Montería

El valle del Sinú: la arteria que lo explica todo

Sin el río Sinú, Montería no existiría, y sin la geografía que lo alimenta tampoco se entendería el departamento que la rodea. El curso nace en el cerro de León, a 3.200 metros de altitud, en el área del nudo de Paramillo, sobre las estribaciones de la cordillera Central. Su hoya alta queda encajonada entre las serranías de Abibe y San Jerónimo, en un tramo montañoso donde el río Verde y el río Esmeralda confluyen con el cauce principal antes de que este atraviese la Cerrazón de Urrá, el paso estrecho que marca el fin del alto Sinú y el comienzo de la llanura. Del mismo nudo se desprende, hacia el oriente, el río San Jorge, y ambos ríos corren sobre suelos de origen ígneo y marino que, al explayarse en el Caribe, producen uno de los geoecosistemas más fértiles del país: humedad constante, ciénagas encadenadas, aves acuáticas durante todo el año.

Esa hidrografía no es escenario, es estructura. Las ciénagas de Betancí, Ciénaga Grande y Tinajones actúan como reservorios que regulan las crecientes y que, durante siglos, dieron al Sinú la fama de delta interno más productivo para la pesca en toda Suramérica. Desde 1938, cuando el río abrió una nueva boca a través de los barrancos de la playa en Tinajones, cerca de nueve décimas partes de su caudal empezaron a salir por esa nueva salida al mar, alterando de modo permanente la desembocadura. Es la primera de varias reescrituras violentas del paisaje: la última fue la represa de Urrá, que a finales del siglo XX levantó una presa de 73 metros en la Cerrazón y clausuró para siempre la ruta migratoria del bocachico.

El río, sin embargo, sigue siendo la arteria estructuradora de la región. Montería nace y crece porque el Sinú permite entrar hacia el sur, salir hacia el norte y depositar en sus orillas las haciendas que fueron, durante dos siglos, el verdadero poder del territorio.

Fincenú: la sociedad zenú antes del contacto

Cuando Pedro de Heredia, fundador de Cartagena, subió en 1534 desde Calamar por los montes de María y descubrió el Fincenú, la región llevaba siglos organizada en tres cacicazgos zenúes. Fincenú ocupaba el valle del Sinú y tenía su centro en los alrededores de la laguna de Betancí; Pancenú se extendía por la hoya del río San Jorge; Cenúfana cubría la zona del bajo Cauca y del río Nechí. Los panzenúes habían construido en la depresión momposina un sistema hidráulico de canales de desagüe, terraplenes, represas y canales de irrigación cuya escala precisa todavía se debate, pero que atestigua una capacidad de intervención sobre el paisaje difícil de encontrar en otras partes del Caribe.

La sociedad zenú tenía rangos bien definidos —los entierros diferenciados lo prueban— y una cultura material notablemente homogénea. Sus orfebres mezclaban oro con plata, se especializaban por regiones y sostenían un comercio activo. En sus cámaras funerarias aparecen figuras femeninas asociadas a la concepción y el renacimiento, anillos para la nariz, collares, filigranas de oro trenzadas en espiral. El oro no era moneda: era fuente numinosa, símbolo de eternidad, conducto de la energía solar. Los diseños de sus textiles, sus redes de pesca y su cerámica parecen dialogar con los patrones del paisaje construido, como si el arte reprodujera en pequeño la geometría de canales y terraplenes.

En su apogeo, la población zenú pudo acercarse al millón de habitantes. Cuando Heredia llegó, ese apogeo había pasado: epidemias recientes ya habían diezmado el territorio. La arqueología, además, no encuentra indicios claros de una estructura de poder centralizada capaz de haber levantado y mantenido el sistema hidráulico; los restos apuntan más bien a una población rural dispersa, cuya complejidad política se organizaba de un modo que las categorías europeas —cacicazgos, imperios, teocracias— capturan solo a medias. Heredia avanzó de Fincenú hacia Faraquiel y Betancí, saqueó los templos, y con ese saqueo se inauguró la larga historia colombiana de extraer del Sinú lo que el Sinú había producido durante milenios.

De la Rochela al pueblo: la fundación de 1777

Durante los dos siglos siguientes al contacto, el valle del Sinú fue una periferia difícil. Los zenúes sobrevivientes, junto con los chimila, no fueron exterminados, pero quedaron reducidos a comunidades cada vez más marginales frente al avance de haciendas ganaderas, cimarrones y mestizos libres que se instalaban lejos del control colonial. La Corona veía con alarma a esos grupos "arrochelados", que vivían, según la fórmula de la época, "sin Dios ni ley". Entre 1750 y 1800 se fundó el 20 por ciento de los municipios colombianos, muchos de ellos precisamente para someter a esa población dispersa: darle iglesia, alcalde y calles.

Montería es hija de esa política. En 1777 fue erigida como poblado bajo la iniciativa borbónica de organizar los "vecindarios pobres y libres" que ya vivían en las riberas del Sinú, en el marco de las campañas de fundaciones asociadas al gobernador Juan de Torrezar Díaz Pimienta y ejecutadas en la región por Antonio de la Torre y Miranda, el capitán que recorrió la costa levantando poblados. El sitio elegido quedaba contiguo al pueblo indígena de Cereté, un dato que revela la lógica de estas fundaciones: pegarse a los núcleos indígenas sobrevivientes para vigilarlos y absorberlos.

Casi un siglo después, cuando el residente francés Luis Striffler subió por el Alto Sinú y dejó consignada su experiencia en El río Sinú (1875) y El Alto Sinú (1875), Montería y Cereté seguían siendo "el último pueblo civilizado" antes de entrar en territorio emberá. El primer establecimiento para extracción de oro se había fundado apenas en 1844. Es decir: incluso a mediados del siglo XIX, la ciudad era la frontera, no el centro. Lo sería después.

La ley de tres pasos: hacienda ganadera y colonización antioqueña

Lo que transformó a Montería de puesto de avanzada en capital regional fue la conquista sistemática de la tierra que la rodeaba. Ese proceso tuvo un nombre en el habla popular sinuana: la ley de tres pasos. En el primer paso, un colono pobre entraba al monte, lo tumbaba y habilitaba el suelo para cultivo o pastoreo. En el segundo, vendía sus mejoras a bajo precio a un contratista o finquero, muchas veces porque había sido contratado verbalmente por un terrateniente antes incluso de meter el hacha. En el tercero, un gran propietario reclamaba esas mejoras para ampliar una estancia existente o levantar una nueva hacienda. La ley no estaba escrita en ningún código: era el mecanismo cotidiano por el que la propiedad de la tierra se concentraba, con los costos de habilitación pagados por quienes nunca serían dueños.

Sobre ese mecanismo se montó, desde comienzos del siglo XX, la incursión antioqueña. La familia Ospina Vásquez compró la hacienda Marta Magdalena a los franceses hacia 1913, anticipando una salida por ferrocarril de Medellín al mar; a esa adquisición siguieron Santa Helena, Cañaflecha y otras propiedades hacia 1920. La llegada de los Ospina al alto Sinú y al San Jorge fue el punto de partida de una toma de la región por familias antioqueñas enriquecidas en la minería y el comercio, que trasplantaron al valle una lógica hacendataria más modernizada y mejor capitalizada que la costeña. La colonización antioqueña, junto a la del café en la zona andina, fue uno de los dos vectores decisivos de reconfiguración territorial de la Colombia del siglo XX.

Paralelamente, compañías extranjeras operaban sobre los bosques y las minas. La George D. Emery Company de Boston explotó recursos naturales de la región durante décadas, en un patrón que combinaba extracción de maderas finas, oro y sometimiento de mano de obra local. El resultado combinado —hacienda ganadera, colonización antioqueña, compañías extractivas— fue una estructura de tenencia en la que los colonos que abrían la selva quedaban atrapados entre el monte y sus propios patrones. La frase que quedó registrada resume la asimetría: los colonos pobres llegaron a temerle más a los hombres que a las fieras del monte. Se menciona también la práctica de la "compra de doncellas", que al menos un terrateniente rechazó, como parte del repertorio de dominación local.

Ese equilibrio se rompió, brevemente, en 1931. En los meses posteriores a las elecciones de ese año se inició un movimiento organizado de ocupación de latifundios: grupos de entre 100 y 300 campesinos invadieron haciendas en varios municipios del Sinú, y a comienzos de 1932 el alcalde de Montería informaba al gobernador que el problema del dominio y la posesión de la tierra se había vuelto grave. Fue la primera gran señal de que la ley de tres pasos no operaba sin resistencia. La represión y la reorganización política posteriores contuvieron el movimiento, pero el conflicto agrario quedó instalado como el eje del siglo cordobés.

1951: nace el departamento de Córdoba

La cristalización político-administrativa de la toma antioqueña llegó en 1951, cuando se creó el departamento de Córdoba —con el nombre del héroe paisa de la independencia— separándolo de Bolívar y erigiendo a Montería como capital. La decisión fue el reconocimiento estatal de que la región tenía ya una estructura económica, social y política diferenciada del resto de la costa, articulada en torno al eje ganadero-hacendatario del Sinú y del San Jorge, con predominio de propietarios ligados a Antioquia y con Montería como centro de servicios, comercio y administración.

La geografía del nuevo departamento reflejaba las capas de su historia: el litoral sobre el golfo de Morrosquillo, con Lorica como cabeza tradicional del bajo Sinú y su comercio fluvial; el valle medio, con Cereté, Ciénaga de Oro y Montería como corazón agropecuario; el alto Sinú, con Tierralta y Valencia como frontera hacia Paramillo; y las tierras del San Jorge, con Planeta Rica, Montelíbano y Ayapel colonizadas desde la Cordillera Occidental y los límites antioqueños. Montería quedó en el centro de esa arquitectura, con el río partiéndola en dos y una vocación de capital ganadera que se materializó en ferias, subastas, corralejas y una élite terrateniente cuyos apellidos se repetían en la política, la banca local y las páginas sociales.

Bajo esa superficie ordenada persistía el mismo problema. Desde los años veinte, las grandes haciendas tabacaleras y ganaderas de Córdoba y Sucre habían aglutinado a la población campesina e indígena como terrajeros o arrendatarios; al separarse de las haciendas, esos campesinos habilitaban tierras marginales que luego eran reclamadas por contratistas y terratenientes. La ley de tres pasos, adaptada a un contexto ya departamental, siguió funcionando. Y los conflictos alrededor de las ciénagas —Martinica, Betancí, Vilches, Santa Cruz de Lorica, Cotorra, Guartinaja, Corralitos, Ayapel— se multiplicaron a medida que los cuerpos de agua, que durante siglos habían sido bienes comunales de pescadores y campesinos, empezaron a ser cercados, desecados o privatizados para ganadería.

Los Castaño y las ACCU: cuando la hacienda se armó

El paso del conflicto agrario al conflicto armado ocurrió en Córdoba con una nitidez casi didáctica. Durante los años setenta y ochenta, las guerrillas de las FARC y del EPL se expandieron por el alto Sinú, el San Jorge y el nudo de Paramillo, cobrando extorsiones, secuestrando ganaderos y golpeando la infraestructura hacendataria. La respuesta se organizó desde la conjunción de tres actores: el Cartel de Medellín, que compraba tierras y buscaba santuarios rurales; sectores de las fuerzas militares, hostiles a la guerrilla y con doctrina contrainsurgente; y hacendados y ganaderos locales, que resentían la actuación guerrillera y estaban dispuestos a financiar una respuesta armada.

Los hermanos Castaño Gil —Fidel, Carlos y Vicente— fueron los emprendedores de esa convergencia. Carlos Castaño recibió entrenamiento militar en Israel a mediados de 1983, donde coincidió con el oficial colombiano Rito Alejo del Río, quien doce años después sería su aliado. Fidel, mayor y más ligado al Cartel de Medellín, consolidó una hacienda de facto en los corregimientos de Tierralta y Valencia. Entre diciembre de 1987 y bien entrado 1990, la región vivió decenas de desapariciones forzadas. Cuando los hechos de Las Tangas —una aldea donde entre abril y diciembre de 1988 ocurrieron desapariciones sistemáticas— empezaron a atraer atención, Fidel Castaño visitó personalmente el lugar acompañado de hombres armados, afirmó no tener nada que ver y repartió mercados. El gesto contiene, en escala mínima, toda la lógica del paramilitarismo cordobés: violencia y beneficencia combinadas sobre las mismas comunidades.

En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las ACCU, con los Castaño en la dirección. Su expansión notable ocurrió en 1996. En 1997, en una reunión de nueve organizaciones paramilitares regionales, las ACCU se convirtieron en la columna vertebral de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, con dirección única y estado mayor conjunto. Desde ese momento, Córdoba dejó de ser una región periférica del conflicto: se volvió su centro de comando.

La expansión paramilitar hacia otras regiones —el sur del Chocó y su costa Pacífica, los Montes de María, el corredor minero del Cesar, el norte del Valle del Cauca, el oriente antioqueño, el Meta, el Putumayo— se coordinó, en buena medida, desde Córdoba. El Pacto de Ralito, firmado en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, involucró a más de cincuenta políticos —senadores, congresistas, alcaldes, gobernadores— con el propósito declarado de "refundar el Estado" y de construir un proyecto político con proyección nacional financiado desde el narcotráfico. Salvatore Mancuso, uno de los jefes de las AUC y hombre fuerte del Bloque Catatumbo, confesó que su bloque fue responsable de la muerte de cinco mil civiles y que las autodefensas habían infiltrado todas las ramas del poder público.

La sociedad monteriana convivió con esa realidad de una manera que hoy resulta difícil de digerir. La familia Mancuso —con Pascual identificado como policía cívico y presunto financiador de las AUC, y Doménico investigado por financiamiento paramilitar— aparecía en las páginas sociales de El Meridiano de Córdoba y participaba en actos sociales de la ciudad. La parapolítica no era clandestina en Montería: era el orden.

En ese clima prosperaron y se desmoronaron a distintos ritmos figuras políticas locales. David Turbay Turbay, exministro y contralor general, quedó marcado por escándalos judiciales que atravesaron su carrera; Salvador Arana Sus, exembajador y exgobernador de Sucre pero con fuerte vínculo con la política cordobesa, fue condenado en la Corte Suprema por el asesinato de un alcalde en el marco de la parapolítica. Los nombres son distintos, pero el trasfondo es el mismo: una élite política regional cuya red de poder pasaba por el mismo circuito de haciendas, ganaderos y armas que había producido a los Castaño.

Urrá y los embera-katío: la última frontera

Mientras el conflicto armado se recrudecía en el llano, en el alto Sinú se libraba otra batalla. En 1993 comenzaron las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I, un proyecto del consorcio sueco-colombiano SKANSKA-CONCIVILES para la Empresa Multipropósito Urrá S.A. ESP, con financiación estatal del 52 por ciento y participación privada. La represa, inaugurada el 1 de julio de 2000, alcanzó una capacidad instalada de 340 MW, inundó 7.400 hectáreas y levantó una presa de 73 metros en la Cerrazón. Su costo real fue de 800 millones de dólares, frente a los 600 millones previstos, con un costo por kilovatio instalado de 2.350 dólares, muy por encima del rango eficiente de 1.100 a 1.350.

Los efectos ecológicos fueron inmediatos y estructurales. El bocachico, especie migratoria fundamental del Sinú, quedó cortado en dos: poblaciones aisladas aguas arriba y aguas abajo del frente de presa. Aguas abajo se registró empobrecimiento genético y aparición de variantes asociadas a repoblamientos. En el embalse, los programas de repoblamiento combinados con regulación de la pesca lograron cierta recuperación. La Brycon sinuensis —la charúa o dorada, endémica del Sinú, que migra en cardúmenes hacia las partes torrentosas del alto río— perdió acceso a sus zonas reproductivas históricas.

Contra la represa se organizó desde 1993 la resistencia de los embera-katío, pueblo indígena del alto Sinú, que emprendió acciones legales, movilizaciones y una intensa campaña internacional con apoyo de Global Response, Amnistía Internacional y Survival Internacional. El 23 de abril de 2000, en el marco de esa resistencia, se logró la inclusión de nuevos territorios y la suspensión del proyecto Urrá II. La victoria fue parcial. El Estado colombiano —ejecutivo y rama judicial— avaló el desconocimiento del proceso de consulta previa exigido por la Ley 99 de 1993 e impuso una indemnización monetaria repartida por familias y no por comunidades. El efecto de esa forma de compensar fue descomponer, desde adentro, el sistema organizacional embera-katío: los sistemas de producción colectivos empezaron a ser ignorados por las nuevas generaciones, con riesgo de extinción cultural. La represa fue construida; el pueblo fue formalmente reconocido pero simultáneamente disgregado.

La ciudad como sedimento: barrios, música y memoria

La Montería del siglo XXI es el sedimento visible de todo lo anterior. El río la cruza y separa la orilla oriental —donde se levantaron los barrios elegantes, los clubes privados exclusivos y la Ronda del Sinú, un parque lineal que en los años 2000 se convirtió en símbolo de renovación urbana— de la orilla occidental y los bordes sur y norte, donde se concentran las zonas de miseria. Barrios como Chuchurubí y Sucre en las áreas populares tradicionales, y asentamientos como Cantaclaro o Casa Finca en las periferias, alojaron durante décadas a familias desplazadas por la violencia provenientes de Valencia, Tierralta y los corregimientos del alto Sinú. En Casa Finca las viviendas se levantaron hacinadas, sin patios ni baños, con habitantes que hacían sus necesidades al otro lado del río.

Fue en ese barrio donde Yolanda Izquierdo organizó a la población desplazada, gestionó ayudas ante el Bienestar Familiar y encabezó demandas de reubicación ante el gobierno municipal, hasta convertirse en una de las voces más incómodas de la ciudad. Su asesinato posterior selló una regla no escrita: el liderazgo social en Montería costaba la vida. La dinámica de despojo que se había desarrollado en Urabá y Córdoba desde la segunda mitad de los años noventa se expandió a otras regiones del país; el reverso urbano fue Montería recibiendo, a la vez, a víctimas del despojo perpetrado en su propio territorio.

Bajo esa historia oscura corre otra que también es de la ciudad. San Pelayo, aguas abajo sobre el mismo río, es la cuna del porro y sostiene desde hace más de un siglo una tradición de bandas de viento que forma parte medular de la cultura sinuana. Músicos como Lucho Bermúdez y Pacho Galán, provenientes de la clase media provincial costeña con vínculos rurales, se inspiraron en esas bandas del valle del Sinú antes de desarrollar los arreglos orquestales que llevaron la música costeña a los salones nacionales e internacionales. El humor sinuano, con su gusto por la descripción detallada y la narrativa extensa, contrasta con el humor paisa de remate seco: es la marca de una cultura que se cuenta a sí misma con tiempo.

De esa misma tradición proceden dos figuras literarias mayores. Manuel Zapata Olivella, médico, antropólogo y novelista nacido en Lorica, dedicó su obra a rescatar las raíces afrocolombianas y a repensar la nación desde el Caribe negro y mestizo. Raúl Gómez Jattin, poeta nacido en Cartagena pero criado en Cereté, escribió desde el borde de la locura una poesía sinuana de furor, ternura e insolencia que ningún otro poeta colombiano ha igualado. Y en la memoria local sobreviven nombres como el de Antonio Cogollo, figura del imaginario popular monteriano cuya presencia es parte del tejido oral de la ciudad.

Este contraste —el porro y las Tangas, Zapata Olivella y Mancuso, la Ronda del Sinú y Casa Finca— no es una anomalía: es la forma misma de Montería. Una ciudad hecha por capas superpuestas de violencia y creación, donde la belleza del valle no ha impedido que la tierra sea el objeto de disputa más antiguo y persistente. La represa de Urrá, el paramilitarismo, la parapolítica y el despojo no son episodios extraños en la historia de esta capital: son la continuación, con otros medios, de una lógica que empezó con Heredia saqueando templos zenúes en 1534 y que atravesó, sin ruptura verdadera, la ley de tres pasos, la colonización antioqueña, la ganadería extensiva y la creación misma del departamento.

Lo que hace de Montería un caso central en la historia de Colombia es esa continuidad: la persistencia de una estructura de dominación territorial que se ha reproducido a lo largo de casi cinco siglos, adaptándose a cada ciclo económico y a cada régimen político. Y también la persistencia, del otro lado, de resistencias que nunca terminaron de ser vencidas del todo: los campesinos que invadieron latifundios en 1931, los embera-katío que llevaron su lucha a instancias internacionales, los desplazados que organizaron sus barrios desde la nada, los músicos que hicieron del porro un idioma nacional. La Montería que puede verse hoy —a la vez próspera, segregada, culta y golpeada— es el resultado provisional de esa tensión larga entre la acumulación por desposesión y las agencias que la han contestado. El río sigue corriendo, cambiado por Urrá y por Tinajones, pero corriendo. La ciudad sigue sobre sus dos orillas, midiendo cada día la distancia entre lo que se hizo con la tierra y lo que aún queda por hacer con ella.