia política, no dejó siquiera un retrato firme sobre el cual la posteridad pudiera fijar sus rasgos. Dejó, en cambio, un testimonio: la frase de aquel testigo del 20 de julio, "más y más entusiasmado con los discursos de Don José María Carbonell". En un país que suele recordar a sus próceres por lo que escribieron o por lo que gobernaron, Carbonell es raro: se le recuerda por lo que habló, y por la multitud que ese hablar puso en movimiento. Es lo que un chispero podía dejar; es, en la economía de la revolución, mucho más de lo que parece.