Segundo gobierno de López Pumarejo y crisis del reformismo (1942–1945)

Segundo gobierno de López Pumarejo y crisis del reformismo (1942-1945)

El segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, entre agosto de 1942 y julio de 1945, es el desenlace del ciclo reformista liberal abierto en 1934. No fue una repetición de la Revolución en Marcha sino su epitafio administrativo: un intento de reanimar un impulso ya interrumpido en 1936 con la llamada "pausa" y derrotado internamente en 1937 con el triunfo del ala santista.

López regresó al poder con el respaldo formal de un partido dividido, en medio de la Segunda Guerra Mundial, y encontró un país donde ni las condiciones económicas, ni el equilibrio parlamentario, ni la unidad liberal permitían reeditar las reformas fundacionales. Lo que siguió fue un desgaste acelerado por escándalos familiares, un intento de golpe militar en Pasto, un estado de sitio con censura de prensa y la fractura tripartita del liberalismo entre lopistas, santistas y gaitanistas.

Cuando López renunció en 1945 y entregó la banda a Alberto Lleras Camargo, el reformismo liberal había concluido: quedaba solo administrar la transición hacia el retorno conservador que se consumaría en mayo de 1946 con la elección de Mariano Ospina Pérez.

El regreso: la campaña de 1942

Cuando el Partido Liberal proclamó a López como candidato para el período 1942-1946, lo hizo sobre una casa fracturada. Ocho años antes, López había llegado a la presidencia rodeado de un gabinete de jóvenes intelectuales: Alberto Lleras Camargo con veintiocho años, Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral, Darío Echandía, todos menores de treinta y ocho, deliberadamente al margen de los grandes líderes históricos del partido.

Ese gesto generacional había sido la marca de la Revolución en Marcha: la reforma tributaria, la reforma agraria consagrada en la Ley 200 de 1936, la democratización educativa y la reforma constitucional de ese mismo año, que consagró la función social de la propiedad y la intervención del Estado en la economía. Fue la modificación más importante introducida a la Constitución de 1886 durante sus ciento cinco años de vigencia.

El impulso se rompió pronto. En diciembre de 1936, acosado por la oposición conservadora, por la jerarquía eclesiástica y por sectores de su propio partido, López declaró la "pausa" a las reformas. Las elecciones parlamentarias de 1937 dieron el triunfo al ala santista y corroboraron el alejamiento del liberalismo respecto a la línea reformista. La presidencia de Eduardo Santos (1938-1942) fue la administración de esa pausa: prudencia macroeconómica, restablecimiento de puentes con la Iglesia y con el empresariado, y mayor distancia con las organizaciones sindicales y campesinas que habían florecido bajo el amparo del primer López.

En ese liberalismo cansado, López fue presentado como candidato único frente al disidente Carlos Arango Vélez. Los resultados de mayo de 1942 le dieron la victoria con holgura. En regiones como la Intendencia de Arauca la desproporción fue casi caricatural: 1.008 votos para López frente a 43 para Arango Vélez. El número, sin embargo, escondía la fragilidad. López volvía sin el aura reformista de 1934, sin el equipo generacional que había caracterizado su primer gabinete, y con una parte del liberalismo —los santistas— convencida de que la agenda de 1934-1936 debía quedar como monumento histórico, no como programa de gobierno.

Un país en guerra ajena

La Colombia que recibió López en agosto de 1942 estaba condicionada por la Segunda Guerra Mundial. La dislocación económica golpeaba tanto a la industria en crecimiento como a las regiones periféricas: las restricciones a las importaciones estrangulaban la provisión de insumos y bienes de capital, los cuellos de botella en el transporte encarecían la circulación interna y la presión sobre los precios erosionaba el ingreso real de las capas urbanas y de los pequeños productores. La coyuntura bélica, paradójicamente, había estimulado la sustitución de importaciones en algunos renglones industriales, pero ese impulso convivía con desabastecimiento, especulación y desequilibrios regionales severos. Nariño había sido particularmente afectado, y ese malestar económico se sumaría más tarde al clima que hizo posible el golpe de Pasto.

El empresariado, organizado y consolidado a lo largo de la presidencia de Santos, recibió al segundo López con desconfianza abierta. Los gremios estaban comprometidos con principios de libre mercado y decididos a impedir cualquier resurgimiento del programa de reformas. Para ellos, la memoria de los años 1934-1936 —cuando por primera y única vez en el período la policía y el ejército no intervinieron contra las organizaciones populares en conflictos rurales o sindicales— era una advertencia, no una nostalgia.

En el otro extremo, los sindicatos y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), consolidados como interlocutores del Estado durante el primer López, esperaban del segundo mandato la profundización de la legislación laboral y agraria. Entre finales de 1942 y comienzos de 1943, tres conflictos pusieron a prueba esa expectativa: la huelga de la Federación Nacional del Transporte Marítimo y Fluvial (FEDENAL), la de los mineros de Segovia en Antioquia y la de los ferroviarios. La reacción patronal fue exigir una reforma laboral que eliminara en la práctica el derecho de huelga. López quedó atrapado entre un empresariado que le pedía disciplina obrera y unos sindicatos que le pedían la continuidad del programa reformista. La grieta apenas comenzaba.

Los escándalos: Mamatoco, Trilladora del Tolima y Handel

Ninguno de los escándalos que erosionaron al segundo gobierno era, en sí mismo, un asunto de Estado. Encadenados, construyeron una atmósfera de descrédito que la oposición supo capitalizar sin descanso.

El primero fue el caso Mamatoco. Francisco A. Pérez, un ex boxeador que editaba un pasquín antigobiernista bajo ese seudónimo, fue asesinado en 1943. Al menos un oficial, el teniente Silva, figuró entre los acusados, y de la muerte se responsabilizó al régimen. El pasquín había publicado rumores sobre un enredo amoroso del hijo del presidente con una dama del cuerpo diplomático, y la coincidencia entre esa publicación y el crimen fue explotada implacablemente. Desde El Siglo, Laureano Gómez repetía la pregunta —"¿Por qué mataron a Mamatoco?"— como una letanía política. Un martilleo que asociaba al gobierno con la sombra del asesinato.

El segundo escándalo giró en torno a la Trilladora del Tolima. Alfonso López Michelsen, hijo del presidente, se involucró en negocios de esa empresa en lo que fue calificado como tráfico de influencias. La operación estaba vinculada al régimen de fideicomiso de bienes de extranjeros que la Segunda Guerra Mundial había hecho necesario. La defensa lopista fue precisa: el régimen de fideicomisos había sido establecido durante la administración Santos, no la de López. Era técnicamente cierto, pero políticamente insuficiente. El apellido presidencial en un negocio con bienes intervenidos bastaba para alimentar la denuncia.

El tercer caso —el más complejo y el que menos margen defensivo tenía— fue el de la Handel. La Handel en Industrie Maatschappij Bogotá era un holding holandés que controlaba a Bavaria. La negociación de sus acciones durante el gobierno de López, en el marco de las medidas de administración de bienes de extranjeros, quedó bajo sospecha cuando se supo que López Michelsen había sido abogado de intereses holandeses vinculados al consorcio Bavaria desde 1939. La defensa fue idéntica a la del caso Trilladora: las regulaciones venían del gobierno anterior. Y de nuevo, la defensa técnica no alcanzaba a apagar el fuego político.

Los tres escándalos tuvieron un efecto acumulado más grave que la suma de sus partes. Gómez encontró en ellos el material perfecto para una campaña de defensa de la moral y las buenas costumbres, articulada con su acusación mayor: la política de López era socialista y masónica. El 22 de abril de 1942, todavía en campaña, había calificado de "conducta masónica" la del gobierno en relación con la reforma al Concordato, de "negligente" la del clero, y había llamado al presidente "prevaricador". En el Congreso de ese mismo año pronunció la frase que quedaría como emblema de su oposición: "El dogma del régimen no es la justicia, no es la buena fe, no es la moral; es la mitad más uno."

El Siglo como trinchera

Gómez había fundado El Siglo argumentando que el país atravesaba una época de violencia y que era indispensable un periódico para defender las vidas y propiedades de los conservadores. Rápidamente lo convirtió en la trinchera personal desde la cual identificaba a López y al liberalismo como fuente de todos los males sociales contemporáneos. La retórica se movió bajo lemas de máxima intensidad —"acción intrépida", "atentado personal", "república invivible"— que configuraban una gramática de confrontación permanente.

El objetivo, según lo describiría después Otto Morales Benítez, era sistemático: desacreditar al presidente, rechazar propuestas de entendimiento, deslindar grupos liberales para debilitar al régimen, y unificar la oposición contra el Ejecutivo aprovechando la crítica a las reformas. Al equiparar liberalismo con comunismo, Gómez preparaba el terreno para la "reconquista" total del poder, incluyendo entre sus enemigos a los movimientos campesinos y sindicales de los años treinta.

Gómez no era estrictamente fascista —se parecía más al falangismo español que al fascismo italiano o al nazismo alemán—, pero su lenguaje y sus métodos eran igualmente radicales. La virulencia llegó a un punto en que él mismo terminó arrestado y encarcelado en 1944, cuando sus ataques contra el gobierno y la familia López fueron considerados intolerables por la administración. Fue una medida excepcional que confirmó, en lugar de disipar, la sensación de un régimen acorralado.

El golpe de Pasto: 10 de julio de 1944

La crisis política se hizo institucional el 10 de julio de 1944. Ese día, en Pasto, el coronel Diógenes Gil ejecutó un intento de golpe militar contra López Pumarejo, que se encontraba en la ciudad presenciando maniobras militares. El presidente fue apresado. El cuartelazo eligió mal el escenario y peor el momento: Nariño era un departamento de fuertes tendencias conservadoras y golpeado por la dislocación económica de la guerra, pero el resto del país no siguió a los sublevados.

En Bogotá, el designado Darío Echandía asumió la Presidencia y conjuró el intento con la colaboración del ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, el respaldo unánime de los distintos sectores de la sociedad y la adhesión de los altos mandos militares. La embajada estadounidense había tenido información sobre la posibilidad de un golpe desde marzo de 1944, pero la reacción institucional fue rápida y eficaz. López regresó a la capital el 12 de julio y Echandía le devolvió el cargo.

Trabajadores, comunistas y la CTC salieron a defender políticamente al gobierno, en lo que fue el último gran momento de convergencia entre el sindicalismo organizado y el reformismo lopista. Pero la superación del golpe no fue el fin de la crisis: fue apenas su transformación en régimen de excepción. El gobierno declaró el estado de sitio, cerró el Congreso y decretó censura de prensa. La imagen del liberalismo reformista quedó comprometida por medidas que evocaban precisamente lo que denunciaba en la oposición: el silenciamiento del adversario y la suspensión de las garantías.

La oposición arreció después del golpe, no antes. La división del liberalismo entre santistas, lopistas y gaitanistas se hizo más nítida, y López no logró consolidar un acuerdo con los conservadores que le devolviera margen de maniobra. La segunda mitad de 1944 y el primer semestre de 1945 fueron una administración en modo defensivo.

Gaitán entra en escena

Mientras el gobierno se defendía de escándalos, cuartelazos y campañas de prensa, un movimiento paralelo se organizaba por izquierda dentro del propio liberalismo. Desde 1944, Jorge Eliécer Gaitán inició una campaña que apelaba directamente al pueblo y por encima de la oficialidad liberal, denunciando a la CTC y al Partido Social Democrático como apéndices del oficialismo. La respuesta de los comunistas fue tildarlo de fascista y aliado del conservatismo. La CTC y el Partido Comunista, alineados con el aparato liberal, terminarían apoyando sin entusiasmo la candidatura oficialista de Gabriel Turbay para 1946, pese a que en las bases obreras existía simpatía por Gaitán.

Esa fractura explica buena parte del vacío que el segundo gobierno de López dejó abierto. Gaitán no atacaba el reformismo lopista desde la derecha —como Gómez— sino desde la denuncia de que ese reformismo había sido cooptado por las mismas oligarquías a las que decía enfrentar. Su lectura del período era brutalmente simple: la estructura oligárquica había sido cuestionada por la Revolución en Marcha, pero nunca seriamente amenazada, y las burocracias sindicales y partidistas que el lopismo había construido funcionaban como amortiguadores del descontento popular, no como sus instrumentos de transformación.

Esa lectura tenía asidero material. Durante 1944 y 1945, el segundo gobierno enfrentó una serie de conflictos laborales y agrarios donde los canales institucionales del reformismo se mostraron insuficientes para contener la movilización que el primer mandato de López había ayudado a activar. Las bases campesinas y obreras seguían actuando con la memoria de 1934-1936, mientras el aparato del partido buscaba domesticar sus demandas. La respuesta gubernamental a esa tensión se cristalizaría en dos piezas legislativas de sentido contrario: la Ley 100 de 1944, que cedía terreno a los terratenientes, y la Ley 6a de 1945, que ampliaba y a la vez recortaba el derecho laboral. En esas dos normas quedó fijada la ambigüedad final del reformismo lopista.

La Ley 100 de 1944: el retroceso agrario

En 1944, en plena crisis política, el gobierno sancionó la Ley 100. La medida representó un retroceso frente a los avances de la Ley 200 de 1936, aunque no la revocó formalmente. La Ley 200 había buscado apaciguar a los trabajadores rurales insurgentes mediante la legalización de sus posesiones y la amenaza de extinción del dominio sobre propiedades incultas. La Ley 100, en cambio, protegía a los terratenientes de las pretensiones de aparceros que se declaraban colonos, autorizaba prohibir en los contratos de aparcería el cultivo de productos de subsistencia, exigía a los trabajadores abandonar la tierra inmediatamente al expirar los contratos, y extendió a quince años el término de extinción del dominio sobre propiedades incultas —un plazo mayor que el anterior, que la hacía prácticamente inoperante.

La Ley 100 fue criticada como una norma regresiva dirigida sobre todo a dar seguridad a los terratenientes. Su sanción, precisamente en el momento de mayor debilidad política del gobierno, dejó ver que el reformismo lopista había tenido siempre límites reales para afectar el latifundio o para limitar la concentración de tierras. La Ley 200 nunca había sido una reforma agraria redistributiva: había estado orientada a estimular la productividad y la modernización rural mediante el tratamiento de las tierras improductivas, y en la práctica los gobiernos optaron por la adjudicación de baldíos, lo que con el tiempo permitió perpetuar el modelo de acumulación de tierra. La Ley 100 de 1944 no traicionó, entonces, un proyecto redistributivo inexistente: hizo explícito que la contención del conflicto rural, que había sido el objetivo real de 1936, ya no requería mantener el andamiaje reformista frente a la presión terrateniente.

La reversión se prolongó entre 1938 y 1946: primero la suspensión de las reformas, luego su neutralización legal. La política agraria regresiva de los años cuarenta, junto con la degradación política del período, contribuyó a configurar el conflicto social que desembocaría en La Violencia de los años cincuenta.

La Ley 6a de 1945: legislación laboral con freno

En materia laboral, la Ley 6a de 1945 fue el gran resultado del segundo gobierno. Nació, en buena medida, como retribución política al apoyo que los sindicatos y la CTC habían dado a López tras el golpe de Pasto: una compensación tanto simbólica como material a los sectores que en julio de 1944 habían salido a la calle a defender un régimen al que la oposición conservadora daba por moribundo.

Su articulado otorgó a los trabajadores organizados beneficios sustanciales. Consagró las vacaciones remuneradas y las cesantías como derechos exigibles, estableció la protección frente a accidentes de trabajo, fijó el salario mínimo como categoría legal y reguló el trabajo nocturno. Concedió fuero especial a los líderes sindicales impidiendo su despido, una garantía que buscaba blindar a los dirigentes frente a las represalias patronales que habían jalonado los conflictos de 1942-1943. Y prohibió el uso de esquiroles durante huelgas legales, con lo cual reconocía formalmente al sindicato como parte estructurada del conflicto laboral y no como mera contraparte tolerada.

Pero la misma ley contenía frenos importantes. Limitó el poder sindical al dar prioridad a la negociación de los sindicatos de empresa sobre las federaciones de industria —lo que fragmentaba la capacidad de acción del movimiento obrero, al descomponer la unidad sectorial en negociaciones aisladas planta por planta— y prohibió las huelgas bajo estado de sitio, una cláusula que en un país que había gobernado buena parte de 1944 y 1945 bajo excepción convertía la restricción en algo más que hipotético. Consagraba derechos laborales al mismo tiempo que debilitaba la capacidad estructural del sindicalismo para negociarlos colectivamente.

La contradicción quedó a la vista a fines de 1945, con la huelga de FEDENAL. El gobierno mostró un viraje represivo frente al sindicalismo combativo. Ante el paro de solidaridad del 26 de noviembre de ese año, el presidente declaró que el sindicalismo no podía ser un arma política para cambiar el sistema económico y social del país, y calificó de subversivos esos movimientos. Fue un giro explícito: el liberalismo reformista, que había construido su base social parcialmente sobre las organizaciones obreras, ahora las definía como amenaza.

La renuncia: julio de 1945

Los factores que llevaron a López a solicitar licencia primero, en noviembre de 1943, y a renunciar después, en 1945, se acumularon en tres capas. La primera fue la virulenta oposición conservadora liderada por Gómez, sostenida sin tregua desde El Siglo y capaz de amplificar cada escándalo hasta convertirlo en cuestión de régimen. La segunda fue la falta de respaldo decidido del propio liberalismo, dividido entre santistas, lopistas y gaitanistas, una fractura tripartita que hacía imposible cualquier consolidación parlamentaria. La tercera fue el descontento de un sector de las Fuerzas Armadas, cuya expresión más grave había sido el golpe de Pasto, pero cuya inquietud persistió después.

Cuando López renunció definitivamente en 1945, entregó el poder a Alberto Lleras Camargo, quien hasta entonces se desempeñaba en su gabinete. Lleras había sido una figura central del lopismo desde el primer período: participante en la configuración de la Ley 200 de 1936, arquitecto de la respuesta institucional al golpe de Pasto, y por entonces representante de Colombia en la Conferencia Internacional de San Francisco donde se elaboró la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945.

Pero el Lleras que asumió el poder ya no era el arquitecto del reformismo, sino el administrador de su clausura. Conformó un gabinete de unidad nacional otorgando tres ministerios al conservatismo. Ese gesto —una coalición liberal-conservadora en la que él mismo había venido trabajando durante los últimos meses de López— marcó el fin efectivo del ciclo reformista.

La reforma constitucional de 1945

Antes de su salida, en 1945, López impulsó una reforma constitucional que fue la última contribución institucional del reformismo liberal. Consagró la elección directa de senadores, que hasta entonces eran elegidos por las asambleas departamentales. Fortaleció los poderes presidenciales en materia de intervención económica y le otorgó al Estado nuevas funciones en el sistema económico. Concedió la ciudadanía a la mujer —aunque no el derecho al sufragio, que se reconocería solo en 1954— y prohibió a los militares en servicio activo votar e intervenir en política.

Esta última cláusula, adoptada apenas un año después del golpe de Pasto, era una respuesta directa a la experiencia de 1944. Su alcance sería decisivo, aunque en el corto plazo no impidió que los siguientes años vieran una politización creciente de las Fuerzas Armadas en el marco de La Violencia.

La elección de 1946

Cuando en mayo de 1946 el país eligió al sucesor de Lleras, el escenario ya estaba decidido antes de las urnas. El Partido Liberal se presentó dividido entre Gabriel Turbay, candidato oficial respaldado por la CTC y el Partido Socialista Democrático, y Jorge Eliécer Gaitán, candidato disidente que había construido su movimiento apelando directamente al pueblo por encima de la dirigencia. López, retirado ya del poder, declaró públicamente que no combatiría ninguna de las dos candidaturas, afirmando que ambas aspiraciones le parecían legítimas y respetables.

Del lado conservador, Gómez tomó una decisión estratégica: no se presentó él mismo, calculando que su propia candidatura habría unido al liberalismo en su contra. En su lugar impulsó a Mariano Ospina Pérez, empresario antioqueño con trayectoria en el sector cafetero e industrial, presentado durante la campaña como un político prudente, tolerante y católico, que prometía gobernar con un gabinete paritario de Unión Nacional.

Los resultados confirmaron la aritmética anunciada: los dos candidatos liberales sumados superaban en votos a Ospina, pero la división permitió el triunfo conservador. El propio Gaitán y el país entero notaron la simetría: era una reproducción exacta, con roles de partido invertidos, de la derrota conservadora de 1930, cuando una división similar en el partido entonces gobernante había permitido el triunfo de Enrique Olaya Herrera. En la Intendencia de Arauca, donde en 1942 López había sacado 1.008 votos, en 1946 los 476 votos liberales se dividieron entre Gaitán (256) y Turbay (220), mientras Ospina obtuvo apenas 84. Incluso en territorios de abrumadora mayoría liberal, la división operó con precisión aritmética.

Por qué colapsó

El segundo gobierno de López no cayó por una sola razón, sino por la convergencia de dos órdenes distintos de causa. El primero fue estructural: el reformismo liberal ya había agotado su capital político hacia 1936-1937. La "pausa" de diciembre de 1936, el triunfo santista en las parlamentarias de 1937 y la ejecución incompleta de la Ley 200 mostraban que la coalición que había hecho posible la Revolución en Marcha —una franja modernizante del empresariado, una intelectualidad joven, un sindicalismo emergente y un liberalismo temporalmente unificado— se había disuelto antes de que López regresara al poder. La Ley 100 de 1944 no fue una traición sino la salida a la luz de una vieja restricción: el reformismo lopista había sido siempre un proyecto de modernización capitalista de corte keynesiano, más que un proyecto de transformación social, y sus límites frente al latifundio eran constitutivos.

El segundo orden de causa fue contingente: los escándalos Mamatoco-Trilladora-Handel, el intento de golpe de Pasto, el estado de sitio con censura de prensa, la campaña incesante de Gómez desde El Siglo y la irrupción de Gaitán como fuerza autónoma dentro del liberalismo aceleraron el desenlace más allá de lo que el agotamiento estructural habría producido por sí solo. Un gobierno sin estos accidentes habría enfrentado los mismos límites de fondo, pero probablemente sin la implosión institucional que forzó la renuncia de 1945.

Ninguno de los dos factores por sí solo explica la magnitud del derrumbe. Juntos vaciaron el centro político que Gaitán intentó ocupar por izquierda y que Ospina terminó llenando por derecha en 1946. El reformismo liberal había prometido una modernización pactada. Lo que dejó, en cambio, fue una modernización a medias sobre un país cada vez menos dispuesto al pacto.