El Batallón Colombia en Corea (1951-1954)

El Batallón Colombia en Corea

Entre 1951 y 1954, Colombia envió a la península coreana un batallón de infantería y la fragata Almirante Padilla —la única de guerra que tenía la armada— para combatir bajo mando de la Séptima División de Infantería del Ejército de Estados Unidos, formalmente bajo bandera de Naciones Unidas. Fue la única nación latinoamericana que aportó tropas terrestres a esa guerra. La cifra final del sacrificio expedicionario —163 muertos en combate, 448 heridos, 28 prisioneros canjeados, 47 desaparecidos— resulta modesta si se compara con los ejércitos protagónicos del conflicto, pero desproporcionadamente pesada para lo que ese contingente terminó significando en la historia militar colombiana. El Batallón Colombia salió del país bajo el gobierno de Laureano Gómez Castro, combatió bajo el mandato interino de Roberto Urdaneta Arbeláez y regresó a un país gobernado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien había derrocado al mismo régimen que envió las tropas. Esa paradoja —Gómez pagó el envío con su propia caída— condensa el problema.

¿Por qué fue Colombia a Corea, y qué le hizo eso al país por dentro?

Preguntar por qué Colombia fue a Corea no es una curiosidad de cronología diplomática. Es preguntar cómo se articularon, en un solo gesto, tres transformaciones que definieron el siglo XX colombiano: el alineamiento militar con Estados Unidos que desplazó una tradición prusiana de medio siglo, la consolidación de una doctrina anticomunista que convirtió al enemigo externo de la Guerra Fría en enemigo interno campesino, y la autonomía política que el estamento militar adquirió al profesionalizarse bajo tutela extranjera.

Las respuestas dominantes tiran en direcciones distintas y no siempre compatibles. Una lectura clásica ve en Corea el cumplimiento de compromisos de seguridad colectiva contraídos con la Junta Interamericana de Defensa de 1942 y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca: Colombia hizo lo que un aliado hemisférico debía hacer. Otra lectura, más política, insiste en que la decisión fue instrumental: Gómez necesitaba el favor de Washington para sostener un régimen sin Congreso, sin partido liberal en las urnas y con estado de sitio permanente desde noviembre de 1949. Una tercera lectura, más ambiciosa, ve en Corea la bisagra doctrinal que reorientó al Ejército colombiano hacia la contrainsurgencia estadounidense, incubando en una generación de oficiales la mentalidad que se aplicaría contra el campesinado en La Violencia y después contra las guerrillas del Frente Nacional. Una cuarta, finalmente, subraya la agencia castrense: fue la oficialidad, no el presidente, la que capitalizó el envío para acumular prestigio, recursos y autonomía política, hasta el punto de derrocar al propio Gómez en junio de 1953.

Ninguna de las cuatro es completamente falsa. Ninguna, tomada aisladamente, alcanza a explicar el fenómeno. Lo que sigue es un intento de sostener la posición que el material mejor tolera, sin achatar las tensiones que la evidencia mantiene vivas.

La lectura de la seguridad colectiva tiene un núcleo defendible. Desde 1929, Colombia había iniciado contactos militares con Estados Unidos, que se profundizaron con el plan de defensa del Canal de Panamá durante la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1942, Bogotá firmó un convenio de préstamo y arriendo con Washington. Ese mismo año, en Río de Janeiro, nació la Junta Interamericana de Defensa. En 1948 comenzaron misiones de entrenamiento del ejército y la aviación estadounidenses en territorio colombiano. Cuando Corea del Norte invadió a Corea del Sur en junio de 1950, la infraestructura institucional para responder al llamado de Naciones Unidas y de Estados Unidos ya estaba tendida. Colombia no improvisó una participación: la ejecutó desde marcos previos.

Pero esa lectura, correcta en la superficie, no explica por qué Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas terrestres. Los demás signatarios del TIAR también tenían acuerdos hemisféricos; ninguno mandó infantería. La singularidad colombiana exige buscar la explicación en el interior del régimen, no en el exterior de los tratados.

Ahí entra la segunda lectura. Cuando se toma la decisión de enviar el batallón, Gómez —presidente electo con abstención total del liberalismo— gobernaba bajo estado de sitio, con el Congreso cerrado por decreto desde noviembre de 1949 y con un proyecto de reforma corporativista de inspiración franquista en la mesa. La violencia bipartidista devoraba el país en dos niveles superpuestos: matanzas partidistas en distritos con mayoría liberal y represión clasista contra sindicatos y organizaciones populares. En los Llanos Orientales, la guerrilla liberal, con Guadalupe Salcedo como una de sus figuras más notorias, tomaba bases militares como Palanquero y poblaciones enteras. Para 1952, un sector de las guerrillas llaneras había declarado su lucha como revolución para derrocar al gobierno. El 6 de septiembre de ese año, militantes conservadores y policías de civil incendiaron las oficinas de El Tiempo y El Espectador y las casas de dirigentes liberales en Bogotá.

En ese contexto, mandar un batallón a Corea era, además de un gesto internacional, una operación política de altísimo rendimiento. Le compraba al régimen la legitimidad exterior que le negaban las urnas, el desafuero congresional y la censura de prensa. Y —esto era lo decisivo— abría el flujo de asistencia militar estadounidense necesario para enfrentar la guerra civil no declarada que ardía dentro. El propio Gómez esperaba esa contraprestación como pago por servicios prestados, y en efecto Colombia recibió millones de dólares en ayuda militar y entrenamiento para tropas y oficiales.

La tercera y la cuarta lectura son en rigor una sola: el canje político generó el laboratorio doctrinal. En 1952, un año después de embarcado el batallón, Bogotá y Washington firmaron un acuerdo bilateral de provisión de armas bajo el Military Assistance Program, marco destinado a asistir a países comprometidos con la lucha contra el comunismo. El texto incluía una cláusula que obligaba a usar las armas y el entrenamiento para "mantener la paz en el hemisferio occidental" —formulación tan elástica que admitía cualquier reinterpretación. Ese acuerdo inauguró la fase intensiva de la norteamericanización del Ejército colombiano: el desplazamiento del modelo prusiano, que había orientado la doctrina desde la Guerra de los Mil Días, por el modelo estadounidense. Para 1970, veintidós de los treinta y un generales de una estrella habían estudiado en Estados Unidos y cuatro en la Escuela de las Américas en Panamá.

El caso a favor del cálculo doméstico de Gómez se apoya en la coincidencia densa entre las fechas de la crisis institucional y las de la decisión expedicionaria. El régimen estaba estratégicamente aislado. La abstención liberal en las elecciones de 1949, el cierre del Congreso, la intención de reforma corporativista y la persecución de la oposición dejaban al gobierno sin más aliado sólido que Washington, y ese aliado se cotizaba caro. La contribución colombiana a Corea —significativa en el contexto latinoamericano precisamente porque nadie más aportaba tropas— era el precio de admisión al club anticomunista hemisférico.

La reciprocidad se materializó rápido. El acuerdo MAP de 1952 no fue un gesto simbólico: fue la puerta por la cual entraron helicópteros, vehículos, equipos de comunicaciones y armas ligeras que para 1961 estarían operando contra las llamadas repúblicas independientes de Sumapaz y el sur del Tolima. Los oficiales que rotaron por el Batallón Colombia —fue una unidad con relevos, no una expedición única— pasaron por Fort Benning y Fort Leavenworth, absorbieron doctrina, protocolos y jerga, y regresaron a un ejército que abandonaba el manual prusiano por el estadounidense.

La evidencia de la transformación doctrinal es la más granular, y tiene nombres propios. El teniente coronel Alberto Ruiz Novoa asumió el mando del batallón el 4 de julio de 1952 y dirigió las operaciones finales en la guerra, incluida la Operación Bárbula. Bajo su comando el batallón recibió citaciones presidenciales de Estados Unidos y de Corea del Sur por bizarría en combate, especialmente en la toma de Kumsong. En el estado mayor operaba también Álvaro Valencia Tovar, entonces capitán, quien había comandado el bautismo de fuego del batallón el 6 y 7 de agosto de 1951, tomando su objetivo en trece horas.

Ambos nombres son decisivos, y no por acumulación biográfica. Ruiz Novoa y Valencia Tovar llegaron a ser ministros de Guerra en gobiernos posteriores. Ruiz Novoa fue el arquitecto del Plan Lazo, la primera doctrina contrainsurgente formal del Ejército colombiano, que aplicó la lógica de separar al guerrillero de su base social —"quitarle el agua al pez"— contra las repúblicas independientes, culminando en la Operación Marquetalia de 1964, apoyada en operaciones psicológicas y en antiguos guerrilleros liberales como el llamado Peligro.

Valencia Tovar, por su parte, produjo en agosto de 1962, por encargo de Ruiz Novoa entonces ministro, un informe secreto sobre el libro La violencia en Colombia de Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna. El informe respaldaba el valor del libro, y su filtración a un senador conservador opositor en noviembre desató la crisis política que obligó al ministro a desautorizar públicamente la obra mientras se desplegaban tanques en Bogotá para disuadir un supuesto golpe conservador. La escena tiene algo emblemático: los mismos hombres que habían combatido en Kumsong administrando ahora, una década después, la interpretación oficial de la violencia interna del país.

La cadena entre Corea y la contrainsurgencia pasa también por el aparato asesor. En 1959, Estados Unidos envió a Colombia el primer equipo de asesores militares —veteranos de Filipinas y Corea— para evaluar la guerra irregular y los métodos del ejército colombiano. Su informe de tres volúmenes recomendó una red extensa de asesores y participación directa estadounidense en operaciones contra rebeldes. La reorientación doctrinal implicó abandonar los puestos fijos y las unidades tácticas regulares por bases de patrullajes móviles y equipos de combate, con planeación centralizada y ejecución descentralizada. Exigió además que el ejército abandonara el apoliticismo y la neutralidad institucional históricos para combatir el comunismo con incidencia política, económica y social, no solo militar. Ruiz Novoa lo dijo con nitidez como ministro: las injusticias sociales y económicas son tan generadoras de violencia como el bandolerismo, y su corrección incide sobre el orden público. Esa frase, dicha por el comandante del Batallón Colombia en Corea, era impensable en un general prusiano de la generación anterior.

Ahora bien, la evidencia también pone un límite a esa lectura. La noción del enemigo interno no nació en Corea. El coronel Gustavo Sierra Ochoa, comandante temprano del Batallón XXI Vargas, la introdujo mediante escritos que invitaban a prescindir de la noción de ciudadanía para quienes se hubieran rebelado contra el gobierno y a librar una guerra sin cuartel contra ellos y sus simpatizantes. Distinguía entre población hostil y población simpatizante fijando que "es la actitud que asuma la población la que determina el trato que le corresponde por parte de las autoridades". Esa doctrina se practicó en los Llanos entre 1952 y 1953 y en las guerras de Villarrica entre 1954 y 1955, es decir, mientras el batallón aún combatía en Corea o apenas regresaba. La mentalidad castrense anticomunista tenía sedimentos más antiguos: la represión de trabajadores en los años veinte, el trauma del 9 de abril de 1948. Corea reforzó una lógica preexistente; no la inauguró.

Con esa cautela por delante, se puede formular la respuesta que la evidencia mejor tolera. Corea fue bisagra, no fundación. Y fue bisagra en un sentido muy preciso: convirtió una alineación diplomática previa y una mentalidad represiva preexistente en una arquitectura institucional duradera. Ese es el núcleo defendible.

La decisión de enviar el batallón fue, ante todo, cálculo de supervivencia autoritaria de Gómez. La lectura de la seguridad colectiva es correcta pero insuficiente: los marcos existían, sí, pero solo Colombia los activó con tropas terrestres, y esa singularidad se explica por la crisis interna del régimen. Gómez necesitaba lo que Washington podía darle —legitimidad internacional, dólares, armas, entrenamiento— y Washington necesitaba lo que Gómez podía ofrecerle: un batallón latinoamericano en la línea del Kumsong que demostrara que la Guerra de Corea era una empresa hemisférica y no solo estadounidense. El acuerdo MAP de 1952 fue el precio explícito de esa transacción.

Pero el cálculo desbordó al calculador. Al profesionalizar al ejército, al abrirle acceso a doctrina extranjera, prestigio internacional y recursos materiales, Gómez creó las condiciones de su propio derrocamiento. El 13 de junio de 1953, apenas nueve meses después del acuerdo MAP y con el batallón todavía combatiendo, Rojas Pinilla —general con fuertes lazos con el ospinismo y con popularidad interna en las fuerzas armadas— dio el golpe, con apoyo de expresidentes conservadores como Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez, y con respaldo tácito del liberalismo. Cuando Gómez, brevemente retornado al poder desde su convalecencia, intentó deshacerse del general, precipitó el desenlace. La Asamblea Nacional Constituyente legalizó el nuevo régimen mediante el Acto Legislativo N° 1 de 1953. El golpe no lo instigó el estamento castrense por su cuenta: lo empujó una facción conservadora que chocaba con la del presidente. Pero se hizo viable porque el ejército tenía en 1953 un peso institucional, una legitimidad pública y una autonomía política que no habría tenido sin el prestigio del Batallón Colombia.

De ahí que la tesis de que la oficialidad capitalizó Corea para institucionalizar la subordinación doctrinal a Estados Unidos sea correcta pero requiera un matiz: la oficialidad la capitalizó sin habérsela propuesto como estrategia deliberada al comienzo. Fue consecuencia emergente, no plan. Los cuadros que combatieron en Corea absorbieron una experiencia de guerra irregular, una doctrina anticomunista sistematizada y una red de contactos con el aparato militar estadounidense que les daría, quince años después, las herramientas para diseñar el Plan Lazo. Corea fue laboratorio, sí, pero laboratorio diferido: sus productos doctrinales maduraron en la década siguiente, no en el retorno inmediato de 1954.

El acuerdo MAP y la generación de Corea, en conjunción, hicieron irreversible la norteamericanización que ya estaba en marcha desde 1948. El referente prusiano —que había dado al ejército colombiano su estructura formal desde principios de siglo— quedó desplazado no por un decreto sino por la lenta acumulación de oficiales entrenados en Fort Benning, Fort Leavenworth y la Escuela de las Américas, y por la lógica material de un ejército que recibía sus armas, sus manuales y sus asesores de un único proveedor. Para 1961, el arsenal estadounidense estaba operando contra las repúblicas independientes; para 1964, la doctrina contrainsurgente estaba consolidada en el Plan Lazo; para 1970, tres de cada cuatro generales de una estrella eran productos del sistema formativo estadounidense o panameño.

Lo que Corea agregó, específicamente, fue el vínculo cognitivo entre la Guerra Fría global y el conflicto interno colombiano. En el Batallón XXI Vargas la doctrina del enemigo interno había sido formulada por Sierra Ochoa en clave de guerra civil bipartidista. Después de Corea, esa misma doctrina se reformuló en clave de contención hemisférica del comunismo, con las repúblicas independientes reinterpretadas como cabezas de puente soviéticas y el campesinado insurgente como el equivalente doméstico de las tropas norcoreanas. Gómez ya había equiparado al liberalismo con el comunismo antes del envío del batallón; los oficiales de Corea le dieron a esa equiparación un lenguaje técnico, un marco doctrinal y un aparato de asesoría extranjera. La lógica anticomunista dejó de ser una consigna partidista para volverse una estructura institucional.

Conviene ser preciso sobre lo que Corea no hizo. No creó la violencia contra el campesinado: esa violencia ya existía, y en su forma más brutal antes de que el batallón entrara en combate. No creó tampoco la subordinación militar a Estados Unidos: esa subordinación había comenzado en 1929 y se había institucionalizado con las misiones de 1948. Lo que hizo fue proveer el catalizador humano —una generación de oficiales con experiencia expedicionaria y prestigio internacional— y el catalizador material —el acuerdo MAP y el flujo de asistencia que se desprendió de él— para que ambos procesos se aceleraran, se articularan y se volvieran irreversibles.

Quedan preguntas que resisten un cierre definitivo. ¿Habría llegado el Ejército colombiano al Plan Lazo y a la Operación Marquetalia sin haber pasado por Corea? El contrafactual es inevitablemente especulativo, pero la respuesta más honesta es que probablemente sí, aunque más tarde y por rutas distintas. La doctrina contrainsurgente formal fue elaborada por agencias del gobierno estadounidense y sistematizada en los años sesenta, con el nexo entre modernización y contrainsurgencia establecido a partir del trabajo de Walt W. Rostow en 1960. La revisión y actualización de la doctrina del enemigo interno se nutrió también de las experiencias británicas en Malasia y Kenia, de la contraguerrilla estadounidense en Filipinas y Vietnam, y de la guerra colonialista francesa en Vietnam y Argelia. Colombia habría recibido esa doctrina con Corea o sin ella. Lo que Corea aportó fue la temporalidad y la modalidad específicas: la recibió antes que sus vecinos, la recibió a través de sus propios oficiales veteranos, y la recibió con una legitimidad interna que ningún otro proceso habría podido darle.

¿Cuál fue el peso relativo de la agencia castrense frente a la estructura política? Las Fuerzas Armadas colombianas no participaron —salvo por el episodio de Rojas Pinilla, empujado por una facción conservadora— en la modalidad latinoamericana de dictadores salidos directamente de los cuarteles. Durante el régimen de Rojas entre 1953 y 1957 y la Junta Militar de 1957 a 1958 bajaron incluso ligeramente las asignaciones presupuestales a las fuerzas armadas, hecho paradójico dada la larga tradición civilista colombiana. Esa continuidad civilista sugiere que la agencia castrense, aunque real, operó dentro de límites institucionales que la historiografía todavía discute. Corea empoderó al ejército como cuerpo profesional, pero no lo convirtió en un poder político autónomo al modo argentino o brasileño.

Queda la pregunta más incómoda: el costo humano de la ecuación aceptada en 1951. El fracaso de los programas de rehabilitación que Rojas prometió a los guerrilleros amnistiados en 1953 —más de diez mil combatientes entregaron sus armas, especialmente en los Llanos, con Guadalupe Salcedo y sus lugartenientes situados en localidades del Meta— reveló que la asistencia militar recibida por Colombia como contraprestación por Corea no vino acompañada de asistencia económica y social equivalente. Los campesinos desmovilizados encontraron sus tierras ocupadas o vendidas, y las promesas de ayuda económica no se cumplieron. El propio general Duarte Blum, que había negociado los acuerdos y recibido las armas, reconoció el fracaso. Ese fracaso recreó las condiciones de insurgencia que la doctrina contrainsurgente importada de Corea pretendía resolver: los mismos guerrilleros amnistiados o sus herederos volverían a las armas, y sus movimientos formarían el sustrato de las FARC.

Ahí está el desequilibrio decisivo. Colombia aceptó en 1951 el paquete de la modernización militar estadounidense y rechazó implícitamente, o al menos no exigió, el paquete equivalente de reforma agraria y desarrollo rural. Recibió los helicópteros y no las tierras. Recibió los manuales de contrainsurgencia y no los programas de rehabilitación. Cuando los estudiantes universitarios protestaron en Bogotá el 8 y 9 de junio de 1954 y las fuerzas del gobierno abrieron fuego, matando al universitario Uriel Gutiérrez Restrepo, el aparato represivo que respondió llevaba ya la marca de la doctrina que se estaba consolidando: una que veía en la disidencia interna una amenaza asimilable a la de los ejércitos comunistas del otro lado del Pacífico.

El Batallón Colombia regresó a finales de 1954 con citaciones presidenciales, con oficiales condecorados y con una experiencia de combate profesional inédita en la historia militar del país. Regresó también con una matriz doctrinal que en la década siguiente reorientaría al Ejército hacia adentro, hacia el campesinado, hacia las repúblicas independientes, hacia el enemigo interno. Gómez, que había pagado por ese regreso, ya no estaba en el poder para verlo. El país al que ese batallón volvió terminaría librando durante seis décadas su propia guerra irregular, con los manuales, los helicópteros y la mentalidad que había traído consigo desde el Kumsong.