Genocidio político

En el vocabulario del derecho internacional, el término genocidio llegó tarde y mutilado. Cuando Raphael Lemkin lo acuñó en 1944 y cuando la Convención de las Naciones Unidas de 1948 lo consagró, los grupos políticos quedaron fuera de la lista de sujetos protegidos: la definición amparó a las colectividades nacionales, étnicas, raciales y religiosas, pero no a quienes fueran perseguidos por lo que piensan, votan o militan. Esa amputación, fruto de negociaciones diplomáticas en plena Guerra Fría, dejó sin nombre jurídico a los exterminios ideológicos que marcarían la segunda mitad del siglo XX en América Latina. El genocidio político nace, entonces, como una categoría de reparación semántica: una noción forjada desde las víctimas, desde tribunales latinoamericanos y desde legislaciones nacionales para cubrir ese vacío. En Colombia encontró su caso más denso y documentado: el exterminio de la Unión Patriótica entre 1984 y 2002, que dejó al menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas y que fue reconocido por jueces, por el Estado y por el Sistema Interamericano como un crimen dirigido a destruir un colectivo por su identidad política. Este artículo describe qué es el genocidio político, cómo se abrió camino en el derecho colombiano, cómo funcionó en la práctica el exterminio de la UP, cómo dialoga con las dictaduras del Cono Sur y por qué —pese a su institucionalización parcial— sigue siendo una categoría en tensión entre el reconocimiento nominal y la impunidad efectiva.

La categoría y su vacío original

El genocidio, en la definición canónica del artículo II de la Convención de 1948 y del artículo 6 del Estatuto de Roma que la retoma medio siglo después, es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esos son los cuatro sujetos protegidos, y no hay otros. Los grupos políticos, presentes en los borradores iniciales de Lemkin, fueron retirados del texto final por el temor de varios Estados —Moscú a la cabeza— a que sus prácticas represivas internas quedaran expuestas al escrutinio internacional. Ese recorte convirtió al derecho penal internacional del genocidio en una herramienta parcial: podía perseguir a los responsables del exterminio de un pueblo por su etnia o su religión, pero no a quienes eliminaran sistemáticamente a un partido, a un sindicato o a un movimiento social.

La ausencia no fue inocente ni provisional. Durante décadas, los intentos de reforma de la Convención se estrellaron con la misma resistencia diplomática que la había parido coja: incorporar a los grupos políticos habría obligado a los Estados a asumir como genocidas prácticas represivas domésticas que preferían nombrar como guerra interna, contrainsurgencia o defensa del orden. La brecha entre el crimen y su nombre se sostuvo, así, como una decisión política sostenida en el tiempo, no como un olvido técnico corregible.

Antecedentes colombianos: una continuidad larga

El caso UP no cae del cielo. Colombia arrastra desde 1946 un conflicto violento ininterrumpido en el que la eliminación física del adversario político ha funcionado como mecanismo recurrente de cierre democrático. Para leer esa continuidad conviene ordenarla en tres estratos temporales que dialogan entre sí.

El estrato más antiguo es el de las Bananeras. La masacre de 1928 mostró en clave temprana el patrón: obreros en huelga tratados como enemigos militares, ejército desplegado en función de intereses privados, cifras de muertos disputadas durante décadas y ningún responsable sancionado. La operación quedó fijada como matriz: el disenso organizado se procesa por vía militar, y el número de víctimas se archiva como controversia estadística en lugar de como responsabilidad estatal.

El segundo estrato es el de La Violencia, entre 1946 y 1959. En sus vetas se articuló una estrategia deliberada de exterminio de los sectores gaitanistas —cuyo movimiento amenazaba con acceder al poder por vía electoral— y se produjeron masacres rurales documentadas desde 1947 en adelante. Ese exterminio del gaitanismo, iniciado antes de la formalización doctrinaria de la Seguridad Nacional, muestra que el patrón colombiano tiene raíces anteriores a la DSN y hunde su lógica en dinámicas propias: bipartidismo excluyente, elites regionales armadas, incapacidad estatal para procesar el disenso.

El tercer estrato es contemporáneo del caso UP y lo desborda. Los años ochenta trajeron el asesinato sistemático de militantes de la Unión Patriótica; los años 1989 y 1990 concentraron los magnicidios de cuatro candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos de la UP; Luis Carlos Galán, del liberalismo disidente; Carlos Pizarro, de la exguerrilla del M-19 recién reincorporada. En apenas tres años, el país eliminó físicamente a la primera línea de la alternancia posible.

Encadenados los tres estratos, el genocidio político de la UP no es la excepción sino la expresión más documentada de un patrón estructural: el país conservó las instituciones democráticas —congreso, elecciones, cortes— mientras eliminaba a quienes intentaban usarlas para transformar el orden social. Esa continuidad no diluye la especificidad del caso UP; la agrava. Lo que en La Violencia se ejecutó con retórica bipartidista y en las Bananeras con lenguaje de orden público, en los ochenta y noventa se ejecutó con vocabulario contrainsurgente y arquitectura paramilitar, pero la operación de fondo —eliminar al competidor político real— mantuvo su gramática.

De la doctrina a la ley: el genocidio político en Colombia

La Corte Penal Internacional, competente sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no puede procesar como genocidio el exterminio de un grupo político como tal: podrá encuadrarlo, en el mejor de los casos, como crimen de lesa humanidad, categoría que exige otros umbrales y otras pruebas. Ese hueco es el que la expresión genocidio político viene a llenar, y lo hace desde dos frentes complementarios: la producción académica —con figuras como el argentino Daniel Feierstein, que ha defendido un concepto amplio de genocidio capaz de nombrar los exterminios ideológicos del Cono Sur y de Colombia— y la producción jurídica interna de los Estados latinoamericanos, que han incorporado la protección de los grupos políticos en sus legislaciones nacionales sin esperar a que el derecho internacional reforme la Convención.

Colombia fue uno de esos Estados. La Ley 589 de 2000 tipificó por primera vez en la legislación penal colombiana el delito de genocidio incluyendo dentro de los grupos protegidos a los grupos políticos, y esas disposiciones fueron integradas al Código Penal por la Ley 599 del mismo año. Antes, la Ley 200 de 1995 ya había considerado el genocidio como falta gravísima disciplinaria contra los grupos étnicos, religiosos y sociales, ampliando el ámbito de protección respecto a la definición internacional. Ese avance normativo tuvo un efecto simbólico mayor —Colombia se dotó, en el papel, de una herramienta que la Convención le negaba— y un efecto práctico menor: la Corte Constitucional, en la Sentencia C-148 de 2005, declaró exequible la expresión "grave" en el tipo penal, y la tipificación no se tradujo en un conjunto de condenas bajo esa figura. El genocidio político, en Colombia, existe en la ley y existe en el reclamo de las víctimas, pero apenas roza los estrados judiciales.

El desfase entre la letra de la ley y la práctica de los tribunales no es un accidente burocrático. Probar el elemento subjetivo del genocidio —la intención específica de destruir al grupo como tal— exige una reconstrucción probatoria compleja, que los operadores judiciales colombianos rara vez emprendieron durante los años en que los hechos aún eran perseguibles con menor dificultad. La figura quedó, entonces, como una promesa normativa: disponible para quien quisiera invocarla, huérfana de la jurisprudencia que le habría dado peso.

La UP como caso fundacional

La categoría de genocidio político, en el uso colombiano, es indisociable del exterminio de la Unión Patriótica. La UP había nacido en 1985 como brazo político de un proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC; fue concebida como puerta de entrada de la izquierda armada a la competencia electoral democrática. En las elecciones de 1986-1988, con apenas dos años de vida, obtuvo dos senadores propios y cuatro más en coalición, tres representantes a la Cámara y seis más en coalición, 29 diputados a asambleas departamentales, mayoría en los concejos de treinta municipios y 24 alcaldías. Para un partido recién formado, era un resultado extraordinario; para sus adversarios, una amenaza intolerable. Las amenazas y los asesinatos empezaron casi el día después de conocidos los resultados.

Lo que vino en las dos décadas siguientes ha sido cuidadosamente documentado. El Centro Nacional de Memoria Histórica registró, entre 1984 y 2000, al menos 4.153 militantes de la UP asesinados o desaparecidos, cifra que no incluye las víctimas de formas de violencia no letal —amenaza, desplazamiento, tortura, exilio— y que otras estimaciones, como la del periodista Steven Dudley, elevan hasta cerca de 3.000 líderes y simpatizantes en cuentas más restrictivas o hasta cifras mayores en conteos ampliados. Más allá del número, lo relevante es el patrón: la violencia fue generalizada en todo el territorio nacional, sistemática en su ejecución y dirigida específicamente contra los militantes por su identidad política.

Fueron esas víctimas —las madres, las viudas, los sobrevivientes, los abogados que asumieron los casos— quienes construyeron desde abajo la categoría de genocidio político. Durante al menos 25 años sostuvieron, en declaraciones públicas, en instancias de justicia nacional y en escenarios internacionales, que lo cometido contra ellos no era una suma de asesinatos individuales ni un daño colateral de la guerra: era un plan deliberado de destrucción de un colectivo por lo que representaba. Esa insistencia empujó al legislador colombiano en 2000 y llevó, más de una década después, a los primeros reconocimientos judiciales del término.

Trayectoria del exterminio: planes, geografía y actores

El exterminio de la UP se extendió entre 1984 y 2002 y se estructuró en operativos con nombre propio. Se han documentado al menos cinco planes. Tres tuvieron alcance nacional: la Operación Cóndor de 1985, el Baile Rojo de 1986 y el Golpe de Gracia de 1992. Los otros dos fueron regionales: el Plan Esmeralda de 1988 se dirigió contra las seccionales del Meta y el Caquetá, mientras que el Plan Retorno de 1993 se enfocó en Urabá. Los planes nacionales apuntaban a socavar la dirección del partido y a asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a corporaciones públicas; los regionales, a desmantelar las bases donde la UP había prendido con más fuerza electoral. El Golpe de Gracia, referenciado entre 1992 y 1993, incluyó los asesinatos de Oliverio Molina, presidente del sindicato Sintrainagro, y de José Miller Chacón, secretario nacional de organización del Partido Comunista Colombiano.

La geografía del exterminio se corresponde con la geografía del voto: Antioquia y en particular Urabá, los Llanos Orientales —Meta y Guaviare—, el Caquetá, el Magdalena Medio. En el Magdalena Medio, entre 1984 y 1991, los municipios de Puerto Nare, Yondó y Barrancabermeja concentraron 44 víctimas entre asesinatos y desapariciones, mientras que Puerto Boyacá, Cimitarra y Puerto Berrío —el corazón operativo del paramilitarismo temprano— registraron 11 víctimas directas en el mismo periodo. La paradoja es reveladora: Puerto Boyacá, con apenas 7 muertos de la UP, funcionó como centro de coordinación desde el cual, una vez exterminada o desterrada la dirigencia local de izquierda, el genocidio se proyectó hacia Urabá, los Llanos y el Nordeste antioqueño. La violencia se organizaba desde donde ya no había a quién matar.

Los actores del exterminio conformaron un entramado de responsabilidades diferenciadas pero convergentes. Los ejecutores materiales fueron grupos paramilitares y estructuras narcoparamilitares, que no operaban aisladamente: cumplieron un rol como informantes de las secciones de inteligencia militar —el B-2 de las brigadas y el S-2 de los batallones—, articulando labores de inteligencia con la ejecución armada contra militantes de la UP. Los testimonios recogidos por el CNMH y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentan casos concretos: en un municipio de los Llanos Orientales, una exconcejal de la UP relató cómo el Ejército se retiró de la localidad el día antes de un ataque paramilitar el 4 de noviembre de 1988, y cómo la Policía negó protección alegando falta de efectivos. Esa arquitectura —fuerza pública que se retira o se abstiene, paramilitares que entran, inteligencia militar que provee la información— se repitió en decenas de escenarios.

El sustrato ideológico de esa articulación estaba escrito. En 1985 circuló en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba el manual Conozcamos a nuestro enemigo, que señalaba a los sindicatos como fachadas de la subversión y como estructuras de dependencia directa de la insurgencia. El documento no fue una curiosidad doctrinaria: proveyó el vocabulario con el que las brigadas leerían, en los años siguientes, la actividad legal de la UP, del sindicalismo bananero y del movimiento campesino. Bajo esa lógica —que la Doctrina de Seguridad Nacional había extendido por América Latina desde el golpe brasileño de 1964—, la categoría de enemigo interno se dilató hasta abarcar no solo a los combatientes guerrilleros, sino a líderes sindicales, estudiantiles, campesinos, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda democrática y, más tarde, a poblaciones enteras que el paramilitarismo consideró perturbadoras del orden deseado, incluida la población LGBTI, los transgresores de toques de queda y quienes se apartaran de los estereotipos de género. La UP fue tratada, dentro de esa lógica, como una extensión no armada de las FARC, aunque la mayoría de sus militantes no tuviera vínculo alguno con la lucha armada. Los planes con nombre propio y las retiradas coordinadas del Ejército son la puesta en obra de esa taxonomía escrita en las aulas militares.

El reconocimiento judicial y sus umbrales

El punto de inflexión llegó en diciembre de 2012. Dentro del proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza García, alias HH, exjefe paramilitar del Bloque Bananero de las AUC, los jueces reconocieron expresamente que el exterminio de la UP constituye un genocidio político. Fue el primer pronunciamiento judicial colombiano que asumió la categoría en el nombre completo del crimen. La resolución no se tradujo, sin embargo, en una condena formal bajo el tipo penal del artículo 101 del Código Penal: los hechos fueron procesados dentro de la arquitectura de Justicia y Paz —marco de justicia transicional con lógicas propias—, y el debate sobre cómo articular el reconocimiento con la sanción penal específica quedó abierto.

Otros reconocimientos siguieron. En septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos admitió públicamente en la Casa de Nariño la responsabilidad del Estado colombiano por no haber tomado medidas suficientes para impedir el exterminio, en un acto que las víctimas habían esperado por décadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras el trabajo sostenido de la Comisión, declaró la responsabilidad internacional del Estado por la actuación de sus agentes en violaciones de derechos humanos y por la existencia de marcos jurídicos que facilitaron, promovieron y toleraron la actuación de los grupos paramilitares. El Sistema Interamericano, aunque no puede tipificar genocidio en sentido estricto, ha establecido con nitidez que hubo un patrón sistemático de eliminación política con complicidad estatal.

Pese a esta acumulación de reconocimientos, subsiste una brecha central: ninguna sentencia nacional o internacional ha juzgado el caso colectivo de las víctimas de la UP como genocidio político bajo el tipo penal del artículo 101. Existen condenas por homicidios individuales, por concierto para delinquir, por desaparición forzada, por crímenes de lesa humanidad. Falta la sanción que enmarque el conjunto como lo que las víctimas y los jueces de Justicia y Paz lo llamaron. Esa distancia entre el nombre y la condena es lo que confiere a la categoría su carácter híbrido: opera plenamente en el registro de la memoria, del reclamo político y del derecho disciplinario y transicional; se detiene en el umbral del derecho penal estricto.

La JEP y la trayectoria post-2016

El Acuerdo de Paz firmado en La Habana en noviembre de 2016 creó la Jurisdicción Especial para la Paz como componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La JEP nació con la competencia de investigar los crímenes más graves cometidos con ocasión del conflicto armado, y ahí abrió una posibilidad inédita para el caso UP: procesar el exterminio no como una suma de expedientes dispersos, sino como un patrón. En 2022, la JEP aceptó el caso de la Unión Patriótica dentro de sus macrocasos priorizados y comenzó a integrar en un mismo marco procesal las responsabilidades de agentes estatales, mandos militares y estructuras paramilitares —estas últimas por vía de compulsa y remisión— sobre hechos que la justicia ordinaria y Justicia y Paz habían tratado fragmentariamente.

El enfoque metodológico de la JEP en ese macrocaso desplaza el eje probatorio hacia la reconstrucción del plan sistemático y de la cadena de mando, y no exclusivamente hacia la autoría material de cada homicidio. Ese giro es relevante para el debate sobre el genocidio político: es el tipo de reconstrucción que permite acreditar la intención específica de destruir al grupo como tal, elemento subjetivo cuya ausencia probatoria había bloqueado durante décadas la aplicación del artículo 101. La JEP no aplica el Código Penal ordinario y sus sanciones son propias de la justicia transicional, pero sus resoluciones de conclusiones y sus determinaciones de hechos y conductas dejan asentada una narrativa oficial que otras jurisdicciones —incluida la Corte Interamericana— pueden retomar.

En paralelo, la Comisión de la Verdad entregó en junio de 2022 su informe final, que dedicó capítulos específicos al exterminio de la UP y a la violencia contra líderes sociales. La Comisión sostuvo la caracterización de genocidio político y ancló el caso en la matriz doctrinaria de la Seguridad Nacional, en la delegación de la fuerza al paramilitarismo y en la responsabilidad estatal por acción y por omisión. Las tres piezas del Sistema Integral —JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas— fueron construyendo un archivo público que las víctimas de la UP habían reclamado durante un cuarto de siglo.

El CNMH, por su parte, conservó el término genocidio en el título de su informe sobre la UP. No pretendía con ello sustituir a los jueces ni cerrar un debate técnico de derecho penal, sino ofrecer a las víctimas el reconocimiento de un reclamo sostenido durante décadas.

La red conceptual: dictaduras del Cono Sur

La UP no fue un caso aislado en la región. La Doctrina de Seguridad Nacional, aplicada por las dictaduras del Cono Sur, produjo un patrón compartido de represión política que sirve de espejo comparativo. En todos esos países, con el visto bueno de Washington y con la Escuela de las Américas como espacio formativo de los cuadros militares, las Fuerzas Armadas extendieron la categoría de enemigo más allá de los militantes armados de izquierda hacia simpatizantes, presuntos simpatizantes, familiares e incluso personas indiferentes. La represión adoptó formas convergentes: detenciones indiscriminadas, allanamientos, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, exilio como política de Estado.

Cada régimen imprimió, sin embargo, un sello propio. En Brasil, el golpe de abril de 1964 inauguró la secuencia continental y fijó el molde doctrinario: un régimen militar de larga duración que combinó el desarrollismo económico con la persecución selectiva del disenso, y que durante veinte años sirvió de laboratorio ideológico y logístico para las dictaduras vecinas. En Uruguay, el golpe del 27 de junio de 1973 clausuró una de las democracias más estables del continente y convirtió al país en el que más presos políticos tuvo per cápita en América Latina; la represión se ejerció menos por la vía del asesinato masivo y más por la del encarcelamiento prolongado, la tortura sistemática y el exilio. En Chile, el golpe contra Salvador Allende en septiembre de 1973 impuso a Augusto Pinochet en el mando de un régimen que centralizó la represión en la DINA y luego en la CNI, y que combinó el terror inicial —los estadios convertidos en campos de detención, las ejecuciones sumarias— con una represión posterior más selectiva pero igualmente letal contra dirigentes de izquierda dentro y fuera del país.

En Argentina, el golpe del 24 de marzo de 1976 inauguró el Proceso de Reorganización Nacional, la más industrializada de las represiones del Cono Sur: alrededor de 340 centros clandestinos de detención, un sistema de desaparición forzada como técnica central y la apropiación sistemática de hijos e hijas de detenidas desaparecidas. La coordinación con el clero castrense, la connivencia de sectores empresariales y la implicación de servicios médicos en los partos clandestinos añadieron capas de responsabilidad civil que los procesos judiciales posteriores fueron desmontando lentamente. Paraguay, bajo el régimen de Alfredo Stroessner iniciado en 1954 y extendido hasta 1989, representó la forma más prolongada: 35 años de persecución al Partido Comunista y a toda oposición organizada, con el rasgo distintivo de haber preservado un archivo documental del propio aparato represor, los Archivos del Terror, que devolvería al continente la posibilidad de reconstruir la coordinación regional.

La coordinación transfronteriza de esa represión tomó forma en la Operación Cóndor, red que articuló los servicios de inteligencia de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Su existencia salió plenamente a la luz en vísperas de la Navidad de 1992, cuando el abogado y exprisionero político paraguayo Martín Almada, acompañado de jueces que allanaron dependencias oficiales en Asunción, encontró los llamados Archivos del Terror: toneladas de documentos secretos que constituyen el mayor acervo probatorio sobre la guerra sucia y la coordinación represiva del Cono Sur. La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, en su informe de 2008, caracterizó el exilio como parte de una política de Estado orientada a la reducción y eliminación del adversario político, principalmente contra simpatizantes del comunismo. Fue ese trabajo de comisiones de verdad y de intelectuales como Feierstein el que consolidó el uso académico y jurídico del término genocidio político en América Latina.

La comparación cuantitativa exige cautela metodológica: los registros no son homogéneos, cada país aplicó definiciones y criterios de conteo distintos, y las cifras colombianas cubren un conflicto armado interno prolongado, no un período dictatorial acotado. Hecha esa advertencia, la escala interpela.

Paraguay documentó 485 casos de desaparición forzada a lo largo de tres décadas, entre 1958 y 1988; el conteo bajo revela una represión que operó menos por la desaparición masiva y más por la prisión política prolongada. Chile registró 979 desapariciones entre 1973 y 1990, la mayoría concentradas en los primeros años de Pinochet, con un pico brutal y luego una selectividad creciente. Argentina, en el período más corto y más intenso, contabilizó cerca de 9.000 desaparecidos entre 1976 y 1983: siete años, una cifra que fijó el estándar internacional de la desaparición forzada como técnica represiva. Colombia, en cambio, produjo bajo régimen formalmente democrático más de 16.907 casos presumibles de desaparición forzada registrados hasta 2011: una cifra que supera las de varias dictaduras del Cono Sur sumadas.

El perfil de las víctimas coincide con el patrón regional: líderes sindicales, militantes y simpatizantes de partidos de izquierda, estudiantes, defensores de derechos humanos, abogados, miembros de organizaciones de oposición política. Cambian los ejecutores directos —fuerzas armadas centralizadas en el Cono Sur, aparatos paraestatales tercerizados en Colombia— pero no cambia el sujeto perseguido. La forma jurídica del régimen tampoco altera la naturaleza del blanco.

Esa coincidencia de perfiles y de mecanismos —con una diferencia crítica en el régimen político formal— da al caso colombiano su lugar singular en la construcción latinoamericana del concepto. Colombia mostró que el genocidio político no requiere de una dictadura para ejecutarse: puede desarrollarse bajo formas democráticas, con elecciones, congreso funcionando y libertad de prensa relativa, siempre que exista un aparato paraestatal dispuesto y una fuerza pública tolerante o cómplice. El hallazgo desafía la asociación automática entre exterminio político y régimen autoritario, y obliga a repensar los indicadores mediante los cuales se identifica un genocidio en curso. La categoría, forjada en buena medida sobre las dictaduras del Cono Sur, encuentra en Colombia un caso que la amplía y la complica: la democracia electoral no es, por sí sola, garantía contra el exterminio.

La huella: memoria, impunidad y la categoría que quedó

El exterminio de la UP dejó tres huellas simultáneas. La primera es demográfica y política: destruyó una generación de dirigentes de izquierda —alcaldes, concejales, diputados, parlamentarios— y expulsó al exilio a militantes y familias enteras, obligados en muchos casos a ocultar su identidad política para sobrevivir. El impacto sobre la posibilidad de una izquierda democrática en Colombia se prolongó durante décadas y contribuyó, junto con los magnicidios de 1989-1990, al cierre de las opciones de alternancia. La segunda huella es institucional: la Ley 589 de 2000, el reconocimiento de Santos en 2016, las decisiones de Justicia y Paz, las sentencias del Sistema Interamericano, el macrocaso abierto por la JEP y el informe final de la Comisión de la Verdad. Colombia salió del proceso con una legislación penal más avanzada que la internacional en materia de genocidio, con reconocimientos estatales explícitos y con un cuerpo de jurisprudencia interamericana que sitúa el caso como referencia hemisférica.

La tercera huella —la más difícil— es la de la impunidad persistente. La mayoría de los responsables materiales e intelectuales del exterminio no ha llegado a los tribunales por estos hechos. Las investigaciones se acumularon durante años en la Fiscalía sin avance sustantivo. En Segovia, todavía en las conmemoraciones locales de 2008, quienes pretendían mencionar públicamente a los responsables de las masacres no fueron autorizados a hablar. La zona de fricción entre el nombre reconocido y la sanción efectiva es donde han operado —y siguen operando— las víctimas y las organizaciones que las representan, entre ellas la Corporación Reiniciar y el trabajo público sostenido de figuras como Iván Cepeda Castro, hijo del senador Manuel Cepeda Vargas —asesinado en agosto de 1994 y último parlamentario que la UP mantenía en el Congreso—.

El paramilitarismo, en Urabá y en otras regiones, empleó además una estrategia adicional documentada con precisión: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Bloque Bananero fomentaron deliberadamente discordias entre la UP y el movimiento Esperanza, Paz y Libertad —la desmovilización del EPL— para acelerar el genocidio político del primero. Se trataba no solo de matar, sino de aislar al colectivo destinado a la destrucción y presentar sus muertes como resultado de rivalidades internas de la izquierda. La calidad del engranaje —militar, paramilitar, narco, propagandístico— es lo que sostiene la calificación de genocidio: hubo intención, hubo plan, hubo estructura, hubo perpetración sostenida durante casi dos décadas.

La categoría de genocidio político, tal como se ha decantado en el caso colombiano, es una construcción incompleta pero irreversible. Nació de una amputación en el derecho internacional en 1948. Fue reconstruida desde América Latina, y particularmente desde Colombia, como herramienta de las víctimas para nombrar lo que la Convención les negaba. Logró penetrar la legislación penal colombiana en 2000, obtuvo reconocimientos judiciales parciales desde 2012, arrancó al Estado una admisión pública de responsabilidad en 2016, entró en el macrocaso de la JEP en 2022 y ha sido incorporada al lenguaje del Sistema Interamericano. No ha producido, hasta ahora, una condena formal del caso colectivo de la UP bajo el tipo penal correspondiente. Vive en la ley, en la memoria y en la palabra pública; falta que viva también en las sentencias.