Idea · Seguridad Democrática

Justicia y Paz

La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue el primer experimento de justicia transicional de Colombia, diseñado para procesar la desmovilización de las AUC y juzgar a sus comandantes a cambio de penas alternativas de cinco a ocho años por confesión, reparación y aporte a la verdad. Su balance es ambiguo: destapó la magnitud del paramilitarismo y la parapolítica, pero cerró con apenas 92 sentencias sobre 2.199 postulados y con la verdad parcialmente sepultada por la extradición masiva de 2008.

3.792 palabras55 documentos81 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

2002
Ley 782 abre la puerta a negociar con las AUC
2003
Acuerdo de Santa Fe de Ralito
2003
Primer proyecto de ley y oposición de derechos humanos
2003
Inicio de desmovilizaciones graduales de las AUC
2005
Aprobación de la Ley 975 de 2005
2006
Sentencia C-370 de la Corte Constitucional
2007
Versiones libres y el escándalo de la parapolítica
2008
Extradición masiva de jefes paramilitares
2010
Gestiones para reactivar audiencias desde Estados Unidos
2012
Reforma con la Ley 1592 y balance parcial de confesiones
2021
Cierre con 92 sentencias sobre 2.199 postulados

La lectura

Justicia y Paz fue el laboratorio donde Colombia ensayó por primera vez la fórmula de intercambiar penas reducidas por verdad y reparación, desplazando la amnistía tradicional hacia un modelo que reconocía, al menos en el papel, los derechos de las víctimas. Su arquitectura procesal nació con defectos estructurales: dependía casi por completo de la voluntad confesional del postulado, dejaba fuera a los terceros civiles y militares cómplices, y carecía de capacidad investigativa autónoma para contrastar lo declarado. La Sentencia C-370 de 2006 corrigió parte del diseño, pero no la desproporción entre el universo de crímenes y la capacidad del aparato judicial para procesarlos. El momento más fértil del proceso —las versiones libres de 2007 y 2008, cuando los comandantes comenzaban a comprometer a políticos, empresarios y generales— fue interrumpido por la extradición masiva de mayo de 2008, que el gobierno justificó por narcotráfico y que las organizaciones de víctimas leyeron como la clausura deliberada de la verdad incómoda. El legado de Justicia y Paz es doble y contradictorio: produjo el mayor caudal de verdad judicial sobre el paramilitarismo que Colombia haya conocido, y al mismo tiempo demostró que ese caudal era insuficiente, tardío y parcialmente secuestrado por la geopolítica del narcotráfico; esa demostración fue el argumento más poderoso para construir la JEP con estándares más altos.

La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, es el marco jurídico con el que Colombia procesó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006, y con el que juzgó, durante los dieciséis años siguientes, a los comandantes y combatientes de esas estructuras. Fue el primer experimento de justicia transicional del país: introdujo penas alternativas de cinco a ocho años a cambio de confesión, participación en la reparación y aporte a la verdad, y desplazó por primera vez el eje del derecho penal colombiano desde la amnistía tradicional hacia una fórmula que pretendía equilibrar paz con derechos de las víctimas. Fue también, desde su gestación, una ley disputada: nacida de un proyecto que las organizaciones de derechos humanos calificaron como amnistía encubierta, endurecida por la Corte Constitucional, saboteada por la extradición masiva de sus principales postulados en mayo de 2008 y desbordada por una demanda de verdad y reparación que su arquitectura procesal no logró procesar. Su balance es ambiguo por diseño: destapó la magnitud del paramilitarismo y de sus alianzas con la clase política —el escándalo de la parapolítica— más que ningún mecanismo anterior, pero cerró con 92 sentencias sobre 2.199 postulados, y con menos de la mitad de los cuerpos hallados en fosas devueltos a sus familias. La JEP, creada en 2016, se construyó en buena medida sobre ese espejo crítico.

Un modelo forjado en Ralito

Antes de 2005, el tratamiento estatal a los grupos armados ilegales se regía por la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de 2002. Esta última introdujo un cambio decisivo: eliminó el requisito de reconocer carácter político a la organización con la que se negociaba, abriendo así la puerta jurídica a los diálogos con las autodefensas. Pero esas leyes solo contemplaban amnistía e indulto para delitos políticos y conexos, un marco insuficiente frente a crímenes de lesa humanidad y violaciones graves al derecho internacional humanitario. Los tratados suscritos por Colombia —y una jurisprudencia interamericana que ya había fijado, en el caso Barrios Altos de 2001, la incompatibilidad de las leyes de amnistía peruanas con la Convención Americana— obligaban a un instrumento distinto.

El 15 de julio de 2003, en Santa Fe de Ralito, corregimiento del municipio de Tierralta en Córdoba, el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo firmó con los voceros de las AUC el acuerdo que comprometía su desmovilización total. Entre los firmantes por el bando paramilitar figuraron Carlos Castaño, Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Adolfo Paz —nombre de guerra de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna—, Jorge Pirata, Ramiro Vanoy, Hernán Hernández, Luis Cifuentes y Francisco Tabares. Restrepo les advirtió desde el inicio que la amnistía plena no era jurídicamente viable y que debían acogerse a un modelo de justicia transicional que contemplara alguna pena efectiva de prisión.

El primer proyecto de ley se radicó en el Senado en agosto de 2003. Su enfoque era claramente favorable a los desmovilizados: penas bajas, escasas exigencias de contribución a la reparación, énfasis en el victimario y no en la víctima. La reacción fue inmediata. Los activistas de derechos humanos denunciaron el texto como una amnistía disfrazada, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se pronunció públicamente, y las organizaciones de víctimas comenzaron a articular una oposición que atravesaría todo el trámite legislativo. Los debates parlamentarios, que se extendieron casi dos años, empujaron el proyecto hacia una fórmula más exigente y abrieron paso al discurso de la justicia transicional en el campo jurídico colombiano. El propio Restrepo, con cuyo equipo se redactó la norma, dedicó una energía política considerable a defenderla hasta el final.

Mientras se discutía, las desmovilizaciones ya ocurrían. En noviembre de 2003 se desmovilizaron cerca de mil combatientes del Bloque Cacique Nutibara en Medellín. Entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005 se desmovilizaron más de veinte estructuras y más de trece mil hombres armados. La ley que debía juzgarlos se aprobó el 21 de junio de 2005, casi dos años después del primer proyecto.

Arquitectura de la Ley 975

La Ley 975 estableció un procedimiento penal especial. Los postulados —desmovilizados a quienes el gobierno inscribía en el proceso— debían rendir una versión libre confesando los hechos delictivos cometidos como miembros del grupo armado. A cambio de una confesión completa, del compromiso de reparación y del abandono de las armas, obtendrían una pena alternativa de cinco a ocho años de prisión, sustitutiva de las penas ordinarias que podían llegar a cuarenta o más. La Fiscalía de Justicia y Paz debía verificar los hechos, imputar cargos y llevar el caso a los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde salas especializadas dictarían las sentencias.

El diseño tenía tres problemas de origen. Primero, la pena alternativa era el único incentivo real, y el mecanismo de versión libre —tal como quedó en la práctica— dependía casi por completo de lo que el postulado quisiera confesar, con capacidad limitada de la Fiscalía para investigar autónomamente y contrastar. Segundo, la ley se aplicaba exclusivamente a los excombatientes postulados; los mandos medios y patrulleros quedaron por fuera y fueron cobijados por amnistía, y los terceros civiles —empresarios, ganaderos, políticos, funcionarios— y los militares comprometidos no fueron alcanzados por el instrumento, lo que dejaba intacta la infraestructura de complicidad que había hecho posible el paramilitarismo. Tercero, no exigía acuerdos colectivos de cese de hostilidades ni contenía referencias explícitas al derecho internacional humanitario, y llegó a considerar el paramilitarismo como delito político, calificación que la Corte Constitucional después despejaría.

El endurecimiento vino con la Sentencia C-370 de 2006. La Corte Constitucional declaró exequible la ley, pero apretó los tornillos. Estableció que el postulado debía decir toda la verdad desde su primera versión libre como condición para acceder a la pena alternativa; si se descubría un hecho no confesado, perdía el beneficio para el conjunto. Fortaleció las obligaciones de reparación integral y anudó la aplicación de la ley a los estándares interamericanos de verdad, justicia y reparación. La sentencia fue el momento en que, formalmente, el discurso de derechos de las víctimas se incorporó al núcleo de la norma. Pero también fijó una exigencia probatoria que el aparato judicial, con su capacidad y sus tiempos, no lograría cumplir a la escala del universo de postulados.

La era de las versiones libres

Entre 2007 y 2008, las versiones libres se convirtieron en el escenario más impactante del proceso. Salvatore Mancuso, en audiencias sucesivas, reconoció su responsabilidad como comandante en las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, y aportó un dato que sacudió al establecimiento antioqueño: en esos hechos había participado un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, y el entonces Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno había estado enterado. Don Berna, en sus declaraciones, señaló a los generales retirados Mario Montoya y Leonardo Gallego Castrillón como coordinadores de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín en 2002. Jorge 40 —Rodrigo Tovar Pupo— y Ernesto Báez —Iván Roberto Duque— comenzaron a describir la arquitectura política del paramilitarismo en la costa Caribe y en el Magdalena Medio.

En paralelo, en un juzgado y en la prensa se conoció el Pacto de Ralito, un documento distinto al acuerdo de desmovilización de 2003: un texto suscrito en Santa Fe de Ralito por comandantes de las AUC, entre ellos Jorge 40 y Don Berna, con más de cincuenta políticos —senadores, representantes, alcaldes y gobernadores— con el propósito declarado de "refundar el país". Ese hallazgo dio nombre a la parapolítica, que la Corte Suprema de Justicia investigó con creciente intensidad. Para 2010 se habían abierto procesos contra 107 congresistas, de los cuales 21 ya habían sido condenados, junto con tres gobernadores y otros dieciséis procesados. Los partidos uribistas fueron los más afectados: 84 congresistas quedaron salpicados. Sesenta parapolíticos terminaron condenados, en muchos casos militantes de partidos que mutaron o desaparecieron tras el escándalo, aunque su caudal electoral fue transferido a esposas, primos y allegados que se convirtieron en herederos políticos.

Las revelaciones abarcaban más que la política. En 2003, la estructura de Jorge 40 había constituido en Atlántico, Magdalena y Bolívar una red que le permitió apropiarse de contratación pública en salud, manejo de basuras y obra vial. En Cúcuta, todas las instituciones del Estado quedaron bajo influencia del Bloque Catatumbo; la propia directora seccional de la Fiscalía, Ana María Flórez, alias Batichica, fue condenada por la Corte Suprema por alertar a los paramilitares sobre operativos en su contra. El proceso mostraba que el paramilitarismo no había sido un actor externo al Estado sino una estructura mixta, con fiscales, militares, empresarios y políticos regionales anudados a su operación.

El punto máximo de las revelaciones se alcanzó en 2007. El escándalo amenazaba con una crisis institucional sin precedentes. La reacción del ejecutivo tomó forma en varios frentes: seguimientos ilegales del DAS a magistrados de las Altas Cortes, a periodistas y a políticos de oposición vinculados a las investigaciones de parapolítica, y una creciente tensión entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema. Fue en ese contexto donde se decidió la extradición masiva.

La verdad extraditada

En la madrugada del 13 de mayo de 2008 el gobierno colombiano extraditó, sorpresivamente, a catorce jefes paramilitares hacia Estados Unidos. Entre ellos iban Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40 y once cabecillas más, incluido Carlos Mario Jiménez alias Macaco, cuya extradición en particular había desatado semanas antes una polémica intensa. El argumento oficial fue que los extraditados habían seguido delinquiendo desde la cárcel y que existían obligaciones penales pendientes con Estados Unidos por narcotráfico. Ninguno había concluido sus versiones libres. Ninguno había cumplido con la reparación a sus víctimas.

Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos leyeron el hecho como lo que estructuralmente fue: la interrupción del principal mecanismo de verdad sobre el paramilitarismo en el momento preciso en que los comandantes comenzaban a comprometer a políticos, empresarios y militares. Se privilegiaba, denunciaron, un delito común transnacional sobre procesos en curso por crímenes de lesa humanidad. Si los tribunales estadounidenses decidían no investigar a los extraditados por violaciones de derechos humanos —y no lo hicieron, o lo hicieron de forma marginal—, la dimensión real de las masacres y de sus vínculos institucionales quedaría oculta.

La continuación de las audiencias desde Estados Unidos resultó, como se anticipó, gravemente entorpecida. Los problemas logísticos se multiplicaron; al menos un fiscal colombiano vio negada su visa para presidir versiones libres allá. Mancuso anunció que no continuaría contribuyendo, alegando violación de términos legales. Don Berna declaró que no había garantías para él ni su familia y propuso, en cambio, colaborar en procesos de parapolítica a cambio de reducción de pena en Estados Unidos. El 19 de julio de 2010, el fiscal general adjunto estadounidense Gary G. Grindler anunció al ministro colombiano Fabio Valencia Cossio un plan para aumentar la frecuencia de acceso de funcionarios colombianos a los líderes extraditados, coordinado por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la oficina del mismo Departamento en la Embajada en Bogotá. El plan mitigó pero no revirtió el daño. El proceso de Macaco, por ejemplo, continuaba desde Virginia en 2011 con enormes dificultades. Ernesto Báez y Julián Bolívar, del Bloque Central Bolívar, permanecieron en Colombia y siguieron rindiendo versiones —a Báez se le aplazó una audiencia el 26 de abril de 2010, y Bolívar tuvo audiencia conjunta de imputación el 9 de febrero de 2011—, pero los principales referentes narrativos del paramilitarismo estaban ya fuera del país.

La extradición dejó también un mensaje simbólico persistente: para el sistema, traficar cocaína hacia Estados Unidos era más grave que ordenar masacres en Colombia. El principio de proporcionalidad entre castigo y crimen quedó invertido en la práctica, aun sin haber sido enunciado así.

Los tribunales, las sentencias, las cifras

Durante dieciséis años de aplicación, Justicia y Paz produjo un rendimiento judicial modesto en relación con su universo. Hasta el 1 de diciembre de 2012, los 2.199 postulados habían confesado 39.546 hechos; el número de condenados con sentencia firme era, para entonces, muy reducido. La lentitud y los cuellos de botella acumulados obligaron a una reforma general con la Ley 1592 de 2012, que introdujo mecanismos de priorización y macrocriminalidad para intentar procesar los casos por patrones y no uno a uno. Al cierre del proceso, tras dieciséis años, el balance total era de 92 sentencias condenatorias.

Algunas de esas sentencias marcaron hitos. El Tribunal Superior de Bogotá dictó sentencia contra Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, del Bloque Norte, el 7 de diciembre de 2011. La primera macrosentencia contra Salvatore Mancuso, como máximo comandante de los bloques Córdoba, Montes de María, Norte y Catatumbo, condenó por nuevos hechos a varios postulados, entre ellos Úber Enrique Banqués y el propio Fierro Flores, en un modelo que agrupaba responsabilidades por patrones. El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a postulados del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte el 18 de diciembre de 2018, y en esas mismas semanas dictó sentencia contra Hernán Giraldo, jefe del Bloque Resistencia Tayrona en la Sierra Nevada, a ocho años de prisión por delitos que afectaron a diez mil víctimas, incluyendo homicidio, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento y reclutamiento forzado, con un capítulo particularmente destacado sobre violencia de género. La Sala de Medellín dictó sentencia contra el Bloque Cacique Nutibara. A siete de los dieciséis máximos representantes paramilitares postulados se les imputaron parcialmente cargos, entre ellos Edwar Cobo Téllez alias Diego Vecino, Freddy Rendón alias El Alemán, Herbert Veloza García alias HH, Rodrigo Pérez Álzate alias Julián Bolívar, Ramón Isaza y Luis Eduardo Cifuentes; a Mancuso se le imputaron cargos en dos sentencias separadas.

Las salas de Justicia y Paz también entendieron que las sentencias no podían agotar la verdad. En los casos contra Ramón Isaza Arango y Arnubio Triana Mahecha, la Sala de Bogotá emitió exhortos al Centro Nacional de Memoria Histórica solicitando investigaciones específicas de memoria para reconstruir patrones de macrocriminalidad. Fue un reconocimiento explícito de que la vía judicial, con sus reglas probatorias, era insuficiente para dar cuenta de fenómenos que exigían un archivo más amplio.

En materia de búsqueda de desaparecidos, entre 2005 y el 30 de julio de 2021 se hallaron 6.460 fosas en el marco del proceso. Menos de la mitad de los cuerpos exhumados fueron entregados a sus familias. La cifra pesa por dos razones: por lo que aporta —el mayor levantamiento forense de la historia colombiana hasta ese momento— y por lo que niega. Integrantes del Bloque Mineros, en Antioquia, admitieron haber removido cadáveres de fosas comunes y arrojarlos a los ríos antes de la desmovilización, privando de manera irreversible a cientos de familias de la posibilidad de recuperar los cuerpos.

Las víctimas en el proceso

La Ley 975 fue, más allá de su diseño, el hito de la emergencia política de las víctimas como actores en Colombia. No porque el gobierno Uribe lo hubiera concebido así —el proyecto original apuntaba en la dirección opuesta— sino porque las organizaciones de víctimas, los litigantes de derechos humanos, la Corte Constitucional y algunos jueces de las salas de Justicia y Paz forzaron a la ley a incorporar, con dificultades, los estándares interamericanos. La discusión sobre la 975 marcó la emergencia del discurso de la justicia transicional en el país.

Ese protagonismo se pagó caro. Representantes de víctimas y testigos fueron amenazados y asesinados a lo largo del proceso. Una representante de sobrevivientes de violaciones cometidas por paramilitares fue asesinada en diciembre de 2006, después de haber solicitado protección sin que se tomaran medidas. Al menos una abogada que acompañaba a víctimas ante los jueces de Justicia y Paz recibió amenazas directas de miembros del DAS hacia 2006 como consecuencia de su labor. El 30 de junio de 2007, un grupo de víctimas presentó una acción de tutela para obligar al Estado a protegerlas; los tribunales fallaron a favor, y en septiembre de ese año el gobierno creó un programa específico de protección para víctimas y testigos del proceso.

La reparación fue el eslabón más débil. Los postulados aportaron bienes de manera dispar, y el Estado tardó en asumir su función complementaria. La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, desplazó el énfasis del desmovilizado a la víctima, reconociendo como tales a quienes hubieran sufrido daño a partir del 1 de enero de 1985 por infracciones al DIH o violaciones graves a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, y creó una arquitectura administrativa e institucional autónoma. Esa ley reconoció, tardíamente, que Justicia y Paz por sí sola nunca iba a reparar el daño causado por las AUC. Aun así, las víctimas de escasos recursos y baja escolaridad enfrentaron y siguen enfrentando obstáculos prácticos para acceder a la justicia, y la situación de seguridad de quienes participan en reclamaciones de tierras se mantuvo especialmente crítica.

Testimonios de sobrevivientes en lugares como Puerto Triunfo, en Antioquia, dejan asentado que la ley no entregó la verdad prometida sobre los desaparecidos. Y las encuestas de opinión muestran una división regional persistente sobre si los exparamilitares dijeron la verdad en Justicia y Paz, con mayor escepticismo en el Caribe —donde el paramilitarismo del Bloque Norte fue más denso— y mayor crédito en Bogotá.

Rearme, continuidad, no repetición fallida

La Ley 975 no logró desmantelar las estructuras económicas y políticas beneficiarias del paramilitarismo. Los límites del propio instrumento —la exclusión de terceros civiles y de militares, la amnistía para mandos medios y patrulleros— y las debilidades del proceso de desarme, desmovilización y reintegración dejaron intactas las redes que habían hecho posible el fenómeno. Los propios jefes paramilitares alegaron incumplimientos del gobierno en materia de empleo, apoyo económico, seguridad familiar y protección frente a la extradición, y esos incumplimientos fueron parte del argumento con el que justificaron su falta de colaboración plena.

En las versiones libres, los paramilitares construyeron una representación de sí mismos alejada de la realidad: idealizaron el pasado, presentaron su acción como respuesta necesaria a la guerrilla, calcularon estratégicamente sus admisiones. La verdad aportada al proceso quedó filtrada por ese performance.

Y sobre el terreno, el paramilitarismo no desapareció. Surgieron grupos posdesmovilización que continuaron disputando territorios y economías ilícitas. En la Sierra Nevada y el Magdalena operó La Oficina Caribe, también conocida como Los Pachencas, comandada por descendientes de Hernán Giraldo. Las Águilas Negras se presentaron explícitamente como continuación del paramilitarismo, no como "bandas emergentes", declarándose "un ejército de restauración social" en amenazas dirigidas a organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Un excombatiente postulado a Justicia y Paz que recuperó la libertad en 2016 conformó una organización armada en el corregimiento El Palmor, municipio de Ciénaga, Magdalena, reconocida como una de las que comanda el narcotráfico en esa zona. El rearme de los llamados "ex 975" se dio, en algunos casos, utilizando los esquemas de protección asignados por el Estado.

La prisión, por su parte, no fue concebida como espacio de resocialización para los excombatientes. Solo hasta finales de 2013, después de siete años de encarcelamiento de los primeros postulados, el INPEC y el Ministerio de Justicia pusieron en marcha programas específicos en algunas cárceles. Los informes de seguimiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA identificaron entre los desmovilizados en libertad casos de enfermedades psiquiátricas y adicciones sin atención adecuada.

El espejo de la JEP

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La JEP se diseñó, en buena medida, con Justicia y Paz como referencia negativa: un régimen sancionatorio especial con penas de prisión entre quince y veinte años para quienes no colaboraran plenamente, sanciones propias con restricción efectiva de la libertad —fórmula que evitó la palabra "cárcel" y generó debate sobre si constituía castigo proporcional a la luz de la gravedad de los crímenes— y un tratamiento diferenciado para agentes del Estado y exguerrilleros, con la intención declarada de corregir la asimetría del pasado. La Comisión de la Verdad publicó su informe final —Hay futuro si hay verdad— como cierre de un ciclo que Justicia y Paz había inaugurado con dificultades.

El caso colombiano forzó, sin embargo, una tensión con la definición estándar de justicia transicional, que en la doctrina internacional suele acompañar cambios de régimen político o el fin nítido de un conflicto armado. En Colombia, la Ley 975 se aplicó sin cambio de régimen y en medio de un conflicto todavía activo con las FARC y el ELN. Algunos autores han llamado a este fenómeno "justicia transicional sin transición". Fue esa condición, más que cualquier defecto de gestión, la que fijó los límites de lo que Justicia y Paz podía producir.

Balance de una ley que no fue lo que prometió

Justicia y Paz destapó lo que ningún mecanismo anterior había destapado: la profundidad de la parapolítica, la existencia de redes empresariales y clientelares al servicio del paramilitarismo, la complicidad de fiscales y militares, los patrones de macrocriminalidad regional, la geografía de las fosas. Construyó un archivo de verdad sin precedentes, sobre el cual se apoyaron después la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las investigaciones penales ordinarias. Introdujo en el derecho colombiano el vocabulario y las obligaciones de la justicia transicional. Forzó al Estado —a golpe de tutela, sentencia constitucional y presión internacional— a reconocer a las víctimas como sujetos de derecho.

Y sin embargo, no fue lo que prometió. Sus 92 sentencias, frente a 2.199 postulados, dibujan una brecha estructural entre confesión y condena. Sus penas alternativas de cinco a ocho años, medidas contra la escala del daño, dejaron una sensación de proporcionalidad rota. La extradición masiva de mayo de 2008 exportó la verdad más comprometedora antes de que pudiera consolidarse judicialmente. La exclusión de terceros civiles y militares del alcance de la ley preservó intactas las capas del paramilitarismo que nunca vistieron uniforme. Y las Águilas Negras, los Pachencas y los ex 975 rearmados demostraron que la garantía de no repetición fue, en muchos territorios, una promesa incumplida.

Queda, como legado más duradero, ese espejo crítico: la JEP se construyó sobre las lecciones —y las heridas— de Justicia y Paz. Y queda, sobre todo, un archivo. Cientos de miles de páginas de versiones libres, sentencias, informes forenses y testimonios que en las décadas por venir seguirán alimentando la comprensión colombiana de lo que fueron las AUC, y de lo que fue el país que las hizo posibles.

En el archivo

81 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Crisis y narcotráfico1974–19902

02Constitución de 19911991–20027

03Seguridad Democrática2002–201640

04Posconflicto2016–presente14

05Transversal—17

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Álvaro Uribe Vélez: presidente que introdujo la Ley 975 como marco para la desmovilización de las AUC y cuyo gobierno ordenó la extradición masiva de mayo de 2008
02Luis Carlos Restrepo: Alto Comisionado para la Paz que firmó el Acuerdo de Ralito, redactó la norma y la defendió hasta su aprobación
03Salvatore Mancuso: principal postulado, cuyas versiones libres comprometieron a políticos y militares antes de ser extraditado en mayo de 2008
04Diego Fernando Murillo alias Don Berna: postulado que señaló a generales retirados en la Operación Orión y cuya extradición interrumpió revelaciones clave
05Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40: comandante del Bloque Norte extraditado en 2008, cuyas versiones describían la arquitectura política del paramilitarismo en la costa Caribe
06Santa Fe de Ralito: lugar donde se firmó el acuerdo de desmovilización de las AUC el 15 de julio de 2003 y donde se suscribió el Pacto de Ralito con más de cincuenta políticos
07Parapolítica: escándalo revelado en buena medida por las versiones libres de Justicia y Paz, que expuso los vínculos entre comandantes paramilitares y más de cien congresistas
08JEP: jurisdicción especial creada en 2016 que tomó el modelo de Justicia y Paz como referente crítico para construir un mecanismo de mayor alcance y estándares más exigentes
09Corte Constitucional: institución que mediante la Sentencia C-370 de 2006 endureció los requisitos de la ley y ancló el proceso a los estándares interamericanos de verdad, justicia y reparación
10Extradición: mecanismo que en mayo de 2008 trasladó a catorce jefes paramilitares a Estados Unidos antes de que completaran sus confesiones, privilegiando cargos de narcotráfico sobre crímenes de lesa humanidad

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

55 documentos · 81 fragmentos

01Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 20, 2672 citas

[1]
y Paz (SIJYP) y que ha tenido efectos A ntes del #$$# las leyes que regularon el desarme y la desmovi- lización de los grupos armados ilegales fueron la ley %&' de &((), prorrogada por la ley *%' de &(((y, posteriormente, por la)'# del #$$# que modi fi ca las anteriores. Esta última solo contempla- ba la amnistía y el…
p. 20

[35]
excomandan- te del Bloque Élmer Cárdenas. Para dar cuenta del impacto que tuvieron las extradiciones en el cubrimiento del proceso de Justicia y Paz, a continuación daremos cuenta de cómo el énfasis que le dieron los medios a la voz del victimario determinó lo que se decía sobre el proceso y su &'* Verdad Abierta,…
p. 267

02¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 174, 1822 citas

[2]
aunque, como se ha mencionado, Gobiernos anteriores hubieran sugerido esta alternativa con respecto al paramilitarismo, lo cierto es que algunos de los elementos característicos del origen y accio- nar de estos grupos sembraban dudas acerca de la posibilidad de darles este tipo de reconocimiento. 121 Para zanjar ese…
p. 174

[20]
que también lo hicieran. Hubo dos decisiones judiciales clave que reforzaron esta actitud de los paramilitares. La primera de ellas fue la Sentencia C-370 del 2006, en la que la Corte Constitucional decla- ró exequible la Ley de Justicia y Paz, pero fortaleció los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de…
p. 182

03Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 4031 cita

[3]
una Colombia en paz con opor- tunidades y garantías para todos. Por el Gobierno Nacional: LUIS CARLOS RESTREPO Alto Comisionado para la Paz Por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC: HERNAN HERNÁNDEZ RAMIRO VANOY LUIS CIFUENTES FRANCISCO TABARES ADOLFO PAZ JORGE PIRATA VICENTE CASTAÑO CARLOS CASTAÑO SALVATORE…
p. 403

04Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 7801 cita

[4]
a partir del 1° de diciembre, solicitaron el reconocimiento político, la suspensión de acciones judiciales en contra de sus voceros y seguridad para las regiones donde ejercían sus actividades. Para ese momento, herencia del gobierno de Pastrana, ya estaban en conversaciones confidenciales con Restrepo, a quienes sus…
p. 780

05Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 329, 3332 citas

[5]
un cese al fuego unilateral, que este grupo d«e líderes de las auc aceptó mediante una carta dirigida al presidente Uribe, en la cual se acogían a esta exigencia a partir del 1 de diciembre de 2002. De inmediato el Gobierno nombró, pocas semanas más tarde, el 23 de diciembre, una Comisión Exploratoria de Paz que,…
p. 333

[21]
de una Corte Penal Internacional”44*. El primer país firmante había sido Senegal, el 2 de febrero de 1999. El Estatuto entró en vigencia el 1 de julio de 2002, cuando se completó la cifra de sesenta Estados-miembros, tal como estaba previsto en sus normas. Colombia fue el Estado-miembro número 77, es decir, tardó…
p. 329

06Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 334, 4222 citas

[6]
una invitación a la impunidad.4 En efecto, el proyecto buscaba motivar la desmovilización de los grupos armados a cambio de penas bajas, sin que los actores del conflicto contribuyeran a resarcir los daños que habían causado. En esencia, era un proyecto centrado en los victimarios. Después de un proceso de negociación…
p. 334

[24]
un proceso de investigación general que los corrobore mínimamente.4 Eso se puede lograr cotejando datos o 3 Véase, por ejemplo, Fiscalía General de la Nación. Guía de procedimientos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. 2009. Así mismo, el documento de circulación interna “Protocolo de…
p. 422

07Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 216, 2342 citas

[7]
la controversia se estableció en el seno del mismo “espacio de los derechos de las víctimas”, con interpretaciones concurrentes acerca del contenido de estos derechos. La siguiente parte retoma estos debates. Justicia y Paz: ¿valores incompatibles? Movilizaciones y críticas El paso por la arena parlamentaria tuvo…
p. 216

[36]
internacional como un recurso para reforzar su poderío frente a los paramilitares. La amenaza de la extradición no fue el único recurso con el que contaba el Gobierno para hacer presión sobre los paramilitares. Desde cuando los jefes paramilitares depusieron las armas, fueron con fi nados en centros de reclusión. A…
p. 234

08Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2952 citas

[8]
fue utilizada por la oposición para flagelar a Uribe como amigo de las AUC. A nivel internacional, muchos de quienes profesaban un interés por Colombia tacharon la ley propuesta como poco más que la sanción legal de la impunidad. No obstante, al castigar con penas de prisión insignificantes crímenes de lesa humanidad…
p. 295

[9]
fue utilizada por la oposición para flagelar a Uribe como amigo de las AUC. A nivel internacional, muchos de quienes profesaban un interés por Colombia tacharon la ley propuesta como poco más que la sanción legal de la impunidad. No obstante, al castigar con penas de prisión insignificantes crímenes de lesa humanidad…
p. 295

09El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 117, 1654 citas

[10]
negociación con los paramilitares constituye uno de los hitos fundamentales de la actuación del Estado en relación con los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. La discusión que condujo a la adopción de esta Ley, y los debates posteriores relativos a su implementación, marcaron la…
p. 165

[11]
negociación con los paramilitares constituye uno de los hitos fundamentales de la actuación del Estado en relación con los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. La discusión que condujo a la adopción de esta Ley, y los debates posteriores relativos a su implementación, marcaron la…
p. 165

[14]
a la justicia. Pero también puso en evidencia sus limitaciones y la necesidad de apostarle a la defensa de derechos humanos desde un abordaje interdisciplinario. Fue así como las movilizaciones por la justi- cia incorporaron enfoques de otras disciplinas para visibilizar y reconocer a las víctimas como sujetos…
p. 117

[15]
a la justicia. Pero también puso en evidencia sus limitaciones y la necesidad de apostarle a la defensa de derechos humanos desde un abordaje interdisciplinario. Fue así como las movilizaciones por la justi- cia incorporaron enfoques de otras disciplinas para visibilizar y reconocer a las víctimas como sujetos…
p. 117

10Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 3551 cita

[12]
terms of this process, formal talks began in May 2004. The government set up a zone consisting of 368 square kilometers in Santa Fe de Ralito, Cordoba, to relocate demobilized paramilitaries 261 Colombia: A Country Study and conduct the talks, and an Organization of American States (OAS) mission came to verify this…
p. 355

11Colombia Elites and Organized CrimeHannah Stone · p. 621 cita

[13]
as well. In June 2006, t he Peace and Justice Law of 2005, introduced by President Álvaro Uribe and approved by Congress as a way to facilitate demobilization of the AUC, was modified: the Constitutional Court ruled that if paramilitary leaders did not fully cooperate in telling t he truth about their criminal…
p. 62

12Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 871 cita

[16]
diplomática para convencer a la Comunidad Internacional, de lo bien fundado de su «Seguridad Democrática» y del proceso de paz con los narco-para-militares. Pero sin nombrar los puntos más polémicos de ese proceso de paz y causa de una de las mas grandes preocupaciones del pueblo colombiano, a saber: A) Estatuto…
p. 87

13Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 871 cita

[17]
diplomática para convencer a la Comunidad Internacional, de lo bien fundado de su «Seguridad Democrática» y del proceso de paz con los narco-para-militares. Pero sin nombrar los puntos más polémicos de ese proceso de paz y causa de una de las mas grandes preocupaciones del pueblo colombiano, a saber: A) Estatuto…
p. 87

14Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 1971 cita

[18]
Humanos, Bogotá, 27 de junio de 2005. Entre las críticas señaladas a la ley reseñamos en forma resumida: 1. No se estimulan acuerdos colectivos para que cesen las hostilidades, abandonen las armas y desmonten efectivamente las estructuras ilegales, por lo cual sin comprometer acuerdos integrales y firmes, se ofrecen…
p. 197

15Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en ColombiaClaudia Cecilia Ramírez Cardona (coord.); Andrea González Rojas; Constanza Clavijo Velasco; Carmen Alicia Mestizo Castillo; Belén Pérez González · 2007 · p. 711 cita

[19]
aceptados por Colombia (artícu lo 9 CP.), el Estatuto de Roma, y nuestro ordenamiento constitucional, que sólo permite la amnistía o el indulto para delitos políticos y con el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar (artículo 150. numeral 17 de la CP.), no admi ten el otorgamiento de auto amnistías, amnistías…
p. 71

16Orden y libertad. Economía política del castigo en Colombia y LatinoaméricaManuel Iturralde · 2022 · p. 1821 cita

[22]
Manuel Iturralde se aplicarían y se controlaría su cumplimiento; por lo tanto, no hay razón para creer que constituirían un castigo significativo a la luz de la gravedad de los crímenes. 41 Tanto los partidarios como los oponentes del acuerdo de paz emplearon el OJT antiimpunidad para cimentar sus posicio- nes, y…
p. 182

17Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas. Tomo IVCentro Nacional de Memoria Histórica; Luz Marina Monzón Cifuentes (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 1081 cita

[23]
Externado de Colombia, Bogotá. 140 Fiscalía General de la Nación. Origen de la Unidad. Recuperado de http:// www. fi scalia.gov.co: 8080 /justiciapaz/Origen.htm 110 Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas de los desaparecidos no permite ver de qué manera se está ofre-…
p. 108

18Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 3851 cita

[25]
de 2005 prevé igualmente el otorgamiento de la pena alternativa de 5 a 8 años a los casos de los “postulados” procesados y/o condenados por la jurisdicción penal ordinaria, como es el caso del jefe paramilitar alias “Carlos Tijeras”. Para tales efectos, la Ley de Justicia y Paz establece que estas conde- nas dictadas…
p. 385

19Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 1391 cita

[26]
ar- mas a grupos de justicia privada y a la res- ponsabilidad estatal en el favorecimiento del paramilitarismo a través de políticas le- gislativas, así como por el apoyo de sectores estatales, especialmente de la fuerza públi- ca. Dicha versión coincide con lo probado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos…
p. 139

20Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 430, 4382 citas

[27]
Negociar con los paramilitares, documento del International Crisis Group, 16 de septiembre de 2003. 11 Memorias de las reuniones de comandantes y con el Alto Comisionado de Paz, 11 y 12 de noviembre de 2002. Primera parte: Reunión de Comandantes. 12 Como lo publicó VerdadAbierta.com en La Impunidad ronda crímenes del…
p. 438

[37]
de la fuerza pública fueron necesarios para el traslado de los 58 paramilitares» detenidos en La Ceja a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo que se iban a fugar y por eso la súbita movida. Además explicó que seguían delinquiendo desde la cárcel. No obstante, y aunque…
p. 430

21Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 1321 cita

[28]
parecían tareas convergentes. Se politizaba la criminalidad de los paramilitares, asociándola al delito de sedición, y por consiguiente se la hacía negociable; mientras se criminalizaba a la insurgencia como “amenaza terrorista”, y su agenda se convertía en no negociable. En suma, se pueden destacar los siguientes…
p. 132

22Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 270, 4492 citas

[29]
la Ley 975 de 2005. En ese contexto, se puede entender que las AUC puedan ser caracterizadas de mejor manera como una alianza coyuntural de señores de la guerra y narcotraficantes, que por separado terminaron negociando con el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, su trán - sito a la legalidad. 386 383 Entrevista…
p. 270

[58]
integrantes de la Fiscalía y el CTI. Estos contribuyeron a la dinámica de «legalización» de cadáveres, certificando pruebas falsas, implantando evidencia fraudulenta y generando un esquema de impu - nidad para que la maquinaria de muerte se siguiera cometiendo hasta llegar al menos a 6.402 víctimas entre los años 2002…
p. 449

23Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 56, 1942 citas

[30]
- ño, Magdalena Medio y Bajo Cauca), están en etapa de versiones libres. Los dos primeros a cargo de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, Julián Bolívar con audiencia conjunta de imputación el 9 de febrero de 2011 y Ernesto Báez en audiencia de formulación de cargos que fue aplazada el 26 de abril de 2010. Por su…
p. 56

[31]
la Unidad de Justicia y Paz, en los que dijo que el oficial participó en los homicidios de María Ruth Granados, Virginia Contreras Granados y José Antonio Granados, quienes informa - ban a las autoridades sobre los movimientos de los paramilitares, y que tenía presuntas relaciones con el ELN (El Espectador, 13 de…
p. 194

24Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 3401 cita

[32]
Calima, Bananero, Centauros, Tolima, Cundinamarca, Central Bolívar y Vencedores de Arauca y a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y del Meta y Vichada. A siete de los diez y seis máximos representantes se les han imputado parcialmente cargos: Edwar Cobo Téllez (Montes de María), Freddy Rendón (Élmer…
p. 340

25Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez · 2014 · p. 1071 cita

[33]
paramilitares En la madrugada del 13 de mayo de 2008, y de manera sorpresiva, el Gobierno colombiano levantó la suspensión de extradición de los líde - res paramilitares desmovilizados (incluidos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, y once cabecillas más) y ordenó su traslado inmediato a Estados Unidos. La gráfica…
p. 107

26The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 2441 cita

[34]
closed following the accusation that it was operating as the political wing of Don Berna’s Oficina de Envigado drug network. 17. Along with other thirteen leaders of the paramilitaries, Don Berna was extradited to the United States in May 2008. EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:30:29 PM…
p. 244

27Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 3611 cita

[38]
la ley por seguir delinquiendo e, incluso, fueron extraditados a los Esta- dos Unidos; algunos otros no se desmovilizaron y tampoco cumplieron penas de privación de la libertad; y unos últimos fueron asesinados por diferentes razones. La idea en esta sección es revisar el panorama de lo que pasó con los comandantes…
p. 361

28Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 479, 4833 citas

[39]
a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…
p. 479

[41]
a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…
p. 479

[46]
fue asesinado en Cúcuta (El Espectador, 2011, 3 de agosto, “La salida de ‘Cuco’”). A esta declaración se sumó la de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien afirmó que no había garantías para él y su familia, la cual estaba amenazada (El Espectador, 2010, diciembre 13, “´Don Berna´ reitera que no declarará más…
p. 483

29«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 31, 342 citas

[40]
Justicia. De este modo, la dimensión real de las violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo de los años por los paramilitares, así como el papel fundamental desempeñado por las fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y destacadas personalidades de la política y del mundo empresarial en estos delitos,…
p. 34

[68]
LA POBLACIÓN CIVIL, VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DE COLOMBIA | 29 muerte desde diciembre de 2006, se cree que debido a su labor como representante de supervivientes de violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares en la vista del proceso de desmovilización sobre el dirigente paramilitar…
p. 31

30Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 166, 1742 citas

[42]
ridades colombianas” (Reyes, 2011, p. 373). Del mismo modo que la extradi- ción siempre ha sido temida por los narcotraficantes colombianos, grupos defensores de derechos humanos y de la oposición criticaron estas extradi- ciones porque, como se acaba de ver, reducen la posibilidad de hacer justicia sobre crímenes de…
p. 174

[43]
colombianas” (Reyes, 2011, p. 373). Del mismo modo que la extradi ción siempre ha sido temida por los narcotraficantcs colombianos, grupos defensores de derechos humanos y de la oposición criticaron estas extradi ciones porque, como se acaba de ver, reducen la posibilidad de hacer justicia sobre crímenes de lesa…
p. 166

31Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 144, 1484 citas

[44]
restrictions imposed by the Federal Bu- reau of Prisons. It questioned as well as the denial of at least one visa for a Justice and Peace prosecu tor scheduled to preside over the voluntary state- ments in the United States. 46 In a communication dated July 19, 2010, Gary G. Grindler, assistant at- torney general of…
p. 144

[45]
restrictions imposed by the Federal Bu- reau of Prisons. It questioned as well as the denial of at least one visa for a Justice and Peace prosecu tor scheduled to preside over the voluntary state- ments in the United States. 46 In a communication dated July 19, 2010, Gary G. Grindler, assistant at- torney general of…
p. 144

[52]
the new criminal bands. Both of these phe- nomena support Valencia’s thesis. Po liti cal scientist Claudia López furnished a logical connection between this chapter and the next with her analysis of the hidden relationships that the Law of Justice and Peace found throughout the “legitimate” system. She describes the…
p. 148

[53]
the new criminal bands. Both of these phe- nomena support Valencia’s thesis. Po liti cal scientist Claudia López furnished a logical connection between this chapter and the next with her analysis of the hidden relationships that the Law of Justice and Peace found throughout the “legitimate” system. She describes the…
p. 148

32Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 321 cita

[47]
de las AUC en el Congreso colombiano. Para 2001, “las AUC quizá alcanzaron a tener treinta mil hombres armados a su disposición en distintos bloques” (Acemoglu, Daron y Robinson, James, 2012, página 444). Estos mismos autores relatan un hecho relevante en los términos del fenómeno que posteriormente se conocería como…
p. 32

33Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1601 cita

[48]
y ejes explicativos sobre el paramilitarismo en los informes del CNMH y en la producción académica fue un fenómeno exclusivamente “costeño” o “paisa”. También figuran departamentos como Tolima, Caldas, Norte de Santander y Boyacá. 4. Si bien las acciones judiciales emprendidas por la Corte Su- prema de Justicia, en…
p. 160

34Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1371 cita

[49]
Con el diablo adentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder, 289. 439 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. 2/12/2010. MP: Uldi Teresa Jiménez López. Sentencia en contra de Jorge Iván Laverde Zapata. Radicado: 110016000253200680281. 440 Ibíd. 441 Ibíd. 138 fiflćflThxiff fffl.…
p. 137

35Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1441 cita

[50]
significativos de las AUC junto con más de 50 políticos entre senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores cuyo último propósito no era otro que el refundar el Estado. El nombre viene del corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, y donde toman especial relevancia muchos nombres de la política…
p. 144

36Herederos del mal. Clanes, mafias y mermelada. Congreso 2014-2018León Valencia, Ariel Ávila Martínez · 2014 · p. 1461 cita

[51]
Parapolftica un roceso... p~sar a manos de Ia justicia inte,rnaci~nal C JUdiCia·l· de caracter nacional que puede Pag. 15.. orporaCion Nuevo Area Iris. Bogota. 2009. 254. Ariel Avila. 294 Los senadores Despues de las capturas la gran mayoria de los parapoliticos apo- yaron en las elecciones siguientes a familiares o…
p. 146

37Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1891 cita

[54]
que los anteriores ejemplos, hasta dónde estaba dispuesto a ir el Gobierno en su afán por satisfacer sus propios intereses: magistrados de las Altas Cortes, periodistas y políticos de la oposición, académicos, intelec- tuales, fueron objeto de seguimientos ilegales por parte de agencias estatales para calumniarlos e…
p. 189

38Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 969, 11332 citas

[55]
paramilitares para el desarrollo de campañas electorales y el ejercicio de cargos públicos y cargos de elección popular, logró penetrar en importantes sectores del Estado; fue muy impor- tante su incidencia en el ámbito local y regional, y también alcanzó niveles del poder central en la rama legislativa. Los grupos…
p. 969

[62]
contra de desmoviliza- dos del Bloque Calima, Jesús Duque Gómez y Rómulo David Gutiérrez. Magistrada ponente: María Isabel Arango Henao. 12 de abril de 2021. https:// www.ramajudicial.gov.co/documents/6342975/6634902/2021.04.12-sen- tencia-bloque-metro-fortunato-duque-gomez-y-romulo-david-gutierrez-.pdf/…
p. 1133

39Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 76, 802 citas

[56]
de interés hacia la responsabilidad del Estado y, lo más importante, se comenzó a visibilizar a las víctimas como nunca antes había acontecido en nuestra larga confronta- ción armada (CNMH, 2012 -a). A las vicisitudes del proceso por cuenta de su poca legitimidad, a las polémicas sobre el marco jurídico para facilitar…
p. 80

[74]
a su colapso. Ante esta situación el Gobierno intentó distraer la discusión en la opinión pública con un señuelo que acaparó el debate: la inminencia de la derrota militar de las FARC (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). Los paramilitares consideraron que los acuerdos y los bene- fi cios de la desmovilización se habían…
p. 76

40No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4941 cita

[57]
mío, cómo sufriría mi hermanito, un niño de diecisiete años, cómo suplicaría, cómo les imploraría. Eso me ha dado esa fuerza para seguir [pidiendo] verdades, para que nos entreguen esa verdad que nunca nos han entregado. ¿Para qué sirvió Justicia y Paz? porque no nos entregaron la verdad, no nos han entregado aquí en…
p. 494

41La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 4811 cita

[59]
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Sala de Justicia y Paz. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Sala de Justicia y Paz. (2019). Sentencia Parcial contra Carlos José Ospino Pacheco, Alcides Manuel Mattos Tabares, José Aristides Peinado Martínez, Eduardo Segun- do Rico Polo, Sixto Arturo…
p. 481

42Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 7461 cita

[60]
Primera Instancia Jorge Barranco y otros. Medellín, Antioquia, 23 de abril de 2015. Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. Sentencia condenatoria. Postulado: Ferney Alberto Argumedo Torres. Recuperado de: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/…
p. 746

43La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 525, 5292 citas

[61]
la Ley 975 de 2005. Entre el 5 de junio de 2007 y el 22 de febrero de 2008, Giraldo participó de las audiencias de versión libre previstas por el mecanismo, mientras se encontraba privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Barranquilla, antes de su extradición a Estados Unidos en mayo de 2008. Giraldo contaba desde…
p. 529

[76]
y Paz, por lo que reco- bró su libertad en 2016. Al salir de la cárcel habría conformado una orga- nización armada en el corregimiento El Palmor del municipio de Ciéna- ga, Magdalena. Esta organización ha sido reconocida por las autoridades como una de las que comanda el negocio del narcotráfico en esa región. Resulta…
p. 525

44El modelo paramilitar de San Juan Bosco de La Verde y ChucuríÁlvaro Villarraga Sarmiento, Camilo Ernesto Villamizar Hernández · 2019 · p. 92 citas

[63]
amor eficaz --------------------------------------- 10.5. La Casa de la Memoria de San Vicente -------------------------------- 10.6. Otras iniciativas de memoria, paz y reconciliación ------------------ CONCLUSIONES --------------------------------------------------------------- REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA…
p. 9

[64]
amor eficaz --------------------------------------- 10.5. La Casa de la Memoria de San Vicente -------------------------------- 10.6. Otras iniciativas de memoria, paz y reconciliación ------------------ CONCLUSIONES --------------------------------------------------------------- REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA…
p. 9

45Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?Gonzalo Sánchez Gómez, Iván Orozco Abad, Álvaro Villarraga Sarmiento, Luis Carlos Sánchez Díaz, Patricia Linares Prieto, María Consuelo Ramírez Giraldo, Angelika Rettberg Beil, Laura Otálora Cuenca, Irina Mago Cordido, Paola Ximena Silva Cortés · 2012 · p. 12, 452 citas

[65]
general. Las muestras de Víctimas Organizadas y Expertos encuestados 3 permiten identificar consensos y contrastes en las tendencias de opinión, y evidencian los comportamientos de quienes tienen una experiencia o conocimiento, sobre estos aspectos de la realidad colombiana, distintos a los del individuo promedio de…
p. 12

[67]
general, a los exparamilitares del proceso de Justicia y Paz han dicho la verdad porque esa es la única manera que tienen para obtener los beneficios prometidos por la ley E n general, a los exparamilitares del proceso de Justicia y Paz han dicho muchas mentiras porque quieren vengarse del Estado que les prometió…
p. 45

46La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2641 cita

[66]
es parte de ese vínculo con mi tierra natal, me recuerda las montañas, la alegría y persistencia de mi gente, es parte de mi promesa de retorno, uno que no llega, que se aleja y que aún duele… porque ¿dónde está la esperanza? Cuando las noticias la bombardean y la encierran, ahí está a la mañana alumbrada por el sol,…
p. 264

47Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 2731 cita

[69]
de acciones que hayan transgredido la legislación penal, reali- zadas por grupos armados al margen de la ley, entre ellas las víctimas de desplazamiento forzado, adquirieron el derecho (que posteriormente la Corte Constitucional catalogó como fundamental) a la reparación. Este derecho a la reparación fue definido de…
p. 273

48Género y memoria histórica. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoLina María Céspedes-Báez · 2018 · p. 111 cita

[70]
Tierras. En abier- to contraste con las regulaciones anteriores del conflicto, esta nor- ma pretendió ofrecer mecanismos e instituciones para identificar 12 Género y memoria histórica Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico y reparar todos los daños derivados de los “hechos ocurridos a partir…
p. 11

49Guerras, paces y vidas entrelazadas: coexistencia y relaciones locales entre víctimas, excombatientes y comunidades en ColombiaJuan Diego Prieto Sanabria · 2012 · p. 26, 292 citas

[71]
despojo de bienes), la gran mayoría de las víctimas son de escasos recursos y tienen niveles de escolaridad bajos (Fun- dación Social 2009; Rettberg 2008). En la mayoría de los casos, la victimiza- ción ha empeorado seriamente y de manera sostenida su situación económica (Ibáñez 2008). Por otra parte, la situación de…
p. 29

[78]
para quienes formulan e implementan políticas al respecto. 1.2.2. La justicia transicional y la hora de las víctimas En segundo lugar, las negociaciones con las auc iniciaron una especie de pro- ceso de justicia transicional en el marco de la Ley de Justicia y Paz (véase Res- trepo y Bagley 2011). La justicia…
p. 26

50El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 3021 cita

[72]
se observó en los procesos ante las instancias de Justicia y Paz, meses antes de la desmovilización integrantes de este Bloque removieron los cadáveres de las víctimas de desaparición forzada que estaban sepultados en fosas comunes y desaparecieron a los desaparecidos: los arrojaron a los ríos. El haber conocido estos…
p. 302

51Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 1971 cita

[73]
repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión re- movidas, a fin de asegurar que tales crímenes no volverán a tener lugar (CConst, Sentencia T-821 de 2007, página 38). El no desmonte de esas estructuras se debe…
p. 197

52Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1531 cita

[75]
Prisoners, Corporación Reiniciar, Corporación Yira Castro, Foundation Manuel Cepeda, Asonal Judicial, the Inter-church Commission for Justice and Peace, CUT, Minga, Fundip, Eight Years After the Demobilization of the AUC 133 Asomujer, Tao and CODHES. A few specific individuals working with the Movement of Victims of…
p. 153

53Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 58, 1492 citas

[77]
un proce- so de resocialización, solo hasta finales de 2013, después de 7 años en prisión, el Inpec y el Ministerio de Justicia pusieron en marcha este tipo de programas en algunas de las cárceles. La prisión no se pensó nunca como un espacio de reconciliación, solo como unas instalacio- nes de las que los…
p. 58

[80]
Introducción y conocimientos previos: La docente presentará a los estudiantes el video ¿Qué dice el punto sobre Víctimas del Acuerdo de Paz? de la Oficina del alto Comisionado para la Paz (28:44 min). Actividades Los estudiantes se organizarán en grupos para responder las siguientes preguntas en sus bitácoras: ¿Qué es…
p. 149

54Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2023 · p. 2781 cita

[79]
Truth, Coexistence, and No- Repetition, on a temporary and extrajudicial basis, as part of the Comprehensive System of Truth, Jus- tice, Reparations, and No- Repetition—representing the significant institu- tional framework that took shape from the Peace Agreement. In this sense, in addition to the Commission for the…
p. 278

55La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 3821 cita

[81]
prisión entre quince y veinte años. Es un régimen sancionatorio especial, acordado para lograr la paz y dar tranquilidad a las víctimas, pero de ninguna manera —como queda visto— se trata de un régimen de impunidad. EL CUMPLIMIENTO DE UNA PROMESA A los militares y policías siempre les dije, desde cuando comenzamos las…
p. 382