Extractivismo

El extractivismo es a la vez una práctica económica y una categoría analítica: designa el modo de producción basado en la extracción intensiva de recursos naturales —minerales, hidrocarburos, biomasa, monocultivos agroindustriales— destinados prioritariamente a la exportación, con escaso procesamiento local y con reglas del juego diseñadas para garantizar la operación eficiente del negocio antes que la reproducción de las sociedades y los ecosistemas que lo hacen posible. En Colombia y en América Latina no es un capítulo del pasado ni una desviación coyuntural: es la matriz de larga duración que articula la posición de la región en la economía mundial desde el siglo XVI, cuando el territorio empezó a funcionar como fuente de recursos para sostener la economía europea. Cinco siglos después, la secuencia sigue siendo reconocible —oro, quina, caucho, café, petróleo, carbón, palma, coca— y la lógica que la sostiene también: extraer hasta el agotamiento, externalizar los costos sociales y ambientales, magnificar los beneficios en el discurso oficial y desplazarse al siguiente recurso cuando el anterior deja de rendir.

Definición y rasgos estructurales

Bajo esa formulación aparentemente técnica —fijar reglas para asegurar condiciones operativas propicias a procesos diseñados según criterios de eficiencia— opera un reverso preciso: los costos sociales y ambientales —contaminación de aguas, destrucción de suelos, desplazamiento de poblaciones, ruptura de economías de subsistencia— se externalizan, es decir, no entran en la contabilidad de las empresas ni suelen ser asumidos por los Estados. Los beneficios netos, en cambio, se magnifican en los discursos oficiales y se presentan con prácticas contables sesgadas que minimizan sistemáticamente los efectos negativos.

De ahí que el extractivismo no pueda pensarse solo como un sector de la economía: es una manera de organizar el territorio, el trabajo y el poder. Su despliegue tiende a intensificar procesos de desterritorialización, despojo y conflictos que agravan desigualdades sociales, interseccionales y socioambientales. Y produce un efecto característico sobre las comunidades locales: las arranca de sus prácticas de autosubsistencia —crianza de animales, siembra de alimentos— y las convierte en consumidoras dependientes del mercado. El mismo modelo que promete desarrollo suele destruir las capacidades de reproducción autónoma de las poblaciones que absorbe.

Hay además un rasgo que atraviesa el modelo desde sus orígenes: la opacidad. En los contextos extractivos, los patrones operan ocultando a los trabajadores la cantidad real de recursos extraídos. Esta asimetría de información entre quienes controlan la extracción y quienes realizan el trabajo no es un accidente técnico; es una condición estructural, tan antigua como la evasión colonial del quinto real.

Los orígenes coloniales: oro, esclavitud y periferia

La minería del oro fue el sector articulador de la economía colonial de la Nueva Granada. Durante la Colonia, Colombia produjo más oro que cualquiera de las otras posesiones españolas, aunque en el conjunto del imperio ese metal ocupó un lugar secundario frente a la desmesurada importancia de la plata en Nueva España y Perú. Esa jerarquía interna del imperio prefigura ya la posición periférica del territorio: importante, pero no central; productor, pero no de la mercancía-rey de la época.

Los depósitos del alto y medio Valle del Cauca se explotaron primordialmente con esclavos negros durante la Colonia y los primeros años de la Independencia. La región del Pacífico y sus cordilleras se convirtió en la periferia económica minera de la Nueva Granada, dependiente del centro administrativo, y su incorporación fue compleja por la resistencia indígena y la presencia de cimarrones y palenqueros. Ese Pacífico minero, poblado por descendientes de esclavizados y trabajado con formas coercitivas de trabajo, es el mismo que hoy figura en el mapa de los conflictos extractivos contemporáneos: la continuidad geográfica del despojo es una de las herencias más pesadas del período colonial.

El trabajo forzoso no se limitó a los africanos esclavizados. Los indígenas fueron sometidos a formas diversas de coerción que combinaban producción tradicional, obligaciones propias del señorío feudal y empresas esclavistas. Al desviar la mano de obra nativa de la producción de alimentos y artesanías hacia las minas, el sistema contribuyó al terrible descenso demográfico de la población indígena durante la Colonia. La minería, en otras palabras, no solo extraía metal: extraía vidas y capacidades productivas de una demografía que colapsaba bajo su propio peso.

La producción aurífera neogranadina alcanzó su cénit hacia 1600, especialmente en los distritos antioqueños de Cáceres y Zaragoza, y luego se derrumbó: hacia 1630 esos distritos rendían la mitad del pico, y hacia 1660 apenas una décima parte. Los depósitos de Guamocó y Zaragoza estaban agotados. Guamocó, que había comenzado a decaer hacia 1640, terminó completamente abandonada. Ese patrón —bonanza, agotamiento, desplazamiento de mineros, abandono de poblaciones— es la primera versión colombiana del ciclo extractivo, y su lógica se repetiría con distintas mercancías durante los cuatro siglos siguientes.

Un detalle importante: las cifras oficiales subestiman la extracción real. La producción efectiva fue probablemente entre la mitad y un tercio mayor que la acuñada, porque así se evadía el quinto real —el impuesto del 20% sobre el producto— y se financiaba el contrabando. Recién en 1777 ese tributo fue reducido al 3% del valor de la producción. La opacidad contable es coetánea del oro colonial: el extractivismo nació ya con doble contabilidad.

Los ciclos republicanos: bonanzas seriales, agotamientos seriales

Consumada la Independencia, la economía colombiana no rompió con el patrón primario-exportador; lo administró bajo otra bandera. El siglo XIX y el XX se organizaron alrededor de una sucesión de auges: tabaco, quinina, plumas ornamentales, caucho, café, cocaína, además del oro que nunca dejó del todo de fluir y de los combustibles fósiles que emergerían después. La minería proveyó una continuidad estructural desde la era colonial hasta el presente; los demás productos entraron y salieron según la demanda internacional.

La quina ilustra con particular crudeza el destino de estos ciclos. Su extracción intensiva en Colombia llevó a la extinción de estos árboles por sobreexplotación —un ejemplo temprano de explotación sin conciencia de los límites de los recursos naturales—. La lógica es siempre la misma: irrupción del boom, explotación intensiva, agotamiento del recurso, desplazamiento hacia otro. Del Dorado a las maderas finas, de las quinas a los cauchos, y más recientemente al petróleo, el carbón y los cultivos ilícitos, la secuencia dibuja una historia económica hecha de saqueos sucesivos.

El tabaco muestra otra faceta de esa dinámica. Cuando su exportación colapsó, se intentó sustituirlo con añil: las ventas del tinte crecieron de 4 toneladas en 1864 a 182 toneladas en 1870, para volver a caer hacia 1880 por agotamiento del suelo y baja tecnología. Cada auge, en su brevedad, revelaba la ausencia de una estrategia productiva de largo plazo y la incapacidad —o el desinterés— del Estado y de las élites por convertir la bonanza en algo distinto de una ventana coyuntural para acumular divisas.

En la Amazonía y en otras regiones periféricas, la lista de bonanzas se alarga hasta lo vertiginoso: maderas finas, quinas, zarzaparrilla, cauchos, pieles, plumas, esmeraldas, metales preciosos, petróleo, carbón y cultivos ilícitos. En ese archipiélago de fronteras extractivas se documentan formas de trabajo coercitivo —esclavitud, servidumbre y sujeción mediante deudas— que convirtieron a los trabajadores, especialmente indígenas, en rehenes del sistema productivo. La casa Arana en el Putumayo cauchero es la referencia más conocida de esa violencia, pero la lógica estructural la excede: el enganche por deuda es un mecanismo de control que atraviesa el extractivismo periférico latinoamericano y que reaparece, con otros nombres, hasta bien entrado el siglo XX.

Ni siquiera el café —el commodity que dio a Colombia una relativa estabilidad institucional durante el siglo XX— rompió con el patrón primario-exportador; solo lo estabilizó. Entre 1870 y 1918 los ingresos por exportaciones cafeteras crecieron un 450%, y hacia 1920 el grano representaba cerca del 70% de los ingresos por exportaciones. Fue el producto de exportación más importante del siglo XX colombiano, y la infraestructura estatal, financiera y política del país se construyó en buena parte en su torno. Pero el café no diversificó la estructura productiva: la organizó alrededor de un solo cultivo. Cuando ese modelo entró en crisis en los años setenta, la respuesta no fue la industrialización sostenida sino el resurgimiento del sector minero —petróleo, carbón, níquel—, el retorno a una versión modernizada del extractivismo original.

Alrededor de 1900, la United Fruit Company introdujo el cultivo de banano para exportación en la costa atlántica, y con él una figura decisiva: el enclave. La compañía estableció un espacio productivo autónomo, con su propia infraestructura, su propia disciplina laboral y su propia relación privilegiada con el Estado colombiano. El enclave bananero prefigura, en pequeño, lo que serían décadas después los enclaves petroleros de Barrancabermeja y los enclaves carboneros de La Guajira y el Cesar: territorios donde la soberanía del Estado se pliega a la lógica operativa de la empresa.

El neoextractivismo: petróleo, carbón y el nuevo pacto con el capital

Con el término neoextractivismo se designa la fase contemporánea del modelo, que a partir de los años setenta y con mayor intensidad desde los noventa reactiva la primarización de la economía bajo condiciones nuevas: apertura a la inversión extranjera directa, contratos de asociación con multinacionales, reducción sostenida de las cargas fiscales sobre el capital extractivo, integración a cadenas globales de valor y despliegue de un aparato estatal —fiscal, militar y jurídico— orientado a garantizar la operación de las empresas en territorios social y ambientalmente sensibles. El "neo" no marca una ruptura con el extractivismo clásico, sino su reconfiguración: los mismos rasgos estructurales —enclave, externalización de costos, opacidad contable, subordinación al mercado externo— operan ahora bajo un pacto explícito entre el Estado, las élites nacionales y el capital transnacional, con el discurso de la competitividad y la confianza inversionista como legitimación.

En la década de 1970 se produjo el quiebre. Agotado el modelo de industrialización por sustitución de importaciones apoyado en el excedente cafetero, el sector minero volvió al centro de la economía nacional: petróleo, carbón y níquel encabezaron la reprimarización. Los hallazgos en los Llanos Orientales —Arauca, Meta y Casanare— permitieron a Colombia recuperar la autosuficiencia petrolera hacia 1986, y ese mismo año comenzó la operación planificada del yacimiento carbonífero de Cerrejón Norte, mediante un contrato de asociación internacional con proyecciones de hasta 15 millones de toneladas anuales durante 23 años.

Ese giro coincidió con la ofensiva de los organismos multilaterales: bajo presión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el gobierno colombiano redujo las tasas de regalías del carbón y del petróleo, permitiendo a las empresas extranjeras retener una mayor proporción de la riqueza generada. La rebaja del quinto real de 1777 encuentra aquí su eco tardío: cada vez que el Estado ajusta a la baja lo que le cobra a los operadores del extractivismo, redefine también el reparto entre el país donde se extrae y el capital que se lleva la renta.

El Cerrejón se convirtió, con el paso de los años, en el emblema de este modelo. Para 2015, la mina consumía más de 45 millones de litros de agua por día en un departamento semidesértico, ocupaba 69.393 hectáreas de territorios ancestrales y había desviado más de ocho corrientes de agua, contribuyendo directamente a la crisis humanitaria de La Guajira, donde la escasez hídrica y la desnutrición infantil convivieron con la exportación masiva de energía fósil. La contabilidad oficial celebra los ingresos por regalías; los indicadores de mortalidad wayuu registran otro balance.

Colombia posee las mayores reservas de carbón de América del Sur, y el petróleo y el carbón se consolidaron como actividades fundamentales tanto para la diversificación de exportaciones como para la generación de recursos fiscales. Con el cambio de siglo, la política de Seguridad Democrática restauró la confianza de los inversores extranjeros y facilitó grandes inversiones en minería y bioenergía; analistas financieros de Wall Street aplaudieron el incremento del gasto militar colombiano, leído no como respuesta a la insurgencia sino como garantía de operatividad para el capital. El giro es revelador: la seguridad de la que se habla es, en buena medida, seguridad para la extracción.

El extractivismo agroindustrial: palma, tierra y despojo

El neoextractivismo del siglo XXI no se limitó al subsuelo. Durante el período neoliberal iniciado hacia 1990, la palma de aceite se consolidó como uno de los nuevos productos agroindustriales de exportación integrados a cadenas globalizadas. Pero su expansión en Colombia se produjo de una manera muy específica: montada sobre las tierras despojadas por el conflicto armado.

Las plantaciones ilegales de palma en el Urabá chocoano fueron sembradas inicialmente por los paramilitares, con inversiones posteriores de élites de alta y baja sociedad. No se trató de una operación clandestina en los márgenes: esas plantaciones recibieron respaldo financiero gubernamental a través de Finagro, del Fondo Agropecuario de Garantías y del incentivo a la capitalización rural. Los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó fueron objeto de proyectos agroindustriales de gran escala —palma, teca— financiados incluso con recursos del Plan Colombia, dinero originalmente destinado a la lucha antinarcóticos y a la contrainsurgencia.

En los Montes de María y en María la Baja, los testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica describen macroproyectos de palma de aceite en gestación y prácticas empresariales de presión sobre los campesinos para que entregaran sus parcelas, en lo que el propio CNMH caracterizó como una nueva modalidad de despojo territorial. El desplazamiento forzado de los años más duros del conflicto no fue solo consecuencia de la guerra: fue también su producto útil, la condición previa que dejó el territorio disponible para su reconfiguración agroindustrial.

El acaparamiento de tierras adoptó también formas más sofisticadas. En Vichada, la multinacional Cargill —a través del fondo Black River— creó 40 sociedades por acciones simplificadas y compró 43 parcelas por un total de 61.000 hectáreas, en una operación que ilustra cómo la ingeniería financiera contemporánea permite eludir las restricciones legales sobre la concentración de baldíos. El resultado, en escalas y con actores diferentes, converge con el caso de Urabá: territorios reconfigurados a favor del capital, con la complicidad activa —o los fallos institucionales, empezando por el Incoder— del Estado colombiano.

Extractivismo y violencia: la geografía compartida

Uno de los rasgos más contundentes del extractivismo colombiano es la superposición geográfica entre extracción y violencia armada. Colombia registra más de 72 conflictos socioambientales, la cifra más alta de América Latina, y esa cifra se enlaza directamente con el conflicto armado interno, íntimamente asociado a la ordenación y apropiación del territorio.

En el Chocó, el Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia llevó a cabo procesos de despojo en zonas donde coincidía la presencia de minería a gran escala. Para 2015 se habían otorgado en la región 164 títulos mineros, de los cuales el 30% pertenecía a AngloGold Ashanti, cuya actividad se concentraba en las mismas cuencas donde el Bloque Pacífico había operado. La cercanía entre despojo paramilitar y expansión minera no autoriza a establecer una relación causal directa en cada caso, pero sí a leer un patrón: allí donde había recursos estratégicos, la violencia contra las comunidades negras e indígenas se intensificó y sus planes de etnodesarrollo quedaron rotos.

En el Cesar, testimonios de exparamilitares señalan que empresas carboneras como Drummond habrían financiado al Bloque Norte de las AUC —específicamente al Frente Juan Andrés Álvarez—, y que los paramilitares llegaron a fabricar ataques falsos atribuidos a las FARC para justificar esa relación financiera y consolidar el control territorial en la región minera. Los campesinos de La Jagua fueron desplazados por presión paramilitar en 2001; cuando algunos regresaron en 2007, el paisaje estaba transformado y la mina había comprado decenas de predios en los alrededores, en una operación bajo escrutinio de las autoridades. Los retornados reportaron daños en sus viviendas atribuidos a las explosiones mineras. La secuencia —desplazamiento por violencia, transformación del paisaje, imposibilidad de retorno pleno— es una de las firmas más claras del extractivismo colombiano contemporáneo.

En el Bajo Cauca antioqueño, la bonanza aurífera iniciada en los años setenta atrajo migraciones y desencadenó disputas armadas por el control territorial. La presencia paramilitar del Bloque Mineros desde los años ochenta respondió, al menos en parte, a la creciente importancia económica de la subregión, en un país donde armar civiles para resolver conflictos tenía ya una tradición larga. En el sur de Bolívar, el descubrimiento de Mina Azul en Norosí a principios de los años ochenta abrió un ciclo de expansión de la minería artesanal campesina en la Serranía de San Lucas que reconfiguró la economía regional. En Barbacoas, Nariño, desde 2008 se registró un boom minero aurífero en pleno contexto de conflicto armado, con la disputa entre actores irregulares por el control del municipio.

El control sobre economías ilícitas —cultivo de coca y minería ilegal— fue central en las disputas armadas entre Fuerzas Militares, paramilitares y guerrillas, especialmente en las fronteras y en el sur del país durante los años noventa. Y las aspersiones aéreas con glifosato en el marco de la "guerra contra las drogas" cubrieron más de 1.300.000 hectáreas, con impactos ambientales sobre bosques, manglares y selvas que se sumaron a los del propio conflicto. La guerra contra la coca —una mercancía extractiva más, en la larga secuencia de las bonanzas colombianas— produjo su propia forma de degradación ecológica, financiada como política pública.

La red conceptual: dependencia, colonialidad, alternativas

El extractivismo hereda y actualiza una tradición crítica latinoamericana que buscó explicar por qué la región no lograba desarrollarse a la manera del Norte industrial. La teoría de la dependencia sostuvo que el subdesarrollo en la periferia era producto —no ausencia— del desarrollo capitalista en el centro, y objetó las lecturas que separaban tajantemente una economía "moderna" y una "tradicional", como si fueran dos mundos que apenas se rozan. La tesis dependentista insistió en lo contrario: ambas están estrechamente relacionadas, y la persistencia de formas atrasadas en el campo es funcional a la acumulación en la ciudad y en el exterior. El caso colombiano lo hace visible sin necesidad de abstracción: la hacienda cafetera del siglo XIX no fue un residuo premoderno, sino la base sobre la que se edificaron los bancos, los ferrocarriles y el aparato exportador de Medellín y Manizales; el enclave bananero de la United Fruit no coexistió con la economía nacional, la subordinó; la mina del Cerrejón no convive con la ranchería wayuu, la desagua.

Ese paradigma entró en crisis hacia los años setenta, cuando las trayectorias divergentes de las economías latinoamericanas y asiáticas empezaron a resistirse al esquema centro-periferia. Pero sus intuiciones fundamentales sobrevivieron, y el extractivismo contemporáneo las reactualiza. Las inversiones de capitales extranjeros en Colombia se realizaron prioritariamente en zonas de extracción o producción primaria, pasando solo después a la adecuación y modernización de los epicentros urbanos: una lógica subordinada a intereses extractivos más que al desarrollo territorial integrado.

También aparece con claridad la asociación —y no solo la subordinación— entre burguesías nacionales y burguesías imperialistas. Sus relaciones se caracterizaron simultáneamente por la asociación y la confrontación, primando la sociedad en la explotación del proletariado nacional y el regateo en la distribución de la plusvalía. El caso colombiano lo confirma: no hay palma en Urabá sin élites locales que invierten junto a paramilitares, ni carbón en Cerrejón sin arreglos institucionales que reducen las regalías, ni oro en el Chocó sin funcionarios que otorgan títulos sobre territorios habitados. El extractivismo no es imposición pura desde afuera; es un proyecto en el que las élites nacionales son agentes activos, no simples correas de transmisión.

Frente al extractivismo, las alternativas se debaten hoy entre organizaciones de base, ONG, académicos, gobiernos e instituciones, con perspectivas dispares sobre la transición energética. En La Guajira, empresas mineras y energéticas —nacionales y multinacionales— han lanzado proyectos de energía eólica y de hidrógeno azul en el mismo territorio que ha padecido el Cerrejón, y con ello han reactivado un debate incómodo: si estas iniciativas son alternativas reales al extractivismo o reproducen sus lógicas bajo otra forma. Cuando la transición energética se organiza con la misma estructura de despojo territorial que el modelo fósil, la diferencia entre lo verde y lo negro pierde buena parte de su nitidez política. El punto es conceptual y no meramente táctico: el extractivismo no se define por el tipo de recurso —fósil o renovable, mineral o agrícola— sino por la forma de organizar la producción, la distribución de sus rentas y sus efectos sobre las poblaciones que habitan el territorio extraído.

La resistencia: cinco siglos de disputa

Sería un error contar el extractivismo colombiano como un despliegue sin fisuras. La contracara del despojo es una historia larga de resistencias organizadas que han disputado, retrasado y en ocasiones detenido los proyectos extractivos. Esa historia empieza en la Colonia misma, con los cimarrones y palenqueros que rompieron el circuito minero del Pacífico fugándose de las cuadrillas y fundando pueblos libres en la selva, y con la resistencia indígena que hizo lenta y costosa la incorporación de territorios enteros a la economía imperial. La primera crítica práctica al extractivismo no fue teórica: fue la deserción del yacimiento.

La Ley 70 de 1993 codificó el concepto de territorialidad para las comunidades negras de Colombia. Buscaba frenar la expansión capitalista sobre sus territorios y garantizar formas tradicionales de subsistencia, incluida la minería artesanal ancestral, práctica enraizada desde la Colonia. Su implementación entró de inmediato en conflicto directo con los intereses del capital local y transnacional, y con el proyecto de desarrollo del Estado colombiano. Ese choque no está resuelto: cada título minero otorgado sobre un territorio colectivo es un nuevo episodio de la misma disputa jurídica y política, y su desenlace se juega tanto en los tribunales como en las trochas.

En La Guajira, las organizaciones sociales de resistencia a los megaproyectos de explotación minera han sido lideradas fundamentalmente por mujeres, y surgieron en estrecha relación con el proceso acelerado de cambio social que trajo la incorporación de la región a la nación colombiana. En Cajamarca, Tolima, comunidades campesinas y étnicas recurrieron a consultas populares, audiencias públicas y acciones populares para rechazar proyectos mineros a gran escala —notablemente el proyecto La Colosa—, buscando que la decisión sobre el territorio se tomara de forma pacífica y participativa. Los mecanismos jurídicos y de participación formal se convirtieron así en instrumentos de defensa territorial, en un país donde la vía armada ha sido durante décadas la más visible pero no la única forma de disputa.

En el Cauca, la creación en 1994 de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, articulada al CRIC, se inscribió en un período de intensa movilización social que privilegió la vía Panamericana como escenario de reivindicaciones en materia de tierras, reconocimiento político y jurídico y garantía de derechos. En el Chocó, las comunidades indígenas del Bojayá iniciaron su resistencia frente a las empresas madereras desde mediados de los años setenta, y los campesinos afrocolombianos desde los ochenta, antes de enfrentar los embates del conflicto armado a finales de los noventa. En Putumayo, plataformas como la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales y ACSOMAYO surgieron para defender el territorio frente a la explotación minero-energética y a la política antinarcótica, recogiendo aprendizajes de la movilización social desde los años setenta.

El racismo estructural del Estado se hace visible en esta cartografía. La concesión de títulos mineros sobre territorios habitados por comunidades negras e indígenas se produce sin garantías de seguridad ni de derechos, mientras a esas mismas comunidades se les niegan servicios básicos. Los líderes comunitarios señalan que el Estado actúa de forma selectiva en estos territorios, priorizando los intereses extractivos sobre los derechos constitucionales de sus habitantes. La resistencia, entonces, no defiende solo un pedazo de tierra: defiende la posibilidad misma de existir como sujeto político con derechos. Los datos sobre asesinatos de líderes ambientales y sociales en Colombia —país que encabeza sistemáticamente los rankings globales en esa materia— traducen esa disputa a su lenguaje más brutal: allí donde el extractivismo avanza, quienes lo cuestionan son eliminados con una frecuencia que ninguna institucionalidad democrática logra contener.

Balance: matriz civilizatoria y campo de disputa

El extractivismo colombiano y latinoamericano es una estructura de larga duración. Articula la posición periférica de la región en el sistema-mundo con el despojo territorial, la externalización de costos y la transferencia de valor hacia el centro. Sus mutaciones —del oro colonial al carbón contemporáneo, de la esclavitud al desplazamiento paramilitar, del quinto real a la rebaja de regalías por presión multilateral— no son rupturas del modelo sino sus formas históricas sucesivas. La secuencia oro-quina-caucho-café-petróleo-carbón-palma-coca no es una modernización acumulativa: es la reproducción del mismo patrón de explotación intensiva hasta el agotamiento, con trabajo forzado como constante que muda de nombre pero no de función.

Esa continuidad no es automática ni inevitable, y ese es quizás el punto que más interesa retener. Para sostenerse cinco siglos el modelo necesitó, y sigue necesitando, tres condiciones entrelazadas. La primera es una violencia activa que rara vez aparece nombrada como tal: el trabajo esclavo en las minas coloniales, la servidumbre por deudas en el caucho amazónico y el desplazamiento paramilitar en el Urabá y el Cesar contemporáneos no son excesos o desvíos del modelo, sino condiciones de su funcionamiento normal, la manera en que se libera el territorio y se disciplina la fuerza de trabajo. La segunda es una complicidad estatal que atraviesa regímenes políticos muy distintos y que se lee en una línea coherente: la reducción del quinto en 1777, la rebaja de regalías bajo presión del FMI dos siglos después, la financiación de plantaciones ilegales de palma vía Finagro, la titulación minera sobre territorios colectivos. La tercera es una contabilidad sesgada que neutraliza sistemáticamente los límites ecológicos y sociales —el agotamiento de las quinas, los ciclos auríferos que abandonan pueblos enteros, el colapso del añil, la desnutrición wayuu junto a las regalías carboneras— y que permite presentar los beneficios magnificados por encima de los costos ocultos. El extractivismo no se sostiene solo: se impone, se administra, se financia y se defiende con armas, y cada una de esas operaciones tiene actores concretos, presupuestos concretos y víctimas concretas.

La persistencia del modelo mide la fuerza de los intereses que lo sostienen; la resistencia organizada de comunidades negras, indígenas y campesinas mide, en sentido inverso, los límites reales que su reproducción encuentra en el territorio. Entre esas dos fuerzas se ha jugado, durante cinco siglos, la relación entre el territorio colombiano y el mundo, y en ese mismo campo se inscribe el debate contemporáneo sobre transición energética, descarbonización y alternativas al modelo primario-exportador. La pregunta no es si Colombia dejará de ser extractivista por el simple recambio de sus commodities —del carbón al litio, del petróleo al hidrógeno, de la palma a los créditos de carbono—, sino si logrará transformar las relaciones de poder, propiedad y territorio que hacen del extractivismo, más que una economía, una forma de gobernar el país.