Darién

Una geografía que se resiste al mapa

La Serranía del Darién se levanta a lo largo del límite entre Colombia y Panamá y sus divisorias marcan la frontera política entre ambos países. Nació del choque entre las placas Sudamericana y de Nazca, que la plegó y elevó con escarpes al parecer más pronunciados que los de la serranía del Baudó, su gemela occidental. Ambas cadenas se formaron en latitudes mucho más al norte de las actuales y fueron arrastradas lentamente hacia el sur por el desplazamiento de la corteza, un dato geológico que ayuda a explicar por qué la región es bisagra entre dos mundos biológicos y climáticos.

Alrededor del golfo de Urabá y al pie de la serranía se extiende un paisaje de planicies aluviales pantanosas y manglares, interrumpido por riscos y bahías pedregosas. Por allí desciende el río Atrato desde el valle húmedo y cálido que comparte con el San Juan; antes de desembocar en el golfo, el Atrato se derrama en un pantano extenso que confunde tierra y agua durante decenas de kilómetros. Ese valle se formó por la acumulación de sedimentos marinos y continentales que rellenaron una depresión geológica: en algunos puntos hay hasta doce kilómetros de sedimentos apilados sobre la roca de la corteza.

Sobre todo eso cae la lluvia. La costa Pacífica colombiana registra más de 7.000 milímetros de precipitación anual y sostiene una selva pluvial tupida y enmarañada que se extiende por más de 1.300 kilómetros entre Panamá y Ecuador. Grandes ríos —el San Juan, el Atrato, el Baudó— y centenares de arroyos y riachuelos atraviesan esa franja. En el Darién, la acumulación de agua, sedimento y follaje produce un terreno que ha derrotado por igual a conquistadores, ingenieros y planificadores viales. No es un accidente que allí, y solo allí, se interrumpa la carretera panamericana.

Los pueblos anteriores

Antes de que Balboa cruzara la sierra, la región ya estaba habitada. Los Kuna —también llamados Guna— y los Emberá poblaban el litoral, los valles interiores y las cabeceras. Hablaban lenguas de la familia chibcha, en el caso de los Kuna, y organizaban sus asentamientos en función de los ríos, no de las divisorias que después trazarían los europeos. Hacia mediados del siglo XX todavía vivían en el golfo de Urabá unos 500 Kuna divididos en un grupo oriental, en la cuenca del río Caimán Nuevo, y otro occidental centrado en Arquía, cerca de la frontera panameña.

Su relación con el imperio español fue, desde temprano, hostil y estratégica. Los Kuna obtuvieron armamento de piratas ingleses y corsarios franceses con quienes establecieron tratos comerciales desde etapas tempranas del contacto colonial, y esa alianza con los enemigos de España les permitió sostener durante siglos una resistencia violenta. Aunque un número creciente de caciques Kuna aceptó títulos reales de capitanías asalariadas —cargos con paga a cambio de reconocimiento nominal—, siguieron rechazando abiertamente la vasallía al rey de España y comerciando con los británicos. La resistencia obligó a los españoles a organizar escuadras de piraguas armadas para navegar el Sinú y a enfrentar el bloqueo que en San Bernardo del Viento impedía el paso hacia el sur. En 1779, el incendio de Montería quedó como uno de los momentos culminantes de esa agresividad. Para fines del siglo XVIII, la población Kuna había sido reducida aproximadamente a la mitad por décadas de guerra y epidemias.

Los Emberá también resistieron los intentos españoles de conquista y reducción. La política borbónica, impulsada tras el nombramiento de José de Gálvez como ministro de Indias, apuntó específicamente a pacificar el Darién mediante expediciones militares y la reducción de comunidades indígenas en pueblos de indios bajo caciques controlados por la Corona. La empresa fracasó. Al terminar el período colonial, ni los Kuna ni los Emberá habían sido efectivamente sometidos, y la región seguía siendo una frontera donde coexistían, en tensión, territorialidades hispánicas e indígenas.

Bastidas, Balboa y la primera ciudad

Rodrigo de Bastidas, escribano de Triana, capituló en 1500 la conquista del litoral Caribe desde el Cabo de la Vela hasta la desembocadura del Atrato. En su expedición fue recibido pacíficamente por los indígenas, comerció con ellos mediante rescate —espejos, avalorios y machetes a cambio de oro, perlas y nácar— y descubrió la desembocadura del Magdalena y la ensenada de Urabá. Fue el primer europeo en reconocer las costas del Darién.

Ocho años más tarde, el 8 de junio de 1508, la Corona expidió en Burgos la capitulación que repartía las tierras descubiertas en Tierra Firme. A Diego de Nicuesa le asignó el territorio al occidente del golfo de Urabá, la gobernación de Veraguas, que cubría el actual Panamá; a Alonso de Ojeda, el territorio al oriente, hasta el Cabo de la Vela, en una gobernación que se llamó también, impropiamente, Nueva Andalucía. Aquella línea trazada sobre el golfo de Urabá fue una de las primeras delimitaciones internas en tierra firme americana, y prefigura, con cinco siglos de anticipación, la frontera colombo-panameña.

La aplicación de esa capitulación fue caótica. Juan de la Cosa, cartógrafo y compañero de Ojeda, murió en Turbaco a manos de los indígenas en 1510. Ese mismo año, un grupo de españoles cruzó el Atrato hacia la banda occidental del golfo y fundó Santa María la Antigua del Darién, con participación de Vasco Núñez de Balboa y probablemente de Martín Fernández de Enciso. El sitio caía casi con seguridad en la gobernación de Nicuesa, no en la de Ojeda, y esa irregularidad provocó una disputa que Balboa resolvió por la fuerza: el 1º de marzo de 1511 embarcó a Nicuesa en un navío desvencijado, que zarpó y nunca llegó a destino. De Nicuesa nunca más se supo, y se presume que pereció en la travesía.

Santa María la Antigua del Darién fue la primera ciudad de origen español en el territorio que hoy es Colombia y una de las primeras en el continente americano. Desde ella salió Balboa a la travesía de aproximadamente tres semanas por el tapón selvático que culminó el 25 de septiembre de 1513, cuando divisó el océano Pacífico —el Mar del Sur— desde una altura cercana al golfo de San Miguel. Aquel avistamiento tuvo su escenario en pleno Darién y sería, siglos más tarde, el argumento originario que convertiría al istmo en obsesión geopolítica.

La colonia escocesa y el contrabando

En 1698, casi dos siglos después de Balboa, un banquero escocés llamado William Paterson partió del puerto de Leith con tres buques de guerra y dos transportes para establecer una colonia en el Darién. Se llamaba Caledonia y era una apuesta de proporciones nacionales: buena parte del capital de Escocia se había suscrito para financiarla, con la esperanza de fundar una escala comercial entre Europa y Asia. Llegaron primero unos 1.200 colonos y luego otros 1.300, que se establecieron en la bahía de Anachucuna y en Punta Escocés. Los Kuna, hostiles a España, actuaron como anfitriones y aliados de batalla.

La colonia se derrumbó en menos de dos años por enfermedades tropicales, hambre, asedio español y falta de refuerzos. El desastre fue tal que aceleró la unión política de Escocia con Inglaterra en 1707, para saldar la ruina financiera. Del episodio queda, en el mapa, el topónimo Punta Escocés en la costa del Darién, y la constatación temprana de que la geografía de la región devora cualquier proyecto que no cuente con sus habitantes.

Los Kuna sí contaron. El río Atrato fue, desde el siglo XVII, un eje del contrabando: el oro colombiano se vendía a los británicos a pesar de las leyes mercantilistas de la Corona española. Las armas que sostenían la resistencia Kuna venían de esos mismos circuitos. La región funcionaba, en la práctica, como una zona franca ilegal, no integrada a la administración de la Nueva Granada, refugio de esclavos fugitivos y de comunidades indígenas resistentes. La misma condición que hoy la vuelve corredor de cocaína y migrantes ya la caracterizaba hace tres siglos.

El sueño del canal

Desde el descubrimiento se identificó al istmo como la ruta interoceánica más prometedora entre el Atlántico y el Pacífico. Pero el paso de la idea a la obra tardó siglos. El primer intento serio fue terrestre: el Ferrocarril de Panamá, terminado en 1855, atravesó el istmo y descargó buena parte del tráfico entre la costa este de Estados Unidos y California durante la fiebre del oro. Era una solución provisional; el problema definitivo seguía siendo abrir una vía acuática.

El marco jurídico que hizo posible ese tránsito fue el Tratado Mallarino-Bidlack, firmado el 12 de diciembre de 1846 entre Estados Unidos y la Nueva Granada. Garantizaba a ciudadanos, buques y mercancías estadounidenses privilegios, inmunidades y derecho de tránsito sin gravámenes por el istmo; a cambio, Estados Unidos garantizaría la neutralidad del istmo, el libre tránsito y la soberanía neogranadina sobre él. Ese tratado —pensado como escudo— terminó siendo, medio siglo después, la puerta por la que Estados Unidos intervino en la separación de Panamá.

En 1879, tras el éxito del canal de Suez inaugurado diez años antes, una compañía francesa liderada por Ferdinand de Lesseps obtuvo el derecho exclusivo para construir un canal a través del istmo. La empresa se llamó Compañía Universal del Canal de Panamá y trajo a Panamá miles de trabajadores, ingenieros y capitales de toda Europa. Fracasó estrepitosamente: dificultades técnicas —la selva, las lluvias, la fiebre amarilla, la malaria—, escasez de capitales, malos manejos y extorsiones obligaron a suspender la obra durante año y medio. Tras sucesivas prórrogas, la compañía fue disuelta en 1899. Los escándalos derivaron en procesos penales que juzgaron y condenaron a Lesseps, a su hijo Carlos, a dos administradores de la empresa y al ingeniero Gustave Eiffel. Se constituyó entonces una Nueva Compañía del Canal cuyo objetivo real no era terminar la obra sino ganar tiempo para traspasar la concesión a Estados Unidos.

1903: la fractura

El desenlace fue rápido. El Tratado Hay-Pauncefote de 1901, que sustituyó compromisos previos entre Estados Unidos e Inglaterra, allanó el camino para que Washington asumiera en solitario la empresa canalera. El 13 de enero de 1903, el enviado colombiano Tomás Herrán y el secretario de Estado John Hay firmaron el Tratado Herrán-Hay, que otorgaba a Estados Unidos el derecho a construir el canal a cambio de una compensación y del arriendo de una franja. En agosto de 1903, el Senado colombiano rechazó el tratado. En Bogotá se consideró que las condiciones eran lesivas para la soberanía; en Washington, el rechazo se leyó como una provocación intolerable.

En noviembre de 1903 se proclamó la independencia de Panamá. El movimiento contó con el apoyo activo de Estados Unidos, que alentó los sentimientos separatistas, respaldó militarmente a los revolucionarios e impidió el desembarco de tropas colombianas en el istmo. El reconocimiento diplomático fue casi inmediato. El 18 de noviembre de 1903, Philippe Buneau-Varilla —ingeniero francés vinculado a la vieja compañía canalera— firmó como ministro plenipotenciario de Panamá el Tratado Hay-Buneau-Varilla, que otorgó a Estados Unidos control exclusivo y a perpetuidad sobre la Zona del Canal. La secesión quedó legalizada por un tratado firmado por un francés en nombre de un país que apenas tenía días de existencia.

La pérdida de Panamá se explica también por causas de fondo. La escasa integración económica entre el istmo y el interior de Colombia era antigua: antes del ferrocarril de 1855 apenas hubo intercambio comercial, y la distancia económica entre ambas regiones había debilitado durante décadas los vínculos políticos. El istmo miraba hacia el mar; Bogotá miraba hacia el altiplano. Estados Unidos pagó a Colombia, años más tarde, 25 millones de dólares como compensación por la pérdida del territorio, aunque el pago no logró reparar las relaciones bilaterales ni aplacar el resentimiento. La herida se cerró en falso: en el mapa colombiano quedaría, desde entonces, un tapón donde antes había continuidad hacia Centroamérica.

El Estado que nunca llegó

Con la separación, el Darién quedó definitivamente convertido en frontera: no ya la frontera interior de una gobernación colonial, sino la frontera internacional del Estado colombiano en su extremo noroccidental. Pero la frontera era, y siguió siendo, una ficción cartográfica. El Estado nunca la integró efectivamente. La región del Darién y el bajo Atrato jamás formaron parte real de la unidad administrativa de la Nueva Granada ni de la República; permanecieron como zona de frontera donde el poder central llegaba, cuando llegaba, tarde y mal.

Esa ausencia estructural produjo, a lo largo del siglo XX, un patrón económico consistente: el enclave extractivo. En la subregión del San Juan, la compañía minera Chocó Pacífico extrajo platino entre 1916 y 1930 sin pagar impuestos al gobierno colombiano, y estableció así el patrón de una explotación intensa sin retribución fiscal al Estado. La misma lógica se repitió con la madera, el oro y, más tarde, con las economías ilegales. La opacidad institucional no fue un obstáculo para la extracción: fue su condición de posibilidad.

En 1962 quedó formalmente incompleta la carretera panamericana. Los aproximadamente 100 kilómetros de selva entre Yaviza, en Panamá, y las cabeceras colombianas nunca se construyeron. El Tapón del Darién —el nombre con que se conoce ese vacío— fue el resultado combinado de la dificultad geográfica extrema, del costo de las obras, de consideraciones sanitarias —el temor al paso de la fiebre aftosa desde Suramérica hacia Centroamérica y Norteamérica— y de la falta de voluntad política de ambos Estados. Hasta hoy, no existe carretera continua entre Suramérica y el resto del continente.

Sobre esa ausencia se montaron todas las otras economías. Los narcotraficantes del Valle, Caldas, Risaralda y el occidente de Antioquia utilizaron el corredor Atrato-Pacífico para el transporte y exportación de cocaína, aprovechando la precariedad estatal y las ventajas geográficas de una selva con salidas al Pacífico y al Caribe. El río Atrato, que en el siglo XVII llevaba oro de contrabando a los británicos, en el XX y XXI llevó cocaína y armas.

En 1973, en un gesto que ilustra la naturaleza contradictoria de la presencia estatal, el gobierno desalojó a 750 familias mestizas, negras e indígenas para constituir el Parque Nacional Natural Los Katíos, mediante el Acuerdo 037 del 10 de septiembre de 1973. Comunidades enteras en inmediaciones del río Cacarica fueron despojadas de sus territorios en nombre de la conservación. El Estado, que no había llegado a la región para garantizar derechos, llegó para expulsar.

La guerra sobre el corredor

La disputa por el Darién y el bajo Atrato en las décadas finales del siglo XX y las primeras del XXI se libró en clave de conflicto armado. La región reunía todas las condiciones que interesan a un actor bélico: rutas de salida al mar, selva para el repliegue, población dispersa y sin protección estatal, y economías ilegales para financiar la guerra. Fue codiciada, disputada y ocupada.

La expansión paramilitar en Córdoba y Urabá se apoyó de manera determinante en la incorporación a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —las ACCU, dirigidas por los hermanos Castaño— de combatientes desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL) y desertores de las FARC-EP. Esa base militar les permitió, en los años noventa, disputar el control del corredor a la guerrilla y consolidar dominios territoriales. Junto con Montes de María y los departamentos de Cesar y Magdalena, la región de Urabá y la frontera con Panamá figuran entre las zonas donde el paramilitarismo produjo desplazamientos masivos al ganar el control del territorio. Comunidades enteras del bajo Atrato quedaron vaciadas.

La violencia tuvo un rostro específico en las comunidades negras e indígenas de la región. Las comunidades negras de Riosucio, en Chocó, demandan hasta hoy verdad sobre los asesinatos y desapariciones de líderes y miembros de sus procesos sociales, así como el derecho al duelo por personas que no han podido ser enterradas. Los pueblos Wounaan, Emberá Dobidá, Chamí, Katío y Eyabida, asentados en el Urabá antioqueño, el bajo Atrato y el Darién, experimentaron presiones territoriales combinadas: conflicto armado, extracción de madera, minería, agroindustria y narcotráfico. En algunos casos, el desalojo forzado quedó documentado.

La frontera fue también, en esos años, un campo diplomático áspero. Carlos Castaño envió una carta a la presidenta panameña Mireya Moscoso, a través del comisionado de paz colombiano, exigiéndole mayor seguridad en la frontera. Los grupos paramilitares acusaban a la policía panameña de haber permitido durante más de dos décadas que la guerrilla se consolidara en territorio del vecino país. Panamá, sin ejército desde 1990, era un actor asimétrico en un conflicto que le llegaba desde el sur.

Tras la desmovilización paramilitar de 2005, estructuras herederas de las ACCU —entre ellas el Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia— siguieron ejerciendo formas de gobernanza político-territorial a nivel regional, participando en la definición de candidaturas locales, en la financiación de campañas y en acuerdos con gobernantes para la captura de rentas mediante la contratación pública. La violencia paramilitar mutó, no desapareció.

Frente a esa presión, las comunidades ejercieron formas propias de reafirmación territorial. En 2003, organizaciones del Atrato —la Federación de Instituciones Sociales y Culturales del Chocó (FISCH), la Cocomacia, la Orewa y Ascoba— realizaron la peregrinación Atratiando, navegando 500 kilómetros desde Quibdó hasta Turbo en seis días para recuperar la movilidad comunitaria por el río, bloqueada por el conflicto. Fue, entre otras cosas, una recuperación simbólica del Atrato como espacio de vida.

Derechos étnicos y territorio

La lucha por el reconocimiento territorial de las comunidades del Darién y el bajo Atrato encontró marco jurídico en la Constitución de 1991 y en la Ley 70 de 1993, reglamentaria de su Artículo Transitorio 55. Esa ley reconoció los derechos de las comunidades negras sobre sus territorios ancestrales y estableció, junto con el Decreto 1745 de 1995, que para solicitar la titulación colectiva las comunidades deben constituir consejos comunitarios como autoridad administrativa. Complementada por el Convenio 169 de la OIT y por la Ley 99 de 1993, la Ley 70 se convirtió en la herramienta jurídica central para la defensa del derecho al territorio de la población afrocolombiana.

Los resultados son medibles. En el corredor Pacífico-Atrato existen hoy 128 consejos comunitarios de comunidades negras y más de 169 resguardos de pueblos indígenas —Wounaan, Emberá Dobidá, Chamí, Katío, Eyabida y Eperara Siapidara—. Para el conjunto de la región Pacífico, los territorios colectivos y los resguardos indígenas abarcan el 63% del territorio, unas 7.071.488 hectáreas. Las luchas indígenas por la permanencia territorial en el Chocó se articularon al menos desde finales de los años setenta, y dieron lugar a la Asociación de Cabildos Orewa, fundada en 1979, que tuvo como eje la defensa del territorio y los derechos fundamentales. Desde entonces, ese proceso ha obtenido 112 títulos de resguardo, con 39 solicitudes de ampliación en curso y 12 trámites de creación de nuevos resguardos.

Para los pueblos indígenas y afrocolombianos de la región, el territorio no es una unidad administrativa ni un recurso: es la base de su existencia como sujetos colectivos, el lugar donde se expresan relaciones productivas, espirituales, simbólicas y culturales. Esa comprensión del territorio, sostenida contra la lógica de enclave que ha dominado la región desde el siglo XVI, es lo que hace de la resistencia del Darién algo más que una anécdota geográfica.

La selva como corredor

En la última década, el Darién ha entrado en las noticias del mundo por una razón nueva: la migración internacional. La ruta que va desde Turbo y Necoclí, en el golfo de Urabá, hasta Capurganá y de allí a los poblados panameños de La Miel y Puerto Obaldía se convirtió en un corredor por el que transitan personas de nacionalidades diversas —cubanos, eritreos, bangladesíes, ecuatorianos, chinos, turcos, haitianos, venezolanos— con destino, en su mayoría, a Estados Unidos.

Según un informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría de 2012, las redes de tráfico humano en la ruta Darién-Caribe estarían reguladas por Los Urabeños, con nodos en Apartadó, Turbo y Necoclí. Los migrantes son confinados y ocultados en esos municipios antes de ser transportados clandestinamente hacia Capurganá. Entre los transportados se han documentado jóvenes, niños y niñas. La misma estructura armada que en los años noventa controlaba el corredor para el narcotráfico gobierna hoy el paso de personas.

La travesía es brutal. Las rutas terrestres —entre ellas la trocha Paya-Tubún, que une Sautatá con Paya en Panamá con un desvío poco transitado hasta Hungría, y la ruta por el río Cacarica desde Riosucio hasta la frontera— atraviesan selva densa poblada de animales venenosos. Los traficantes suelen abandonar a los migrantes en algún punto del camino. Los testimonios documentan deshidratación severa, hambre, ausencia de agua potable durante días, presencia de restos humanos en el trayecto y amenazas directas de los guías para obligar a continuar la marcha. Quienes logran llegar al Darién panameño enfrentan la detención por parte de las autoridades locales, que en ocasiones los confunden con actores armados, y en algunos casos son deportados a Colombia.

La ruta migratoria es la última capa del palimpsesto. Reutiliza las mismas trochas que campesinos desplazados y traficantes de cocaína usaron antes; se apoya en las mismas redes armadas que se consolidaron durante el conflicto; explota la misma ausencia estatal que caracteriza a la región desde la colonia. Es también el reverso trágico del viejo sueño interoceánico: donde el siglo XIX quiso abrir un canal para mover mercancías con eficiencia, el siglo XXI ha producido un paso clandestino que mueve personas con crueldad.

Un palimpsesto sin conclusión

Al Darién se lo ha llamado tapón, vacío, infierno verde, tierra de nadie. Ninguno de esos nombres le hace justicia. La región no es un vacío: está habitada desde hace siglos por pueblos que han ejercido agencia territorial sostenida, y ha sido cruzada por proyectos imperiales, económicos y criminales que han dejado, cada uno, su huella. Balboa cruzó su selva en 1513 y dio a Europa la certeza de dos océanos. Paterson murió con su sueño escocés en 1700. Lesseps arruinó a media Francia intentando cortarla. Estados Unidos separó a Panamá de Colombia en 1903 para lograr, al fin, el canal, veinte kilómetros al norte del Darién colombiano. La panamericana se detuvo ante su selva en 1962. En la década de 2010 la selva se convirtió en la última puerta clandestina hacia el norte.

Cada uno de esos proyectos fracasó o se deformó al chocar contra la geografía y sus habitantes. Ninguno, sin embargo, dejó a la región intacta. El oro colonial salió por el Atrato hacia Jamaica; el platino de Chocó Pacífico salió sin dejar impuestos; la cocaína sale por el corredor; los migrantes atraviesan la selva. Lo que la geografía y los pueblos han impuesto no es la anulación, sino la deformación: un filtro que ralentiza, encarece y transforma cada proyecto, sin abolirlo. El Darién es, precisamente por eso, una frontera que nunca se cerró y un territorio que nunca se integró. Sigue siendo, cinco siglos después de Bastidas, un lugar donde el continente se estrecha, la selva se levanta y ni los Estados ni los sueños logran del todo pasar.