Enrique Olaya Herrera

El hombre y su generación

Olaya pertenece a la promoción de académicos, políticos e intelectuales que moldeó la vida pública colombiana en las décadas de 1920 y 1930, y que se llamó a sí misma la de los Centenarios porque su ascenso coincidió con los cien años transcurridos desde la proclamación de independencia de 1810. Tres episodios formativos definieron su temperamento colectivo. La Guerra de los Mil Días (1899-1902), con su carnicería fratricida, los llevó a rechazar el sectarismo y a desconfiar de las soluciones violentas. La pérdida de Panamá en 1903, negociada por Theodore Roosevelt sobre el cadáver del Tratado Herrán-Hay, avivó en ellos un nacionalismo doloroso y un antiimperialismo ambivalente, capaz de convivir con la admiración por el poderío económico del Norte. Y la dictadura de Reyes (1904-1909), con su cierre del Congreso y sus destierros, les instiló una pasión duradera por las libertades públicas y las formas constitucionales.

De esa triple lección salió el estilo Olaya: prudente, transaccional, alérgico al gesto grandilocuente, convencido de que la política era el arte de administrar la coexistencia entre partidos irreconciliables. Fundador de El Diario Nacional, tribuna del liberalismo, hizo carrera como jurista, publicista y diplomático antes que como orador de plaza. Su trayectoria no se entiende fuera del proyecto colectivo de los Centenarios: sustituir el fanatismo partidista del siglo XIX por una política más pragmática, más internacionalizada y más atenta al desarrollo económico.

Guateque y los pasillos del ministerio

Nacido en Guateque, en el oriente boyacense, en 1880, Olaya se formó en el Bogotá de fin de siglo, entre el Colegio del Rosario, el periodismo liberal y las tertulias de una capital todavía marcada por la Regeneración. Su vocación diplomática se afirmó pronto: perteneció a la camada de liberales que, tras la derrota militar de 1902, comprendió que el partido debía reinventarse como fuerza civilista, capaz de disputar el poder desde las cámaras y las cancillerías más que desde los campos de batalla. Esa apuesta lo llevó, ya en la segunda década del siglo, al núcleo de las decisiones internacionales del país.

El momento decisivo llegó bajo el gobierno de Jorge Holguín, cuando Olaya asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores con una misión precisa: sacar adelante en el Congreso el tratado Urrutia-Thomson, que fijaba en veinticinco millones de dólares la indemnización que Estados Unidos pagaría a Colombia por la separación de Panamá. La operación era espinosa. Olaya había sido, años antes, uno de los antitratadistas más conocidos, entre los liberales que consideraban humillante negociar con Washington. Su giro —aceptar el ministerio para defender lo que antes había combatido— lo enfrentó en debates memorables con Laureano Gómez, que desde la trinchera conservadora nacionalista atacaba el acuerdo con la misma ferocidad con que Olaya lo había atacado antes. La escena tiene su ironía: dos futuros protagonistas del siglo XX colombiano, intercambiando posiciones en la tribuna, discutiendo la conveniencia de aceptar veinticinco millones de dólares a cambio de un reconocimiento tácito de la pérdida panameña.

El tratado se aprobó en un contexto en que la explotación petrolera era ya un asunto decisivo y varias compañías norteamericanas contaban con concesiones formalizadas; el conflicto con empresarios ingleses por el petróleo funcionó como argumento adicional para impulsar la ratificación. Aprobado el acuerdo, Olaya se retiró del ministerio y aceptó la embajada en Washington. El antitratadista terminó de embajador en la capital del país indemnizador: un desenlace que definiría toda su carrera posterior.

El embajador en Washington

La misión diplomática de Olaya en Estados Unidos inscribe su nombre en la genealogía del Respice polum, la doctrina acuñada por Marco Fidel Suárez —"mirar al Polo", es decir, al Norte— para simbolizar que Colombia debía reforzar sus vínculos con la potencia emergente. Suárez, católico conservador, había sostenido esa orientación con una ambivalencia notable, escéptico como era del modelo capitalista-industrial protestante que admiraba estratégicamente. Olaya, liberal, la asumió sin esos escrúpulos: creyó con firmeza que el desarrollo económico del país dependía de una relación estrecha con Washington, y sobre esa convicción construyó su capital político.

Como jefe de la misión colombiana durante los años veinte, cultivó relaciones con banqueros, funcionarios del Departamento de Estado y directivos de las grandes compañías petroleras. Fue esa red la que le permitió, en un momento en que Colombia recibía créditos e inversiones estadounidenses en un volumen sin precedentes —favorecidos por la normalización de relaciones y por la abundancia de capital de inversión en los bancos norteamericanos tras la Primera Guerra Mundial—, presentarse como el hombre capaz de mantener abiertas las compuertas.

En 1928 interrumpió temporalmente su misión para presidir la delegación colombiana en la VI Conferencia Panamericana de La Habana. Allí ocurrió un episodio que marcó su reputación entre los sectores más nacionalistas del liberalismo. Charles Evans Hughes, jefe de la delegación estadounidense y ex secretario de Estado, defendió abiertamente el derecho de intervención de Washington en América Latina, en el momento álgido del intervencionismo del Caribe. Preguntado por periodistas, Olaya calificó de "magistrales" ciertas declaraciones. La palabra, elegida sin cautela, alimentó por años el reproche de que su pronorteamericanismo bordeaba la sumisión. Sus defensores replicarían que se trataba de una cortesía diplomática malinterpretada; sus adversarios, que era el síntoma de una convicción demasiado profunda.

Cuando el Partido Liberal buscó candidato para las elecciones de 1930, encontró en el embajador de Washington al hombre exacto para el momento: un liberal moderado, con línea directa a los banqueros de Wall Street, capaz de tranquilizar tanto a los conservadores moderados como a los inversionistas extranjeros que observaban con nerviosismo el desplome de la economía colombiana.

La elección de 1930

La elección presidencial del 9 de febrero de 1930 fue el desenlace de una crisis que venía macerándose desde antes de la caída de Wall Street. La Hegemonía Conservadora, en el poder desde 1886, había gobernado el país durante cuarenta y cuatro años ininterrumpidos, encarnada en las presidencias sucesivas de la Regeneración, el Quinquenio de Reyes, la República Conservadora y, finalmente, el gobierno debilitado de Miguel Abadía Méndez. Ese edificio comenzó a agrietarse en 1928 con la masacre de las bananeras, se sacudió con el movimiento universitario del 8 de junio de 1929 —que obligó a Abadía a sacrificar ministros y a apartar al general Cortés Vargas, ascendido a director de la policía de Bogotá tras la matanza del Magdalena— y terminó de derrumbarse con la crisis económica: entre 1928 y 1930 el ingreso nacional cayó de 75,2 a 54,3 millones de dólares, las exportaciones agrícolas se hundieron y el desempleo urbano se disparó.

En ese cuadro, el conservatismo cometió el error decisivo: presentarse dividido. El poeta Guillermo Valencia, candidato histórico, y el general Alfredo Vásquez Cobo, candidato nacionalista, se disputaron el electorado del partido oficial sin que ninguna instancia lograra imponer una candidatura única. Desde la Constitución de Núñez, el arzobispado de Bogotá había funcionado como espacio de decisión política conservadora, y solía ser allí donde se ungía al candidato del partido, convirtiendo las elecciones en formalismo. En 1930, por primera vez en décadas, el arzobispo primado no logró unificar el clero: el arzobispo de Medellín y monseñor Miguel Ángel Builes respaldaron a Valencia, mientras los obispos de Ibagué y de Cali ordenaron votar por Vásquez Cobo. La Iglesia, columna vertebral del poder conservador, se partió en dos.

La candidatura de Olaya fue proclamada por Eduardo Santos, Gabriel Turbay, Alfonso López y Enrique Caballero Escobar, entre otros, y presentada como plataforma de coalición: "puertas abiertas al capital extranjero", modernización institucional, entendimiento con los sectores conservadores moderados. El resultado fue contundente sin ser abrumador: Olaya obtuvo 369.762 votos; Valencia, 240.833; Vásquez Cobo, 213.469. La aritmética es reveladora: los votos combinados de los dos conservadores superaban ampliamente los del vencedor. Olaya no ganó porque el liberalismo hubiera conquistado la mayoría del país; ganó porque el conservatismo se dividió, la Iglesia titubeó y la crisis económica había vuelto insoportable el statu quo.

La elección fue, en la misma medida, logro personal y accidente estructural. Olaya fue el candidato correcto en el momento correcto —contacto íntimo con banqueros norteamericanos, aval de los conservadores moderados, respetabilidad diplomática—, pero su victoria fue posible porque un sistema envejecido se había fracturado desde adentro.

La Concentración Nacional

Olaya tomó posesión el 7 de agosto de 1930 en un país donde, con la sola excepción de la rama ejecutiva, los conservadores controlaban todas las instancias del poder: mayorías parlamentarias en ambas cámaras, aparato judicial, gobernaciones departamentales que aún no había podido intervenir, cuadros administrativos formados durante cuatro décadas de dominio único, y una Iglesia católica resuelta a impedir cualquier modificación al Estado confesional consagrado en la Constitución de 1886 y en el Concordato de 1887.

Frente a esa realidad, Olaya optó por lo que sabía hacer: negociar. Formó un gabinete de Unidad Nacional que incluyó ministros conservadores, mantuvo a conservadores en gobernaciones clave y argumentó públicamente, con el estilo mesurado que le era propio, que el país no estaba preparado para reformas profundas. La fórmula se conoce como Concentración Nacional: un gobierno liberal en el título, pero de coalición bipartidista en la práctica, con participación conservadora minoritaria pero significativa.

Esa moderación admite dos lecturas que no se excluyen. La primera es biográfica: Olaya era genuinamente un negociador, un hombre a quien el temperamento pactista le venía de la formación diplomática y de la lección centenarista contra el sectarismo. La segunda es estructural: no había alternativa. Un gobierno que hubiera intentado reformar el Estado confesional, ampliar el sufragio o intervenir a fondo en las relaciones laborales habría sido bloqueado en el Congreso, anulado en la Corte Suprema y excomulgado desde los púlpitos. La prudencia era, en 1930, la única política viable. Que fuera además la política preferida de Olaya hizo que el ajuste entre temperamento y circunstancia resultara casi perfecto —y también que las expectativas reformistas del liberalismo más avanzado, encarnado ya en Alfonso López Pumarejo, quedaran aplazadas para el cuatrienio siguiente.

Las tensiones estallaron pronto. En las elecciones parlamentarias de 1931, con los liberales reclamando cargos públicos que habían estado vedados durante décadas y los conservadores locales resistiéndose a cederlos, hubo choques armados en numerosos municipios. El incendio de Montería fue el episodio más grave. Y sin embargo, el liberalismo creció electoralmente al amparo de la maquinaria estatal: si en 1930 accedió a la presidencia por división del adversario, en febrero de 1931 alcanzó el 53,8% del electorado, y en febrero de 1933 llegó al 61,6%. La abstención conservadora a partir de 1933 terminó de consolidar ese predominio y preparó el terreno para las presidencias liberales de López Pumarejo y Eduardo Santos.

La economía en la tormenta

Olaya había llegado al poder con una plataforma de apertura al capital extranjero, pensada para un mundo que dejó de existir mientras hacía campaña. Cuando tomó posesión, la Gran Depresión había convertido a los banqueros de Wall Street —los mismos con los que él había cultivado relaciones durante ocho años— en prestamistas asustados, incapaces de reabrir el flujo de crédito internacional que su elección había prometido. La economía colombiana enfrentaba un doble desafío: hacia afuera, el colapso de los mercados de exportación y el cierre de los canales de financiamiento; hacia adentro, la caída del ingreso, el desempleo y la presión política de una élite acostumbrada a la prosperidad del quinquenio anterior.

La respuesta del gobierno combinó tres frentes. En materia crediticia, fundó instituciones destinadas a canalizar recursos hacia sectores estratégicos: el Banco Central Hipotecario, la Caja de Crédito Agrario y el Instituto de Acción Social. Esa red de banca de fomento —modesta en escala pero decisiva en concepto— inauguró en Colombia la idea de que el Estado debía intervenir directamente en el crédito rural y urbano para paliar los efectos de la crisis y estimular la producción.

En materia comercial, el gobierno adoptó a fines de 1931 nuevas disposiciones proteccionistas que reforzaban el arancel aprobado en mayo de ese mismo año. La apuesta era clara: si el mercado externo se cerraba, había que sustituir importaciones y proteger la incipiente industria nacional. Fue el comienzo de un giro proteccionista que se profundizaría en las décadas siguientes.

En materia cambiaria y de deuda, la trayectoria fue más accidentada. El gobierno intentó defender por algún tiempo la tasa de cambio, tratándola como señal de "estabilidad monetaria" y sosteniendo la ficción de un patrón oro controlado. Pero cuando Gran Bretaña abandonó el patrón oro el 21 de septiembre de 1931, Colombia se unió al grupo de 42 países que adoptaron controles de cambios y restricciones al movimiento de capitales y al comercio de mercancías. En marzo de 1932, presionado por la Federación Nacional de Cafeteros y por la realidad cambiaria, el gobierno concedió a los cafeteros una prima del 10% financiada por el fisco. Ese mismo año se declaró una moratoria parcial de la deuda externa: se continuaron abonando intereses mientras se suspendían amortizaciones.

El resultado es paradójico. Olaya, elegido como el hombre que reabriría la inversión estadounidense, terminó administrando el cierre de los mercados internacionales de crédito, la moratoria de la deuda y un giro proteccionista incipiente. La contingencia económica desbordó la plataforma, y el gobierno respondió con pragmatismo antes que con doctrina. La presidencia de Olaya inauguró así en Colombia el intervencionismo estatal que López Pumarejo profundizaría después con la reforma constitucional de 1936.

La Ley 83 y el mundo del trabajo

En medio de la crisis, el gobierno abordó una tarea inédita: reconocer legalmente al movimiento sindical. La Ley 83 de 1931 consagró el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente. Fue un umbral simbólico enorme —en un país donde apenas tres años antes el ejército había disparado contra huelguistas en la zona bananera— pero un umbral cargado de limitaciones.

La ley establecía multas relativamente bajas para los patrones que violaran el derecho de sindicalización y, sobre todo, mantenía intacta la facultad de las empresas de contratar nuevos trabajadores durante las huelgas, es decir, de reemplazar con esquiroles a los obreros en conflicto. Esa segunda disposición vaciaba en la práctica el derecho de huelga, porque privaba al sindicato de su arma principal: la interrupción efectiva de la producción. La autonomía sindical resultante fue escasa. Solo en 1944-1945, con el Decreto 2350 y la Ley 6 de 1945 bajo el segundo gobierno de López Pumarejo, se otorgaría a las organizaciones obreras una protección legal amplia, prohibiendo el paralelismo sindical dentro de una misma empresa y la celebración de nuevos contratos durante las huelgas.

El crecimiento del sindicalismo después de 1931 no obedeció únicamente al nuevo marco legal, sino también al apoyo activo del gobierno liberal, que concedió protección informal al movimiento obrero más allá de las medidas formales. En el mundo rural, la Ley 83 abrió cauces legales a los sindicatos agrarios y a las ligas campesinas, en un proceso que coincidió con el declive del régimen laboral de haciendas basado en el arrendamiento de servicios. La estrategia era doble: incorporar a los sectores urbanos y agrarios al sistema político y consolidar la base electoral del liberalismo. El partido descubrió que el sindicato podía ser un aliado, y el sindicato descubrió que el partido podía ser un escudo. Esa alianza —desigual, tutelada, pero efectiva— definiría la política laboral colombiana durante los quince años siguientes.

Leticia

El 1° de septiembre de 1932, aproximadamente 250 peruanos —parte civiles, parte militares— tomaron la ciudad de Leticia en la orilla colombiana del Amazonas, izaron la bandera peruana y desafiaron al gobierno de Bogotá a responder. El territorio había sido reconocido como colombiano por el Tratado Salomón-Lozano de 1922, y su pérdida súbita era una humillación inaceptable para cualquier gobierno de la época. Para Olaya, además, fue un golpe de suerte político: la agresión externa obligó a los colombianos a olvidar sus disputas sectarias y a cerrar filas alrededor del presidente. Liberales y conservadores, que se estaban disparando en los pueblos por cargos municipales, se descubrieron de pronto compatriotas.

La guerra se libró entre 1932 y 1933 en las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo, un teatro selvático donde la logística importaba más que la táctica. La región de Güeppí, en el Putumayo, controlada por los peruanos desde al menos 1917, fue escenario de una batalla clave. Colombia no estaba preparada militarmente, y el país tuvo que improvisar una fuerza expedicionaria que combinó tropas del ejército, unidades navales improvisadas y aviones adquiridos apresuradamente en el extranjero. El esfuerzo movilizó una unidad nacional inédita: se recolectaron donaciones populares, se emitieron bonos de guerra, se organizaron marchas patrióticas. El presidente Óscar R. Benavides, en Perú, sostenía una posición dura; Olaya, en Bogotá, alternaba movilización militar con gestión diplomática incesante.

El 25 de junio de 1933 los peruanos se retiraron de Leticia y la ciudad quedó en manos de la Liga de las Naciones, en un arreglo transitorio que evitó nuevos combates. El 24 de octubre de ese año se pactó un armisticio, y las negociaciones concluyeron con la firma del Protocolo de Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934, que reafirmó la plena soberanía colombiana sobre Leticia. La solución fue negociada, como convenía al temperamento del presidente: no una victoria militar aplastante, sino un desenlace diplomático que preservó el territorio sin humillar del todo al adversario.

El conflicto tuvo consecuencias que trascendieron el litigio. Dominó los últimos dos años de la administración —el presidente redujo sus iniciativas legislativas, absorbido por la guerra— y desplazó la agenda reformista al gobierno siguiente. Impulsó también una política agraria de fomento a la colonización de las regiones fronterizas, especialmente del Caquetá, que se reflejó en la estructura de adjudicación de baldíos entre 1932 y 1946. Y consolidó en la memoria nacional la figura del presidente-negociador: el hombre que enfrentó la agresión sin caer en la aventura militar, y que logró recuperar el territorio en la mesa de negociaciones donde mejor se movía.

La red

La figura de Olaya no se explica sin la generación que lo acompañó y disputó. Eduardo Santos, propietario de El Tiempo y futuro presidente (1938-1942), fue uno de sus principales proclamadores y encarna la continuidad del liberalismo moderado que Olaya inauguró. Alfonso López Pumarejo, también entre quienes impulsaron su candidatura, representaría en cambio la variante reformista del partido: la Revolución en Marcha (1934-1938) y la reforma constitucional de 1936, que consagró la función social de la propiedad, fueron la respuesta a los aplazamientos del período olayista. Entre Olaya y López se juega toda la tensión interna de la República Liberal: el pactista y el reformador, el diplomático y el tribuno, el hombre de Wall Street y el hombre del cambio social.

En la trinchera opuesta, Laureano Gómez fue su sombra permanente: adversario en los debates del tratado Urrutia-Thomson, crítico feroz durante la presidencia, portavoz del sector conservador que consideraba la Concentración Nacional una traición vergonzante. Gabriel Turbay, joven cuadro liberal en 1930, aparecía ya en la primera línea del partido. Jorge Eliécer Gaitán, todavía en formación, encarnaría después la impugnación por izquierda tanto de Olaya como de López.

En el plano internacional, Olaya operó en un mundo que pasaba de Herbert Hoover a Franklin D. Roosevelt, del intervencionismo del Caribe a la política del Buen Vecino, de la banca de préstamos abiertos a la banca cerrada por la Depresión. Sus interlocutores fueron sucesivos secretarios de Estado, banqueros de Nueva York cuyos nombres se han olvidado pero cuyas decisiones marcaron la economía colombiana, y diplomáticos peruanos con quienes tuvo que negociar el retiro de Leticia. Ginebra, sede de la Liga de las Naciones, y Río de Janeiro, escenario del protocolo definitivo, fueron capitales secundarias de su presidencia, tan importantes como Bogotá o Washington.

La huella

Olaya Herrera murió en Roma en 1937, tres años después de dejar la presidencia, mientras desempeñaba una nueva misión diplomática. Su muerte prematura —cincuenta y seis años— lo sustrajo al debate sobre la República Liberal en marcha y lo dejó fijado en la memoria como el hombre de la transición, no el de las reformas mayores.

Su legado es doble y controvertido. Por un lado, recuperó el poder ejecutivo para el liberalismo después de cuarenta y cuatro años, abrió los cauces legales del sindicalismo con la Ley 83 de 1931, creó las primeras instituciones de banca de fomento, gestionó sin catástrofe la peor crisis económica del siglo y resolvió por vía diplomática un conflicto internacional que en otras manos habría podido convertirse en desastre. Por otro lado, su moderación aplazó reformas urgentes —al Estado confesional, al régimen de la tierra, a la Constitución— que solo llegarían con López Pumarejo, y su Concentración Nacional consolidó una lógica de coalición bipartidista que, aunque preservó la paz institucional en el corto plazo, no impidió que las tensiones estallaran en las décadas siguientes con violencia creciente.

Las lecturas más reformistas subrayan lo que no hizo: la continuidad estructural con la Hegemonía, la subordinación al capital norteamericano, la timidez frente al clero. Las lecturas más liberales tienden a inscribirlo en una continuidad más matizada, en la que su moderación es virtud y no defecto. Ambas interpretaciones tienen razón parcial. Olaya fue un presidente de transacción porque no había otra política disponible, y también porque no quería otra política. Fue expresión de un temperamento y de una circunstancia, y en la superposición de ambos elementos reside su singularidad.

Puente controlado entre dos hegemonías, negociador antes que caudillo, el hombre de Guateque que llegó a Washington antes que a la Presidencia dejó el país mejor administrado de lo que lo recibió y peor reformado de lo que muchos esperaban. Que ambas cosas puedan decirse a la vez es, quizás, la mejor medida de su lugar en la historia de Colombia.