Despotismo ilustrado

El despotismo ilustrado en la Nueva Granada

El despotismo ilustrado fue, en la Nueva Granada de la segunda mitad del siglo XVIII, mucho menos una filosofía coherente que un dispositivo de gobierno: un modo borbónico de administrar la colonia que combinó el fortalecimiento vertical de la autoridad real con el fomento selectivo de las ciencias útiles, la reforma educativa y la racionalización fiscal. Sus artífices —Carlos III y Carlos IV en Madrid, virreyes y visitadores en Santafé— quisieron una colonia más productiva, más contable y más obediente. La ejecutaron con estancos, aduanas, expediciones botánicas, planes de estudio y un nuevo tipo de funcionario. Lo que obtuvieron, además de un aumento sustantivo del tributo, fue el efecto involuntario más famoso de la historia colonial hispanoamericana: una élite criolla letrada, dotada del vocabulario científico, jurídico y político con el que terminaría desmontando el orden que la había formado. Entre 1750 y 1810, el reformismo ilustrado fue a la vez motor de modernización administrativa, agravio popular y semillero de conciencia territorial, y esa triple condición explica por qué la Independencia fue un desenlace tan indirecto como inevitable.

Una fórmula europea, un problema colonial

El siglo XVIII europeo fue el de los monarcas que se pensaron a sí mismos como modernos. No renunciaron a un ápice de poder —al contrario, lo concentraron— pero envolvieron el absolutismo en el lenguaje de la razón, la utilidad pública y el conocimiento científico. Alrededor de sus cortes se movieron sabios, se financiaron academias, se enviaron expediciones a los rincones desconocidos del planeta y se leyeron —con más o menos disimulo— las obras de la Ilustración: Montesquieu, Rousseau, Locke y el gran monumento colectivo del siglo, la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert. Esa cultura del examen puso en cuestión el viejo orden, y ni siquiera el mundo hispánico, con su Inquisición y sus escolásticos, quedó al margen.

España llegó tarde y a su manera al banquete ilustrado. La dinastía borbónica, instalada en Madrid desde comienzos del siglo, importó del modelo francés la aspiración a un Estado administrativo capaz de contar, pesar y cobrar. En sus reinos americanos ese proyecto adquirió una fisonomía particular: los reyes españoles del XVIII fueron llamados "déspotas ilustrados" porque combinaron el fortalecimiento de su autoridad sobre las colonias con el estímulo cauto —y siempre útil a la Corona— de la formación intelectual y científica de los criollos. La ecuación era tan sencilla como riesgosa: más ciencia y más burocracia especializada para extraer mejor las riquezas, pero sin permitir que ese saber ni esos cuadros administrativos se volvieran contra Madrid.

Los pensadores peninsulares que dieron cuerpo doctrinal al proyecto —Campomanes, Jovellanos, más tarde otros— defendieron la utilidad pública, la agricultura racional, la educación técnica y la reforma del clero. España recibió sabios de toda Europa y financió expediciones científicas a América; una de las más célebres, la de La Condamine, cuyos costos asumió la propia Corona, recomendaría después mayor ilustración y más centros de enseñanza en la Nueva Granada para explotar mejor sus recursos. La lógica era coherente: conocer para gobernar, gobernar para cobrar.

En la Nueva Granada, esa fórmula chocó con una realidad concreta. Bajo los Habsburgo, los reinos americanos habían funcionado durante siglo y medio con una autonomía considerable: cabildos poderosos, audiencias con vida propia, órdenes religiosas actuando casi como Estados dentro del Estado. Los Borbones vieron en esa dispersión el origen del atraso fiscal y de la desobediencia. Su respuesta fue imponer virreyes con más facultades, subordinar a cabildos y audiencias, y racionalizar la maquinaria de recaudación. El despotismo ilustrado, entendido como forma de gobierno colonial, empezó por ahí: no por las ideas, sino por la caja.

La ingeniería fiscal y el laboratorio institucional

El instrumento decisivo fue la visita de regencia. En 1778 llegó a la Nueva Granada Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres con el título de regente visitador, mandado para poner en orden las cuentas del virreinato. Restableció el impuesto de la armada de Barlovento, extendió la alcabala a productos que hasta entonces habían escapado a su alcance, reorganizó los estancos. El del tabaco quedó dividido en cuatro zonas de cultivo —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira— y en seis administraciones y factorías de distribución para todo el virreinato: quien cultivara fuera de esos polígonos quedaba excluido, y así el Estado colonial se convirtió en propietario exclusivo de una economía que antes había sido difusa. El estanco del aguardiente completó el dispositivo. Juntos, tabaco y aguardiente llegarían a aportar cerca del 32% de los ingresos de la Corona en la Nueva Granada durante la última década colonial.

Las cifras traducen la magnitud de la operación. Antes de las reformas, la presión tributaria equivalía aproximadamente al 2,9% del producto del virreinato; en el momento álgido del reformismo alcanzó cerca del 10,4%, con un descenso posterior hacia el 8,4% en vísperas de la Independencia. Se triplicó, dicho con brutalidad, la carga fiscal sobre una sociedad que no había sido consultada. A ello se sumó, en 1776, una rebaja general de aranceles que cuadruplicó el comercio entre España y América en la década siguiente, pero al precio de restringir el contrabando y cegar el comercio intercolonial que había permitido cierta libertad de movimientos a los mercaderes locales.

Y sin embargo —y esta es una de las paradojas menos discutidas del proyecto— todo ese esfuerzo no producía ingresos suficientes. El fisco colonial, después de tanto ordenamiento, apenas alcanzaba para pagar una burocracia mal remunerada e ineficiente y para sufragar los cuantiosos gastos militares que exigía la rivalidad imperial con Inglaterra y Francia. La eficiencia proclamada convivía con la fatiga del sistema. Se cobraba más, se enfurecía a más gente, y el Estado seguía funcionando con lo justo. El diseño borbónico compartía, en ese punto, una debilidad estructural: había sofisticado la extracción sin ampliar de veras la base productiva sobre la que operaba. Cada nuevo impuesto tensaba una economía cuya dinámica interna seguía siendo la de siempre —minería lenta, agricultura de subsistencia, textiles domésticos en pugna desigual con las importaciones peninsulares— y el aumento de la recaudación se pagaba con un aumento equivalente del malestar. Se estaba modernizando la aduana antes que la hacienda que la sostenía.

En paralelo a la caja se levantó el laboratorio. La política borbónica prohibió la producción de textiles que compitieran con las manufacturas metropolitanas y controló, vía estancos, los precios de los productos estratégicos. Pero también quiso saber qué tenía entre manos. En 1761 había llegado a Santafé, como médico del virrey Pedro Messía de la Cerda, un gaditano joven llamado José Celestino Mutis, formado en botánica —probablemente en el Jardín Botánico de Madrid—. Mutis se quedaría más de cuarenta años en la Nueva Granada, y su nombre acabaría siendo indisociable del proyecto ilustrado en el virreinato. Enseñó astronomía copernicana en Santafé, lo que le valió el ataque de los dominicos, guardianes del pensamiento tomista; sobrevivió gracias a la protección del arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora, que actuaba por mandato de Carlos III y compartía la convicción de que la ciencia útil valía más que la escolástica.

El 27 de abril de 1783 se inauguró oficialmente la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, bajo dirección de Mutis, con primera sede en la Mesa de Juan Díaz, en Cundinamarca. Su propósito estaba dicho sin rodeos: estudiar las propiedades comerciales y medicinales de la flora neogranadina, contribuir a la explotación racional de los recursos del reino. La botánica no era un pasatiempo cortesano; era prospección económica de la Corona. Y sin embargo, alrededor de la Expedición se congregó una generación de neogranadinos —dibujantes, herbolarios, discípulos científicos— que aprendió a mirar el propio territorio con los ojos de la ciencia, no con los de la providencia. Del inventario colonial fue emergiendo, casi por contrabando cognitivo, una geografía propia; la Corona pagaba una taxonomía y recibía, sin pedirlo, una descripción del país.

Ideas útiles contra el peripato

La misma lógica —conocer para gobernar mejor— se trasladó al aula. En 1774, el fiscal de la Real Audiencia Francisco Antonio Moreno y Escandón presentó un plan de estudios superiores en un ambiente marcado por los esfuerzos del virrey Manuel Guirior por sacar a la Universidad del letargo escolástico. Guirior denunció, con una franqueza que aún se lee bien, que los vasallos neogranadinos, privados de instrucción en ciencias útiles, se mantenían "ocupados en disputar las materias abstractas y fútiles contiendas del peripato", y que el Nuevo Reino permanecía en su "antiguo letargo", sin participar aún de los provechos de la ilustración que Europa había introducido en las bellas letras. El diagnóstico ilustrado tenía nombre concreto: se llamaba tomismo, y sus custodios eran los dominicos.

El plan de Moreno no alcanzó a imponerse plenamente. Una junta convocada hacia 1779 constató que no había sido observado y le puso, en la práctica, punto final. Pero la orientación quedó sembrada. Años después, el propio Caballero y Góngora, ya como arzobispo-virrey, propuso a la Corte la erección de una universidad pública en Santafé cuyo objetivo declarado era sustituir las ciencias especulativas por las ciencias exactas útiles: un reino rico en recursos naturales —argumentaba— necesitaba más sujetos capaces de manejar el cálculo y observar la naturaleza que quienes se enredaran en discutir el "ente de razón" o la "forma substancial". El plan contemplaba, para la medicina, cátedras de Prima y Vísperas, un teatro anatómico y estudios de química, botánica y mineralogía. No llegó a plantearse formalmente en las universidades del reino, pero fijó un horizonte.

En la trastienda del conflicto había algo más que una disputa filosófica. Los dominicos estaban menos alarmados por el copernicanismo en sí que por la reforma universitaria propuesta por Moreno y Guirior; el ataque a Mutis fue, en el fondo, una maniobra para desplazar a los modernistas del tablero. La escolástica se defendía como se defiende siempre una institución acorralada: acusando al enemigo de impiedad.

Sobre ese pulso planeaba una decisión mayor de la política borbónica: la expulsión de los jesuitas, ordenada en 1767. La Compañía había sido vista por Madrid como singularmente peligrosa —por su independencia, por las reducciones imposibles de vigilar, por unas doctrinas jurídicas que en el clima absolutista del siglo XVIII olían a subversión—. La expulsión no provocó, en regiones como el Tolima, ningún clamor popular contra el rey; hubo, más bien, una obediente aversión al delito de lesa majestad. Los colegios y bibliotecas de la Compañía fueron ocupados, y sobre sus fondos —enriquecidos con libros nuevos— se dispuso enseñar matemáticas y ciencias naturales según las fórmulas iluministas y enciclopedistas. En la metrópoli, y en menor medida en América, empezaron a formarse bibliotecas públicas sobre los antiguos anaqueles jesuíticos. El regalismo borbónico avanzaba: quería un clero dócil, subordinado, útil. Enajenó capitales de cofradías, conventos y clero secular, y con ello descoyuntó una red menuda de capellanías, obras pías y préstamos a censo que había sostenido durante siglos a comunidades enteras. Las reformas eclesiásticas ilustradas desconocían la función social que la Iglesia tenía en América, y ese desconocimiento se pagaría después.

El límite plebeyo: los Comuneros de 1781

En 1781, el proyecto reformista chocó de frente contra la sociedad que decía modernizar. El detonante fueron las medidas de Gutiérrez de Piñeres —aumento de la alcabala, nuevos gravámenes al tabaco, la sal, los textiles y el algodón—, y el escenario, la villa de El Socorro, corazón agrícola y textil del oriente neogranadino. El 16 de marzo, en la oficina de impuestos, una mujer llamada Manuela Beltrán arrancó de la pared un bando que anunciaba los nuevos tributos. El gesto se conectó con motines simultáneos contra los recaudadores, y de la irritación local emergió una insurrección de escala virreinal.

Desde El Socorro, Pamplona, Vélez y Cúcuta partió una columna que fue engrosando durante la marcha con criollos, mestizos e indígenas —cerca de cuatro mil personas— hasta llegar a Zipaquirá, a las puertas de Santafé. Allí, con la capital indefensa y las autoridades en estado de pánico, se negociaron unas Capitulaciones fechadas el 5 de junio de 1781 en el campamento comunero. Las redactaron Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de Tunja, con modificaciones de Juan Francisco Berbeo y Jorge Lozano de Peralta. El principal negociador español fue el arzobispo Caballero y Góngora —el mismo que impulsaba la ciencia útil— actuando como mediador. Berbeo, jefe militar de los comuneros, aceptó las negociaciones y fue nombrado corregidor con un sueldo de mil pesos anuales.

La comedia duró lo que tardó la fuerza militar en llegar desde Cartagena. El 18 de marzo de 1782, la Real Audiencia declaró nulas las Capitulaciones, apoyada ya en las tropas enviadas por el virrey Manuel Antonio Flórez. Uno de los líderes populares, José Antonio Galán, había rechazado desde el comienzo el acuerdo por insuficiente y promovido una nueva marcha hacia Santafé; fue apresado cerca de Onzaga con nueve compañeros, conducido a la capital, juzgado y ejecutado el 1 de febrero de 1782: ahorcado, decapitado y descuartizado. Su cabeza se envió a Guaduas, y sus extremidades quedaron expuestas en El Socorro, San Gil, Charalá y Mogotes, como pedagogía macabra del absolutismo. Entre los firmantes de documentos vinculados a su condena figuró Berbeo, un detalle que ha alimentado, con razón, la lectura de una traición de la dirigencia comunera criolla a la base plebeya.

La rebelión revela mejor que ninguna otra cosa los límites del despotismo ilustrado. El proyecto que había prometido riqueza racional produjo, en la práctica, una presión fiscal insostenible sobre pequeños cultivadores, indígenas y mestizos, y desató una resistencia con programa propio —las Capitulaciones fueron el primer texto neogranadino que negoció de igual a igual con el poder colonial— que las élites criollas negociaron y después dejaron caer. Como fenómeno político, la rebelión no fue todavía un grito de independencia, pero contenía un incipiente deseo de que el gobierno tuviera una cara más criolla. Décadas más tarde, Francisco de Miranda usaría el relato de los Comuneros como prueba, ante las potencias extranjeras, de que los suramericanos estaban dispuestos a la revolución contra España. Los sucesos de 1781 resonarían en la crisis de 1794-1797 y en la de 1808-1810, recordados por igual —con miedo o con esperanza— por el pueblo neogranadino y por las autoridades peninsulares.

Una élite formada, después excluida

La rebelión de El Socorro y la Expedición Botánica sucedían casi al mismo tiempo, y esa coincidencia dice más sobre el reformismo borbónico que cualquier declaración oficial. Mientras la tropa desmontaba en Zipaquirá el pacto negociado con los comuneros, Mutis reunía en la Mesa de Juan Díaz a los primeros discípulos criollos que aprenderían a inventariar la flora del reino. En el mismo virreinato, el proyecto ilustrado producía a la vez la revuelta que reprimía y la clase letrada que lo administraría. La distancia entre esos dos mundos —el de los indígenas del oriente santandereano cobrados hasta el último real y el de los jóvenes bogotanos que discutían taxonomías linneanas— era el hueco en el que fermentaría, dos décadas más tarde, la política criolla.

Porque al mismo tiempo que el reformismo borbónico levantaba la caja y provocaba la resistencia, iba fabricando —con paciencia de dispositivo— la clase que a la larga lo enterraría. La generación criolla ilustrada de finales del siglo XVIII fue, en gran medida, un producto lateral del proyecto imperial. Se formó en los colegios reformados, se entrenó en la Expedición Botánica, se reunió en tertulias donde circulaban clandestinamente obras enciclopedistas, escribió en los primeros periódicos del virreinato. La intelligentsia neogranadina de esos años compartía con la España ilustrada del reinado de Carlos III un mismo repertorio: rechazo al escolasticismo, entusiasmo por la ciencia moderna, fe en la educación técnica, crítica a los prejuicios hidalgos frente al trabajo. Nombres como Mutis, Caldas, Nariño y Zea aprendieron de la influencia peninsular —Feijóo entre ellos— una tensión productiva entre tradición y renovación.

Esa élite se descubrió a sí misma como habitante de un territorio singular. La Expedición, financiada para inventariar los recursos que la Corona pretendía explotar, contribuyó a que sus discípulos criollos tomaran conciencia de la belleza y de la riqueza del país que pisaban. Cuando Francisco José de Caldas —el más brillante de esa generación— empezó a publicar el Semanario del Nuevo Reino de Granada entre 1808 y 1811, la operación ya no era solo científica: era, en la práctica, la elaboración de un territorio como objeto político. La misma red intelectual que había servido a la Corona empezaba a servir a otra cosa: a la descripción de un país que ya se pensaba en primera persona.

Y sin embargo, mientras la Corona formaba a esos criollos, cerraba las puertas por las que podrían haber accedido al gobierno. Hacia fines del siglo XVIII, Madrid aumentó de forma sistemática el nombramiento de españoles peninsulares en gobernaciones, mandos militares y grandes cargos administrativos; para 1794, casi todos los gobernadores del virreinato eran peninsulares. Los hijos de comerciantes inmigrantes españoles, educados para la Iglesia o el derecho, alimentaban un resentimiento sordo. Los conflictos entre criollos y peninsulares crecían con la sensación —perfectamente fundada— de ser fracción dominada dentro del bloque dominante.

La represión del reformismo tardío hizo el resto. En 1793 Antonio Nariño imprimió su traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; en 1794 fue condenado a diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de todos sus bienes, y comenzó a cumplir pena en los calabozos de Cádiz en 1796. La severidad del castigo desnudaba una nueva coyuntura: las autoridades coloniales, que durante décadas habían fomentado la ilustración como saber útil, empezaban a mirar con pánico los sucesos de Francia y la república nacida en Estados Unidos. El clima había cambiado. Se había pasado del patrocinio de la ciencia útil a la persecución del vocabulario político que esa misma ciencia había traído en el equipaje.

La paradoja del despotismo ilustrado neogranadino admite un matiz: la Independencia no fue un mero derivado automático del reformismo borbónico. Fue el resultado de una convergencia. La presión tributaria produjo la resistencia popular de 1781. La exclusión sistemática de los cargos produjo el agravio de una clase letrada. La represión de figuras como Nariño produjo mártires y redes clandestinas. Y la crisis imperial de 1808 —la ocupación napoleónica de la península y la prisión de los reyes en Francia— ofreció el argumento jurídico decisivo: en ausencia de rey legítimo, la soberanía revertía al pueblo. En el intervalo, el virrey de turno había militarizado Santafé enviando un regimiento desde Cartagena y designado regidores españoles para contrarrestar la influencia criolla en los cabildos. El pacto colonial estaba roto antes del 20 de julio de 1810.

La huella larga

Nada de esto significa que el despotismo ilustrado se agotara en su propio fracaso. Al contrario: sobrevivió, transfigurado, en la República temprana. Los criollos ilustrados que sobrevivieron a la guerra —geógrafos, botánicos, letrados formados en los planes de estudio borbónicos— reformularon el discurso científico y territorial preindependentista para legitimar la nueva Colombia. La figura de Caldas fue reprocesada como fundador intelectual del país, y su descripción del orden social neogranadino fue reorientada hacia los fines del proyecto republicano. La cultura impresa criolla utilizó el legado científico ilustrado para justificar, después de la Independencia, una economía política centralizada con Bogotá como capital rectora. El centralismo republicano temprano encontró en la ilustración borbónica no un enemigo a superar, sino una gramática a heredar.

Hubo también proyectos que anticiparon lecturas más radicales. Los Pensamientos políticos de Pedro Fermín de Vargas articularon un programa ilustrado de reforma centrado en el atraso técnico de la agricultura y en la redistribución de la propiedad de la tierra: soñaba con una comunidad de pequeños propietarios que sus contemporáneos valoraron como diagnóstico acertado y guía para la sociedad independiente. La tierra —tema al que las Capitulaciones de Zipaquirá se habían acercado tímidamente y que la Independencia liberal tardaría en asumir— asomaba ya en el pensamiento ilustrado tardío como el gran asunto pendiente.

Pero la transición fue lenta. Tras la Independencia política, el cambio económico en Colombia avanzó a un ritmo casi imperceptible hasta las reformas de 1850, en parte por la actitud vacilante de los dirigentes republicanos, tan celosos de la forma constitucional como reacios a tocar las estructuras internas. La ambigüedad de esa herencia es medible: la República heredó del despotismo ilustrado la maquinaria fiscal, la aspiración a la ciencia útil, el desprecio por la escolástica, la confianza en la educación técnica y en la información estadística; pero heredó también la brecha entre una élite letrada convencida de su misión civilizadora y una sociedad rural, indígena y mestiza a la que ese proyecto había gravado sin consultar.

La operación borbónica en la Nueva Granada tuvo la lucidez de sus contradicciones. Racionalizó una colonia dispersa y la ató a una contabilidad moderna mientras la sometía a una presión fiscal que la sociedad no toleraría. Introdujo la botánica y la astronomía copernicana en un aula todavía dominada por el peripato, y financió al mismo tiempo la Expedición y los cadalsos que colgaron a Galán. Formó a la generación que fundaría Colombia y persiguió con especial saña a sus figuras más incómodas. Predicó la utilidad pública, y en la práctica la ejerció como extracción. Su fracaso —la Independencia— fue, como sostuvieron después los propios criollos, un resultado indirecto e inesperado; pero solo si se toma "inesperado" en un sentido estrecho, porque los signos estuvieron desde 1781, se agravaron en 1794 y se hicieron indisimulables en 1808. El despotismo ilustrado no fue traicionado por su propio éxito: fue desbordado por las fuerzas que había convocado sin querer aprender a gobernarlas.