Patria Boba: federalismo, centralismo y primeras repúblicas (1810–1816)

Patria Boba: federalismo, centralismo y primeras repúblicas (1810–1816)

Entre el 20 de julio de 1810 y el 6 de diciembre de 1815, en el territorio del antiguo Virreinato del Nuevo Reino de Granada se ensayó la primera experiencia republicana del país. Durante esos años, un puñado de provincias promulgó constituciones propias, se dio prensa, tribunales y ejércitos, discutió el pacto social como si acabara de descubrirlo y se enredó en guerras civiles entre criollos que dejaron al descubierto tanto la ambición constitucional del momento como sus límites. La tradición la bautizó "Patria Boba" con una condescendencia que se volvió lugar común: como si las élites de 1810 hubieran perdido el tiempo peleando por federalismo y centralismo mientras Fernando VII armaba su regreso. La etiqueta oculta lo esencial. En esos cinco años se libró el primer laboratorio constitucional latinoamericano: dos proyectos de Estado —el federalismo provincial encarnado por Camilo Torres y las Provincias Unidas, y el centralismo santafereño defendido por Antonio Nariño— chocaron con argumentos, gacetas y armas sobre una base social profundamente jerárquica que ninguno de los dos bandos se propuso realmente remover. La caída de Cartagena ante Pablo Morillo cerró el experimento con fusilamientos, y la narrativa posterior convirtió esa derrota militar en argumento póstumo contra el federalismo, cimentando el centralismo bolivariano que vendría después.

El mundo del que brota: la crisis imperial y las juntas americanas

El escenario se arma en la Península. La invasión napoleónica de 1808, la abdicación forzada de Fernando VII y la instalación de José Bonaparte en el trono español dejaron a los reinos americanos en un vacío jurídico incómodo. La Junta Central primero y el Consejo Supremo de Regencia después reclamaron la representación del monarca cautivo, pero las ciudades americanas empezaron a discutir si esa autoridad delegada les competía o si, en ausencia del rey legítimo, la soberanía retornaba a los pueblos.

En el Nuevo Reino de Granada, esa discusión tomó cuerpo antes del célebre 20 de julio. Cartagena de Indias había ensayado movimientos juntistas el 22 de mayo y el 14 de junio de 1810; Cali proclamó su junta el 3 de julio, Pamplona el 4 y el Socorro el 10. Cuando en Santafé estalló el episodio del florero de Llorente, la capital del virreinato se sumaba a una ola que ya rodaba por las provincias, no la inauguraba. Esa cronología importa: el juntismo neogranadino nació descentralizado, con múltiples cabeceras que reclamaban al mismo tiempo la representación del rey cautivo y la autonomía local frente a las autoridades peninsulares.

El acta redactada por José Acevedo y Gómez y firmada al amanecer del 21 de julio de 1810 fijó la posición de Santafé: sistema federal para el Nuevo Reino, reconocimiento formal a Fernando VII y depósito provisional de la autoridad en la Junta Suprema del Reino. Cinco días después, el 26 de julio, la Junta de Santafé dio un paso decisivo al declarar que no reconocía al Consejo Supremo de Regencia: ninguna corporación o individuo proveniente de la Península tendría autoridad sobre estas tierras, salvo el propio rey. Era una fórmula ingeniosa —fidelidad nominal al monarca ausente, ruptura práctica con los organismos que gobernaban en su nombre— y una fórmula frágil, porque dejaba abierta la pregunta de qué se haría cuando Fernando VII regresara.

Las juntas siguieron formándose en cascada: Tunja el 25 de julio, Neiva el 27, Girón el 30 y Mompox el 6 de agosto, esta última con la posición más radical del ciclo al proclamar una independencia que iba más allá de la fidelidad ambigua al monarca. Entre julio y diciembre de 1810 se constituyeron juntas revolucionarias en buena parte del territorio, algunas mediante procesos de elección con participación del vecindario, como ocurrió en Quibdó y en la propia Cartagena. Ya en ese primer momento se dibujaban dos grandes bloques: realistas fieles al orden colonial y patriotas autonomistas, entre los cuales convivían un ala moderada que guardaba los derechos de Fernando VII y una minoría radical decidida a romper de una vez. En Santafé, un grupo de "chisperos" presionaba desde la calle para radicalizar las decisiones de la Junta, complicando cualquier moderación.

El desarrollo: constituciones, confederación y guerra entre patriotas

La escena juntista dio paso, en 1811, a la escena constituyente. Cundinamarca —el nombre que asumió la antigua jurisdicción de Santafé— promulgó su constitución el 4 de abril de 1811, aprobada cinco días antes bajo la presidencia de Jorge Tadeo Lozano. El texto establecía una monarquía constitucional con Fernando VII como rey, cuyos poderes quedaban limitados por la ley constitucional. La paradoja era característica del momento: se fundaba una república de hecho, con separación de poderes y declaración de derechos, pero se le ponía por techo la figura de un monarca ausente al que nadie sabía si volvería a ver. La Constitución de Cundinamarca declaró que "la soberanía reside esencialmente en la totalidad de sus ciudadanos", fórmula que en 1811 sonaba a puro Rousseau bajo un monograma real.

El otro texto fundacional fue el Acta de Federación del 27 de noviembre de 1811, firmada por los diputados de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja. Culminaba un proceso iniciado en el Congreso reunido en septiembre de ese año y daba nombre a la confederación: Provincias Unidas de Nueva Granada. Camilo Torres Tenorio, presidente del Congreso, fue comisionado para redactar la constitución de la nueva unión, inspirada declaradamente en la de los Estados Unidos. En 1812 dirigió el gobierno de la confederación.

Cundinamarca no firmó el Acta. Para entonces, Antonio Nariño —traductor de los Derechos del Hombre en 1794, precursor reconocido de la Independencia— había asumido el mando supremo el 19 de septiembre de 1811, tras la salida de Jorge Tadeo Lozano en un contexto de campaña abierta contra los federalistas. Nariño defendía un gobierno central capaz de organizar la defensa frente a España; el partido centralista se apoyaba en el vocabulario de la Revolución francesa, con su república "una e indivisible" como divisa. Torres, en cambio, había escrito ya el 29 de mayo de 1810 a su tío Ignacio Tenorio anunciando que se acercaba el día en que los americanos serían reconocidos como ciudadanos de un pueblo soberano, y hacía descansar esa soberanía en la tradición de los cabildos autónomos y en la representación provincial.

La ruptura pasó pronto del pliego a la pólvora. Nariño buscó incorporar a Cundinamarca los corregimientos de Neiva, Tunja, Socorro y Pamplona, y acudió en defensa de localidades como Girón, San Gil y Vélez, que se separaban de sus propias provincias. En marzo de 1812, el general Antonio Baraya, que hasta entonces servía bajo Nariño, se pasó al bando federalista, puso sus tropas al servicio del Congreso y lideró las fuerzas de Tunja contra los centralistas. Ese cruce marcó el inicio formal de la guerra civil entre patriotas. El 4 de octubre de 1812, el Congreso de las Provincias Unidas se instaló en Villa de Leyva con diputados de Antioquia, Cartagena, Casanare, Pamplona, Popayán y Socorro, en un gesto que buscaba dotar a la confederación de una sede simbólicamente distinta a Santafé.

Los ejércitos operaron durante buena parte del período de manera separada. Nariño obtuvo una victoria centralista notable en la batalla del 9 de enero de 1813, en San Victorino, donde empleó una estratagema para apartar el destacamento de Atanasio Girardot del flanco federalista. En la Santafé de entonces era ídolo del pueblo por su afabilidad, su valor personal y por haber tejido concordia con la Iglesia y el clero. Ese mismo año dirigió una campaña al sur, contra las provincias realistas de Popayán y Pasto, con resultado adverso. Las fuerzas de la Campaña Admirable de Simón Bolívar, que había cruzado desde Venezuela, empujaron a la larga la fusión de los ejércitos centralistas y federalistas hacia fines de 1814, cuando la amenaza realista se volvió ineludible.

Antes de esa fusión llegó el desenlace interno. El 12 de diciembre de 1814, tras el ataque de las tropas federalistas a la capital, el dictador centralista Manuel Bernardo Álvarez —que había sucedido a Nariño en el mando cundinamarqués— renunció ante el Colegio Electoral de Cundinamarca. La confederación había vencido a la república centralista. La unificación de la Nueva Granada patriota bajo el gobierno federal, sin embargo, llegaba tarde: Fernando VII había vuelto al trono en 1814 y ya se preparaba la expedición de reconquista que Morillo desembarcaría al año siguiente.

Un archipiélago constitucional: nueve constituciones en cinco años

Lo distintivo del período no fueron sus batallas —modestas en escala frente a las venezolanas—, sino su producción jurídica. Entre 1811 y 1815 se promulgaron al menos nueve textos constitucionales en el territorio neogranadino: Cundinamarca en 1811 y 1812, Tunja en 1811, Antioquia y Cartagena de Indias en 1812, Popayán en 1814, Mariquita, Neiva y Pamplona en 1815. Ninguna otra región de la América hispana produjo, en tan poco tiempo, un archipiélago constitucional tan denso.

Estos textos incorporaron los principios del liberalismo naciente: separación de poderes, ejercicio transitorio del gobierno, soberanía popular y declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Adoptaron la teoría del pacto social de Rousseau como mecanismo de legitimación del nuevo poder constituyente, operación que el propio período consideró inevitable dado el vacío de autoridad heredado de 1808. La Constitución del Estado Soberano de Antioquia declaró formalmente que ningún hombre, clase, corporación o asociación podía ser más gravada por la ley que el resto de los ciudadanos. La igualdad, sin embargo, era abstracta: no se correspondía con la realidad social de una república que seguía descansando sobre la esclavitud, el tributo indígena y las jerarquías coloniales apenas retocadas.

Ahí asoma la tensión más profunda del laboratorio. Las primeras constituciones —Cundinamarca, Tunja— fueron redactadas nominalmente a nombre del rey, cuando aún era incierto el destino de España, y lograron instituciones de facto independientes y republicanas sin romper formalmente con la monarquía. Aunque declararon la independencia o la autonomía, en la práctica constituyeron adecuaciones de las instituciones coloniales preexistentes, sin romper la dependencia jurídica anterior. Cabildos, audiencias, procedimientos hereditarios de participación política se conservaron con nombres nuevos. La revolución constitucional convivió con una continuidad institucional que sus protagonistas no veían como problema sino como prudencia.

Quiénes eran "el pueblo": el techo social de la ciudadanía

El vocabulario de la soberanía popular obligaba a definir quién constituía ese pueblo con derecho a decidir. La respuesta de las juntas y las constituciones fue restrictiva y reveladora. En diciembre de 1810, para formar la Junta Provincial de Cartagena, se convocó a todos los vecinos libres —incluidos mestizos y castas— siempre que tuvieran casa poblada o fueran padres de familia con ingreso independiente. Quedaban excluidos los esclavos, quienes no supieran leer ni escribir y quienes estuvieran en servidumbre asalariada. Los criterios combinaban condición jurídica, alfabetismo e independencia económica, superponiéndose de facto —dada la geografía social del Caribe— con la línea racial.

Antioquia fue más lejos en el papel. El reglamento provisional para las elecciones del Colegio Electoral Constituyente convocó a todos los hombres libres, incluidos los indios, en lo que representó una ruptura formal con la sociedad de castas del Antiguo Régimen. En Cali, donde no se promulgó una constitución republicana propia, las prácticas electorales combinaron instituciones coloniales —especialmente el cabildo— con prácticas representativas modernas, fundiendo la corporación tradicional con los ideales republicanos emergentes.

El caso cartagenero es el que muestra con más nitidez la ambivalencia. Los pardos y afrodescendientes de la ciudad participaron activamente en el movimiento patriota, y la retórica de soberanía popular convocada para desplazar a los españoles legitimó ese involucramiento. Pero la élite criolla temió muy pronto que negros y mulatos escaparan a su control. Gabriel Piñeres fue descrito por sus adversarios —incluido el historiador José Manuel Restrepo— como un "peligroso demagogo" que predicaba la igualdad a negros y mulatos de la ciudad, con la acusación implícita de querer eliminar las jerarquías sociales. García de Toledo, figura central de la élite cartagenera, coincidía en que aquella prédica de igualdad real era peligrosa. La tensión entre convocar al pueblo como aliado y contenerlo como amenaza recorrió toda la experiencia republicana costeña, y explica buena parte de las trifulcas internas que debilitaron a Cartagena en el momento crítico de la reconquista.

Las cifras dan la escala. El censo electoral de Cartagena de 1814 registró 9.927 electores habilitados; sumando esclavizados y excluidos legalmente, la población total superaba los 16.000 habitantes. La ciudadanía activa era una minoría dentro de una minoría urbana, en una república que se decía fundada sobre la voluntad de todos.

Prensa, tinta y facción: la opinión pública en armas

El experimento se acompañó de un despliegue periodístico sin precedentes. El Diario Político de Santafé de Bogotá, fundado por Francisco José de Caldas, Joaquín Camacho y José María Gutiérrez, circuló por primera vez el 27 de agosto de 1810 con autorización de la Suprema Junta Gubernativa, otorgada por José Miguel Pey. Su encargo era explícito: divulgar las disposiciones de la Junta Suprema y propagar los ideales de la revolución. Funcionó, en la práctica, como órgano vinculado al poder patriota santafereño.

Nariño respondió con La Bagatela en 1811, considerada el primer periódico político de la Nueva Granada. Solo aparecieron 38 números junto con sus suplementos, pero desde allí Nariño construyó el vocabulario del centralismo, presionó al gobierno de Lozano hasta forzar su caída y consolidó su figura como caudillo civil. En Cartagena, José Fernández Madrid y Manuel Rodríguez Torices sacaron El Argos Americano, portavoz del federalismo cartagenero y crítico frontal de las posiciones nariñistas. Rodríguez Torices participó además en la redacción del Semanario de la Nueva Granada junto a Caldas, muestra de cómo los mismos actores circulaban entre proyectos periodísticos que discutían entre sí.

La confrontación entre El Argos Americano y La Bagatela no fue anécdota decorativa: fue uno de los espacios en que los dos proyectos constitucionales de la Patria Boba se debatieron ante un público lector reducido pero decisivo. La prensa se volvió el medio por excelencia de la política del período, y de todo el siglo XIX que siguió. Sin ella era literalmente inconcebible la actividad política: en las gacetas se formó buena parte de la generación letrada que gobernaría o combatiría a lo largo del siglo.

Las causas de la fractura: soberanías locales, élites y geografía

Los antecedentes estructurales del desencuentro entre centralistas y federalistas se hunden en la geografía y en la estructura del poder colonial. El Nuevo Reino de Granada era un territorio de ciudades relativamente autónomas, separadas por cordilleras, con élites locales que habían construido durante siglos redes propias de comercio, tierra y jurisdicción. El cabildo era, en muchas de esas ciudades, la única institución con arraigo real. Cuando la crisis imperial abrió el vacío de 1810, esas ciudades reclamaron para sí la soberanía que sus élites llevaban administrando de facto desde hacía generaciones.

De ahí que el conflicto no se explique solo como choque ideológico entre federalismo y centralismo. Fue también, y quizá sobre todo, una pugna entre élites locales por conservar o expandir cuotas de poder heredadas del orden colonial. Las oposiciones más agudas de 1810 no enfrentaron a la confederación contra Cundinamarca sino a ciudades subalternas contra sus capitales provinciales: Mompox contra Cartagena, Girón contra Pamplona, Sogamoso contra Tunja, Ambalema contra Honda. De la provincia de Tunja se separaron Chiquinquirá, Villa de Leyva, Muzo y Sogamoso; de la del Socorro se separaron Girón y Vélez; y más tarde los cantones de Garzón, Guagua, Purificación y Mariquita. Las mismas ciudades subalternas que reclamaban autonomía usando el vocabulario soberanista que las provincias empleaban contra Santafé revelaban que ese vocabulario era, en gran medida, un lenguaje de legitimación para intereses territoriales muy concretos.

Los detonantes fueron más puntuales. La política expansionista de Nariño hacia los corregimientos vecinos, la resistencia de Torres y del Congreso a aceptar la centralidad de Santafé, la traslación de la sede confederal a Villa de Leyva y luego a Tunja como respuesta a las anexiones cundinamarquesas, y el paso de Baraya al bando federalista en marzo de 1812 cristalizaron un conflicto que en abstracto podía haberse resuelto en el papel. El sistema confederal de las Provincias Unidas nunca logró definir con claridad las competencias entre los estados y la Confederación, y generó conflictos en todas las escalas: entre ciudades subalternas y capitales, entre estados dentro de la Confederación, y entre el gobierno confederal y los estados. Esa indefinición estructural, más que la opción federal en sí, alimentó la guerra civil.

Cartagena: la república radical y su caída

Ninguna provincia llevó la experiencia republicana tan lejos como Cartagena. El 11 de noviembre de 1811, la provincia declaró su independencia absoluta de España, primera provincia granadina en hacerlo. El texto proclamaba que Cartagena era "de hecho y por derecho, Estado libre, soberano e independiente", absuelto de toda sumisión a la corona y gobierno de España. Se saltaba la ficción de la fidelidad a Fernando VII que Santafé había mantenido, y desconocía tanto al rey como a la Regencia.

Esa radicalidad tuvo costos internos. Cartagena vivió durante los años siguientes una vida política intensa y quebradiza, marcada por rivalidades feroces entre facciones —los Piñeres populares, los Toledistas más moderados—, expulsiones, encarcelamientos y trifulcas electorales. Cuando llegó el momento de enfrentar la reconquista, la ciudad no tuvo tiempo ni serenidad para prepararse: antes del sitio de Morillo sufrió los sitios previos de Manuel del Castillo y Rada y del propio Simón Bolívar, que en su breve estadía intentó imponer a la ciudad su plan de marchar contra los realistas de Santa Marta.

Bolívar renunció al mando del ejército del Gobierno general en el cuartel de La Popa el 8 de mayo de 1815, con una carta que resumía su frustración: los dirigentes del Estado de Cartagena habían preferido "la guerra civil, la anarquía y la propia aniquilación" antes que ponerse a sus órdenes, y su presencia solo servía para dividir la Nueva Granada en partidos. Marchó hacia Jamaica. Los cartageneros quedaron solos frente al Ejército Expedicionario español.

El sitio de Morillo duró ciento dos días. La ciudad cayó el 6 de diciembre de 1815, tras perder al menos la tercera parte de su población por hambre y epidemias. Las fuerzas españolas también pagaron caro: 3.125 hombres muertos y otros 3.000 enfermos. Con Cartagena cayó la puerta atlántica de la Nueva Granada, y con ella se cerró la experiencia de las primeras repúblicas.

Es tentador leer esa caída como consecuencia lógica del federalismo, y así se leyó durante buena parte del siglo XIX. Pero la evidencia interna sugiere otra cosa: Cartagena no cayó por su modelo constitucional sino por el agotamiento acumulado de los conflictos entre facciones locales, los sitios previos entre patriotas y la incapacidad de subordinar las rivalidades urbanas a la amenaza externa. El modelo federal era menos culpable que la guerra civil interna que ese modelo, mal implementado, había facilitado sin causar directamente.

Morillo y el desenlace: mártires y lectura retrospectiva

Pablo Morillo llegó en 1815 al frente del ejército expedicionario español con instrucciones para restablecer el orden colonial en Venezuela y la Nueva Granada. Tras la toma de Cartagena, sus fuerzas avanzaron hacia el interior. En Mompox hizo ahorcar a varios patriotas y decapitar el cadáver del teniente coronel Fernando Carabaño, cuya cabeza colocó en un palo. La escena fijó el tono de la Reconquista.

En 1816 fueron fusilados la mayoría de los líderes independentistas neogranadinos. La lista impresiona por su densidad intelectual y política: Camilo Torres Tenorio, presidente que había sido de las Provincias Unidas; Francisco José de Caldas, el sabio de la Expedición Botánica; Jorge Tadeo Lozano, primer presidente constitucional de Cundinamarca; José María Carbonell, animador del 20 de julio; Antonio Villavicencio, comisionado regio que se había pasado a la causa patriota; José María Cabal; Manuel del Castillo y Rada, uno de los nueve mártires de Cartagena. Los fusilamientos se prolongaron más allá de 1816: en 1817 fue ejecutada Policarpa Salavarrieta, cuyo nombre selló para siempre la memoria popular de la represión.

Historiadores de distintos países —el venezolano Rafael María Baralt, el chileno Diego Barros Arana— describieron a Morillo como cruel por sistema más que por inclinación. Sea cual fuere la lectura del carácter, el efecto político de la represión fue paradójico. Sectores que al principio recibieron a las tropas realistas con simpatía —por añoranza del orden colonial y por rechazo a las trifulcas patriotas— vieron sus simpatías convertirse en animadversión ante la dureza de los consejos de guerra y los fusilamientos. Las noticias sobre las tácticas sanguinarias de Morillo se difundieron rápidamente a ambos lados del Atlántico. La indignación por la violencia española, que encajaba con tropos ya existentes de la leyenda negra en Gran Bretaña y Estados Unidos, contribuyó a que fluyera apoyo monetario y logístico hacia la causa independentista.

Nariño, que en sus "Noticias muy gordas" había advertido con precisión premonitoria sobre los peligros de la reconquista y el trato sin misericordia que recibirían los insurgentes, sobrevivió a la persecución. La represión, dirigida sobre todo contra las élites patriotas letradas, tuvo el efecto no deseado de radicalizar a los sectores populares y facilitar la posterior resistencia guerrillera que prepararía el terreno para la campaña de 1819.

Por qué sigue importando

La "Patria Boba" es una etiqueta injusta que se instaló porque servía a la lectura posterior de un desenlace. Cuando en 1819 Bolívar consolidó la independencia por las armas y en 1821 se promulgó la Constitución de Cúcuta, la república centralista que emergió necesitaba explicar por qué su fórmula era la buena, y encontró en el fracaso militar de 1815-1816 la prueba retrospectiva del error federalista. La operación funcionó tan bien que el nombre mismo del período arrastra hasta hoy la carga de una autoevaluación derrotada.

El material del período resiste esa lectura. Entre 1810 y 1815 se produjo la primera discusión constitucional seria del país, con nueve textos que ensayaron soluciones a los problemas del pacto social, la representación, la relación entre poderes y la ciudadanía. Se inauguró la prensa política. Se experimentó con formas de participación —restringidas, sí, pero reales— que incorporaron a mestizos, castas libres y, en Antioquia, a indios. Se pusieron sobre la mesa dilemas que el país seguiría discutiendo durante todo el siglo XIX: cuánta autonomía a las provincias, cuánta cabeza en Bogotá, qué hacer con la esclavitud, quién es "el pueblo" con derecho a decidir.

Las guerras civiles del siglo XIX —la de 1839, la de 1851, la de 1860, la de los Mil Días— se libraron en gran medida sobre las mismas líneas que separaron a Torres de Nariño. La Constitución de Rionegro de 1863, con su federalismo radical, fue en cierto modo la reivindicación tardía del proyecto de las Provincias Unidas; la Regeneración de 1886, con su república unitaria y su tono conservador, fue la victoria diferida del centralismo. El debate sobre la ciudadanía y sus exclusiones —quién vota, quién es alfabeto, quién es propietario— atravesó las constituciones nacionales de todo el siglo, y las restricciones al sufragio popular sobrevivieron hasta bien entrado el XX.

Queda una pregunta que el período no resolvió y que la historia posterior tampoco cerró: si un proyecto republicano puede construirse sobre bases sociales que ninguno de sus arquitectos se atreve a remover. Los criollos de 1810 discutieron todo menos el fundamento jerárquico de la sociedad que gobernaban. Convocaron al pueblo cuando necesitaban legitimidad frente a los españoles y lo temieron cuando pidió tomarse la palabra en serio. En esa incomodidad —la de fundar repúblicas modernas sobre estructuras que no querían tocarse— hay una pregunta que el país no ha terminado de contestarse. Por eso la Patria Boba no fue boba. Fue, precisamente, el primer lugar donde la pregunta se planteó.