Yolanda Izquierdo Berrío

Una vida a la sombra de la hacienda

Yolanda Izquierdo nació en Tierralta, Córdoba, el 13 de octubre de 1962. Su familia se trasladó a Las Claras, corregimiento del mismo municipio. Estudió primaria en una escuela anexa y secundaria en una normal, donde obtuvo el título de media vocacional. En Tierralta enseñó a niñas y niños desplazados por la construcción de Urrá; ya en Montería, costeó con su propio trabajo estudios de bachillerato comercial. La educación y la enseñanza fueron parte de su formación como lideresa comunitaria.

El territorio donde se formó no era neutro. Córdoba, junto con Sucre, es una de las regiones colombianas con mayor concentración de la propiedad de la tierra: un índice de Gini de 0,87, muy por encima incluso del promedio ya alto de la Costa Atlántica. Esa concentración no es un dato abstracto sino el sedimento de un siglo de despojo. Desde comienzos del siglo XX, las grandes haciendas aglutinaban a campesinos e indígenas como terrajeros o arrendatarios. El sistema llamado "pasto por tierra" obligaba al colono a desmontar el monte y usufructuar el suelo dos años. Al término del plazo, debía devolverlo sembrado en pastos al terrateniente. Así se expandía el latifundio ganadero sin desembolso alguno del propietario. Los campesinos que lograban zafarse de ese engranaje colonizaban tierras marginales y quedaban expuestos, décadas después, a nuevas presiones sobre sus parcelas.

Sobre ese sustrato agrario se montó, en los años setenta y ochenta, una doble dinámica que definiría la vida adulta de Yolanda. Por un lado, el movimiento campesino de la Costa Atlántica presionaba por la reforma agraria mediante invasiones de haciendas y negociaciones con el Incora; unas cinco mil familias consiguieron parcelas por esa vía. Por otro, comenzaba la contraofensiva. La familia Castaño Gil se instaló en el sur de Córdoba a comienzos de los ochenta con un doble programa: la lucha contra las guerrillas de las FARC y del EPL, y la colonización empresarial antioqueña asociada al narcotráfico. Fidel Castaño Gil compró en 1983, a los Ballestas, un conjunto de fincas —Las Tangas y El Porvenir, Campo Alegre, Damasco, Estambul, Tislo— que se convertirían en el núcleo territorial del proyecto paramilitar y, más tarde, en piezas de un ajedrez de redistribución selectiva.

El sur de Córdoba, laboratorio del despojo

Para entender por qué Yolanda Izquierdo terminaría, dos décadas después, encabezando reclamos frente a Salvatore Mancuso, hay que asomarse al modo en que los Castaño hicieron de Córdoba su feudo. Un trabajador humanitario en Montería contabilizó al menos dieciséis masacres en dos años en el sur del departamento durante la ofensiva paramilitar inicial. El propio Fidel Castaño reconoció que la estrategia era de "limpieza general", sin distinguir entre guerrilleros y campesinos, y que solo después de esa fase se hablaba con la población sobreviviente. Ese método —masacrar, desplazar, reordenar— produjo el mapa del despojo cordobés y alimentó los cinturones de miseria de Montería con desplazados provenientes de municipios como Valencia y Tierralta.

Pero la maquinaria de los Castaño no se limitaba a expulsar. Al mismo tiempo redistribuía. En 1990, Fidel Castaño se sometió a la justicia junto a unos trescientos de sus hombres y anunció la entrega de varias haciendas, gesto asociado en la época a una disminución transitoria de la violencia paramilitar en el sur cordobés. La herramienta jurídica para canalizar esa entrega fue la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, cuya presidencia recayó en una mujer conocida como Sor Teresa, figura habitualmente identificada como Sor Teresa Gómez.

Funpazcor repartió, entre otras, las mismas fincas que Fidel había comprado a Ballestas en 1983. Antes del traspaso a la fundación, los Castaño usaban prestanombres —entre ellos Carlos Alfonso Goez Oquendo— como titulares formales de los predios. Los beneficiarios de las parcelas incluían desmovilizados del EPL, hombres de las propias autodefensas y campesinos seleccionados bajo criterios que respondían más a la lógica interna de la organización —reinserción de guerrilleros, reparación selectiva de daños causados— que a estándares imparciales. La adjudicación venía atada a restricciones de venta. Años después, la propia fundación presionó a parceleros para que cedieran sus predios a precios muy inferiores a su valor.

Este orden agrario paralelo, con sus reglas propias, es indispensable para leer a Yolanda Izquierdo. Ella no llegó a la reclamación de tierras como una activista externa que denunciaba desde afuera un despojo abstracto. Yolanda recibió una parcela por medio de Funpazcor, según la reconstrucción del Grupo de Memoria Histórica. Cuando la fundación buscó recuperar los predios, varios parceleros denunciaron amenazas para obligarlos a vender a precios irrisorios. En ese contexto, Yolanda vendió su parcela bajo presión. La investigación describe, además, deudas ligadas a inversiones agrícolas que no había recibido: su experiencia como adjudicataria terminó siendo también una experiencia de despojo.

Su trayectoria como adjudicataria muestra la fragilidad de las parcelas entregadas por Funpazcor: la fundación podía imponer condiciones de tenencia y luego presionar a los campesinos para recuperar la tierra. La venta de Yolanda no fue una decisión libre tomada al margen de ese poder. Como otros parceleros, quedó entre amenazas, obligaciones económicas y un sistema de propiedad controlado por la red de los Castaño. Más adelante acudió a las vías abiertas por Justicia y Paz para reclamar los derechos de quienes habían perdido sus tierras.

Del barrio de invasión al Concejo de Montería

En algún momento del proceso de desplazamiento y reasentamiento, Yolanda Izquierdo se instaló en Montería, la ciudad-refugio donde iban a parar miles de campesinos expulsados por la violencia. Los barrios de invasión de la capital cordobesa, surgidos con las oleadas de desplazamiento provenientes sobre todo de Valencia y Tierralta, se convirtieron en el escenario social donde emergió su liderazgo. Allí Yolanda hizo lo que hacen los líderes barriales de esa geografía: gestionar servicios, mediar conflictos, representar a los vecinos frente a autoridades locales y, sobre todo, articular a los desplazados como una comunidad con demandas propias.

De ese trabajo nació su capital político. Con formación escolar y experiencia como educadora comunitaria, pero sin respaldo de los partidos tradicionales, Yolanda decidió lanzarse como candidata al Concejo de Montería, empujada tanto por las necesidades económicas de su hogar como por el reconocimiento social que había acumulado como vocera de desplazados y reclamantes. La candidatura no llegó al Concejo. La reconstrucción histórica señala que su movimiento, MIPOL, no alcanzó el umbral de votación; personas cercanas sostuvieron una versión diferente y denunciaron que cerca de mil votos fueron anulados sin explicación. Esa denuncia forma parte de la memoria familiar, pero no equivale por sí sola a una constatación judicial de fraude.

Ese episodio importa por dos razones. Primero, porque muestra que Yolanda buscó trasladar su liderazgo barrial a la representación política en Montería. Segundo, porque la distancia entre la explicación del umbral electoral y el recuerdo de quienes la acompañaban permite entender la desconfianza de su entorno hacia las instituciones locales en un departamento atravesado por el poder paramilitar. Yolanda pensó en volver a presentarse en las siguientes elecciones locales, según refirió después un familiar, pero no llegó a hacerlo: fue asesinada antes.

La Ley 975 y el momento Mancuso

El 22 de junio de 2005, el Congreso de Colombia expidió la Ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, marco legal del proceso de desmovilización paramilitar negociado en Santa Fe de Ralito bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La ley ofrecía a los combatientes desmovilizados —principalmente de las AUC— reducciones sustanciales de condena a cambio de confesión, entrega de bienes y reparación a las víctimas. Su implementación mediante el Decreto 3391 permitió que los paramilitares se acogieran a beneficios penales incluso mediante confesiones parciales, lo que abrió zonas amplias de impunidad respecto a la totalidad de los crímenes cometidos.

La ley creó también la figura de la versión libre, diligencia en la que los desmovilizados debían relatar ante fiscales de Justicia y Paz los hechos por los que buscaban acogerse al régimen. Las víctimas tenían derecho a estar representadas en esas diligencias, a formular preguntas, a controvertir versiones. Es en esa ranura procesal donde Yolanda Izquierdo entra a la historia nacional. Se convirtió en representante de víctimas para las diligencias de versión libre de Salvatore Mancuso, uno de los tres comandantes máximos de las AUC, hombre fuerte del bloque paramilitar en Córdoba y figura central del proyecto agrario que había desplazado a miles.

La versión libre de Mancuso estaba programada para reiniciarse el 15 de enero de 2007. Yolanda había asumido su representación cargando expedientes concretos: reclamos por tierras que campesinos cordobeses aseguraban haber perdido en las oleadas de despojo, testimonios sobre la trama de Funpazcor, denuncias sobre los prestanombres. Su labor no era simbólica. Reunía firmas, coordinaba con otras víctimas, preparaba los reclamos que se presentarían en las diligencias. En un proceso judicial diseñado sobre la premisa de que los desmovilizados confesarían "toda la verdad", ella representaba el otro polo: el de quienes exigían que esa verdad tuviera consecuencias materiales sobre las tierras.

Las amenazas se registraron desde noviembre de 2006 y se intensificaron en los meses siguientes. Su relación con la reclamación de tierras y la representación de víctimas quedó descrita en el expediente judicial. Yolanda pidió protección varios días antes de morir. La solicitud no fue atendida.

El 31 de enero de 2007

Yolanda Izquierdo fue asesinada a balazos en la puerta de su hogar en Montería el 31 de enero de 2007. El hecho fue reportado el 1 de febrero. El crimen se inscribe en los reclamos que ella impulsaba frente a la usurpación de tierras por parte de miembros de las AUC en Córdoba, y dio lugar a condenas penales: Víctor Alfonso Rojas Valencia, alias Jawi, fue condenado por el homicidio, y el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó en 2011 la condena de Sor Teresa Gómez Álvarez como coautora. Las decisiones identificaron responsabilidades concretas, aunque no agotaron todas las preguntas sobre la red que sostuvo el despojo.

Entre los investigados por la muerte apareció Guillermo Mass, exsecretario de Funpazcor. La condena de Sor Teresa Gómez Álvarez, vinculada con Funpazcor, muestra que la disputa por las parcelas y la violencia contra reclamantes no desaparecieron con la desmovilización formal de las AUC. El fallo contra Víctor Alfonso Rojas Valencia establece, además, una responsabilidad penal en el homicidio. La posible participación de otros actores siguió bajo investigación.

Esa continuidad es la clave para leer el crimen. La desmovilización de las AUC, iniciada en 2003 y consolidada como bandera de la Seguridad Democrática, entregó armas, disolvió bloques y produjo miles de sometimientos ante Justicia y Paz. Pero no tocó la estructura de propiedad de la tierra que el paramilitarismo había construido. Las fincas seguían siendo de quienes las habían recibido bajo los acuerdos de los Castaño; los prestanombres seguían siendo titulares formales; Funpazcor seguía existiendo como fundación. Cuando la Ley 975 abrió una ventana para que las víctimas reclamaran, ese sistema paralelo respondió por la vía que llevaba dos décadas usando: la eliminación selectiva de quienes lo cuestionaban.

Una omisión activa

El asesinato de Yolanda Izquierdo puso al descubierto una debilidad estructural del proceso: la Ley 975 había sido concebida para desmovilizar victimarios sin diseñar simultáneamente un aparato de protección para quienes se atreverían a confrontarlos judicialmente. Que Yolanda hubiera pedido protección varios días antes de morir, y que esa petición no hubiera producido ninguna medida concreta, no fue un fallo administrativo aislado sino la expresión de un vacío legal y político. En enero de 2007 aún no existía el programa específico para víctimas y testigos del proceso de Justicia y Paz que se creó ese mismo año, aunque había otros mecanismos de protección de alcance limitado.

La respuesta institucional llegó tarde y estuvo acompañada por litigio judicial. Tras las reclamaciones de organizaciones de víctimas en marzo de 2007, una tutela llevó el problema de protección ante la justicia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el amparo el 13 de agosto; el Consejo de Estado revocó esa decisión el 4 de octubre. En septiembre se había creado un programa específico para víctimas y testigos de Justicia y Paz. En 2008, la Corte Constitucional revocó el fallo del Consejo de Estado y confirmó el amparo concedido por el Tribunal.

La secuencia es reveladora. La Seguridad Democrática había desplegado un aparato robusto de protección para los desmovilizados de las AUC: subsidios de reincorporación, seguimiento a los postulados, garantías jurídicas para quienes se acogían al proceso. Pero las víctimas que ejercían los derechos que esa ley les reconocía encontraron mecanismos de protección insuficientes y dificultades para acceder a ellos. La muerte de Yolanda, pese a sus solicitudes de seguridad, puso esa falla en evidencia. El programa creado en septiembre de 2007 amplió la respuesta institucional en medio de los reclamos de las víctimas y del litigio constitucional; su existencia posterior no borra la omisión sufrida por quienes habían pedido protección antes.

Un patrón que Yolanda inaugura

Yolanda Izquierdo no fue un caso aislado sino la primera víctima visible de un patrón sistemático que se prolongaría durante los años siguientes. El 23 de abril de 2007, menos de tres meses después de su asesinato, Judith Vergara Correa fue asesinada en un bus en Medellín. Vergara era presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre de la Comuna 13, integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), de la Asociación de Madres de la Candelaria y de Redepaz. Su perfil —líder barrial, defensora de derechos humanos, vocera de víctimas— coincidía con el de Yolanda en todo salvo el escenario geográfico.

El patrón se extendería. El 18 de mayo de 2010, Rogelio Martínez, líder campesino del proceso de La Alemania en la frontera de Sucre con Bolívar, fue asesinado tras años de amenazas por parte de desmovilizados del Bloque Héroes de los Montes de María. Un excombatiente lo había amenazado directamente el 24 de diciembre de 2008, acusándolo de crear problemas al paramilitarismo con sus denuncias sobre tierras robadas y fosas comunes. Con la muerte de Martínez, el número de campesinos de La Alemania asesinados por intentar recuperar sus tierras llegó a quince. En Apartadó, en el Urabá antioqueño, otros nombres —entre ellos, con las reservas del caso, el de Carmen Cecilia Santana Romaña— se sumaron a la nómina de líderes de víctimas eliminados durante el proceso.

Todos estos crímenes compartían una lógica que Yolanda había ilustrado con precisión inaugural: las amenazas eran el principal mecanismo violento para acabar con las labores de liderazgo social; las medidas de protección de predios resultaban ineficaces, como demostró que Martínez tuviera declaratoria de protección tanto sobre su predio como sobre su persona y aun así fuera asesinado; y los perpetradores más probables eran redes de desmovilizados o estructuras civiles asociadas al viejo aparato paramilitar. El proceso de Justicia y Paz coexistía con un despojo continuado, y cada líder que se atrevía a reclamar hacía la biografía siguiente de la lista.

La red que la rodeaba

Alrededor del caso de Yolanda Izquierdo se tejieron nombres que definen la geografía política del posdesmovilización. En el polo del poder paramilitar estaban los Castaño —Fidel, muerto en circunstancias oscuras a mediados de los noventa; Carlos, desaparecido en 2004— y sobre todo Salvatore Mancuso, el jefe de las AUC en Córdoba cuya versión libre había convertido a Yolanda en su interlocutora involuntaria. Detrás de la red civil que administraba las tierras estaba Sor Teresa Gómez al frente de Funpazcor, junto a Guillermo Mass, sobre quien se ordenó investigar; Gómez fue condenada como coautora del homicidio.

En el polo institucional, el proceso lo dirigía el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con Mario Iguarán como fiscal general de la nación durante la fase inicial de las versiones libres. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, presidida por Eduardo Pizarro Leongómez, era el organismo encargado de acompañar el proceso desde la perspectiva de las víctimas, aunque su capacidad efectiva para prevenir la violencia contra reclamantes fue limitada. En el campo de la denuncia política, figuras como Iván Cepeda Castro —hijo del dirigente de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, asesinado en 1994— sostuvieron el trabajo de documentación y visibilización que permitiría, años después, integrar casos como el de Yolanda en el relato oficial de la memoria del conflicto.

La geografía del caso también importa. Montería, capital cordobesa, era en 2007 una ciudad donde Mancuso ejercía un poder militar y económico considerable, disputando el control político con élites locales como los López Cabrales, con quienes negociaba el manejo de la burocracia pública. En esa ciudad concentradora de miles de desplazados provenientes de Valencia y Tierralta, con sus barrios de invasión y sus liderazgos populares, Yolanda había construido su base. La hacienda Las Tangas, en el sur del departamento, era el corazón simbólico del despojo original y de la posterior redistribución. Urabá, hacia el occidente, y la Costa Caribe en su conjunto completaban el mapa donde el paramilitarismo había reorganizado la propiedad rural.

La huella

La muerte de Yolanda Izquierdo dejó una huella que puede rastrearse en tres registros distintos, todos ellos entrelazados en el mismo movimiento posterior a 2007. En el plano institucional, ya señalado, contribuyó a hacer visible la urgencia de proteger a las víctimas de Justicia y Paz; en septiembre de 2007 se creó un programa específico y la tutela sobre ese problema culminó con el amparo de la Corte Constitucional en 2008. Ese programa tuvo un alcance limitado y no impidió nuevos asesinatos de reclamantes en los años siguientes, pero constituyó el reconocimiento oficial de que el proceso de paz con las AUC había ignorado a una de las partes esenciales de su ecuación.

En el plano simbólico y memorial, el caso Izquierdo se decantó lentamente en el archivo de nombres que la memoria oficial y periodística terminaría reconociendo como emblemáticos. El Grupo de Memoria Histórica, consolidado desde 2007 y luego transformado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, adoptó como principio metodológico que la verdad y la memoria son construcciones sociales, y estableció mecanismos participativos para que las víctimas y sus organizaciones fueran parte activa del proceso. En los lanzamientos públicos de los informes del Grupo, medios como Semana, El Tiempo y El Espectador dieron protagonismo a las voces testimoniales de víctimas, y en esa cadena de reconocimientos Yolanda ocupó un sitio recurrente.

El tercer registro es más difuso pero probablemente el más duradero. El caso Izquierdo fijó, en la conciencia pública nacional e internacional, la idea de que la restitución de tierras no podría hacerse dentro del marco de la Ley 975 sin un aparato de protección específico y sin una intervención estatal directa sobre el orden agrario del posdesmovilización. Cuando en 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos expidió la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, buena parte de su arquitectura respondía a los vacíos que casos como el de Yolanda habían evidenciado durante los años previos. El diseño de esa nueva ley reconocía implícitamente que la muerte de reclamantes en Córdoba, Sucre, Antioquia y otros departamentos era la evidencia de que el paramilitarismo, formalmente desmovilizado, seguía operando como estructura de control territorial y agrario.

Quedan, sin embargo, preguntas sobre la amplitud de la red que participó en el crimen y la relación exacta entre Funpazcor y las estructuras armadas que lo ejecutaron. Víctor Alfonso Rojas Valencia fue condenado por el homicidio y Sor Teresa Gómez Álvarez como coautora. Se ordenó investigar a Guillermo Mass y a otras personas. Esas zonas de incertidumbre no borran las responsabilidades ya establecidas por la justicia.

Yolanda Izquierdo Berrío ocupa así un lugar preciso en la historia reciente de Colombia. Fue una campesina cordobesa que se movió, como muchos otros parceleros, dentro de las opciones estrechas impuestas por el orden paramilitar, incluida la adjudicación de una parcela que después le fue arrebatada mediante presiones. Cuando el proceso de Justicia y Paz abrió una vía institucional para reclamar, la tomó con la energía y el capital político acumulados en dos décadas de liderazgo barrial. Que ese gesto —participar en las versiones libres de Mancuso como representante de víctimas— hubiera bastado para que la mataran cinco meses después de iniciado el proceso revela, mejor que cualquier estadística, qué había sido y qué seguiría siendo, tras la desmovilización formal, la política de la tierra en Córdoba.