María Ángela Salazar Murillo

La lideresa de andar a pie

La Unidad para las Víctimas la retrató, en su homenaje, con una fórmula que dice más que un currículum: "la de andar a pie que vive en el Barrio Obrero". La imagen encierra una posición política. Salazar no era la líder de escritorio ni la funcionaria delegada; era la mujer que caminaba los barrios, llegaba a las reuniones sin mediación de vehículo oficial y compartía código y territorio con las víctimas a las que representaba. Su autoridad no vino de un título académico ni de una carrera burocrática, sino de un conjunto entrelazado de condiciones: haber nacido en el Chocó, haber sido desplazada, haber vivido su juventud entre Medellín y Urabá, haber trabajado durante años con mujeres víctimas en Apartadó y haber construido, en ese trayecto, una voz que las comunidades reconocían como propia.

Esa autoridad encarnada la convirtió, en los años inmediatamente posteriores al Acuerdo Final de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, en una candidata natural para integrar el cuerpo colegiado de once comisionados que asumiría el mandato de esclarecer lo ocurrido durante más de medio siglo de conflicto armado. Que llegara allí desde una organización de base en Urabá, y no desde una universidad o una ONG capitalina, marca un hecho histórico: el sistema transicional intentó, con desigual fortuna, incorporar liderazgos territoriales, étnicos y femeninos que hasta entonces habían operado en los márgenes de la deliberación pública nacional. La figura de Salazar sintetiza esa apuesta y también sus límites, porque llegó al centro deliberativo con el equipaje entero de su biografía y desde allí, sin renunciar a él, tuvo que negociar los códigos de un aparato institucional que hablaba otras lenguas.

Del Chocó a Medellín: infancia desplazada

Salazar nació en Tadó, municipio del San Juan chocoano, en una fecha ubicada en la generación que vivió su adolescencia y adultez en paralelo al recrudecimiento del conflicto armado en el Pacífico. Llegó a Medellín a los nueve años, identificada desde entonces como víctima de desplazamiento. Su condición de desplazada fue parte constitutiva de su identidad pública y de la autoridad con que hablaría décadas después.

Su juventud transcurrió en Medellín. Se graduó de bachiller en el año 2000, dato que sugiere una escolaridad continuada o completada ya en la adultez. Los testimonios de su generación en el Chocó describen la región, y particularmente Quibdó, como un lugar de armonía, tranquilidad y libertad de movilidad en décadas anteriores, en contraste con el deterioro posterior. Salazar creció con la memoria de un Chocó anterior a la guerra y con la experiencia de una Medellín receptora, donde una niña afrodescendiente venida del Pacífico aprendía las coordenadas de una ciudad que ya entonces concentraba las tensiones del país. Esa doble pertenencia —al Chocó recordado y a la Medellín aprendida— configuró un modo de habitar el país que no aparece en los cuadros estadísticos: el de quien pertenece a dos geografías sin ser plenamente de ninguna, y que hará más tarde de esa distancia un instrumento de mediación.

Urabá: la Iniciativa de Mujeres por la Paz

La trayectoria pública verificable de Salazar se ancla en Apartadó, en el Urabá antioqueño, donde llegó a ser representante de víctimas y de la organización Iniciativa de Mujeres por la Paz. Urabá es una de las regiones más castigadas por el conflicto colombiano: enclave estratégico entre el Caribe y el Pacífico, corredor entre el Chocó y Antioquia, escenario del despliegue paramilitar de los años noventa y de la disputa prolongada con guerrillas y grupos armados sucesivos. Trabajar con víctimas allí, y hacerlo desde una organización de mujeres, era una posición asumida en un territorio donde las mujeres cargaban de forma desproporcionada las consecuencias del desplazamiento, el asesinato de familiares y la violencia sexual.

Su trabajo en esa organización se orientó al empoderamiento femenino, descrito con dos imágenes recurrentes: "un nuevo dar a luz" y "un despertar". Se trataba de acompañar a las mujeres en procesos de reconocimiento —de la violencia doméstica, de sus propios derechos, de la obligación de la sociedad hacia ellas— y de promover la denuncia y la no subordinación. En contextos como los del Urabá y ciertos barrios de Medellín, ese trabajo suponía convertir el espacio comunitario en un refugio donde las mujeres desplazadas y afectadas por el conflicto pudieran sanar y organizarse. La metodología, más intuida que teorizada, operaba por acumulación: reuniones que se sostenían en el tiempo, confianzas que se ganaban despacio, palabras que iban ampliando el vocabulario compartido para nombrar lo que antes había ocurrido en silencio.

En 2017, el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de su Dirección de Acuerdos de la Verdad, la entrevistó en Apartadó en el marco del Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad. Esa entrevista es una de las pocas ocasiones en que quedó registrada su voz sobre reintegración y género. Allí Salazar reflexionó sobre las dificultades específicas que enfrentan las mujeres en los procesos de reintegración de excombatientes y señaló un fenómeno concreto: muchas mujeres desmovilizadas se negaban a declararse públicamente como tales por temor al señalamiento social. La observación coincide con una tesis sostenida por el CNMH en sus balances: la violencia y discriminación basadas en género son preexistentes al conflicto armado, y las necesidades particulares de las mujeres se desatienden tanto durante la guerra como en los mecanismos diseñados para superarla. Salazar hablaba desde el trabajo cotidiano con esas mujeres, no desde la teoría, y ese anclaje conferiría a su intervención un timbre distinto al del análisis experto: la observación tenía nombres y direcciones detrás.

Perdón individual y reconciliación

Uno de los pocos cuerpos de discurso propio atribuidos con nitidez a Salazar es su reflexión sobre el perdón. La sostenía como convicción central y la recalcaba en todos los espacios en que participaba: "solo a través del perdón se lograría cambiar el rumbo de la historia". No era, sin embargo, un perdón genérico ni un lugar común transicional. Salazar lo definía en términos precisos y filosóficamente exigentes.

"El perdón es individual, no es colectivo, es mi perdón", decía. La formulación desplaza el eje: el perdón no es una prerrogativa que las víctimas puedan delegar en un cuerpo representativo, ni un gesto que una comunidad pueda otorgar en bloque a sus victimarios. Es un acto singular de apropiación del daño. "Esto me pasó a mí, no les pasó a todos", agregaba, subrayando la irreductibilidad de la experiencia de cada víctima. Y vinculaba ese perdón a una función liberadora concreta: perdonar era dejar de vivir atada al recuerdo. La reconciliación aparecía, en esa lógica, como consecuencia posible de un perdón previamente asumido en primera persona, nunca al revés.

En un país donde los marcos oficiales de justicia transicional privilegian la reparación colectiva, las medidas de no repetición dirigidas a comunidades y las garantías institucionales, la insistencia de Salazar en el perdón como acto estrictamente individual devuelve a la víctima particular una agencia que las lógicas institucionales tienden a diluir. Que esa filosofía viniera de una lideresa afrocolombiana con historia de desplazamiento, formada en el trabajo con otras mujeres víctimas, le confería una legitimidad que ninguna elaboración académica podría replicar. La posición tenía además consecuencias prácticas: si el perdón era un acto singular, no podía ser exigido como condición de paz ni administrado desde arriba; la política pública podía crear escenarios, pero no producir el acto.

Los rasgos con que se la describe —calidez, pausa, vocación de acompañamiento hacia las mujeres— son coherentes con esa filosofía y emergen del tejido de los homenajes póstumos y de los perfiles institucionales que reconstruyeron su figura después de su muerte.

Los once: designación como comisionada

El Acuerdo Final de 2016 creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como uno de los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Un comité de escogencia seleccionó a los once comisionados que asumirían el mandato. Salazar fue una de ellas. Integró el cuerpo colegiado junto con Francisco José de Roux, que lo presidió; Alejandro Castillejo, Saúl Franco, Lucía González, Carlos Martín Beristain, Alejandra Miller, Leyner Palacios Asprilla, Marta Ruiz, Patricia Tobón Yagarí, Alejandro Valencia Villa y Alfredo Molano Bravo. Palacios se incorporó en septiembre de 2020, en reemplazo de otra vacante.

La composición del cuerpo tenía una arquitectura deliberada. Junto a académicos, sacerdotes jesuitas, periodistas y juristas de trayectoria nacional, la Comisión incorporó voces provenientes de los territorios y de los pueblos históricamente excluidos. Patricia Tobón Yagarí llegaba desde el movimiento indígena, con la representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Leyner Palacios, cuando se sumó en 2020, aportaba su condición de líder chocoano, abogado, sobreviviente de la masacre de Bojayá y Secretario General de la Comisión Interétnica por la Verdad del Pacífico. Salazar, junto con ellos, encarnaba la vía étnica y territorial: una mujer afrocolombiana, desplazada del Chocó, formada en el trabajo comunitario en Urabá.

En el diseño del cuerpo, su presencia respondía a una demanda estructural: no podía haber una comisión creíble sobre el conflicto colombiano sin voces afrocolombianas de base con autoridad territorial. Salazar cumplía esa condición y traía consigo, además, una red de interlocución en Urabá y en el Pacífico que ninguna designación académica habría podido replicar. Esa red convertía su asiento en el cuerpo colegiado en algo más que representación simbólica: era también un canal de escucha efectivo hacia comunidades que, sin ese vínculo previo, difícilmente habrían encontrado el modo de acercarse al aparato institucional.

El trabajo con pueblos étnicos

Dentro de la Comisión, Salazar colideró el trabajo con pueblos étnicos junto con Patricia Tobón Yagarí. Cuando Leyner Palacios se incorporó en septiembre de 2020, dio continuidad a esa línea. La convergencia de tres comisionados afrocolombianos e indígenas alrededor del enfoque étnico reflejaba una decisión metodológica, aunque el peso específico de cada uno en el diseño y ejecución del enfoque corresponde al trabajo colegiado del cuerpo.

El resultado colectivo más visible de esa línea de trabajo fue el Tomo 9 del Informe Final, Resistir no es aguantar: violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia, publicado en 2022. El tomo es un producto institucional de la Comisión en su conjunto, no una obra de autoría individual atribuible a Salazar. Su coliderazgo del área temática con Tobón Yagarí es dato verificable. El enfoque étnico tuvo, en Salazar, una interlocutora orgánica con las comunidades del Pacífico y con las organizaciones de mujeres afro del Urabá, un puente de escucha que la Comisión difícilmente habría tenido sin ella. Ese lugar de bisagra, que combinaba la escucha en terreno con la deliberación en la mesa de comisionados, es el que distingue su función específica dentro de un trabajo por definición colegiado.

Salazar y Alfredo Molano Bravo —el otro comisionado que también murió antes de la publicación del Informe— convocaron a mirar "el revés de la historia de la guerra": una mirada territorial que diera protagonismo a los sectores más victimizados, excluidos y silenciados. La formulación resume una posición metodológica compartida: escuchar desde abajo, desde los márgenes geográficos y sociales, en lugar de reconstruir el conflicto desde los centros de decisión. Que esa convocatoria proviniera de dos comisionados con trayectorias tan distintas —el cronista de las tierras del sur y la lideresa afro de Urabá— y que ambos murieran antes de leer el Informe cargó al trabajo colectivo de una responsabilidad adicional respecto a la coherencia entre método enunciado y resultado final.

Pacífico y Urabá: el suelo donde se hizo lideresa

El Chocó y el Urabá antioqueño son dos de los territorios donde la violencia estructural contra las comunidades afrocolombianas se articuló con la violencia armada del conflicto interno; comprender la trayectoria de Salazar exige detenerse en ellos, porque su liderazgo no se construyó en abstracto sino en la textura concreta de esas geografías. Las comunidades étnicas chocoanas cargaban ya, antes del recrudecimiento reciente, una historia larga de exclusión y marginalidad frente al Estado. A esa base histórica se superpuso, en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, el ingreso de actores armados ilegales foráneos que transformaron la vida cotidiana de la región. La niña que había salido de Tadó a los nueve años pertenecía a esa historia larga; la mujer que trabajaba en Apartadó pertenecía a la más reciente.

En 2006, el sistema de alertas tempranas de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advirtió sobre la agudización de la confrontación armada en el Chocó y señaló como probables los homicidios selectivos, las masacres, los enfrentamientos con interposición de población civil, la destrucción de bienes civiles, los desplazamientos y los reclutamientos forzados, principalmente contra territorios colectivos afrocolombianos. Ese año, comunidades afrocolombianas desplazadas en Quibdó constituyeron, en asamblea del 9 de abril, una organización de representación autónoma para la defensa de derechos. Las masacres, homicidios y desapariciones documentados en la región —incluidos casos atribuidos al Bloque Norte de las autodefensas paramilitares desde al menos 1996— configuraron el fondo sobre el cual líderes y lideresas como Salazar construyeron sus procesos organizativos. No era, pues, un trabajo abstracto de "sensibilización": era una respuesta a hechos concretos, con nombres, fechas y territorios usurpados.

En Urabá, la disputa por corredores, tierras y economías ilegales entre paramilitares, guerrillas y fuerza pública produjo un patrón sostenido de desplazamiento y despojo que golpeó de forma particular a las mujeres. Fueron ellas las que, tras la pérdida de esposos, hijos y hermanos, sostuvieron los hogares desplazados, migraron a los cascos urbanos y encontraron en las organizaciones comunitarias un espacio de reconstrucción. La Iniciativa de Mujeres por la Paz, con la que Salazar se identificó públicamente, se inscribió en ese tejido de respuestas colectivas, y su trabajo cotidiano —el que sostuvo durante años antes de cualquier designación oficial— consistió en convertir ese golpe demográfico y afectivo en organización política de base.

Género y verdad: Mi cuerpo es la verdad

El enfoque de género en la Comisión no fue una compartimentación temática, sino un eje transversal. Salazar contribuyó a él desde su lugar específico: no como teórica del género, sino como mujer que había trabajado décadas en el empoderamiento de otras mujeres víctimas. El informe Mi cuerpo es la verdad, uno de los productos de la Comisión, documentó experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado colombiano, incluyendo impactos físicos, psicosociales y socioeconómicos diferenciados. Salazar figura entre los comisionados que participaron en su elaboración, hasta su fallecimiento.

Como con el Tomo 9, la participación en un producto colectivo no equivale a autoría individual. Su presencia en la Comisión, y particularmente en el trabajo con mujeres, aseguró que la voz de las víctimas afrocolombianas rurales no se subordinara a marcos analíticos elaborados sin ellas. Los testimonios de mujeres desplazadas que participaron en talleres y espacios colectivos donde adquirieron herramientas para reconocer la violencia y comprometerse con otras mujeres —el tipo de trabajo que Salazar había hecho durante años en Apartadó— constituyeron parte del sustrato empírico sobre el que la Comisión construyó su análisis de género. Entre el taller de barrio en Apartadó y el capítulo de un tomo publicado en Bogotá hay una cadena de mediaciones larga; el aporte específico de Salazar consistió, en buena medida, en sostener esa cadena y evitar que se rompiera en los tramos donde el lenguaje técnico solía imponerse al testimonio.

Muerte antes del Informe

Salazar murió en 2020, antes de la publicación del Informe Final. Su nombre aparece en los créditos de la obra —Hay futuro si hay verdad, primera edición, Bogotá, 2022— con la indicación "q. e. p. d.", junto al de Alfredo Molano Bravo, quien también había fallecido antes de la publicación. Son los dos comisionados que la obra reconoce póstumamente.

El Informe Final, publicado en julio de 2022, quedó estructurado en once tomos, entre los cuales el Tomo 9 aborda a los pueblos étnicos, el Tomo 10 el exilio bajo el título La Colombia fuera de Colombia, y el Tomo 11 los relatos territoriales del conflicto armado en Colombia adentro, subdividido en volúmenes regionales. El volumen sobre Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoano corresponde al Tomo 11, volumen 3, y cubre precisamente los territorios donde Salazar vivió y trabajó. La coincidencia entre su biografía y ese recorte cartográfico no es fortuita: fue una de las voces que empujó a que esos territorios tuvieran, en el conjunto de la obra, la centralidad que finalmente tuvieron.

Que la obra saliera a la luz sin ella tiene un peso simbólico difícil de ignorar. La Comisión había sido diseñada para escuchar a las víctimas y devolverles, en forma de verdad pública, el reconocimiento del daño. Salazar fue puente y traductora de esa escucha durante los años del mandato, pero no alcanzó a leer lo que ese trabajo produjo. La nota "q. e. p. d." junto a su nombre es la constancia institucional de una asimetría irreductible: la de quien contribuye a producir un bien público del que ya no podrá ser destinataria.

La red institucional del reconocimiento

Tras la publicación del Informe Final, un conjunto de entidades produjo homenajes y perfiles que fijaron la memoria pública de Salazar. La Unidad para las Víctimas de Colombia publicó, en su portal, un homenaje titulado Seguir siendo Ángela, la de andar a pie que vive en el Barrio Obrero, que la caracteriza como figura cercana a las comunidades de base. La Embajada de Suecia en Colombia la incluyó en su iniciativa WikiGAP sobre "Mujeres constructoras de paz en Colombia". El Fondo Fiduciario Multipartícipe de Naciones Unidas, vinculado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicó en su portal un artículo titulado The truth will restore trust, asociado a su figura en el contexto del proceso de paz colombiano. La Gobernación de Antioquia realizó un reconocimiento en el marco de un evento relacionado con la Casa de la Mujer en Apartadó.

La convergencia de esas entidades —una comisión de la verdad, una unidad estatal de víctimas, una embajada europea, una agencia de Naciones Unidas y un gobierno departamental— traza el mapa institucional en que la figura de Salazar quedó inscrita: los actores nacionales e internacionales que sostuvieron, financiaron y legitimaron el sistema transicional colombiano. Que todos ellos reconocieran su figura después de su muerte constata que Salazar había logrado, en vida, articularse con esa red desde una posición de base que otros liderazgos comunitarios rara vez alcanzan.

Los homenajes póstumos tienen, sin embargo, su propia dinámica: canonizan, simplifican, subrayan lo utilizable. La imagen consolidada de Salazar —"constructora de paz", caminante del Barrio Obrero, comisionada afrocolombiana— es real, pero también funcional a los intereses institucionales de quienes la enuncian. Recuperar la aspereza de su trayectoria —el desplazamiento a los nueve años, los años sin registro público, las mujeres concretas de Apartadó que sostuvo y que la sostuvieron— es una tarea que los homenajes no hacen por sí solos y que exige lecturas más lentas.

La huella

Salazar dejó menos texto escrito y más práctica encarnada. Su huella no está en un libro de autoría propia ni en un cuerpo doctrinario sistematizado, sino en un conjunto de gestos e intervenciones: el trabajo cotidiano con mujeres víctimas en Apartadó durante años; el testimonio ante el CNMH en 2017; el coliderazgo del enfoque étnico en la Comisión entre 2018 y 2020; la insistencia en el perdón individual como puerta de la reconciliación; y la presencia física en escenarios donde su condición de mujer afrocolombiana, chocoana, desplazada y sobreviviente tenía por sí misma un peso argumentativo que ninguna otra retórica podía sustituir.

Junto a figuras como Leyner Palacios y a organizaciones como la Comisión Interétnica por la Verdad del Pacífico, Salazar ocupa un lugar de bisagra: fue de las primeras lideresas afrocolombianas de base que llegó al núcleo de un mecanismo transicional de alcance nacional. Su presencia en la Comisión no resolvió las desigualdades estructurales que su propia biografía denunciaba, pero abrió una fisura por la que otras voces han pasado y podrán pasar. Que muriera antes de la publicación del Informe Final, y que su nombre haya quedado inscrito en la primera página de esa obra con la nota "q. e. p. d.", forma parte del legado que Salazar deja al debate colombiano sobre memoria, justicia y no repetición.