Yolanda Izquierdo Berrío

Una vida a la sombra de la hacienda

Yolanda Izquierdo creció en el corazón rural de Córdoba, un departamento cuya estructura agraria había sido moldeada desde los años veinte por las grandes haciendas tabacaleras y ganaderas de la Costa Atlántica. Pasó su infancia entre Chorote y Loma Verde, dos veredas del interior cordobés donde el acceso a la tierra y a la escuela era la excepción y no la regla. La educación formal apenas la rozó: los maestros pagados duraban tres meses antes de marcharse, y las distancias a pie hasta la escuela hacían del aprendizaje un lujo intermitente. No hay constancia del grado hasta el cual llegó, pero el patrón es claro: Yolanda pertenecía a la generación de mujeres campesinas cordobesas para las que la alfabetización fue precaria y la vida productiva empezó temprano.

El territorio donde se formó no era neutro. Córdoba, junto con Sucre, es una de las regiones colombianas con mayor concentración de la propiedad de la tierra: un índice de Gini de 0,87, muy por encima incluso del promedio ya alto de la Costa Atlántica. Esa concentración no es un dato abstracto sino el sedimento de un siglo de despojo. Desde comienzos del siglo XX, las grandes haciendas aglutinaban a campesinos e indígenas como terrajeros o arrendatarios. El sistema llamado "pasto por tierra" obligaba al colono a desmontar el monte y usufructuar el suelo dos años. Al término del plazo, debía devolverlo sembrado en pastos al terrateniente. Así se expandía el latifundio ganadero sin desembolso alguno del propietario. Los campesinos que lograban zafarse de ese engranaje colonizaban tierras marginales y quedaban expuestos, décadas después, a nuevas presiones sobre sus parcelas.

Sobre ese sustrato agrario se montó, en los años setenta y ochenta, una doble dinámica que definiría la vida adulta de Yolanda. Por un lado, el movimiento campesino de la Costa Atlántica presionaba por la reforma agraria mediante invasiones de haciendas y negociaciones con el Incora; unas cinco mil familias consiguieron parcelas por esa vía. Por otro, comenzaba la contraofensiva. La familia Castaño Gil se instaló en el sur de Córdoba a comienzos de los ochenta con un doble programa: la lucha contra las guerrillas de las FARC y del EPL, y la colonización empresarial antioqueña asociada al narcotráfico. Fidel Castaño Gil compró en 1983, a los Ballestas, un conjunto de fincas —Las Tangas y El Porvenir, Campo Alegre, Damasco, Estambul, Tislo— que se convertirían en el núcleo territorial del proyecto paramilitar y, más tarde, en piezas de un ajedrez de redistribución selectiva.

El sur de Córdoba, laboratorio del despojo

Para entender por qué Yolanda Izquierdo terminaría, dos décadas después, encabezando reclamos frente a Salvatore Mancuso, hay que asomarse al modo en que los Castaño hicieron de Córdoba su feudo. Un trabajador humanitario en Montería contabilizó al menos dieciséis masacres en dos años en el sur del departamento durante la ofensiva paramilitar inicial. El propio Fidel Castaño reconoció que la estrategia era de "limpieza general", sin distinguir entre guerrilleros y campesinos, y que solo después de esa fase se hablaba con la población sobreviviente. Ese método —masacrar, desplazar, reordenar— produjo el mapa del despojo cordobés y alimentó los cinturones de miseria de Montería con desplazados provenientes de municipios como Valencia y Tierralta.

Pero la maquinaria de los Castaño no se limitaba a expulsar. Al mismo tiempo redistribuía. En 1990, Fidel Castaño se sometió a la justicia junto a unos trescientos de sus hombres y anunció la entrega de varias haciendas, gesto asociado en la época a una disminución transitoria de la violencia paramilitar en el sur cordobés. La herramienta jurídica para canalizar esa entrega fue la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, cuya presidencia recayó en una mujer conocida como Sor Teresa, figura habitualmente identificada como Sor Teresa Gómez.

Funpazcor repartió, entre otras, las mismas fincas que Fidel había comprado a Ballestas en 1983. Antes del traspaso a la fundación, los Castaño usaban prestanombres —entre ellos Carlos Alfonso Goez Oquendo— como titulares formales de los predios. Los beneficiarios de las parcelas incluían desmovilizados del EPL, hombres de las propias autodefensas y campesinos seleccionados bajo criterios que respondían más a la lógica interna de la organización —reinserción de guerrilleros, reparación selectiva de daños causados— que a estándares imparciales. El costo económico para el beneficiario era nulo, pero venía atado a una cláusula tácita e ineludible: no vender. Quien vendía, sufría represalias que en varios casos incluyeron la muerte.

Este orden agrario paralelo, con sus reglas propias, es indispensable para leer a Yolanda Izquierdo. Ella no llegó a la reclamación de tierras como una activista externa que denunciaba desde afuera un despojo abstracto. Yolanda fue beneficiaria de tierras distribuidas por los Castaño a través de Funpazcor, según testimonios recogidos y según la narrativa que después difundirían los propios paramilitares. Esos mismos testimonios sostienen que las vendió a bajo precio y, más grave aún desde la óptica del acuerdo tácito, impulsó a otros beneficiarios a hacer lo mismo. La versión paramilitar añade que algunas de esas ventas se produjeron por el miedo que generaba la presencia de las FARC en ciertas zonas.

Esa doble condición —beneficiaria y luego incumplidora del acuerdo de no venta— tensiona la lectura fácil de Yolanda como víctima ajena al orden que la mató. La complica sin exculparlo. Que hubiera participado, aunque fuera lateralmente, en el sistema de distribución clientelar de los Castaño no la convierte en cómplice del despojo original: los Castaño no repartían tierras propias sino tierras acumuladas a fuerza de masacre. La disyuntiva a la que se enfrentaban los beneficiarios —aceptar una parcela con cláusulas coercitivas o quedar sin nada en un territorio militarizado— no era una elección libre. Yolanda, como tantos otros campesinos cordobeses, se movió dentro de las opciones que ese orden dejaba abiertas, y cuando esas opciones se cerraron, buscó las que ofrecía el Estado a partir de 2005.

Del barrio de invasión al Concejo de Montería

En algún momento del proceso de desplazamiento y reasentamiento, Yolanda Izquierdo se instaló en Montería, la ciudad-refugio donde iban a parar miles de campesinos expulsados por la violencia. Los barrios de invasión de la capital cordobesa, surgidos con las oleadas de desplazamiento provenientes sobre todo de Valencia y Tierralta, se convirtieron en el escenario social donde emergió su liderazgo. Allí Yolanda hizo lo que hacen los líderes barriales de esa geografía: gestionar servicios, mediar conflictos, representar a los vecinos frente a autoridades locales y, sobre todo, articular a los desplazados como una comunidad con demandas propias.

De ese trabajo nació su capital político. Sin credenciales académicas ni respaldos partidistas, Yolanda decidió lanzarse como candidata al Concejo de Montería, empujada tanto por las necesidades económicas de su hogar como por el reconocimiento social que había acumulado como vocera de desplazados y reclamantes. El resultado fue lo suficientemente exitoso como para incomodar. Según el testimonio de una persona cercana, alcanzó a contabilizar más de dos mil votos, pero cerca de mil le fueron anulados sin explicación clara —una anulación que se produjo, dicen quienes la acompañaban, cuando ya se estaba celebrando su victoria. Personas de su entorno lo calificaron sin ambages como un fraude: "le robaron" la elección.

Ese episodio importa por dos razones. Primero, porque documenta que Yolanda no era una figura marginal sino una líder capaz de movilizar dos mil votos en Montería, en una ciudad donde Salvatore Mancuso disputaba con élites locales como los López Cabrales el control de la burocracia pública. Segundo, porque revela que las instituciones electorales locales, en un departamento atravesado por el poder paramilitar y sus prolongaciones civiles, no eran vías abiertas para líderes de origen popular con una base autónoma. Yolanda pensó en volver a presentarse en las siguientes elecciones locales, según refirió después un familiar, pero no llegó a hacerlo: fue asesinada antes.

La Ley 975 y el momento Mancuso

El 22 de junio de 2005, el Congreso de Colombia expidió la Ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, marco legal del proceso de desmovilización paramilitar negociado en Santa Fe de Ralito bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La ley ofrecía a los combatientes desmovilizados —principalmente de las AUC— reducciones sustanciales de condena a cambio de confesión, entrega de bienes y reparación a las víctimas. Su implementación mediante el Decreto 3391 permitió que los paramilitares se acogieran a beneficios penales incluso mediante confesiones parciales, lo que abrió zonas amplias de impunidad respecto a la totalidad de los crímenes cometidos.

La ley creó también la figura de la versión libre, diligencia en la que los desmovilizados debían relatar ante fiscales de Justicia y Paz los hechos por los que buscaban acogerse al régimen. Las víctimas tenían derecho a estar representadas en esas diligencias, a formular preguntas, a controvertir versiones. Es en esa ranura procesal donde Yolanda Izquierdo entra a la historia nacional. Se convirtió en representante de víctimas para las diligencias de versión libre de Salvatore Mancuso, uno de los tres comandantes máximos de las AUC, hombre fuerte del bloque paramilitar en Córdoba y figura central del proyecto agrario que había desplazado a miles.

La versión libre de Mancuso estaba programada para reiniciarse el 15 de enero de 2007. Yolanda había asumido su representación cargando expedientes concretos: reclamos por tierras que campesinos cordobeses aseguraban haber perdido en las oleadas de despojo, testimonios sobre la trama de Funpazcor, denuncias sobre los prestanombres. Su labor no era simbólica. Reunía firmas, coordinaba con otras víctimas, preparaba los reclamos que se presentarían en las diligencias. En un proceso judicial diseñado sobre la premisa de que los desmovilizados confesarían "toda la verdad", ella representaba el otro polo: el de quienes exigían que esa verdad tuviera consecuencias materiales sobre las tierras.

Las amenazas comenzaron en diciembre de 2006. No se han identificado judicialmente sus autores, pero el vínculo con su labor como representante de víctimas frente a Mancuso quedó explícito en los informes contemporáneos. Yolanda pidió protección varios días antes de morir. La solicitud no fue atendida.

El 31 de enero de 2007

Yolanda Izquierdo fue asesinada a balazos en la puerta de su hogar en Montería el 31 de enero de 2007. El hecho fue reportado el 1 de febrero. El crimen se inscribe en los reclamos que ella impulsaba frente a la usurpación de tierras por parte de miembros de las AUC en Córdoba, aunque ninguna investigación judicial disponible identifica de manera concluyente a los autores materiales o intelectuales. La misma nebulosa de responsabilidad que había protegido a los perpetradores del despojo original volvía a operar sobre quienes lo denunciaban.

Entre los investigados por la muerte apareció Guillermo Mass, exsecretario de Funpazcor. La aparición de ese nombre no es menor: sugiere que la línea de causalidad probable no atravesaba el aparato militar residual de las AUC sino la red civil que había gestionado la redistribución de tierras, es decir, la trama en la que precisamente Yolanda había participado como beneficiaria y luego incumplido con las ventas. La narrativa que después difundirían voces paramilitares —presentando la muerte como consecuencia de que Yolanda había vendido las parcelas recibidas y movilizado a otros a hacerlo— apunta en la misma dirección: no la castigaba una organización armada disuelta sino la estructura civil que había sobrevivido a la desmovilización formal y seguía haciendo cumplir sus acuerdos.

Esa continuidad es la clave para leer el crimen. La desmovilización de las AUC, iniciada en 2003 y consolidada como bandera de la Seguridad Democrática, entregó armas, disolvió bloques y produjo miles de sometimientos ante Justicia y Paz. Pero no tocó la estructura de propiedad de la tierra que el paramilitarismo había construido. Las fincas seguían siendo de quienes las habían recibido bajo los acuerdos de los Castaño; los prestanombres seguían siendo titulares formales; Funpazcor seguía existiendo como fundación. Cuando la Ley 975 abrió una ventana para que las víctimas reclamaran, ese sistema paralelo respondió por la vía que llevaba dos décadas usando: la eliminación selectiva de quienes lo cuestionaban.

Una omisión activa

El asesinato de Yolanda Izquierdo puso al descubierto una debilidad estructural del proceso: la Ley 975 había sido concebida para desmovilizar victimarios sin diseñar simultáneamente un aparato de protección para quienes se atreverían a confrontarlos judicialmente. Que Yolanda hubiera pedido protección varios días antes de morir, y que esa petición no hubiera producido ninguna medida concreta, no fue un fallo administrativo aislado sino la expresión de un vacío legal y político. No existía, en enero de 2007, un programa específico de protección para víctimas y testigos del proceso de Justicia y Paz.

La respuesta institucional llegó tarde y por vía judicial, no por decisión gubernamental espontánea. El 30 de junio de 2007, cinco meses después del asesinato, un grupo de víctimas presentó una acción de tutela ante los tribunales colombianos para obligar al Estado a adoptar acciones concretas que pusieran fin a los homicidios y amenazas. Los tribunales fallaron a favor de las víctimas. Fue solo entonces —en septiembre de 2007— cuando el gobierno creó un programa de protección para víctimas y testigos vinculados al proceso de la Ley de Justicia y Paz.

La secuencia es reveladora. La Seguridad Democrática había desplegado un aparato robusto de protección para los desmovilizados de las AUC: subsidios de reincorporación, seguimiento a los postulados, garantías jurídicas para quienes se acogían al proceso. Pero las víctimas que ejercían los derechos que esa misma ley les reconocía quedaron, durante los dieciocho meses iniciales del proceso, sin cobertura estatal alguna. La creación del programa de protección en septiembre de 2007 no fue un gesto proactivo del gobierno de Uribe sino una obligación impuesta por la rama judicial tras el asesinato de Yolanda y de otras figuras similares. El Estado no protegió; fue obligado a hacerlo.

Un patrón que Yolanda inaugura

Yolanda Izquierdo no fue un caso aislado sino la primera víctima visible de un patrón sistemático que se prolongaría durante los años siguientes. El 23 de abril de 2007, menos de tres meses después de su asesinato, Judith Vergara Correa fue asesinada en un bus en Medellín. Vergara era presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre de la Comuna 13, integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), de la Asociación de Madres de la Candelaria y de Redepaz. Su perfil —líder barrial, defensora de derechos humanos, vocera de víctimas— coincidía con el de Yolanda en todo salvo el escenario geográfico.

El patrón se extendería. El 18 de mayo de 2010, Rogelio Martínez, líder campesino del proceso de La Alemania en la frontera de Sucre con Bolívar, fue asesinado tras años de amenazas por parte de desmovilizados del Bloque Héroes de los Montes de María. Un excombatiente lo había amenazado directamente el 24 de diciembre de 2008, acusándolo de crear problemas al paramilitarismo con sus denuncias sobre tierras robadas y fosas comunes. Con la muerte de Martínez, el número de campesinos de La Alemania asesinados por intentar recuperar sus tierras llegó a quince. En Apartadó, en el Urabá antioqueño, otros nombres —entre ellos, con las reservas del caso, el de Carmen Cecilia Santana Romaña— se sumaron a la nómina de líderes de víctimas eliminados durante el proceso.

Todos estos crímenes compartían una lógica que Yolanda había ilustrado con precisión inaugural: las amenazas eran el principal mecanismo violento para acabar con las labores de liderazgo social; las medidas de protección de predios resultaban ineficaces, como demostró que Martínez tuviera declaratoria de protección tanto sobre su predio como sobre su persona y aun así fuera asesinado; y los perpetradores más probables eran redes de desmovilizados o estructuras civiles asociadas al viejo aparato paramilitar. El proceso de Justicia y Paz coexistía con un despojo continuado, y cada líder que se atrevía a reclamar hacía la biografía siguiente de la lista.

La red que la rodeaba

Alrededor del caso de Yolanda Izquierdo se tejieron nombres que definen la geografía política del posdesmovilización. En el polo del poder paramilitar estaban los Castaño —Fidel, muerto en circunstancias oscuras a mediados de los noventa; Carlos, desaparecido en 2004— y sobre todo Salvatore Mancuso, el jefe de las AUC en Córdoba cuya versión libre había convertido a Yolanda en su interlocutora involuntaria. Detrás de la red civil que administraba las tierras estaba Sor Teresa Gómez al frente de Funpazcor, con secretarios como Guillermo Mass, luego investigado por el crimen.

En el polo institucional, el proceso lo dirigía el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con Mario Iguarán como fiscal general de la nación durante la fase inicial de las versiones libres. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, presidida por Eduardo Pizarro Leongómez, era el organismo encargado de acompañar el proceso desde la perspectiva de las víctimas, aunque su capacidad efectiva para prevenir la violencia contra reclamantes fue limitada. En el campo de la denuncia política, figuras como Iván Cepeda Castro —hijo del dirigente de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, asesinado en 1994— sostuvieron el trabajo de documentación y visibilización que permitiría, años después, integrar casos como el de Yolanda en el relato oficial de la memoria del conflicto.

La geografía del caso también importa. Montería, capital cordobesa, era en 2007 una ciudad donde Mancuso ejercía un poder militar y económico considerable, disputando el control político con élites locales como los López Cabrales, con quienes negociaba el manejo de la burocracia pública. En esa ciudad concentradora de miles de desplazados provenientes de Valencia y Tierralta, con sus barrios de invasión y sus liderazgos populares, Yolanda había construido su base. La hacienda Las Tangas, en el sur del departamento, era el corazón simbólico del despojo original y de la posterior redistribución. Urabá, hacia el occidente, y la Costa Caribe en su conjunto completaban el mapa donde el paramilitarismo había reorganizado la propiedad rural.

La huella

La muerte de Yolanda Izquierdo dejó una huella que puede rastrearse en tres registros distintos, todos ellos entrelazados en el mismo movimiento posterior a 2007. En el plano institucional, ya señalado, forzó por vía de tutela y con cinco meses de demora la creación en septiembre de 2007 de un programa de protección para víctimas y testigos de la Ley 975. Ese programa nació incompleto —no impidió los asesinatos posteriores de Vergara, Martínez y decenas más—, pero constituyó el reconocimiento oficial de que el proceso de paz con las AUC había ignorado a una de las partes esenciales de su ecuación.

En el plano simbólico y memorial, el caso Izquierdo se decantó lentamente en el archivo de nombres que la memoria oficial y periodística terminaría reconociendo como emblemáticos. El Grupo de Memoria Histórica, consolidado desde 2007 y luego transformado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, adoptó como principio metodológico que la verdad y la memoria son construcciones sociales, y estableció mecanismos participativos para que las víctimas y sus organizaciones fueran parte activa del proceso. En los lanzamientos públicos de los informes del Grupo, medios como Semana, El Tiempo y El Espectador dieron protagonismo a las voces testimoniales de víctimas, y en esa cadena de reconocimientos Yolanda ocupó un sitio recurrente.

El tercer registro es más difuso pero probablemente el más duradero. El caso Izquierdo fijó, en la conciencia pública nacional e internacional, la idea de que la restitución de tierras no podría hacerse dentro del marco de la Ley 975 sin un aparato de protección específico y sin una intervención estatal directa sobre el orden agrario del posdesmovilización. Cuando en 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos expidió la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, buena parte de su arquitectura respondía a los vacíos que casos como el de Yolanda habían evidenciado durante los años previos. El diseño de esa nueva ley reconocía implícitamente que la muerte de reclamantes en Córdoba, Sucre, Antioquia y otros departamentos era la evidencia de que el paramilitarismo, formalmente desmovilizado, seguía operando como estructura de control territorial y agrario.

Queda, sin embargo, una pregunta abierta: la identidad de los asesinos materiales de Yolanda, la cadena de mando que autorizó el crimen, la relación exacta entre la red civil de Funpazcor y las estructuras armadas que la ejecutaron. Guillermo Mass fue investigado, pero no hay una condena firme que resuelva la trama en su totalidad. Esa opacidad no es incidental: es constitutiva del proceso de Justicia y Paz, cuyo diseño permitía confesiones parciales y toleraba que amplias zonas de responsabilidad quedaran en la sombra.

Yolanda Izquierdo Berrío ocupa así un lugar preciso en la historia reciente de Colombia. No fue una heroína ni una santa: fue una campesina cordobesa que se movió, como millones más, dentro de las opciones estrechas que el orden paramilitar cordobés le ofreció, incluida la aceptación de una parcela bajo cláusulas coercitivas. Cuando el proceso de Justicia y Paz abrió una vía institucional para reclamar, la tomó con la energía y el capital político acumulados en dos décadas de liderazgo barrial. Que ese gesto —participar en las versiones libres de Mancuso como representante de víctimas— hubiera bastado para que la mataran cinco meses después de iniciado el proceso revela, mejor que cualquier estadística, qué había sido y qué seguiría siendo, tras la desmovilización formal, la política de la tierra en Córdoba.