Patriotismo criollo

El patriotismo criollo

En el último tercio del siglo XVIII, un grupo reducido de hombres cultos y bien nacidos del Nuevo Reino de Granada empezó a mirar el territorio que habitaban con ojos distintos. Ya no era solo una posesión ultramarina de la Corona: era un país con montañas, ríos, plantas y gentes propias, digno de ser descrito, medido y defendido. Ese giro de la mirada —hecho de ciencia ilustrada, agravios fiscales, lecturas clandestinas y, sobre todo, de una conciencia estamental herida— es lo que hoy llamamos patriotismo criollo. No fue un nacionalismo prematuro ni una ideología acabada, sino una identidad ambivalente: reivindicaba el suelo americano y la dignidad de sus habitantes blancos ilustrados, mientras defendía con celo los privilegios que los separaban de indígenas, mestizos, negros y pardos. En esa doble faz —territorialista hacia arriba, excluyente hacia abajo— reside a la vez su capacidad para detonar el 20 de julio de 1810 y su fragilidad para sostener después un proyecto político incluyente.

Qué era el patriotismo criollo

Conviene precisar el término. Criollo, en el orden colonial, designaba al descendiente de españoles nacido en América: la casta que ocupaba el escalón inmediatamente inferior al de los peninsulares en el reparto de cargos, honores y prestigio, pero muy por encima de indios, negros y castas mezcladas. El patriotismo de esta élite letrada no era, en su origen, un llamado a romper con España. Era más sutil y más frágil: la convicción de que los nacidos en el Nuevo Reino tenían un derecho propio sobre su tierra, sobre su gobierno y sobre los puestos de mando, y que la Corona, al desconocerlo, había roto un pacto tácito.

Ese sentimiento se apoyaba en tres pilares que fueron ensamblándose entre 1760 y 1810. Primero, una conciencia territorial hecha de ciencia: la Expedición Botánica de José Celestino Mutis y las tertulias ilustradas enseñaron a los criollos a ver la naturaleza neogranadina como riqueza propia y no como escenario prestado. Segundo, un repertorio de agravios concretos contra las reformas borbónicas: presión fiscal, monopolios estatales, discriminación en los nombramientos. Tercero, un lenguaje político —el pactismo hispánico, refrescado con lecturas francesas y norteamericanas— capaz de traducir esos agravios en reclamos de soberanía. El resultado no fue una doctrina cerrada, sino un habitus compartido por un pequeño círculo de abogados, médicos, botánicos, hacendados y clérigos ilustrados: los que se leían entre sí en el Papel Periódico y en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, los que se cruzaban en la Real Audiencia y en las visitas al herbario de Mariquita, los que en 1810 se conocían por el nombre y por el apellido de la abuela.

La paradoja borbónica

El patriotismo criollo nació, sin proponérselo nadie, del proyecto borbónico de fortalecer el control colonial. Cuando la dinastía de los Borbones sustituyó a los Habsburgo, heredó unas Indias en las que audiencias y cabildos habían gozado durante dos siglos de una autonomía considerable, con las élites locales bien encajadas en la maquinaria imperial mediante compras de oficios, alianzas familiares y complicidades administrativas. Los ministros ilustrados de Carlos III se propusieron enderezar esa curvatura: recentralizar la autoridad real, aumentar los ingresos fiscales y modernizar la gestión de los territorios americanos. En Nueva Granada, esa política tuvo un nombre y una fecha: Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, regente visitador desde 1778.

Gutiérrez de Piñeres reorganizó el estanco del tabaco reduciéndolo a cuatro zonas de cultivo —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira— y excluyendo a decenas de pueblos que antes lo sembraban libremente; bajó los precios que pagaba al campesino y subió los que cobraba al consumidor; restableció el impuesto de la armada de Barlovento; extendió la alcabala a nuevos productos. Los números cuentan la historia mejor que cualquier adjetivo: la carga tributaria en Nueva Granada pasó de cerca del 2,9 % del PIB antes de las reformas a alrededor del 10,4 % en el quinquenio de mayor presión, entre 1791 y 1795. Los estancos de tabaco y aguardiente aportaban, en la última década colonial, un 32 % de los ingresos de la Corona. La colonia estaba pagando su modernización.

La respuesta llegó pronto. En 1781, en la provincia del Socorro, agricultores y artesanos destruyeron las oficinas de los estancos, formaron comités revolucionarios y marcharon hacia Santafé. La Revolución de los Comuneros fue, en primer lugar, una revuelta fiscal contra los monopolios y el impuesto de Barlovento, pero incluyó entre sus demandas —secundaria pero significativa— la preferencia de los naturales del reino sobre los peninsulares en los cargos oficiales. Las Capitulaciones de Zipaquirá, negociadas por el arzobispo Caballero y Góngora, prometieron revertir las medidas más onerosas; en cuanto la capital fue reforzada militarmente, la Corona las anuló. José Antonio Galán, líder del sector radical que había desconfiado desde el principio del acuerdo, fue capturado cerca de Onzaga, ahorcado el 1 de febrero de 1782, decapitado y descuartizado; su cabeza quedó expuesta en Guaduas, la mano derecha en el Socorro, la izquierda en San Gil, el pie derecho en Charalá y el izquierdo en Mogotes. La geografía del castigo hablaba tan claro como la ordenanza.

Conviene una advertencia. La tentación de leer 1781 como el primer capítulo del patriotismo criollo es fuerte, pero engañosa. Muchos de los futuros líderes de la Independencia estuvieron entonces del lado de la Corona. La rebelión comunera tenía una base social —indígenas, mestizos, criollos pobres, artesanos— que trascendía a la élite letrada, y esa élite miró la marcha sobre Santafé con más alarma que simpatía. El vínculo entre los comuneros de 1781 y los patriotas de 1810 no fue de herencia directa sino de resonancia: los sucesos del Socorro quedaron en la memoria como precedente disponible, y volverían a mencionarse en las crisis de 1794-1797 y de 1808-1810, ya reelaborados por una intelligentsia letrada que seleccionó y resignificó ese pasado según sus propios intereses estamentales. El campesino comunero y el abogado patriota compartían un enemigo fiscal, pero no un proyecto.

Con la mano contraria, la Corona sembraba lo que después habría de cosechar. Para fortalecer su gobierno, los Borbones patrocinaron expediciones científicas, tertulias, sociedades económicas de amigos del país, reformas educativas. José Celestino Mutis, gaditano llegado en 1760 como médico del virrey Pedro Messía de la Cerda, se quedó en el Nuevo Reino y se convirtió en el eje de esa maquinaria intelectual. La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada se inauguró oficialmente el 27 de abril de 1783, con Mutis a la cabeza; funcionaría hasta 1816, cuando la Reconquista española la clausuró. Mutis introdujo el heliocentrismo copernicano en la enseñanza, enfrentado con los dominicos que intentaron sin éxito expulsarlo bajo la protección del arzobispo-virrey. Su cátedra, sus láminas, sus discípulos configuraron una escuela científica local con conciencia de sí misma.

La paradoja fue que ese esfuerzo del absolutismo ilustrado por controlar mejor las colonias dotó a los criollos de los instrumentos precisos para cuestionar el orden colonial: método científico, conciencia territorial, redes de correspondencia, imprenta, sociabilidad letrada. Los Borbones formaron, involuntariamente, a sus propios impugnadores.

La intelligentsia y sus espacios

Entre 1760 y 1810, el Nuevo Reino de Granada produjo su primera generación de intelectuales locales con proyección pública. Compartían con la Ilustración española peninsular el rechazo a la escolástica, el entusiasmo por la ciencia moderna y la fe en la educación técnica como remedio de los males sociales, pero se distinguían por algo que los peninsulares no tenían: una relación afectiva y epistémica con un territorio americano al que sentían suyo.

Los espacios donde se reunían tenían nombre. La Tertulia Eutropélica, asociada al Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, y la Tertulia del Buen Gusto funcionaron en la capital como cámaras de resonancia donde circulaban ideas filosóficas, científicas y literarias modernas. Allí se leían, a veces de manera clandestina, obras filosóficas francesas que cuestionaban el orden colonial. El Papel Periódico, dirigido entre 1791 y 1797 por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez, publicó unos doscientos setenta números con ensayos de botánica, física, medicina y filosofía; entre sus colaboradores estaban Mutis, Francisco Antonio Zea, Francisco José de Caldas y los mejores nombres de la ilustración neogranadina. En 1801, Jorge Tadeo Lozano y su primo José Luis de Azuola fundaron el Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de Santafé de Bogotá, primer periódico neogranadino sostenido por particulares, del que salieron cuarenta y seis números. Y entre 1808 y 1811, Caldas dirigió el Semanario del Nuevo Reino de Granada, escenario donde la ideología criolla ilustrada terminó de consolidarse.

La geografía intelectual desbordaba a Santafé. Popayán tenía su propia escuela: en el Colegio-Seminario, José Félix Restrepo —influido por la corriente ilustrada que Mutis había impulsado— enseñaba filosofía naturalista moderna, y de sus aulas salió Caldas. Este, antes de integrarse formalmente a la Expedición Botánica, había construido una trayectoria científica autónoma: midió altitudes por un método propio basado en el punto de ebullición del agua, estudió la quina y otras plantas útiles, hizo observaciones astronómicas con instrumentos que él mismo fabricaba. Cartagena tenía a José Ignacio de Pombo, hombre de comercio y de discurso económico; Mariquita, el herbario de Mutis; el Socorro, una tradición de protesta.

Estos hombres se leían entre sí, se citaban, se corregían. Habitaban un espacio letrado que Benedict Anderson describiría luego como el sustrato de las comunidades imaginadas: los periódicos coloniales tardíos, entre 1791 y 1810, junto con los estudios universitarios y la correspondencia privada, ayudaron a que las élites criollas de regiones distantes se percibieran como parte de un mismo cuerpo. No era todavía una nación, pero era la sensación de que existía un nosotros neogranadino diferenciable de la metrópoli.

Naturaleza, ciencia y amor al suelo

El patriotismo criollo tenía una particularidad que lo distingue de los nacionalismos europeos contemporáneos: se construyó menos a partir de una lengua o una religión —ya compartidas con los peninsulares— que de un territorio. Fue una identidad de suelo, de cordillera, de río. Y esa identidad se elaboró, en gran medida, contra un adversario ilustrado europeo: los naturalistas y filósofos que en el siglo XVIII habían sostenido, con pretensión científica, la inferioridad de la naturaleza americana. Buffon, De Pauw, Lacépède. Buffon describía al jaguar como criatura cobarde, no más grande que un perro europeo, sin ferocidad una vez saciado. La América tropical era, en esa mirada, un continente degenerado, húmedo, débil, joven en el peor sentido.

Los criollos ilustrados respondieron con datos. Las láminas de la Expedición Botánica —que a lo largo de más de tres décadas acumularon una notable producción visual y textual— pusieron ante los ojos una naturaleza cuya riqueza ningún prejuicio europeo podía negar. Mutis mostraba plantas útiles, medicinales, industriales; Caldas medía montañas, describía climas, teorizaba sobre la influencia de la altitud en las especies; Humboldt y Bonpland, a su paso por el virreinato entre 1801 y 1803, confirmaban con autoridad europea la magnificencia del territorio, aunque su propia mirada tendía a subrayar la diferencia del trópico americano más que a integrarla en un relato nacional.

Este trabajo tenía consecuencias políticas que sus practicantes no siempre confesaban abiertamente. El Semanario de Caldas, en su lectura más aguda, funcionó como el espacio donde los criollos aprendieron a proyectar su habitus de clase como expresión colectiva del virreinato: el control sobre la naturaleza de Nueva Granada quedaba, en su discurso, en manos de los buenos ciudadanos que contribuían a la publicación. Ser criollo ilustrado era ser el árbitro legítimo del territorio; conocerlo era poseerlo.

Pero esa apropiación tenía un doblez. Al inventariar la geografía, Pombo y Caldas empezaron a elaborar también una geografía racializada: los Andes fríos, blancos, cristianos, aptos para la civilización; las tierras bajas cálidas, negras e indígenas, aptas apenas para la barbarie. La cordillera era criolla; el litoral y la selva, no. Esa jerarquía espacial, montada sobre datos climáticos y botánicos, servía para dos cosas al mismo tiempo: reivindicar el territorio ante Europa y subordinar dentro del territorio a los grupos que la élite letrada consideraba inferiores. La imagen alegórica de América como joven indígena, tan cara al imaginario del siglo XVIII, sería resignificada durante la Independencia: dejaba de encarnar al Nuevo Continente y pasaba a representar la Libertad, vestida de blanco, con gorro frigio y un caimán al pie. La indígena real desaparecía en la alegoría; la Libertad no era ella.

Camilo Torres Tenorio, uno de los talentos jurídicos más agudos del criollismo neogranadino, condensó esta ambivalencia en una frase memorable pronunciada en el momento de la Independencia: se declaró "tan español como los descendientes de Don Pelayo". El patriotismo criollo no quería dejar de ser europeo; quería serlo mejor, en su propia tierra y con sus propios términos. Los nexos culturales con Europa, lejos de ser un lastre, eran el capital que los distinguía de la masa mestiza, indígena y negra. Romperlos habría sido perder la razón misma de su preeminencia.

Nariño y el filo de los años noventa

Si la Expedición Botánica y las tertulias construyeron el suelo cultural del patriotismo criollo, la década de 1790 puso a prueba su filo político. La Revolución francesa cambió el aire. La ejecución de Luis XVI en 1793 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano circulaban por las cortes americanas como fantasmas amenazantes. En Santafé, un joven noble santafereño —Antonio Nariño, hombre culto, propietario, con una imprenta propia bautizada Imprenta Patriótica— tomó una decisión que le costaría la libertad.

El 13 de diciembre de 1793, Nariño imprimió la traducción castellana de los Derechos del Hombre. La fuente inmediata era un libro de Galart de Montjoie —cuyo título variaba entre Las causas y comienzo de la Revolución y la Historia de la Asamblea Constituyente— que había llegado al virrey Ezpeleta y que este, sin sospechar el uso, había facilitado al propio Nariño. La ironía es exacta: el documento que iba a alarmar al virreinato entró por la puerta principal de la casa del virrey.

La reacción de las autoridades fue desmesurada y reveladora. Se atribuyó al impreso un potencial sedicioso mayúsculo, se alertó a Quito, Caracas y a otras ciudades del dominio español, se ordenó su recolección. Nariño fue procesado y condenado a diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de todos sus bienes. Al inventariar su biblioteca, las autoridades encontraron lo que temían: clásicos griegos y latinos, filosofía, historia, teología, matemáticas, ciencias naturales, escritos de los enciclopedistas franceses. Una casa entera de contrabando intelectual.

Nariño empezó a cumplir la condena en 1796 en los calabozos de Cádiz; al año siguiente se fugó, viajó a Inglaterra y a Francia buscando apoyo para la independencia americana, y en el largo periplo que siguió se convirtió en algo más que un impresor imprudente: en un patriota profesional, en un hombre cuya biografía se había vuelto inseparable de una causa. El caso Nariño mostró varias cosas a la vez. Que la élite criolla leía lo que se suponía que no debía leer y que las redes de circulación clandestina de libros funcionaban. Que el aparato virreinal era capaz de reprimir con dureza cualquier gesto que oliera a francés. Y, sobre todo, que las medidas represivas empujaban la oposición a la clandestinidad, generando denuncias de complots y una espiral de sospecha que a su vez alimentaba la percepción criolla de una arbitrariedad intolerable. La crisis de 1794-1797 en la Nueva Granada resonaba con los sucesos comuneros de 1781 y ensayaba, en pequeño, la escena que se repetiría con otra escala en 1810.

El memorial y la lengua del derecho

El patriotismo criollo tuvo también su expresión propiamente jurídica, y esa expresión llevó la firma de Camilo Torres Tenorio. En 1809, en respuesta a la instalación de la Junta Central Suprema en España y a la representación desigual que ofrecía a los territorios americanos, Torres redactó lo que la memoria colombiana conserva como el Memorial de agravios: una defensa razonada del derecho de los americanos a una representación política proporcional a su población y a su importancia dentro de la monarquía.

El texto se apoyaba en un armazón intelectual sólido: la tradición pactista hispánica —según la cual la soberanía era conferida por Dios a los pueblos, quienes la transferían al rey mediante un pacto—, actualizada con lecturas modernas. Esa tradición tenía antecedentes venerables en autores como el jesuita Francisco Suárez, cuyas obras habían sido prohibidas durante el despotismo ilustrado borbónico precisamente por su carácter antiabsolutista. Los criollos, al recurrir a Suárez, no estaban improvisando doctrina revolucionaria: estaban recuperando una teoría política española anterior al centralismo borbónico. El Memorial no pedía independencia; pedía igualdad dentro del imperio. Pero el criterio para medir esa igualdad —la representación proporcional, la soberanía del pueblo como fuente de toda autoridad— llevaba en sí mismo la posibilidad de ir más allá.

Entre las Capitulaciones de Zipaquirá de 1781 y el Memorial de 1809 hay un desplazamiento revelador. Las capitulaciones habían pedido, en el fondo, justicia distributiva fiscal: menos impuestos, menos monopolios, más preferencia para los naturales. El Memorial pedía otra cosa: derecho de representación. El primero era el lenguaje de la protesta popular con intermediación de las élites; el segundo, el lenguaje del derecho público moderno. En veintiocho años, los criollos habían pasado de negociar aranceles a discutir soberanía.

Un mes antes, el 1 de septiembre de 1809, Ignacio de Herrera y Vergara había formulado en Santafé la fórmula precisa: "el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta" y el rey está encargado de ejercerla para la felicidad de sus dominios. La frase parecía académica; era una bisagra.

La coyuntura napoleónica

En este punto, la historia dejó de depender solo de lo que hacían los criollos. En 1808, las tropas de Napoleón invadieron España. Carlos IV abdicó, Fernando VII fue llevado cautivo a Bayona y luego a Francia, y la Península quedó gobernada por José Bonaparte —José I para los afrancesados, Pepe Botella para el pueblo. Se abrió un vacío de poder que ninguna teoría política española previa había resuelto con claridad.

Ciudades y provincias españolas, y por extensión los territorios americanos, aplicaron entonces la lógica pactista: en ausencia del monarca legítimo, la soberanía retornaba al pueblo que la había conferido, y ese pueblo tenía derecho a organizar juntas de gobierno provisional en nombre de Fernando VII. En la Península funcionó primero la Junta Central Suprema y luego un Consejo de Regencia; en América, la pregunta era hasta qué punto esas instancias metropolitanas tenían legitimidad para gobernar a nombre del rey cautivo. Cuando el Consejo de Regencia sustituyó a la Junta sin modificar las políticas hacia las provincias americanas, muchos criollos concluyeron que no la tenían.

El miedo era doble. Miedo a Napoleón —a que la España resistente cayera y con ella todo el orden imperial— y miedo a la incertidumbre. Ese temor precipitó las decisiones. La coyuntura hizo con los agravios acumulados lo que ningún argumento por sí solo habría logrado: los convirtió en acción.

En la Nueva Granada, el proceso se extendió desde septiembre de 1809 hasta febrero de 1811, en fases sucesivas de rebelión, represión y organización juntista. La primera junta se instaló en Quito en agosto de 1809 y fue reprimida con dureza. Le siguieron, ya en 1810, Cartagena —el 22 de mayo y de nuevo el 14 de junio—, Cali el 3 de julio, Pamplona el 4, el Socorro el 10. El 20 de julio, la escena central se trasladó a Santafé.

El 20 de julio y sus ambigüedades

Los detalles del incidente del florero de Llorente son conocidos por generaciones de escolares y ya casi no importan; lo que importa es lo que ocurrió después. El 20 de julio de 1810, en Santafé, una multitud se congregó en la plaza mayor, José Acevedo Gómez canalizó el descontento popular desde un balcón hacia demandas políticas concretas, y se formó la Junta Suprema de Santafé. El virrey Antonio Amar y Borbón no ordenó el uso de la fuerza, en parte por la incertidumbre sobre la lealtad de sus oficiales criollos y en parte por falta de apoyo de sus adherentes. La Junta lo nombró, en un gesto revelador, presidente honorario.

Ese nombramiento resume el carácter de la jornada. La Junta Suprema fue autonomista, no independentista: se declaraba guardadora de los derechos de Fernando VII y evitaba cuidadosamente proclamar ruptura absoluta con España. La independencia plena existía, sí, pero solo en la mente de un grupo reducido de próceres que la consideraron prematura y riesgosa para el movimiento. El plan del 20 de julio era conocido por muy pocos: unos cuantos abogados, hacendados y militares criollos. La masa popular que llenó la plaza participó movida por antipatías y resentimientos concretos contra españoles peninsulares particulares, sin conocer los ideales ilustrados que animaban a los líderes. Fue una insurrección de minorías cultas y ricas apoyada coyunturalmente por un tumulto urbano que ignoraba el guion.

En los días y semanas siguientes, la lógica juntista se extendió como reguero: Tunja el 25 de julio, Neiva el 27, Girón el 30, Mompox el 6 de agosto —esta última proclamando ya la independencia absoluta, más audaz que la capital. Cada ciudad, cada villa, cada capital de provincia formó su junta. La consecuencia inmediata fue una dispersión del poder político que en pocos meses derivaría en el ordenamiento federal de las Provincias Unidas y en el largo desencuentro entre centralistas y federalistas conocido como la Patria Boba. La opinión pública en Mompox se dividió con nitidez en tres corrientes: los favorables a los franceses, los seguidores de la Junta Suprema que proclamaba a Fernando VII, y los criollos democráticos con designios de independencia absoluta influidos por las revoluciones francesa y norteamericana. Ese abanico es, en pequeño, el retrato del patriotismo criollo puesto a prueba: no había una sola posición, sino un espectro.

Los excluidos del patriotismo

El patriotismo criollo tuvo un límite estructural que la historiografía escolar tardó mucho en confesar: no era un patriotismo popular. La revolución de independencia no fue una guerra popular en su origen sino una insurrección de minorías cultas y ricas, y los nexos culturales con Europa que la élite criolla no estaba dispuesta a romper le servían precisamente para distanciarse de la masa de mestizos, indígenas y negros.

Muchos indígenas rechazaron el movimiento independentista criollo. La razón era pragmática: la Corona, con todos sus defectos, había mantenido una legislación tuitiva —resguardos, protectorías, ciertos límites al tributo— que las élites criollas locales llevaban décadas erosionando en el terreno. Un cambio de gobierno controlado por hacendados y letrados blancos no prometía nada bueno para las comunidades indígenas. Los sectores rurales y populares en general permanecieron indecisos o ajenos al proyecto criollo.

Con los pardos —hombres libres de ascendencia africana, sector demográficamente enorme en el Caribe neogranadino y en los valles interandinos— la relación fue más ambigua y, a la larga, más injusta. Los pardos participaron activamente en la revolución de independencia, especialmente en Cartagena, pero su participación política fue reescrita por la historia criolla oficial como sedición, bandidaje y amenaza al orden. Los actos conmemorativos de la Independencia estuvieron entre los primeros intentos de construir una narrativa que borrara la contribución de las clases populares, presentando a los pardos como una facción que había usado la independencia como pretexto para el saqueo. El reconocimiento de méritos individuales a hombres pardos —el caso Ayarza, por ejemplo— quedó circunscrito a excepciones que no debían alterar las jerarquías raciales establecidas.

El resultado, a mediano plazo, fue la fabricación de una historia patria selectiva. Los textos escolares construirían una patria del criollo: la historia nacional como la biografía de una élite gobernante blanca y masculina, con los pardos, indios y negros como comparsas o como amenazas. Esa narrativa no es un accidente historiográfico; es la prolongación coherente del habitus ilustrado que la élite criolla se labró entre 1780 y 1810. La élite letrada masculina se arrogó desde el principio el papel de árbitro de la civilización y derivó su poder de ser dueña del conocimiento europeo en una sociedad que ella misma describía como bárbara. Excluir a los otros no fue un descuido: fue la condición de posibilidad del patriotismo criollo tal como se articuló.

Necesario, insuficiente

Al mirar en conjunto los cincuenta años que van de la llegada de Mutis a la formación de la Junta de Santafé, se aprecia con claridad la naturaleza del proceso. El patriotismo criollo neogranadino fue una condición necesaria pero no suficiente para 1810. Las reformas borbónicas forjaron involuntariamente una intelligentsia con conciencia territorial y agravios acumulados; sin esa formación previa, sin las tertulias, la Expedición, los periódicos, el pactismo redescubierto, no habría existido el lenguaje ni el círculo social capaces de traducir la crisis imperial en acción política. Pero sin esa crisis —sin la invasión napoleónica, sin la abdicación de Bayona, sin el vacío de poder de 1808— los agravios acumulados no habrían bastado. Los futuros próceres eran, en 1781, súbditos leales; solo tres décadas después, en una coyuntura que nadie había planeado, esos mismos hombres —o sus hijos y discípulos— se sintieron con derecho y con obligación de organizar un gobierno propio.

El patriotismo criollo dejó al país republicano una doble herencia. Le entregó, por un lado, un archivo de imágenes, textos y prácticas —la naturaleza como fundamento, el territorio como bien común, el derecho como lenguaje— que permitirían más tarde construir un discurso nacional. Le entregó, por otro, una fractura fundacional: la de un proyecto político que hablaba en nombre de la soberanía popular mientras la practicaba como gobierno de minorías cultas y ricas. La cartografía de la Nueva Granada que José Manuel Restrepo empezó a levantar en la década de 1820, formado por Caldas durante la breve mentoría del Semanario, sería la continuación técnica de aquel proyecto ilustrado: seguir midiendo el territorio, seguir describiéndolo, seguir apropiándoselo con la mirada. Pero los sujetos que habitaban ese territorio —los indios de los resguardos, los pardos de las villas del Caribe, los esclavizados de las minas del Pacífico, los peones de las haciendas— tardarían mucho, y aún tardan, en ser incorporados al mismo relato en condiciones de igualdad.

Ahí quedó el patriotismo criollo neogranadino, entre la fecha de fundación y la deuda pendiente: como la condición intelectual sin la cual 1810 no se explica, y como el primer molde de una nación que nació hablando de todos y gobernando para pocos.