Antonio Villavicencio

Un criollo quiteño en el orden imperial

Villavicencio nació en Quito en 1775, en una familia criolla vinculada a la administración colonial de la Presidencia. La Real Audiencia de Quito había sido dotada de jurisdicción propia desde 1563 y, aunque subordinada al Virreinato de Nueva Granada, funcionaba como una provincia con cancillería real e identidad institucional distinta. Sus presidentes disputaban competencias con el Virreinato de Lima, con la gobernación de Popayán y con el propio virrey de Santafé. El Barón de Carondelet, presidente entre 1799 y 1807, aspiró incluso a elevar la Presidencia a capitanía general y a recuperar el mando fiscal y militar sobre Guayaquil, captado por Lima. Crecer en ese ambiente significaba respirar una política criolla ilustrada, agraviada por reformas borbónicas que habían restado autonomía a los naturales del reino, consciente de que la jerarquía imperial premiaba invariablemente al peninsular sobre el americano.

Los criollos como Villavicencio conocían los límites de su ascenso. Podían ser administradores de rentas, funcionarios del tesoro, abogados litigantes ante la Audiencia, corregidores, fiscales, empleados en cajas reales o en la Casa de Moneda. Los cargos altos —virrey, oidor de primer rango, presidente de audiencia— les estaban prácticamente vedados salvo por conexiones familiares excepcionales. El derecho era la vía habitual del criollo instruido hacia la burocracia, pero el techo era bajo y explícito. Ya en 1781, los Comuneros del Socorro habían exigido que los naturales del Nuevo Reino tuvieran preferencia sobre los peninsulares en los nombramientos oficiales. Esa demanda seguía viva una generación después, y era el sustrato de agravio que los cabildos formularían con lenguaje ilustrado en 1809.

Villavicencio no eligió el derecho. Eligió el mar. Se formó como oficial de la Real Armada española y, por esa vía inusual para un criollo neogranadino, ingresó a un cuerpo profesional donde el mérito técnico pesaba tanto como el linaje. Los habitantes criollos de los puertos del Caribe habían comenzado desde finales de la década de 1770 a participar en la navegación marítima de forma no despreciable, actividad favorecida por la política comercial española y por las guerras que interrumpían las comunicaciones con la metrópoli. La facultad de comerciar con barcos propios entre puertos americanos había sido concedida poco antes de 1772. En ese contexto, la carrera naval ofrecía a un joven quiteño con buenos padrinos una puerta lateral hacia el servicio imperial que el escalafón virreinal le cerraba.

La formación del oficial y Trafalgar

La biografía naval de Villavicencio lo llevó a Cádiz, corazón administrativo de la Marina Real y ciudad clave de la ilustración hispánica. Allí completó su formación como guardiamarina y sirvió en la flota atlántica en los años más convulsos de la monarquía. Combatió en Trafalgar el 21 de octubre de 1805, la batalla que hundió la capacidad naval española y dejó a la Corona sin herramienta para controlar sus dominios americanos frente al bloqueo británico y, más tarde, frente al colapso peninsular. Trafalgar es dato biográfico y dato estructural: el oficial criollo que servía a España en 1805 vio con sus propios ojos el hundimiento del instrumento con que la monarquía había proyectado poder sobre América durante tres siglos.

En los años siguientes, Villavicencio combinó el servicio activo con la formación cortesana y la exposición a los círculos ilustrados gaditanos. Cuando en 1808 Napoleón secuestró a Carlos IV y a Fernando VII en Bayona e impuso a José Bonaparte en el trono, Villavicencio se encontraba en la Isla de León —la actual San Fernando, junto a Cádiz— sirviendo a una monarquía sin monarca. El colapso fue absoluto: el rey preso, la capital ocupada, la flota desaparecida, y en cada ciudad libre de la Península se formaron juntas locales para administrar el vacío. Esa experiencia peninsular fue decisiva. Villavicencio no aprendió la teoría de la reversión de la soberanía al pueblo en libros americanos: la vio funcionar en tiempo real en la propia España, donde comités supremos se constituyeron desde 1808 invocando exactamente la doctrina que dos años después servirían los cabildos neogranadinos para instalar sus propias juntas.

Cuando en 1810 el Consejo de Regencia buscó comisionados para enviar a América con la misión de contener el estallido juntero, la elección de Villavicencio fue lógica. Era criollo —quiteño, además, con lo que ese origen implicaba de comprensión de la política americana—, era oficial condecorado de la Armada, había servido con lealtad en Trafalgar y en la resistencia peninsular, y hablaba el lenguaje ilustrado de la reforma. Era la carta con que la Regencia esperaba desactivar el impulso autonomista: un americano ilustrado enviado por una autoridad que ya no podía apostar por peninsulares porque los peninsulares habían perdido toda credibilidad ante las élites del continente.

La misión regia y la contradicción original

Villavicencio zarpó de Cádiz a comienzos de 1810 con instrucciones amplias: escuchar a los cabildos, informarse de los agravios, proponer reformas administrativas, jurar la autoridad del Consejo de Regencia como continuadora legítima de la soberanía de Fernando VII. Su encargo se inscribía en un esfuerzo más amplio: la Regencia envió comisionados a distintos puntos de América y convocó Cortes en Cádiz con representación americana, buscando reconstruir el pacto colonial sobre bases nuevas que reconocieran la igualdad —al menos retórica— entre peninsulares y criollos.

La contradicción de fondo era doble e insuperable. La Regencia derivaba su legitimidad de una doctrina —la reversión de la soberanía al pueblo en ausencia del monarca— que los criollos podían usar con la misma pertinencia para constituir sus propias juntas. Si la soberanía había vuelto al pueblo, no había razón lógica para que ese pueblo, en América, delegara nuevamente en una junta peninsular constituida a miles de kilómetros. A eso se sumaba un segundo obstáculo. La crisis napoleónica había dividido la opinión americana en al menos tres campos: afrancesados, fernandinos leales al Consejo de Regencia, y criollos con designios independentistas influidos por las revoluciones francesa y norteamericana. La misión de Villavicencio suponía un consenso realista que, en 1810, ya no existía.

Cuando Villavicencio desembarcó en Cartagena en mayo de 1810, el proceso juntero neogranadino llevaba en marcha varios meses. Desde septiembre de 1809, tras la instalación de la Junta de Quito el mes anterior, la Nueva Granada había entrado en un ciclo que se divide en cuatro fases sucesivas: rebeliones y represión hasta mayo de 1810, organización de las primeras juntas entre mayo y julio, florecimiento juntero de julio a septiembre, y consolidación militar contra provincias disidentes hasta febrero de 1811. La llegada de Villavicencio coincidió, por accidente cronológico o por lógica estructural, con el paso de la primera fase a la segunda.

En Cartagena, el cabildo ya había depuesto al gobernador el 22 de mayo y volvió a intervenir el 14 de junio. En Cali se creó una Junta Suprema el 3 de julio. En Pamplona, el cabildo destituyó al gobernador el 4 de julio. En El Socorro se formó Junta el 10 de julio. Villavicencio avanzaba por un territorio que no lo esperaba como pacificador sino como testigo. Su sola presencia física —un comisionado regio criollo, ilustrado, dispuesto a escuchar— confirmaba a las élites locales que la autoridad peninsular estaba desesperada y que el momento de actuar había llegado.

El Memorial de Agravios y el 20 de julio

Los cabildos neogranadinos habían formulado ya, antes de la llegada de Villavicencio, sus posiciones doctrinales frente a la crisis. El delegado Antonio Narváez y Latorre, comisionado en misión anterior ante las autoridades peninsulares, había recibido instrucciones de los cabildos de Santafé, Popayán, Socorro, Tunja y Loja, entre otros. Las instrucciones santafereñas —redactadas por Camilo Torres Tenorio y conocidas como el Memorial de Agravios— planteaban la igualdad de representación entre españoles y americanos y apuntaban hacia una monarquía constitucional basada en la soberanía popular. No eran una queja: eran un programa. Ignacio de Herrera y Vergara, en sus Reflexiones de un americano imparcial de septiembre de 1809, había escrito con inequívoca claridad que "el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta" y que el rey estaba encargado de hacer felices a sus dominios. La doctrina estaba lista. Faltaba la ocasión.

Villavicencio fue la ocasión. Llegó a Santafé anunciado como enviado del Consejo de Regencia en momentos en que los cabildos neogranadinos estaban preparados no ya para protestar por la desigualdad americana, sino para actuar sobre ella. El elemento más radical de los santafereños, los llamados chisperos —entre ellos José María Carbonell—, presionaba sin descanso a las élites moderadas para forzar una ruptura. El 20 de julio de 1810 la ruptura ocurrió. José Acevedo y Gómez redactó el acta que declaró que toda autoridad quedaría provisionalmente en la Junta Suprema de Gobierno hasta que se formara una constitución que asegurara la felicidad pública, que el sistema sería federal con representación en la capital, y —lo decisivo— que los derechos soberanos del pueblo no podían ser abdicados a ningún individuo o institución que no fuera Fernando VII.

El acta era simultáneamente radical y ambigua. Reconocía a Fernando VII, con lo que preservaba las formas de lealtad monárquica; pero negaba autoridad a cualquier institución peninsular, incluida la Regencia que había enviado a Villavicencio. Seis días después, el 26 de julio, la Junta Suprema fue explícita: no reconocía al Consejo Supremo de Regencia, ninguna corporación o individuo peninsular tendría autoridad sobre esas tierras excepto Fernando VII, y el rey no podía delegar en persona o institución alguna la autoridad que el pueblo le había conferido. La presión de los chisperos había impedido a la Junta la moderación de sus decisiones iniciales.

La misión de Villavicencio quedó vaciada de contenido antes de que él pudiera cumplirla. El comisionado regio de una regencia no reconocida no representaba nada en Santafé. Aparentemente aceptó la situación sin resistencia. Algunas versiones sostienen que apoyó el proceso desde dentro, que sus simpatías criollas se impusieron sobre sus deberes formales; otras, que simplemente reconoció lo irreversible. Lo cierto es que no intentó reprimir la Junta ni pedir refuerzos militares, y su actitud contrastó abiertamente con la conducta del virrey Antonio Amar y Borbón, depuesto ese mismo 20 de julio junto con la virreina. En las negociaciones de esa noche jugó papel el asesor de virreyes Juan Jurado, funcionario peninsular sin instrumentos para mediar; la presidencia provisional de la Junta recayó en José Miguel Pey, alcalde ordinario, criollo moderado que asumió responsabilidades sin buscarlas.

El comisionado atrapado

Tras el 20 de julio, Villavicencio quedó en una posición imposible. Formalmente seguía siendo comisionado de una Regencia que ya nadie en Santafé reconocía; en la práctica, era un oficial criollo cuya trayectoria imperial lo hacía sospechoso para los patriotas radicales y traidor para los realistas. La cadena juntera continuó sin él. En las semanas que siguieron a Santafé se pronunciaron Tunja, Neiva, Girón, Mompox y más tarde Quibdó, esta última por convocatoria popular. El proceso tenía dinámica propia, y Villavicencio quedó en la posición del observador de un movimiento cuya autoría le fue atribuida después con generosidad desmedida.

En Mompox, el pronunciamiento del 6 de agosto de 1810 fue uno de los primeros en orientarse hacia la independencia absoluta, superando el fernandinismo formal del acta santafereña. La opinión pública momposina se había dividido desde 1808 entre afrancesados, seguidores de la Junta Suprema fernandina y criollos democráticos con designios de independencia absoluta influidos por las revoluciones francesa y norteamericana. Esa tipología —que se replicaba en cada ciudad— revela la complejidad ideológica del momento y la ingenuidad estructural de la misión que se había encargado a Villavicencio.

Las juntas americanas de 1810 mostraron al menos tres tendencias: algunas acataron la Regencia y las Cortes; otras, como Santafé, adoptaron una postura autonomista guardando los derechos de Fernando VII; otras se declararon abiertamente independentistas. Villavicencio había sido enviado a hablar con la primera tendencia. Encontró que era minoritaria, dispersa, y que las otras dos dominaban la conversación política.

Durante los años siguientes se integró al proceso patriota como oficial y funcionario. Su formación naval fue aprovechada por las nacientes autoridades independentistas. Su nombre aparece asociado a distintas responsabilidades administrativas y militares en el aparato en construcción, aunque nunca en primera línea política. Ni fue de los oradores del Congreso ni de los generales de terreno. Fue, más bien, un cuadro técnico ilustrado en un proceso que necesitaba desesperadamente cuadros de ese perfil. Una trayectoria paralela, la del también quiteño Carlos Montúfar —criollo ilustrado enviado como comisionado regio a Quito y luego plegado a la causa patriota hasta morir ejecutado por los realistas—, confirma que Villavicencio no fue una excepción sino un tipo social: el oficial criollo formado en la metrópoli y atrapado entre lealtades.

La Patria Boba y los años intermedios

Los años que siguieron al 20 de julio son los que la memoria republicana bautizó con desdén como la Patria Boba: el período 1810-1815 en que la Primera República neogranadina se desangró en la disputa entre centralistas y federalistas antes de que la reconquista española acabara con todos. Antonio Nariño encabezó el bando centralista desde la provincia de Cundinamarca; Camilo Torres, tribuno y jurisconsulto, presidió el Congreso de las Provincias Unidas y dirigió el bando federalista. La disputa derivó en guerra civil abierta, con enfrentamientos militares en 1812 y con el ataque de las tropas federalistas a Bogotá en diciembre de 1814, operación conducida por un joven oficial venezolano, Simón Bolívar, cuya figura habría de dominar la fase siguiente de la independencia continental.

Villavicencio atravesó esos años sin protagonismo faccional visible. Su formación imperial y su itinerario personal lo mantenían al margen del choque entre los grandes tribunos, aunque su lealtad al proceso republicano no parece haber flaqueado. Cuando en 1815 comenzó la reconquista española, ese pasado ambiguo —oficial de la Marina Real, comisionado regio de 1810, cuadro técnico de las juntas patriotas— se volvió contra él con toda su fuerza.

Morillo, Cartagena y la reconquista

Pablo Morillo desembarcó en tierras venezolanas al frente de la mayor expedición militar enviada por España a América desde los tiempos de la Conquista. Su objetivo era restablecer el orden colonial mediante la fuerza, y su método fue el terror sistemático. Tras someter la costa, puso sitio a Cartagena. La ciudad resistió ciento dos días —algo más de tres meses— bajo un ataque combinado por tierra y mar. Una parte de las tropas españolas había avanzado por tierra hacia Santa Marta para colaborar en el asedio, mientras Morillo bloqueaba el puerto con el resto del ejército. El 4 de agosto de 1815 se supo en Cartagena el avance de las tropas realistas. La ciudad cayó el 6 de diciembre. Se calcula que una tercera parte de la población murió durante el sitio, víctima del hambre y las epidemias.

Con Cartagena tomada, el camino hacia el interior estaba abierto. Las fuerzas de Morillo avanzaron por el Magdalena hacia Honda y de allí hacia Santafé. La Primera República, debilitada por las guerras civiles entre centralistas y federalistas, no ofreció resistencia coordinada. La dirigencia patriota se dispersó: unos huyeron hacia los Llanos, otros hacia el sur, otros fueron capturados.

Morillo instaló en Santafé un régimen de represión sistemática mediante tres instituciones: el Consejo de Purificación, encargado de examinar la lealtad de los desleales al rey; las Juntas de Secuestros, que incautaban bienes a los acusados de traición; y los Consejos de Guerra, que imponían la pena capital a los acusados de rebelión. En pocos meses ese engranaje judicial-militar procesó, condenó y sepultó a la mayor parte de la élite patriota que no había logrado huir.

En 1816 fueron fusilados, entre muchos otros, Camilo Torres Tenorio, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano y José María Carbonell. Antonio Villavicencio fue uno de ellos. Murió fusilado en Santafé el 6 de junio de 1816, a los cuarenta y un años. La ejecución de un antiguo oficial de la Real Armada, condecorado en Trafalgar, comisionado por la Regencia de Cádiz apenas seis años antes, cerró el círculo de su biografía: las mismas fuerzas que lo habían enviado a apaciguar la Nueva Granada lo mataron por haber pasado al bando de los apaciguados. El fusilamiento de una generación entera de dirigentes ilustrados —Torres, Carbonell, Caldas, Lozano, Villavicencio— fue el precio del reformismo tardío de Morillo, y esa masacre determinó que la independencia definitiva de 1819 fuera obra de una segunda generación, más militar que doctrinaria, encabezada por Bolívar y Santander.

Las noticias sobre las tácticas sanguinarias de Morillo se difundieron rápidamente a ambos lados del Atlántico. En Gran Bretaña y en Estados Unidos generaron indignación, y la invocación de esa superioridad moral ante audiencias externas contribuyó luego a obtener apoyo monetario y logístico para la campaña definitiva de independencia. La ejecución de Villavicencio, entre las de tantos otros próceres, alimentó ese relato.

La invención del mártir

La memoria colombiana ha sido selectiva con Villavicencio. En el siglo XIX, la elaboración de biografías y memorias de próceres regionales fue un mecanismo consagratorio de los grupos dirigentes: cada región buscaba demostrar su contribución a la formación de la República mediante la exaltación de sus héroes epónimos. La escritura de la historia en Colombia tuvo, durante todo el siglo XIX, un carácter fundacional centrado en las acciones de los héroes de la Independencia, en simbiosis con la creación de la institucionalidad estatal. Academias y centros regionales privilegiaron a determinados próceres según los intereses políticos y sociales de sus productores, y la transmisión oral de episodios —los recuerdos del general Joaquín París, del sargento Escandón— cumplía función suplementaria ante la ausencia de registros escritos sistemáticos. Se lamentaba con frecuencia el riesgo de que hechos notables quedaran sepultados en el olvido por la muerte de los testigos oculares, preocupación que revela hasta qué punto la memoria heroica del período fue construida activamente, no heredada de forma neutra.

Villavicencio ocupó en ese panteón un lugar respetado pero secundario. No fue elevado al rango de Bolívar, Santander, Nariño o Camilo Torres. Su condición de comisionado regio complicaba el relato heroico: contar bien su historia obligaba a contar la del imperio que lo había enviado, la del oficial de la Real Armada que había combatido en Trafalgar, la del hombre cuya misión formal era impedir precisamente aquello que su llegada aceleró. Esa complicación fue resuelta por la memoria patriota mediante una operación clásica del martirologio: se subrayó la ejecución de 1816 y se dejó en penumbra la biografía imperial anterior. El fusilamiento borró retroactivamente al oficial y consagró al mártir.

Villavicencio no protagonizó, en esa construcción, el altar central. Ocupó un nicho: el del comisionado regio convertido en patriota, útil precisamente porque encarnaba la posibilidad de que un servidor del imperio pudiera cambiar de bando y morir por la causa. Ese perfil era funcional al relato de la independencia como movimiento amplio y noble, capaz de atraer incluso a oficiales criollos de la metrópoli. Pero la propia utilidad del perfil exigía silenciar sus tensiones: la carrera naval, Trafalgar, la Isla de León, la lealtad borbónica de años, no pesaban en la iconografía.

Lo que la paradoja enseña

La trayectoria de Villavicencio dibuja el límite exacto del reformismo borbónico tardío. Un imperio que necesita enviar americanos a hablar con americanos ha dejado ya de ser imperio en el sentido pleno del término; opera con las formas del poder pero sin su sustancia legitimadora. Y la doctrina con que la Regencia se justificaba —la reversión de la soberanía al pueblo en ausencia del monarca— era la misma que legitimaba a las juntas de Santafé, Cali o Mompox. El comisionado llevaba en el bolsillo el argumento que anulaba su propia misión.

De ahí que su importancia individual haya sido, sobre todo, retrospectiva. El motor real del 20 de julio fue la agencia criolla colectiva: los cabildos que habían formulado desde 1809 sus programas de gobierno ilustrado, los redactores del Memorial de Agravios, los chisperos que presionaban en las calles, los patriotas moderados que dieron forma jurídica al momento. Villavicencio no precipitó la ruptura; la encontró en curso. Su ejecución en 1816 proporcionó luego a la memoria patriota el material simbólico para operar la borradura del oficial imperial y la fabricación del mártir. La operación consagró el nombre y dejó la biografía plena en penumbra.

Villavicencio importa, entonces, no como héroe fundador sino como figura de tránsito. Su vida cruza el momento exacto en que la monarquía hispánica dejó de ser un orden legítimo para las élites criollas y empezó a ser un aparato de fuerza ajena. Encarna esa transición porque la sufrió en su propio cuerpo: nació súbdito ilustrado del rey católico, sirvió como oficial de su armada, cruzó como comisionado el umbral de una nueva era política, se integró al proceso republicano y murió fusilado por la Corona a la que había servido con distinción durante veinte años. Ese es, más allá del martirologio, el motivo por el que su nombre sigue anclado en el pórtico de la historia colombiana.