Apartadó

Un municipio en la frontera

Apartadó está situado en el nordeste del departamento de Antioquia, en la subregión de Urabá, sobre el eje que corre paralelo al golfo entre Turbo al norte y Chigorodó al sur. Junto con Carepa y Mutatá completa el llamado Eje Bananero, la franja de tierras planas y fértiles donde se concentra el cultivo del banano para exportación. La topografía es la de una llanura aluvial cortada por ríos cortos y caudalosos que bajan de la serranía de Abibe —Apartadó, Churidó, Vijao— hacia el golfo, y esa geografía de humedales, esteros y bosques tropicales fue durante siglos la razón de su marginalidad: territorio de frontera entre los polos coloniales de Cartagena y Antioquia, refugio de esclavos fugitivos y comunidades indígenas, nunca plenamente integrado a la administración de la Nueva Granada.

Esa condición fronteriza no desapareció con la República. Bien entrado el siglo XX, el Urabá seguía siendo, para el resto del país, una región remota, insalubre y prácticamente inaccesible por tierra. La bisagra que la conectó con el interior antioqueño —la carretera al mar, impulsada en la primera mitad del siglo por promotores como Gonzalo Mejía— fue también la que trajo a los colonos que fundaron los caseríos y, más tarde, a los ingenieros que trazaron las primeras plantaciones. Apartadó existió como corregimiento de Turbo antes de convertirse, en 1968, en municipio autónomo, justo cuando la economía del banano comenzaba a redefinir el sentido económico y demográfico de la región entera.

Poblamiento y colonización

La formación del actual núcleo urbano de Apartadó se remonta a comienzos del siglo XX, en el arco temporal en que la colonización antioqueña —que había desbordado el altiplano central hacia el sur del país en el siglo XIX— empujó también hacia el occidente selvático. Los primeros pobladores llegaron a lo largo de las trochas y los ríos, buscando tierras baldías, madera y pesca. Se instalaron en corregimientos que hoy siguen ordenando el municipio: Vijao, Churidó, San José de Apartadó en las estribaciones de la Abibe. Fue una colonización lenta, dispersa, sin títulos formales, hecha por familias que abrieron finca a machete sobre selvas que nadie había cartografiado.

Todo cambió en la década de los sesenta con la instalación en Urabá de la United Fruit Company bajo el nombre de Compañía Frutera de Sevilla, que años después se llamaría Chiquita. La empresa había operado durante décadas en la zona bananera del Magdalena, en el Caribe, y trasladó sus operaciones al Urabá en busca de mayor productividad y salarios más bajos, aunque intentó mantener el control sobre la comercialización de la fruta caribeña. La llegada de la Frutera fue el detonante de una transformación que en menos de una generación convirtió a un territorio de colonos dispersos en un enclave agroindustrial con vocación exportadora. En los años cincuenta, todo el Eje Bananero apenas sumaba unos quince mil setecientos habitantes; para 1985 la cifra superaba los ciento cincuenta mil, con alrededor de treinta y cinco mil trabajadores de tiempo completo en más de veinte mil hectáreas de plantaciones.

Apartadó fue el centro geográfico y comercial de esa explosión. Su municipalización en 1968 —separándose de Turbo— reconocía formalmente lo que ya era una realidad económica: allí estaban los bancos, allí se concentraba el comercio, allí se instalaban las oficinas regionales de las empresas comercializadoras y de Augura, el gremio de los bananeros. La base fiscal del municipio era, en términos regionales, robusta, y le daba al ejecutivo local un presupuesto considerable para atender la infraestructura básica de una población que crecía a un ritmo que ninguna administración podía absorber sin fricciones.

El crecimiento fue desigual desde el principio. Los altos precios internacionales del banano impulsaron la legalización de la tenencia de la tierra, y el Incora inició la adjudicación de baldíos. En más de un caso, sin embargo, ese proceso desconoció a los poseedores previos —campesinos y colonos que habían abierto la selva años antes— y facilitó que inversionistas privados adquirieran a bajo costo, mediante maniobras especulativas y de acaparamiento, los suelos más fértiles del eje proyectado para la expansión bananera. La concentración de tierras que caracterizó al Urabá desde los años setenta no fue un accidente: fue el resultado de una política de adjudicación permeable a los intereses del capital emergente. De ella salieron, simultáneamente, los grandes propietarios de plantaciones y una masa creciente de campesinos sin tierra que engrosaría, primero, la fuerza de trabajo de las fincas y, después, los cinturones de invasión de la cabecera municipal.

La economía bananera

Hacia mediados de los años setenta, el Eje Bananero producía ya volúmenes que colocaban a Colombia entre los principales exportadores mundiales de la fruta, y Apartadó era su capital operativa. La estructura del negocio combinaba la presencia de comercializadoras internacionales —la Frutera de Sevilla, transformada más tarde en Chiquita, junto con otras firmas— con un tejido de productores locales agrupados en Augura. Ese arreglo generó una industria con capacidad exportadora y con capacidad de presión política: Augura apoyó inversiones sociales en la región —canchas deportivas, parques, escuelas, clínicas—, financiadas en buena parte con recursos departamentales y nacionales, para atender demandas de trabajadores y comunidades, pero se opuso con firmeza a los impuestos locales a la propiedad y a los gravámenes sobre las exportaciones de banano. La riqueza que producía la región se contabilizaba en dólares en Medellín, en Nueva York, en los puertos del golfo; el municipio recibía las externalidades sociales del auge sin capturar más que una fracción de su renta.

El modelo, además, era intensivo en mano de obra y estacional en sus picos de trabajo. La fruta, una vez cortada, no espera: hay que empacarla y embarcarla en cuestión de horas o se pierde. Esa característica biológica del banano, aparentemente técnica, se volvería determinante en la historia política del municipio. Un paro en el día del corte no era una molestia: era una pérdida inmediata y cuantificable. Los sindicatos que aprendieran a moverse en ese calendario tendrían, por primera vez en la historia del país, un instrumento de presión con dientes reales.

El sindicalismo y sus enemigos

El sindicalismo bananero de Urabá se organizó tarde en términos comparados con otras industrias, pero cuando lo hizo, creció con velocidad inusual. En 1980 se fundó Sintagro, sindicato afiliado al Partido Comunista Marxista-Leninista, la organización política vinculada al Ejército Popular de Liberación (EPL). Operaba de manera clandestina, en un ambiente donde la afiliación pública podía costar el trabajo o la vida, y su implantación en las fincas fue rápida. Paralelamente creció Sintrabanano, ligado al Partido Comunista Colombiano y a la órbita política de las FARC. Los dos sindicatos coexistían con proyectos políticos rivales, pero compartían un mismo repertorio de lucha: la huelga programada en el día del corte, cuando la pérdida patronal era máxima.

Esa combinación de politización de izquierda, clandestinidad y eficacia económica hizo del sindicalismo bananero un actor incómodo para los propietarios de las plantaciones y para las comercializadoras. La respuesta empresarial osciló entre la negociación —cuando la coyuntura obligaba— y la denuncia de que los dirigentes sindicales eran, en realidad, guerrilleros infiltrados. Esa retórica de incriminación se convirtió, con los años, en la justificación pública de una campaña de exterminio.

Sintagro y Sintrabanano se unieron después para formar Sintrainagro, el sindicato agrario que aún hoy agrupa a los trabajadores del banano. Las personerías jurídicas de los dos sindicatos originarios fueron suspendidas a finales de 1988, como consecuencia del paro nacional del 19 de octubre de ese año convocado por las centrales obreras. La fusión ocurrió en un contexto de escalada: los paramilitares, en connivencia con propietarios de fincas, ya habían comenzado a asesinar sistemáticamente a dirigentes y afiliados sindicales, y lo seguirían haciendo bajo la acusación de ser guerrilleros —repertorio que combinaba la eliminación física del liderazgo obrero con la deslegitimación pública del movimiento entero.

El caso emblemático de esa violencia sobre los trabajadores fue la masacre de las fincas Honduras y La Negra. El 4 de marzo de 1988, un grupo de aproximadamente treinta paramilitares encapuchados llegó a la finca Honduras, en el corregimiento de Currulao del vecino municipio de Turbo, y asesinó a diecisiete trabajadores sindicalizados en Sintagro; de inmediato se trasladaron a la finca La Negra, donde mataron a otros cuatro. La acción, atribuida a estructuras vinculadas a los hermanos Castaño, inauguró un patrón que se repetiría con variantes durante la década siguiente en fincas de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Guerrilla, tregua y toma de tierras

La presencia guerrillera en Urabá antecedió a la eclosión bananera y se transformó con ella. Las FARC habían establecido en la región el Frente 5, y desde los años setenta operaban con cierta continuidad territorial. En 1978, un grupo de aproximadamente veinte guerrilleros de ese frente, encabezado por Naín Piñeros y Bernardo Gutiérrez, se escindió y pasó a engrosar las filas del EPL. Los motivos de la ruptura, según relataron los propios protagonistas años después, incluyeron el rechazo a lo que consideraban ajusticiamientos caprichosos, el trato irrespetuoso a la población civil y la percepción de que las FARC se habían convertido en aparato de protección de terratenientes en algunas zonas del país. Esa escisión, aparentemente episódica, sembró la coexistencia rival de dos proyectos insurgentes en el mismo territorio: una convivencia que en los años noventa se convertiría en guerra abierta.

Entre 1984 y 1985, en el marco de la tregua pactada entre el gobierno de Belisario Betancur y las guerrillas, el PC-ML impulsó tomas de tierra en Apartadó como respuesta al hacinamiento de los trabajadores bananeros en la cabecera municipal. Miles de campesinos y obreros invadieron predios en el municipio y sus alrededores; algunos de esos asentamientos se consolidaron con el tiempo como barrios enteros, entre ellos el que llegaría a llamarse La Chinita. La tregua fue también el marco en que se ensayó la Unión Patriótica, el proyecto político-electoral impulsado por las FARC y el Partido Comunista para incorporar a la izquierda a la vida democrática legal. En Urabá, la UP encontró un electorado natural entre los trabajadores bananeros y los colonos.

Fue precisamente entonces cuando comenzó el exterminio.

El exterminio de la Unión Patriótica

Desde 1986, los paramilitares vinculados a los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil —al menos los dos primeros originarios de Amalfi, en el nordeste antioqueño— comenzaron a asesinar sistemáticamente a miembros de la UP, sindicalistas y aliados políticos en Córdoba y en Urabá. La justificación que ellos mismos ofrecieron fue simple: consideraban a los militantes de la UP como agentes de las FARC disfrazados de civiles. La consecuencia, entre 1984 y 2000, fue una campaña de exterminio que dejó al menos cuatro mil ciento cincuenta y tres personas asesinadas o desaparecidas en todo el país, muchas de ellas concentradas en el Eje Bananero.

En Apartadó, la eliminación fue casi total. Concejales, dirigentes sindicales, líderes barriales, promotores agrarios, candidatos locales: la clase política y sindical que había emergido al calor de la tregua fue borrada del mapa en pocos años. Las unidades militares con presencia en Urabá, incluyendo la brigada dirigida entre 1995 y 1998 por el general Rito Alejo del Río —condenado en 2012 por sus vínculos con el paramilitarismo—, tuvieron relaciones documentadas con los grupos armados que perpetraron esos crímenes.

En diciembre de 2012, en el proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza, alias HH, exjefe paramilitar del Bloque Bananero de las AUC, los jueces reconocieron que el exterminio de la UP constituye un genocidio político. En septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en ese exterminio, admitiendo que las instituciones no tomaron medidas suficientes para impedir los asesinatos y atentados. Esos reconocimientos institucionales llegaron cuando la generación política aniquilada ya no estaba viva para escucharlos.

El efecto de la campaña de exterminio en el imaginario político regional fue duradero. En Apartadó y en el Urabá entero, la percepción de que los movimientos y partidos políticos alternativos ya no son viables ni seguros se instaló como una forma de sentido común, generando autocensura y un abandono generalizado de la participación política por fuera de los partidos tradicionales. Fue un genocidio con eficacia política sostenida en el tiempo.

Los Castaño, las ACCU y el Bloque Bananero

La consolidación paramilitar en Urabá fue obra de una familia y de una organización. Los hermanos Castaño Gil crearon en el sur de Córdoba, desde mediados y finales de los años ochenta, un aparato armado que combinó objetivos antisubversivos con la apropiación de tierras para lavar dinero y asegurar territorios para la cadena productiva de la coca. Fidel Castaño acumuló riqueza como narcotraficante vinculado al Cartel de Medellín, y Carlos colaboró con Pablo Escobar en distintos momentos, sin que existiera un acuerdo formal del Cartel como institución con el proyecto paramilitar.

En marzo de 1995, Carlos Castaño, Vicente Castaño y Carlos Mauricio García, alias Rodrigo o Doble Cero, formalizaron —o reorganizaron— la estructura armada que operaría en la región bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Ese mismo año, el Bloque Bananero de las ACCU, con base en Urabá y bajo el mando de un comandante identificado con el alias H.H., avanzó hacia el sur a través de los pueblos y las plantaciones bananeras de la orilla oriental del golfo. Su expansión respondía en parte a los reclamos de élites políticas y económicas regionales, que veían en los paramilitares una respuesta al secuestro, la extorsión y el asesinato selectivo de administradores y capataces por parte de las guerrillas. Las ACCU se convertirían, pocos años después, en la columna vertebral sobre la que se construyó la federación nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La disputa por el control de Apartadó y su entorno rural se libró en múltiples registros al mismo tiempo: sobre la tierra, sobre las fincas, sobre los barrios de invasión, sobre las oficinas de los sindicatos, sobre las carreteras que conectaban el golfo con Medellín. Las ACCU despojaron a comunidades campesinas como la de las Tulapas, modificaron sus formas de relacionarse con el territorio y acapararon tierras tras sus incursiones. El Urabá antioqueño era, además, un corredor estratégico para el tráfico de narcóticos y el ingreso de armas: esa condición geográfica agregó a la disputa política y agraria una dimensión propiamente narcocriminal que hizo del municipio una encrucijada de intereses casi imposibles de desanudar.

La Chinita y la guerra intraizquierdista

El otro frente de la guerra en Apartadó no enfrentaba al capital contra el trabajo, sino a dos proyectos guerrilleros entre sí. En marzo de 1991, el EPL se desmovilizó en el marco de un proceso de paz con el gobierno de César Gaviria y sus excombatientes se organizaron en el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Las FARC, que habían visto con recelo esa negociación y consideraban traición la reincorporación de sus antiguos rivales del PC-ML, iniciaron una persecución sistemática contra los desmovilizados —los llamados Esperanzados— en un proceso que algunos observadores describieron como espejo macabro del exterminio de la Unión Patriótica.

Apartadó fue el escenario principal de esa guerra. El 23 de enero de 1994, un comando de las FARC-EP ingresó al barrio La Chinita, una invasión promovida por antiguos militantes del PC-ML para dar vivienda a trabajadores bananeros y que albergaba al menos cinco mil familias de influencia del EPL desmovilizado. En el ataque, los guerrilleros asesinaron a treinta y cinco personas, entre ellas una mujer y dos niños. La masacre fue descrita como la peor de las ocurridas en Urabá durante ese período. En septiembre de 2016, las FARC-EP reconocieron el hecho como crimen de guerra; Iván Márquez admitió que una estructura miliciana lo perpetró, pero no reconoció la autoría intelectual de los jefes guerrilleros, atribuyendo la orden a un error de mando medio.

La respuesta de los desmovilizados del EPL, viéndose en riesgo fatal, fue rearmarse. Bajo el nombre de Comandos Populares, un sector de los Esperanzados retomó las armas y se alió con la organización de los Castaño, integrándose a los aparatos paramilitares que se expandían por la región. Más tarde, muchos de ellos se sumarían a las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), figura legal creada en los años noventa que fue crucial en la expansión del paramilitarismo. La violencia de los años noventa en Apartadó dejó así un ciclo perverso: guerrilla contra guerrilla desmovilizada, desmovilizados rearmados aliados a paramilitares, paramilitares tolerados por sectores del Estado y financiados por empresarios, guerrillas que a su turno hostigaban a los cultivadores competidores y recibían pagos de empresas bananeras —Chiquita entre ellas, a través en su momento de un exmilitar estadounidense que fue gerente de la compañía— al menos hasta 1997.

Ningún actor tuvo el monopolio del horror. Las FARC asesinaron a administradores de fincas, a capataces, a civiles de La Chinita; los paramilitares aniquilaron a la UP, a los sindicalistas, a comunidades enteras; los Comandos Populares hicieron parte del engranaje paramilitar. La lógica extractiva del enclave bananero —la concentración de tierras, la proletarización masiva, el despojo de colonos, la resistencia sindical y su represión— proveyó el combustible estructural del conflicto, mientras la forma que tomó la violencia fue moldeada por la contingencia de actores armados en competencia y por la eficacia con la que ciertas élites regionales usaron a los paramilitares para cerrar el espacio político abierto por la tregua Betancur.

La resistencia civil

En medio de esa guerra, y precisamente porque ningún actor armado ofrecía protección real, nacieron en Apartadó experiencias de resistencia civil que se volverían referencia internacional. En 1985, en el corregimiento de San José de Apartadó, en las estribaciones de la serranía de Abibe, el líder campesino Bartolo Cataño fundó la cooperativa Balsamar, una organización de producción comunitaria que llegó a contar con la participación de veintidós asentamientos y que constituyó, durante años, la principal experiencia asociativa campesina de la zona alta del municipio.

Sobre esa base organizativa se levantó, en 1997, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, uno de los primeros experimentos del país de neutralidad activa frente al conflicto armado. La comunidad declaró su rechazo a colaborar con todos los actores armados, incluida la fuerza pública, y fundamentó su posición en el principio de distinción entre civiles y combatientes del Derecho Internacional Humanitario. La decisión les costó caro: sus miembros fueron víctimas de asesinatos, desplazamientos y estigmatización por parte de todos los bandos. La experiencia, sin embargo, sobrevivió y se convirtió en modelo para otras comunidades de paz y zonas humanitarias que surgirían en el Chocó y en el resto del Urabá.

En 2003, organizaciones comunitarias del Atrato —FISCH, Cocomacia, OREWA, Ascoba—, acompañadas por las diócesis de Quibdó y Apartadó y por la Defensoría del Pueblo, organizaron la peregrinación fluvial Atratiando: por un buen trato en el Atrato, que navegó quinientos kilómetros desde Quibdó hasta Turbo para recuperar la movilidad comunitaria por el río en un territorio bloqueado por los actores armados. Apartadó, sede diocesana y núcleo urbano regional, funcionó como uno de los polos de esa iniciativa. La ciudad que había sido capital del terror era también, al mismo tiempo, capital de las alternativas cívicas al terror.

Alcaldía bajo fuego: Gloria Cuartas

Ningún nombre condensa mejor la doble condición de Apartadó en los años noventa que el de Gloria Cuartas, alcaldesa del municipio entre 1995 y 1997. Cuartas asumió el cargo en el peor momento del conflicto, cuando el Bloque Bananero de las ACCU avanzaba sobre la región, las FARC-EP hostigaban desde el rural y los Comandos Populares operaban en connivencia con los paramilitares. Durante su alcaldía, funcionarios, concejales, líderes comunitarios y ciudadanos comunes eran asesinados con regularidad; la alcaldesa misma vivió bajo amenaza permanente y su gestión se convirtió en una batalla diaria por sostener la institucionalidad civil en un municipio donde el poder efectivo estaba disputado entre organizaciones armadas.

Cuartas se convirtió en símbolo internacional de la resistencia cívica al conflicto. Recibió reconocimientos de la UNESCO y de organizaciones de derechos humanos, y su nombre quedó asociado a una forma de gobierno local sostenida en la denuncia pública, la defensa de la neutralidad de la población civil y el rechazo abierto a los pactos con los actores armados. Su alcaldía marcó también el momento en que la crisis de Apartadó dejó de ser un asunto estrictamente regional y pasó a ocupar la atención de los organismos internacionales.

Después de las AUC

La desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, negociada con el gobierno de Álvaro Uribe, incluyó al Bloque Bananero. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, figura central del paramilitarismo antioqueño y con presencia en el Urabá, fue uno de los jefes que se acogieron al proceso; Éver Veloza, alias HH, comandante del Bloque Bananero, se sometió a Justicia y Paz y sus declaraciones —incluyendo la que motivó el reconocimiento judicial del genocidio de la UP en 2012— aportaron parte del acervo probatorio sobre lo ocurrido en la región.

La desmovilización, sin embargo, no cerró el ciclo. Estructuras sucesoras —lo que las autoridades comenzaron a llamar bandas criminales— retomaron parte del control territorial que dejaban las AUC, y el Urabá siguió siendo corredor estratégico para el narcotráfico y el contrabando. La reparación de las víctimas, la restitución de las tierras despojadas y el esclarecimiento judicial de miles de crímenes avanzaron con lentitud desigual. Los procesos de restitución, en particular, chocaron con la resistencia de los actuales tenedores de los predios despojados durante décadas y con la persistencia de amenazas contra los líderes reclamantes.

Huella

Apartadó llegó al siglo XXI convertido en uno de los municipios más significativos de Colombia por razones que ninguna administración habría elegido publicitar. Aquí se probó, en versión concentrada, casi todo lo que definió el conflicto armado colombiano: la economía de enclave agroexportador, la organización sindical bajo condiciones de clandestinidad, la tregua fallida de los años ochenta, el genocidio político contra la UP, la irrupción paramilitar con financiación empresarial y complicidad militar, la guerra intraizquierdista entre FARC y EPL desmovilizado, la masacre urbana como método, el desplazamiento forzado, el despojo territorial, la resistencia civil organizada, la desmovilización paramilitar y sus reciclajes posteriores.

La ciudad que hoy se recorre —con su comercio activo, sus barrios que crecieron como invasión y hoy son cabecera consolidada, sus fincas bananeras que siguen exportando fruta a Europa y a Estados Unidos— convive con las huellas de esos treinta años de guerra. En el Centro Nacional de Memoria Histórica, en los procesos de Justicia y Paz, en las sentencias de restitución de tierras, en los informes de la Comisión de la Verdad y en los testimonios de las víctimas, Apartadó aparece una y otra vez como caso paradigmático. No porque lo que ocurrió allí sea único —cosas parecidas pasaron en el Magdalena Medio, en el Catatumbo, en el sur de Bolívar—, sino porque en Apartadó todos los hilos del conflicto se anudaron en un mismo lugar y en un mismo tiempo, con una intensidad que hace del municipio, más que un caso entre otros, el laboratorio donde puede leerse, en corte transversal, la historia entera del país durante el último medio siglo.