Arauca

La semblanza de un territorio-bisagra

Entender Arauca exige aceptar una paradoja: es a la vez uno de los territorios donde primero se instaló el orden colonial en los Llanos —a través de la evangelización jesuítica del siglo XVII— y uno de los últimos que Colombia incorporó plenamente a su arquitectura administrativa. Cuando la Constitución de 1991 elevó a categoría departamental los antiguos territorios nacionales, Arauca llevaba tres siglos existiendo como región marcada, nombrada, transitada y explotada, pero apenas dos décadas produciendo petróleo en volúmenes que llegaron a representar el 43,8 % de la producción nacional. Ese desfase entre presencia histórica y estatalidad plena es la clave que ordena su trayectoria.

El territorio se despliega en dos pisos. Al occidente, el piedemonte cordillerano donde se asientan Saravena, Fortul y parte de Tame, con vegetación de transición y suelos aprovechables. Al oriente, la sabana inundable de Arauca, Arauquita, Puerto Rondón y Cravo Norte, dominada por el hato ganadero y surcada por el río Arauca que dibuja la frontera con el Apure venezolano. La ciudad capital se levanta sobre la orilla sur de ese río, mirando literalmente hacia Venezuela: durante gran parte del siglo XX, mirar hacia allá fue también depender de allá. La condición binacional no es un accidente contemporáneo sino la textura misma de la vida araucana.

Esta doble marca —periferia del Estado colombiano y bisagra hacia Venezuela— ha atraído sucesivamente a jesuitas, ejércitos libertadores, colonos boyacenses y santandereanos, empresas petroleras alemanas e italianas, guerrillas, paramilitares y contratistas militares estadounidenses. Ninguno logró establecer un orden estable; casi todos extrajeron algo —almas, soldados, ganado, crudo, rentas— y se replegaron sin dejar el tejido institucional que hubiera transformado el territorio en algo más que un yacimiento.

Las misiones y el largo siglo colonial

La primera institución que puso nombres, fronteras y jerarquías sobre los Llanos que hoy incluyen a Arauca fue la Compañía de Jesús. La imagen extendida del Llano como espacio liso, vacío, marginal a las estructuras coloniales es engañosa: durante los siglos XVII y XVIII la región estuvo cuadriculada por misiones con fuero eclesiástico, articuladas a haciendas ganaderas de importancia económica sustantiva para la Nueva Granada. Las utilidades de esas propiedades sostenían en parte los colegios jesuíticos del virreinato e integraban la sabana oriental al circuito colonial pese a la distancia y a la ausencia de caminos de herradura estables.

En la zona de contacto entre los Llanos, la Guayana y la isla de la Trinidad operaron misioneros como Ignacio Llauri y Julián de Vergara, que fundaron cinco iglesias y redujeron a la nación guayana; Llauri murió tras un ataque corsario que arrasó parte de su obra. Este tipo de presencia religiosa, con su lógica de reducción, catequización e incorporación forzada de los pueblos indígenas al trabajo del hato, sentó el molde que un siglo más tarde replicarían los agentes republicanos y las políticas misionales del siglo XIX, que tomaron a las antiguas misiones jesuíticas como referente explícito para "civilizar" a los llaneros.

La huella jesuítica se prolongó incluso después de la expulsión de la Compañía en 1767: las haciendas pasaron a otras manos, pero el modelo de organización territorial —dispersión de núcleos poblados, dependencia del ganado cimarrón, jerarquías laborales entre vaqueros y caporales, presencia intermitente del clero— se mantuvo. Cuando los criollos convocaron al Llano para la guerra de independencia, encontraron un territorio ya modelado por dos siglos de ganadería misional.

El corredor de Bolívar

En mayo de 1819, Simón Bolívar convocó en la Aldea de Setenta, a orillas del río Apure, un consejo de oficiales patriotas para exponer un plan que combinaba dos principios: rapidez y secreto. Sorprender al ejército realista de Pablo Morillo antes de que pudiera reaccionar exigía atravesar los Llanos en plena estación de lluvias torrenciales, cruzar el río Arauca, remontar el piedemonte y escalar la cordillera por un páramo considerado inaccesible. La ruta —Mantecal, Guasdualito, río Arauca, Tame, Pore, páramo de Pisba— convirtió al territorio araucano en corredor militar de la campaña que decidiría la suerte de la Nueva Granada.

Francisco de Paula Santander había preparado el terreno desde Casanare, que en mayo de 1819 reportaba libre de realistas y "entusiasta por su independencia": la provincia funcionó como santuario logístico y base de reclutamiento del ejército patriota. Cuando Bolívar cruzó el Arauca con sus tropas, marchando durante siete días con el agua a la cintura, se reunió con Santander en Tame y allí se unificaron las fuerzas. El 15 de junio de 1819 comenzó formalmente la campaña, con Santander al mando de la vanguardia y José Antonio Anzoátegui a cargo de la retaguardia. El 21 de junio, en Pore, se incorporó el batallón Cazadores, cuyas tropas Santander había repartido previamente en puestos avanzados.

En el Llano de Miguel se produjo el episodio de la deliberación: ante la magnitud de las dificultades y la duda de algunos oficiales sobre la conveniencia de continuar, Santander impuso su criterio de avanzar, respaldado incluso por comandantes venezolanos que habrían podido rehusarse. El 27 de junio se libraron los primeros combates en Paya, donde los patriotas lograron la retirada de las tropas realistas hacia Sogamoso. Días después, el ejército enfrentó el páramo de Pisba: llaneros no acostumbrados al frío de las alturas cruzaron alturas glaciales cargando armas y provisiones, con bajas por hipotermia y agotamiento que se cuentan entre los pasajes más duros de la epopeya independentista. Del otro lado esperaban el Pantano de Vargas y Boyacá.

Arauca cumplió en esa campaña un papel decisivo pero funcional: sirvió de corredor, aportó hombres —Juan José Rondón entre los más célebres lanceros llaneros— y desapareció después del relato heroico nacional. La independencia se ganó atravesando el territorio, no incorporándolo. Ese patrón —extraer del Llano lo necesario y replegarse hacia el centro andino— definirá el vínculo republicano.

Un margen que no acaba de ser incorporado

Durante buena parte del siglo XIX, Arauca vivió como periferia de Casanare, y Casanare como periferia de Boyacá. La colonización campesina, arrastrada por familias que bajaban del piedemonte boyacense y santandereano, se topó con dos obstáculos que se retroalimentaban: la ausencia de vías de comunicación y la persistencia de sociedades indígenas —Sikuani, Betoyes, Macaguán, entre otras— que reclamaban los mismos suelos que los colonos consideraban vacíos. El resultado fue una violencia sistemática y sórdida.

En Casanare, durante la segunda mitad del siglo XIX, algunos colonos practicaron el exterminio de indígenas usando jaurías de perros de presa. No existía un vacío jurídico formal que equiparara matar a un indio con matar a un tigre, como a veces se ha dicho, pero sí una impunidad práctica y una deshumanización cultural que producían el mismo efecto. El conflicto se originaba en disputas por tierra y ganado en una región recién abierta a la colonización, donde el título del hacendado y la posesión del indígena chocaban sin árbitro estatal.

La sociedad ganadera que emergió de ese proceso quedó estratificada en jerarquías laborales que aún hoy resuenan: conuqueros, vegueros, caballiceros, vaqueros y caporales. Entre todas, la más precaria fue la del conuquero, campesino de subsistencia que abría claros en el monte para sembrar plátano y yuca y que el dueño del hato veía sistemáticamente como sospechoso de cuatrerismo. La relación entre conuquero y hacendado quedó marcada estructuralmente como la de perseguido y perseguidor, con una animadversión permanente que alimentaría, décadas más tarde, la base social de las guerrillas.

Sobre esa población se proyectó desde el centro una representación cultural específica: el llanero como tipo humano —rústico, valiente, apegado al caballo y al ganado— cuya "llanerización" del indígena y del colono se presentó como forma de incorporación. En la práctica, esa representación facilitó el control laboral de las élites locales al empujar a las poblaciones nativas hacia el trabajo del hato, sin que mediara nunca una política estatal explícita de asimilación. El Estado colombiano no diseñó ese proceso: lo dejó ocurrir.

Administrativamente, el vínculo con Bogotá fue errático. El Decreto 778 del 5 de julio de 1907, expedido durante el Quinquenio de Rafael Reyes, erigió dentro de la intendencia del Meta las provincias de Arauca y Casanare, transfiriéndolas del Ministerio de Justicia al Ministerio de Guerra y poniéndolas bajo mando militar. Pocos años después, durante el gobierno de Carlos E. Restrepo (1910-1914), se creó la comisaría de Arauca. La memoria del ministro de Gobierno Víctor M. Salazar, publicada en 1922, describió con crudeza el efecto acumulado de esa legislación: había "eliminado de un golpe" las intendencias existentes, desintegrando el gobierno civil en los territorios.

El aislamiento no era metafórico. En 1916, Arauca carecía de línea telegráfica directa con el resto de Colombia: los mensajes debían enrutarse a través de Venezuela para llegar a Bogotá. Ese mismo año, un tal Humberto Gómez —vinculado a caudillos venezolanos— protagonizó un incidente que quedó en la memoria regional bajo la denominación de "República de Arauca", en el que el comisario intentó detener a un grupo de exiliados venezolanos acusados de robar ganado. El episodio evidenció, más allá de sus detalles, la debilidad radical del control estatal en la frontera y el carácter binacional de la política llanera: los caudillos del Apure y los comisarios de Arauca compartían territorio, ganado y adversarios.

A mediados del siglo XX, Arauca figuraba en las tablas estadísticas oficiales como intendencia de 25.650 kilómetros cuadrados, en una categoría separada de los departamentos. Esa condición de segunda clase administrativa se prolongó hasta 1991. Durante el auge petrolero previo a esa fecha, ya con Caño Limón produciendo a plena capacidad, la intendencia dependía eléctricamente de Venezuela porque el gobierno intendencial no pagaba el servicio; los cortes eléctricos frecuentes llegaban a suspender las clases durante semanas mientras las regalías fluían hacia bolsillos de políticos y contratistas. El punto culminante de una paradoja: territorio riquísimo, ciudadanos empobrecidos, servicio público extranjero.

El descubrimiento que cambió todo

En 1983, la Occidental Petroleum descubrió en el municipio de Arauquita un yacimiento de crudo liviano al que llamó Caño Limón. El hallazgo transformó todo: la economía departamental, la balanza comercial colombiana, la ecuación política local y, sobre todo, la trayectoria del conflicto armado.

El crudo de Caño Limón es liviano, lo que facilita su transporte y le otorga mejores precios en el mercado internacional. Los volúmenes fueron considerables: la producción alcanzó su pico en 1996 con 252.000 barriles diarios, equivalentes al 43,8 % de la producción nacional. El petróleo llegó a representar el 61 % del producto interno bruto de Arauca. El país, que había sido importador neto de crudo durante buena parte de los setenta, recuperó gracias a los hallazgos de Arauca y Meta la condición de exportador y alivió parcialmente sus problemas de balanza de pagos.

Para explotar el yacimiento y llevar el crudo al Caribe, se construyó el oleoducto Caño Limón-Coveñas, una obra de casi 800 kilómetros contratada con empresas europeas: la alemana Mannesmann y la italiana Sicim, entre otras. La aparición de esos contratistas, con maquinaria pesada, campamentos, plantillas de trabajadores extranjeros y presupuestos millonarios, sobre un territorio donde el Estado apenas había construido caminos, produjo un choque de escalas. En Arauca no había siquiera una carretera que conectara la ciudad capital con Arauquita hasta 1984; antes, el transporte fluvial era la única opción y costaba doce dólares con cincuenta por pasajero, cifra prohibitiva para colonos y campesinos.

La bonanza no se tradujo en desarrollo local. Los recursos de las regalías circularon por circuitos clientelares controlados por caciques liberales —Alfonso Latorre Gómez— y conservadores —Elías Matus Torres—, sin generar encadenamientos productivos que diversificaran la base económica. Los indicadores sociales del departamento se mantuvieron por debajo de los promedios nacionales: altas tasas de analfabetismo, baja cobertura de servicios públicos, mortalidad infantil elevada. La explotación petrolera dejó, además, un pasivo ambiental sustantivo: campesinos testimoniaron la destrucción de la laguna del Lipa, considerada la despensa piscícola del departamento, mediante el taponamiento de caños como el Matanegra para habilitar locaciones de la multinacional.

La expresión "economía de distracción", acuñada por la propia Gobernación de Arauca, describe bien lo ocurrido: un flujo masivo de rentas que no construyó economía sino que la sustituyó, drenando incentivos para el trabajo agrícola, hipertrofiando el aparato estatal local sin capacitarlo, y creando una elite política dedicada a la captura de rentas antes que a la administración del territorio.

El ELN y el clientelismo armado

El Ejército de Liberación Nacional llegó al piedemonte araucano a comienzos de los años ochenta con una organización debilitada. En 1983, tras la casi aniquilación sufrida en la Operación Anorí de 1973 y la subsiguiente reestructuración iniciada en la Reunión de Notables, el ELN contaba con solo tres frentes operativos. El descubrimiento de Caño Limón le abrió la posibilidad de reconstruirse.

El Frente Domingo Laín, que operaba en el piedemonte, comenzó desde 1983 a extorsionar a las compañías petroleras y a las contratistas del oleoducto. Mannesmann y Sicim se convirtieron en objetivos privilegiados: sus trabajadores fueron secuestrados, sus operaciones extorsionadas, sus pagos negociados con la guerrilla como si fueran impuestos. En algún momento intervino en las negociaciones una pareja de operadores alemanes conocidos como los Mauss, cuya presencia sugería que el gobierno de Bonn tomaba el problema con la seriedad que Bogotá no lograba mostrar. Los recursos obtenidos permitieron al ELN una expansión acelerada: entre 1985 y 1989 surgieron nuevos frentes vinculados al corredor del oleoducto —el Efraín Pabón Pabón en el sur de Norte de Santander y norte de Boyacá, el Armando Cacua Guerrero en el Catatumbo—, todos alimentados por la renta petrolera.

Lo distintivo de Arauca, sin embargo, no fue solo la financiación insurgente. Fue la forma en que el ELN se instaló como intermediario político entre los colonos y el poder local. Los estudios académicos sobre el departamento hablan de "clientelismo armado" para describir el arreglo: el ELN extorsionaba a contratistas y presionaba a alcaldes recién elegidos para que canalizaran regalías petroleras hacia obras en veredas y municipios que el Estado nunca había atendido. Esa función de intermediación —construir un puente clientelar entre colonos marginados y los circuitos de distribución de recursos públicos— explica el arraigo político sostenido del ELN en Arauca y la notable presencia electoral de la izquierda en el departamento durante décadas.

El ELN acompañó la extorsión con una campaña sistemática de sabotaje al oleoducto. Desde 1986, los atentados se multiplicaron bajo la consigna "Despierta Colombia nos están robando el petróleo", con la que la organización justificaba las voladuras como un acto de soberanía frente a la exportación de un recurso "de trascendental importancia para la economía nacional". La justificación era ideológica; el efecto, económico: cada atentado presionaba nuevas negociaciones, nuevas extorsiones, nuevos flujos.

En el II Congreso del ELN de 1989, cuando la organización se fusionó con el MIR-Patria Libre y se planteó la discusión sobre treguas y negociaciones, el Frente Domingo Laín declaró expresamente que mantendría el sabotaje al oleoducto y no compartía las orientaciones nacionales. Esa autonomía —que en otros contextos habría sido disidencia— se toleró porque el frente aportaba recursos decisivos a la organización. Arauca dejó de ser periferia del ELN para volverse su corazón financiero.

La primera elección y la política capturada

En 1988, con la primera elección popular de alcaldes en Colombia, Julio Acosta Bernal se convirtió en el primer alcalde araucano elegido por voto directo. El hito coincidió con dos procesos: el primer manejo autónomo de las finanzas municipales y la llegada de las primeras regalías petroleras significativas. Fue el momento en que Arauca, en teoría, podía articular democracia local y renta petrolera para producir desarrollo.

No ocurrió. El clientelismo tradicional —dominado por los caciques Latorre y Matus— controló los cargos y los contratos, mientras el movimiento Nueva Generación Liberal, integrado por disidentes de ambos partidos que encontraron en el galanismo una plataforma alternativa, disputaba sin lograr romper el monopolio. Sobre ese pulso interno se superpuso la presión guerrillera: el ELN, y en menor medida las FARC, condicionaron elecciones, exigieron cuotas en contratos de infraestructura y captaron parte de las regalías mediante extorsiones a contratistas. Los procesos democráticos fueron atacados con violencia sistemática; los gobernantes que no aceptaron los términos impuestos enfrentaron amenazas, atentados o exilio.

La coexistencia de tres capas de poder —clientelismo liberal-conservador, movimiento reformista de izquierda, control armado insurgente— produjo una política departamental hiperactiva y desconectada de la vida cotidiana de la población. Mientras los presupuestos municipales crecían con las regalías, los servicios básicos seguían deteriorándose: apagones eléctricos porque la intendencia no pagaba a Venezuela, aulas escolares sin luz, hospitales sin insumos. El testimonio ciudadano es constante: la población sabía que el dinero estaba y sabía dónde no llegaba.

La entrada de los paramilitares y la guerra entre guerrillas

En agosto de 2001, el Bloque Vencedores de Arauca (BVA), integrado inicialmente a las Autodefensas Unidas de Colombia y luego al Bloque Central Bolívar, ingresó al departamento. Su llegada abrió una segunda espiral de violencia sobrepuesta a la existente. El BVA captó rentas asociadas al narcotráfico y al contrabando de combustibles con la colaboración del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte, y arremetió contra poblaciones y sectores sociales acusados de colaborar con el ELN. La estigmatización, el confinamiento y el desplazamiento se generalizaron; comunidades enteras quedaron marcadas como "guerrilleras" y expuestas a la represalia paramilitar.

El 20 de mayo de 2004, el BVA perpetró en Tame una masacre que se inscribió en el catálogo de horrores del conflicto araucano. Meses antes, en febrero de 2005, el general venezolano López Hidalgo denunció que aproximadamente 400 soldados de fuerzas especiales estadounidenses y contratistas militares privados se encontraban asentados en Saravena, en torno a instalaciones de la Occidental Petroleum. Arauca se había convertido en un escenario donde convergían, sobre un mismo territorio de menos de treinta mil kilómetros cuadrados, guerrillas, paramilitares, fuerzas armadas colombianas, tropas estadounidenses, contratistas privados y una población civil atrapada en el cruce de fuegos.

A la violencia paramilitar-guerrillera se sumó, desde el año 2000 y con particular intensidad a partir de marzo de 2006, una guerra directa entre las FARC-EP y el ELN por el control del territorio y sus rentas. Fue brutal: se extendió hasta 2010, atravesó la frontera hacia el Apure venezolano y produjo desplazamientos, asesinatos selectivos y confinamientos de comunidades campesinas e indígenas acusadas de simpatizar con una u otra fuerza. Tras la desmovilización paramilitar entre 2005 y 2007, la lógica de enemistad no desapareció: cambió de actores. Donde antes se enfrentaban paramilitares y guerrillas, ahora se enfrentaban guerrillas entre sí.

Ese solapamiento —conflicto colono-terrateniente heredado del siglo XIX, insurgencia guerrillera de los ochenta, contrainsurgencia paramilitar de los dos mil, guerra intraguerrillera de finales de la década— hace de Arauca uno de los territorios donde se ensayaron, con más de una década de anticipación respecto al centro andino, las formas más agudas del conflicto colombiano.

La frontera que nunca fue cerrada

La condición binacional de Arauca no es un dato geográfico marginal: es el hecho estructurante que multiplica la complejidad del territorio. El río Arauca permite un tránsito permanente hacia Venezuela mediante chalupas, lanchas a motor y camellones de tierra a lo largo de todo su cauce. De occidente a oriente, los principales pasos conectan Saravena con El Nula, Arauquita con La Victoria y la ciudad de Arauca con El Amparo de Apure. Esa porosidad hizo posible que actores armados usaran territorio venezolano como retaguardia, que el contrabando de ganado, gasolina y víveres fluyera en ambos sentidos, y que las comunicaciones —desde el telégrafo de 1916 hasta la electricidad de la bonanza petrolera— dependieran del vecino.

El pueblo Sikuani, presente en ambos países, mantiene una visión integradora del territorio que trasciende la frontera política: sus prácticas de intercambio social y cultural han persistido a pesar de la división administrativa internacional, y sus territorios ancestrales abarcan las dos naciones sin reconocer la línea trazada por diplomáticos en Bogotá y Caracas. Para las comunidades campesinas de Saravena o Arauquita, cruzar a comprar arroz en Venezuela o vender ganado del otro lado formó parte durante décadas de la economía cotidiana. En el corredor entre Bucaramanga y Saravena, guardas aduaneros y policías cobraban peajes informales por permitir el cruce ilegal de ganado hacia Venezuela: la corrupción fronteriza era estructura, no anomalía.

Esa porosidad también producía tragedias mayores. La disputa por corredores estratégicos vinculados al petróleo, la coca y el contrabando, especialmente en el Catatumbo vecino, generó desplazamientos masivos entre 1997 y 2004 que afectaron a campesinos y a comunidades indígenas como los Barí. La frontera nororiental colombiana, conformada por Arauca y Norte de Santander, funcionó como una zona donde la soberanía nacional fue siempre negociada, más simbólica que efectiva, y donde los actores armados aprovecharon la debilidad estatal binacional para consolidar retaguardias, mercados y rutas.

Herencia y disputa

Arauca es hoy departamento, tiene siete municipios —Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame—, una capital con casi cien mil habitantes y una producción petrolera declinante pero aún significativa. El conflicto armado que la definió durante tres décadas se ha reconfigurado tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016 y las conversaciones intermitentes con el ELN, pero no ha desaparecido: el Frente Domingo Laín sigue operando en el piedemonte, las disidencias de las FARC disputan territorios, y los indicadores sociales siguen por debajo de los promedios nacionales pese a décadas de regalías.

La historia araucana admite dos lecturas simultáneas que no se cancelan. La primera es la de un territorio donde la marginalidad estructural secular —comunicaciones enrutadas por Venezuela en 1916, electricidad venezolana en los ochenta, categoría intendencial hasta 1991— creó el vacío que actores no estatales ocuparon exitosamente. La segunda es la de un caso donde una renta contingente —el petróleo de Caño Limón descubierto en 1983— convirtió ese vacío en escenario de guerra: sin el crudo, Arauca habría producido periferia y pobreza; con él produjo, además, insurgencia expandida, paramilitarismo instalado y guerra intraguerrillera. La estructura explica el escenario; la renta explica la intensidad.

En clave nacional, Arauca funciona como espejo incómodo. Sus problemas —extractivismo sin desarrollo, clientelismo capturado por actores armados, frontera porosa, poblaciones indígenas invisibilizadas, soberanía negociada— no son excepciones sino condensaciones. Lo que en el centro andino se manifiesta atenuado, en Arauca aparece en estado puro. Por eso la historia del departamento excede su propia escala: entender cómo se armó, se enriqueció y se desangró Arauca entre 1983 y 2010 es entender un modo colombiano de habitar los recursos, la periferia y la guerra que se replicó, con variantes, en el Catatumbo, en el Putumayo, en el bajo Cauca y en el Chocó.

El río que dibuja la frontera sigue corriendo hacia el Orinoco. Las chalupas siguen cruzando entre El Amparo y la ciudad de Arauca. Los hatos siguen produciendo ganado y el oleoducto sigue transportando crudo hacia Coveñas. Sobre esa continuidad geográfica se ha depositado, capa sobre capa, una historia de incorporación siempre incompleta: territorio evangelizado antes de ser gobernado, atravesado antes de ser integrado, explotado antes de ser desarrollado, disputado antes de ser pacificado. Arauca no es un problema colombiano; es una de las formas más nítidas en que Colombia se problematiza a sí misma.