Bahía Portete

La bahía en la costa seca

La península de la Guajira es una anomalía del Caribe colombiano. En un litoral que en casi toda su extensión es húmedo y selvático, la Guajira se sostiene como una de las pocas zonas semiáridas sobre el mar Caribe, un pedazo de continente que Ernesto Guhl definió, por su clima y su ubicación, como de carácter insular análogo a Curazao, Aruba y la península de Paraguaná al otro lado de la frontera venezolana. El origen del fenómeno es geológico: sucesivas irrupciones y retiradas del mar depositaron sedimentos que allanaron casi todo el relieve original, de modo que las nubes traídas por los vientos alisios del norte no encuentran altura donde condensarse y siguen de largo. El paisaje resultante es de dunas costeras —algunas de hasta cincuenta metros de altura entre Riohacha y Sinamaica—, salinas, matorral espinoso y una luz mineral que endurece los contornos.

Bahía Portete se abre en ese litoral, en el sector donde una falla geológica interrumpe la línea continua de dunas y permite que el mar entre tierra adentro. Está en la zona costera este del Caribe colombiano, dentro del rango que va del golfo de Urabá a punta Gallinas y que en biología marina se registra, por ejemplo, como uno de los puntos de presencia del Aetobatus narinari, la raya águila moteada. Al oriente, hacia el interior de la Alta Guajira, la serranía de la Macuira se levanta hasta los 822 metros y actúa como barrera orográfica: allí las nubes que vienen del este por fin se condensan y producen lloviznas que permiten cultivos locales, un oasis en medio de la aridez. Bahía Portete queda del lado seco de esa serranía: sin ríos, sin agricultura estable, con el mar como única fuente y única vía.

Esa combinación —costa quebrada, aguas resguardadas, aridez interior, cercanía a los puertos del Caribe holandés y venezolano— explica que Bahía Portete haya sido, desde la Colonia, un puerto natural codiciado. No un puerto oficial, con aduana y muelle: un puerto de facto, invisible para el Estado, útil para lo que el Estado no toleraba o no controlaba.

La soberanía wayúu del territorio

Antes de ser puerto de contrabando, Bahía Portete era —y sigue siendo— territorio wayúu. Los wayúu constituyen aproximadamente la mitad de la población de la Guajira y son la comunidad indígena más grande de Colombia y Venezuela, con una sociedad que sobrevivió a la colonización manteniendo su lengua, el wayuunaiki, y sus estructuras sociales propias. La península, a lo largo de los últimos quinientos años, funcionó como zona de refugio: los sucesivos poderes coloniales y republicanos nunca lograron someterla del todo, y los wayúu se mantuvieron como eje sociocultural regional con protagonismo directo en la vida económica, política y simbólica del territorio.

Su cultura es pastoril y seminómada, adaptada al ecosistema semiárido. Los clanes —los eiruku, matrilineales— se organizan alrededor de rancherías, de rebaños de chivos y ovejas, y de cementerios familiares que anclan la pertenencia. En la cosmovisión wayúu, el territorio no es un soporte físico intercambiable: es el lugar donde está el ombligo, donde están enterrados los muertos, donde se crían los animales y donde se despliega la vida cultural del clan. Un miembro del clan Epinayú lo explicaba en términos que no admiten paráfrasis: sin territorio no hay dónde saber que uno tiene raíces, no hay dónde enterrar a los muertos, no hay dónde criar; sin territorio uno "no vale nada". La pérdida del suelo no es un daño patrimonial: es una muerte simbólica.

Ese vínculo tiene sus propios códigos de guerra. Los conflictos entre clanes, frecuentes y prolongados, se resuelven mediante los pütchipü'üi, palabreros que median entre las partes, restablecen el equilibrio y evitan la venganza indefinida. Las guerras interclaniles wayúu descansan sobre principios explícitos: las mujeres y los niños no se tocan; sus cuerpos quedan fuera de las dinámicas bélicas. Las mujeres cumplen la función de recoger a los muertos, prepararlos y encaminarlos hacia Jepirra, el lugar del tránsito. El cementerio es inviolable, incluso para el enemigo en guerra. Sobre esos dos principios —la inmunidad femenina y la sacralidad del cementerio— reposa buena parte del orden matrilineal wayúu.

Bahía Portete, y sus alrededores en la jurisdicción del municipio de Uribia, forma parte de ese entramado clanilar. Allí vivieron y viven wayúu de linaje Epinayú y Epiayú, entre otros; allí enterraban a sus muertos y criaban su ganado; allí, además, el mar era negocio.

Cinco siglos de contrabando

El extenso litoral guajiro y su acceso relativamente fácil al mar favorecieron desde la época colonial una economía alternativa que las autoridades españolas nunca pudieron —o nunca quisieron del todo— erradicar: el contrabando. Riohacha, la capital provincial, era una plaza precaria: sus suelos arenosos no servían para agricultura, las naves españolas casi nunca atracaban en sus puertos, y su población dependía de los wayúu y de Valledupar para su abastecimiento alimentario. En ese vacío, el comercio ilegal con potencias europeas establecidas en el Caribe —ingleses, holandeses, franceses— desplazó al comercio legítimo. La economía riohachera fue, durante siglos, una economía de contrabando parcialmente tolerada por los propios gobernantes.

Bahía Portete y Puerto Estrella figuran, en la cartografía histórica de los frentes económicos wayúu, como puntos de entrada de ese comercio. Whisky, cigarrillos y armas de fuego llegaban a la Guajira a cambio de café y ganado que salían por las mismas rutas. La huella cultural de ese tráfico es visible: la popularización del acordeón y del whisky en la costa Caribe se anuda, a la distancia, a esas mercancías desembarcadas en playas sin aduana. Y la huella social no lo es menos: algunos contrabandistas, cuando eran confrontados por las autoridades, invocaban la identidad regional y el vínculo con el territorio para reclamar legitimidad, argumentando que el contrabando era práctica propia de "su tierra". No era una ideología articulada de secesión, pero sí una noción arraigada de que la ley del interior no aplicaba del todo en el litoral seco.

A partir de los años sesenta del siglo XX, esa economía se transformó. Los asesinatos y las confrontaciones violentas se dispararon en la Guajira, asociados a ajustes de cuentas entre jefes y familias vinculados al contrabando y a la delincuencia organizada. En las décadas siguientes, las redes preexistentes se acoplaron al narcotráfico: la marimba primero, la cocaína después. Rutas, puertos, complicidades y tolerancias que habían funcionado para el whisky ahora movían drogas y armas en volumen industrial. Bahía Portete, con su ensenada resguardada y su lejanía del ojo estatal, quedó en el corazón de ese mapa. No como aldea próspera —el poblado seguía siendo pequeño, wayúu, pastoril— sino como infraestructura natural: una puerta al mar que valía más de lo que aparentaba.

Los paramilitares que llegaron a la Guajira a comienzos del siglo XXI no inventaron esa economía. Aterrizaron sobre ella: sobre mercados ilegales de droga, armas y gasolina ya montados, sobre un orden político local susceptible de manipulación clientelista, sobre una geografía que llevaba siglos entrenada para eludir al Estado.

El Bloque Norte y la disputa por la Alta Guajira

El Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia operaba desde finales de los años noventa en Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y la Guajira. Su comandante era Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, hijo de un oficial retirado de las Fuerzas Militares, que había asumido formalmente la jefatura de los frentes Cesar y Magdalena a comienzos de 1999, elegido por Salvatore Mancuso tras la captura de René Ríos González, alias Santiago Tobón, a finales de 1998. Bajo su mando, el Bloque Norte se convirtió en la estructura paramilitar más sanguinaria de las AUC: de las 41.956 víctimas registradas por la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, al menos 30.843 le son atribuidas.

En la Guajira, la expansión del Bloque Norte se topó con dos obstáculos. El primero eran las Autodefensas Campesinas de Magdalena y la Guajira, una estructura paramilitar local que se disputaba las mismas rutas y con la que Jorge 40 entró en conflicto abierto a partir de 2002. Esa disputa terminó con la cooptación de las ACMG y su conversión en dos frentes del Bloque Norte: el Bloque Resistencia Tayrona, para el flanco de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el Frente Contrainsurgencia Wayúu, para la península. El nombre del frente no era casual: identificaba al enemigo por su etnia. El segundo obstáculo era la territorialidad wayúu: clanes que llevaban siglos controlando de facto la Alta Guajira, que operaban sus propias rutas de contrabando, que respondían a códigos internos —el palabrero, la venganza medida, el resguardo del cementerio— y que no aceptaban patrones externos.

Antes de Bahía Portete hubo señales. El 28 de enero de 2001, en el municipio de Hatonuevo, paramilitares perpetraron la masacre de Rodeíto El Pozo contra la comunidad wayúu del resguardo del mismo nombre. La institucionalidad desestimó inicialmente el hecho como consecuencia de un conflicto entre clanes, interpretación que fomentó la estigmatización y la impunidad. Investigaciones posteriores demostraron la responsabilidad paramilitar. El patrón —masacrar wayúu, atribuir la masacre a rencillas internas, dejar que la sospecha etnizada haga el trabajo de encubrimiento— quedó ensayado tres años antes de Portete.

El 18 de abril de 2004

Ese domingo, hombres armados del Frente Contrainsurgencia Wayúu entraron a Bahía Portete. Asesinaron a seis personas, cuatro de ellas mujeres. Torturaron a las mujeres del pueblo antes de matarlas. Les destruyeron los rostros. Abandonaron los cuerpos en lugares públicos. Quemaron las casas. Y profanaron el cementerio del clan Epinayú.

La descripción escueta no alcanza a decir lo que ocurrió, porque lo que ocurrió estaba calibrado sobre el orden simbólico wayúu con una precisión que no se explica por improvisación. Las tres prácticas empleadas —profanación del cementerio, quema de casas, tortura y asesinato de mujeres— atacaron simultáneamente los tres pilares del clan matrilineal. El cementerio, que en la guerra interclanil wayúu es inviolable incluso para el enemigo, fue violado: un acto que en los códigos internos no tiene precedente ni reparación posible. Las casas, materialidad cotidiana de la ranchería, fueron reducidas a ceniza. Y las mujeres, que en la cosmovisión wayúu quedan por definición fuera de la guerra —porque son quienes recogen a los muertos, quienes preparan los cuerpos, quienes los encaminan hacia Jepirra—, fueron el blanco central del ataque.

Entre las asesinadas había sabedoras: mujeres encargadas del rito funerario, del tránsito de los muertos, del sostenimiento espiritual del clan. Matarlas no fue solo eliminar personas; fue eliminar la infraestructura simbólica que permite a la comunidad procesar sus propias pérdidas. Torturarlas y desfigurarlas antes de dejar los cuerpos en la vía pública impidió que la comunidad realizara los rituales de tránsito de forma inmediata: no había rostro que preparar, no había cuerpo entregable, no había ceremonia posible. El duelo mismo, en los términos de la cultura wayúu, quedó bloqueado.

Fue una masacre de doble filo. Materialmente buscaba desalojar Bahía Portete —el puerto, la ruta, el nodo— para incorporarla al dominio del Bloque Norte y sus economías ilegales. Simbólicamente buscaba desarticular el orden clanilar que hacía posible la resistencia territorial: destruir el cementerio para borrar el ancla del linaje, eliminar a las mujeres para cortar la línea matrilineal de transmisión cultural, quemar las casas para volver inhabitable el sitio. No era violencia entre clanes; no era ajuste de cuentas por mercancía robada a Jorge 40, como circuló al comienzo. Era una operación de conquista territorial y cultural pensada en clave etnocida.

Los responsables directos fueron paramilitares comandados regionalmente por Jorge 40; en el nivel local operaron figuras como Chema Bala —José María Barros Ipuana— y Arturo Sarmiento, alias Pablo, cuyos vínculos con el frente y con estructuras wayúu colaboradoras fueron parte del entramado que hizo posible la masacre. La familia Fince Epinayú fue especialmente golpeada: entre las víctimas y sobrevivientes están nombres —Rosa Fince Uriana, Margoth Fince Epinayú— que se volverían inseparables del proceso posterior de memoria.

El éxodo hacia Venezuela

Después del 18 de abril, Bahía Portete se vació. La mayoría de los sobrevivientes cruzaron la frontera hacia Venezuela: una frontera que para los wayúu, pueblo binacional, nunca había sido del todo una frontera. Familias enteras se instalaron del otro lado, entre Sinamaica, Maracaibo y otros puntos del Zulia. Al menos una mujer exiliada cambió la documentación de sus hijas al llegar, para evitar ser localizada por quienes la habían amenazado. El nivel de persecución que motivó el exilio no admitía medias tintas: se iba para no volver, o al menos para no volver pronto.

La vida en Venezuela ocupó, con el paso de los años, un lugar central en la memoria de los desplazados. Cuando muchos retornaron después —ante la falta de oportunidades laborales o de garantías en Colombia—, lo hicieron descubriendo que la memoria más reciente y más dolorosa no era ya la de lo perdido en la Guajira, sino la de lo dejado en Venezuela: casas, trabajos, redes, hijos crecidos del otro lado. Y ante la ausencia de condiciones de arraigo estable en el territorio colombiano, muchas familias volvieron a Venezuela sin importar los riesgos. Algunas mujeres wayúu, para sostenerse, se dedicaron a la elaboración de artesanías —las mochilas tejidas que hoy circulan como emblema del pueblo—, actividad que operó tanto como estrategia económica como, según algunos testimonios, distancia emocional del trauma.

El daño acumulado es difícil de medir porque no se agota en los seis muertos del 18 de abril. Un pueblo entero perdió la posibilidad de enterrar a sus muertos en su territorio, de criar sus animales en sus corrales, de mantener la ranchería. Perdió, en los términos que un miembro del clan Epiayú resumió con exactitud, la base material y espiritual de su vida cultural. Sin territorio, no hay clan. Y el clan, en la Guajira wayúu, es la unidad última del sentido.

La segunda violencia: el olvido

A la masacre le siguió otra violencia, más lenta y más difusa: la invisibilización. Medios de comunicación, instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y sectores académicos caracterizaron durante años la violencia contra el pueblo wayúu —incluida Bahía Portete— como resultado de conflictos entre clanes, o como manifestación de comportamientos delictivos propios: robos, secuestros, guerras internas. La violencia estructural del conflicto armado, con sus paramilitares, sus rutas de coca y sus alianzas locales, quedaba fuera del cuadro. Lo que hacía a un wayúu víctima de un paramilitar era subsumido en la sospecha genérica de que "así son las cosas entre ellos".

Ese mecanismo tenía historia: en Rodeíto El Pozo, tres años antes, la institucionalidad ya había optado por atribuir la matanza a rencillas interclaniles. Bahía Portete se benefició —o mejor, se perjudicó— del mismo dispositivo interpretativo. Circularon versiones según las cuales la masacre había sido un enfrentamiento entre grupos ilegales, o una venganza por mercancía robada a Jorge 40, o la consecuencia de una guerra entre familias wayúu. Todas fueron descartadas, más tarde, por el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, que situó el hecho en la dinámica estructural del conflicto armado colombiano y en la disputa por el control paramilitar del territorio.

Para entonces habían pasado años. Años en los que la impunidad se sedimentó, en los que los sobrevivientes reconstruyeron sus vidas del otro lado de la frontera, en los que Bahía Portete siguió existiendo como bahía —geográficamente, marítimamente— y dejó de existir como comunidad. La invisibilización fue una segunda violencia superpuesta a la primera: el país no quiso ver lo que había ocurrido, y esa negativa fue, ella misma, parte del daño.

La memoria como reconstrucción del territorio

Frente a esa doble violencia —la del arma y la del olvido—, la respuesta vino de donde el ataque había querido destruir: de las mujeres wayúu. Débora Barros Fince, sobreviviente y abogada, se convirtió en la voz pública más constante del proceso; junto a otras mujeres del clan Epinayú y a organizaciones aliadas, impulsó la denuncia, la documentación, la exigencia de verdad y justicia. Las mujeres que el Frente Contrainsurgencia Wayúu había querido silenciar —matando a las sabedoras, torturando a las que sobrevivieron— sostuvieron durante años el trabajo de que la masacre no fuera archivada bajo la etiqueta de rencilla étnica.

Ese trabajo se hizo en red. La comunidad de Bahía Portete construyó sus respuestas organizativas en diálogo con otros pueblos indígenas del país, con organizaciones de mujeres de la Guajira, y con instancias nacionales e internacionales. La Red de Mujeres del Caribe, cuya representante en la Guajira es Carmen Alicia Sánchez, documentó violaciones de derechos humanos y acompañó a las víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica produjo, años después, el informe que reencuadró la masacre dentro del conflicto armado y desmontó públicamente las interpretaciones invisibilizadoras. Bahía Portete se volvió referencia obligada en la literatura sobre violencia contra pueblos indígenas, sobre violencia sexual y de género en el conflicto, y sobre la relación entre economías ilegales y paramilitarismo en el Caribe.

Hay algo culturalmente denso en ese proceso, y merece nombrarse. La masacre atacó los mecanismos wayúu de tránsito entre la vida y la muerte: al eliminar sabedoras, al impedir los rituales, al profanar el cementerio, dejó a la comunidad sin el aparato simbólico para procesar su propia pérdida. La construcción de memoria, en ese contexto, no es un ejercicio historiográfico más: es un intento de reconstituir lo que la masacre desarticuló. Nombrar a las muertas, contar cómo murieron, exigir su reconocimiento, disputar la versión pública de los hechos —todo eso opera, en clave wayúu, como una forma diferida y colectiva del rito de tránsito que la violencia impidió en el momento. La memoria hace, en el plano público, algo del trabajo que las sabedoras habrían hecho en el plano ritual.

Lo que queda

Bahía Portete sigue estando donde siempre estuvo: entre las salinas y las dunas de la Alta Guajira, con sus aguas resguardadas y su comercio silencioso, dentro del municipio de Uribia y a pocos kilómetros del Cabo de la Vela y de Puerto Bolívar —el puerto minero legal que la modernidad colombiana instaló, más al sur, para exportar el carbón del Cerrejón. La geografía no cambió. Los vientos alisios siguen pasando de largo sobre una tierra que no los detiene; la serranía de la Macuira sigue produciendo sus lloviznas en el interior; el mar sigue siendo puerta.

Lo que cambió es lo que el nombre significa. Antes de 2004, Bahía Portete era, para el país mestizo, un punto vago del mapa: alguna referencia en textos de geografía, algún dato de contrabando, un topónimo lejano. Después de 2004, es un lugar de memoria: uno de esos sitios en los que la historia de Colombia se detiene y exige ser mirada de frente. Está inscrito, junto a El Salado, Bojayá, La Chinita, Mapiripán, en la geografía del horror paramilitar. Y está inscrito, con particularidad, en la geografía específica de la violencia contra las mujeres y contra los pueblos indígenas: un caso donde la violencia calculó con precisión los pilares simbólicos que había que destruir para desarticular a un colectivo.

Queda la pregunta de qué significa un lugar cuando su comunidad se ha ido y ha regresado a medias, cuando la ranchería ya no es la misma, cuando el cementerio profanado convive con los cementerios reconstruidos, cuando el puerto sigue moviendo lo que siempre movió pero bajo comandos distintos. La respuesta, si la hay, la sostienen las mujeres wayúu que decidieron que Bahía Portete no fuera olvido. Contra el proyecto de conquista territorial y cultural que ejecutó el Frente Contrainsurgencia Wayúu, ellas sostienen otro: el de un territorio que se reconstituye a través del nombre. Bahía Portete es hoy, entre otras cosas, ese nombre: el de un puerto natural que fue codiciado durante siglos, el de una masacre que fue durante años negada, y el de una memoria que —contra todos los mecanismos diseñados para impedirlo— logró volverse pública.

En un país que suele preferir el olvido a la incomodidad de recordar, que un lugar como este siga significando lo que significa es, en sí mismo, un acto de resistencia territorial. Y quizá, en clave wayúu, la única forma verdadera de haber recuperado el suelo.