Fin de la Hegemonía Conservadora y ascenso de Olaya Herrera (1930)

El fin de la Hegemonía Conservadora y el ascenso de Olaya Herrera

El 9 de febrero de 1930, Enrique Olaya Herrera —embajador de Colombia en Washington, liberal moderado, hombre de la Conferencia Panamericana de La Habana— obtuvo 369.762 votos frente a los 240.833 de Guillermo Valencia y los 213.469 de Alfredo Vásquez Cobo. Con esa aritmética terminaron cuarenta y cuatro años de gobiernos conservadores ininterrumpidos, iniciados con la Constitución de 1886 y sostenidos durante casi medio siglo por la alianza entre el Partido Conservador, la Iglesia Católica y las oligarquías regionales. La transición no fue el fruto de una victoria arrolladora del liberalismo ni la coronación de un programa reformista: fue el efecto de un colapso conservador por fractura interna, en un país sacudido por la masacre de las bananeras, la caída de los precios del café y la interrupción del crédito internacional. Olaya llegó al poder proponiendo no una ruptura sino una Concentración Nacional, un gobierno paritario que confirmaría —para desazón de los reformistas y desconcierto de los conservadores intransigentes— que el cambio de régimen sería, ante todo, una recomposición pactada entre las dos élites bipartidistas.

El régimen que se agrietaba

La Hegemonía Conservadora que se hundió en 1930 gobernaba a Colombia desde la Regeneración de Rafael Núñez. Su arquitectura descansaba sobre tres pilares: la Constitución centralista de 1886, el Concordato con la Santa Sede de 1887 —que devolvía a la Iglesia el control de la educación y el registro civil— y una maquinaria electoral que combinaba el respaldo eclesiástico con el control burocrático del Estado. Durante décadas ese andamiaje bastó para convertir las elecciones en ratificaciones. Desde la Constitución de Núñez, la sede del arzobispado de Bogotá funcionaba en la práctica como el espacio donde se definía el candidato presidencial conservador: el designado por el primado era considerado virtualmente presidente electo, y la votación un formalismo. Así se explicaba la sucesión ordenada de Marco Fidel Suárez, Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez.

El mecanismo se había ejercido con nitidez en 1926. A principios de ese año, el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, a través de su coadjutor Ismael Perdomo, acordó que Abadía Méndez ocuparía la presidencia en el período 1926-1930 y que Vásquez Cobo lo sucedería en 1930. El plan parecía perfecto: la sucesión aseguraba continuidad y evitaba el riesgo de una candidatura disruptiva. Pero cuando llegó el momento de ejecutarlo, el andamiaje falló por múltiples costuras a la vez.

La primera grieta era económica. Los años veinte habían sido de expansión: los 25 millones de dólares de la indemnización estadounidense por Panamá —canalizados a través del tratado Urrutia-Thomson que el propio Olaya defendió en el Congreso— y una lluvia de empréstitos norteamericanos financiaron ferrocarriles, carreteras y obras públicas. El crecimiento se apoyaba en gran medida en el influjo de capital extranjero de origen estadounidense. Ese flujo se interrumpió antes del crack de Wall Street: desde 1928, tensiones entre el gobierno colombiano e intereses petroleros norteamericanos llevaron a la suspensión de créditos internacionales, con impacto inmediato en la financiación de obras públicas y en el empleo. El crack de octubre de 1929 no inauguró la crisis, la consolidó.

La segunda grieta era social. La segunda mitad de los años veinte había visto un ciclo de huelgas y agitación popular sin precedentes: paros petroleros en Barrancabermeja organizados por Raúl Mahecha, protestas de portuarios en el Magdalena, sindicatos agrarios cercanos al Partido Socialista Revolucionario liderando conflictos en Ciénaga, Líbano y Girardot. El régimen respondió con una combinación de represión policial y legislación de excepción. La Ley 69 del 2 de noviembre de 1928 —bautizada por sus críticos como "Ley Heroica"— tipificó como delito agruparse para incitar a delitos, promover huelgas violatorias de las leyes, propagar la abolición de la propiedad o de la familia por medios subversivos, o hacer apología de conductas criminales. Fue un marco altamente represivo orientado a combatir organizaciones populares y la difusión de ideas socialistas. Los jerarcas católicos colombianos enviaron telegramas de felicitación a los congresistas que la aprobaron, celebrándola como un triunfo del orden social.

Ciénaga: el punto de no retorno

Un mes después de aprobada la Ley 69, en la zona bananera del Magdalena estalló el conflicto que marcaría simbólicamente el fin del régimen. La United Fruit Company operaba allí como un enclave con control del ferrocarril, del transporte marítimo y de los comisariatos, pagando a los trabajadores mediante vales canjeables solo en sus propias tiendas y utilizando un sistema de contratistas intermediarios para eludir obligaciones laborales directas. La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, fundada en 1925, había venido organizando el descontento; Raúl Mahecha era su líder más visible. Las demandas incluían el cumplimiento de la legislación laboral colombiana —especialmente en materia de compensación por accidentes—, aumento salarial y mejoras en habitación.

La compañía rechazó las reivindicaciones. El gobierno de Abadía Méndez envió al general Carlos Cortés Vargas a comandar la zona. En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, Cortés Vargas ordenó disparar contra una concentración de trabajadores reunidos en la plaza de Ciénaga. La cifra de víctimas quedó en disputa desde el primer momento: Mahecha habló de mil muertos; Cortés Vargas reconoció cifras muy menores —47 en un balance, 29 en un episodio específico—; un corresponsal de El Espectador calculó 100 muertos y 238 heridos hasta el 13 de diciembre; el diplomático estadounidense Lawrence F. Cotie reportó también más de cien muertos y 238 heridos. Tras la matanza, Cortés Vargas declaró que los huelguistas eran una "banda de malhechores" y los persiguió como ladrones comunes. Cincuenta y cuatro participantes fueron sometidos a consejos de guerra.

La represión pareció, en el corto plazo, funcionar. La huelga fue aplastada, la United Fruit reanudó operaciones, la zona bananera volvió al silencio de los enclaves. Pero el efecto político fue el opuesto al buscado: la masacre corroyó la legitimidad del gobierno, dio al liberalismo su bandera moral más eficaz y alimentó una crítica al régimen que ya no era solo de partido sino de conciencia. Un joven abogado liberal, Jorge Eliécer Gaitán, se erigiría meses después en el Congreso como el gran denunciante del episodio, transformando el escándalo en capital político durable.

La calle y la universidad

La agitación no se detuvo. El 8 de junio de 1929, Bogotá vivió jornadas de movilización estudiantil que evocaron —a los observadores del momento y a los historiadores posteriores— la agitación de 1909 que había contribuido a la caída del general Rafael Reyes. La coincidencia no era casual: en ambos casos, una capital asfixiada por un régimen conservador desgastado se lanzaba a la calle. La respuesta del presidente Abadía Méndez fue defensiva: sacrificó al ministro de Guerra y al propio Cortés Vargas —premiado con la dirección de la Policía de Bogotá— como concesión a la presión política acumulada.

Mientras tanto, la crisis económica se sentía en carne viva. El precio del café —columna vertebral de las exportaciones colombianas— cayó desde aproximadamente 28,5 centavos de dólar por libra en 1926 hasta cerca de 10,5 centavos en los años más agudos de la depresión. El ingreso nacional se desplomó de 75,2 millones de dólares en 1929 a 54,3 millones en 1930. El empleo industrial pasó de 65.100 trabajadores en 1925 a 42.402 en 1931. La desocupación urbana alcanzó unos 150.000 obreros, generando marchas de desempleados, protestas de inquilinos incapaces de pagar arrendamientos y un aumento visible de la delincuencia en las ciudades y de los asaltos en el campo. Las huelgas y la protesta social alcanzaron su clímax entre 1928 y 1932. Los términos de intercambio del país se deterioraron un 23% entre los quinquenios 1925-1929 y 1930-1934.

Sobre este paisaje —una masacre reciente, una universidad en la calle, una economía en caída libre— se sentó el conservatismo a designar candidato.

Dos candidatos y un primado sin brújula

La sucesión pactada de 1926 preveía que Vásquez Cobo, veterano diplomático y militar del Valle del Cauca, ocuparía la presidencia a partir de 1930. Pero cuando llegó el momento, el mecanismo eclesiástico de arbitraje colapsó. El arzobispo Herrera Restrepo había muerto y su sucesor, Ismael Perdomo, no reunía la autoridad política del antecesor: un observador extranjero lo describió como a political novice. Perdomo dio finalmente su veredicto a favor de Vásquez Cobo, pero para entonces una candidatura alternativa —la del poeta y político payanés Guillermo Valencia— había ganado fuerza propia y no aceptó retirarse. En ciertos círculos se argumentaba que Valencia era masón, razón por la que no había figurado en la lista considerada por el arzobispado.

La jerarquía eclesiástica se partió en dos. El arzobispo de Medellín y monseñor Miguel Ángel Builes apoyaron a Valencia; los obispos de Ibagué y Cali se alinearon con Vásquez Cobo. La alianza histórica de las oligarquías conservadoras de Bogotá, Medellín y Cali también se quebró: el eje Bogotá-Medellín se inclinó por Valencia, dejando a Vásquez Cobo como candidato del Valle del Cauca. Lo que durante cuatro décadas había sido un mecanismo de selección disciplinado se convirtió en un espectáculo de división pública.

Años después, Laureano Gómez reconocería explícitamente que la división entre Valencia y Vásquez Cobo había determinado la caída del partido y el acceso liberal a la presidencia. El diagnóstico era exacto: la aritmética de febrero de 1930 mostraba que la suma de los dos candidatos conservadores —454.302 votos— superaba con holgura a Olaya. Sin la fractura, el liberalismo habría sido derrotado una vez más.

Un embajador que regresa

El Partido Liberal supo leer la oportunidad. Enrique Olaya Herrera se desempeñaba en Washington como ministro plenipotenciario cuando le llegó la propuesta de candidatura. Su perfil era casi ideal para el momento. Pertenecía a la generación de los Centenarios —marcada por la Guerra de los Mil Días, la pérdida de Panamá y la dictadura de Reyes—, una cohorte que había extraído de esas experiencias un rechazo instintivo al sectarismo y a las soluciones violentas, y una inclinación a la convivencia entre partidos. Había defendido en el Congreso el tratado Urrutia-Thomson que normalizó las relaciones con Estados Unidos, y luego presidió la delegación colombiana en la VI Conferencia Panamericana de La Habana en 1928. Allí, interrogado por periodistas sobre el discurso de Charles E. Hughes —en el que el estadista norteamericano expuso abiertamente la intervención como fundamento del panamericanismo—, Olaya lo calificó de "magistral". Era, en la jerga política de la época, un practicante convencido de la doctrina Respice polum del expresidente Marco Fidel Suárez: mirar hacia el norte.

Olaya condicionó su aceptación a que la candidatura no fuera estrictamente partidista sino de concentración nacional. Alfonso López Pumarejo y Gabriel Turbay, más inclinados a una candidatura militante, discreparon inicialmente pero terminaron alineándose. La proclamación la hizo un grupo de dirigentes que incluía a Eduardo Santos, Turbay, Enrique Caballero Escobar y López Pumarejo. La fórmula bipartidista permitió a Olaya sumar el apoyo de los conservadores republicanos —herederos de la corriente fundada por Carlos E. Restrepo—, especialmente numerosos en Antioquia, que aplaudieron su rechazo al sectarismo. La plataforma liberal de 1930 proclamó "puertas abiertas al capital extranjero" y la centralidad de la agricultura: la candidatura se fundó en la cercanía de Olaya con banqueros norteamericanos y en la esperanza —realista, dado el colapso del crédito— de reabrir el flujo de inversión extranjera hacia el país.

Olaya regresó a Colombia. Fue recibido con entusiasmo por multitudes liberales en los puertos del Magdalena. Recorrió el país mientras los dos candidatos conservadores se destrozaban mutuamente en la prensa y en el púlpito. El 9 de febrero de 1930, el mecanismo aritmético del bipartidismo dividido hizo su trabajo.

Las cuentas del colapso

La derrota conservadora no puede explicarse por un factor único. La fractura entre Valencia y Vásquez Cobo fue condición suficiente para la pérdida —eso lo admitió Laureano Gómez y lo confirman los números—, pero esa fractura no fue un accidente de cúpula. Fue el síntoma de un régimen cuya capacidad para gestionar el conflicto social se había erosionado profundamente en los dos años previos: la masacre de las bananeras había desmoralizado a los sectores moderados; la Ley 69 había mostrado un poder que respondía al descontento con criminalización; el 8 de junio había recordado que la calle podía volver a moverse; la caída del café y del empleo había cerrado la válvula de escape económica que legitimó al conservatismo durante los años de bonanza; y la debilidad política del primado Perdomo, comparada con la autoridad de Herrera Restrepo, había hecho inviable el arbitraje que durante décadas mantuvo unido al partido.

Es la conjunción de esas dos causalidades —la erosión estructural del régimen y la fractura interna de sus élites— la que produjo el resultado de 1930. Sin la crisis de legitimidad, la división de la cúpula habría sido reparable, como lo había sido tantas otras veces durante la Regeneración. Sin la división de la cúpula, la crisis estructural no habría bastado para derrotar la maquinaria electoral conservadora, que aún incluía el respaldo del arzobispado y el control del aparato del Estado. Fue la combinación —no cualquiera de los dos factores por separado— la que abrió la puerta al liberalismo.

Concentración Nacional

El 7 de agosto de 1930, Olaya se posesionó como presidente. Su primera decisión formal fue montar el gabinete que había prometido: paritario, con cuatro conservadores y cuatro liberales, y con los ministerios de Gobierno, Guerra y Hacienda —los tres más sensibles políticamente— en manos conservadoras. Carlos E. Restrepo, fundador del republicanismo, asumió como ministro de Gobierno y se esmeró en construir entendimientos con los directorios conservadores departamentales. Olaya nombró secretarios de gobierno conservadores en la mayoría de los departamentos.

La Concentración Nacional no era una retórica; era una operación de recomposición bipartidista que confirmaba en la práctica lo que la aritmética electoral había insinuado: la transición no sería una ruptura. Ante la presión del clero y del conservatismo, Olaya optó por la moderación y no impulsó cambios a las bases del Estado confesional. El Concordato quedó intocado, la educación siguió bajo tutela eclesiástica, la estructura constitucional de 1886 permaneció incólume. La reforma real —la que tocaría el Concordato con la Reforma de 1936, la que replantearía la propiedad de la tierra con la Ley 200 del mismo año, la que rebautizaría al régimen como Revolución en Marcha— quedó postergada para el gobierno siguiente.

Esto no significa que el gobierno de Olaya careciera de contenido. En materia laboral, se expidió legislación que reconoció los sindicatos, estableció la jornada de ocho horas y garantizó derechos básicos del trabajador —un giro respecto a la lógica represiva de la Ley 69 y de las bananeras—. En materia económica, la crisis obligó a un abandono pragmático del librecambismo ortodoxo. La Ley 62 de 1931 elevó la protección arancelaria; el propio Ejecutivo había objetado el proyecto original del Congreso por considerarlo excesivamente proteccionista, pero terminó adoptando medidas que implicaban una protección extrema. Fue el inicio del tránsito hacia el proteccionismo intenso que caracterizaría a Colombia durante décadas, un giro nacido no de convicción ideológica sino de la urgencia. En materia de derechos, se garantizaron a la mujer casada derechos de propiedad equitativos respecto a su marido —reforma que generó protestas conservadoras en defensa de la familia patriarcal—.

En materia institucional, la administración Olaya creó el Ministerio de Agricultura y Comercio mediante la Ley 100, parte de un esfuerzo por centralizar el gobierno y modernizar la agricultura mediante asociaciones público-privadas. En 1933, una comisión de alto rango presentó un proyecto de ley agraria que, según un observador de la época, de haberse aprobado habría revertido más de tres cuartas partes de la propiedad privada a la Nación —un anuncio de la dirección que tomaría López con la Ley 200 de 1936—.

La violencia que regresó

El cambio de régimen tuvo una consecuencia inmediata y sangrienta que la retórica de la Concentración Nacional no pudo contener. En las regiones donde el conservatismo tenía mayoría —Boyacá, Santander, Norte de Santander—, la llegada de gobernadores y alcaldes liberales alteró equilibrios locales que llevaban décadas de sedimentación. El gobierno nombró gobernador liberal en Boyacá, departamento donde el Partido Conservador controlaba cerca del 60% de los votos y el 70% de los municipios. Entre las elecciones presidenciales de comienzos de 1930 y diciembre del mismo año, 88 de 101 alcaldías boyacenses pasaron a manos liberales, revirtiendo una situación en que 105 municipios habían votado abrumadoramente por el conservatismo.

Los enfrentamientos entre concejos municipales y alcaldías se multiplicaron. Entre el 29 y el 30 de diciembre de 1930, en Capitanejo (Santander), quince conservadores fueron masacrados por liberales enardecidos: probablemente uno de los episodios que marcaron el regreso de la violencia política en el período de transición. A medida que se acercaban las elecciones de asambleas departamentales de febrero de 1931, la situación de orden público se deterioró en varios departamentos.

Los datos electorales matizan cualquier narrativa de dominio liberal automático. En las elecciones para asambleas entre 1931 y 1933, los conservadores obtuvieron más votos que los liberales en Boyacá (63.291 frente a 51.480) y Norte de Santander (31.297 frente a 25.786), mientras los liberales superaron a los conservadores en Santander (57.387 frente a 37.144). El respaldo electoral liberal en las regiones históricamente conservadoras era desigual y el control liberal sobre los poderes regionales era, al comienzo, limitado. Aun así, el liberalismo pasó del acceso a la presidencia por división ajena en 1930 al 53,8% del electorado en febrero de 1931 y al 61,6% en febrero de 1933, ganando en todos los departamentos excepto Antioquia, Caldas y Nariño en las elecciones para Cámara de este último año. El régimen se había volteado.

La izquierda que perdió el momento

Mientras el bipartidismo se recomponía en la cima, la izquierda vivió un ciclo de crisis y reconfiguración. Entre el 5 y el 17 de julio de 1930 —a pocos meses de la victoria de Olaya y a semanas de su posesión—, una reunión ampliada del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Revolucionario decidió, siguiendo los dictados de bolchevización de la Komintern, transformar el PSR en Partido Comunista de Colombia. Se eligió a Guillermo Hernández —"Guillén"— como secretario general. La operación implicó la expulsión de dirigentes históricos como Raúl Mahecha y Erasmo Valencia. Justo cuando la crisis social y económica ofrecía a la izquierda su mejor oportunidad, la izquierda se dedicó a purgarse.

El resultado fue previsible. Las huelgas y la protesta social popular, que habían alcanzado su clímax entre 1928 y 1932, fueron perdiendo impulso por carencia de organización, debilidad y oportunismo de muchos líderes, y por la represión oficial. El movimiento obrero no había logrado consolidarse durante la década de los veinte por el antagonismo oficial, el bajo nivel de calificación de los trabajadores y el bajo nivel tecnológico del sector no agrícola. Cuando el liberalismo llegó al poder con una propuesta de reforma social, modernización económica y retórica populista, capturó políticamente el descontento sin necesidad de satisfacerlo en profundidad. Las bases del sindicalismo fuerte y permanente que florecería años después se sentaron bajo gobiernos liberales, no bajo el impulso autónomo de una izquierda organizada.

Herencia inmediata

Los dos primeros años de gobierno de Olaya dejaron el terreno preparado para transformaciones que él mismo no acometería. La guerra con Perú por Leticia —iniciada en 1932 cuando civiles peruanos ocuparon el puerto amazónico— dio al gobierno una oportunidad política inesperada. Olaya aprovechó el conflicto para recurrir al gasto deficitario y aumentar su margen de maniobra, aunque el costo militar —diez millones de dólares, enorme para los estándares de 1930— llevó a declarar moratoria de la deuda externa. La guerra también permitió purgar oficiales conservadores ineptos y reemplazarlos con jóvenes liberales, quienes presionarían por mayor presupuesto y mejor formación castrense: se comprarían aviones JU 52 alemanes y se abrirían escuelas militares en 1936. El conflicto subrayó también la fragilidad del control colombiano sobre Caquetá, Putumayo y Amazonas, y reforzó políticas territoriales —creación de la Intendencia de Amazonas, subsidios, obras públicas— que López Pumarejo incorporaría luego a su programa.

Lo que la transición no fue

La lectura tradicional del 9 de febrero de 1930 lo presenta como la victoria de una fuerza reformista contra un régimen agotado. Los hechos autorizan una lectura más precisa. El triunfo de Olaya fue ante todo el efecto de una fractura conservadora que el propio Laureano Gómez reconoció como causa determinante; los votos de Valencia y Vásquez Cobo sumados superaban los de Olaya. La erosión estructural del régimen —la masacre de las bananeras, la Ley 69, el movimiento estudiantil del 8 de junio, la interrupción del crédito desde 1928, el colapso del café— creó las condiciones de vulnerabilidad, pero fue la incapacidad del primado Perdomo para arbitrar la sucesión lo que convirtió esa vulnerabilidad en derrota electoral.

El gobierno de Concentración Nacional confirmó, en sus decisiones cotidianas, que la transición no era una ruptura. Ministerios clave a conservadores, secretarios de gobierno conservadores en la mayoría de departamentos, Concordato intacto, Estado confesional preservado, moderación explícita ante la presión clerical. La plataforma liberal —puertas abiertas al capital extranjero, centralidad de la agricultura, cercanía con Washington— era menos una alternativa al orden vigente que su modernización. Olaya, defensor del tratado Urrutia-Thomson, elogiador del discurso intervencionista de Hughes en La Habana, embajador en Estados Unidos durante los años del boom crediticio, encarnaba una operación de recomposición oligárquica transpartidista: el modelo exportador y la relación con el norte se estabilizaron, no se cuestionaron.

Esto no vuelve trivial el cambio. La legislación laboral de 1931, el reconocimiento del sindicalismo, el giro proteccionista, los derechos patrimoniales de la mujer casada, el proyecto de ley agraria de 1933, la creación del Ministerio de Agricultura y Comercio: son las semillas de un Estado más intervencionista y más moderno. Pero son semillas, no árboles. El árbol vendrá con López Pumarejo y la Revolución en Marcha a partir de 1934: la Reforma Constitucional de 1936, la Ley 200 sobre tierras, la separación efectiva entre Iglesia y Estado en materia educativa, el ascenso pleno del sindicalismo organizado. Olaya preparó el terreno; no lo aró.

Por qué sigue importando

El 9 de febrero de 1930 abrió lo que se conocería como la República Liberal —dieciséis años de gobiernos del Partido Liberal, hasta 1946—. Durante ese período, Colombia dejó atrás el Estado confesional heredado de la Regeneración, reconoció derechos laborales que habían costado la sangre de Ciénaga, construyó un sindicalismo permanente y transformó la relación entre el Estado y la economía. Nada de eso fue, sin embargo, un designio de la elección de 1930. La elección abrió una posibilidad; el uso que se hizo de ella dependió de decisiones posteriores y de correlaciones de fuerzas que aún no existían en 1930.

Comprender la transición como colapso conservador antes que como triunfo liberal ayuda a leer con más precisión los ciclos políticos colombianos: los cambios de régimen suelen deberse tanto a fracturas del incumbente como a virtudes del retador. Comprender la Concentración Nacional como recomposición bipartidista pactada, y no como ruptura reformista, ayuda a explicar la continuidad institucional que Colombia ha mantenido a través de sus tránsitos: los partidos tradicionales se alternaron en el poder durante casi todo el siglo XX sin que ninguna transición implicara refundación. Y comprender que la erosión de legitimidad que empezó en Ciénaga —la represión de la protesta social, la criminalización del descontento, la incapacidad para procesar el conflicto obrero de otra manera que con fusil— fue el trasfondo estructural del cambio de 1930 recuerda que las transformaciones políticas de arriba se sostienen, cuando se sostienen, sobre presiones de abajo que rara vez son satisfechas del todo por los regímenes que las capitalizan.

El liberalismo entró en 1930 por una puerta abierta desde dentro. La verdadera pregunta —qué hacer con el poder— tardaría cuatro años más en formularse, y su respuesta llevaría el nombre de Alfonso López Pumarejo.