Lucía González Duque

La semblanza

Contar la vida de Lucía González exige una advertencia previa: su centralidad es funcional, no autoral. No escribió el libro que ordenó el campo, no lideró la organización de víctimas que forzó la ley, no firmó el capítulo decisivo del Informe Final de la CEV. Hizo algo que en Colombia suele ser más raro y más frágil que la producción intelectual: sostuvo instituciones. Dirigió un museo cuando la memoria seguía siendo una palabra en disputa. Ocupó una silla en una comisión de doce personas en la que su voz —una entre otras— aportó el pulso de una ciudad que había pasado por el laboratorio completo de la guerra urbana colombiana: el narcotráfico de los ochenta, las milicias, el paramilitarismo, la Operación Orión, el desplazamiento intraurbano de la Comuna 13.

Esa posición —la de gestora paisa con capital técnico y sensibilidad territorial— fue la que la volvió útil, primero para las administraciones reformistas de Medellín en el arco Fajardo–Salazar–Gaviria, y después para el sistema transicional diseñado por el Acuerdo del Teatro Colón de noviembre de 2016. En la CEV, presidida por el sacerdote jesuita Francisco José de Roux Rengifo, González apareció en cuarto lugar en el orden protocolar de comisionados, detrás del propio De Roux, del antropólogo Alejandro Castillejo Cuéllar y del médico Saúl Franco Agudelo. Ese lugar en la lista no es un detalle menor: la componía junto a académicos, defensores de derechos humanos, un obispo, una periodista, líderes étnicos y una lideresa afrocaribeña —María Ángela Salazar Murillo, fallecida en agosto de 2020—, y en ese mosaico ella representaba una dimensión específica que la comisión necesitaba: la del funcionariado territorial que había gestionado la posguerra urbana desde adentro del Estado local.

Los orígenes

La trayectoria de Lucía González se forma en Medellín en las últimas décadas del siglo XX, cuando la ciudad atravesaba su período más letal: la guerra del cartel contra el Estado, el crecimiento vertiginoso de las comunas populares, la penetración miliciana en barrios como el 13 y la posterior llegada del paramilitarismo urbano. En ese entorno se articula el ecosistema que la formaría profesionalmente: cerca de doscientas ONGs creadas en Antioquia durante los años ochenta y noventa por iniciativa privada, algunas con auspicios internacionales, orientadas a promover la convivencia pacífica, los derechos humanos y el desarrollo cultural. Ese tejido —Corporación Región, Instituto Popular de Capacitación, colectivos barriales, universidades como la de Antioquia, la Autónoma Latinoamericana y la Remington— fue la matriz donde se cocinaron los cuadros técnicos que luego llenarían las administraciones reformistas.

González llegó a la gestión cultural pública en ese circuito. Su formación específica y sus primeros cargos se despliegan en el terreno donde arquitectura, pedagogía y política se cruzan: la ciudad como texto que hay que reescribir después de la guerra. Fue, entre otras responsabilidades, directora de la Casa del Encuentro y directora de Cultura Ciudadana en Medellín durante el período de las alcaldías de Sergio Fajardo Valderrama (2004-2007) y Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011). Esa fase —con su vocabulario de urbanismo social, bibliotecas parque y presupuesto participativo— constituye la escuela real de González: aprendió a producir instituciones en una ciudad que aún tenía cifras de homicidio propias de un país en guerra abierta, y a hacerlo con el respaldo simultáneo del empresariado antioqueño, la cooperación internacional y las redes de víctimas.

Ese trasfondo importa para entender lo que vendría. La generación de gestores culturales paisas de los años dos mil aprendió a operar en un régimen específico de posconflicto: uno donde el conflicto no había terminado —las FARC seguían activas, el paramilitarismo se reciclaba en bandas criminales, el uribismo dominaba la política nacional— pero donde ciertas administraciones locales apostaban por construir infraestructura simbólica de reconciliación como estrategia de gobierno. Medellín se volvió, en esa lógica, un laboratorio anticipado: los dispositivos que González ayudaría a montar allí serían modelos, discutidos y a menudo cuestionados, para lo que después el Estado colombiano intentaría a escala nacional.

La trayectoria

El punto de inflexión de su carrera fue el Museo Casa de la Memoria, inaugurado en Medellín en 2012, del cual asumió la dirección durante la primera administración de Aníbal Gaviria Correa (2012-2015). El museo, ubicado en el barrio Boston, se concibió como un espacio dedicado a las víctimas del conflicto armado y de las violencias que había sufrido la ciudad. No era una iniciativa aislada ni un capricho de la administración: se insertaba en un ecosistema institucional ya articulado que incluía al Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia, la Unidad Municipal de Víctimas, el Instituto Popular de Capacitación y el Programa Preparémonos para la Paz de la Gobernación de Antioquia, entre otros actores estatales, académicos y de la sociedad civil.

El museo, bajo su dirección, articuló investigaciones y publicaciones sobre la guerra urbana de la ciudad. El libro Medellín: memorias de una guerra urbana —producido con la colaboración de universidades locales y organizaciones sociales— sintetizó parte de ese esfuerzo. Las metodologías empleadas fueron las que ya se habían decantado en el campo colombiano de la memoria histórica: conversatorios, entrevistas individuales y colectivas, talleres sobre relatos de la violencia, recopilación de cartas y fotografías personales, recorridos barriales. Se trataba de importar al equipamiento cultural municipal las técnicas que el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) había desarrollado en informes regionales sobre Trujillo (2008), El Salado (2009), Bojayá (2010) y Bahía Portete (2010), bajo la coordinación de Gonzalo Sánchez Gómez.

Conviene desmontar aquí una tentación biográfica: la de presentar a González como pionera de la memoria histórica en Medellín. No lo fue. Cuando asumió el museo, el campo llevaba años construyéndose. La Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, había instalado la memoria histórica como sitio de lucha pública. El informe sobre desplazamiento forzado en la Comuna 13, La huella invisible de la guerra, había sido producido por el GMH-CNRR con investigadores como el sacerdote jesuita Fernán González S.J. La antropóloga Pilar Riaño había publicado en 2006 Jóvenes, violencia y memoria en Medellín. Una antropología del recuerdo y el olvido, obra de referencia del campo. Lo que González hizo fue distinto y no menor: dotar de sede física, personal fijo y presupuesto público municipal a una agenda que hasta entonces vivía en informes, seminarios y proyectos de duración acotada. Convertir la memoria en institución.

Ese salto —de la investigación al equipamiento— explica por qué en 2017, tras la firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las FARC en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, González apareció en la baraja para integrar la Comisión de la Verdad. El decreto que creó la CEV en el marco del Sistema Integral para la Paz, y el proceso de selección posterior, buscó componer una lista de doce comisionados que combinara diversos perfiles: académicos, defensores de derechos humanos, líderes étnicos, figuras religiosas y experiencia territorial. González ocupó, junto a la economista y periodista Marta Ruiz Naranjo y a la académica Alejandra Miller Restrepo, una parte de las sillas destinadas al conocimiento del país profundo desde una perspectiva no académica en sentido estricto ni estrictamente jurídica.

La CEV inició operaciones en 2018 con un mandato acotado: esclarecer la verdad del conflicto armado colombiano en tres años y medio, promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades y contribuir a la convivencia y a la no repetición. Terminó extendiendo su período efectivo a cuatro años, marcados por la pandemia y por una hostilidad activa del gobierno de Iván Duque Márquez. La cifra final del trabajo colectivo enmarca cualquier lectura individual del papel de González: cerca de 14.000 entrevistas, conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones e identidades étnicas —dentro y fuera del país—, más de 1.000 informes recibidos de instituciones públicas, entidades privadas y movimientos sociales, 28 equipos de investigación territorial y 28 Casas de la Verdad. Ninguna de esas magnitudes es atribuible a un solo comisionado. Todas dependieron de la infraestructura desplegada por la Dirección de Territorios y por la Secretaría General, esta última bajo la responsabilidad de Mauricio Katz García.

Dentro de esa arquitectura, el aporte específico de González debe entenderse en clave de posición. Los comisionados no funcionaron como autores individuales de tomos sino como responsables temáticos y territoriales, en un régimen colegiado con presidencia de De Roux. Ella aportó al proceso el capital acumulado en el Museo Casa de la Memoria: la metodología participativa, la red de organizaciones de víctimas de Medellín y Antioquia, y un conocimiento operativo de cómo se sostienen los espacios de memoria una vez pasa el impulso fundacional. Ese último punto no es trivial: uno de los debates permanentes de la CEV fue precisamente cómo asegurar que su legado no se disipara al terminar su mandato.

La comisión no estuvo exenta de sacudidas internas. En agosto de 2020 falleció la comisionada María Ángela Salazar Murillo, lideresa afrocaribeña, y fue reemplazada por Leyner Palacios Asprilla, sobreviviente de la masacre de Bojayá de mayo de 2002. Antes, en la propia planificación del informe, había muerto el sociólogo y cronista Alfredo Molano Bravo, cuyo nombre figura en los créditos con la indicación q. e. p. d. En mayo de 2022, poco antes de la entrega, renunció el comisionado Carlos Ospina. La comisión llegó al final del proceso con menos personas de las que había empezado y con la tensión política máxima: el gobierno saliente de Duque se negaba a legitimarla.

La entrega del Informe Final ocurrió a finales de junio de 2022, en un acto al que el presidente electo Gustavo Petro Urrego y la vicepresidenta electa Francia Márquez Mina asistieron, mientras que Duque —presidente aún en ejercicio— se negó a hacerlo y emprendió una gira europea de veinte días. En el escenario, De Roux tomó la palabra con los otros diez comisionados sentados detrás de él, para honrar a las víctimas y dirigirse al país. González formaba parte de esa fila. El Informe Final, titulado Hay futuro si hay verdad y publicado en Bogotá en 2022, quedó estructurado en once tomos distribuidos en veinticuatro volúmenes, con ilustraciones, diagramas, fotografías y mapas a color. Sus tomos incluyen la Convocatoria a la paz grande (Tomo 1), los Hallazgos y recomendaciones (Tomo 2), No es un mal menor sobre niñas, niños y adolescentes (Tomo 8), Resistir no es aguantar sobre pueblos étnicos (Tomo 9), La Colombia fuera de Colombia sobre el exilio (Tomo 10), y volúmenes específicos como Mi cuerpo es la verdad, dedicado a experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+, y Sufrir la guerra y rehacer la vida, sobre impactos, afrontamientos y resistencias, ambos fechados en julio de 2022.

Su red

Ninguna figura de gestión pública se explica sola. La red que hizo posible la trayectoria de Lucía González opera en tres capas superpuestas.

La primera es la de la Medellín reformista de los años dos mil. Sergio Fajardo, matemático y alcalde entre 2004 y 2007, articuló una coalición de gestores culturales, arquitectos y académicos que reconfiguró el vocabulario del gobierno local. Alonso Salazar Jaramillo, periodista y autor de No nacimos pa' semilla, continuó esa línea entre 2008 y 2011 desde una comprensión más directa del conflicto urbano. Aníbal Gaviria Correa, empresario y político liberal, presidió entre 2012 y 2015 la administración durante la cual se inauguró el Museo Casa de la Memoria bajo la dirección de González. Esa cadena —con sus discontinuidades y sus rivalidades internas— configuró la posibilidad institucional de su carrera. Cuando llegaron administraciones distintas, como la de Federico Gutiérrez Zuluaga entre 2016 y 2019, la agenda cultural entró en tensión, aunque el museo sobrevivió como equipamiento consolidado.

La segunda capa es la del ecosistema técnico y social de Medellín en materia de memoria. Universidades (Antioquia, Autónoma Latinoamericana, Remington), organizaciones de la sociedad civil, la Corporación Región, el Instituto Popular de Capacitación, la Unidad Municipal de Víctimas, el Programa Preparémonos para la Paz de la Gobernación de Antioquia, y una constelación de organizaciones de víctimas de subregiones como el Bajo Cauca y Caucasia. Este tejido produjo la investigación, aportó los interlocutores y sostuvo los seminarios que rodearon al museo. También produjo tensiones: entre víctimas y desmovilizados, entre distintos grupos de víctimas, entre generaciones, entre comunidades étnicas e instituciones nacionales —tensiones documentadas en el balance del propio CNMH y que se reprodujeron a escala nacional en la CEV.

La tercera capa es la de la comisión misma y su entorno. Los otros comisionados —el jesuita De Roux, el antropólogo Castillejo, el salubrista Franco, el médico y psicólogo social hispano-colombiano Carlos Martín Beristain, la académica caucana Miller Restrepo, el líder afrochocoano Palacios, la periodista Ruiz Naranjo, la lideresa indígena embera Patricia Tobón Yagarí, el jurista de derechos humanos Alejandro Valencia Villa, y los fallecidos Molano y Salazar Murillo— configuraron un colectivo de perfiles complementarios. Alrededor operaba la Secretaría General de Katz García y el vasto aparato técnico de la comisión. Y en el horizonte político, el Sistema Integral para la Paz completo: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con las cuales la CEV coordinó competencias.

Este entramado nacional se conecta con las iniciativas territoriales de memoria que la comisión recibió como insumo. El Parque Monumento de Trujillo —cuya remoción de terreno comenzó en 1996 con maquinaria prestada por Cartón de Colombia, terraceado en siete niveles a manera de calvario, financiado por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados CAJAR, Amnistía Internacional de Holanda y donaciones populares—; el disco Las voces de El Salado, lanzado en septiembre de 2010 con apoyo del músico César López y presencia del juglar vallenato Adolfo Pacheco; la placa conmemorativa que María Eugenia Castro instaló en la vía entre El Castillo y Medellín del Ariari, en el punto donde los paramilitares abandonaron el cuerpo de su hermano Mario Castro Bueno; las postales que el concejal Víctor Velázquez distribuyó en San Carlos en las fiestas navideñas de 1993 con memoria de líderes cívicos asesinados; el Centro Regional de la Memoria que se construye en el parque central de El Castillo, Meta. Todas esas iniciativas, y muchas otras, constituyeron el sustrato sobre el cual una comisión nacional podía posarse. Lo que Medellín aportaba a esa red no era su singularidad, sino su condición de laboratorio urbano prematuramente institucionalizado, del cual el Museo Casa de la Memoria era el nodo visible y del cual González era, en 2018, la traductora natural hacia el nivel nacional.

Su huella

Toda evaluación del papel de Lucía González en el posacuerdo colombiano depende de qué se entienda por huella. Si se busca autoría intelectual del Informe Final, este es una obra colectiva de doce comisionados, un equipo técnico numeroso y decenas de miles de testimonios, sin firmas individuales fuertes salvo la del presidente De Roux. Si se busca liderazgo social visible al modo de una lideresa de víctimas o una figura mediática de la reconciliación, tampoco es allí donde ella opera. Su huella se encuentra en un lugar más lateral y probablemente más duradero: en la sostenibilidad institucional de los dispositivos que ayudó a montar.

El Museo Casa de la Memoria sigue funcionando en Medellín una década después de su inauguración, con altibajos presupuestales y disputas políticas incluidas. Ha sobrevivido a tres alcaldías de signo distinto —Gaviria, Gutiérrez, Quintero— porque logró consolidarse como equipamiento cultural con presupuesto público, base social propia y credibilidad técnica. Ese resultado, que rara vez se destaca, es la contribución más sólida de la primera fase de su carrera. En un país donde las instituciones culturales suelen morir en el segundo cambio de gobierno, sostener un museo dedicado a las víctimas del conflicto armado en la capital que fue de Pablo Escobar y del paramilitarismo urbano constituye un logro de gestión que no admite fácil reducción.

La CEV, por su parte, dejó tres componentes de legado explícitamente formulados: una entidad depositaria del archivo de derechos humanos organizado por la comisión, una plataforma transmedia y una exposición permanente en el Museo de Memoria de Colombia. Ese museo nacional —proyecto pendiente que ha vivido su propia saga institucional— recogería, en teoría, la línea que González había ensayado a escala municipal en Medellín. El legado quedó dirigido, según la formulación de la propia comisión, a la sociedad, al Estado, al Sistema Integral para la Paz, a la comunidad internacional y al Comité de Seguimiento y Monitoreo para la implementación de las recomendaciones de no repetición. Su asimilación efectiva —dependiente de decisiones políticas que exceden a los comisionados— sigue siendo una cuestión abierta.

La huella de González debe leerse también en clave crítica, porque cualquier balance honesto tiene que reconocer lo que ella y sus pares no lograron. La CEV entregó su informe en un país donde el uribismo —representando programáticamente a sectores que consideraron legítimo usar cualquier método, incluidos los más violentos, para derrotar a la subversión— siguió teniendo capacidad de veto sobre la implementación del Acuerdo. Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para transformar participativamente las regiones más golpeadas, se limitaron a proyectos demostrativos validados por la Misión de Verificación de la ONU, sin alcanzar la transformación estructural prevista. El asesinato sistemático de líderes sociales y firmantes del Acuerdo continuó después de 2016. Y la desmovilización paramilitar previa —de la que el propio De Roux fue testigo directo cuando constató vacíos evidentes en la entrega de armas del Bloque Central Bolívar— dejó un pasivo de impunidad y de estructuras recicladas que ninguna comisión de la verdad podía por sí sola resolver.

En ese escenario, la CEV representó un ejercicio ambicioso pero acotado. Su fuerza fue construir un relato colectivo con más de 30.000 testimonios; su límite, que ese relato debía convivir con un sistema político donde una parte importante del electorado y del establecimiento militar seguía disputando su legitimidad. La posición de González en ese ejercicio fue la de una técnica territorial en una comisión de perfiles diversos, con un aporte específico —la experiencia del Museo Casa de la Memoria como modelo replicable— y con las mismas restricciones estructurales que sus once colegas.

Queda una última dimensión. La biografía de Lucía González ilumina un tipo social que la historia reciente de Colombia todavía no ha nombrado con precisión: la gestora cultural del posacuerdo, formada en la Medellín reformista, portadora de un capital técnico específico —saber montar museos, articular equipos interdisciplinarios, dialogar simultáneamente con víctimas, cooperación internacional y funcionariado— y llamada a escalar del nivel municipal al nacional cuando el Acuerdo de 2016 creó una demanda institucional nueva. Otras figuras cumplieron funciones análogas: Gloria Cuartas Montoya desde Apartadó, María Emma Wills desde el CNMH, y una constelación menos visible de directoras de casas de la cultura, coordinadoras territoriales y consultoras que sostuvieron el andamiaje operativo del Sistema Integral para la Paz. Ninguna de ellas produjo la teoría del posconflicto; todas hicieron posible que existiera algo llamado posconflicto en instituciones concretas.

Lucía González pertenece a esa categoría. Su centralidad no reside en haber pensado el país —eso lo hicieron otros, desde De Roux hasta los intelectuales del GMH— sino en haber administrado, con oficio y sin estridencia, algunos de los pocos lugares donde la memoria del conflicto armado colombiano encontró sede física, presupuesto público y continuidad temporal. En un país que ha producido muchas más masacres que instituciones, esa administración es en sí misma una contribución a la historia. No la única, no la más brillante, pero sí una de las que sobreviven al ciclo político y quedan disponibles para las generaciones que aún tendrán que decidir qué hacer con la verdad que la CEV dejó consignada en once tomos, bajo el lema —a la vez promesa y advertencia— de que hay futuro si hay verdad.