Imperialismo

El imperialismo en Colombia durante la Regeneración

En la historia colombiana, el imperialismo no fue solo una fuerza padecida: fue también una categoría con la que las élites de la Regeneración pensaron su lugar en el mundo. Entre 1880 y 1903, mientras Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro rediseñaban el Estado desde Bogotá, el país estaba enredado en una malla de tratados, concesiones y deudas que había comenzado a tejerse en 1846 con Estados Unidos y que se apretaba, cada década, un poco más. Cuando esa malla se cerró sobre Panamá en noviembre de 1903, la pérdida del istmo reveló lo que la retórica soberanista había disimulado durante dos décadas: Colombia estaba insertada en el orden imperial como territorio de tránsito, materia prima y garantía, y sus dirigentes lo sabían, lo administraban y, en cierta medida, lo habían elegido.

Un concepto en dos filos

El imperialismo, tal como se experimentó en la Colombia de la Regeneración, tuvo dos rostros que las élites gobernantes rara vez confundieron.

Uno era el rostro europeo —británico y francés, sobre todo— asociado al capital de ferrocarriles, a los empréstitos de la independencia todavía impagos, a la lengua diplomática y a los libros de economía política que se leían en las universidades. Ese imperialismo, aunque exigente, era también el modelo de la vida civilizada: la referencia a la que se aspiraba.

El otro rostro era el estadounidense: expansivo, joven, agresivo, con una doctrina explícita de superioridad racial y una marina que llegaba a los puertos antes que los diplomáticos. Frente a este segundo rostro la palabra imperialismo empezó a circular en Colombia con carga condenatoria, mientras el primero se seguía nombrando, más discretamente, como civilización o progreso.

Esa ambivalencia no era una contradicción a resolver, sino la estructura misma del pensamiento regenerador. Cuando el Banco Nacional emitía papel moneda para financiar el gasto público sin depender del crédito extranjero, se disputaba con Londres el terreno de la soberanía monetaria. Cuando el mismo gobierno otorgaba concesiones canaleras a compañías francesas y luego estadounidenses, admitía que la modernización pasaba por manos foráneas. La Regeneración vivió esa doble maniobra con lucidez: no fue una élite ingenua atrapada por potencias astutas, sino un proyecto político que apostó a que el proteccionismo interno y la centralización estatal podrían compensar la apertura externa. En 1903 la apuesta se había perdido.

La distinción entre los dos imperialismos operaba también en el plano cultural. La élite bogotana leía a los clásicos franceses, importaba mobiliario inglés y enviaba a sus hijos a formarse en París o Londres; el trato con Estados Unidos, en cambio, era casi exclusivamente comercial y consular, mediado por agentes, ingenieros y compañías. Europa era interlocutor; Estados Unidos, contratista. Cuando en 1903 el contratista se convirtió en árbitro, la categoría misma de civilización que había organizado el imaginario regenerador entró en crisis.

La herencia larga: Mallarino-Bidlack y la servidumbre de tránsito

El origen jurídico del problema estaba lejos, en 1846. El 12 de diciembre de ese año, la Nueva Granada firmó con Estados Unidos el Tratado Mallarino-Bidlack, que concedió a ciudadanos, buques y mercancías norteamericanas privilegios equivalentes a los de los propios neogranadinos, el derecho de tránsito sin gravámenes por el istmo de Panamá, y la exención de derechos de importación para los bienes de exportación que lo cruzaran. A cambio, Estados Unidos garantizaba la neutralidad del istmo, la libertad de tránsito y —cláusula que la historia se encargaría de vaciar— la soberanía y propiedad de la Nueva Granada sobre Panamá.

Ese tratado, firmado cuando Núñez era todavía un joven costeño y Caro apenas un niño, constituyó el molde en el que se vaciaron todas las negociaciones posteriores. Estableció dos principios que resultarían incompatibles: Panamá era colombiana, pero Estados Unidos tenía derechos permanentes de tránsito e intervención sobre ella. Cada vez que la fórmula fue puesta a prueba —con la fiebre del oro californiano, con la construcción del ferrocarril transístmico, con las revueltas locales—, la garantía de soberanía cedió terreno frente al derecho de tránsito. En 1846 Colombia no cedió Panamá; cedió el marco dentro del cual, medio siglo después, ya no podría retenerla.

Lesseps, el fracaso francés y la herencia de una concesión

En 1879, otro imperio se instaló en el istmo. Bajo el liderazgo de Ferdinand de Lesseps —el héroe de Suez—, una compañía francesa obtuvo de Colombia el derecho exclusivo condicional, por 99 años, para construir un canal a través de Panamá. Colombia retenía la soberanía plena; los franceses ponían el capital, la técnica y el prestigio. Fue el momento en que la Regeneración, apenas iniciada, encontró en el proyecto canalero la promesa de una modernización sin costes soberanos: ferrocarril, aduanas, poblados nuevos, todo pagado con francos.

La promesa se deshizo pronto. Lesseps, que había planeado un canal a nivel similar al de Suez, tuvo que abandonar el proyecto y optar por un canal de esclusas cuya construcción se encargó al ingeniero Gustave Eiffel. La obra se suspendió año y medio por falta de fondos y malos manejos. La mortalidad devastadora entre trabajadores e ingenieros a causa de las fiebres del istmo, la dificultad de mantener una fuerza laboral europea suficiente y unas proyecciones económicas que rozaban lo inverosímil fueron minando la empresa. Completarla exigía 540 millones de dólares.

Hacia finales de la década, el proyecto había colapsado. La compañía original de Lesseps quebró en 1889, en medio del escándalo financiero más ruidoso de la Tercera República francesa, y sus activos fueron traspasados en 1894 a una entidad sucesora, la Nueva Compañía del Canal de Panamá; la liquidación formal de la empresa fundadora se prolongó hasta 1899.

El objetivo real de la Nueva Compañía no era terminar la obra sino ganar tiempo para traspasar la concesión a Estados Unidos, que hacia el cambio de siglo evaluaba seriamente construir el canal por Nicaragua. En ese cálculo se cruzarían, pocos años después, los intereses de Philippe Bunau-Varilla, ingeniero francés que había trabajado en el proyecto y que sabía que la concesión francesa solo valía si se vendía antes de que Washington eligiera la ruta rival.

La Regeneración: proteccionismo, papel moneda y la ilusión de soberanía económica

Mientras el capital extranjero se movía sobre el istmo, en Bogotá Rafael Núñez construía un Estado nuevo. La Regeneración —que suele fecharse entre 1878 y 1900, con su forma consolidada tras la Constitución de 1886— fue una respuesta política al federalismo radical previo, pero también una tentativa de reordenar la economía colombiana frente a las presiones del mercado mundial.

El instrumento central fue el Banco Nacional, creado en 1881 durante el primer gobierno de Núñez para centralizar la emisión monetaria y auxiliar al gobierno en sus operaciones fiscales. Su decreto de creación consagró en doctrina un principio de largo alcance: la emisión de billetes era una función propia del Estado, no un derecho inmanente del ciudadano. La cuestión no era técnica sino política. Detrás del debate sobre quién imprimía los billetes se jugaba quién controlaba el crédito, y detrás de eso, quién dependía de quién en la economía colombiana. Miguel Samper, entre otros, cuestionó públicamente la concentración de la función emisora en manos del gobierno; la fracción radical del liberalismo, representante de comerciantes y banqueros, se opuso sin éxito.

Tras el triunfo militar del gobierno de Núñez en la guerra de 1885, el nuevo régimen consolidó su programa monetario. El decreto 104 del 19 de febrero de 1886 implantó el papel moneda de curso forzoso, y la ley 57 de 1887 otorgó al Banco Nacional el privilegio exclusivo de emitir moneda. Las emisiones sucesivas produjeron una desvalorización sostenida, con efectos de doble filo: por un lado, provocó el descontento de banqueros y comerciantes, que perdieron el predominio económico basado en el monopolio del crédito; por otro, favoreció indirectamente a los exportadores cafeteros al producir inflación interna que mejoraba sus márgenes en moneda local. El papel moneda no fue neutral: reasignó poder de la burguesía comercial hacia la naciente burguesía agroexportadora, precisamente el sector con el que el proyecto regenerador se había aliado.

En materia arancelaria, ya desde su primer gobierno (1880-1882) Núñez había introducido pasos hacia el proteccionismo, con recargos para artículos cuya producción interna se quería fomentar —ropa, muebles, entre otros—. Ese proteccionismo estaba orientado principalmente a actividades artesanales y al control de la balanza de pagos, no a fomentar una industria fabril moderna. El proyecto regenerador apuntaba más bien al desarrollo de la gran hacienda cafetera, y en ese sentido el arancel operaba como escudo para la moneda y la mano de obra rural, no como palanca de industrialización.

El resultado fue paradójico y revelador. La Regeneración fue simultáneamente proteccionista hacia adentro y abierta hacia afuera: mantuvo concesiones especiales a inversiones extranjeras en ferrocarriles, minería y agricultura de exportación, mientras erigía barreras arancelarias contra las manufacturas europeas y creaba una moneda soberana para escapar del arbitraje del oro. No era incoherencia: era la fórmula específica con la que las élites nuñistas y caristas creyeron poder participar del mercado mundial sin ser absorbidas por él.

Ferrocarriles, café y la geografía de la dependencia

Bajo esa fórmula, el capital extranjero se instaló sobre todo en la infraestructura de exportación. El siglo XIX fue el escenario de la inversión inglesa en los ferrocarriles colombianos; la red creció con notable irregularidad, desde los aproximadamente 294 kilómetros que registraba la contabilidad de 1886 —incluyendo Panamá— hasta cifras significativamente mayores a finales de la centuria. El gasto público de fomento de la Regeneración se concentró justamente ahí: en ferrocarriles y en obras urbanas de los epicentros ligados a las zonas exportadoras. Las inversiones extranjeras seguían una lógica reconocible: primero las zonas de producción primaria, después la adecuación de las ciudades vinculadas.

Esa geografía tuvo consecuencias que la política central no supo ver a tiempo. Los cambios en los costos de transporte fluvial ampliaron la distancia económica entre las tierras bajas —donde estaba la economía exportadora, que operaba en la práctica como un enclave de origen doméstico— y las zonas templadas del interior donde vivía la mayor parte de la población. Panamá era el caso extremo: la comunicación terrestre a través del Darién era virtualmente inexistente, y el istmo funcionaba como una economía atada a Nueva York y París antes que a Bogotá. Cuando en 1903 los panameños se separaron, no rompieron un vínculo económico denso: reconocieron uno que ya se había disuelto.

El café, mientras tanto, se convertía en el eje del comercio exterior. La expansión cafetera coincidió con la Regeneración y se apoyó en dos condiciones que el régimen ayudó a producir: la disponibilidad de mano de obra —favorecida por el proceso más largo de disolución de las economías comunitarias iniciado con la reforma agraria de 1850— y el desarrollo de vías de transporte. Sobre esa base, el intercambio de materias primas por manufacturas quedó consolidado como estructura del comercio exterior colombiano. La agricultura y la minería eran la base fundamental de la economía; el café, el principal producto exportador. La inserción de Colombia en el mercado mundial se había vuelto agroexportadora, y las dos tradiciones políticas —la liberal previa y la conservadora-regeneradora— compartían ese principio como una cuestión de supervivencia de la civilización.

Los Mil Días y la ruina de la capacidad estatal

Todo lo anterior configuraba una dependencia estructural que podría haber tenido otro desenlace. Lo que hizo irreversible la crisis del istmo fue un acontecimiento distinto y más brutal: la Guerra de los Mil Días.

El conflicto se extendió desde el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Devastó las finanzas públicas, desarticuló el ejército, hundió al Partido Liberal —que había sido su principal protagonista militar— en la derrota, y llenó de rencor al gobierno conservador que salió victorioso pero exangüe. Sus efectos sobre la posición internacional de Colombia fueron inmediatos y estructurales: el país llegó a la mesa de negociación con Washington sin reservas fiscales, sin capacidad militar creíble y sin la unidad política interna que habría permitido resistir una presión externa.

El desenlace mismo de la guerra prefiguraba lo que venía. El tratado de paz se firmó el 21 de noviembre de 1902 a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin, anclado frente a la costa panameña. Los barcos de guerra norteamericanos estaban allí para proteger el ferrocarril transístmico —propiedad, en la práctica, de intereses estadounidenses—, y la firma del general liberal Benjamín Herrera en cubierta yanqui simbolizó con precisión brutal la nueva geometría del poder: la paz interna colombiana se sellaba bajo el paraguas de la marina de Estados Unidos, en aguas del departamento que aquella marina estaba a punto de arrancarle al país.

La guerra dejó, además, una fractura política interna que resultaría decisiva. Panamá era esencialmente liberal; el gobierno central en Bogotá era conservador. En la fase final del conflicto, la estrategia liberal se había concentrado precisamente en Panamá y la costa, lo que intensificó las hostilidades entre el istmo y el gobierno central y consolidó la desconfianza mutua. Cuando llegó el momento decisivo, los panameños miraron a Bogotá y no vieron un Estado protector: vieron a los mismos conservadores contra los que acababan de perder una guerra civil.

El Tratado Herrán-Hay y el rechazo del Senado

Sobre este suelo minado se plantó, en enero de 1903, el Tratado Herrán-Hay. Firmado el 13 de enero por Tomás Herrán y el secretario de Estado John Hay, culminaba negociaciones que Colombia había iniciado en 1901. El gobierno colombiano —presidido nominalmente por José Manuel Marroquín tras el desplazamiento de Sanclemente— había instruido a su ministro Herrán a firmar el tratado si no era posible obtener mejores condiciones. Poco antes de la firma, el abogado William Nelson Cromwell, representante de la Nueva Compañía del Canal, se había comunicado con Herrán en circunstancias cuyo contenido exacto quedó envuelto en la penumbra de la diplomacia oficiosa, pero cuyo efecto general era claro: la operación de traspaso de la concesión francesa a Estados Unidos avanzaba sobre la voluntad —y a veces al margen— del gobierno colombiano.

La gestión diplomática colombiana había sufrido una ruptura crítica meses antes. Carlos Martínez Silva, primer negociador enviado a Washington, fue relevado en el momento más delicado de las conversaciones con Hay tras haber sobrepasado sus atribuciones. Lo reemplazó José Vicente Concha, que desconocía los antecedentes del expediente y no hablaba inglés. Cuando Concha regresó, la firma quedó en manos de Herrán. Colombia negoció así con tres cabezas sucesivas frente a un Departamento de Estado que llevaba una sola línea.

El tratado fue ratificado por el Senado de Estados Unidos en 1903. En agosto de ese mismo año, el Senado colombiano lo rechazó de manera unánime. El rechazo fue nacional y transversal: no fue una maniobra de un partido, sino una respuesta a lo que se percibió como una cesión intolerable de soberanía sobre el istmo. Los plenipotenciarios americanos habían exigido para Estados Unidos una cuasi soberanía sobre el camino de tránsito, y esa exigencia chocaba con el núcleo mismo de la doctrina jurídica colombiana desde 1846.

La reacción de Theodore Roosevelt fue explícita e histórica. Se refirió a los colombianos como contemptible little creatures —"despreciables criaturas"—, y empezó a explorar de inmediato las alternativas: construir el canal por Nicaragua, o avanzar por Panamá apoyando su separación bajo protección estadounidense. La segunda opción se impuso rápido. Bunau-Varilla, atento como siempre al valor de una concesión que caducaba, se convirtió en el operador clave del segundo camino.

Noviembre de 1903: la separación

La independencia de Panamá se proclamó el 3 de noviembre de 1903. Fue una revolución mínima, casi sin sangre, respaldada desde el mar por el destructor Nashville, apostado frente a Colón, y por otros barcos estadounidenses posicionados en aguas panameñas. La declaración de Washington fue nítida y sin adornos: las tropas colombianas no tendrían acceso a Colón ni a la Ciudad de Panamá. La justificación oficial fue la defensa de la Panama Railroad Company y del libre tránsito establecido en Mallarino-Bidlack. El efecto real fue impedir que el ejército colombiano sofocara la insurrección.

Estados Unidos reconoció al nuevo Estado con una rapidez extraordinaria, que la diplomacia colombiana no pudo sino leer como la confirmación de un plan preparado. Bunau-Varilla —el ingeniero francés, exfuncionario de la Nueva Compañía del Canal, instigador de la secesión— fue acreditado como primer ministro plenipotenciario de Panamá ante Washington. El 18 de noviembre de 1903, quince días después de la independencia, negoció y firmó con Hay el Tratado Hay-Bunau-Varilla, que concedió a Estados Unidos todos los derechos, poderes y autoridad sobre la zona del canal con exclusión de la soberanía panameña. El nuevo gobierno panameño aprobó el tratado el 2 de diciembre. Fue una operación completa: la concesión francesa moribunda se convirtió en concesión estadounidense soberana, y el nombre de Colombia desapareció del mapa canalero.

Los intentos militares y diplomáticos de Colombia por recuperar el departamento perdido fracasaron uno tras otro, bloqueados por unidades navales estadounidenses y por la política sostenida de Washington. Rafael Reyes, que en 1904 asumiría la Presidencia, intentó todavía maniobras diplomáticas para reabrir la cuestión; nada prosperó. La pérdida era definitiva.

Cómo se pensó y se nombró

Colombia no perdió Panamá en silencio. Perdió Panamá en un idioma que estaba aprendiendo a hablar. La palabra imperialismo no era nueva en el vocabulario político colombiano, pero fue en esos años cuando se cristalizó como categoría explicativa, apoyada en un vocabulario latinoamericano más antiguo que había ganado precisión frente a la expansión estadounidense. El término América Latina circulaba desde al menos 1856, cuando el liberal radical chileno Francisco Bilbao lo empleó en el contexto de la reacción al reconocimiento estadounidense del régimen de William Walker en Nicaragua, para diferenciar la raza latina de los pueblos americanos frente a los anglosajones expansionistas del norte. En 1903, medio siglo después, los intelectuales colombianos usaron ese vocabulario para nombrar lo que le había sucedido a su país.

Uno de esos intelectuales, en su obra Idola Fori, echó mano del léxico del derecho internacional —invocando el principio de la Conferencia de Londres de 1871 sobre inviolabilidad de los tratados— para denunciar la conducta de Washington como una regresión a la barbarie. La figura fue precisa: el Estado caballero, sujeto a las convenciones civilizadas, había sido sustituido por el Estado pirata. En esa metáfora estaba contenida toda la ambivalencia regeneradora: el imperialismo europeo, con sus tratados y sus formalismos, era todavía admisible como interlocutor; el imperialismo estadounidense, que había pasado por encima del derecho, era pirata.

La distinción no tardó en volverse insostenible. En 1912, Taft declaró que todo el hemisferio americano sería de facto de Estados Unidos "en virtud de nuestra superioridad de raza", y promovió la dollar diplomacy como política preferente frente al uso directo de la fuerza —aunque los marines y el obús seguían interviniendo cuando era necesario—. La política del Gran Garrote de Roosevelt había sido sucedida por una versión más elaborada del mismo proyecto: el Congreso estadounidense otorgó a Taft la facultad de vender armas a los gobiernos latinoamericanos para que estos custodiaran los intereses de Washington. El pirata había vuelto a vestirse de caballero, pero la geometría del poder era la misma.

El Tratado Urrutia-Thomson: reparación y nueva dependencia

La huella diplomática de la pérdida se prolongó durante casi dos décadas. El Tratado Urrutia-Thomson, firmado en Bogotá el 6 de abril de 1914, buscó zanjar las diferencias abiertas por la separación de 1903. Prometía a Colombia una indemnización de 25 millones de dólares y —en su versión original— una cláusula de profundo pesar que reconocía la responsabilidad moral de Estados Unidos.

Esa cláusula fue el obstáculo. El Senado de Estados Unidos se negó a ratificar el tratado tal como estaba, en un pulso que se prolongó de 1915 a 1917 y que perpetuó la indignación colombiana. En julio de 1916, el presidente José Vicente Concha —el mismo que había sido negociador fallido en Washington años antes— se pronunció públicamente sobre la situación. La ratificación llegó finalmente en diciembre de 1921, con modificaciones: los senadores estadounidenses suprimieron la cláusula del profundo pesar, considerada por sus opositores una condena inaceptable a Theodore Roosevelt, ya entonces figura tutelar del Partido Republicano. El canje de ratificaciones se produjo el 1 de marzo de 1922. Habían pasado casi dos décadas desde la secesión.

En el intervalo, Marco Fidel Suárez, canciller durante el gobierno de Concha y luego presidente, había cristalizado la fórmula que orientaría la política exterior colombiana durante el siglo siguiente: el Respice Polum —"mirar al norte"—, doctrina que reconocía la centralidad estadounidense como dato estructural y buscaba obtener de esa cercanía las mejores condiciones posibles. Los 25 millones se recibieron. La aceptación de la indemnización tenía también un costo simbólico: era el precio que Colombia cobraba por firmar el reconocimiento de que Panamá ya no era suya.

Al terminar la Primera Guerra Mundial, el principal mercado y fuente de inversión extranjera de Colombia había pasado de Gran Bretaña a Estados Unidos. Los inversionistas norteamericanos controlaban los cultivos de banano en la costa Caribe y buscaban entrar en el petróleo. La dependencia, categoría que las ciencias sociales latinoamericanas conceptualizarían décadas después para nombrar la dominación directa o indirecta de una potencia sobre naciones a las que explota, y la división internacional del trabajo que produce desarrollo en el centro y subdesarrollo en la periferia, ya estaba en marcha como experiencia vivida. Colombia había cambiado de imperio sin haber salido del imperialismo.

Huella

La Regeneración dejó, en materia de imperialismo, una lección incómoda sobre los límites del voluntarismo estatal. Núñez y Caro habían construido un régimen que en muchos frentes fue capaz de imponerse: centralizó el poder, ordenó la moneda, disciplinó la política, sofocó al radicalismo liberal, reorientó la economía hacia el café. Pero cuando el peso completo del sistema imperial se posó sobre Panamá, ese aparato mostró su falla constitutiva: había sido diseñado para gobernar hacia adentro, no para negociar hacia afuera. El proteccionismo arancelario, el papel moneda y la centralización política eran herramientas de soberanía doméstica; ninguna de ellas producía músculo diplomático ni capacidad militar de alcance internacional.

La ambivalencia frente a Europa-como-modelo y Estados Unidos-como-amenaza —esa doble lectura del imperialismo que atravesaba el pensamiento regenerador— no fue la causa de la pérdida, pero sí el marco que impidió reconocer a tiempo que ambas formas operaban sobre el mismo territorio y en la misma dirección. Cuando los intelectuales colombianos empezaron a hablar de Estado pirata, ya era tarde: el pirata había cobrado su presa y estaba negociando el precio del silencio.

La separación de Panamá tuvo también su margen de contingencia. Un manejo diplomático distinto —una embajada estable en Washington, un negociador que hablara inglés, un Senado con margen para transar— habría podido posponer, aunque quizá no evitar, el desenlace. Pero el desenlace mismo —la conversión de un país tropical en zona de tránsito de una potencia hemisférica— estaba inscrito en una trama más larga que empezaba en 1846 y que la Regeneración administró sin alterar su curso. La contingencia fijó la fecha; la estructura fijó el resultado.

De aquella crisis nació la política exterior colombiana del siglo XX: una diplomacia orientada hacia Washington, atenta a las señales del norte, entrenada en obtener márgenes de maniobra dentro de una asimetría dada por descontado. Nació también una tradición intelectual que aprendió a nombrar al imperialismo con precisión creciente, aunque a veces con la impotencia de quien ya solo puede describir lo que le ha pasado. La pérdida del istmo se consolidó en la cartografía y en el derecho internacional, y quedó incorporada a la memoria pública colombiana como el episodio inaugural de una relación asimétrica que el siglo XX prolongaría en otros escenarios: el petróleo, el banano, la deuda, la seguridad hemisférica. La Regeneración fue el laboratorio en el que Colombia aprendió que soberanía interna y soberanía externa no son la misma cosa, y que la primera, por sí sola, no basta.