Contrabando

El contrabando en Colombia

El contrabando es, en la historia de Colombia, mucho más que un delito económico: es una de las estructuras largas por las que se ha organizado el territorio. Nombra la circulación de mercancías —oro, esclavos, telas, whisky, ganado, gasolina, café, marihuana, cocaína, armas— por fuera de los monopolios y las aduanas del Estado, desde el siglo XVI hasta hoy. En las regiones donde el poder colonial y luego el republicano llegaron tarde o llegaron mal —La Guajira, el Atrato, la costa Caribe, las fronteras terrestres—, el comercio ilícito no fue la excepción sino la forma cotidiana del intercambio, tolerada por las autoridades, practicada por las élites y sostenida por comunidades enteras. Comprenderlo es comprender un rasgo constitutivo del vínculo entre economía, territorio y Estado: la evidencia de que la soberanía fiscal nunca fue completa, y de que en sus intersticios se fueron sedimentando redes, geografías y culturas cuya huella llega hasta el narcotráfico y las economías ilegales contemporáneas.

Qué se llamaba contrabando: la matriz colonial

El contrabando nace en las Indias con el propio orden que lo prohíbe. La Corona española organizó el comercio transatlántico como un monopolio concentrado en Sevilla y administrado por la Casa de Contratación, un sistema pensado para canalizar rentas hacia la metrópoli antes que para abastecer a las colonias. Esa rigidez produjo su propia contradicción: el volumen y la frecuencia de las flotas resultaron insuficientes para las necesidades americanas, y los precios españoles no competían con los de holandeses, ingleses y franceses instalados en el Caribe. Entre 1640 y 1660 la brecha se ensanchó lo bastante como para que el comercio ilegítimo empezara a desplazar al legal, un desplazamiento que hacia fines del siglo XVII se reflejaba ya en la disminución de las flotas que llegaban a puertos americanos.

Contrabando quería decir, entonces, todo intercambio realizado al margen del monopolio: introducir textiles ingleses por Curazao, sacar oro chocoano hacia Jamaica, comerciar esclavos sin la licencia de asiento, evadir la alcabala, el quinto real o los estancos. La lista de gravámenes era larga y su recaudo, una de las causas más frecuentes de motines y sublevaciones en los tres siglos de dominación española. El monopolio de los asientos negreros —otorgado sucesivamente a portugueses, franceses e ingleses— fue, además, una puerta legal por la que entraba mercancía ilegal: bajo la cobertura de un cargamento autorizado de esclavos viajaban telas, herramientas y bienes de consumo destinados al mercado neogranadino.

La geografía de este contrabando colonial fue desigual. En la provincia de Cartagena, puerto negrero y cabecera de la flota, el fenómeno alcanzó tal intensidad que era lugar común entre autoridades y contemporáneos afirmar que comerciantes, funcionarios de control y hasta españoles recién llegados en la Flota participaban de él. Desde finales del siglo XVI, gobernadores y presidentes de la ciudad se mostraban complacientes con la llegada de navíos sin licencia o con licencias que apenas cubrían parte de la carga real. En Riohacha y Santa Marta el volumen fue considerablemente menor, pero por una razón que pesa: los barcos españoles rara vez tocaban esos puertos, y los comerciantes cartageneros se resistían a llevarles mercancías legales. La consecuencia era estructural: sus habitantes no tenían otra alternativa de abastecimiento que comerciar con británicos, holandeses y franceses. El contrabando allí no era desvío sino condición de existencia.

Los actores del comercio ilícito colonial

El retrato clásico del contrabandista —el marinero clandestino, el pirata— oculta lo esencial: en la Nueva Granada colonial, el contrabando fue una práctica de la sociedad entera, articulada por sus vértices institucionales. Oidores de la Audiencia, gobernadores, oficiales reales, obispos y clérigos aparecen una y otra vez en las acusaciones como participantes activos en el comercio ilegal, amparados a veces por privilegios como la exención del almojarifazgo para artículos de uso personal, que se estiraban discretamente hasta cubrir mercancía destinada a la reventa. La complicidad de quienes debían vigilar el monopolio no era una anomalía; era una parte del sistema.

Bajo esa cúpula operaban comerciantes mayoristas, encomenderos y una densa red de intermediarios menores. En Riohacha, la economía urbana entera dependía del comercio ilegal, y la alianza con los wayúu era condición para la supervivencia de la ciudad. Los indígenas guajiros —que conservaron una autonomía inusual frente al poder español— eran interlocutores necesarios de las redes ilícitas: controlaban ensenadas y aguadas, negociaban con holandeses y británicos, se movían por la península con un conocimiento del terreno que ningún funcionario podía igualar. La población libre de color de Riohacha —marineros, bogas, pescadores, muleros, artesanos, buhoneros, vendedores de mercado— constituía otra base social del comercio ilegal, tejiendo la infraestructura humana del transporte y la distribución.

En las cuencas auríferas del Sinú, San Jorge, Cauca, Atrato y Chocó, el contrabando adoptó su forma minera. Los mazamorreros —esclavos, libres y campesinos que lavaban oro en aluvión— vendían el polvo por dinero en efectivo o por mercancías de contrabando a pequeños intermediarios ilegales, quienes a su vez lo pasaban a mineros y comerciantes. La ruta del oro colombiano hacia los británicos, saliendo por el Atrato desde el siglo XVII, esquivaba la fundición oficial y el quinto real, y consolidaba un territorio —el Chocó— que nunca fue integrado efectivamente a la unidad administrativa de la Nueva Granada. Frontera y refugio para esclavos fugitivos y comunidades indígenas, el Atrato se volvió eje del comercio ilícito por la misma razón por la que se volvió zona de libertad: el Estado no llegaba.

Rebeliones fiscales: la economía moral de la evasión

El contrabando fue, entre otras cosas, una respuesta a la fiscalidad colonial. La implantación de nuevos impuestos, monopolios y limitaciones a la industria fue causa recurrente de sublevaciones a lo largo de los tres siglos españoles, y en 1781 desembocó en el episodio más grave del período: la Insurrección de los Comuneros. El detonante fue la reforma fiscal borbónica sobre el estanco del tabaco y el aguardiente —que en la última década colonial llegaría a representar el 32% de los ingresos de la Corona—. La administración redujo el precio de compra al campesino, aumentó el de venta y reprimió las siembras "ilegales", golpeando a la vez a productores y consumidores. La reacción, encabezada por villas como Socorro, casi llegó a tomarse Santafé antes de ser desmontada por la represión.

La Insurrección Comunera revela una lógica que atravesará toda la historia posterior del contrabando en Colombia: la existencia de una economía moral en la que la evasión fiscal no se percibe como delito sino como restitución. Cuando el Estado se muestra a la vez extractivo y ausente —recaudador ineficaz que sube el precio de lo que compra y baja el de lo que vende, monopolizador incapaz de abastecer—, la ciudadanía plebeya y también las élites locales construyen una legitimidad paralela. El contrabandista, en esa economía moral, no roba: repara. Esa gramática, forjada en los estancos coloniales, seguirá activa dos siglos después en las tiendas de la Alta Guajira y en las pimpinas de gasolina de Cúcuta.

La república que heredó el contrabando

La Independencia no interrumpió el fenómeno; lo republicanizó. En 1822, apenas consolidada la Gran Colombia, el general Mariano Montilla intentó desde Cartagena, Santa Marta y Riohacha controlar el contrabando y reconoció pronto la imposibilidad de la tarea: era una tradición de siglos incorporada de modo natural a la vida de la población. La aduana existía, pero la costumbre era más antigua y más fuerte. Antonio de Narváez y la Torre había advertido desde el siglo XVIII lo mismo que Montilla constató: la incapacidad del Estado para monopolizar el intercambio en sus puertos periféricos.

Tras la Independencia, el consumo de artículos importados —especialmente telas— creció con rapidez, y no solo entre las clases altas. Ese aumento favoreció a los comerciantes mayoristas importadores y a los mercaderes itinerantes, muchos de ellos vinculados a circuitos que combinaban lo legal y lo ilegal según la conveniencia del momento. El Estado republicano heredó, además, una capacidad fiscal estructuralmente limitada: el recaudo del gobierno central no superó el 5% del PIB hasta 1950, y solo en décadas recientes ha promediado el 15%. Sin fiscalidad robusta, la aduana era una promesa, no una realidad; y el contrabando, la forma normal de abastecer regiones enteras.

A comienzos del siglo XX, el fenómeno cambió de rostro pero no de lógica. La industrialización antioqueña —el rasgo más celebrado del despegue económico moderno del país— se facilitó parcialmente con materias primas y maquinaria ingresadas de contrabando. Es un dato incómodo para la mitología del progreso: la fábrica que se convertiría en emblema del capitalismo nacional bebió también de las redes que evadían la aduana. En el Eje Cafetero, entretanto, los llamados "Pájaros" practicaban el contrabando de café para eludir el monopolio exportador de la Federación de Cafeteros; en ciertos períodos pudieron ingresarse hasta 500.000 sacos por esa vía. A ese circuito se sumaron, en los años sesenta, el contrabando de telas, autopartes, ganado y otros productos agrícolas, configurando en Pereira y las ciudades cafeteras una economía informal de amplia tolerancia social, marcada por una doble moral que condenaba lo ilegal en abstracto y lo consumía en la práctica.

San Andrés, Maicao y los Sanandresitos: la urbanización del contrabando

Hacia mediados del siglo XX, el contrabando se urbanizó y se hizo mercado a la vista. San Andrés, declarado puerto libre en 1953, se convirtió en punto de entrada legal para bienes que luego cruzaban al continente sin declarar. Maicao, en La Guajira, se transformó en emporio comercial fronterizo donde el whisky escocés, los electrodomésticos japoneses, los cigarrillos americanos y las telas asiáticas se compraban a precios imposibles en el resto del país. En las principales ciudades colombianas se abrieron los "Sanandresitos" —mercados urbanos de electrodomésticos y bienes de consumo de contrabando cuyo nombre delataba el origen mítico de la mercancía—, y su tolerancia social fue total. Comprar en el Sanandresito no era un acto vergonzoso; era una forma extendida de acceder al consumo importado.

Esa urbanización coincidió con la consolidación de La Guajira como territorio orgánicamente estructurado alrededor del contrabando. El intercambio de whisky, cigarrillos y armas por café y ganado no era una actividad marginal sino la matriz de la vida económica, social y cultural de la región. Fue por esas rutas que el acordeón llegó a la costa Caribe y se volvió emblema de una música que hoy se identifica como una de las expresiones más colombianas: el vallenato debe su instrumento canónico a un circuito de comercio ilegal. El whisky, por la misma vía, se instaló en la fiesta caribeña. La cultura material y la cultura simbólica de una región entera se construyeron sobre el contrabando.

En ese sistema, las mujeres wayúu tuvieron un papel específico y central: fueron dueñas de establecimientos de venta de comida, víveres, licores y gasolina; propietarias de vehículos de transporte; arrendadoras de espacios para almacenamiento de mercancía. Los puertos de la Alta Guajira operaban —y operan— dentro de territorio indígena donde las comunidades tienen autonomía reconocida para su manejo, lo que limita la capacidad del Estado nacional de tomar control de ellos. La territorialidad wayúu no fue una zona de sombra del Estado sino una jurisdicción paralela con reglas propias, y esa condición jurídica y cultural es indispensable para entender el vigor de las actividades de contrabando y, más tarde, del tráfico de drogas y armas.

La bonanza marimbera: del contrabando al narcotráfico

En la segunda mitad de los años setenta, las mismas rutas que sacaban café en costales y traían whisky y electrodomésticos empezaron a sacar marihuana. La bonanza marimbera, centrada en la Sierra Nevada de Santa Marta y en La Guajira, fue la primera etapa del narcotráfico colombiano de exportación hacia Estados Unidos, y su continuidad con el contrabando previo fue orgánica. La marihuana producida en la Sierra Nevada se exportaba por rutas antiguas de La Guajira y Magdalena, y también, durante los mismos años de la bonanza cafetera, en bultos de café: un cargamento de saco terciado servía a la vez para dos economías ilegales.

Un número significativo de exportadores en la costa norte abastecía una parte importante de la demanda estadounidense, y la actividad involucró a una amplia franja de las élites sociales y políticas locales: bananeros, ganaderos, comerciantes, políticos. La marihuana no llegó a la costa Caribe desde el submundo; llegó desde los salones. Que las élites regionales entraran al narcotráfico como una extensión natural del contrabando previo es uno de los rasgos más específicos del caso colombiano. En el Eje Cafetero se expresó con la misma lógica, formulada en Pereira con claridad brutal: "lo único que hay que hacer es cambiar del café a la marihuana y de la marihuana a la cocaína". La zona gris de tolerancia hacia el comercio ilegal, sedimentada por décadas de contrabando de café, telas, autopartes y joyas, ofrecía las redes, las prácticas y la mentalidad para el nuevo negocio.

La bonanza marimbera se desplomó a comienzos de los años ochenta. El precio de la marihuana colombiana cayó por el surgimiento de variedades más potentes y baratas en Estados Unidos y por la llegada de nuevos competidores, y los actores reconvirtieron sus operaciones hacia la coca. La transición no fue traumática: se hizo sobre las mismas rutas, los mismos aliados fronterizos, las mismas complicidades. La Sierra Nevada se convirtió en punto estratégico de disputa entre actores armados por el control de esas economías, y La Guajira consolidó un rol que ya venía perfilándose desde la Colonia: territorio-frontera donde el Estado nacional tiene que negociar con jurisdicciones paralelas.

Fronteras, gasolina y armas: la Colombia porosa

El contrabando contemporáneo no se agotó en el narcotráfico: se ramificó en circuitos paralelos que aprovechan las mismas condiciones estructurales. El contrabando de ganado hacia Venezuela fue una práctica documentada y de difícil control, que se intensificaba en los momentos en que el bolívar se revaluaba frente al peso colombiano, haciendo del negocio ilegal una operación cambiaria rentable. En la frontera con Venezuela, el contrabando de gasolina construyó una economía visible cuya expresión pública fueron los "pimpineros": pequeños vendedores callejeros que despachaban combustible venezolano en pimpinas de plástico. Esa era la cara pobre de una cadena mucho mayor. En los niveles superiores operaba una mafia de gran contrabando con complicidad de funcionarios públicos y de la Fuerza Pública, y los operativos estatales se dirigían sistemáticamente al eslabón más débil —el pimpinero— mientras el negocio grande operaba con impunidad.

Esa asimetría —perseguir al pequeño, tolerar al grande— repite en el siglo XXI la lógica de la Colonia, cuando los funcionarios encargados de vigilar el monopolio eran los primeros en burlarlo. Es una constante estructural, no una anomalía. Y sus consecuencias se articulan con el conflicto armado: la gasolina de contrabando del Magdalena Medio se usa como insumo en los laboratorios de cocaína del sur de Bolívar, encadenando dos economías ilegales en un solo circuito productivo.

El contrabando de armas siguió rutas terrestres que la geografía y la debilidad estatal favorecen. Venezuela ha funcionado a la vez como fuente y como corredor de tránsito: las armas llegan al puerto de Paraguaipoa, en el Golfo de Venezuela, se transfieren a vehículos terrestres y se conducen a Maicao y luego a Villanueva para su distribución. Esa cadena ha sido una fuente significativa de armamento para el ELN. Otra ruta atraviesa la frontera hacia Tibú, en Norte de Santander, y sigue por Convención hasta Ocaña. La región del Urabá funcionó como corredor de movilidad hacia la frontera con Panamá, por donde ingresa sin control un amplio contrabando de armas proveniente de Centroamérica; FARC y paramilitares disputaron el control de las vías fluviales de ese frente desde mediados de los años noventa. Por el corredor Guaviare-Vaupés entraron armas y municiones desde Surinam y Brasil. Las rutas terrestres de contrabando han sido, para las guerrillas, la fuente más constante de armamento pequeño, y su importancia estratégica ha sido especialmente marcada para el ELN.

Con la excepción de las franjas urbanas de Cúcuta e Ipiales, buena parte de la frontera sur-oriental ha funcionado como tierra de nadie por donde circulan armas, cocaína y dinero ilegal, en una territorialidad difusa que hace imposible el ejercicio pleno de la soberanía estatal. La frontera con Panamá, la selva del Darién, el Atrato medio y bajo, el Pacífico chocoano: geografías donde el Estado nunca completó su ocupación, y donde por eso mismo se instalaron legalidades alternativas explotadas por narcotraficantes y grupos armados. Santa Marta —geográficamente favorecida por estar a mitad de camino entre las zonas productoras de coca andinas y el mercado estadounidense, y cercana a pistas clandestinas en La Guajira— se consolidó como punto relevante del tráfico contemporáneo.

Lavado, tolerancia y el círculo del contrabando moderno

El contrabando contemporáneo cumple una función financiera que lo articula con la economía global: es un mecanismo privilegiado de lavado de activos del narcotráfico. Los medios de cambio obtenidos en el mercado internacional por el tráfico de drogas se transforman en mercancías de consumo masivo importadas sin pagar impuestos, que luego se venden en Sanandresitos y mercados informales urbanos. Ese circuito es, posiblemente, la actividad relacionada con el narcotráfico en la que con mayor intensidad se redistribuyen los excedentes del negocio en la sociedad colombiana. Comprar un electrodoméstico en un Sanandresito no es solo un ahorro tributario: es la punta visible de un sistema en el que dólares del tráfico se convierten en aire acondicionado, televisor o licor importado, y en el que la tolerancia social hacia el contrabando funciona como una forma difusa de aceptación del narcotráfico.

La economía informal representaba el 39,1% del PIB en 1999-2000, y los trabajadores informales constituían el 66,8% del empleo en 2006. Esas cifras no explican por sí solas el narcotráfico, pero sí dibujan el paisaje: una sociedad con una economía formal insuficiente, una fiscalidad frágil y una tolerancia amplia hacia el comercio ilegal. En las áreas metropolitanas y las principales ciudades, las organizaciones de narcotraficantes establecen reglas del negocio, compran protección estatal y lavan dinero en articulación con mercados formales. Los grupos armados posdesmovilización han financiado sus actividades mediante el control del contrabando de gasolina, el narcotráfico y la minería ilegal, en un país donde la presencia estatal sigue siendo diferenciada por regiones.

En regiones como el Medio Atrato, la precariedad del Estado genera esas legalidades alternativas y convierte el territorio en zona de refugio, con ventajas comparativas que narcotraficantes y grupos armados explotan para el contrabando de armas y el tráfico de cocaína. Narcotraficantes del Valle, Caldas, Risaralda y el occidente antioqueño usaron el corredor del Atrato y la Costa Pacífica para el transporte y exportación de cocaína, aprovechando exactamente las condiciones —aislamiento, débil control estatal, economías locales de subsistencia— que en el siglo XVII habían hecho de esa cuenca la ruta de salida del oro chocoano hacia los británicos. Cambian las mercancías; persiste la geografía.

Una estructura, no una desviación

Mirado en su duración larga, el contrabando en Colombia no ha sido la excepción del orden económico sino uno de sus modos de funcionamiento. En La Guajira organizó un territorio; en la Cartagena colonial fue el negocio abierto de la élite y los funcionarios; en el Chocó definió la frontera; en Antioquia contribuyó a la industrialización; en el Eje Cafetero preparó el terreno para el narcotráfico; en San Andrés y los Sanandresitos urbanizó el consumo ilegal; en Cúcuta articuló funcionarios, Fuerza Pública y pimpineros en una sola cadena. En cada caso, el fenómeno prosperó donde el Estado fue más débil o más extractivo, donde la geografía ofrecía puertos escondidos, ríos difíciles o fronteras porosas, y donde comunidades con autonomía —wayúu, chocoanos, colonos fronterizos— construyeron economías al margen del monopolio oficial.

Sería erróneo, sin embargo, hacer del contrabando una lógica homogénea. Su intensidad varió: fue orgánico en Riohacha, esporádico en Santa Marta, extendido en Cartagena, aluvional en el Chocó, industrial en Antioquia, cultural en La Guajira. Y su conexión con el narcotráfico no es una transmisión mecánica de redes, sino una sedimentación más compleja: la tolerancia social hacia el comercio ilegal, la debilidad histórica del Estado para monopolizar fronteras, la existencia de élites regionales acostumbradas a operar en zonas grises, y la persistencia de geografías donde la soberanía nunca fue completa. Esa sedimentación —cultural, territorial, institucional— es la que explica por qué Colombia, ante la explosión de la demanda internacional de marihuana y luego de cocaína, respondió con una velocidad y una escala que pocos países pudieron igualar.

El contrabando no describe un margen del orden colombiano: describe una de sus vetas centrales. Su historia es la de un Estado que nunca logró monopolizar la fiscalidad ni las fronteras, de sociedades regionales que construyeron alternativas al abastecimiento oficial cuando este fue insuficiente, de élites que hicieron de la evasión una forma de acumulación, y de comunidades subalternas —wayúu, libres de color de Riohacha, mazamorreros del Chocó, pimpineros de Cúcuta— que negociaron su lugar en la economía por fuera de la ley. Comprenderlo no es asomarse a un delito antiguo: es entender por qué en Colombia la frontera entre lo legal y lo ilegal ha sido, más que una línea, un territorio propio.