Contrainsurgencia

La contrainsurgencia es la doctrina y el conjunto de prácticas mediante los cuales un Estado combate una guerra irregular librada en su propio territorio contra actores armados que se confunden con la población civil. En Colombia, más que una teoría importada, fue un dispositivo híbrido: se armó con piezas de la Guerra Fría estadounidense, absorbió la experiencia de la guerra colonial francesa en Argelia e Indochina y las reelaboró sobre un sustrato local hecho de La Violencia, el estado de sitio y una tradición castrense que buscaba redefinirse. De ese cruce salió la arquitectura conceptual, legal y operativa que ha estructurado más de medio siglo de conflicto: el Plan Lazo de 1962, los decretos que autorizaron armar civiles, los manuales que clasificaron a la población según su afinidad con las Fuerzas Armadas, el Estatuto de Seguridad de 1978, la Política de Seguridad Democrática, la doctrina de acción integral. Su hilo conductor —la figura del "enemigo interno", capaz de diluir la frontera entre combatiente y civil— es también el que explica por qué la contrainsurgencia colombiana produjo, con inquietante regularidad, la violencia paraestatal y las ejecuciones extrajudiciales que hoy investiga la Jurisdicción Especial para la Paz.

Qué es la contrainsurgencia y por qué pesa

En términos estrictos, la contrainsurgencia designa la respuesta militar y política a una insurgencia armada interna. Lo que la separa de la guerra convencional es el terreno: no hay frentes ni ejércitos uniformados enfrentados en campo abierto, sino una fuerza estatal que persigue a un adversario disperso, disuelto en la población, sostenido por redes de apoyo civil. De ahí que su objetivo estratégico central no sea la aniquilación del enemigo armado, sino la ruptura del vínculo entre ese enemigo y la sociedad que lo alberga. La fórmula que sintetizó esa lógica en Colombia —"quitarle el agua al pez"— circuló asociada al Plan Lazo desde los años sesenta y condensa una convicción: sin base social, la guerrilla se seca.

Ese planteamiento tiene consecuencias severas. Si el enemigo se define por su relación con la población, la población entera pasa a ser objeto de cálculo militar: hay que censarla, clasificarla, ganarla, controlarla o —cuando se la considera perdida— neutralizarla. La contrainsurgencia colombiana adoptó esa premisa y la llevó a sus consecuencias institucionales: manuales que dividían a los civiles en categorías según su cercanía a las Fuerzas Armadas, decretos que los facultaban para portar armas, políticas que los incorporaban como cooperantes e informantes. En esa expansión del campo de operaciones desde lo militar hacia lo civil reside el peso histórico del concepto: no es un capítulo técnico de historia militar, sino la matriz sobre la que se organizó el conflicto armado colombiano y desde la que hay que leer fenómenos aparentemente distintos —el paramilitarismo, la criminalización de la protesta social, los falsos positivos— como derivaciones de una misma lógica.

La genealogía: Argelia, Vietnam, Fort Bragg

La contrainsurgencia moderna no nació en Washington. Sus principios operativos fueron destilados primero por los estrategas franceses que combatieron en Indochina y Argelia entre las décadas de 1940 y 1960 —Roger Trinquier y David Galula entre los más influyentes—, quienes convirtieron la derrota colonial en un cuerpo doctrinal que teorizaba la "guerra revolucionaria" como enfrentamiento total en el que la política, la propaganda, el terror y las armas eran instrumentos intercambiables. Estados Unidos, durante los años sesenta y setenta, revisó esos principios cruzándolos con su propia experiencia en Filipinas, con la británica en Malasia y Kenya, y con la vietnamita en curso. El resultado fue el desplazamiento del énfasis estratégico occidental: de la defensa hemisférica frente a un adversario estatal a la "seguridad interna" frente a un adversario disuelto en la propia ciudadanía.

El nexo teórico entre desarrollo económico y contrainsurgencia lo fijó Walt W. Rostow, asesor de seguridad nacional de John F. Kennedy, en 1960. Rostow sostuvo que la etapa de "despegue" —el momento en que una economía tradicional inicia su industrialización— encerraba riesgos particulares frente a la amenaza comunista: la modernización, precisamente por dislocar las estructuras rurales tradicionales, abría espacios de subversión. La conclusión práctica era que desarrollo y contrainsurgencia debían operar coordinadamente. Esa idea daría forma a la Alianza para el Progreso, que tuvo desde su origen una doble cara: reforma social visible, doctrina contrainsurgente en el reverso.

La transferencia a Colombia comenzó antes de que la Alianza se formalizara. En 1959, Estados Unidos envió a Bogotá una misión asesora integrada por veteranos de las campañas de Filipinas y Corea, que evaluó durante meses la guerra irregular colombiana —entonces todavía marcada por los remanentes de La Violencia y por la aparición de núcleos comunistas rurales— y produjo un informe de tres volúmenes que abogaba por una red extensa de asesores estadounidenses y por su participación directa en acciones antirebeldes. En los años siguientes, otras misiones profundizaron esa presencia. La más citada es la encabezada por el brigadier general William P. Yarborough, del Centro de Guerra Especial del Ejército estadounidense en Fort Bragg. Su informe traía recomendaciones detalladas sobre equipamiento, estructura y métodos. En un anexo secreto, Yarborough fue más lejos: propuso desarrollar una estructura civil y militar que ejecutara "actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra conocidos proponentes comunistas", con respaldo estadounidense. La recomendación quedaría como una de las piezas fundacionales, incómodas y persistentes, de la contrainsurgencia colombiana.

La formación de los oficiales colombianos consolidó la conexión. Un documento clasificado de diciembre de 1970 registra que, de 31 oficiales colombianos con rango de general de brigada activos en ese momento, 22 se habían formado en Estados Unidos y 4 en la Zona del Canal de Panamá; solo 2 no habían pasado por ninguno de esos circuitos. La "norteamericanización" del Ejército colombiano —el reemplazo gradual del viejo modelo prusiano por el estadounidense, en el que la Guerra de Corea y la presencia posterior de asesores veteranos jugaron un papel de contexto— no fue una operación abstracta: pasó por currículos, por manuales traducidos, por promociones enteras entrenadas bajo un mismo paradigma.

El Plan Lazo y la fundación paradójica del conflicto

La primera aplicación integral de la doctrina en Colombia fue el Plan Lazo, diseñado por el Ejército colombiano bajo la conducción del general Alberto Ruiz Novoa a comienzos de los sesenta. El plan articuló tres componentes en una secuencia estratégica: acción cívico-militar, guerra psicológica y ofensiva armada. La primera se ocupaba de tender puentes con la población rural mediante brigadas de salud, arreglo de escuelas, obras de infraestructura y presencia visible del Estado; la segunda buscaba erosionar la legitimidad de las guerrillas mediante propaganda, información y control del relato; la tercera aplicaría la fuerza contra los núcleos armados una vez aislados de su base social.

Para coordinar el aparato civil-militar, en 1963 se creó el Comité Nacional de Acción Cívico-Militar, integrado por el Ministerio de Defensa junto con ministerios sociales y de gobierno, con apoyo estadounidense. En él confluyeron organismos civiles como Acción Comunal y el Cuerpo de Paz —Colombia fue el primer país latinoamericano en recibir voluntarios de este último, con 61 llegados en septiembre de 1961— y organizaciones norteamericanas como CARE y Cáritas, en un tejido donde la asistencia humanitaria y la inteligencia militar operaban en el mismo terreno. Yarborough había recomendado, entre otras medidas, un programa intenso de registro de civiles con huellas digitales y fotografías, y técnicas de interrogatorio que incluían el uso de sodio pentotal y polígrafos. Décadas después, un testimonio recogido por la Comisión de la Verdad describiría cómo el Grupo de Operaciones Psicológicas realizaba eventos comunitarios, incluidos espectáculos infantiles, con el propósito explícito de "estar cerca del pueblo y conocerlos". La acción cívica no fue concebida como un derecho de las comunidades a mejores condiciones de vida, sino como un medio instrumental para ganar empatía y desplazar al adversario.

La ofensiva armada del Plan Lazo se concentró contra las llamadas "repúblicas independientes", término acuñado en el Senado por el congresista conservador Álvaro Gómez Hurtado para referirse a Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero: enclaves rurales del sur del país donde comunidades campesinas armadas, muchas vinculadas al Partido Comunista, se habían organizado en autodefensa durante los años de La Violencia. Gómez Hurtado las presentó como territorios que desafiaban la soberanía nacional —trasladando quejas de latifundistas y de sectores del clero—, sin recordar que en gran parte de la geografía colombiana ni siquiera existían funcionarios del Estado. En 1962 hubo un primer operativo con cerca de 7.000 soldados, levantado al poco tiempo, probablemente como ensayo. La operación decisiva se lanzó en mayo de 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia: la Operación Marquetalia, también llamada Operación Soberanía. Movilizó una fracción sustancial del Ejército colombiano; una revista estadounidense la valoró en 372 millones de pesos, mientras otras cifras hablan de más de 17 millones de dólares.

En octubre de ese mismo año, los parlamentarios Carlos Restrepo Arbeláez y Gerardo Bernal denunciaron en la Cámara de Representantes bombardeos aéreos, torturas con corriente eléctrica y fusilamientos contra la población civil de la zona. Los desplazamientos masivos, muertes por hambre y envenenamiento quedaron registrados en testimonios de época, en un contexto donde no existían mecanismos efectivos de protección de derechos humanos. Y sin embargo, el resultado militar fue el contrario del buscado. Las autodefensas campesinas comunistas, encabezadas por Manuel Marulanda Vélez —conocido como Tirofijo—, sobrevivieron a la ofensiva y se reorganizaron como guerrilla móvil bajo el Bloque Sur, que en 1966 se constituyó oficialmente como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El sociólogo francés Pierre Guilhodes escribiría más tarde que "no es exagerado concluir que en Colombia, desde el punto de vista estrictamente militar, se inventó al enemigo en nombre de una respuesta continental". Jacobo Arenas, ideólogo de las FARC, lo dijo desde el otro lado: si la agresión a Marquetalia no se hubiera llevado a cabo, probablemente no habrían nacido las FARC.

Esa es la paradoja fundacional de la contrainsurgencia colombiana. Concebida para conjurar una amenaza, contribuyó decisivamente a producir el actor armado que dominaría el conflicto durante medio siglo. La doctrina que prometía disolver la insurgencia terminó organizándola.

La arquitectura legal: decretos, manuales y "enemigo interno"

Paralelo al despliegue operativo se levantó un edificio jurídico y doctrinal que institucionalizó la contrainsurgencia. La pieza clave fue el Decreto Legislativo 3398 de 1965, expedido bajo el gobierno de Valencia. Definió la defensa nacional como la organización y previsión del empleo, desde tiempo de paz, de todos los habitantes y recursos del país, y facultó al Ministerio de Defensa —a través de los comandos militares— para autorizar el armamento de civiles en tareas de defensa y preservación del orden público. Tres años después, la Ley 48 de 1968 lo convirtió en norma permanente. Se abrió así una "ventana jurídica" cuyo impacto en sus primeros años fue marginal, pero cuyo potencial siniestro se revelaría en los ochenta con la primera generación de grupos paramilitares contemporáneos.

Los manuales militares tradujeron ese marco legal en doctrina operativa. Desde 1963, y con especial nitidez en los reglamentos de 1979 y 1987, el Ejército colombiano clasificó a la población civil según su afinidad o no con las Fuerzas Armadas y su vínculo real, supuesto o potencial con la guerrilla. El Manual de instrucciones generales para operaciones contraguerrillas de 1979 ordenaba organizar militarmente a la población civil para protegerla de las guerrillas y apoyar operaciones de combate, y contenía una definición formal de "junta de autodefensa". El Reglamento de combate de contraguerrilla de 1987 dividía las fuerzas insurgentes en dos componentes: "población civil insurgente" y "grupo armado", definiendo la primera como una masa heterogénea unificada mediante actividad psicológica. Esa distinción —civil insurgente frente a civil no insurgente— fue el corazón conceptual del dispositivo: al desplazar la definición de enemigo desde la portación de armas hacia la afinidad ideológica, disolvió el estatuto de la neutralidad en zonas de conflicto.

La doctrina del "enemigo interno" no era una elaboración explícita en los primeros textos, pero operaba en la práctica. Había sido ensayada informalmente en Colombia antes de la transferencia formal estadounidense: en los Llanos entre 1952 y 1953, en las guerras de Villarrica entre 1954 y 1955. Con la doctrina de seguridad nacional norteamericana adquirió estructura teórica. Encuadraba el conflicto como una lucha ideológica en la que la subversión operaba simultáneamente en los campos político, económico, educativo, sindical y armado; en consecuencia, sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones campesinas y campañas electorales de ciertos sectores fueron clasificados como parte del "frente civil" de la estrategia subversiva. Huelgas y paros pasaron a leerse, en la mirada militar oficial, como instrumentos de una guerra librada por otros medios.

La expresión jurídica más contundente de esa mirada fue el Estatuto de Seguridad, expedido bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala mediante el Decreto 1923 de 1978. Su aplicación tuvo efectos represivos severos: según reconocimiento posterior del propio Ministerio de Defensa, más de 5.000 personas solo en Bogotá fueron detenidas y torturadas por militares durante ese período. El Estatuto encarnó en Colombia la doctrina de seguridad nacional en su forma más pura: la subversión definida por su ideología antes que por sus actos, la protesta social criminalizada como manifestación del enemigo, el estado de excepción como régimen ordinario de gobierno.

Del Estado a los ejércitos privados: la deriva paramilitar

La ventana abierta en 1965 permaneció entreabierta durante casi dos décadas antes de convertirse en puerta. Cuatro factores confluyeron en el Magdalena Medio de los años setenta y ochenta para producir la primera generación de grupos paramilitares contemporáneos: la presión guerrillera sobre grandes terratenientes y empresarios rurales mediante vacunas, secuestros y amenazas; la reclamación patronal de garantías al Estado; la irrupción del narcotráfico como fuente masiva de capital; y el marco legal que autorizaba armar civiles. El sociólogo Alejandro Reyes ha identificado en la respuesta institucional a esa presión —la creación de ejércitos privados para defender la propiedad— un error estratégico de la dirigencia colombiana cuyas consecuencias serían de largo alcance.

Entre 1977 y 1991, el Magdalena Medio funcionó como laboratorio de esa deriva. Grupos de escopeteros promovidos inicialmente por el Estado fueron cooptados por estructuras paramilitares. En 1982 esas estructuras ejecutaron múltiples masacres, exterminaron a la organización política Unión Nacional de Oposición (UNO), se aliaron con el narcotráfico y proyectaron su modelo a otras regiones. Los crímenes de connotación nacional entre 1988 y 1989 —masacres, asesinatos de dirigentes, atentados— dejaron ver que aquello ya no era un fenómeno regional sino un actor con vocación estratégica.

La hibridación definió la fase. Las premisas de la doctrina contrainsurgente y de la guerra de baja intensidad se mezclaron con residuos de La Violencia y con la tradición del estado de sitio. De ahí surgió un paramilitarismo de segunda generación cuya variante más siniestra fue el narcoparamilitarismo, consolidado en los años noventa en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para las élites regionales ligadas al poder político y a la tenencia de la tierra, el dispositivo funcionó como palanca para recuperar predios perdidos en las luchas campesinas de mediados de siglo, incluidos los vendidos al Estado para procesos de reforma agraria. Para el paramilitarismo mismo, la lógica de control y regulación de la población civil replicó métodos que ya estaban en los manuales militares: no fue una desviación exógena, sino una prolongación reconocible.

El caso emblemático de la contradicción fue la Unión Patriótica. Surgida en 1985 en el marco de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP, la UP fue identificada por sectores del estamento castrense como "enemigo interno" desde su nacimiento, pese a su naturaleza de frente amplio y de acción exclusivamente civil. Su exterminio sistemático —miles de militantes asesinados en pocos años— reveló hasta dónde llegaba la lógica del dispositivo cuando se aplicaba a un actor político legal.

La intervención estadounidense: continuidad y mutaciones

La conexión con Estados Unidos no fue un episodio inaugural sino una constante. La asistencia militar a Colombia en 1962 fue de seis millones de dólares —cifra entonces inferior al gasto en desarrollo— y creció a 8,4 millones en 1963. Los helicópteros, vehículos, equipos de comunicaciones y armamento entregados en el marco del Plan Lazo llegaron acompañados de asesores, cursos y programas de entrenamiento que continuaron durante décadas.

La continuidad de esa presencia más allá de la Guerra Fría se explica por la persistencia de intereses económicos y estratégicos estadounidenses y por la longevidad del discurso contrainsurgente como marco para pensar la guerra en Colombia. Cuando la desaparición del bloque soviético desactivó la coartada anticomunista, la retórica se ajustó: el narcotráfico y, tras 2001, el terrorismo ofrecieron nuevas designaciones para el mismo enemigo. En 2002, una ley de apropiaciones suplementarias de emergencia amplió la autoridad del Ejecutivo estadounidense para combatir de forma unificada el narcotráfico y las organizaciones terroristas colombianas, reconociendo formalmente el vínculo entre grupos armados y comercio ilícito de drogas. El Plan Colombia, formulado a finales de los noventa y ejecutado desde el 2000, fue la expresión más ambiciosa de esa continuidad: miles de millones de dólares en asistencia militar, entrenamiento y equipamiento, y una integración operativa sin precedentes entre las fuerzas de los dos países. La estrategia de asesorías transnacional no era nueva: modelos análogos habían operado en Vietnam, Guatemala y El Salvador durante sus respectivas guerras contrainsurgentes.

De la Seguridad Democrática a la acción integral

En el arranque del siglo XXI, la contrainsurgencia colombiana entró en una fase de mutación importante bajo la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Uribe llevó al plano nacional un principio que había ensayado como gobernador de Antioquia: la "neutralidad activa", entendida como la exigencia de que la población civil colaborara activamente con la fuerza pública en la lucha contra la insurgencia. Esa idea se materializó en una amplia red de cooperantes que involucró a la población civil en el conflicto armado, actualizando la vieja lógica del Plan Lazo —incorporar civiles en tareas de inteligencia contrainsurgente— con recursos ampliados y escala nacional.

La Seguridad Democrática se acompañó también de una modernización significativa del poder aéreo militar —25 aviones Súper Tucano, ocho helicópteros Black Hawk, otras plataformas— que produjo la mayor asimetría aérea de la historia del conflicto frente a las FARC-EP. Desde 2004 se implementó el Plan Nacional de Consolidación Territorial, cuya experiencia fue recogida por el gobierno de Juan Manuel Santos y adscrita desde 2011 a la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial. La continuidad institucional entre gobiernos ideológicamente distintos —Uribe y Santos— mostró que la contrainsurgencia había dejado de ser doctrina de un sector para convertirse en gramática común del Estado.

El nombre bajo el cual esa gramática se enseña hoy en la doctrina militar colombiana es "acción integral". Es, en rigor, la evolución nominal del Plan Lazo: la misma articulación entre acción cívica, presencia territorial, guerra psicológica y operaciones armadas, actualizada con vocabulario y tecnologías contemporáneas.

Los falsos positivos: la doctrina en su forma más brutal

El costo humano de esa continuidad quedó cifrado en un fenómeno que la Jurisdicción Especial para la Paz investiga bajo el macro caso 03: las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, popularmente conocidas como falsos positivos. Miles de civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública y presentados en medios de comunicación como delincuentes o combatientes abatidos, con el propósito de inflar los resultados operacionales y acceder a incentivos institucionales.

Leídos desde la genealogía trazada hasta aquí, los falsos positivos no aparecen como aberración individual ni como excepción, sino como derivación previsible del dispositivo. Sus antecedentes se remontan a los años setenta, cuando el Estatuto de Seguridad masificó el terror oficial. La doctrina del enemigo interno, al clasificar a la población civil según categorías de afinidad y sospecha, había construido durante décadas el marco cognitivo que permitía que un joven pobre de un barrio periférico o un campesino de una zona de conflicto pudiera ser leído —y presentado— como enemigo. La mayoritaria impunidad que ha rodeado estos crímenes indica algo más que negligencia judicial: sugiere una dificultad estructural para procesar como delito una práctica que operaba dentro de los márgenes conceptuales de la propia institución.

Balance de una continuidad

La contrainsurgencia colombiana admite lecturas contrapuestas y ambas conservan parte de verdad. Fue una importación —los asesores, los manuales traducidos, los oficiales formados en Fort Bragg y Panamá, las cifras de asistencia, la asimetría de recursos— que fijó márgenes reales de autonomía nacional. Y fue una reelaboración local —los decretos, las juntas de autodefensa, la particular hibridación con el narcotráfico, la deriva paramilitar— que actores colombianos con agendas propias impulsaron con vigor. Los militares hallaron en el paradigma de seguridad nacional una oportunidad para transformar su papel político, pasando de una institución de prestigio débil a garante de la seguridad del Estado con monopolio sobre la política de seguridad. Las élites regionales lo usaron para recuperar tierras y disciplinar movimientos sociales. El narcotráfico lo aprovechó como infraestructura para blanquear su violencia bajo bandera contrainsurgente.

Lo que sostiene a este dispositivo a través de más de medio siglo no es, entonces, una imposición externa ni un accidente local, sino la manera en que una estructura doctrinal transnacional y una serie de agencias locales se acoplaron. El Plan Lazo produjo su enemigo. Los decretos habilitaron a los civiles armados que devendrían paramilitares. Los manuales elaboraron los marcos que hicieron pensable ejecutar a un civil y llamarlo guerrillero. La acción integral extendió al siglo XXI las categorías nacidas en 1962. Tras la Constitución de 1991, las Fuerzas Militares aceptaron un mayor control administrativo, pero el poder civil mantuvo una interpretación militarista y criminalizante del conflicto, y las Fuerzas Militares conservaron una autonomía significativa. La continuidad, más que ideológica, es institucional: los mismos conceptos operando bajo nombres distintos.

Comprender la contrainsurgencia en Colombia es, por eso, algo más que reconstruir una doctrina militar. Es leer la clave con la que el Estado organizó su relación con amplios sectores de la ciudadanía durante seis décadas —clasificándolos, censándolos, ganándolos, sospechándolos, armándolos, combatiéndolos— y advertir que las categorías forjadas para pensar la guerra terminaron modelando también las formas de la paz. Cualquier tránsito hacia el posconflicto y hacia una comprensión distinta de la seguridad ciudadana tendrá que medirse con esa gramática, todavía vigente bajo nuevos nombres.