El pacifismo colombiano entre el Mandato de 1997 y el plebiscito de 2016

¿Qué gobernó los ascensos y reflujos del pacifismo colombiano entre 1997 y 2016: la agencia ciudadana o los dispositivos que la encuadraron?

Entre el Mandato Ciudadano por la Paz de octubre de 1997 —diez millones de votos depositados en un tarjetón adicional que ordenaba la paz al gobierno— y el rechazo del Acuerdo Final de La Habana en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana atravesó dos décadas en las que el pacifismo civil pasó de fuerza articuladora nacional a campo disputado, fracturado y desigualmente audible. La pregunta que ordena el período no es si hubo movilización por la paz —la hubo, masiva, sostenida, plural—, sino qué gobernó sus ascensos y sus reflujos. ¿Reveló la ciudadanía preferencias auténticas sedimentadas por el cansancio bélico? ¿O criminalizaciones estatales, encuadres mediáticos sesgados y cooptaciones selectivas jerarquizaron unas indignaciones y bloquearon otras? La respuesta no está en escoger uno de los dos polos, sino en describir cómo se enganchan.

De esa lectura depende cómo se interpreta la derrota del Sí en 2016. Si el consenso de paz era real, el resultado fue un accidente de campaña. Si era selectivo y frágil, el plebiscito reveló una asimetría estructural del propio pacifismo. Importa también porque los cientos de iniciativas civiles no armadas que Colombia generó desde los años noventa —las comunidades de paz del Urabá y el Pacífico, la guardia indígena del Cauca, la ATCC del Carare, los laboratorios de paz del Magdalena Medio, las más de ochocientas experiencias postuladas al Premio Nacional de Paz desde 1999— quedan mal descritas si se las subsume en un relato metropolitano de opinión pública. Y porque el asesinato persistente de líderes sociales durante el propio período de Justicia y Paz indica que el campo pacifista no operó en un vacío institucional, sino atravesado por violencia selectiva contra quienes lo encarnaban en las periferias.

Hay dos afirmaciones que conviene sostener a la vez. El cansancio bélico y los duelos acumulados fueron reales y sedimentaron una disposición social favorable a la salida negociada; sin ese sustrato, ni el Mandato de 1997 ni el proceso de La Habana habrían sido pensables. Pero esa disposición fue canalizada por estructuras mediáticas, discursivas y estatales que amplificaron unas indignaciones —la anti-FARC, la antisecuestro— mientras sofocaban otras —la antiparamilitar, la de crímenes de Estado, la campesina caribeña—, produciendo un consenso de paz más selectivo y manipulable de lo que su masividad aparente sugería. La fragilidad del plebiscito de 2016 no fue accidente: fue síntoma.

Dos lecturas en disputa

La primera, culturalista, subraya la agencia ciudadana. El Mandato de 1997, con sus diez millones de sufragios recogidos bajo la fórmula constitucional del artículo 3 —"la soberanía reside exclusivamente en el pueblo"— y del artículo 22 —"la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento"—, probaría que existía una voluntad social de paz previa a cualquier maniobra estatal. La proliferación de comunidades de paz desde marzo de 1997, la guardia indígena reactivada en Piendamó el 28 de mayo de 1999, la ATCC campesina del Carare, la Red Prodepaz vinculada al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio: todo indicaría que el pacifismo colombiano nació de abajo y se sostuvo por acumulación de duelos, no por diseño gubernamental. Leído así, el proceso de La Habana entre 2012 y 2016 sería la culminación institucional de una demanda social madurada durante veinte años.

La segunda lectura insiste en que las movilizaciones fueron habilitadas o bloqueadas según su compatibilidad con las agendas del bloque dominante. El 4 de febrero de 2008, más de un millón de personas marcharon en Colombia y en más de doscientas ciudades del mundo bajo la consigna del "No Más" a las FARC; la convocatoria surgió en redes sociales —Óscar Morales fue una figura visible—, pero la amplificaron medios y administraciones municipales con una eficacia que ninguna marcha antiparamilitar alcanzó jamás. La marcha del 6 de marzo de 2008, promovida por Iván Cepeda y el MOVICE para reconocer con igual convicción a las víctimas de agentes estatales y grupos paramilitares, no obtuvo ni una fracción de esa cobertura. La asimetría no fue casual: durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las ONG de derechos humanos fueron sistemáticamente descalificadas, Amnistía Internacional fue acusada de legitimar el terrorismo, y los informes sobre violaciones se rechazaban con argumentos similares.

Cada lectura tiene su fuerza. La culturalista acierta al negar que el pacifismo fuera invento de Santos: cuando este llegó al poder en 2010, ya existía un archipiélago de dos décadas de experiencias civiles de paz que hacía posible imaginar la negociación. La estructural acierta al mostrar que la visibilidad diferencial de esas experiencias respondía a jerarquías mediáticas y políticas, no a la mayor o menor legitimidad intrínseca de cada causa.

Del Mandato al Caguán, del Caguán al uribismo

El Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad de octubre de 1997 no cayó del cielo. Redepaz —la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra— había sido fundada en 1993 como coalición laxa de organizaciones de todo el país, con respaldo fuerte de la Iglesia Católica y participación de antiguos excombatientes en sus debates internos. Monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Socorro y San Gil, fue uno de sus promotores más activos. El nombre "Mandato" lo propuso Luis Carlos Restrepo apoyándose en el artículo 3 de la Constitución de 1991: la lógica era ordenar la paz al gobierno, no pedírsela como favor. El precedente inmediato había sido el Mandato de los Niños y Niñas por la Paz de 1996. Los diez millones de votos de octubre de 1997, coincidiendo con las elecciones locales, articularon a ONG, sectores eclesiales y organizaciones de sociedad civil en un momento excepcional de convergencia.

Ese sustrato hizo posible que Andrés Pastrana llegara a la presidencia con un mandato de paz explícito y abriera en 1998 el proceso del Caguán con las FARC-EP de Manuel Marulanda Vélez. Pero el proceso convocó a partidos políticos, empresarios, la Iglesia, Estados Unidos y la comunidad internacional, sin abrir espacios equivalentes para organizaciones de víctimas o sociedad civil organizada. Su cierre el 20 de febrero de 2002 fue el punto de inflexión. Uribe ganó la presidencia ese mismo año impulsado por su oposición al Caguán fracasado, y desde entonces —continuando un giro que Pastrana ya había iniciado— la idea de que la seguridad, alcanzable por confrontación militar, debía reemplazar a la paz negociada como prioridad estatal se instaló en la opinión pública.

Bajo el uribismo, el campo pacifista sufrió un doble movimiento. La práctica del secuestro por las FARC —con sus "pescas milagrosas" en retenes de vías principales, con casos emblemáticos como el de Ingrid Betancourt— erosionó de manera profunda y auténtica la simpatía social hacia la guerrilla. El costo político y material de esa práctica se volvió tan alto que las FARC comenzaron a disminuir el número de secuestrados después de 2007. Ese cansancio bélico frente a la guerrilla fue real, y la marcha del 4F de 2008 lo canalizó más que inventarlo.

El mismo período, sin embargo, fue de sistemática deslegitimación de la denuncia sobre crímenes de Estado y paramilitarismo. El uribismo representó a sectores que defendían el uso de cualquier método contra la subversión, incluidos militares acusados de graves violaciones de derechos humanos, y el gobierno tendía a desacreditar a los denunciantes tachándolos de terroristas o guerrilleros. Amnistía Internacional respondió públicamente que, en lugar de responder a las preocupaciones internacionales, el presidente atacaba a quienes defendían derechos humanos. En este marco, la marcha del 6 de marzo de 2008 —convocada apenas un mes después del 4F— fue tratada mediáticamente como sospechosa, cuando exigía exactamente lo mismo que la marcha celebrada como gesta ciudadana: el rechazo a la violencia.

La asimetría se traducía en cuerpos. Yolanda Izquierdo fue asesinada el 31 de enero de 2007 en la puerta de su casa en Montería por reclamar la restitución de tierras usurpadas por miembros de las AUC; su asesinato ocurrió durante el proceso mismo de Justicia y Paz iniciado con la Ley 975 de 2005, que ofrecía marco jurídico a la desmovilización paramilitar bajo el liderazgo de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Judith Vergara Correa, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre en la Comuna 13 de Medellín y miembro de Redepaz, fue asesinada el 23 de abril de 2007 mientras viajaba en un bus. Que estos casos no ocuparan portadas mientras el 4F sí lo hacía no fue accidente informativo: fue el modo concreto en que el dispositivo funcionó.

Las periferias que resistieron el encuadre

Y sin embargo, el dispositivo no fue omnipotente. Hubo tradiciones de resistencia civil territorial que operaron con lógicas autónomas irreductibles al pacifismo metropolitano.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, se estableció en marzo de 1997 con cerca de 1.400 miembros como experimento radical de neutralidad activa: ni las FARC ni el ejército podían entrar a la zona, nadie podía portar armas, ningún actor armado podía exigir colaboración. El padre Javier Giraldo la acompañó como una de sus voces más constantes. En el Pacífico chocoano, comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas se constituyeron como comunidades de paz reclamando a los actores armados respeto por su área de vivienda y trabajo, el derecho a no participar en las hostilidades y autonomía para sus proyectos de desarrollo. El principio jurídico invocado fue doble: la distinción entre civiles y combatientes del Derecho Internacional Humanitario, y el artículo 22 de la Constitución de 1991.

La guardia indígena del Cauca enfrenta a los actores armados sin armas, solo con persuasión y diálogo. El ciclo actual de resistencia se inauguró el 28 de mayo de 1999 en Piendamó, cuando manifestantes expulsaron a una columna de las FARC que pretendía sumarse a un acto de protesta civil contra el gobierno; el gesto fue definitorio, porque afirmaba que la neutralidad indígena valía frente a todos los armados. En el Carare, la ATCC surgió como reacción del campesinado a una violencia a gran escala iniciada en los años setenta, en la que fuerzas estatales, paramilitares y guerrillas tuvieron responsabilidad y en la que los campesinos eran víctimas tanto del ejército como de la guerrilla. En el Magdalena Medio —región de débil y precaria presencia estatal, cuyo vacío llenaron el ELN y las AUC—, el PDPMM articuló núcleos de pobladores que convocaban a campesinos, mujeres, radios comunitarias y funcionarios públicos, con dinámicas que iban tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo.

Lo que distingue a estas experiencias del pacifismo metropolitano es que son actos políticos de autodeterminación, no expresiones de opinión. No dependían de la cobertura mediática para existir, aunque esa cobertura selectiva —al invisibilizarlas o subordinarlas a las agendas dominantes— les impidiera pesar en el debate nacional lo que su densidad organizativa habría permitido. La resistencia campesina del Caribe, cuando emerge en episodios como el motín de La Jagua de Ibirico en 2007 —tras la desmovilización de bloques paramilitares que había mantenido reprimida la protesta social—, revela que la desmovilización liberó energías contenciosas acumuladas y redibujó el mapa de la movilización caribeña, aunque los grandes medios andinos apenas lo registraran.

La memoria construida bajo fuego

Un elemento distingue el caso colombiano: aquí el campo de la memoria histórica se construyó en medio del conflicto activo, no después. El contraste con Argentina, donde la memoria pudo articularse plenamente tras el fin de la dictadura y las Madres de Plaza de Mayo dieron a la protesta cívica una forma icónica, es útil sobre todo para señalar una perversión colombiana: esas imágenes convencionalmente asociadas a víctimas y oprimidos —marchas, pancartas, consignas— fueron después apropiadas y resignificadas por paramilitares desmovilizados de las AUC.

El proyecto Colombia Nunca Más comenzó en 1996 con el propósito de visibilizar y denunciar crímenes que no recibían atención de la justicia. Los encuentros de víctimas de la primera década del 2000 generaron reflexiones y articulaciones que contribuyeron a procesos de visibilización, aunque atribuir directamente a esa genealogía la conformación del MOVICE en 2005 —en pleno contexto de negociaciones con las AUC— exige más matiz. La adopción de la Ley 975 de 2005 fue el momento en que las luchas dispersas por la memoria pudieron articularse en un campo común. Que ese campo se consolidara justo cuando la desmovilización paramilitar avanzaba ilustra el modo específico en que la memoria colombiana nació entrelazada con dispositivos legales que, para sus críticos, servían tanto para reparar como para blanquear.

Dentro del propio pacifismo, tampoco faltaron tensiones. En las redes de paz de los años noventa se debatió si las violaciones cometidas por la guerrilla debían visibilizarse con la misma fuerza que las de agentes estatales y paramilitares; el consenso no fue automático ni universal. Esa tensión interna es parte del cuadro: el pacifismo colombiano nunca fue monolítico, y sus fracturas internas ayudan a explicar por qué su respuesta al uribismo fue desigual.

El plebiscito como síntoma

El viraje del Caguán a La Habana entre 2002 y 2012 no puede explicarse como cálculo elitista de Santos: sin la sedimentación cultural producida por dos décadas de movilizaciones, comunidades de paz, mandatos ciudadanos y duelos acumulados —desde el Mandato de 1997 hasta las tragedias emblemáticas como Bojayá en 2002 o los desplazamientos masivos de Montes de María—, la sociedad colombiana no habría estado en condiciones de imaginar la negociación. La agencia ciudadana es innegable, y descartarla como epifenómeno gubernamental sería tan reduccionista como afirmar que el 4F fue puro montaje mediático.

Pero es igualmente innegable que las oportunidades mediáticas y políticas se abrieron con sesgo sistemático. La marcha del 4F fue posible porque convergieron el rechazo real al secuestro, la infraestructura de las redes sociales convocada por Morales, la amplificación de administraciones municipales, la cobertura mediática saturante y una agenda gubernamental que veía en la deslegitimación de las FARC un objetivo estratégico. La marcha del 6 de marzo careció de todos esos multiplicadores. La indignación contra el paramilitarismo encontró bloqueos adicionales por la cercanía de ese fenómeno a élites locales de regiones como el Cesar, Córdoba o Urabá, donde denunciar era romper el tejido político y económico dominante.

El plebiscito del 2 de octubre de 2016 fue la prueba retrospectiva de esa fragilidad. La campaña por el No, cuyo coordinador admitió haber usado medias verdades y falsas noticias para confundir a la opinión pública, se valió de fórmulas breves y emotivas: la afirmación falsa de que los guerrilleros recibirían 1.800.000 pesos mensuales sin condición alguna, la exasperación del rencor, el estímulo de la revancha, la exigencia de castigo. Defender el Acuerdo, en cambio, exigía remitirse a un texto técnico y extenso. El Eje Cafetero rechazó el Acuerdo con márgenes superiores al promedio: 60,13% en Quindío, 57,9% en Caldas, 55,69% en Risaralda.

¿Cómo entender que el consenso anti-FARC de 2008 no se tradujera en apoyo al Acuerdo que efectivamente derrotaba a las FARC como amenaza militar en 2016? La indignación había sido movilizada, no elaborada. La ingeniería emocional del No derrotó al Sí porque el pacifismo metropolitano nunca hizo la pedagogía política necesaria para que su masividad emocional se convirtiera en decisión reflexiva. Los diez millones del Mandato de 1997 no lograron traducirse en los diez millones necesarios veinte años después.

El reflujo del movimiento de paz entre 2002 y 2010 tampoco fue espontáneo. Combinó criminalización discursiva —la descalificación de ONG, el ataque a Amnistía Internacional, el trato de terrorista al denunciante— con cooptación selectiva de aquellas agendas de paz compatibles con la Seguridad Democrática. El asesinato de líderes sociales durante el propio proceso de Justicia y Paz mostró que el dispositivo no operaba solo en el plano discursivo, sino también en el material.

Y aquí una corrección al argumento estructuralista puro: el dispositivo no fue total. Las comunidades de paz siguieron existiendo. La guardia indígena del Cauca siguió patrullando. La ATCC del Carare siguió negociando con actores armados. Los laboratorios de paz siguieron articulando escalas locales, regionales, nacionales e internacionales. Estas tradiciones territoriales de resistencia civil, sostenidas por marcos jurídicos y por tradiciones comunitarias propias, no fueron cooptadas ni destruidas. Su existencia demuestra que el pacifismo colombiano fue plural y que la asimetría del encuadre dominante convivió con una pluralidad de pacifismos locales irreductibles al debate mediático de Bogotá o Medellín.

En La Habana, entre 2012 y 2016, esa pluralidad se hizo visible parcialmente. Se garantizó la participación de víctimas de diversa condición, aunque un reducido sector de víctimas de la guerrilla prefirió marginarse por considerar que se les debía privilegiar. Organizaciones como Muvidesfor, de mujeres víctimas del departamento de Amazonas, hicieron incidencia para que su región fuera reconocida como víctima. El ACNUR y el Gobierno de Colombia facilitaron la participación de refugiados. Y sin embargo, en el debate posterior se señaló también que la participación de la sociedad civil fue percibida por sectores críticos como una falacia, y que quienes negociaron los términos fueron grupos de poder con escasa preocupación por el ciudadano común, el campesino sin tierra o los pobres. La crítica es desmedida, pero no arbitraria: la Ley 1448 hizo posibles espacios plurales de participación, pero la representación efectiva de las periferias en la mesa siempre fue proporcionalmente menor a su peso victimizante en el conflicto.

Ni pura agencia ciudadana ni puro dispositivo estatal-mediático: un enganche desigual entre ambos, con un centro urbano-mediático que amplificó selectivamente unas indignaciones y sofocó otras, y con periferias territoriales que sostuvieron tradiciones de resistencia civil que el encuadre dominante nunca logró cooptar. La Habana fue posible por la sedimentación de esa dualidad; el plebiscito fracasó por la misma. Escuchar a las propias periferias antes de que otra urna venga a preguntarlo por la peor vía es la tarea pendiente que este arco deposita en el presente.