Privacidad y medición

¿Nos permite medir el uso del archivo?

Usamos Google Analytics para conocer, de forma agregada, qué páginas se leen y mejorar la navegación. Google Tag Manager no se carga hasta que usted lo acepte. Puede rechazarlo o cambiar su decisión después. Más información sobre privacidad y analítica.

Idea transversal

Paramilitarismo

El paramilitarismo colombiano es el fenómeno armado más letal y persistente del conflicto interno del país: un proyecto contrainsurgente nacido al amparo de decretos de estado de sitio en 1965, industrializado por los carteles de la droga en los años ochenta, unificado bajo las AUC en 1997 y desmovilizado entre 2003 y 2006, dejando tras de sí más de 250 masacres, cerca de 1.700 víctimas mortales y el desplazamiento forzado de regiones enteras.

4.453 palabras84 documentos112 fragmentos citados
Paramilitarismo

Trayectoria de una idea

  1. 1965

    Base legal: Decreto 3398

  2. 1968

    Legalidad permanente: Ley 48

  3. 1981

    Creación del MAS y fusión con el narcotráfico

  4. 1982

    Laboratorio del Magdalena Medio: Puerto Boyacá

  5. 1989

    Fin de la legalidad: sentencia de la Corte Suprema

  6. 1994

    Fundación de las ACCU y creación de las Convivir

  7. 1997

    Unificación bajo las AUC

  8. 2003

    Desmovilización y Ley de Justicia y Paz

03

La lectura

El paramilitarismo colombiano no fue una anomalía sino una política: nació de decretos firmados en el Diario Oficial, fue convertido en legislación permanente por el Congreso y fue operacionalizado por manuales del Ejército que ordenaban armar y organizar militarmente a la población civil. Su transformación en fenómeno masivo ocurrió cuando el narcotráfico —encarnado en Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar y los hermanos Castaño— inyectó capitales que convirtieron grupos de escopeteros en ejércitos con instructores internacionales y capacidad de expansión territorial. La fórmula que lo hizo duradero fue la alianza estable entre tres actores: sectores de la fuerza pública que aportaban doctrina y cobertura, élites regionales que aportaban tierras y legitimidad local, y narcotraficantes que aportaban el dinero que todo lo multiplicaba. Cuando el Estado intentó reencauzar esa energía a través de figuras como las Convivir, el resultado fue el mismo: estructuras con permiso legal que derivaron en aparatos de control territorial y violencia selectiva. La desmovilización de 2003-2006 desmontó las siglas pero no la fórmula, y los grupos sucesores heredaron rutas, territorios y alianzas con una continuidad que desmiente cualquier lectura del proceso como ruptura definitiva.

El paramilitarismo colombiano es la formación armada más letal y persistente del conflicto interno del país: un fenómeno híbrido que nació al amparo de la legalidad, se financió con el narcotráfico, se articuló con élites regionales y logró, en su fase de expansión, cooptar amplios sectores del Estado. No fue una guerrilla de derecha ni una simple mafia armada, aunque compartió rasgos con ambas: fue un proyecto contrainsurgente autorizado por decretos de estado de sitio en 1965, convertido en política permanente en 1968, industrializado por los carteles de la droga en los años ochenta, unificado bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997, desmovilizado entre 2003 y 2006 y reconfigurado, casi de inmediato, en una constelación de grupos sucesores que aún hoy disputan el territorio. Entre 1997 y 2000, en apenas cuatro años, sus estructuras cometieron más de 250 masacres con cerca de 1.700 víctimas mortales; el desplazamiento forzado que provocaron transformó la geografía humana de regiones enteras. Entender el paramilitarismo es entender cómo el Estado colombiano delegó, durante décadas, la violencia contrainsurgente en actores privados, y cómo esos actores terminaron colonizándolo.

Qué fue, qué es

El término paramilitar alude, en sentido estricto, a fuerzas armadas irregulares que operan al margen de la ley pero en paralelo o en coordinación con la fuerza pública. En Colombia, la palabra designa a un conjunto de grupos surgidos entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta que se autodenominaron autodefensas: originalmente, formaciones de civiles armados para defender haciendas, poblados y corredores económicos frente a las guerrillas de las FARC y el ELN. La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia del 25 de mayo de 1989 que declaró inconstitucional el marco legal que los amparaba, fijó la equivalencia jurídica entre ambos términos y llamó paramilitarismo a lo que hasta entonces se había vestido con el eufemismo de autodefensa.

Bajo ese nombre común operaron realidades muy diversas: grupos locales de escopeteros protegidos por un batallón, ejércitos privados de narcotraficantes convertidos en terratenientes, cooperativas de vigilancia con permiso ministerial, bloques regionales con miles de hombres armados y, tras la desmovilización, bandas criminales con vocación política. Lo que une a todos estos avatares es una fórmula estable: violencia armada contra población civil sospechada de simpatía guerrillera, alianza operativa con sectores de la fuerza pública, financiación mixta de rentas legales e ilegales, y una relación de captura con las élites políticas y económicas de las regiones donde se implantaron.

Los cimientos legales: de 1965 al Estatuto de la Policía

El paramilitarismo no comenzó en la clandestinidad, sino en el Diario Oficial. En 1965, bajo estado de excepción, el gobierno de Guillermo León Valencia expidió el Decreto Legislativo 3398, que reglamentó la defensa nacional y la definió como la organización y previsión, desde tiempos de paz, de todos los habitantes y recursos del país para garantizar la independencia y la estabilidad institucional. Su artículo 25 sujetaba a todos los colombianos, hombres y mujeres, a obligaciones de defensa nacional aun sin estar llamados al servicio militar. Y su artículo 33, en el parágrafo 3, abrió la puerta que definiría medio siglo de historia: autorizó al Ejército a entregar armas de uso privativo de la fuerza pública a grupos civiles organizados en tareas de defensa.

Tres años después, la Ley 48 de 1968, promulgada en pleno gobierno de Carlos Lleras Restrepo, convirtió aquel decreto de estado de sitio en legislación permanente y facultó al gobierno para movilizar a la población en actividades y tareas orientadas a restablecer el orden público. El Decreto 1355 de 1970, Estatuto Orgánico de la Policía, completó el andamiaje. Sobre esa base jurídica —tres normas concatenadas entre 1965 y 1970— se levantó todo lo demás. El Ejército no solo estaba autorizado a armar civiles: los manuales contrainsurgentes de 1969, 1979 y 1982 le ordenaban hacerlo. El manual de 1979 instruía expresamente a organizar militarmente a la población para defenderse de las guerrillas y apoyar operaciones de combate; el término junta de autodefensa aparecía allí como categoría doctrinal.

La legislación de estado de sitio del período Valencia añadió una segunda capa: autorizaba al Ejército a arrestar y someter a consejo de guerra a civiles acusados de delitos de definición vaga, como alterar el desarrollo pacífico de la actividad social. Se creó así un régimen jurídico donde la línea entre poblador, sospechoso y objetivo militar podía ser trazada con enorme discrecionalidad. El experimento pionero de este marco fue Puerto Boyacá: allí, en el corazón del Magdalena Medio, se puso a prueba el modelo de armar civiles bajo tutela militar. Durante veintisiete años —hasta 1989— las autodefensas civiles fueron legales en Colombia.

El laboratorio del Magdalena Medio, 1977-1984

Puerto Boyacá es al paramilitarismo lo que Marquetalia es a las FARC: el punto de origen mítico y el laboratorio operativo. Entre 1977 y 1984, en ese municipio ribereño y en los alrededores del Magdalena Medio, se armaron grupos de escopeteros bajo la tutela de oficiales del Batallón Bárbula. El detonante organizativo, según el testimonio del mayor retirado Óscar de Jesús Echandía —alcalde militar de Puerto Boyacá en 1982—, fue una reunión convocada por el coronel Jaime Sánchez Arteaga. A ella asistieron los ganaderos Gonzalo y Henry Pérez, junto con Nelson Lesmes, Luis Suárez, Rubén Estrada y Carlos Loaiza con sus tres hijos, entre otros. Ese grupo, precario en armamento —revólveres, escopetas, machetes— pero robusto en respaldo militar, sería el núcleo de la primera estructura paramilitar sistemática del país.

En diciembre de 1981, un episodio distante recolocó el tablero. El M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes Ochoa Vásquez del Cartel de Medellín. La respuesta fue la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), integrado por narcotraficantes que decidieron responder por su cuenta al desafío. El MAS actuó de inmediato: capturó, torturó y ejecutó a miembros del M-19 con una eficacia y una crueldad que sorprendieron a esa guerrilla. La verdadera dimensión del fenómeno la reveló, el 14 de febrero de 1983, el procurador general Carlos Jiménez Gómez, quien denunció ante el Congreso que en la creación y operación del MAS habían participado 163 personas, de las cuales 59 eran militares en servicio activo. La denuncia rompió la ficción de que autodefensa y crimen organizado eran fenómenos separados.

En Puerto Boyacá, la fusión fue explícita. La Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) sirvió como estructura legal para canalizar recursos hacia el paramilitarismo: financiamiento de centros de entrenamiento, pago de sueldos, adquisición de armas y municiones. A partir de 1982, el Ejército intensificó los patrullajes conjuntos y la conformación de escuelas de entrenamiento militar a civiles, dictadas por oficiales activos y retirados. En diciembre de ese año, Echandía formuló el objetivo del proyecto con una frase que se volvería consigna: una Puerto Boyacá limpia de guerrilla. La limpieza dejó, en la consolidación del proyecto desde 1983, al menos dieciocho masacres documentadas y miles de desplazados.

La captura por el narcotráfico

Hasta mediados de los ochenta, el paramilitarismo era una empresa de ganaderos y militares con armamento precario. Lo que lo transformó en una fuerza capaz de disputar territorios enteros fue el ingreso masivo del narcotráfico. Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, socios del Cartel de Medellín, invirtieron cifras enormes en tierras del Magdalena Medio, se convirtieron en terratenientes y ganaderos, y financiaron directamente las autodefensas de la región. La lógica era doble: proteger laboratorios de cocaína —Rodríguez Gacha operaba varios en la zona— y ganar legitimidad política. Alinearse con la gesta contrainsurgente de Puerto Boyacá y presentarse como enemigo de las FARC era, para Rodríguez Gacha, una manera de reducir la presión de la persecución estadounidense en el marco de la Guerra contra las drogas del gobierno Reagan.

El dinero narco produjo un salto cualitativo. Con esos fondos se contrataron instructores militares internacionales, entre ellos el excoronel israelí Yair Klein, veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel, que organizó entrenamientos paramilitares en Colombia vinculados al núcleo de Puerto Boyacá. La capacidad operativa creció; la expansión territorial se hizo posible. Las autodefensas del Magdalena Medio extendieron su presencia hacia los Llanos del Yarí, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Nariño, siguiendo las rutas de la coca. La geografía del paramilitarismo empezó a superponerse con la del narcotráfico.

Ese ingreso tuvo, sin embargo, un costo interno. Militares y ganaderos —los promotores originales— perdieron protagonismo frente a la creciente influencia de los narcotraficantes, cuyos recursos les otorgaban un peso que la coalición inicial no podía equilibrar. La criatura empezó a desbordar a sus creadores.

Otros núcleos siguieron la misma trayectoria. Fidel Castaño Gil, uno de los tres hermanos que definirían el rostro público del paramilitarismo, acumuló capital como narcotraficante dentro del Cartel de Medellín y lo invirtió en propiedades rurales del sur de Córdoba, donde consolidó una base territorial. Hernán Giraldo hizo lo propio en la Sierra Nevada de Santa Marta; Ramón Isaza mantuvo su feudo en el Magdalena Medio antioqueño. Cada uno de estos jefes combinaba la explotación de rentas del narcotráfico con la protección de haciendas, corredores y economías locales.

Cuando Vicente Castaño describió el sur de Bolívar como un océano de coca cuyas rentas debían arrebatárseles a las guerrillas, formuló, sin proponérselo, la ecuación completa del paramilitarismo maduro: la conquista contrainsurgente y la apropiación del negocio coincidían en el mismo mapa.

De las autodefensas locales a las ACCU

El 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos del marco legal que sostenían la apariencia de legalidad de estas estructuras y las calificó, por primera vez desde el más alto tribunal, como paramilitarismo. Semanas antes, el 19 de abril, el gobierno de Virgilio Barco había expedido el Decreto 0815, que suspendió la habilitación de las autodefensas. El ciclo abierto en 1965 se cerró formalmente en 1989. Pero la sentencia no desmontó las estructuras; solo les retiró el amparo jurídico. Las relaciones entre el Estado y los grupos paramilitares continuaron, ahora en la clandestinidad.

A comienzos de los noventa, tras el asesinato de Rodríguez Gacha en 1989 y la muerte de Pablo Escobar en 1993, la iniciativa paramilitar se desplazó geográficamente hacia el noroccidente. Los hermanos Castaño —Fidel, Carlos y Vicente— consolidaron su base en el sur de Córdoba y en Urabá, una región de fronteras móviles, economía bananera y densa presencia guerrillera. Hacia 1994-1995 fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), la primera estructura paramilitar con vocación explícitamente supra-regional. Fidel, el fundador original, desapareció en enero de 1994 en circunstancias nunca esclarecidas; el liderazgo pasó a Carlos, dotado de una habilidad mediática que sería determinante en la fase siguiente.

Las ACCU exportaron a otras regiones el modelo probado en Urabá: personal, métodos, doctrina, disciplina. La plantilla urabeña se convirtió en el manual de expansión nacional. Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, recibieron entrenamiento en bases antioqueñas de los Castaño antes de replicar el modelo en Cesar y Magdalena.

Las Convivir: la legalidad de retorno

Mientras las ACCU se expandían por la periferia, el Estado central abrió, casi por descuido, una nueva puerta jurídica. El Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, expedido en los últimos meses del gobierno de César Gaviria, creó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Convivir. La figura permitía a civiles organizados portar armas de fuego cortas —incluidas algunas de uso privativo de la Policía y el Ejército— previa autorización de una superintendencia, y operar en coordinación con la fuerza pública en zonas de influencia guerrillera. Llegaron a existir más de cuatrocientas Convivir en todo el país.

En Antioquia, el impulso fue especialmente intenso. Álvaro Uribe Vélez, posesionado como gobernador en 1995, autorizó la creación de al menos 67 de estas cooperativas, con particular intensidad desde 1996. Desde la Gobernación se impulsó activamente su conformación; el organigrama incluía director y grupos de acción social. La supervisión, en cambio, fue mínima: una investigación de la revista Semana publicada en septiembre de 1997 reveló que ninguna Convivir con más de dos años de funcionamiento estaba al día con la renovación de permisos, que se habían realizado solo 15 visitas de inspección a más de 400 cooperativas, que no se había denegado ninguna solicitud ni impuesto sanciones, y que a solo el 9% de sus integrantes se les habían examinado antecedentes penales.

Varias Convivir quedaron directamente vinculadas al paramilitarismo. La Convivir Siete Cueros, en La Ceja, estaba a cargo de José María Barrera, alias Chepe Barrera. La Convivir Deyavan, en Yarumal, contaba entre sus principales miembros con Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar, futuro comandante paramilitar. La Convivir Costa Azul, en Necoclí, fue dirigida por Carlos Alberto Ardila Hoyos, alias Carlos Correa, pieza clave en la consolidación del Bloque Élmer Cárdenas. El propio Salvatore Mancuso definiría después la Convivir como una autodefensa legal, amparada por el Estado, con fusiles del Estado, que servía de bisagra, de engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal, y describiría cómo utilizó la Convivir Horizonte Ltda. como salvoconducto para transportar tropas armadas desde Urabá hacia el resto del Caribe.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-572 de 1997, impuso restricciones al modelo. Muchas Convivir no entregaron sus armas ni cumplieron con la regulación subsiguiente. El espacio que dejaron fue ocupado, sin solución de continuidad, por las ACCU y por lo que empezaría a llamarse las Autodefensas Unidas de Colombia. Gobiernos centristas —Gaviria, Samper— habían creado, con la mano izquierda, la figura jurídica que la mano derecha del paramilitarismo utilizaría como cobertura.

Las AUC: el intento de unificación

El 18 de abril de 1997, jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintas regiones del país se reunieron para fundar las Autodefensas Unidas de Colombia. El acuerdo puso bajo un mando político común a las ACCU, a las Autodefensas de Puerto Boyacá —herederas del proyecto de los Pérez—, a las Autodefensas de Ramón Isaza y a otros grupos regionales. Las AUC se autodefinieron como un Movimiento Político-Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa. La fórmula era deliberada: reclamaba estatus político, apelaba a la legítima defensa como principio jurídico y reclamaba la etiqueta nacional que su expansión pretendía verificar.

La Casa Castaño era la columna vertebral. Las ACCU aportaron los estatutos operativos, la doctrina y las plantillas organizativas; Carlos Castaño ejerció el liderazgo político y mediático. Concedió entrevistas, publicó un libro, apareció en televisión: era un jefe paramilitar dispuesto a defender su causa en los términos del debate público, y ese giro le permitió posicionar el discurso contrainsurgente en amplios sectores de opinión hastiados de las guerrillas.

La ofensiva territorial fue veloz y sangrienta. En julio de 1997, tropas paramilitares comandadas por Mancuso y con apoyo logístico documentado del Ejército irrumpieron en Mapiripán, Meta, y torturaron y asesinaron a decenas de pobladores durante varios días. La masacre marcó un cambio de estrategia: el paramilitarismo pasó del accionar expedicionario —incursiones puntuales— al emplazamiento y control territorial de vastas regiones. Entre 1997 y 1999, las ACCU realizaron múltiples incursiones violentas en el sur del Meta y en Guaviare, período asociado con el surgimiento del Bloque Centauros. En la segunda mitad de 2000, los Castaño ordenaron fusionar grupos paramilitares del sur de Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño para conformar el Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Los nombres de la expansión son también los nombres de las masacres. Mapiripán en 1997; El Aro y La Granja en Ituango, ese mismo año y el siguiente; La Gabarra en Norte de Santander, en 1999; El Salado en los Montes de María, en febrero de 2000; el desplazamiento masivo de Mampuján el 11 de marzo de 2000, cuando en la vereda Las Brisas de San Juan Nepomuceno fueron asesinadas doce personas y el resto de la población fue obligado a huir bajo amenaza de replicar lo ocurrido en El Salado; El Naya en 2001. Entre 1997 y 2000, más de 250 masacres y cerca de 1.700 muertos.

En la región noroccidental —Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato— el conflicto armado dejó, entre 1991 y 2002, más de 1,1 millones de víctimas. La cifra se descompone así: 1.035.510 personas desplazadas de sus casas y sus tierras, 53.296 asesinadas y 5.977 despojadas. Pueblos enteros vaciados, veredas convertidas en corredores de tránsito, comunidades removidas del mapa por la fuerza.

El terror no era efecto colateral: era método. Desmembramientos, torturas, asesinatos con sevicia y desapariciones forzadas se usaron deliberadamente como mecanismo de expulsión y control. Las rutas del desplazamiento coincidieron con las del despojo y las compras masivas de tierras por narcotraficantes y paramilitares, concentradas primero en el sur de Córdoba, Urabá y Magdalena Medio, y expandidas desde fines de los noventa al Caribe, los Montes de María, el corredor minero del Cesar y otras regiones.

Ralito y la parapolítica

El 23 de julio de 2001, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en el sur de Córdoba, jefes paramilitares de las AUC se reunieron con gobernadores, congresistas, concejales, alcaldes y ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena. Firmaron un documento que se comprometía a refundar el país y a construir una nueva Colombia. Entre los firmantes figuraban Jorge 40 y políticos de la costa Caribe, algunos vinculados al Partido Conservador, otros a movimientos regionales del liberalismo. El acto sería revelado años después y dio nombre al fenómeno que ya venía funcionando: la parapolítica.

La parapolítica no fue un episodio, sino una arquitectura. Los paramilitares influyeron sistemáticamente en las elecciones locales y regionales, cooptaron alcaldías, gobernaciones, concejos y organismos de control, dirigieron la contratación pública en sus zonas de dominio y aseguraron impunidad judicial y política a cambio de protección armada. En el sur de Córdoba, Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, influyeron de manera sostenida en la elección de alcaldes y concejales desde el año 2000; el llamado Pacto de Granada fue una de las muestras más claras de ese control. Empresarios, ganaderos, palmicultores e industriales financiaron estructuras paramilitares, algunos por convicción y otros por coacción, a cambio de seguridad: la investigación judicial abarcó a figuras como el palmicultor Darío Alberto Laíno Scopetta, vinculado al Bloque Norte, así como aportes de ingenios azucareros al Bloque Calima. Alcaldes de Purificación, Natagaima, Prado y Venadillo, en el Tolima, hicieron aportes económicos al Bloque Tolima de las AUC y asistieron a reuniones con sus comandantes; en las versiones libres de Justicia y Paz no siempre quedó claro si esos aportes fueron voluntarios o coaccionados.

La proliferación de partidos permitida por la Constitución de 1991 facilitó la operación política: Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Equipo Colombia, Cambio Radical y sectores tradicionales del liberalismo y del conservatismo alojaron, en distintos grados, candidaturas respaldadas por estructuras paramilitares. La Corte Suprema de Justicia inició, entre 2007 y 2008, procesos contra congresistas vinculados al Pacto de Ralito. Entre los condenados figuró Javier Ramiro Devia Arias, del Tolima, sentenciado a 4 años y 7 meses de prisión por alianzas con el Frente Omar Isaza. Muchos firmantes, sin embargo, fueron absueltos penalmente por no hallarse prueba distinta a la firma del documento. Hasta mayo de 2013, ninguno de los congresistas condenados por parapolítica había pagado las multas judiciales impuestas.

La desmovilización y sus grietas

En julio de 2003, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las AUC oficializaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia, mediante el cual las autodefensas se comprometían a desmovilizar la totalidad de sus miembros. El proceso se desarrolló entre 2003 y 2006, cobijó a 31.671 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico, y produjo la entrega de 18.051 armas. Se creó una zona de concentración en Santa Fe de Ralito donde los jefes esperaban las condiciones de la negociación.

Desde el comienzo, las grietas fueron evidentes. Organizaciones de derechos humanos documentaron que algunos participantes en las ceremonias no eran combatientes reales sino personas ajenas al grupo, contratadas para inflar cifras; que la cantidad de armas entregadas era muy inferior a la conocida; que en la zona de concentración los jefes gozaban de amplia libertad de movimiento y, según denuncias, continuaban operando estructuras. El propio comisionado del proceso reconoció como atípica la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en Medellín, por la inclusión de delincuentes callejeros ajenos al aparato paramilitar. Cuando se reveló que uno de los mellizos Mejía, narcotraficante extraditable, participaba en la mesa de Ralito, el escándalo forzó al gobierno a emitir comunicados de aclaración.

La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue el marco jurídico que rigió el proceso. Contemplaba penas alternativas —máximo ocho años de prisión— para miembros de grupos armados que colaboraran con la reconstrucción de la verdad y la reparación de víctimas. Organizaciones de víctimas y de derechos humanos la calificaron desde el comienzo como una ley de impunidad. En las versiones libres, los jefes tendieron a construir una representación de sí mismos como soldados de una causa, alejada de los hechos documentados.

Los jefes paramilitares terminaron considerando, ellos mismos, que los acuerdos habían sido incumplidos por el gobierno: en la reintegración política, en el apoyo económico, en las garantías de seguridad y, sobre todo, en la promesa de evitar la extradición. El 13 de mayo de 2008, catorce comandantes —entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, Rodrigo Tovar Pupo y Carlos Mario Jiménez— fueron extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La extradición cortó abruptamente los procesos de verdad en Colombia y trasladó a los jefes a jurisdicciones que no juzgaban sus crímenes contra víctimas colombianas.

Neoparamilitarismo: la criatura reaparece

La desmovilización disolvió la forma organizativa, no las funciones. Antes de que terminaran las ceremonias, ya operaban en las mismas zonas grupos armados ilegales integrados por excombatientes rearmados y nuevos reclutas. El gobierno Uribe los caracterizó como bandas criminales emergentes —BACRIM—, basadas en el narcotráfico, y negó que hubiera continuidad con el paramilitarismo. Organizaciones de derechos humanos y centros de investigación cuestionaron esa lectura. Un estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris de 2008 identificó cerca de cien bandas con veintiún denominaciones distintas y unos ocho mil integrantes, presentes en 246 de los 1.102 municipios del país, con concentración especial en la costa Caribe, donde se localizaba el 40% de sus miembros.

Los Urabeños surgieron en Córdoba y Urabá con vínculos explícitos al proyecto de las ACCU y a figuras cercanas a la Casa Castaño. Conocidos inicialmente también como Águilas Negras o Héroes de Castaño, adoptaron después el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia al expandirse hacia el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño y el sur de Córdoba. Su modelo replicaba el de los bloques desmovilizados: control de rutas del narcotráfico, alianzas con élites locales, presión sobre autoridades municipales, sicariato urbano y despliegue territorial en corredores estratégicos. Los Rastrojos, herederos del narcoparamilitarismo del Valle del Cauca, se convirtieron en 2010 en el grupo más poderoso del país, con operaciones en al menos un tercio de los departamentos y extensiones a Venezuela y Ecuador, sostenidos por una estructura descentralizada y alianzas oportunistas con guerrillas y con puntos de embarque de droga. Desde 2007, en Norte de Santander, Los Rastrojos se sumaron a la fragmentación violenta que ya recorría la región del Catatumbo. En Nariño, Chocó y el Bajo Cauca, la disputa entre estas estructuras y sus escisiones internas produjo, en los años siguientes a la desmovilización, algunos de los índices de homicidio y desplazamiento más altos del país.

El patrón se repitió: interferencia en elecciones locales, acceso a presupuestos oficiales y contratación pública, alianzas con políticos regionales, control territorial mediante violencia contra población civil. Un análisis comparado de 26 grupos neoparamilitares documentó continuidad territorial nítida entre las AUC y sus sucesores: los mismos corredores, las mismas economías, muchas veces los mismos jefes intermedios. La caracterización oficial como bandas criminales apuntaba a delitos de narcotráfico y despojaba al fenómeno de su dimensión política; la caracterización como neoparamilitarismo, defendida por academia e investigadores, subraya la persistencia de las funciones estructurales: violencia dirigida contra líderes sociales, reclamantes de tierras y sindicalistas, protección armada de economías extractivas legales e ilegales, y disciplinamiento territorial de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. En 2016, tras la firma del Acuerdo Final con las FARC, la expansión de estas estructuras hacia las zonas dejadas por la guerrilla desmovilizada reactualizó la vieja fórmula: control armado de territorios en los que el Estado nunca alcanzó a establecer una presencia estable.

La huella

El paramilitarismo dejó un país modificado. Millones de hectáreas cambiaron de manos por despojo, compra forzada o desplazamiento, y el mapa rural del Caribe, el Magdalena Medio, Urabá y los Llanos quedó reescrito. La concentración de la propiedad rural, ya alta antes del conflicto, se agudizó en las regiones bajo control paramilitar; en algunas, las tierras despojadas se destinaron a ganadería extensiva, palma africana o proyectos mineros, sin que los procesos de restitución posteriores lograran revertir sino una fracción menor de las transferencias.

Buena parte del sistema partidista de la primera década del siglo XXI quedó tocada por alianzas con las AUC, y los procesos de la parapolítica alcanzaron a más de un centenar de congresistas, gobernadores y alcaldes. El aparato jurídico y militar del Estado colombiano fue puesto, durante décadas, al servicio de un proyecto de aniquilamiento contra su propia población civil. Oficiales de alto rango fueron condenados por vínculos con jefes paramilitares; empresarios y gremios enteros vieron comprometida su reputación en las versiones libres de Justicia y Paz; medios de comunicación regionales fueron cooptados, silenciados o asesinados sus periodistas. La captura del Estado no fue una metáfora sino un mecanismo verificable en municipios donde alcaldías, personerías, notarías, oficinas de instrumentos públicos y comandos de policía respondieron durante años a la lógica del grupo dominante.

Y quedaron, sobre todo, las víctimas. Los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los despojados. Los líderes sociales asesinados en los años noventa como método deliberado de disciplinamiento de comunidades enteras, y los que siguieron cayendo en los años posteriores a la desmovilización, cuando reclamaron tierras, denunciaron proyectos de despojo o intentaron reconstruir el tejido político local. La memoria de El Salado, de Mapiripán, de El Aro, de La Gabarra, de Chengue, de Mampuján: nombres de pueblos que se volvieron nombres de heridas.

Que en Colombia hoy se pueda seguir hablando de paramilitarismo, treinta y cinco años después de la sentencia de 1989 y casi veinte después de la desmovilización de las AUC, es la evidencia de que el fenómeno nunca fue una anomalía transitoria. Fue, y sigue siendo, un dispositivo estructural: la delegación de la violencia contrainsurgente en actores privados, la fusión entre rentas ilegales y proyectos políticos regionales, y la captura del Estado desde sus periferias. El paramilitarismo no fue lo que le ocurrió a Colombia; fue una de las formas en que Colombia se organizó por dentro durante medio siglo.

04

En el archivo

281 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Conquista1499–15991
  1. 1535NutibaraFicha
02La Violencia1946–19575
  1. 1948La Violencia bipartidista rural y los chulavitas (1948–1953)Hecho
  2. 1949Los pájaros y el terror conservador en el Valle del Cauca (1949–1957)Hecho
  3. 1950ChulavitasFicha
  4. 1950León María LozanoFicha
  5. 1950PájarosFicha
03Frente Nacional1958–19746
  1. 1962Doctrina de Seguridad Nacional y contrainsurgencia en Colombia (1962–1966)Hecho
  2. 1962Misión Yarborough y el anexo secreto sobre operaciones paramilitares (1962)Hecho
  3. 1962Plan Lazo y contrainsurgencia territorial diferenciadaHecho
  4. 1962William YarboroughFicha
  5. 1964Alberto Ruiz NovoaFicha
  6. 1965Decreto 3398 de 1965 y Ley 48 de 1968: andamiaje jurídico de la autodefensa armadaHecho
04Crisis y narcotráfico1974–199040
  1. 1974Crisis y narcotráfico (1974–1990)Época
  2. 1978El Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala (1978-1982)Pregunta
  3. 1979La 'limpieza social' urbana en Colombia (1979–1990)Hecho
  4. 1982El proceso de paz del gobierno Betancur (1982–1986)Hecho
  5. 1982Fundación de ASFADDES y el movimiento de familiares de desaparecidosHecho
  6. 1982Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez (1982)Hecho
  7. 1983Carlos Jiménez GómezFicha
  8. 1984Asesinato de Rodrigo Lara BonillaHecho
  9. 1984Fundación y exterminio de la Unión Patriótica (1985–1986)Hecho
  10. 1984Génesis del paramilitarismo en el Magdalena Medio (1984–1989)Hecho
  11. 1984NarcotráficoFicha
  12. 1984Pablo Emilio Guarín VeraFicha
  13. 1984Pablo EscobarFicha
  14. 1984TreguaFicha
  15. 1985Derechos humanosFicha
  16. 1985Hacienda ganaderaFicha
  17. 1985La toma y retoma del Palacio de Justicia (1985)Hecho
  18. 1985Puerto BoyacáFicha
  19. 1986Descentralización y elección popular de alcaldes (1986–1988)Hecho
  20. 1986Genocidio de la Unión PatrióticaHecho
  21. 1986Gonzalo Rodríguez GachaFicha
  22. 1986Guerra suciaFicha
  23. 1986Guerra sucia contra la UP y los defensores de derechos humanos (1986–1990)Hecho
  24. 1986Henry PérezFicha
  25. 1986Unión PatrióticaFicha
  26. 1987Héctor Abad GómezFicha
  27. 1987Infiltración del ELN en A Luchar y masacre de Llana CalienteHecho
  28. 1987Mercenarios extranjeros y consolidación paramilitar (1987–1989)Hecho
  29. 1987ViolentologíaFicha
  30. 1988La elección popular de alcaldes y la descentralización (1986-1988)Pregunta
  31. 1988Yair KleinFicha
  32. 1989La guerra contra la justicia en Colombia (1984–1991)Pregunta
  33. 1989La RochelaFicha
  34. 1989MagnicidioFicha
  35. 1989Magnicidios y crisis del bipartidismo (1989–1990)Hecho
  36. 1989NarcoterrorismoFicha
  37. 1990Bernardo Jaramillo OssaFicha
  38. 1990Eduardo Umaña MendozaFicha
  39. 1990Justicia Penal MilitarFicha
  40. 1990Narcotráfico y tierra en Colombia (1980-2000)Pregunta
05Constitución de 19911991–200256
  1. 1988El paramilitarismo del Magdalena Medio (1982-1992)Pregunta
  2. 1989La Constitución de 1991 y su décadaÉpoca
  3. 1989Muerte de Pablo Escobar y reconfiguración del narcotráfico (1993)Hecho
  4. 1990Alonso Salazar JaramilloFicha
  5. 1991El multiculturalismo de la Constitución de 1991Pregunta
  6. 1991Funpazcor y el despojo legalizado mediante filantropía armadaHecho
  7. 1991La Constitución de 1991 y la paradoja del Estado constitucional sin EstadoPregunta
  8. 1991Monopolio de la violenciaFicha
  9. 1991Multiculturalismo constitucional y derechos étnicos en Colombia (1991–1997)Hecho
  10. 1991Sistema Interamericano de Derechos HumanosFicha
  11. 1991Soberanía fragmentadaFicha
  12. 1993Ley 70 de 1993Ficha
  13. 1993Pedagogías paramilitares de adoctrinamiento y giro bolivariano de las FARC (1993–2002)Hecho
  14. 1993Resistencia embera-katío contra Urrá y desaparición de Kimy Pernía DomicóHecho
  15. 1994Gobierno Samper, Proceso 8.000 y las Convivir (1994–1998)Hecho
  16. 1994Manuel Cepeda VargasFicha
  17. 1994Vicente CastañoFicha
  18. 1995Apertura económica de 1990-91 y auge cocaleroPregunta
  19. 1995Capital transnacionalFicha
  20. 1995Cooperativas de Trabajo Asociado y desmantelamiento del sindicalismo palmero (1995–2005)Hecho
  21. 1995Fundación y expansión de las AUC (1995–2000)Hecho
  22. 1995Limpieza social y orden moral paramilitar en ciudades colombianas (1995–2002)Hecho
  23. 1995Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM)Hecho
  24. 1996Asimetría mediática: hipervisibilidad de las FARC e invisibilización paramilitar (1996–2002)Hecho
  25. 1996Soberanía limitadaFicha
  26. 1996Yolanda Becerra VegaFicha
  27. 1997AutodefensasFicha
  28. 1997Carlos Castaño GilFicha
  29. 1997El despojo narco-paramilitar y la contrarreforma agraria en Colombia (1980-2006)Pregunta
  30. 1997Harold Bedoya PizarroFicha
  31. 1997Javier Giraldo MorenoFicha
  32. 1997MapiripánFicha
  33. 1997Operación Génesis y desplazamiento masivo en el Bajo AtratoHecho
  34. 1997Rito Alejo del Río RojasFicha
  35. 1997Sevicia ritual paramilitar y violencia sexual escenificada en masacres (1997–2002)Hecho
  36. 1997Urbanización forzadaFicha
  37. 1998Andrés Pastrana ArangoFicha
  38. 1998Crisis económica de fin de siglo (1998–1999)Hecho
  39. 1998El exterminio del sindicalismo colombiano (1986-2010)Pregunta
  40. 1998Hernán Giraldo SernaFicha
  41. 1998Jesús María Valle JaramilloFicha
  42. 1998La paradoja del 91: Constitución garantista y expansión paramilitar en ColombiaPregunta
  43. 1999Asesinato de Jaime GarzónHecho
  44. 1999Jaime GarzónFicha
  45. 1999Monumento a la Paz de MonteríaHecho
  46. 2000CurvaradóFicha
  47. 2000El Caguán (1998-2002)Pregunta
  48. 2000El SaladoFicha
  49. 2001Kimy Pernía DomicóFicha
  50. 2001Palma aceitera y despojo paramilitar en Colombia (1996–2013)Pregunta
  51. 2001Yolanda Cerón PalaciosFicha
  52. 2002BojayáFicha
  53. 2002Comuna 13Ficha
  54. 2002Ruptura del Caguán, masacre de Bojayá y elección de Uribe (2002)Hecho
  55. 2003Feminismo colombiano post-1991: territorialización, ONGización y violencia contra lideresasPregunta
  56. 2005Captura del EstadoFicha
06Seguridad Democrática2002–201654
  1. 1997Despojo, palma aceitera y titulación colectiva afro en Curvaradó y Jiguamiandó (1997–2007)Hecho
  2. 1997Salvatore Mancuso GómezFicha
  3. 2000Jineth Bedoya LimaFicha
  4. 2000Plan Colombia (1999)Pregunta
  5. 2000Plan Colombia y soberaníaPregunta
  6. 2002Control territorialFicha
  7. 2002El Bloque Centauros y la guerra intra-paramilitar en el Casanare (2002–2005)Hecho
  8. 2002El DAS bajo Jorge Noguera y la captura paramilitar del aparato de inteligencia (2002–2005)Hecho
  9. 2002Falsos positivos y ejecuciones extrajudicialesHecho
  10. 2002Guardia Indígena Nasa y Comunidades de Paz como soberanías civiles desarmadas (2002–2015)Hecho
  11. 2002Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)Hecho
  12. 2002Operación Orión en la Comuna 13Hecho
  13. 2002Seguridad Democrática (2002–2016)Época
  14. 2003Carlos Mario Jiménez NaranjoFicha
  15. 2003Don Berna (Diego Fernando Murillo Bejarano)Ficha
  16. 2003Éver Veloza GarcíaFicha
  17. 2003Falsificación de cifras y ocultamiento de menores en la desmovilización paramilitar (2003–2006)Hecho
  18. 2003Jorge NogueraFicha
  19. 2003Negociación de Santa Fe de Ralito y desmovilización paramilitar (2003–2006)Hecho
  20. 2003Santa Fe de RalitoFicha
  21. 2004Bahía PorteteFicha
  22. 2004Sentencia T-025 de 2004 y el estado de cosas inconstitucional del desplazamiento forzadoHecho
  23. 2005Continuidad paramilitarFicha
  24. 2005Falsos positivos (2002-2008)Pregunta
  25. 2005Iván Roberto Duque GaviriaFicha
  26. 2005Justicia y PazFicha
  27. 2005La Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz)Pregunta
  28. 2005Luis Carlos RestrepoFicha
  29. 2006Agroindustria en ColombiaFicha
  30. 2006Álvaro García RomeroFicha
  31. 2006Álvaro Uribe VélezFicha
  32. 2006Bandas criminales (Bacrim)Ficha
  33. 2006Bandas criminales y rearme posdesmovilización (2006–2014)Hecho
  34. 2006Derecho Internacional HumanitarioFicha
  35. 2006El escándalo de la parapolíticaHecho
  36. 2006Francisco Santos CalderónFicha
  37. 2006Jesús Abad ColoradoFicha
  38. 2006La desmovilización de las AUC y las bacrim/AGC (2003-2006)Pregunta
  39. 2006La parapolíticaPregunta
  40. 2006ParapolíticaFicha
  41. 2006Seguridad DemocráticaFicha
  42. 2007Andrés Felipe Arias LeivaFicha
  43. 2007Daniel Rendón HerreraFicha
  44. 2007Mario IguaránFicha
  45. 2007Mario Uribe EscobarFicha
  46. 2007Yolanda Izquierdo BerríoFicha
  47. 2008El pacifismo colombiano entre el Mandato de 1997 y el plebiscito de 2016Pregunta
  48. 2008Iván Velásquez GómezFicha
  49. 2008Palma africanaFicha
  50. 2008Violencia sexual en el conflicto armado colombianoPregunta
  51. 2010Casas de pique y violencia urbana afrocolombiana en Buenaventura (2010–2015)Hecho
  52. 2010El archivo transicional del paramilitarismo colombianoPregunta
  53. 2013Memoria histórica institucional en Colombia (GMH-CNMH, 2007-2022)Pregunta
  54. 2018Iván Duque MárquezFicha
07Posconflicto2016–presente22
  1. 1980Animeros de Puerto Berrío y la adopción ritual de NN del MagdalenaHecho
  2. 2011Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)Ficha
  3. 2016Acuerdo de pazFicha
  4. 2016Asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes en el posacuerdo (2016–2022)Hecho
  5. 2016Dairo Antonio Úsuga David, alias OtonielFicha
  6. 2016Disputa por la memoria histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016–2022)Hecho
  7. 2016Implementación del Acuerdo Final y dejación de armas de las FARC-EP (2016-2018)Hecho
  8. 2016Reparación colectivaFicha
  9. 2017Disidencias de las FARC y reconfiguración del conflicto armado (2017–2022)Hecho
  10. 2017La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)Pregunta
  11. 2017Paro Cívico de Buenaventura de 2017Hecho
  12. 2017Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)Hecho
  13. 2018Elección de Iván Duque y el giro uribista (2018)Hecho
  14. 2018Lucía González DuqueFicha
  15. 2018Pastor AlapeFicha
  16. 2019Confinamientos masivos como modalidad de control territorial en el posacuerdo (2019–2022)Hecho
  17. 2019Leyner Palacios AsprillaFicha
  18. 2019Sujetos colectivos de reparación en ColombiaPregunta
  19. 2020Líderes socialesFicha
  20. 2022Comisión de la VerdadFicha
  21. 2022Francia MárquezFicha
  22. 2022Francisco de RouxFicha
08Transversal96
  1. 1000Sierra Nevada de Santa MartaFicha
  2. 1510UrabáFicha
  3. 1541AntioquiaFicha
  4. 1776SincelejoFicha
  5. 1821CúcutaFicha
  6. 1830La frontera colombo-venezolanaPregunta
  7. 1850DespojoFicha
  8. 1850MaganguéFicha
  9. 1886Exclusión políticaFicha
  10. 1886La DoradaFicha
  11. 1886La Regeneración como matriz penal-excepcional de larga duraciónPregunta
  12. 1900Frontera porosaFicha
  13. 1900ImpunidadFicha
  14. 1900Reclutamiento forzadoFicha
  15. 1910Valle del CaucaFicha
  16. 1922BarrancabermejaFicha
  17. 1927MaicaoFicha
  18. 1928AracatacaFicha
  19. 1928Presencia diferenciada del Estado en las periferias colombianasPregunta
  20. 1928Zona BananeraFicha
  21. 1947QuibdóFicha
  22. 1948Autodefensa campesinaFicha
  23. 1950Río SinúFicha
  24. 1950San Vicente de ChucuríFicha
  25. 1952Chulavitas, pájaros y el origen del paramilitarismo colombianoPregunta
  26. 1952Córdoba (Colombia)Ficha
  27. 1952YacopíFicha
  28. 1953DesmovilizaciónFicha
  29. 1961Las reformas agrarias en Colombia (1936–2016)Pregunta
  30. 1962ContrainsurgenciaFicha
  31. 1964Colonización armadaFicha
  32. 1964Geografía del conflictoFicha
  33. 1965Doctrina contrainsurgenteFicha
  34. 1965Privatización de la seguridadFicha
  35. 1967CesarFicha
  36. 1969Puerto GaitánFicha
  37. 1970Comuna Nororiental de MedellínFicha
  38. 1970Magdalena MedioFicha
  39. 1970TierraltaFicha
  40. 1971ANUCFicha
  41. 1971ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos)Ficha
  42. 1975ClientelismoFicha
  43. 1975Democracia paramilitar vs. dictadura: la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia y el Cono SurPregunta
  44. 1976SaravenaFicha
  45. 1980ApartadóFicha
  46. 1980CimitarraFicha
  47. 1980MonteríaFicha
  48. 1980TibúFicha
  49. 1984Extradición en ColombiaFicha
  50. 1985Aída AvellaFicha
  51. 1985Del país del café al país de la cocaínaPregunta
  52. 1985Economía de guerraFicha
  53. 1985La cuestión agraria como sustrato del conflicto colombianoPregunta
  54. 1985La periferia urbana colombiana como geografía del despojoPregunta
  55. 1985Puerto TriunfoFicha
  56. 1987Daniel PécautFicha
  57. 1987La violentología colombianaPregunta
  58. 1988SegoviaFicha
  59. 1990Bajo CaucaFicha
  60. 1990Desaparición forzadaFicha
  61. 1990El Carmen de ChucuríFicha
  62. 1990El CastilloFicha
  63. 1990El exterminio de la Unión Patriótica (1984–2005)Pregunta
  64. 1990Impunidad estructuralFicha
  65. 1990Norte del ValleFicha
  66. 1990SicariatoFicha
  67. 1990Víctor CarranzaFicha
  68. 1990Violencia sexualFicha
  69. 1993Genocidio políticoFicha
  70. 1994ConvivirFicha
  71. 1994El viraje del paramilitarismo colombianoPregunta
  72. 1994NarcoparamilitarismoFicha
  73. 1995Alto SinúFicha
  74. 1995Clientelismo armadoFicha
  75. 1995Limpieza socialFicha
  76. 1995Sur de BolívarFicha
  77. 1996Gloria Cuartas MontoyaFicha
  78. 1997Connivencia militar-paramilitar en Colombia: ¿doctrina de Estado o desviación individual?Pregunta
  79. 1997Desplazamiento forzadoFicha
  80. 1997San José de ApartadóFicha
  81. 1998El despojo agrario en Colombia, 1985-2010Pregunta
  82. 1998La Iglesia católica en las zonas de conflicto colombiano, 1980-2016Pregunta
  83. 1998Montes de MaríaFicha
  84. 1999El PlacerFicha
  85. 2000AltillanuraFicha
  86. 2000Bajo AtratoFicha
  87. 2000Estado paraleloFicha
  88. 2000EstigmatizaciónFicha
  89. 2000Piedad CórdobaFicha
  90. 2003Cultura popular y narco-violencia en ColombiaPregunta
  91. 2005Justicia transicionalFicha
  92. 2010Iván Cepeda CastroFicha
  93. 2011Restitución de tierrasFicha
  94. 2013BuenaventuraFicha
  95. 2016PosconflictoFicha
  96. 2020Violencia selectiva contra el liderazgo social rural en Colombia (1970–2024)Pregunta
05

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

  1. 01Carlos Castaño Gil — cofundador de las ACCU y figura pública central de las AUC
  2. 02Gonzalo Rodríguez Gacha — narcotraficante que financió las autodefensas del Magdalena Medio y contrató instructores internacionales como Yair Klein
  3. 03Pablo Escobar — cofundador del MAS e inversor en tierras del Magdalena Medio junto a Rodríguez Gacha
  4. 04Álvaro Uribe Vélez — gobernador de Antioquia que autorizó al menos 67 Convivir desde 1995
  5. 05Guillermo León Valencia — presidente que expidió el Decreto 3398 de 1965, base legal del paramilitarismo
  6. 06Puerto Boyacá — municipio del Magdalena Medio donde se puso a prueba el primer modelo paramilitar sistemático del país
  7. 07Salvatore Mancuso — comandante paramilitar formado en bases de los Castaño que replicó el modelo en Córdoba y la Costa Caribe
  8. 08Doctrina de Seguridad Nacional — marco ideológico que justificó la organización de civiles armados en función contrainsurgente
06

Documentos y fragmentos citados

84 documentos · 112 fragmentos

01El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 65, 3822 citas
[1]

serie de normas que autorizaron al Ministerio de Guerra para la conformación de grupos de civiles armados para el desarrollo de actividades de con- trainsurgencia, vigilancia y protección, tanto rural como barrial. Así fue como se expidió el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965, mediante el cual se reglamentó la…

p. 65
[105]

Defensoría del Pueblo “Las Águilas Negras en su incursión al Bajo Cauca también fueron conocidos por la población como “Los Urabeños”. Estaba integrado por sujetos que tenían un mayor nivel de vinculación a lo que algunos medios y académicos han denominado La Casa Castaño y el proyecto paramilitar que se incubó desde…

p. 382
02Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 521 cita
[2]

de control directo de las élites políticas locales y regionales. El general Rojas Pinilla dio el primer paso para desestimular a los grupos armados civiles y despolitizar a la Policía y acabar con sus expresiones subnacionales (el Decreto 1814 del 13 de junio de 1953 la trasladó al Ministerio de Defensa y la convirtió…

p. 52
03Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 42, 1522 citas
[3]

con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región” (Colombia, Ejército Nacional, Ayudantía General del Comando del Ejército, 1979, p. 188). Como los habitantes se encuentran en el centro del con fl icto, es necesario incluirlos en…

p. 152
[27]

las que transitaba la pasta de origen extranjero, proveniente básicamente del Perú. 10 Las FARC actuaron inicialmente como reguladores del mercado. La guerrilla imponía “impuestos” a todos los actores del trá fi co, 11 ofrecía una protección del mercado y desempeñaba un papel preponderante en el gobierno de las…

p. 42
04Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 8921 cita
[4]

través de una carta de la Corporación Cívica de Seguridad de Bogotá al ministro de Defensa, tildaron los hallazgos de la Procuraduría de imprudentes e hicieron un llamado para que este ente de control se enfocara en investigar el accionar de los grupos armados insurgentes. Sin embargo, en ningún momento aportaron…

p. 892
05Counting the Dead: The Culture and Politics of Human Rights Activism in ColombiaWinifred Tate · 2007 · p. 691 cita
[5]

represented by national spokesmen claiming to share a political platform in the late 1990s. Paramilitaries historically have acted in concert with and have been supported by the state military apparatus rather than in opposition to the state (an important exception is paramilitaries’ violent repression of state…

p. 69
06More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 841 cita
[6]

actions. President Guillermo Valencia legal- ized "self-defense" groups in 1965. He also introduced "state of siege" legislation that authorized troops to arrest and even court martial civil- ians deemed guilty of vague and generalized crimes, such as "altering the peaceful development of social activity." The wording…

p. 84
07Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 256, 2622 citas
[7]

contrainsurgencia. Los extensos perio - dos de legalidad, de la que han estado revestidos los grupos de seguridad privada, se constituyen en un factor central de su sostenimiento y supervivencia. Las autodefensas civiles fueron promovidas y declaradas legales durante 27 años, hasta 1989, cuando el gobierno de Virgilio…

p. 256
[10]

organismos de seguridad e inteligencia tenían como objetivo la contrainsurgencia, en un espectro difuso entre lo «militar» y aquello que consideraban como «quitarle el agua al pez». Por su parte, los políticos regionales tenían el interés de eliminar a los actores que amenazaban con arrebatarles el poder que…

p. 262
08Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 125, 1592 citas
[8]

el autor, fundamentado en una pesquisa de documentos históricos, jurí- dicos y legales evidencia cómo el paramilitarismo en Colombia ha tenido dos momentos de más o menos una larga duración: la primera entre los años 1968 y 1989, cuando públicamente se alentaba y se ayudaba a constituir grupos pa- ramilitares sin…

p. 159
[46]

Vigilancia y Seguridad Privada y cumplir con lo que la C-572 de1997 exigía (Es decir finalmente desobedecieron lo planteado por la Corte en la C572 de 1997). El 26 de diciembre de 1997 el Estado promulgó la Ley 418 de 1997 (Ka- vilando, 2016). En ella se le confirieron poderes especiales al presidente de la república…

p. 125
09Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 2511 cita
[9]

el Decreto 3398 de 1968 como la Ley 48 de 1968 fueron utilizados para promover la promoción de grupos de “autodefensa” para así garantizar la presencia del Estado en todo el territorio nacional. El experimento se puso a prueba en el municipio de Puerto Boyacá. &&&&&&& En 1982 miembros del Ejército Nacional ingresaron…

p. 251
10En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 501 cita
[11]

convertiría en el principal acu- sador del general F aruk Yanine Díaz, absuelto en su momento por la Justicia Penal Militar y llamado, en junio de 2008, a inda- gatoria al reabrir la Fiscalía el caso. Hay que anotar dos hechos 52 EN MEDIO DEL MAGDALENA MEDIO significativos en esta historia. El primero es el nombre…

p. 50
11Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 871 cita
[12]

y fincas ganaderas. El surgimiento del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 marca un hito en la evolución del con- flicto en Colombia, llevando el antagonisn1o social a mayores niveles de violencia. En noviembre 1981, el M-19 (una organización guerrillera des- movilizada en 1990) secuestró a Marta Nieves…

p. 87
12Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2542 citas
[13]

momen- to, pocos colombianos comprendían la magnitud de la riqueza en manos de hombres como Lehder, Escobar y Ochoa. Pero el M-19 sí la conocía, pues durante los años setenta este grupo guerrillero había utilizado a amigos suyos narcotraficantes para adquirir armas con el dinero que obtenía mediante una serie de…

p. 254
[14]

momen- to, pocos colombianos comprendían la magnitud de la riqueza en manos de hombres como Lehder, Escobar y Ochoa. Pero el M-19 sí la conocía, pues durante los años setenta este grupo guerrillero había utilizado a amigos suyos narcotraficantes para adquirir armas con el dinero que obtenía mediante una serie de…

p. 254
13Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in ColombiaSteven Dudley · 2004 · p. 781 cita
[15]

For less than a penny, locals could see rhinos, deer, zebras, giraffes, gazelles, buffalo, and antelope roaming the light green pastures. They could watch pelicans, herons, and hippopotamuses splash around in the hacienda’s sixteen artificial lakes. Visitors were also constantly reminded who the patrón was: The…

p. 78
14No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 441 cita
[16]

34. Los primeros recuerdos de Olga María son confusos; sin embargo, no olvida que tenía cinco años cuando vio a su tío muerto, y seis cuando desaparecieron a su padre. Como ella, cientos de niñas, niños y adolescentes vivieron de cerca la violencia del conflicto cuando esta les arrebató a sus seres queridos. En 1988,…

p. 44
15Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 64, 1322 citas
[17]

de Puerto Boyacá, así como con figuras de la historia del paramilitarismo como Henry Pérez y Gon- zalo Rodríguez Gacha (CNMH, 2019), que con el grupo identificado por la sigla MAS o Muerte a Secuestradores, creado en 1981 por miembros de las mafias del narcotráfico. 16 La contribución realizada por un exintegrante del…

p. 64
[53]

a la reunión ahí… eso reunieron toda la gente en un parque y el que no salía lo mataban ahí. Los mataban así y la gente mirando y los mataban ahí. Entr.: O sea ¿y todo eso se lo contó a usted su familia después? Edo.: No, a todos nosotros nos cogieron, estábamos todos ahí e iban sacan- do. Venía un sapo, venía…

p. 132
16Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 631 cita
[18]

y de control de población de los grupos paramilitares se daría simultáneamente con una intensi fi cación de las operaciones militares del Ejército en el Magdalena Medio. El Grupo de Me- moria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Recon- ciliación (CNRR) constataría que, en el Magdalena Medio, A partir de…

p. 63
17El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 24, 33, 1574 citas
[19]

medio de estas situaciones existían desde la fuerza pública medidas arbitrarias de control y señalamientos frente a la población campesina. La expedición de salvoconductos y la obligación de presentación periódica –que podía llegar a ser diaria–, las detenciones arbitrarias a veces acompañadas de castigos que podían…

p. 24
[21]

y mapas, así como la colaboración con el proceso de edición. Al igual que con todos los informes de esta serie, a la Dirección Técnica de la DAV le correspondió la dirección general en términos de orientación, acompañamiento y revisión detallada del conjunto del texto y de su proceso de consolidación y edición. Álvaro…

p. 33
[22]

y mapas, así como la colaboración con el proceso de edición. Al igual que con todos los informes de esta serie, a la Dirección Técnica de la DAV le correspondió la dirección general en términos de orientación, acompañamiento y revisión detallada del conjunto del texto y de su proceso de consolidación y edición. Álvaro…

p. 33
[24]

con dineros del narcotráfico aportados principalmente por Gonzalo Rodríguez Gacha y el cartel de Medellín. “Los pensamientos de Gon- zalo Pérez y Henry Pérez era ganarle la guerra a la guerrilla, y ganar terreno. Y con ese aliado que tenían en la época, con esa plata, pues era estar en todo el país, atacando a la…

p. 157
18Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 491 cita
[20]

protección de bienes y tierras de los ganaderos, entre los cuales resaltan Evelio Monsalve, Alberto Villegas, John Yepes, Ignacio López y Carlos Salazar (Fiscalía Dossier ACMM, s. f.). Otros de los ganaderos reconocidos en la región que vivían entre La Estación Cocorná y Las Mercedes eran Gabriel Echeverry, Misael…

p. 49
19Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 171, 2182 citas
[23]

decir que no, pero ante un magistrado ustedes no van a salir con cuentos raros, no se los va a creer nadie”. Yo les digo así en la versión, esto no se lo cree nadie, que usted sea comandante y no… es su problema, el proceso es suyo”. 340 Capítulo 2 341 JUSTICIA Y PAZ: ¿Verdad judicial o verdad histórica? crimen…

p. 171
[95]

los medios de comunicación reve- laron que uno de los mellizos Mejía, reconocido narcotra fi cante y extraditable, estaba en la mesa de negociaciones (,. El editorial de El Colombiano, alrededor del destape, estableció: “El proceso de desmovilización que viene realizándose con las autodefensas ha propiciado una…

p. 218
20Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 1971 cita
[25]

las inmensas riquezas genera- das por el narcotráfico estaban produciendo una profunda trans- formación de la sociedad colombiana, la cual aún continúa. Las jerarquías sociales, el destino de las inversiones, el régimen polí- tico, todo esto fue afectado completamente por el narcotráfico. Fue en el terreno político…

p. 197
21Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 38, 2632 citas
[26]

que había una alianza «narcoterrorista» entre las FARC y el narcotráfico. Siguiendo la línea de su gobierno, presidido por Ronald Reagan, el campeón del anticomunismo en Centroamérica, Tambs estaba en una campaña premeditada para inflar las conexiones entre las guerrillas colombianas y el gobierno sandinista en…

p. 38
[50]

Esperanza, Paz y Libertad, con sus familias. Los hombres armados masacraron a 35 personas, entre ellos una mujer y dos niños. Fue la peor de las 18 masacres que, según una investigación del Centro de Memoria Histórica, hubo en el Urabá en esos años, cuando la disidencia del EPL que no se había desmovilizado se unió a…

p. 263
22La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2971 cita
[28]

Eduardo Ramírez, 95 Hacia 1987 el paramilitarismo del Magdalena Medio comenzó a perturbar re- giones de Córdoba y Urabá. La expansión del grupo paramilitar comandado por Gonzalo y Henry Pérez a territorios que transcendían al Magdalena Medio tuvo cierta semejanza con el proceso de enquistamiento que años atrás…

p. 297
23Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 1641 cita
[29]

armas, uniformes y alimentos), y las inversiones para consolidar una base social (droguerías, clínicas, escuelas y brigadas de salud). Los aportes de los ganaderos y las armas proveídas por el Ejército no bastaban para cubrir este esfuerzo de expansión. Poniéndolo en términos simples, había más necesidades que dinero.…

p. 164
24Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1051 cita
[30]

ataques a las haciendas por parte de las FARC-EP y el ELN 343. Así lo recordó un ganadero de la región ante la Comisión: «Yo adquirí bastante tierra en los llanos del Yarí por el ochenta y pico. Un hato de 16.000 hectáreas y otro hato como de 4.000. Tuve ganadería. A raíz del conflicto allá me robaron; la guerrilla,…

p. 105
25Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 3271 cita
[31]

y que le suminis- tró, por ejemplo, parte de las regalías.  “Gremiales y empresariales”, que realizaron aportes a grupos parami- litares ya sea como inversión en seguridad o por extorsión en sectores industriales, financieros y comerciales.  “Fuentes proscritas”, aquellas que provienen de actividades ilegales como…

p. 327
26Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 138, 1472 citas
[32]

liderado por Pablo Escobar, y orientado a forzar al Gobierno a suspender la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. El sucesor de Barco, César Gaviria, ofreció como alternativa a la confrontación terrorista la política de sometimiento a la justicia y aceptó prohibir la extradición en la reforma…

p. 147
[62]

acciones estatales de protección patrimonial dependen del poder de alcaldes y gobernadores, concejales y diputados, y los grupos paramilitares se aseguraron de ejercer suficiente influencia sobre ellos para neutralizar iniciativas contrarias a sus intereses en sus dominios territoriales. En sentido estricto, la…

p. 138
27The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 1141 cita
[33]

for being a guerrilla nest, a pueblo guerrillero. Their spectacular violence was an act of purification and reeducation. The violence was performed by paramilitary groups, which had turned into powerful and well-organized regional armies. Their development and expansion were the result of the leadership and initiative…

p. 114
28Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 991 cita
[34]

Sierra Nevada de Santa Marta, en los depar- tamentos de Guajira, Magdalena y Cesar, reunió su importancia estratégica como ruta de salida del narcotráfico con la creación de un grupo paramilitar dirigido por un colono antioqueño, Hernán Giraldo Serna, que prestó servicios de seguridad para grandes ha- cendados y…

p. 99
29Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 152, 1562 citas
[35]

reconocía la necesidad de articularse con estructuras narcotraficantes y apropiarse de las rentas ilegales. Algunos identifican una facción paramilitar de naturaleza narcotraficante —como las tan mentadas franquicias— que representaba solo intereses económicos usufructuando el discurso antisubversivo. La conquista de…

p. 156
[52]

informó a los asistentes, entre los cuales se encontraba Javier Montañéz, que en virtud de la ordenada vinculación a las ACCU, a partir de ese momento quedábamos bajo las órdenes de Carlos Castaño Gil. (FGN, 2007b, p. 11) A principios del año 1997, el señor VICENTE CASTAÑO citó a los líderes y comandantes de estas…

p. 152
30Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1291 cita
[36]

conglomerados empresariales, así como otras estructuras criminales. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, uno de los grandes hitos para el nuevo auge del paramilitarismo no se entiende sin la creación de las conocidas como Convivir. Las Convivir, creadas al final de la presidencia de César Gaviria —Decreto 356 de…

p. 129
31Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 1441 cita
[37]

las masacres, los desplazamientos se convirtieron en una de las características de este grupo de paramilitares. Con la crisis de legitimidad y legalidad que vivió el gobierno del entonces presidente Samper, las Fuerzas Militares y gran parte de clase económica regional presionaron por la formación de grupos de…

p. 144
32Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 85, 902 citas
[38]

entorno, se consolidó el propósito criminal de “erra- dicar: “ la subversión, caracterizada no solo como acciones gue- rrilleras, sino también como toda forma de actividad popular o comportamiento contestatario y muchas veces social”, y de elimi- nar “toda forma de sociedad política populista ”. En esa línea, sindi-…

p. 90
[54]

reclama gestionar acuerdos de paz con los Frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, disidentes del proceso de paz con el EPL, en 1991 67. 67 Ver: Bluradio.com, 2015, Iniciar diálogos con disidencia del EPL, piden personeros del Catatumbo y Verdad Abierta.com, 2014, En Catatumbo reclaman mesa con…

p. 85
33Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1051 cita
[39]

políticos clandestinos en las ciudades a través de milicias urbanas y acciones de incidencia social y comunitaria desde el Movimiento Bolivariano, proyecto político que las FARC-EP presentaron el 29 de abril de 2000 desde la zona de distensión del Caguán. Alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y políticos El…

p. 105
34Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 82, 962 citas
[40]

esas organizaciones de la facultad de utilizar armas y les quitó bue- na parte de las funciones de control y vigilancia que habían ejercido debido a la extrema laxitud en su regulación; no fueron debidamente supervisadas ni reguladas por el Estado durante su vigencia a pesar de los fuertes indicios de relación e…

p. 96
[41]

constituidas con el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legalmente constituidas y crear entre la ciudadanía de bien, una conciencia de cola- boración con las instituciones del Estado, encargadas de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, para que estas puedan…

p. 82
35El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 2391 cita
[42]

Según el informe de labores de la estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del año 1996, Mancuso se dotó de abundante y poderoso armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares creando cooperativas. El entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue de los principales…

p. 239
36Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 118, 1222 citas
[43]

primera vez por partidarios de una organización de Convivir en la región del Urabá. Buitrago describió su adminis- tración de La Tagua y los pagos de las autodefensas desde que su predecesor, Juan Manuel Alvarado, se fue en octubre de 1999 313. En el caso de la Convivir Siete Cueros, en La Ceja, Antioquia, quien…

p. 122
[71]

en Córdoba. 296 Entrevista 077-PR-00130. Coronel (r) del Ejército y catedrático universitario.; «Urabá: laboratorio de guerra y paz.», 19 de marzo de 2021. entre la violencia masiva y la resistencia (1991-2002) 119 Antioquia, el sur de Córdoba y el Bajo Atrato: entre 1991 y 2002, esta cifra ascendió a 1.103.385…

p. 118
37Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 791 cita
[44]

de la expansión en la costa Caribe, la Convivir Horizonte Ltda. fue el salvoconducto de Man- cuso Gómez para poder transportar las tropas armadas desde el Urabá hacia el resto de la región. En mayo de 1997, por ejemplo, el entonces comandante político de las ACCU y Tovar Pupo fueron liberados, luego de ser capturados…

p. 79
38Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1041 cita
[45]

de Córdoba y Urabá (ACCU). Las masacres reaparecieron con una matanza en San Pelayo, subregión del bajo Sinú, el 19 mayo de 1997. Para entonces, las Convivir y las masacres se habían extendido a otros departamentos del Caribe, auspiciadas por las ACCU. El encargado de esta tarea fue Salvatore Mancuso Gómez. En su…

p. 104
39El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 3741 cita
[47]

En efecto, involucra al Ejército, a los paramilitares, a élites vulnerables (incluidas a veces a multinacionales) así como a una amplia red de actores civiles. No obstante, un punto que no ha merecido mayor atención por parte de los analistas es que las Convivir fueron creadas bajo dos gobiernos centristas y…

p. 374
40¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1071 cita
[48]

de 1997), 9A. 160 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU –, y en 1997 se dieron cita en un lugar de la región los jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las…

p. 107
41La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 431 cita
[49]

enviados a Cesar por el ganadero cordobés Sal- vatore Mancuso, cumplían órdenes de René Ríos, alias Santiago Tobón y del exguerrillero Baltazar Mesa Durango (Verdadabier- ta.com, 22 de agosto de 2013, “La historia del “Juan Andrés Ál- varez””). En 1996 el paramilitarismo iniciaba una expansión sin precedentes bajo la…

p. 43
42Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 1921 cita
[51]

CÓRDOBA, BAJO ATRATO Y DARIÉN 2.2 Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (1997-2006): consolidación de bloques Una vez se consolida el proyecto paramilitar en las regiones del Urabá antio- queño y cordobés, y en la cuenca baja y media del río Atrato en el departa- mento del Chocó, Carlos Castaño buscó expandir la…

p. 192
43Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 104, 1082 citas
[55]

Teresa Ronderos se refiere a la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC en el marco de los “diálogos del Caguán”, en medio de los cuales se otorgó la zona de distensión al grupo guerrillero. El despeje de fuerza pública se dio en cinco municipios de los Llanos Orientales. 109 2.…

p. 108
[56]

grupos armados bien constituidos 24. Sin embargo, el alcance de estas acciones se limitaba a sus zonas de influencia. Esta característica cambió con la aparición de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en la región de los Llanos Orientales. En 1996 las ACCU, surgidas en 1994, emprendieron la ins-…

p. 104
44La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 1401 cita
[57]

ya se conocía de acciones de estos grupos en las zonas rurales de Fundación, Astrea, El Copey y Ariguaní, y que estaban al mando de Baltazar Meza Durango, alias Baltazar (Tovar Pupo, s.f., p. 35). Este primer grupo fue entrenado en la base paramilitar conocida como La 35, en Antio- quia, y de propiedad de los hermanos…

p. 140
45Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 611 cita
[58]

to growers at the time. The farc, for its part, harassed competing banana growers. The payments to farc, often made by a former U.S. military pi lot who was a Chiquita man ag er in Colom - bia, continued through at least 1997. 26 These changes on the armed Left coincided with the growth of paramili - tary death squads…

p. 61
46La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 68, 3092 citas
[59]

ya entrada la década de los noventa, sirvieron como plataforma para el posicionamiento, a nivel nacional, de los hermanos Castaño, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y en la dimensión regional, de los grupos paramilitares en el sur del Chocó y su costa…

p. 68
[84]

en Santafé de Ralito. Diciembre Desmovilización del Bloque Calima (exclusión de Gordolindo). Noviembre AUC declara cese de hostilidades. Enero Inicio negociación política. Reconfiguración del Bloque Pacífico. 2002 2003 2004 310 LA GUERRA VINO DE AFUERA EL BLOQUE PACÍFICO EN EL SUR DEL CHOCÓ: UNA HERIDA QUE AÚN NO…

p. 309
47Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1221 cita
[60]

agrupar a los grupos paramilitares que operaban en distintas zonas del país. Al proyecto se integraron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), las Autodefensas del Sur del Cesar, parte de las ACCU y…

p. 122
48Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1831 cita
[61]

fuertes de influencia eran Urabá, el Sinú, Cesar, los Llanos Orientales, el Catatumbo y el Magdalena Medio. Desde el arranque de las gestiones de negociación (1997) que dieron lugar a los diálogos de paz en El Caguán (1998-2001), la postura general de las autodefensas, encabezadas por los hermanos Castaño, fue de…

p. 183
49Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 771 cita
[63]

al resto del país. Se reproducía en cada localidad, con la disciplina militar de verdaderos psicópatas organizados. Hecho el ensayo y vistos sus resultados, el modelo de arrasamiento se aplicó luego a otras regiones y goza del silen- cio de la prensa oficial en Colombia. Y del silencio de la prensa en los países con…

p. 77
50Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 85, 1852 citas
[64]

grupos armados, en especial los paramilitares, construyeron sobre los motivos y fines de sus ac- ciones, como en el caso de la masacre de El Salado. En el informe sobre esa masacre, sus autores contribuyen a desmontar el estigma con el cual la Casa Castaño justificó semejante horror 99. Según el CNRR-GMH, la masacre…

p. 185
[80]

fue una estructura militar, sino “un movimiento social y político de carácter regional” (CNMH, 2012c, página 33). Mientras en el sur de Córdoba, los comandantes Salvatore Man- cuso y Don Berna, influyeron en la elección de alcaldes y conceja- les de manera sostenida y visible desde las elecciones de 2000. El…

p. 85
51La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 981 cita
[65]

cuerpo, sino que lo asumió como un botín de guerra. La tierra arrasada constituye una marca de vul- neración del territorio del «enemigo» que el victimario imprime, especialmente cuando es incapaz de ejercer un control duradero del territorio. En esa perspectiva adquieren sentido las marcas en el territorio a través…

p. 98
52Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 138, 1412 citas
[66]

Gráfica 1. Desplazamiento forzado en Colombia Fuente: Elaboración propia, con base en el Registro Único de Víctimas. En el mapa 10 se puede observar el comportamiento regional del desplazamiento en la población rural no étnica, como una aproximación a lo campesino, por periodos, dividido por quinquenios a partir de…

p. 141
[68]

el mapa 9 se pueden apreciar, por ejemplo, los municipios que presentan expansión de cultivos de palma en el periodo 2001-2013, en relación con los que registran fenómenos de desplazamiento forzado entre 2001 y 2004. Se evidencia allí una correspondencia en algunas regiones del Urabá, el Magdalena Medio o el Meta. La…

p. 138
53Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1781 cita
[67]

creadas en su mayo- ría por actores económicos y políticos para proteger sus tierras e intereses, buscaba aumentar su presencia en regiones estratégicas. En la región Caribe, su interés fue aprovechar el potencial econó- mico para el narcotráfico: [P]odría establecerse la conformación de un gran complejo cocalero que…

p. 178
54Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 351 cita
[69]

que no empezó ni acabó en el corregimiento El Salado (municipio de El Carmen de Bolívar) sino que se extendió a los corregimientos Canutal, Canutalito y Flor del Monte (municipio de Ovejas, en Sucre) y la vereda La Sierra (municipio de Córdoba, en Bolívar); masacre de Mampuján, acontecida en el corregimiento Mampuján…

p. 35
55Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 881 cita
[70]

contra la población cam- pesina a quienes capturaban, torturaban, asesinaban y luego des- aparecían como una forma de apropiarse de sus tierras y bienes, o incluso como forma de implementar proyectos estratégicos de infraestructura o de explotación de recursos naturales. Para la década de los noventa la desaparición…

p. 88
56Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 521 cita
[72]

desconoce 25. Los victimarios recorrieron el caserío con lista en mano para seleccionar a sus víctimas, las cuales fueron atadas y luego asesinadas con sevicia: “los cuerpos estaban mutilados, sin ojos y sin lengua; fueron asesinados a ba- lazos y a golpes de machete” 26. Olga Lucía García de Osorio fue violada…

p. 52
57Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 15, 322 citas
[73]

de las AUC en el Congreso colombiano. Para 2001, “las AUC quizá alcanzaron a tener treinta mil hombres armados a su disposición en distintos bloques” (Acemoglu, Daron y Robinson, James, 2012, página 444). Estos mismos autores relatan un hecho relevante en los términos del fenómeno que posteriormente se conocería como…

p. 32
[94]

y económicos descritos en el Decreto 128 de 2003 reglamentario se desarrollaron en los artículos 13, 14, 15 y 16. 16 Justicia Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico La negociación conjunta derivó en una crisis de credibilidad para el Gobierno. La zona de negociación de Santa Fe Ralito, Cór-…

p. 15
58La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 891 cita
[74]

una gran bancada en el Congreso que les permitiera ventilar sus intereses en los órganos de decisión de la Nación. Para tal efecto, les fue útil la proliferación de partidos políticos promovida por la Constitución de 1991. De hecho, para el momento en que las AUC estaban unificadas, ya existían varios movimientos…

p. 89
59Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 2271 cita
[75]

violencia. 675 Entrevista 762 - VI - 00002. Lideresa social, mujer afrodescendiente, víctima d e desplazamiento forzado. 676 Entrevista 109 - VI - 00017. Periodista, testigo de homicidio. 677 Entrevista 811 - VI - 00004. Defensor de Derechos Humanos, víctima de amenaza y atentado al derecho a la vida. 227 El 23 de…

p. 227
60Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 721 cita
[76]

del Es- tado, en la rama judicial y en los organis- mos de control. También han influido en la elección de cargos públicos en el nivel regional. De esta manera, la corrupción lo- cal que les sirvió de base para su llegada al Congreso ha podido, en algunos casos, re- troalimentar el poder y el control local. Al mismo…

p. 72
61A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 831 cita
[77]

del senador y jefe del Partido Conservador Julio Manzur, Rodrigo Burgos de la Espriella; el ex alcalde de Chinú, Córdoba, y suplente a la Cámara de Represen- tantes, Luis Álvarez; el líder conservador, José de los Santos Negrete; el ex diputado conservador, Álvaro Cabrales Hodge; el director de la Corporación Autónoma…

p. 83
62Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 681 cita
[78]

adicionalmente, los medios de comunicación van “tras el gran escándalo”, restándole importancia a la investigación regional y local. - Se registran procesos judiciales que si bien existieron y tuvieron efectos serios sobre los responsables, en especial aquellos que fueron juzgados en la Corte Suprema de Justi - cia,…

p. 68
63Herederos del mal. Clanes, mafias y mermelada. Congreso 2014-2018León Valencia, Ariel Ávila Martínez · 2014 · p. 1571 cita
[79]

Por este motivo elAlto Tribunal lo sentencio el31 de agosto de 2011, a pagar una pena de 4 aiios y siete meses de prision, mas una multa economica que representa los 3.650 salarios minimos mensuales por el delito de concierto para delinquir agravado. Javier Ramiro Devia Arias Abogado y representante a la Camara por el…

p. 157
64La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 3911 cita
[81]

El Heraldo (2019a), la Fiscalía Octava Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ordenó investigar a Matera Lajud, socio de Palmeras de la Costa, por los presuntos nexos de la empresa con el Bloque Norte de las AUC. Esta investigación se encuentra aún en curso, ya que fue abierta…

p. 391
65Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Nariño y sur de CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1241 cita
[82]

María y con empresarios de los ingenios. Luego llegó HH, quien hizo contactos con personas del ingenio San Carlos y logró aportes de 20 millones de pesos a cambio de seguri- dad. También pusieron a disposición los ingenios, sus vehículos y radios de comu- nicación. […] El grupo financiero se ubicó más que todo en…

p. 124
66De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 4001 cita
[83]

me aportó; el ALCALDE DE VENADILLO solo me dio UN MILLON DE PESOS, ese arreglo lo hizo con el comandante DANIEL, en el 2003 y a raíz de ese problema le tocó legislar desde Ibagué” (Versión libre conjunta Carlos Andrés Pérez, Jhoan Torres Loaiza, José Bedoya Rayo, Eduardo Carvajal Rodas, Oscar Oviedo Rodrí- guez,…

p. 400
67El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1172 citas
[85]

a la justicia. Pero también puso en evidencia sus limitaciones y la necesidad de apostarle a la defensa de derechos humanos desde un abordaje interdisciplinario. Fue así como las movilizaciones por la justi- cia incorporaron enfoques de otras disciplinas para visibilizar y reconocer a las víctimas como sujetos…

p. 117
[86]

a la justicia. Pero también puso en evidencia sus limitaciones y la necesidad de apostarle a la defensa de derechos humanos desde un abordaje interdisciplinario. Fue así como las movilizaciones por la justi- cia incorporaron enfoques de otras disciplinas para visibilizar y reconocer a las víctimas como sujetos…

p. 117
68Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 7801 cita
[87]

a partir del 1° de diciembre, solicitaron el reconocimiento político, la suspensión de acciones judiciales en contra de sus voceros y seguridad para las regiones donde ejercían sus actividades. Para ese momento, herencia del gobierno de Pastrana, ya estaban en conversaciones confidenciales con Restrepo, a quienes sus…

p. 780
69Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 3371 cita
[88]

Nutibara, que dejó muchas dudas en relación con el número de desmovilizados y su vinculación real con este grupo armado ilegal, el proceso sufrió una grave parálisis. Después se produjo la desmovilización del Bloque Ba nanero liderado por Ever Veloza, pero, según el relato de monseñor Vidal, fue gracias a la decisión…

p. 337
70Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 148, 1922 citas
[89]

afirma: Comisionado: Las negociaciones atraviesan por malos momentos, el proceso tiene dificultades... ustedes deben comprender que el presidente no negocia con ustedes por miedo si no por generosidad. Sena un grave error que ustedes pensaran que el poder que tienen en esta mesa se deba al número de hombres que tengan…

p. 148
[91]

delincuentes políticos, o sediciosos. Y así quedo establecido en la Ley de Justicia y Paz elaborada por el gobierno tiempo después. Acto se-guido, vendría el apoyo a sus compinches políticos para las elecciones al congreso en el 2002; la “elección” (de Uribe) parapresidente ese mismo año, y para las elecciones…

p. 192
71Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 148, 1922 citas
[90]

afirma: Comisionado: Las negociaciones atraviesan por malos momentos, el proceso tiene dificultades... ustedes deben comprender que el presidente no negocia con ustedes por miedo si no por generosidad. Sena un grave error que ustedes pensaran que el poder que tienen en esta mesa se deba al número de hombres que tengan…

p. 148
[92]

delincuentes políticos, o sediciosos. Y así quedo establecido en la Ley de Justicia y Paz elaborada por el gobierno tiempo después. Acto se-guido, vendría el apoyo a sus compinches políticos para las elecciones al congreso en el 2002; la “elección” (de Uribe) parapresidente ese mismo año, y para las elecciones…

p. 192
72Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1341 cita
[93]

of those who participated in the demobilization ceremonies were in reality not paramilitary combatants but hired sicarios who pretended to be AUC fighters; 3) the quantity of weapons turned over was much less than what the paramilitary were known to possess; 4) the subsequent activities of those who laid down their…

p. 134
73Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 3341 cita
[96]

una invitación a la impunidad.4 En efecto, el proyecto buscaba motivar la desmovilización de los grupos armados a cambio de penas bajas, sin que los actores del conflicto contribuyeran a resarcir los daños que habían causado. En esencia, era un proyecto centrado en los victimarios. Después de un proceso de negociación…

p. 334
74Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 3551 cita
[97]

terms of this process, formal talks began in May 2004. The government set up a zone consisting of 368 square kilometers in Santa Fe de Ralito, Cordoba, to relocate demobilized paramilitaries 261 Colombia: A Country Study and conduct the talks, and an Organization of American States (OAS) mission came to verify this…

p. 355
75Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 761 cita
[98]

a su colapso. Ante esta situación el Gobierno intentó distraer la discusión en la opinión pública con un señuelo que acaparó el debate: la inminencia de la derrota militar de las FARC (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). Los paramilitares consideraron que los acuerdos y los bene- fi cios de la desmovilización se habían…

p. 76
76«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 241 cita
[99]

de Amnistía Internacional muestra que esto es válido para todos los procesos de paz y desmovilización, tanto de paramilitares como de grupos guerrilleros. El gobierno colombiano ha pedido reiteradamente a Amnistía Internacional que reconozca que el proceso de desmovilización de más de 31.000 paramilitares del que se…

p. 24
77Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 4971 cita
[100]

de los otros neoparamilitares para ejer - cer sus actividades. Esta distribución geográfica de los tipos ideales que contiene la caracte - rización de los 26 grupos analizados muestra claramente una continuidad territorial entre las auc y el fenómeno del neoparamilitarismo. Además, una tendencia a consolidar nuevos…

p. 497
78Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 4711 cita
[101]

sobre cómo enfrentar sus nocivos efectos requiere elementos conceptuales para analizarlos y poder plantear una política pública de seguridad eficaz. Así, este capítulo propone algunos elementos conceptuales para categorizar los grupos armados surgi- dos, reconfigurados o evidenciados a partir de proceso de…

p. 471
79Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 1592 citas
[102]

replied that “paramilitarism in Colombia has been extinguished and its leaders are in jail. What is seen today is the appearance of bandas criminales emergentes based on drug trade.” Vice President Francisco Santos added that the report of the human rights group was not based on data and was biased. 47 The important…

p. 159
[103]

replied that “paramilitarism in Colombia has been extinguished and its leaders are in jail. What is seen today is the appearance of bandas criminales emergentes based on drug trade.” Vice President Francisco Santos added that the report of the human rights group was not based on data and was biased. 47 The important…

p. 159
80Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 260, 3284 citas
[104]

septiembre de 2014, “ Detienen a ocho personas señaladas de pertenecer al ‘Clan Úsuga’ en Sucre” y Revista Noche y Niebla N° 50, julio a diciem - bre de 2014, página 104. 103- Información recibida en visitas realizadas por la CNRR-Área DDR a zonas de Sin - celejo, Coveñas y Tolú en 2010. 329 CAPÍTULO IV. PRESENCIA DE…

p. 328
[106]

septiembre de 2014, “ Detienen a ocho personas señaladas de pertenecer al ‘Clan Úsuga’ en Sucre” y Revista Noche y Niebla N° 50, julio a diciem - bre de 2014, página 104. 103- Información recibida en visitas realizadas por la CNRR-Área DDR a zonas de Sin - celejo, Coveñas y Tolú en 2010. 329 CAPÍTULO IV. PRESENCIA DE…

p. 328
[108]

indicadas con mayor dimensión los grupos emergentes denomi - 261 CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICAS DE LOS GRUPOS POSDESMOVILIZACIÓN nados Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Machos y otros simila - res. Al respecto la MOE declaró que las cifras superaban lo suce - dido en las elecciones de 2007 (21 casos de…

p. 260
[109]

indicadas con mayor dimensión los grupos emergentes denomi - 261 CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICAS DE LOS GRUPOS POSDESMOVILIZACIÓN nados Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Machos y otros simila - res. Al respecto la MOE declaró que las cifras superaban lo suce - dido en las elecciones de 2007 (21 casos de…

p. 260
81Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1641 cita
[107]

en las áreas urbanas. La rápida expansión del grupo fue facilitada por sus alianzas con el ELN y las FARC-EP en torno al narcotráfico. En 2010, Los Rastrojos eran el grupo narcotraficante más fuerte y operaba por lo 391 Entrevista 582-VI-00052. Víctima, norte del Valle del Cauca. 392 El Espectador, «‘Los Rastrojos’…

p. 164
82Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 3641 cita
[110]

algunos de estos. Entre las víctimas de estas acciones se hallan algunos desmovilizados y reinsertados de los Bloques de las AUC que se niegan a reincidir en las ac- tividades delictivas y que por ello son presionados con amenazas de muerte por miembros activos del paramilitarismo que pretenden con ello reconfi- gurar…

p. 364
83Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 1841 cita
[111]

la fuerza pú - blica a finales de 2009, el grupo ONG se desarticuló, pero parte de sus integrantes entraron a fortalecer a Los Rastrojos. Las rutas buscadas por estos grupos para el comercio ilegal de coca por el Pacífico eran las siguientes: - Vial: desde la carretera Panamericana con tránsitos entre Pasto,…

p. 184
84Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1691 cita
[112]

de Derechos Humanos Noche y Niebla, CINEP, «Base de datos de Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: 1990-2015». 579 Centro Nacional de Memoria Histórica, Catatumbo: Memorias de vida y dignidad, 553. 170 fiflćflThff fl. fl flflć «Desde el 2005 hay una anarquía en el tema del conflicto armado. Aquí entra el que quiera…

p. 169