Cimitarra

Un municipio que es también una región

Cimitarra ocupa un lugar en la subregión sur del Magdalena Medio, aquella cuyos centros económicos más importantes son La Dorada y Puerto Boyacá, caracterizada desde temprano por el predominio del latifundio ganadero, la alta inversión privada, la explotación minera y las migraciones venidas de la región andina. Ganado grande, inversión concentrada, colonos del interior: la fórmula describe con precisión el paisaje social del municipio.

El Magdalena Medio es una franja de aproximadamente 386 kilómetros del río entre las cordilleras Oriental y Central, conformada por municipios de siete departamentos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Magdalena y Santander. No es una división administrativa, sino una realidad geográfica y humana: una tierra caliente, selvática en su origen, donde el río fue durante siglos el único camino verdadero y donde los afluentes de su margen derecha —La Miel, Opón, Lebrija, Nare, Carare, Sogamoso y el propio Cimitarra— fijaron las rutas de penetración hacia el interior andino.

La posición del municipio dentro de la infraestructura vial regional es reveladora. Cimitarra se encuentra sobre la vía Medellín–Puerto Berrío–Cimitarra–Landázuri–Vélez–Tunja, la carretera que atraviesa longitudinalmente el Magdalena Medio y conecta el corazón antioqueño con el altiplano boyacense-cundinamarqués. Esa condición de bisagra —entre Antioquia y Santander, entre el río y la montaña, entre la selva húmeda y el altiplano frío— explica su larga historia de tránsito, colonización y disputa.

Latora, los Yariguíes y las selvas del martirio

Cuando en 1536 la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada remontó el Magdalena y llegó al poblado indígena de Latora —el sitio donde hoy se levanta Barrancabermeja—, los españoles descubrieron una región que iba a resistir la conquista con tenacidad excepcional. Los pueblos Yariguíes, Carares y Opones habitaban las selvas ribereñas y las estribaciones cordilleranas; la tradición los recuerda como grandes guerreros, aunque esa memoria pertenece más a las leyendas que alimentan la identidad regional que a una descripción etnográfica. Sus acciones bélicas respondían a la defensa de sus territorios y sementeras frente a un colonizador que arrasaba con todo.

Lucas Fernández de Piedrahita, cronista del siglo XVII, describió las enormes dificultades del primer tránsito español por las selvas próximas a la Tora: la naturaleza del lugar, escribió, parecía dispuesta para el martirio de los europeos. La densidad de la vegetación, el clima insalubre, los ríos crecidos y la hostilidad de los pueblos que defendían sus tierras hicieron del Magdalena Medio una de las regiones más impenetrables de la Nueva Granada. Las exploraciones del siglo XVI por el Valle del Magdalena solo causaron pérdidas cuantiosas sin lograr establecer linderos definitivos con las tribus belicosas que lo poblaban y que rodeaban de lejos las zonas ya sometidas del altiplano.

El resultado fue que, durante casi tres siglos, la región quedó al margen de la colonización efectiva. Los pueblos ribereños vivieron a la espera de caminos que rara vez se abrían. En la boca del Carare —afluente que desemboca en la orilla derecha del Magdalena y desde el cual se accedía al interior andino— se asentó desde temprano una población que durante siglos esperó la apertura de un camino hacia el interior. Ese camino, cuando finalmente existió en forma estable, unía el río Carare con la ciudad de Vélez a lo largo de 20 leguas, y a mediados del siglo XIX fue una de las cuatro vías principales que comunicaban el interior andino con el río Magdalena, junto con las de Barrancabermeja, Puerto Nacional y Honda.

El despoblamiento indígena fue devastador. En la región del Opón-Carare, la población habría pasado de unos 15.000 individuos en 1860 a apenas dos docenas en 1925, un colapso demográfico que se atribuye principalmente a los quineros y cazadores que penetraron las selvas en busca de recursos. En 1924, El Tiempo reseñó una masacre de indígenas en el Opón perpetrada por una compañía de colonización: un episodio que confirma que la desaparición de los Yariguíes y sus pueblos vecinos no fue solo enfermedad y hambre, sino también violencia directa.

La segunda fundación: colonos, caminos y siglo XX

Cimitarra, como tantos municipios del Magdalena Medio, no tiene una fecha fundacional que ordene su historia como una biografía. Fue, más bien, un proceso: un asentamiento que se fue consolidando a lo largo del primer tercio del siglo XX a medida que campesinos venidos del interior andino descendían por los caminos de arriería hacia las tierras calientes que los indígenas ya no defendían.

Los mapas del territorio del Magdalena Medio aparecieron de manera contemporánea al despoblamiento indígena y a la colonización campesina. Uno y otro proceso caminan juntos: los Yariguíes desaparecen del paisaje y, en el mismo movimiento, llegan los colonos con hachas y machetes. Hacia 1920-1930, la región del Magdalena Medio santandereano contaba con unos 100.000 habitantes, cifra que da la medida del ritmo con que la frontera se estaba llenando.

Los caminos de arriería que a mediados del siglo XIX conectaban los puertos del Magdalena con Vélez, Socorro, Ocaña y Bogotá fueron los ejes de esa colonización. Por ellos bajaron los primeros colonos y por ellos se sacaron los primeros productos. Cimitarra, situada sobre la ruta que unía Puerto Berrío con Vélez, se consolidó como uno de los nudos de esa red. Su vocación fue desde el inicio doble: pueblo de tránsito y pueblo de frontera agraria.

La segunda gran oleada de colonización llegó con La Violencia de los años cincuenta. Campesinos que escapaban de la persecución del Estado y de las fuerzas conservadoras —muchos procedentes de regiones como El Pato, Riochiquito y Marquetalia— buscaron refugio en zonas periféricas donde el Estado tenía presencia mínima. El Magdalena Medio, y Cimitarra dentro de él, recibió a parte de esos desplazados. Algunos venían de las llamadas repúblicas independientes: los enclaves campesinos armados que en los años cincuenta y sesenta desafiaron al Estado en el sur del Tolima, el Huila y el sur del Meta. Traían consigo una cultura política forjada en la resistencia, aunque en Cimitarra no existía todavía una organización comunista local que los acogiera.

La cuestión agraria: mejoras, latifundios y ausencia del Estado

La colonización campesina de mediados del siglo XX no produjo pequeños propietarios estables. Los estudios del INCORA en los años sesenta permitieron concluir, según Alfredo Molano, que el problema de la concentración de la tierra estaba vinculado a los propios procesos de colonización. Es la paradoja estructural del Magdalena Medio y de Cimitarra: los colonos abrían la selva, hacían las mejoras —desmonte, siembra, cercas, casas— y esas mejoras terminaban en manos de ganaderos o comerciantes. El colono se movía otra vez hacia adentro, hacia una nueva frontera, mientras la tierra que había desmontado engrosaba un latifundio ganadero.

En las zonas de colonización del Magdalena Medio, el Sarare, el Ariari, el piedemonte llanero y el Caquetá, la economía de frontera —centrada en la extracción de recursos— estuvo muy ligada a la ganadería y al latifundio. A diferencia de departamentos como Amazonas y Putumayo, donde predominaron la quina y el caucho, aquí lo que estructuró la propiedad fue el ganado. Y la ganadería extensiva es voraz con la tierra: exige hectáreas, no manos.

El Estado, durante todo ese proceso, estuvo ausente como árbitro. Su presencia en el Magdalena Medio se redujo prácticamente al ámbito militar. Cuando el conflicto entre terratenientes y campesinos por la tenencia de la tierra escaló, no hubo jueces ni títulos ni oficinas capaces de contenerlo: degeneró en violencia y abrió la puerta a que organizaciones irregulares intervinieran en los conflictos por la propiedad. Ese es el mecanismo que explica por qué Cimitarra fue, décadas después, uno de los epicentros del paramilitarismo colombiano: no era una anomalía, era la consecuencia lógica de una frontera agraria sin ley.

A ello se suma que la región es rica en subsuelo. Los yacimientos de carbón, gas y esmeraldas —a los que hay que sumar el petróleo que dio nombre a Barrancabermeja— añadieron una dimensión estratégica energética y minera a la disputa por el territorio. La tierra en Cimitarra no era solo pasto: era también corredor de rutas, era ganadería, era proximidad a los enclaves petroleros del río y sería, más tarde, ruta de coca.

Las guerrillas entran al río

La penetración de las FARC en el Magdalena Medio comenzó a finales de los años sesenta y se consolidó a lo largo de los setenta. En la zona de Cimitarra, antes de la llegada de la guerrilla, no existía organización comunista local, aunque algunos colonos venían de las repúblicas independientes que Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, había defendido en el sur. Cuando el Frente 23 de las FARC-EP se estableció en la región, el Partido Comunista ganó influencia entre los campesinos, apoyándose en las mismas redes de colonos que traían memoria de lucha.

El Ejército de Liberación Nacional, por su parte, había hecho del Magdalena Medio uno de sus territorios fundacionales desde mediados de los sesenta. En el corredor que va de Cimitarra a Landázuri, La Belleza, El Peñón, Sucre y Bolívar operó el Frente Guillermo Antonio Vásquez Bernal del ELN, coincidiendo geográficamente con el Frente 23 de las FARC. Ambas guerrillas transitaron durante décadas la misma zona, una situación que en otras regiones del país habría producido enfrentamientos directos y que aquí, sobre todo entre 2007 y 2016, se resolvió en una coexistencia territorial cuyos términos exactos —alianzas, acuerdos tácitos, simple evasión mutua— quedan en la penumbra.

La identidad política del Magdalena Medio se forjó en esa dinámica de conflicto al margen del bipartidismo. Con la excepción de La Dorada y Puerto Salgar, donde liberales y conservadores conservaron peso, en el resto de la región la movilización social se desplegó por fuera de los partidos tradicionales. Los sindicatos petroleros de Barrancabermeja, las guerrillas del Carare y el Opón, las ligas campesinas y, más tarde, la Unión Patriótica ocuparon el espacio que en otras regiones del país llenaban las maquinarias liberal y conservadora.

1983: el año en que Cimitarra entra al mapa del horror

El paramilitarismo colombiano tuvo su punto de partida en el Magdalena Medio y en Antioquia. Nació como estrategia contrainsurgente —del Estado, de las Fuerzas Armadas, de élites regionales aliadas con el naciente narcotráfico— antes de extenderse al litoral caribeño y a otras regiones del país. Cimitarra estuvo en el epicentro geográfico y cronológico de ese nacimiento.

En 1983, el municipio registró 90 homicidios atribuidos a grupos paramilitares. Esa cifra representaba el 40 por ciento de los 227 homicidios registrados ese año en los municipios del Magdalena Medio: casi la mitad del horror regional se concentró en un solo municipio. La vereda Vuelta Acuña fue la más afectada, con 26 homicidios, la mayor cifra entre las veredas cimitarreñas. En una sola vereda, en un solo año, murieron asesinadas más personas de las que caben en la memoria pública de la mayoría de las masacres colombianas.

Los grupos que ejecutaron esa violencia eran el embrión del paramilitarismo que se consolidaría en los años siguientes. El grupo de Ramón María Isaza Arango, nacido en 1977 en la orilla del Magdalena Medio caldense, fue cooptado por Henry Pérez a partir de 1983 —el mismo año de la matanza en Cimitarra— y desde entonces creció bajo el paraguas de las llamadas Autodefensas de Puerto Boyacá. Ese grupo, comandado por Pérez desde Puerto Boyacá, se convirtió en la matriz del paramilitarismo colombiano: de allí salieron los cuadros, la doctrina y, más tarde, buena parte de la estructura financiera de las Autodefensas Unidas de Colombia que Carlos Castaño ayudaría a articular en los noventa.

Cimitarra pertenecía al radio de acción inmediato de Puerto Boyacá. En términos operativos, era el flanco santandereano del proyecto contrainsurgente que se cocinaba en la orilla boyacense del río.

La dirigencia de la izquierda del municipio fue exterminada o desterrada. Entre 1984 y 1991 se registraron dos víctimas de la Unión Patriótica en Cimitarra, cifra pequeña en apariencia pero enorme cuando se considera que el municipio nunca fue un bastión electoral de la UP, y que su exterminio local fue parte de una operación mayor: el genocidio de la Unión Patriótica se coordinó desde Puerto Boyacá hacia las regiones donde ese partido tenía presencia —Urabá, los Llanos Orientales, el Nordeste Antioqueño—, y Cimitarra fue una de las plazas donde la coordinación operó con eficiencia asesina. Los líderes que sobrevivieron partieron al exilio interior o al extranjero. Otros, como el abogado y defensor de derechos humanos Josué Giraldo, dirigente de la UP en el Meta, cayeron como parte del mismo plan nacional que en Cimitarra había hecho estragos años antes.

La violencia no venía solo de los paramilitares. La ciudadanía campesina de La India y de Cimitarra vivía en zozobra constante por la presencia simultánea de paramilitares, Ejército y guerrillas, y las tres fuerzas ejercían torturas y hostigamientos. El campesino no tenía dónde refugiarse: si hablaba con la guerrilla lo mataban los paramilitares, si hablaba con el Ejército lo mataban las guerrillas, si no hablaba con nadie sospechaban todos. Los líderes campesinos eran señalados por el Estado y por la fuerza pública como voceros de la guerrilla, apéndices de la subversión o idiotas útiles, y ese señalamiento se traducía en muertes selectivas, masacres, operativos militares y paramilitares contra caseríos, y quemas y saqueos de sedes cooperativas.

Los éxodos y la neutralidad como estrategia

El Magdalena Medio fue, entre 1980 y 1988, una de las tres regiones con mayor número de población expulsada por desplazamiento forzado en Colombia. Junto con Urabá y el Alto Sinú y San Jorge, concentró más de la mitad de los éxodos registrados en esos años. La coincidencia geográfica es exacta: las mismas regiones donde nacía el paramilitarismo, donde florecía el narcotráfico y donde los conflictos por la tierra estaban sin resolver, eran las que expulsaban a la gente.

Cimitarra fue, en esa dinámica, uno de los municipios santandereanos más afectados. Entre 1980 y 1995, investigadores del CINEP registraron una alta concentración de acciones campesinas de protesta y de éxodos campesinos en el municipio. La respuesta social a la violencia no fue solo huir: fue también organizarse.

En 1987, en el corregimiento de La India —que entonces pertenecía a Cimitarra antes de la creación del municipio de Landázuri— nació la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, la ATCC. Frente a la presencia simultánea de paramilitares, Ejército y guerrillas, los campesinos del Carare instauraron la neutralidad activa como principio de organización social. No como pasividad ni como equidistancia moral, sino como una posición política: negarse a ser parte de ningún ejército, exigir que los tres respetaran a la población civil, y desarrollar estratagemas individuales y colectivas de refugio y de subterfugio para escapar al control armado. La ATCC fue una invención campesina que se adelantó en años a las comunidades de paz que la doctrina internacional formalizaría después.

Ese mismo año, Cimitarra vio pasar la marcha de la solidaridad, una de las expresiones de un ciclo más amplio de movilización campesina en el Magdalena Medio: foros por los derechos humanos, marchas del silencio, manifestaciones campesinas, paros por el derecho a la vida. Los campesinos del río descubrieron, en medio del asedio, que la resistencia civil podía ser un lenguaje.

La Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

En diciembre de 2002 se constituyó la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, una figura jurídica creada en Colombia a mediados de los años noventa para controlar la dinámica de acumulación de tierras en zonas de colonización y articular el ordenamiento agrario con la formalización de títulos y la planificación rural.

Las primeras Zonas de Reserva Campesina constituidas como proyecto piloto con financiación del Banco Mundial fueron las de El Pato, en Caquetá; Calamar, en Guaviare; y Cabrera, en Cundinamarca. La ZRC del Valle del Río Cimitarra, ubicada ya en el Magdalena Medio, se sumó a esa figura como uno de los intentos más ambiciosos de aplicarla en un territorio marcado por la disputa armada.

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la ACVC, fue el actor central del proceso. Reivindicó la dignidad de la vida campesina, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la defensa integral de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. La ZRC era, en esa lectura, mucho más que una figura de ordenamiento: era el intento de resolver por vía organizativa y jurídica lo que ni el mercado ni el Estado ni las armas habían resuelto en Cimitarra en un siglo de colonización.

La respuesta institucional y armada fue previsible. La ACVC denunció que el Estado y el establecimiento calificaron a los campesinos organizados como radicales, voceros de la guerrilla e idiotas útiles. Los mismos señalamientos que en los ochenta habían precedido a los 90 homicidios de 1983 se repetían dos décadas después contra quienes intentaban dar salida jurídica al problema agrario. Muertes selectivas, masacres, operativos y quemas de sedes cooperativas volvieron a ser el precio de la organización.

La desmovilización que no fue: 2006 y después

El 28 de enero de 2006, en la vereda Marfil de Puerto Boyacá, se desmovilizaron las Autodefensas de Puerto Boyacá, el bloque paramilitar que había tenido su epicentro operativo en la orilla boyacense del Magdalena Medio y cuyo radio de acción incluía a Cimitarra. Pocos meses antes se había desmovilizado también el Bloque Magdalena Medio de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de Ramón Isaza, aquel grupo nacido en 1977 y recompuesto a partir de 1994 primero como Autodefensas de Ramón Isaza, luego en 1998 como ACMM y desde 2000 con la denominación poco usada de Bloque Magdalena Medio.

En Cimitarra se presentó una dinámica similar a la de Puerto Boyacá, en un contexto marcado además por el auge de los cultivos de uso ilícito entre 2004 y 2008. La desmovilización, sin embargo, fue más un cambio de nombre que un desmonte real. Los mandos medios, las estructuras armadas, las rentas del narcotráfico y las redes de control social sobrevivieron y se reciclaron en los llamados grupos armados organizados posdesmovilización.

Entre 2009 y 2010 operó en Cimitarra y los municipios aledaños Alberto Giraldo Gómez, alias Don Alonso, un desmovilizado de las AUC rearmado. Tras su muerte, su grupo fue cooptado por Los Botalones, una estructura que en alianza con Los Rastrojos controlaba parte del negocio del narcotráfico y tenía presencia en Puerto Boyacá, Cimitarra, Landázuri, El Peñón, Bolívar y La Belleza, y que buscaba expandirse hacia El Carmen, San Vicente de Chucurí, Simacota y Puerto Parra. En paralelo, Los Urabeños —el llamado Clan del Golfo— irrumpieron en Puerto Berrío causando un elevado número de homicidios y ataques contra la población civil, e intentaron expandirse hacia Cimitarra, Landázuri y Puerto Boyacá.

La disputa entre Los Botalones y Los Urabeños entre 2009 y 2011 configuró la nueva geografía del conflicto en el Magdalena Medio santandereano. Ya no eran los grupos originarios de las Autodefensas de Puerto Boyacá que había dirigido Henry Pérez —ni tampoco los de Ramón Isaza en el Magdalena Medio caldense—, sino sus herederos reciclados, más pequeños, más fragmentados, más ligados al narcotráfico y menos al proyecto contrainsurgente ideológico que había marcado los ochenta. Pero la violencia contra la población civil —desapariciones forzadas, amenazas, asesinatos selectivos— siguió siendo el instrumento cotidiano de su dominio territorial.

Mientras tanto, las guerrillas seguían allí. El Frente 23 de las FARC-EP y el Frente Guillermo Antonio Vásquez Bernal del ELN siguieron circulando por el corredor Cimitarra-Landázuri-La Belleza-El Peñón-Sucre-Bolívar hasta la firma del Acuerdo de La Habana en 2016 y su implementación desigual en los años siguientes.

Una geografía del problema colombiano

Cimitarra concentra, en un solo mapa municipal, casi todas las capas del conflicto colombiano contemporáneo. La colonización campesina hecha por gente que huía de la guerra —primero de La Violencia bipartidista, luego de las persecuciones políticas de los cincuenta y sesenta— produjo una frontera agraria donde el Estado nunca resolvió la tenencia. Esa vacancia jurídica fue el caldo de cultivo que permitió, primero, la expansión ganadera y latifundista sobre las mejoras del colono, y luego la entrada sucesiva de guerrillas, paramilitares y grupos posdesmovilización como poderes sustitutos que administraron —con violencia— el conflicto por la tierra que el Estado no arbitró.

Pero la violencia en Cimitarra no fue solo consecuencia de la cuestión agraria irresuelta. Tuvo también una lógica contrainsurgente propia. El paramilitarismo colombiano nació aquí como estrategia deliberada para exterminar la izquierda —la Unión Patriótica, las organizaciones campesinas, los sindicatos—, y los 90 homicidios de 1983 responden a esa lógica política tanto como a las disputas por parcelas. La tierra fue el escenario, pero la guerra fue también ideológica.

Los dos planos se retroalimentaron. La ausencia del Estado como árbitro de la propiedad convirtió el conflicto agrario en conflicto armado; pero una vez que guerrillas y paramilitares ocuparon el vacío estatal, la violencia adquirió una lógica político-militar propia —exterminio de la izquierda, control territorial del narcotráfico, disputa por rutas— que ya no se reducía a la disputa por hectáreas, aunque siguiera anclada en ella.

La ATCC en 1987 y la ACVC con la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra en 2002 son la evidencia de que los campesinos intentaron resolver por vía organizativa lo que ni el mercado ni el Estado ni las armas resolvieron. Esa capacidad de agencia —la construcción de neutralidad activa, la reivindicación de una figura jurídica de propiedad colectiva, la denuncia sistemática de los señalamientos que precedieron a los asesinatos— es tal vez el elemento que la historia de Cimitarra aporta con más fuerza al inventario del conflicto colombiano. Frente a la ausencia del Estado y la sobrepresencia de los ejércitos, los campesinos del Carare y del Cimitarra inventaron formas de resistir que no fueron ni sumisión ni armas.

Cimitarra no es un caso extremo dentro del Magdalena Medio: es su síntesis. Municipio de tránsito entre Antioquia y el altiplano, frontera agraria hecha por colonos venidos de la guerra, epicentro del paramilitarismo naciente en 1983, cuna de una de las experiencias de resistencia civil más lúcidas del país, y territorio disputado hoy por los herederos reciclados de todas las violencias anteriores. Leerlo es leer, en pequeño y con nombres propios, el problema no resuelto de la propiedad de la tierra en Colombia, y la persistencia con que ese problema —irresuelto— sigue produciendo, en la geografía de un solo municipio del Magdalena Medio, la historia entera de un país.