Ensayo · Seguridad Democrática · 2002–2016
El pacifismo colombiano entre el Mandato de 1997 y el plebiscito de 2016
Entre los diez millones de votos del Mandato Ciudadano por la Paz de 1997 y el rechazo del Acuerdo de La Habana en el plebiscito de 2016, el pacifismo colombiano pasó de fuerza articuladora nacional a campo fracturado y desigualmente audible. La pregunta central es qué gobernó sus ascensos y reflujos: la agencia ciudadana y el cansancio bélico acumulado, o los dispositivos estatales de criminalización, la cooptación selectiva y los encuadres mediáticos que amplificaron unas indignaciones y bloquearon otras.
Orientación para entrar
La respuesta en breve
El cansancio bélico y los duelos acumulados fueron reales y sedimentaron una disposición social favorable a la salida negociada: sin ese sustrato, ni el Mandato Ciudadano por la Paz de octubre de 1997 —con más de diez millones de votos— ni el proceso de La Habana habrían sido pensables. Pero esa disposición fue canalizada por estructuras mediáticas, discursivas y estatales que amplificaron la indignación anti-FARC y antisecuestro mientras sofocaban la antiparamilitar, la de crímenes de Estado y la resistencia campesina caribeña, produciendo un consenso de paz más selectivo y manipulable de lo que su masividad aparente sugería. La fragilidad revelada en el plebiscito de 2016 no fue un accidente de campaña sino el síntoma de esa asimetría estructural: el pacifismo metropolitano nunca integró plenamente las tradiciones autónomas de resistencia territorial —comunidades de paz del Urabá, guardia indígena del Cauca, ATCC del Carare, laboratorios de paz del Magdalena Medio— que operaban con lógicas irreductibles a la opinión pública urbana.
La tensión central enfrenta una lectura culturalista y una estructural. La lectura culturalista sostiene que el pacifismo nació de abajo —Redepaz desde 1993, el Mandato propuesto bajo el artículo 3 constitucional para 'ordenar' la paz al gobierno, las comunidades de paz establecidas desde marzo de 1997, la guardia indígena reactivada en Piendamó en mayo de 1999— y que el proceso de La Habana fue la culminación institucional de una demanda social madurada durante veinte años, no un cálculo elitista de Santos. La lectura estructural replica que la marcha del 4 de febrero de 2008 —más de un millón de personas en Colombia y réplicas en más de doscientas ciudades del mundo— fue amplificada por medios y administraciones municipales con una eficacia que ninguna marcha antiparamilitar alcanzó, mientras la marcha del 6 de marzo de 2008 convocada por Iván Cepeda y el MOVICE para visibilizar a las víctimas de agentes estatales y paramilitares no obtuvo cobertura comparable; y que el gobierno de Uribe descalificó sistemáticamente a las ONG de derechos humanos, acusando a Amnistía Internacional de legitimar el terrorismo. Un tercer eje de debate concierne a la memoria: construida en Colombia en medio del conflicto activo —a diferencia de Argentina, donde se articuló tras el fin de la dictadura—, la memoria histórica se consolidó con la Ley de Justicia y Paz de 2005 en un campo que sus críticos consideraban simultáneamente reparador y blanqueador, mientras el asesinato de líderes como Judith Vergara Correa (Redepaz, Medellín, 23 de abril de 2007) y Yolanda Izquierdo (Montería, 31 de enero de 2007) durante el propio proceso de desmovilización paramilitar indicaba que el pacifismo operó atravesado por violencia selectiva, no en un vacío institucional.
Ensayo completo
La lectura
¿Qué gobernó los ascensos y reflujos del pacifismo colombiano entre 1997 y 2016: la agencia ciudadana o los dispositivos que la encuadraron?
Entre el Mandato Ciudadano por la Paz de octubre de 1997 —diez millones de votos depositados en un tarjetón adicional que ordenaba la paz al gobierno— y el rechazo del Acuerdo Final de La Habana en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana atravesó dos décadas en las que el pacifismo civil pasó de fuerza articuladora nacional a campo disputado, fracturado y desigualmente audible. La pregunta que ordena el período no es si hubo movilización por la paz —la hubo, masiva, sostenida, plural—, sino qué gobernó sus ascensos y sus reflujos. ¿Reveló la ciudadanía preferencias auténticas sedimentadas por el cansancio bélico? ¿O criminalizaciones estatales, encuadres mediáticos sesgados y cooptaciones selectivas jerarquizaron unas indignaciones y bloquearon otras? La respuesta no está en escoger uno de los dos polos, sino en describir cómo se enganchan.
De esa lectura depende cómo se interpreta la derrota del Sí en 2016. Si el consenso de paz era real, el resultado fue un accidente de campaña. Si era selectivo y frágil, el plebiscito reveló una asimetría estructural del propio pacifismo. Importa también porque los cientos de iniciativas civiles no armadas que Colombia generó desde los años noventa —las comunidades de paz del Urabá y el Pacífico, la guardia indígena del Cauca, la ATCC del Carare, los laboratorios de paz del Magdalena Medio, las más de ochocientas experiencias postuladas al Premio Nacional de Paz desde 1999— quedan mal descritas si se las subsume en un relato metropolitano de opinión pública. Y porque el asesinato persistente de líderes sociales durante el propio período de Justicia y Paz indica que el campo pacifista no operó en un vacío institucional, sino atravesado por violencia selectiva contra quienes lo encarnaban en las periferias.
Hay dos afirmaciones que conviene sostener a la vez. El cansancio bélico y los duelos acumulados fueron reales y sedimentaron una disposición social favorable a la salida negociada; sin ese sustrato, ni el Mandato de 1997 ni el proceso de La Habana habrían sido pensables. Pero esa disposición fue canalizada por estructuras mediáticas, discursivas y estatales que amplificaron unas indignaciones —la anti-FARC, la antisecuestro— mientras sofocaban otras —la antiparamilitar, la de crímenes de Estado, la campesina caribeña—, produciendo un consenso de paz más selectivo y manipulable de lo que su masividad aparente sugería. La fragilidad del plebiscito de 2016 no fue accidente: fue síntoma.
Dos lecturas en disputa
La primera, culturalista, subraya la agencia ciudadana. El Mandato de 1997, con sus diez millones de sufragios recogidos bajo la fórmula constitucional del artículo 3 —"la soberanía reside exclusivamente en el pueblo"— y del artículo 22 —"la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento"—, probaría que existía una voluntad social de paz previa a cualquier maniobra estatal. La proliferación de comunidades de paz desde marzo de 1997, la guardia indígena reactivada en Piendamó el 28 de mayo de 1999, la ATCC campesina del Carare, la Red Prodepaz vinculada al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio: todo indicaría que el pacifismo colombiano nació de abajo y se sostuvo por acumulación de duelos, no por diseño gubernamental. Leído así, el proceso de La Habana entre 2012 y 2016 sería la culminación institucional de una demanda social madurada durante veinte años.
La segunda lectura insiste en que las movilizaciones fueron habilitadas o bloqueadas según su compatibilidad con las agendas del bloque dominante. El 4 de febrero de 2008, más de un millón de personas marcharon en Colombia y en más de doscientas ciudades del mundo bajo la consigna del "No Más" a las FARC; la convocatoria surgió en redes sociales —Óscar Morales fue una figura visible—, pero la amplificaron medios y administraciones municipales con una eficacia que ninguna marcha antiparamilitar alcanzó jamás. La marcha del 6 de marzo de 2008, promovida por Iván Cepeda y el MOVICE para reconocer con igual convicción a las víctimas de agentes estatales y grupos paramilitares, no obtuvo ni una fracción de esa cobertura. La asimetría no fue casual: durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las ONG de derechos humanos fueron sistemáticamente descalificadas, Amnistía Internacional fue acusada de legitimar el terrorismo, y los informes sobre violaciones se rechazaban con argumentos similares.
Cada lectura tiene su fuerza. La culturalista acierta al negar que el pacifismo fuera invento de Santos: cuando este llegó al poder en 2010, ya existía un archipiélago de dos décadas de experiencias civiles de paz que hacía posible imaginar la negociación. La estructural acierta al mostrar que la visibilidad diferencial de esas experiencias respondía a jerarquías mediáticas y políticas, no a la mayor o menor legitimidad intrínseca de cada causa.
Del Mandato al Caguán, del Caguán al uribismo
El Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad de octubre de 1997 no cayó del cielo. Redepaz —la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra— había sido fundada en 1993 como coalición laxa de organizaciones de todo el país, con respaldo fuerte de la Iglesia Católica y participación de antiguos excombatientes en sus debates internos. Monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Socorro y San Gil, fue uno de sus promotores más activos. El nombre "Mandato" lo propuso Luis Carlos Restrepo apoyándose en el artículo 3 de la Constitución de 1991: la lógica era ordenar la paz al gobierno, no pedírsela como favor. El precedente inmediato había sido el Mandato de los Niños y Niñas por la Paz de 1996. Los diez millones de votos de octubre de 1997, coincidiendo con las elecciones locales, articularon a ONG, sectores eclesiales y organizaciones de sociedad civil en un momento excepcional de convergencia.
Ese sustrato hizo posible que Andrés Pastrana llegara a la presidencia con un mandato de paz explícito y abriera en 1998 el proceso del Caguán con las FARC-EP de Manuel Marulanda Vélez. Pero el proceso convocó a partidos políticos, empresarios, la Iglesia, Estados Unidos y la comunidad internacional, sin abrir espacios equivalentes para organizaciones de víctimas o sociedad civil organizada. Su cierre el 20 de febrero de 2002 fue el punto de inflexión. Uribe ganó la presidencia ese mismo año impulsado por su oposición al Caguán fracasado, y desde entonces —continuando un giro que Pastrana ya había iniciado— la idea de que la seguridad, alcanzable por confrontación militar, debía reemplazar a la paz negociada como prioridad estatal se instaló en la opinión pública.
Bajo el uribismo, el campo pacifista sufrió un doble movimiento. La práctica del secuestro por las FARC —con sus "pescas milagrosas" en retenes de vías principales, con casos emblemáticos como el de Ingrid Betancourt— erosionó de manera profunda y auténtica la simpatía social hacia la guerrilla. El costo político y material de esa práctica se volvió tan alto que las FARC comenzaron a disminuir el número de secuestrados después de 2007. Ese cansancio bélico frente a la guerrilla fue real, y la marcha del 4F de 2008 lo canalizó más que inventarlo.
El mismo período, sin embargo, fue de sistemática deslegitimación de la denuncia sobre crímenes de Estado y paramilitarismo. El uribismo representó a sectores que defendían el uso de cualquier método contra la subversión, incluidos militares acusados de graves violaciones de derechos humanos, y el gobierno tendía a desacreditar a los denunciantes tachándolos de terroristas o guerrilleros. Amnistía Internacional respondió públicamente que, en lugar de responder a las preocupaciones internacionales, el presidente atacaba a quienes defendían derechos humanos. En este marco, la marcha del 6 de marzo de 2008 —convocada apenas un mes después del 4F— fue tratada mediáticamente como sospechosa, cuando exigía exactamente lo mismo que la marcha celebrada como gesta ciudadana: el rechazo a la violencia.
La asimetría se traducía en cuerpos. Yolanda Izquierdo fue asesinada el 31 de enero de 2007 en la puerta de su casa en Montería por reclamar la restitución de tierras usurpadas por miembros de las AUC; su asesinato ocurrió durante el proceso mismo de Justicia y Paz iniciado con la Ley 975 de 2005, que ofrecía marco jurídico a la desmovilización paramilitar bajo el liderazgo de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Judith Vergara Correa, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre en la Comuna 13 de Medellín y miembro de Redepaz, fue asesinada el 23 de abril de 2007 mientras viajaba en un bus. Que estos casos no ocuparan portadas mientras el 4F sí lo hacía no fue accidente informativo: fue el modo concreto en que el dispositivo funcionó.
Las periferias que resistieron el encuadre
Y sin embargo, el dispositivo no fue omnipotente. Hubo tradiciones de resistencia civil territorial que operaron con lógicas autónomas irreductibles al pacifismo metropolitano.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, se estableció en marzo de 1997 con cerca de 1.400 miembros como experimento radical de neutralidad activa: ni las FARC ni el ejército podían entrar a la zona, nadie podía portar armas, ningún actor armado podía exigir colaboración. El padre Javier Giraldo la acompañó como una de sus voces más constantes. En el Pacífico chocoano, comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas se constituyeron como comunidades de paz reclamando a los actores armados respeto por su área de vivienda y trabajo, el derecho a no participar en las hostilidades y autonomía para sus proyectos de desarrollo. El principio jurídico invocado fue doble: la distinción entre civiles y combatientes del Derecho Internacional Humanitario, y el artículo 22 de la Constitución de 1991.
La guardia indígena del Cauca enfrenta a los actores armados sin armas, solo con persuasión y diálogo. El ciclo actual de resistencia se inauguró el 28 de mayo de 1999 en Piendamó, cuando manifestantes expulsaron a una columna de las FARC que pretendía sumarse a un acto de protesta civil contra el gobierno; el gesto fue definitorio, porque afirmaba que la neutralidad indígena valía frente a todos los armados. En el Carare, la ATCC surgió como reacción del campesinado a una violencia a gran escala iniciada en los años setenta, en la que fuerzas estatales, paramilitares y guerrillas tuvieron responsabilidad y en la que los campesinos eran víctimas tanto del ejército como de la guerrilla. En el Magdalena Medio —región de débil y precaria presencia estatal, cuyo vacío llenaron el ELN y las AUC—, el PDPMM articuló núcleos de pobladores que convocaban a campesinos, mujeres, radios comunitarias y funcionarios públicos, con dinámicas que iban tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo.
Lo que distingue a estas experiencias del pacifismo metropolitano es que son actos políticos de autodeterminación, no expresiones de opinión. No dependían de la cobertura mediática para existir, aunque esa cobertura selectiva —al invisibilizarlas o subordinarlas a las agendas dominantes— les impidiera pesar en el debate nacional lo que su densidad organizativa habría permitido. La resistencia campesina del Caribe, cuando emerge en episodios como el motín de La Jagua de Ibirico en 2007 —tras la desmovilización de bloques paramilitares que había mantenido reprimida la protesta social—, revela que la desmovilización liberó energías contenciosas acumuladas y redibujó el mapa de la movilización caribeña, aunque los grandes medios andinos apenas lo registraran.
La memoria construida bajo fuego
Un elemento distingue el caso colombiano: aquí el campo de la memoria histórica se construyó en medio del conflicto activo, no después. El contraste con Argentina, donde la memoria pudo articularse plenamente tras el fin de la dictadura y las Madres de Plaza de Mayo dieron a la protesta cívica una forma icónica, es útil sobre todo para señalar una perversión colombiana: esas imágenes convencionalmente asociadas a víctimas y oprimidos —marchas, pancartas, consignas— fueron después apropiadas y resignificadas por paramilitares desmovilizados de las AUC.
El proyecto Colombia Nunca Más comenzó en 1996 con el propósito de visibilizar y denunciar crímenes que no recibían atención de la justicia. Los encuentros de víctimas de la primera década del 2000 generaron reflexiones y articulaciones que contribuyeron a procesos de visibilización, aunque atribuir directamente a esa genealogía la conformación del MOVICE en 2005 —en pleno contexto de negociaciones con las AUC— exige más matiz. La adopción de la Ley 975 de 2005 fue el momento en que las luchas dispersas por la memoria pudieron articularse en un campo común. Que ese campo se consolidara justo cuando la desmovilización paramilitar avanzaba ilustra el modo específico en que la memoria colombiana nació entrelazada con dispositivos legales que, para sus críticos, servían tanto para reparar como para blanquear.
Dentro del propio pacifismo, tampoco faltaron tensiones. En las redes de paz de los años noventa se debatió si las violaciones cometidas por la guerrilla debían visibilizarse con la misma fuerza que las de agentes estatales y paramilitares; el consenso no fue automático ni universal. Esa tensión interna es parte del cuadro: el pacifismo colombiano nunca fue monolítico, y sus fracturas internas ayudan a explicar por qué su respuesta al uribismo fue desigual.
El plebiscito como síntoma
El viraje del Caguán a La Habana entre 2002 y 2012 no puede explicarse como cálculo elitista de Santos: sin la sedimentación cultural producida por dos décadas de movilizaciones, comunidades de paz, mandatos ciudadanos y duelos acumulados —desde el Mandato de 1997 hasta las tragedias emblemáticas como Bojayá en 2002 o los desplazamientos masivos de Montes de María—, la sociedad colombiana no habría estado en condiciones de imaginar la negociación. La agencia ciudadana es innegable, y descartarla como epifenómeno gubernamental sería tan reduccionista como afirmar que el 4F fue puro montaje mediático.
Pero es igualmente innegable que las oportunidades mediáticas y políticas se abrieron con sesgo sistemático. La marcha del 4F fue posible porque convergieron el rechazo real al secuestro, la infraestructura de las redes sociales convocada por Morales, la amplificación de administraciones municipales, la cobertura mediática saturante y una agenda gubernamental que veía en la deslegitimación de las FARC un objetivo estratégico. La marcha del 6 de marzo careció de todos esos multiplicadores. La indignación contra el paramilitarismo encontró bloqueos adicionales por la cercanía de ese fenómeno a élites locales de regiones como el Cesar, Córdoba o Urabá, donde denunciar era romper el tejido político y económico dominante.
El plebiscito del 2 de octubre de 2016 fue la prueba retrospectiva de esa fragilidad. La campaña por el No, cuyo coordinador admitió haber usado medias verdades y falsas noticias para confundir a la opinión pública, se valió de fórmulas breves y emotivas: la afirmación falsa de que los guerrilleros recibirían 1.800.000 pesos mensuales sin condición alguna, la exasperación del rencor, el estímulo de la revancha, la exigencia de castigo. Defender el Acuerdo, en cambio, exigía remitirse a un texto técnico y extenso. El Eje Cafetero rechazó el Acuerdo con márgenes superiores al promedio: 60,13% en Quindío, 57,9% en Caldas, 55,69% en Risaralda.
¿Cómo entender que el consenso anti-FARC de 2008 no se tradujera en apoyo al Acuerdo que efectivamente derrotaba a las FARC como amenaza militar en 2016? La indignación había sido movilizada, no elaborada. La ingeniería emocional del No derrotó al Sí porque el pacifismo metropolitano nunca hizo la pedagogía política necesaria para que su masividad emocional se convirtiera en decisión reflexiva. Los diez millones del Mandato de 1997 no lograron traducirse en los diez millones necesarios veinte años después.
El reflujo del movimiento de paz entre 2002 y 2010 tampoco fue espontáneo. Combinó criminalización discursiva —la descalificación de ONG, el ataque a Amnistía Internacional, el trato de terrorista al denunciante— con cooptación selectiva de aquellas agendas de paz compatibles con la Seguridad Democrática. El asesinato de líderes sociales durante el propio proceso de Justicia y Paz mostró que el dispositivo no operaba solo en el plano discursivo, sino también en el material.
Y aquí una corrección al argumento estructuralista puro: el dispositivo no fue total. Las comunidades de paz siguieron existiendo. La guardia indígena del Cauca siguió patrullando. La ATCC del Carare siguió negociando con actores armados. Los laboratorios de paz siguieron articulando escalas locales, regionales, nacionales e internacionales. Estas tradiciones territoriales de resistencia civil, sostenidas por marcos jurídicos y por tradiciones comunitarias propias, no fueron cooptadas ni destruidas. Su existencia demuestra que el pacifismo colombiano fue plural y que la asimetría del encuadre dominante convivió con una pluralidad de pacifismos locales irreductibles al debate mediático de Bogotá o Medellín.
En La Habana, entre 2012 y 2016, esa pluralidad se hizo visible parcialmente. Se garantizó la participación de víctimas de diversa condición, aunque un reducido sector de víctimas de la guerrilla prefirió marginarse por considerar que se les debía privilegiar. Organizaciones como Muvidesfor, de mujeres víctimas del departamento de Amazonas, hicieron incidencia para que su región fuera reconocida como víctima. El ACNUR y el Gobierno de Colombia facilitaron la participación de refugiados. Y sin embargo, en el debate posterior se señaló también que la participación de la sociedad civil fue percibida por sectores críticos como una falacia, y que quienes negociaron los términos fueron grupos de poder con escasa preocupación por el ciudadano común, el campesino sin tierra o los pobres. La crítica es desmedida, pero no arbitraria: la Ley 1448 hizo posibles espacios plurales de participación, pero la representación efectiva de las periferias en la mesa siempre fue proporcionalmente menor a su peso victimizante en el conflicto.
Ni pura agencia ciudadana ni puro dispositivo estatal-mediático: un enganche desigual entre ambos, con un centro urbano-mediático que amplificó selectivamente unas indignaciones y sofocó otras, y con periferias territoriales que sostuvieron tradiciones de resistencia civil que el encuadre dominante nunca logró cooptar. La Habana fue posible por la sedimentación de esa dualidad; el plebiscito fracasó por la misma. Escuchar a las propias periferias antes de que otra urna venga a preguntarlo por la peor vía es la tarea pendiente que este arco deposita en el presente.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
54 documentos · 63 fragmentos de referencia01Counting the Dead: The Culture and Politics of Human Rights Activism in ColombiaWinifred Tate · 2007 · p. 87, 3282 fragmentos
[1]U.N. missions that were being slowly phased out of Central America following the culmination of peace treaties in El Salvador and Guatemala; for several years Colombia was rumored to possibly be the next large-scale mission should peace talks succeed. 43 Despite an important attempt to build alliances within the human…
p. 87
[55]be received (Love- man 1998: 506). In Argentina the Catholic Church displayed an ambivalent atti- tude toward the military government, and the country lacked the embedded activist networks found in Chile. Because of abuses and the erosion of legal rights as a result of precoup counterinsurgency efforts against…
p. 328
02Seminario los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las ciudades regiones. Propuestas en siete ciudades-regiones de Colombia: Barrancabermeja (Magdalena Medio), Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Pasto (Nariño), Sincelejo (Montes de María), Tibú (Catatumbo) y Bogotá DCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 95, 992 fragmentos
[2]primera generación sino que requieren que la propuesta de la carta constitucional de un Estado social y democrático de derecho pase por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. De manera casi paralela comenzó a crecer en el país la conciencia y movilización en torno a la necesidad de…
p. 99
[36]seminario, tales como: Observatorio de Seguridad Humana, grupo de investigación adscrito a la Universidad de Antioquia; docentes de las universidades Autónoma Latinoamericana y Remington; la Unidad Municipal de Víctimas; Instituto Popular de Capacitación; el Museo Casa de la Memoria, el Programa Preparémonos para la…
p. 95
03Una Colombia que nos quedaLinsu Fonseca · 2007 · p. 2261 fragmento
[3]Latinoamericana de Presidentes. Nosotros sabíamos de la cumbre, pero la cumbre no te nía idea de que nosotros existíamos, éramos muy ilusos porque tenía mos mucho entusiasmo y ganas de incidir, pero ni siquiera teníamos para pagar el pasaje: los que estuvimos fue autofinanciados. En Cartagena terminamos hablando en el…
p. 226
04Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 288, 3252 fragmentos
[4]artículo 3, que afirma que «la soberanía reside exclusivamente en el pueblo», y el artículo 22, que establece que «la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». En 1997, con base en esas dos premisas, se construyó uno de los hitos más importantes de la movilización social por la paz en el país: el…
p. 325
[15]participar en la guerra, ni convivir o colaborar con ningún actor armado de ninguna tendencia, constituyéndose en comunidades de paz 866. De sde allí, han apostado por reconstruir el tejido social que la violencia afecta y han desarrollado iniciativas que recurren a lo comunitario, a la solidaridad, a la cooperación y…
p. 288
05Granada: Memorias de guerra, resistencia y reconstrucciónMarta Inés Villa Martínez, Laura Cartagena Benítez, Fernando Valencia Rivera · 2016 · p. 801 fragmento
[5]datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 2014. Durante estas mismas elecciones, en octubre de 1997, se depo- sitaron aproximadamente 10 millones de votos en favor de una salida negociada del con fl icto armado por convocatoria hecha por el Mandato Ciudadano por la Paz. El tema de la negociación del con fl…
p. 80
06Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 1502 fragmentos
[6]Justicia y Paz, los desmovilizados deben declarar bajo gravedad de juramento su compromiso de cumplir con los requisitos de elegibilidad allí establecidos 49 (La Comisión, 2007). Otro evento que extraña dentro del proceso es que persiste el asesinato selec- tivo de los lideres barriales, comunales y de representantes…
p. 150
[7]Justicia y Paz, los desmovilizados deben declarar bajo gravedad de juramento su compromiso de cumplir con los requisitos de elegibilidad allí establecidos 49 (La Comisión, 2007). Otro evento que extraña dentro del proceso es que persiste el asesinato selec- tivo de los lideres barriales, comunales y de representantes…
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07Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 4111 fragmento
[8]Estado. MEDELLÍN: MEMORIAS DE UNA GUERRA URBANA 412 nos 193. La primera, de carácter nacional, conocida también como “marcha contra las FARC” o la “marcha del No Más” fue uno de los eventos más recordados por lo multitudinaria y en la que se pudo advertir la capaci- dad de convocatoria desde las redes sociales. Mirada…
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08Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 371 fragmento
[9]– the local population – withdraws its “solidarity” (see Johnson, 1966: 162–3). The FARC-EP, as the longest-running and most powerful guerrilla movement in Latin American history, illustrates how community support has helped to enabled its continuity (see Brittain, 2005c: 36; Petras and Morley, 2003: 101–2; Petras and…
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09Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 2641 fragmento
[10]el país en los últimos años. Las movilizaciones en las que participaron más de un millón de personas en ciudades y pueblos fueron convocadas y organizadas a través de las redes sociales, los medios de comunicación y las ad- ministraciones municipales de gran parte de los pequeños pobla- dos de Colombia. Sin duda, su…
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10Guerrilla Marketing: Counterinsurgency and Capitalism in ColombiaAlexander L. Fattal · 2018 · p. 661 fragmento
[11]a global mobilization denouncing the FARC in more than two hundred cities-a defining moment in the group 's political isolation. s 4 The FARC, like the Medellfn cartel and the M19, transformed kid- napping into a form of spectacle. But unlike those groups, its practice of hostage taking provoked an unambiguous…
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11El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 133, 1374 fragmentos
[12]había sido instrumentali- zada por el Gobierno con fi nes políticos. Aunque las marchas convocadas en los años noventa en contra del secuestro fueron cuestionadas por la invisibilización de la des- aparición forzada, la marcha del 4 de febrero de 2008 contribuyó a profundizar la desigualdad con la que la sociedad…
p. 137
[13]había sido instrumentali- zada por el Gobierno con fi nes políticos. Aunque las marchas convocadas en los años noventa en contra del secuestro fueron cuestionadas por la invisibilización de la des- aparición forzada, la marcha del 4 de febrero de 2008 contribuyó a profundizar la desigualdad con la que la sociedad…
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[23]funcionarios públicos frente a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuer- za pública presentadas como muertes de guerrilleros en combate, en el sentido de negar los hechos (que fueran ejecuciones extrajudiciales), que su magnitud fuera la denunciada (alegando que eran casos aislados), e…
p. 133
[24]funcionarios públicos frente a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuer- za pública presentadas como muertes de guerrilleros en combate, en el sentido de negar los hechos (que fueran ejecuciones extrajudiciales), que su magnitud fuera la denunciada (alegando que eran casos aislados), e…
p. 133
12Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 1761 fragmento
[14]de secuestro basado en cierta inteligencia en terreno y se pedía determinado monto de dinero a cambio de la liberación. Pescas milagrosas: la práctica más degradada del secuestro. Se hacían retenes en vías principales del país, allí las diferentes estructuras de las Farc se llevaban 30 o 40 personas y aspiraban a que…
p. 176
13Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 1271 fragmento
[16]José down to Apartadó was taken over by paramilitary groups, but the FARC continued to be present in the hills. The settlers were truly be- tween a rock and a hard place. Inspired by Monseñor Isaías Duarte (later killed), a major force behind the Cuartas “Consenso” experiment, the San José de Apartadó Peace Community…
p. 127
14Peacebuilding in Colombia: From the Lens of Community and PolicyJoan C. Lopez, Beth Fisher-Yoshida · 2024 · p. 1601 fragmento
[17]army is involved. Communities are in vulnerable and inescapable positions in the mid - dle of the armed groups, therefore, declaring a position of active neutrality, i.e., claiming that they do not support any of the armed groups including the Colom - bian army, renders their work as an act of peacebuilding.…
p. 160
15Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 316, 3212 fragmentos
[18]impidió la reacción de la columna armada, sino que amplificó la reacción de la población ante la intromisión de un grupo armado en una acción de protesta civil. La distancia entre la violencia de las armas y la movilización social quedó claramente registrada. Esta acción, que hoy parece olvidada, dio inicio a la…
p. 316
[20]de redes del narcotráfico en la región. Ante el incremento de la acción de los actores armados desde finales de los años noventa, las organizaciones comunitarias respondieron con la movilización. Con ello se ha configurado un nuevo ciclo de resistencia, esta vez de carácter civil y no armada, que corresponde a una…
p. 321
16Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 501 fragmento
[19]afronta a los actores armados sin armas, sólo con la persuasión y el diálogo; brinda la seguridad a visitantes destacados durante su visita a los territorios indígenas, como cuando los visitó el juez español Baltasar Garzón, o el presidente Belisario Betancur; y en forma permanente vigila el territorio. La “guardia…
p. 50
17El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)Gonzalo Sánchez Gómez, Mario Aguilera Peña · 2011 · p. 1531 fragmento
[21]memoria regional. En tér- minos generales, dicha narrativa plantea que el surgimiento de la Asociación es una reacción del campesinado del Carare a un proceso de violencia a gran escala e indiscriminada que comenzó en la década de 1970. En el ejercicio de dicha violencia tuvieron responsabilidad todos los grupos…
p. 153
18La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 641 fragmento
[22]FARC, en la que se reclamaba el respeto por los derechos humanos de sus habitantes (Comisión Vida, Justicia y Paz, 2002). CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DEL SURGIMIENTO DEL BLOQUE PACÍFICO - HÉROES DEL CHOCÓ 65 Las comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas se reconocen como los legítimos dueños de las zonas del…
p. 64
19Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 4271 fragmento
[25]1980s related to the armed conflict and its victims. However, unlike other Latin American countries that undertook memory struggles and campaigns once dictator - ships had already ended or when negotiated solutions to armed conflict had been reached, memory agents in Colombia began their struggle in the midst of an…
p. 427
20Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 3381 fragmento
[26]civil, y hacer énfasis en ac- tividades educativas y de carácter simbólico en contra de la gue- rra y por la paz (Villarraga, 1998, p p. 72-82). Para los antiguos excombatientes, la generalización de la violencia a todo nivel había llevado a una situación en la que "las armas perdieron su brillo", y se necesitaba un…
p. 338
21El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 3492 fragmentos
[27]la policía el presidente Uribe Vélez sostuvo: “por no tener el valor de denunciar a Amnistía Internacional, hemos permitido que legitimen al terrorismo internacionalmente [...]” Al día siguiente AI contestó públicamente, entre otros: “En vez de responder ante las legítimas preocupaciones internacionales sobre sus…
p. 349
[28]la policía el presidente Uribe Vélez sostuvo: “por no tener el valor de denunciar a Amnistía Internacional, hemos permitido que legitimen al terrorismo internacionalmente [...]” Al día siguiente AI contestó públicamente, entre otros: “En vez de responder ante las legítimas preocupaciones internacionales sobre sus…
p. 349
22Post-conflict Colombia and the Global Circulation of Military ExpertiseManuela Trindade Viana · 2022 · p. 961 fragmento
[29]when HRW issued its report about military-paramilitary links in Colombia, its full content was discredited by Juan Carlos Esguerra, Minister of Defense at that time, on the grounds that it was based on outdated information 23 23 A recurrent argument for the rejection of human rights reports is the “lack of credible…
p. 96
23Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1591 fragmento
[30]los días de la operación y las semanas posteriores. Informe 1306- CI-01908, Corporación Jurídica Libertad, «Comuna 13». 432 Centro de Investigación y Educación Popular, «Noche y Niebla Panorama de Derechos Humanos y Violencia Política. Caso Tipo No 2.», 21. 160 fiflćflTh fl. fl, fifl fl fl fi flfiflfl el Grupo…
p. 159
24Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 5331 fragmento
[31]macro. Su éxito depende en una gran propor - ción de su articulación con el nivel macro, esto es, de su impacto nacional y su contribución a la resolución del conflicto. De hecho, para sobrevivir, las iniciativas de paz requieren una coordinación entre los niveles alto, medio y bajo de construcción de la paz…
p. 533
25Catolicismo, cambio social y búsqueda de paz en Colombia. Historia y MemoriaWilliam Elvis Plata Quezada (Editor), Ana María Bidegain Greising, Angélica Villamizar Beltrán, Antonio José Echeverry Pérez, Eduardo Díaz Ardila, Eliécer Soto Ardila, Héctor Alfonso Torres Rojas, Hernando Pinilla Rey, Isabel Corpas De Posada, Javier Alejandro Acevedo Guerrero, Joselín Aranda Cano, Lizeth Torres Rodríguez, Miguel Arturo Fajardo Rojas, Natalia Alejandra Mora Navarro, Osmir Ramírez Trillos, Sofía Brizuela Molina, Sor María Sampayo Flórez · 2022 · p. 2371 fragmento
[32]iniciativas bajo los parámetros del humanismo decente, sino por iniciativas disfrazadas con piel de ovejas, con intenciones ocultas. Esa es una realidad que teníamos que afrontar y allí venían las reacciones. Estas tenían que ver con el forcejeo para ver quién controlaba las propuestas. El hecho de que del Consorcio…
p. 237
26Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1091 fragmento
[33]sinos, organizaciones, mujeres, radios comunitarios y algunos funcionarios públicos de los municipios. Acerca de ellos, un líder religioso que trabajó en la región relató a la Comisión: 316 Informe 119-CI-00064, Camargo Gómez et al., «Ejército Nacional II División», 110. 317 Informe 119-CI-00064, Camargo Gómez et al.,…
p. 109
27Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 5061 fragmento
[34]y la expansión de la ganadería extensiva. Históricamente, el Magdalena Medio ha sido una frontera de colonización interna y se ha mantenido como una región periférica, con débil y precaria presencia del Estado, tanto física como en términos de servicios sociales y públicos (Rudqvist y Van Sluys, 2005: 15). La…
p. 506
28Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 1401 fragmento
[35]rights alerts that focused exclusively on acts of vio lence such as the massacre of February 2005 frequently reinforced this mistaken perception. The myth of ongoing and all- encompassing vio - lence in a place, even if unconsciously held, yields easily to the idea that the only way for outsiders to engage a conflict…
p. 140
29Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 1361 fragmento
[37]medias y falsas noticias para confundir a la opinión pública, como lo aseveró de forma explícita el coordinador de la campaña por el No a los Acuerdos de la Habana, posteriormente ajustados por los firmantes en el nuevo Acuerdo del teatro Colón, firmado el 24 de noviembre de 2016. 20 _______________ 1 Ver Grupo de…
p. 136
30Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 3851 fragmento
[38]yo escrutaba, por lo menos, el Sí había barrido sobre el No. Yo sentía que ese día estábamos ratificando un sueño, que era el de terminar esa guerra con la guerrilla y empezar a aprender a convivir en paz en medio de todas nuestras diferencias. Por eso, cuando comenzaron a llegar los resultados —que fueron…
p. 385
31Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesMartha Nussbaum, Sara Victoria Alvarado (ed.), Eduardo A. Rueda Barrera (ed.), Pablo Gentili (ed.) · 2016 · p. 781 fragmento
[39]decenios. Entre las estrategias de la campaña del “No” se destacan la exas- peración del rencor, el estímulo de la revancha, la exigencia del castigo y la divisa según la cual “el fin justifica los medios”, que les permite poner en circulación fórmulas breves y efectivas contra el Acuerdo, cargadas de mentiras,…
p. 78
32Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesSara Victoria Alvarado, Eduardo A. Rueda Barrera, Pablo Gentili (editores) · 2016 · p. 781 fragmento
[40]decenios. Entre las estrategias de la campaña del “No” se destacan la exas- peración del rencor, el estímulo de la revancha, la exigencia del castigo y la divisa según la cual “el fin justifica los medios”, que les permite poner en circulación fórmulas breves y efectivas contra el Acuerdo, cargadas de mentiras,…
p. 78
33No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5621 fragmento
[41]defendiendo el Acuerdo de Paz y en medio del proceso de renegociación con los voceros del no, se empezaron a barajar diferentes estrategias para refrendar el nuevo Acuerdo. En medio del debate jurídico la opción más viable fue buscar la refrendación vía legislativa. Finalizando el mismo mes de noviembre de 1628…
p. 562
34Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1401 fragmento
[42]de falsos positivos». presentación 141 Posacuerdo: transición y riesgos de una paz inestable (2017—2022) 142 fiflćflff fl. fifl E l 2 de octubre del 2016, tras una semana de haberse firmado el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en Cartagena, el plebiscito en el que se le preguntó a la ciudadanía «¿apoya usted el Acuerdo…
p. 140
35Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1811 fragmento
[43]guerra. Al respecto, Oscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca de la época, expresó en una entrevista a la prensa: Como demócratas entendemos lo que el país de una u otra manera se ha pro- nunciado referente a la desaprobación al acuerdo de paz a través del plebiscito y esperamos que las voces oficiales se pronuncien…
p. 181
36Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 1681 fragmento
[44]plataforma de cien puntos, tópicos de campaña electoral de un político profesional: contra la corrupción, el despilfarro del sector público, la ineficiencia administrativa y los rigores sociales que padecen los pobres como efecto de políticas neolibe- rales y por una Colombia sin guerrillas ni paramilitares. La…
p. 168
37Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1591 fragmento
[45]única salida? (2002—2016) 160 fiflćflThxiff fffl. iThififf xffff ćff ff E n la noche del 20 de febrero de 2002 el presidente Andrés Pastrana Arango se dirigió a la opinión pública para comunicar su decisión de dar cierre defi- nitivo al fracasado proceso de paz del Caguán 517, con el que había iniciado su mandato…
p. 159
38Colombia bizarraPirry · 2022 · p. 2261 fragmento
[46]la elección más importante de la historia contemporánea del país, que buscaba refrendar con una pregunta directa los acuerdos de paz iniciados en 2012 por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenía no solo la meteorología en contra, sino una serie de hechos que…
p. 226
39Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1131 fragmento
[47]crímenes de sus hermanos y primos, eran rápidamente desmentidos desde la Casa de Nariño, ridiculizando a los bien documentados acusadores y tratándolos de terroristas o pertenecientes a la guerrilla, en muchas de las veces, por el propio mandatario, peligrosa acusación que gene-raba un eco, el cual era retomado por la…
p. 113
40Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1131 fragmento
[48]crímenes de sus hermanos y primos, eran rápidamente desmentidos desde la Casa de Nariño, ridiculizando a los bien documentados acusadores y tratándolos de terroristas o pertenecientes a la guerrilla, en muchas de las veces, por el propio mandatario, peligrosa acusación que gene-raba un eco, el cual era retomado por la…
p. 113
41¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?Francisco Gutiérrez Sanín · 2020 · p. 1391 fragmento
[49]del movimiento depende del fracaso de la paz. Lo mismo se puede decir de los “auditorios duros” del movimiento, es decir, de sectores sociales con gran poder, que se sienten apasionadamente representados por el movimiento y que le proveen una parte significativa de su personal dirigente. A continuación, doy dos…
p. 139
42Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2841 fragmento
[50]sostenidos durante dos a ñ os con recursos p ú blicos, as í como a que las farc siguieran present á ndose ante la opini ó n, con algo de prepotencia, como un movimiento que hizo una guerra justa, que era la respuesta inevitable a la opresi ó n del sistema, lo que justificaba que las v í ctimas de estas d é cadas de…
p. 284
43La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1031 fragmento
[51]de derechos humanos y funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en un pueblo minero del departamento del Cesar, que documentaba las situaciones de despojo y buscaba medidas cautelares colectivas para estos territorios, fue amenazada por el llamado “ejército antirrestitución”, presente en algunas…
p. 103
44Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 381 fragmento
[52]décadas de violencia que requieren ser esclarecidas por las instituciones y la sociedad en su conjunto. La memoria es un derecho de las víctimas y un deber del Estado y de la sociedad, y como derecho o como deber la tarea de la memoria es hoy en Colombia inaplazable. Este texto es un reconocimiento no sólo a los que…
p. 38
45Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de SantanderCarlos Andrés Pallares Rincón · 2014 · p. 2321 fragmento
[53]en colegios en los que dio charlas y compartió su experiencia de vida, orientando todo al tema de la paz. A estas alturas, Tirso Vélez empezó a definir de manera más clara su perfil político y a desmitificar un poco en lo regional el estereotipo que se tenía de los militantes de izquierda, ligados con la revuelta y en…
p. 232
46Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1401 fragmento
[54]ilegales» 458. El año siguiente, el 18 de marzo de 2003, fue asesinado Luis Eduardo Alfonso, que era la mano derecha de Varela. Alfonso, a través del noticiero Actualidad Informativa –emitido también por Meridiano 70–, abordaba temas relacionados con la adminis- tración local en Arauca 459. Dos semanas después del…
p. 140
47Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 301 fragmento
[56]que facilitaron el contacto entre los revolucionarios y la población campesina. La cuestión estaba lejos de ser marginal y resultó decisiva en el curso de las más importantes experiencias revolucionarias del continente. En efecto, en América Latina las complejas relaciones entre las vanguardias revolucionarias y los…
p. 30
48Mujeres e insurrección en Colombia: Reconfiguración de la identidad femenina en la guerrillaMaría Eugenia Ibarra Meló · 2009 · p. 841 fragmento
[57]sus tendencias. A ju icio de Touraine (1989), la política lati noam ericana está dom inada conjuntam ente por la hiper-participación política y cultural de las masas urbanas y por una violencia que responde a la exclusión. ■ 1 4 Entre otros grupos insurgentes en América Latina podemos señalar los siguientes:…
p. 84
49The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 2011 fragmento
[58]young man held a sign expressing soli- darity with the victims of the Madrid bombing of March 11, 2004. But what was wrong with this picture? Those marching were not victims of abuse or violence, but victimizers: they were members of Medellín-based paramilitary death squads that had demobilized just a few months…
p. 201
50Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1071 fragmento
[59]posible en un contexto como este una negociación con las FARC-EP y el ELN? Andrés Pastrana lo intentó y claramente se jugó todo su capital político en El Caguán. Se rodeó de los partidos políticos, los empresarios, la Iglesia, Estados Unidos, la comunidad internacional; es decir, todos esos factores de poder que…
p. 107
51Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 2281 fragmento
[60]los derechos, el segundo es el empoderamiento…” 384. Bajo tales preceptos se ha conseguido la participación de víctimas de diversa condición, en un ambiente de pluralidad y riqueza en las propuestas. Sin embargo, un reducido sector de víctimas de la guerrilla ha preferido marginarse, por considerar que se les debía…
p. 228
52Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1621 fragmento
[61]del derecho a la consulta previa, libre e informada y su participación específica en cada uno de los seis puntos del acuerdo general. Del mismo modo la participación de las mujeres en los diálogos de La Habana fue importante. Por parte del departamento de Amazonas, esa participación se dio a través de la organización…
p. 162
53Exilio colombiano. Huellas del conflicto armado más allá de las fronterasCentro Nacional de Memoria Histórica, Juan Manuel Zarama Santacruz, Randolf Laverde Tamayo, Juan Pablo Luque · 2018 · p. 2881 fragmento
[62]exiliada retornada de la Unión Patriótica y Juan Carlos Villamizar exiliado retornado, quienes viajaron como tercera y cuarta delegación, respectivamente. Véase PNUD (2014, 01 de noviembre). 363 El Acnur y el Gobierno de Colombia acordaron “avanzar en un marco de coope- ración que incluye la facilitación para la…
p. 288
54Analytical Narrative on Subnational Democracies in Colombia: Clientelism, Government and Public Policy in the Pacific RegionAndrés Cendales, Angela Pinto, Jhon James Mora, Hugo Guerrero · 2019 · p. 1231 fragmento
[63]was negotiated in any way. 2. The fallacy of civil society participation. 3. The debate against the method of endorsement. 4. Ignore the middle management of the FARC, who grew up in a context of de-ideologization, as is well posed at the beginning of this debate. 5. The negotiation has not learned from the mistakes…
p. 123