Washington en la historia de Colombia

Un vecino distante que nunca lo fue

Washington no es solo la sede formal del gobierno estadounidense: en la historia de Colombia funciona como personaje colectivo. Bajo ese nombre caben el Departamento de Estado en Foggy Bottom, la Casa Blanca, el Capitolio con sus mayorías cambiantes, el Pentágono y el Comando Sur, la DEA, la CIA y una embajada en Bogotá que en momentos decisivos ha operado como una segunda cancillería. La relación bilateral se ha ejercido a través de esa maquinaria plural, no de un actor único, y esa pluralidad explica parte de sus contradicciones: mientras un presidente ofrecía respeto mutuo, un secretario de Estado imponía condiciones; mientras la CIA descartaba en 1992 que las FARC fueran los principales narcotraficantes, el Congreso legislaba como si lo fueran.

El peso de Washington sobre Colombia no se mide solo en tratados firmados. Se mide en un canal interoceánico que dejó de ser colombiano, en un banco central diseñado por un profesor de Princeton, en un ejército entrenado en Fort Benning, en una moneda anclada al dólar, en helicópteros Black Hawk sobrevolando el Caguán y en un proceso de certificación anual que durante dieciséis años obligó al gobierno colombiano a rendir cuentas de su política antidrogas ante un Congreso extranjero. Cada uno de esos hechos tiene fecha, nombre propio y un acto de negociación detrás. Ninguno se impuso en el vacío: todos encontraron interlocutores colombianos que los solicitaron, los negociaron o los amplificaron porque resolvían un problema doméstico. La asimetría se sostuvo tanto tiempo porque combinó presión externa con demanda interna.

Los orígenes: reconocimiento, doctrina Monroe y las primeras ilusiones

Antes de que Washington fuera potencia, ya era referencia. Cuando el Congreso colombiano encomendó en 1820 a Francisco Antonio Zea, recién elegido vicepresidente, entablar relaciones diplomáticas con Europa —Holanda entre otras cortes— para obtener reconocimiento y fondos, Estados Unidos figuraba en el horizonte de manera distinta: no como acreedor ni como interlocutor imperial, sino como república hermana con la que se compartía la experiencia reciente de independencia. Zea, y luego José Rafael Revenga como agente diplomático ante Gran Bretaña, buscaban el reconocimiento internacional que consolidara la existencia de la República.

En ese contexto llegó el mensaje del presidente James Monroe. La fórmula "América para los americanos" —que rechazaba toda intervención política y militar de los regímenes europeos en el continente— fue acogida con entusiasmo en los altos círculos del gobierno colombiano. La Gaceta de Colombia publicó en febrero de 1824 los principales párrafos del mensaje presidencial, precedidos de un artículo atribuido al general Francisco de Paula Santander. La doctrina Monroe parecía entonces una promesa de escudo continental contra las coronas europeas, no un anuncio de tutela. La misma Colombia bolivariana convocó dos años después el Congreso Anfictiónico de Panamá, con la ambición de una organización internacional americana; ninguno de sus tratados fue ratificado, pero sus actos serían recordados como precursores de esa idea.

Simultáneamente, otras misiones tejían la red exterior: Ignacio Sánchez de Tejada representó los intereses del país ante la Santa Sede en Roma en un esfuerzo prolongado por asegurar reconocimiento eclesiástico. Con Washington, en cambio, se instaló pronto un vínculo comercial: entre 1825 y 1838 el intercambio fue activo, coincidiendo con los años inmediatamente posteriores a la independencia. Nada anunciaba todavía la tormenta.

La primera pieza jurídica de fondo llegó el 12 de diciembre de 1846. El Tratado Mallarino-Bidlack garantizaba a ciudadanos, buques y mercancías estadounidenses privilegios e inmunidades equivalentes a los de la Nueva Granada, junto con el derecho de tránsito sin gravámenes por el istmo de Panamá. A cambio, Estados Unidos se comprometía a garantizar la neutralidad del istmo, el libre tránsito y —cláusula que resultaría central medio siglo después— la soberanía de la Nueva Granada sobre ese territorio. El tratado también aseguraba condiciones favorables para una eventual construcción y explotación de un canal interoceánico. Nadie en Bogotá, al firmar, imaginó que ese mismo instrumento se convertiría en el marco jurídico invocado y desbordado por Washington en 1903.

Los hitos que definen la relación

1903: la amputación

El siglo XX se abrió con la herida fundacional. La construcción del canal interoceánico había pasado, tras el fracaso francés de Ferdinand de Lesseps, a manos estadounidenses. El presidente Theodore Roosevelt impulsó las negociaciones con Colombia y en 1903 se firmó el Tratado Herrán-Hay, cuyas cláusulas eran percibidas en Bogotá como una imposición unilateral que comprometía la soberanía colombiana sobre el istmo. El Senado colombiano lo rechazó. La respuesta de Roosevelt fue intensa: mostró abierto desprecio hacia los negociadores colombianos, a quienes en algún momento calificó de "despreciables criaturillas", y ordenó al ministro Beaupre presionar al gobierno de Bogotá.

Cuando la presión diplomática no bastó, Washington comenzó a contemplar abiertamente la separación de Panamá como vía alternativa. El 3 de noviembre de 1903 el departamento se declaró independiente con apoyo estadounidense. Los esfuerzos militares y diplomáticos colombianos para recuperarlo fracasaron, bloqueados por unidades navales estadounidenses apostadas frente a las costas y por decisiones tomadas en Washington. Quince días después, el 18 de noviembre de 1903, el francés Philippe Bunau-Varilla —designado ministro plenipotenciario de la recién proclamada república— firmó en Washington el Tratado Hay-Bunau-Varilla, por el cual Estados Unidos garantizaba la independencia panameña y la neutralidad del canal, y obtenía a cambio amplios derechos, poderes y autoridad sobre la zona canalera, con exclusión del ejercicio soberano de Panamá. Ningún panameño firmó.

Roosevelt admitiría después, con la frase "tomé Panamá", lo que había hecho. La expresión condensa la brecha entre la retórica y la acción que caracterizaría medio siglo de relaciones. Colombia perdió el 3% de su territorio, la ruta interoceánica y, durante casi dos décadas, cualquier posibilidad de indemnización.

La reparación llegó, parcial y tardía, con el Tratado Urrutia-Thompson, firmado en Bogotá en abril de 1914. Por él Colombia reconocía la soberanía de Panamá y Estados Unidos se comprometía a pagar una indemnización de 25 millones de dólares. La ratificación estadounidense tardó años y ocurrió en un contexto en que los intereses petroleros estadounidenses en Colombia habían adquirido peso considerable y los inversionistas extranjeros controlaban sectores clave de la economía colombiana. Roosevelt, Taft y Wilson gestionaron la crisis entre 1903 y 1922 sin lograr cerrar la brecha entre su retórica de respeto mutuo y sus acciones, sin advertir que esa contradicción socavaba sus propios objetivos hemisféricos. La dollar diplomacy de Taft prometió reemplazar el obús por los dólares, pero los marines y la fuerza armada siguieron disponibles ante cualquier riesgo. En 1912 Taft habría expresado que todo el hemisferio sería de Estados Unidos "de hecho", invocando la superioridad racial como justificación.

Respice Polum: la reorientación de los años veinte

El trauma panameño no clausuró la relación: la reformuló. Marco Fidel Suárez, presidente entre 1918 y 1921, acuñó la expresión latina Respice Polum —"mirar al Polo", al Norte— como divisa de política exterior. La frase, tomada como consigna doctrinal, reconocía que Colombia debía reforzar sus vínculos con Estados Unidos como potencia mundial dominante. Era realismo tras la derrota: aceptar la asimetría y buscar dentro de ella el mejor lugar posible.

Los hechos económicos daban la razón a Suárez. Durante y tras la Primera Guerra Mundial, la participación estadounidense en las importaciones colombianas pasó de 27,1% en 1913 a 72,4% en 1919. Gran Bretaña, hasta entonces principal proveedor, quedó desplazada casi por completo. El café colombiano tenía en Estados Unidos su mercado natural, y la crisis cafetera de 1918-1920 —que provocó la quiebra de las grandes empresas exportadoras nacionales y transfirió el control monopsónico del sector a manos norteamericanas, sin que la intervención estatal lograra revertirlo— consolidó esa dependencia estructural.

Sobre ese terreno llegó la Misión Kemmerer. Durante el gobierno de Pedro Nel Ospina, y en parte gracias a los 25 millones de la indemnización panameña que fluyeron como crédito e inversión, se contrató al profesor Edwin Walter Kemmerer, de Princeton, para presidir una misión financiera destinada a reorganizar las finanzas públicas, el sistema monetario y bancario, y a promover el desarrollo económico. La misión materializó su recomendación central en julio de 1923, cuando la Ley 5 creó el Banco de la República, con moneda única, billete convertible y reservas de oro centralizadas. La Superintendencia Bancaria, la Contraloría y una arquitectura fiscal moderna nacieron en esos mismos años.

Kemmerer adoptó la ortodoxia del patrón oro y comprometió a Colombia a mantener la convertibilidad de su moneda en oro a contracorriente de la mayoría de países capitalistas, que habían abandonado dicho patrón tras la guerra. Fue una elección de disciplina extrema, funcional para atraer capital estadounidense: los años veinte se conocieron en Colombia como la danza de los millones, con préstamos extranjeros destinados en parte significativa a obras públicas de transporte y a otros servicios. La modernización tenía patrocinador. Cuando el crash de Wall Street de 1929 secó el crédito y Colombia enfrentó serias dificultades para servir su deuda externa, Kemmerer volvió, convocado por segunda vez en 1931, para asesorar en la crisis. La danza había durado exactamente lo que Nueva York quiso.

Guerra Fría: Corea, Alianza para el Progreso y Marquetalia

La segunda gran alineación fue militar. Laureano Gómez, presidente entre 1950 y 1953, virulentamente anticomunista y gran aliado de la política estadounidense de Guerra Fría, convirtió a Colombia en el único país latinoamericano que envió tropas de combate a la Guerra de Corea, incluyendo la fragata Almirante Padilla. Entre los oficiales que participaron figuraron Alberto Ruiz Novoa y Álvaro Valencia Tovar, nombres que reaparecerían en la lucha contraguerrillera de las décadas siguientes. La recompensa fue tangible: millones de dólares en ayuda militar y entrenamiento para tropas y oficiales, y una alineación con Estados Unidos que ninguna administración posterior desharía.

La Revolución Cubana de 1959 reordenó las prioridades. En 1961 el presidente John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso como respuesta hemisférica al desafío castrista, orientada a promover desarrollo y estabilidad en América Latina para bloquear el contagio revolucionario. Colombia, bajo el Frente Nacional, fue uno de sus laboratorios preferidos. Alberto Lleras Camargo había sido interlocutor natural, y el propio Kennedy visitó Bogotá.

Sobre ese doble carril —desarrollo y anticomunismo— se montó el Plan Lazo, entre 1962 y 1966, que introdujo la doctrina de acción cívico-militar en las Fuerzas Armadas colombianas y buscó acercar a los militares a la población civil como parte de una estrategia contrainsurgente. En su marco, y con asesoría del gobierno norteamericano, se ejecutó en mayo de 1964 la Operación Soberanía contra Marquetalia, zona controlada por autodefensas campesinas vinculadas al Partido Comunista. Una operación previa de 1962 había involucrado cerca de 7.000 efectivos como ensayo, y el gobierno de Valencia empleó más de 16.000 hombres en sus operaciones contrainsurgentes generales, con cerca de un tercio del ejército comprometido y más de 17 millones de dólares invertidos. El efecto histórico fue mayúsculo: Marquetalia es hito fundacional del proceso que llevaría a la creación formal de las FARC, cuyo nombre se adoptó en la II Conferencia de 1966. La guerra que Colombia libraría durante medio siglo tuvo, en su origen, huellas de asesoría washingtoniana.

Certificación, extradición y la guerra contra las drogas

Desde finales de los años setenta, con la administración Nixon como precedente lejano —bajo la cual la política antidrogas incorporó una dimensión de política exterior al identificar países fuente y presionar a sus gobiernos—, Washington exigió que Colombia militarizara la lucha antinarcóticos e introdujera reformas penales. La cocaína había reemplazado al café como mercancía transnacional de mayor rentabilidad, y los carteles de Medellín y Cali se convirtieron en objetivos prioritarios de la política estadounidense.

El instrumento decisivo llegó con la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986, que estableció el Proceso de Certificación. A más tardar el 1 de marzo de cada año, el presidente de Estados Unidos debía enviar al Congreso una lista de países productores o de tránsito calificando su cooperación. Si un país no obtenía certificación, perdía la asistencia bilateral y enfrentaba sanciones financieras y comerciales. El mecanismo, vigente entre 1986 y 2002, convirtió la política antidrogas colombiana en materia de rendición anual ante un Congreso extranjero.

El caso paradigmático fue el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998). Señalado de haber recibido financiación del Cartel de Cali para su campaña electoral, Samper vio a Colombia descertificada. Washington usó la crisis como palanca concreta: la embajada estadounidense informó al presidente en 1996 que Estados Unidos quería "mantener la presión del escándalo como arma para obtener mayores resultados en la guerra contra las drogas". Esa presión llegó a imponer al gobierno colombiano la designación del director de la Policía Nacional, favoreciendo al general Rosso José Serrano sobre el candidato inicial de Samper. Con Serrano al frente, el Cartel de Cali cayó entre 1994 y 1995. La descertificación operaba así como herramienta de microgestión: definía prioridades estratégicas y nombres específicos en el aparato de seguridad colombiano.

Samper sobrevivió políticamente, pero su gobierno quedó marcado por la vigilancia externa. La elección de Andrés Pastrana en 1998 permitió retomar la colaboración, deteriorada durante el interregno.

El Plan Colombia: de proyecto de paz a operación contrainsurgente

Andrés Pastrana concibió el Plan Colombia el 8 de junio de 1998, dentro de su Plan de Desarrollo, con una orientación inicial que no era abiertamente militar: incluía componentes de desarrollo económico, social y de paz, y complementaba el diálogo con las FARC en la zona de distensión del Caguán. El presidente Bill Clinton acogió la iniciativa en diciembre de 1998 y prometió mayor ayuda militar para combatir las drogas y fortalecer la democracia. En septiembre de 1999, el Plan se presentó públicamente como una suerte de Plan Marshall para Colombia, apoyado principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea.

El proceso legislativo estadounidense lo transformó. Los actores clave del establishment de política exterior —mayoría del Congreso, think tanks, mando militar— convergieron en que la crisis colombiana era ante todo un problema de narcotráfico que exigía militarización antes que ayuda al desarrollo institucional. Lo que Pastrana había pensado como instrumento de paz salió de Washington convertido en paquete predominantemente militar. Se crearon batallones antinarcóticos, se fortalecieron las Fuerzas Armadas con ayuda estadounidense, se entregó equipamiento —helicópteros, sistemas de comunicación, entrenamiento— y la coordinación quedó a cargo del Comando Sur, con base en Florida, a través de un grupo militar encargado de acompañar, formar, asesorar y fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas.

La fusión conceptual entre lucha antinarcóticos y contrainsurgencia fue el cambio estratégico central. Sus defensores argumentaban que actuar contra el cultivo ilícito socavaba las fuentes de financiación de la guerrilla y del paramilitarismo. Pero tanto la CIA, en un informe secreto de 1992, como la DEA habían rechazado la caracterización de las guerrillas como los principales narcotraficantes. El informe de la CIA reconocía que las FARC se habían involucrado crecientemente en el negocio mediante el cobro de impuestos al comercio en zonas bajo su control y la protección de infraestructura de tráfico, pero no las identificaba como los principales traficantes. La política pública procedió como si esa distinción no existiera.

El 11 de septiembre de 2001 disolvió cualquier reserva. El presidente George W. Bush firmó la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 18, que amplió explícitamente la misión de Estados Unidos en Colombia más allá de las operaciones antidrogas para incluir operaciones contrainsurgentes contra organizaciones terroristas. Capacitación, equipo y helicópteros pasaron a emplearse abiertamente con fines contrainsurgentes. En 2003, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se lanzó el Plan Patriota, descrito como la operación contraguerrillera más grande desde la década de 1960, dirigida contra las FARC en la antigua zona de distensión del Caguán y en el sur del país, dentro del discurso antiterrorista y del propio Plan Colombia. La ayuda estadounidense fortaleció significativamente las capacidades militares colombianas, aunque generó críticas de organizaciones de derechos humanos por el historial del Ejército.

La Habana: Washington como aval del proceso de paz

La última gran inflexión llegó con el proceso de paz. En agosto de 2012 se anunció públicamente el inicio de las conversaciones entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, que se desarrollarían en La Habana. El gobierno de Barack Obama apoyó el proceso, y los negociadores acogieron ese respaldo como influencia benéfica: un Washington favorable al diálogo era un cambio de época respecto de las administraciones que habían impulsado la militarización. Obama avanzó simultáneamente en otros frentes regionales que ampliaron el margen de maniobra hemisférico. La extradición como recurso permanente del sistema penal binacional seguía teniendo consecuencias vivas: Simón Trinidad —Ricardo Palmera—, comandante guerrillero y antiguo negociador de las FARC en los diálogos del Caguán, capturado en Ecuador en 2004, deportado a Colombia y extraditado a Estados Unidos, cumplía allí una condena de 60 años por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. Su figura se volvió punto de reclamo simbólico de las FARC durante La Habana, recordatorio de que la relación jurídica bilateral pesaba sobre la mesa décadas después.

En Colombia, el expresidente Uribe se convirtió en el crítico más vocal de Santos desde el inicio de su mandato, lo atacó por negociar con las FARC a través de redes sociales y lideró la oposición al proceso. El respaldo de Washington al acuerdo se mantuvo, y los Acuerdos de La Habana se firmaron en 2016.

Los rostros de dos siglos

Los diplomáticos de la primera hora

La biografía de la relación puede leerse a través de los nombres que la encarnaron. En los albores están Francisco Antonio Zea y José Rafael Revenga, buscando reconocimiento europeo mientras Washington era todavía referencia lejana; Santander, que propaga la doctrina Monroe desde la Gaceta de Colombia en 1824; Rafael Reyes, que a comienzos del siglo XX intenta reconstruir el vínculo tras el desgarro panameño con una diplomacia de reparación que tardaría en dar fruto.

La generación de la reformulación llega tras 1918. Marco Fidel Suárez formula el Respice Polum como cálculo lúcido de asimetría; Enrique Olaya Herrera, embajador en Washington antes que presidente, consolida el eje financiero que dará continuidad a la obra de Kemmerer; Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos administran la relación durante la Segunda Guerra, cuando Colombia rompe con el Eje y se integra al sistema hemisférico estadounidense.

Los presidentes de la Guerra Fría y del ciclo antidrogas

La Guerra Fría trae otros protagonistas. Laureano Gómez ancla al país en el bloque anticomunista con el envío del batallón a Corea. Alberto Lleras Camargo recibe a Kennedy en Bogotá y convierte al Frente Nacional en vitrina de la Alianza para el Progreso. Julio César Turbay Ayala firma la primera cooperación antidrogas de fondo, cuando la cocaína comienza a reordenar las prioridades bilaterales. Virgilio Barco y César Gaviria administran la guerra contra el Cartel de Medellín y la caída de Pablo Escobar en 1993, con extradición y cooperación policial como ejes.

Después vienen los presidentes del Plan Colombia y del proceso de paz. Pastrana concibe el Plan; Uribe lo militariza y lo convierte en operación contrainsurgente abierta; Santos negocia con las FARC bajo aval de Obama y firma en 2016; Iván Duque vuelve a la línea dura; Gustavo Petro, desde 2022, ensaya un lenguaje de política antidrogas distinto al del último medio siglo.

Del lado estadounidense, los presidentes marcan las inflexiones y casi cada uno deja una capa. Monroe traza la doctrina; James K. Polk firma Mallarino-Bidlack; Roosevelt toma Panamá; Taft ensaya la dollar diplomacy; Wilson ratifica Urrutia-Thompson; Kennedy inaugura la Alianza; Nixon abre la guerra contra las drogas; Reagan instala la certificación; Clinton negocia el Plan Colombia; Bush lo fusiona con la guerra antiterrorista; Obama avala La Habana. Detrás de ellos operan secretarios de Estado, embajadores en Bogotá, jefes de misiones militares y directores de la DEA cuyos nombres cambian pero cuyas funciones se sedimentan.

Cuatro figuras intermedias

Los personajes intermedios son los más reveladores, porque muestran dónde se apoya realmente el eje. Philippe Bunau-Varilla, el francés que firmó por Panamá sin ser panameño y entregó a Washington una zona canalera sobre la que ningún panameño deliberó, es la figura fundacional de la asimetría. Edwin Walter Kemmerer, el profesor de Princeton, rediseñó la moneda colombiana, fundó el banco central que aún opera y comprometió al país con un patrón oro que casi nadie sostenía; su firma está, en última instancia, en la macroeconomía colombiana del siglo XX. Rosso José Serrano, general impuesto por presión externa como director de la Policía, terminó desmantelando el Cartel de Cali y encarnó el modo en que Washington microgestionaba nombramientos sensibles. Simón Trinidad, guerrillero extraditado y convertido en emblema de la conversación pendiente, mostró que la relación jurídica bilateral podía sentarse a la mesa de La Habana sin estar invitada. En cada uno de esos cuatro nombres se ve mejor que en los discursos presidenciales cómo funcionaba la relación.

Los lugares y las ideas

Los lugares también hablan. Foggy Bottom, donde se redactan las directivas; el Capitolio, donde se aprueban los paquetes; Fort Benning, donde se entrenaron oficiales colombianos durante décadas; Cartagena, sede de cumbres bilaterales; San Andrés, isla cuya soberanía Colombia defendió con especial celo tras Panamá; el Canal, cicatriz permanente. Y las ideas —doctrina Monroe, Respice Polum, Alianza para el Progreso, doctrina de seguridad nacional, guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo— que fueron los marcos conceptuales donde se ejerció la relación.

Qué dejó Washington en Colombia

Huellas institucionales

Dos siglos después, la huella se lee en piezas concretas del Estado. Territorialmente, Colombia perdió Panamá en 1903 con apoyo activo de Washington, y esa pérdida definió su geografía política contemporánea. Financieramente, el Banco de la República —columna vertebral de la macroeconomía nacional— nació de la Misión Kemmerer en 1923 y opera con lógica de banca central que Kemmerer contribuyó a diseñar. Militarmente, las Fuerzas Armadas colombianas se profesionalizaron en gran medida en clave estadounidense, desde Corea hasta el Plan Colombia, con doctrinas de contrainsurgencia, acción cívico-militar y guerra antinarcótica importadas o coproducidas.

Jurídicamente, la extradición y la certificación convirtieron a Colombia en un sistema penal parcialmente subordinado a los tribunales y al Congreso estadounidenses durante décadas. Económicamente, el desplazamiento británico durante la Primera Guerra Mundial fijó una dependencia comercial y financiera con Estados Unidos que ninguna diversificación posterior —con Europa, con Asia, con Suramérica— ha revertido plenamente. Culturalmente, la orientación Respice Polum impregnó a las élites de una manera que trascendió a Marco Fidel Suárez y se instaló como sentido común de política exterior durante casi todo el siglo XX.

El margen colombiano

Sería falso, sin embargo, presentar esa huella como resultado de imposición pura. En cada gran inflexión, actores colombianos encontraron en Washington recursos, legitimidad o supervivencia que no podían obtener de otro modo. El Senado colombiano rechazó el Herrán-Hay en 1903, en un ejercicio de soberanía que Washington castigó con la separación panameña, pero que muestra que la asimetría no fue nunca aceptación pasiva. Suárez formuló el Respice Polum como cálculo lúcido, no como sumisión. Kemmerer llegó porque Pedro Nel Ospina lo llamó. Laureano Gómez envió tropas a Corea porque le convenía anclarse ideológicamente al bloque anticomunista. La Alianza para el Progreso encontró en el Frente Nacional un interlocutor entusiasta. El Plan Colombia fue concebido en Bogotá antes de ser militarizado en Washington. Y Samper, aun descertificado, no cayó.

Ese margen de agencia colombiana no cancela la asimetría: la matiza. La relación combinó subordinación y negociación, con costos territoriales, soberanos y sociales precisos, pero también con episodios de reencuadre desde Bogotá. Washington operó como pieza estructural en la formación del Estado colombiano, no como aliado ocasional, y su eficacia dependió siempre de que en Bogotá hubiera quien la solicitara o la instrumentalizara. Las inflexiones importantes no ocurrieron cuando Washington cambió de doctrina, sino cuando en Bogotá alguien decidió cómo traducirla: el Senado que rechazó Herrán-Hay, Suárez que aceptó la asimetría por realismo, Pastrana que concibió un plan que otros militarizarían.

El bicentenario y el reencuadre

La conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas —fijado convencionalmente en 1822, cuando la Gran Colombia buscó formalizar el vínculo— llegó en un momento de reencuadre. La presidencia de Gustavo Petro, desde 2022, plantea un lenguaje distinto sobre política antidrogas y una diversificación de socios internacionales que rompe, o intenta romper, con dos siglos de Respice Polum. Que esa reorientación sea coyuntural o estructural queda por verse. Lo cierto es que la moneda, el ejército, la geografía, el código penal y la política exterior colombianos llevan, cada uno, la marca de doscientos años de conversación desigual con la ciudad a orillas del Potomac.