Huelga de la USO de 1948 y creación de Ecopetrol (1948–1951)

Huelga de la USO de 1948 y reversión de la Concesión De Mares: nacimiento de Ecopetrol (1948–1951)

Entre enero de 1948 y el 25 de agosto de 1951 se cerró un ciclo que había empezado cuarenta y cinco años antes, cuando el gobierno de Rafael Reyes entregó a Roberto De Mares el derecho a explotar el petróleo del Magdalena Medio. La huelga de la Unión Sindical Obrera en Barrancabermeja, estallada semanas antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, empujó el debate petrolero al centro de la política nacional; la reversión contractual de la Concesión De Mares, prevista desde 1906, se convirtió entonces en el acto fundacional de la Empresa Colombiana de Petróleos. Que la firma de nacimiento la pusiera un gobierno conservador, presidido por Laureano Gómez —anticomunista militante y escéptico de la capacidad técnica nacional—, es la paradoja que ordena este episodio: la principal empresa pública del país nació en el filo de La Violencia, hija de una presión sindical de décadas y de un cálculo pragmático del laureanismo que descartó, por descarte, todas las demás opciones.

Un subsuelo que ya había sido negociado

La historia de Ecopetrol no arranca en 1948 ni en 1951, sino el 7 de marzo de 1906, cuando Roberto De Mares —yerno del presidente Rafael Reyes— firmó el contrato que le otorgaba durante treinta años el derecho a explotar el petróleo en la región de Infantas, en la confluencia de los ríos Colorado y Oponcito, provincia de Zapatoca, cerca de Barrancabermeja. La concesión, descrita en la documentación de la época como "la tercera concesión", había sido tramitada en 1905 por el ministro de Obras Públicas Modesto Garcés en el marco del quinquenio de Reyes. Simultáneamente se otorgó a Virgilio Barco la concesión que llevaría su nombre, en el Catatumbo.

El marco legal era el Código Fiscal de 1873, que declaraba propiedad de la nación los tesoros del subsuelo del dominio nacional. Sobre ese principio se construyó, a lo largo de las décadas siguientes, un pulso constante entre el Estado colombiano y las compañías que fueron adquiriendo los derechos originales por traspaso. La Concesión Barco, tras un proceso de caducidad y reactivación, terminó bajo el control de la Compañía Colombiana de Petróleos —cuyos accionistas eran los estadounidenses Wilson Griffiths, Carl McFadden y Jorge Du Bois—, que la cedió a la Colombian Petroleum Company de Delaware, formada en 1918 con los mismos propietarios, y de allí pasó a la South American Gulf Oil en una cadena de traspasos entre entidades vinculadas a idénticos intereses. La explotación implicó, en el terreno, la invasión y el destierro del pueblo Barí: la propia legislación comprometía al Estado a proteger militarmente a las compañías contratantes frente a la resistencia indígena mediante fuerza pública, lo que en la práctica autorizó el uso de la violencia estatal contra las comunidades que se opusieran.

La Concesión De Mares siguió otra ruta, convergente. Fue traspasada a la Tropical Oil Company —la Troco—, filial de la Standard Oil, que se convirtió en la operadora efectiva del campo de Infantas y de la refinería de Barrancabermeja. El contrato original establecía un plazo definido, tras el cual la infraestructura debía revertir al Estado colombiano. Esa fecha —agosto de 1951, contando desde la firma de 1906 más las prórrogas contractuales— fue durante décadas un horizonte lejano y luego una cuenta regresiva.

Sobre esas concesiones pesó desde el comienzo un factor externo decisivo. La separación de Panamá en 1903 había roto las relaciones con Estados Unidos, y la negociación del Tratado Thomson-Urrutia —firmado el 6 de abril de 1914 y ratificado por Washington solo en 1922— convirtió el petróleo en moneda de cambio diplomática. Mientras el diferendo no se resolvía, el gobierno de Vicente Concha coqueteó con la casa británica Pearson y la Standard Oil aguardaba. La inestabilidad de la industria petrolera mexicana durante la Revolución (1910–1917) intensificó el interés anglosajón por Colombia como fuente alternativa. La caducidad declarada de las concesiones De Mares y Barco fue, entre otras razones, una carta para facilitar la ratificación del tratado, y su reactivación posterior en manos norteamericanas selló el vínculo entre canal, petróleo y presión diplomática. Theodore Roosevelt había advertido que el canal podía ser atacado desde territorio colombiano y que sería deber de Estados Unidos prohibir alianzas de Bogotá con potencias europeas o asiáticas: una amenaza velada de intervención que operó como telón de fondo durante toda la negociación. El presidente Marco Fidel Suárez reconoció, sin ambages, que Estados Unidos se convertiría en el líder económico y político del hemisferio tras la Primera Guerra Mundial, y su postura conciliadora se explicaba por esa lectura del nuevo orden.

En 1928 —año en que se confirmó la caducidad definitiva de la Concesión Barco— una circular del Departamento de Comercio estadounidense puso fin a los empréstitos a Colombia. La coincidencia temporal alimentó la percepción, dentro y fuera del país, de que el nacionalismo petrolero incipiente se pagaba con presión financiera. Cuando Enrique Olaya Herrera anuló, en 1931, las decisiones sobre la Concesión Barco tomadas por sus antecesores, lo hizo de común acuerdo con el Departamento de Estado, lo que provocó protestas callejeras y dejó, por un tiempo, a la derecha antioqueña, a Los Leopardos y al Partido Comunista con el monopolio de las banderas antiimperialistas. La Ley de Petróleos de 1931, aprobada bajo el mismo Olaya, prohibió otorgar concesiones a empresas estatales extranjeras, medida que perjudicó a los intereses británicos y favoreció a los norteamericanos: el nacionalismo económico, desde el comienzo, tuvo geometría variable.

Barrancabermeja: el enclave que fabricó su propio sindicato

Mientras el andamiaje legal se tejía en Bogotá y Washington, Barrancabermeja se convertía en el enclave petrolero más grande del país y en la escuela más dura del sindicalismo colombiano. La Tropical Oil Company operaba los campos de Infantas y El Centro, la refinería y los oleoductos que bajaban el crudo hasta el río Magdalena. Antes de la llegada española, los pueblos Yariguíes, Carares y Opones habitaban la región; en 1536, la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al poblado de Latora, hoy Barrancabermeja, y desde entonces la zona fue territorio de resistencia y despoblamiento. Entre 1860 y 1925, la población indígena del Magdalena Medio pasó de unos 15.000 individuos a apenas dos docenas, arrasada por la fiebre de la quina, los quineros, los cazadores y las compañías de colonización; en 1924, El Tiempo reseñó una masacre de indígenas en el Opón perpetrada por una de esas compañías. Sobre ese vacío se instaló la industria, y hacia 1920–1930 el Magdalena Medio santandereano tenía unos 100.000 habitantes campesinos, en un territorio que se cartografiaba mientras los indígenas desaparecían.

La desigualdad social del enclave era brutal. En abril de 1922, los trabajadores colombianos de la Tropical ganaban 1,50 pesos al día sin alojamiento ni comida; los extranjeros en los mismos empleos, 3,50 pesos con alimentación y vivienda. Los obreros vivían en barracas insalubres, cobraban parte de sus salarios en vales redimibles solo en los almacenes de la compañía y carecían de servicios médicos dignos. El imperialismo, en Barrancabermeja, no era una abstracción retórica sino la forma cotidiana del contraste.

De ese suelo salió, hacia 1923, la organización obrera que primero se llamó Unión Obrera y luego Unión Sindical Obrera. En marzo de 1924, el ministro de Industrias viajó a Barrancabermeja para intentar mediar entre la Troco y sus trabajadores, señal de que el conflicto había llegado a un punto explosivo. El Partido Socialista Revolucionario participó en la organización sindical y apoyó las luchas obreras a lo largo de los años veinte. La segunda huelga petrolera se declaró el 5 de enero de 1927, precedida por la visita de Ignacio Torres Giraldo el 26 de diciembre de 1926 para hablar a los obreros durante los preparativos. Los pliegos incluían salarios atrasados, mejoras en vivienda, servicios médicos y abolición de los vales.

La respuesta estatal fue de manual: la Troco contó, en forma casi invariable, con el apoyo incondicional del Estado colombiano. La ley de octubre de 1928 —aprobada semanas antes de la masacre de las bananeras de diciembre— estableció un marco represivo cuyo eje era prohibir la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición e impedir la difusión de ideas socialistas; jerarcas de la Iglesia católica felicitaron por telegrama a los congresistas que la aprobaron. El patrón se repitió: las protestas fueron encuadradas como alteraciones del orden público que justificaban medidas de excepción, y la represión de los trabajadores petroleros de Barrancabermeja y de los bananeros de Santa Marta durante los años veinte contribuyó a moldear una mentalidad castrense orientada hacia la represión interna.

La República Liberal introdujo un giro. Las reformas laborales y agrarias de 1936, impulsadas por Alfonso López Pumarejo, tuvieron un impacto profundo en las zonas petroleras. La reforma laboral reconoció y reglamentó la actividad sindical, y sobre esa base el gobierno otorgó a la USO el mismo estatus jurídico que a la Tropical, obligando a la compañía a negociar los pliegos. El sindicato pasó, formalmente al menos, de proscrito a interlocutor.

El estallido de 1948

Cuando llegó 1948, la USO había acumulado un cuarto de siglo de organización, tres décadas de agravios y una lectura política precisa del momento. En febrero se registraron un conflicto laboral en el río Magdalena, un atentado contra el gerente de la Tropical Oil Company y sabotajes al oleoducto de Cantimplora: la conflictividad se acumulaba en la zona petrolera semanas antes del estallido nacional. Ya en 1946 se había registrado una huelga de trabajadores petroleros; la huelga general de la CTC de mayo de 1947, que buscaba desestabilizar al gobierno de Mariano Ospina Pérez, había fracasado y contribuido a debilitar al movimiento obrero. El terreno estaba, sin embargo, cargado.

La huelga de la USO se declaró en la refinería de Barrancabermeja con un pliego que combinaba las demandas históricas de condiciones laborales con una consigna que la distinguía de todas las anteriores: el petróleo como asunto de soberanía nacional. El objetivo era luchar porque el recurso fuera explotado de forma nacionalista y puesto al servicio de los colombianos, especialmente de los territorios productores. La palabra clave era soberanía: no salarios apenas, no vivienda apenas, sino el control público del subsuelo. Era, en esencia, la reversión de la Concesión De Mares que ya el contrato contemplaba para 1951, pero elevada de trámite administrativo a bandera política.

La huelga obtuvo respaldo en mítines y paros de solidaridad en Tunja y otras ciudades. Su efecto material, sin embargo, fue el que le dio dimensión nacional: al paralizar la refinería, provocó el racionamiento de gasolina en Bogotá. Los trabajadores del transporte afiliados a la CTC, de orientación liberal-izquierdista, bloquearon las calles del centro de la capital en protesta por el racionamiento. En el Paro Cívico de Bogotá se movilizaron aproximadamente 25.000 personas bajo la consigna nacionalista de la USO. Por primera vez, un conflicto laboral de Barrancabermeja tocaba la vida cotidiana de la capital de manera visible e inmediata, y lo hacía con un lenguaje —el del petróleo colombiano para los colombianos— que rebasaba el marco sindical.

El Ministerio del Trabajo denunció la huelga como pretexto para ocultar un plan de violencia y subversión organizado con apoyo exterior: la fórmula de siempre, ahora inscrita en el idioma incipiente de la Guerra Fría. El ala gaitanista del Partido Liberal, por su parte, presionó desde adentro del sistema para que se creara una empresa estatal de petróleo. Gaitán, que representaba una fuerza popular capaz de unir a campesinos, obreros y pequeños propietarios, encontraba en la reivindicación petrolera de la USO una convergencia natural con su discurso de la restauración moral y de la oligarquía como enemigo del pueblo.

El 9 de abril y el reordenamiento del tablero

El 9 de abril de 1948, mientras la IX Conferencia Panamericana sesionaba en Bogotá y la huelga de la USO seguía activa, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en la carrera 7ª. El levantamiento espontáneo —el Bogotazo o "colombianazo"— se extendió a Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Buenaventura, Manizales, Cartago, Puerto Tejada y decenas de ciudades más, con saqueos, tomas de emisoras, quemas y muertes de gravedad variable según la localidad. Parte de la prensa —como El Relator de Cali— atribuyó los disturbios a una insurrección comunista, narrativa que se instaló también en la interpretación oficial.

El asesinato de Gaitán no fue el inicio de La Violencia, sino el comienzo de una nueva fase de una violencia política que ya venía acumulándose desde la crisis de la hegemonía liberal y el tránsito al gobierno conservador en 1946. Pero sí reordenó todo el tablero. Para la USO, el 9 de abril fue una catástrofe estratégica: el gobierno de Ospina Pérez intensificó una ofensiva patronal-estatal contra el movimiento sindical que incluyó despidos, purga y encarcelamiento de dirigentes, restricción del derecho de huelga y destrucción sistemática de la relativa unidad sindical mediante la promoción de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) —afín al gobierno y al laureanismo— como sindicato paralelo. La división interna de la CTC entre liberales y comunistas se agudizó; el propio Gaitán había propiciado en 1946, en alianza con sectores conservadores, la constitución de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en el marco de una campaña anticomunista. La huelga petrolera, que había puesto la soberanía sobre el subsuelo en la agenda nacional, terminó reprimida y su liderazgo perseguido.

Y sin embargo, la consigna quedó en el aire. La reivindicación de la USO no desapareció con la derrota del sindicato: pasó al vocabulario político común, adoptada por el ala gaitanista liberal huérfana de su caudillo, por los Leopardos conservadores nacionalistas, por sectores del Partido Comunista y por la propia derecha antioqueña. El nacionalismo petrolero se había vuelto transversal a las trincheras bipartidistas.

La cuenta regresiva del contrato

En 1949, Ospina Pérez cerró el Congreso y declaró estado de sitio en varias regiones, poniendo fin al entendimiento mínimo entre los partidos tradicionales. El Partido Liberal se retiró del gobierno por falta de garantías. La policía fue instrumentalizada como cuerpo del Partido Conservador. La Violencia bipartidista se extendió por los campos con matanzas, desplazamientos forzados y una geografía del terror que iba de los Llanos a Boyacá, del Tolima a Antioquia. En 1950, Laureano Gómez llegó a la presidencia en una elección sin oposición liberal efectiva.

Y en 1951, en medio de esa crisis institucional, se cumplía el plazo de la Concesión De Mares. La reversión no era una decisión que el gobierno pudiera tomar o no tomar: era una obligación contractual pactada en 1906. Lo que sí era decisión era qué hacer con la infraestructura revertida —los campos de Infantas y El Centro, la refinería de Barrancabermeja, los oleoductos hasta el Magdalena—: entregarla a otra compañía extranjera, ofrecerla al capital privado nacional o crear una empresa estatal. Tres caminos, cada uno con costos políticos distintos.

Laureano Gómez no era un nacionalista al estilo de Lázaro Cárdenas. Consideraba, con claridad, que la industria petrolera colombiana requería participación de capital y tecnología extranjeras, dado que la exploración, la perforación, la refinación y la distribución de derivados estaban más allá de la capacidad nacional. No tenía convicciones antiimperialistas y su anticomunismo lo hacía instintivamente cercano a Washington. Pero tampoco creyó que los capitalistas de Medellín estuvieran en condiciones de asegurar el porvenir de la operación revertida, y descartó por incapacidad interna al capital privado nacional.

Quedaba, entonces, el Estado como única opción por descarte. La reversión de la Concesión De Mares se formalizó el 25 de agosto de 1951 y ese mismo acto dio nacimiento a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, que asumió los campos, la refinería y los oleoductos que habían sido de la Troco. El Campo Shanon en Barrancabermeja —formado por los campamentos de la antigua empresa— pasó a manos de la nueva compañía estatal; los oleoductos de El Centro-Galán y Ayacucho-Barrancabermeja se convirtieron en infraestructura pública. Nacía la principal empresa pública colombiana, y nacía por la mano de un gobierno conservador en plena Violencia.

La forma de una nacionalización acotada

La creación de Ecopetrol se ha contado a veces como un acto de soberanía comparable a la nacionalización mexicana del petróleo de 1938, y otras veces como un simple trámite contractual sin contenido nacionalista real. Ninguna de las dos lecturas se sostiene ante el material.

No fue una nacionalización a la mexicana porque no expropió: solo administró un vencimiento contractual previsto desde el origen. Las petroleras norteamericanas, afiliadas a la ANDI, tenían más interés en demostrar la ineptitud de Ecopetrol que en participar en una empresa fuera de su control absoluto, y habían asegurado —en paralelo a la reversión— el monopolio de la refinación por diez años más. La soberanía formal sobre el subsuelo coexistió, desde el primer día, con la dependencia tecnológica y con el poder efectivo del capital extranjero sobre segmentos estratégicos del negocio. La condición legal de las tierras baldías, además, seguía dificultando la inversión de compañías competidoras de la Troco: era excepcional tener saneados los títulos de propiedad, y los fraudes en la especulación sobre tierras baldías con potencial de hidrocarburos —como la conversión de una adjudicación original de 435 fanegadas en el Carare, hecha en 1937, en 150.000 fanegadas mediante escrituras falsas, parte de las cuales fueron vendidas a la británica Lobitos Oilfields Limited— mostraban que el sector operaba con una legalidad porosa.

Pero tampoco fue un trámite vacío. La decisión de crear una empresa pública en lugar de subastar los activos revertidos a otra compañía extranjera fue política, y esa decisión hubiera sido impensable sin la presión sindical y nacionalista acumulada durante décadas y cristalizada en la huelga de 1948. La USO no ganó su huelga —fue reprimida, sus dirigentes perseguidos, su central sindical desmantelada— y sin embargo su consigna se impuso en el marco de opciones del gobierno tres años después. Laureano Gómez, que no compartía las convicciones del sindicato, adoptó su solución operativa porque las alternativas —capital antioqueño insuficiente, capital extranjero total inaceptable— habían sido cerradas por una combinación de factores estructurales y de clima político nacionalista transversal. Ecopetrol nació, en ese sentido, no por convicción del laureanismo sino por presión de un consenso incipiente que atravesaba las trincheras bipartidistas y al que hasta un anticomunista militante debía responder.

Es en esa paradoja donde la pieza cobra su forma histórica precisa. Ni gesto soberano puro ni administración contractual neutra: convergencia entre una presión sindical de largo aliento, un vencimiento contractual inaplazable y un cálculo pragmático de un gobierno conservador que descartó todas las demás salidas. El nacionalismo económico colombiano de mediados del siglo XX —desde los Leopardos hasta el gaitanismo, desde el Partido Comunista hasta ciertos sectores conservadores— produjo su institución más duradera en el momento menos previsible: bajo Laureano Gómez, en plena Violencia, con la USO reprimida y su central sindical destruida.

Después del acto fundacional

En 1953, dos años después del nacimiento de Ecopetrol, el golpe militar del 13 de junio llevó al poder a Gustavo Rojas Pinilla. El Partido Comunista fue declarado ilegal, la crisis de la CTC se extendió a la UTC y surgió la Central Nacional de Trabajadores (CNT) auspiciada por la dictadura, consolidando un sindicalismo economicista y apolítico en detrimento del sindicalismo político y contestatario que la USO había encarnado. La empresa recién nacida heredó, así, un sector obrero descabezado y una industria petrolera todavía en gran medida controlada, en la refinación y en la tecnología, por el capital norteamericano.

Los años siguientes irían llenando el andamiaje operativo. Ecopetrol consolidó la operación de los oleoductos, asumió gradualmente la refinación cuando expiró el monopolio pactado, y con el tiempo pasó de administrador de un contrato revertido a operador estatal integral. Pero la marca de origen —una empresa creada por descarte político, en el filo de una guerra civil no declarada, sobre la infraestructura entregada por una compañía extranjera y con el monopolio refinador todavía en manos privadas por una década— quedó inscrita en su código.

Por qué sigue importando

Lo que ocurrió entre enero de 1948 y agosto de 1951 no fue solo el nacimiento de una empresa. Fue la prueba de que en Colombia, incluso en el momento más polarizado del siglo XX, existía un consenso mínimo sobre el subsuelo que cruzaba a los partidos, a los sindicatos, a las élites regionales y a la izquierda extraparlamentaria. Ese consenso no era antiimperialista en el sentido cardenista ni socialista en el sentido soviético: era una idea difusa, pragmática y compartida de que el petróleo debía tener un pie en el Estado. Ecopetrol es el nombre que ese consenso encontró.

La huelga de la USO de 1948 —derrotada en el terreno inmediato, absorbida en sus consignas por el sistema político que la reprimió— es una de las pocas victorias póstumas del sindicalismo colombiano del siglo XX. Sus dirigentes no vieron el 25 de agosto de 1951 desde una posición de fuerza; muchos lo vieron desde la cárcel o el exilio interno. Pero la empresa que nació ese día, con todas sus limitaciones y ambigüedades, materializó la consigna que ellos habían puesto en el centro del debate nacional. Que la firma final la pusiera Laureano Gómez es, más que una ironía, la forma exacta que toma en Colombia la victoria de los perdedores: nunca por cesión del poder, siempre por descarte de las demás opciones. Y así, en el filo de La Violencia, con el país partido en dos y el Congreso cerrado, se fundó la empresa pública que hoy sigue siendo el mayor patrimonio industrial del Estado colombiano.