Violencia sexual

La violencia sexual en Colombia no es un daño colateral de la guerra: es una tecnología de poder con genealogía propia, que atraviesa la esclavitud colonial, la República, La Violencia bipartidista y el conflicto armado contemporáneo. Se ejerce sobre cuerpos concretos —mujeres, niñas, personas LGBTIQ+, hombres en menor medida documentada— pero también sobre comunidades enteras a las que se busca disciplinar, humillar o desplazar. Su reconocimiento como categoría jurídica autónoma, sin embargo, es una conquista tardía: apenas en las últimas tres décadas, y por presión conjunta del movimiento feminista, la jurisprudencia internacional y organismos como la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el país logró nombrar como violencia sexual lo que antes se disolvía en categorías genéricas de honor, moral pública o daños de guerra. Fenómeno antiguo, categoría reciente: lo que hoy contamos existió siempre, pero solo hace poco encontró palabras.

Qué se nombra cuando se dice violencia sexual

La definición contemporánea, incorporada en Colombia a través del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Código Penal, entiende por violencia sexual cualquier acto o comportamiento de contenido sexual que involucre el uso de la fuerza o cualquier otra forma de coerción física, psicológica o emocional: intimidación, chantaje, presión indebida, soborno, manipulación aprovechando el estado de indefensión o el desequilibrio en las relaciones de poder entre víctima y agresor. También lo es todo acto sexual sobre una persona sin capacidad para consentir —por embriaguez, efecto de estupefacientes, sueño o incapacidad mental para comprender la situación—. La categoría es amplia por vocación: cubre a adultos y menores, hombres y mujeres, en el hogar y en el lugar de trabajo, en la calle y en el campamento guerrillero, ejercida por conocidos o extraños.

Bajo ese paraguas conceptual caben modalidades muy diversas. En el conflicto armado colombiano se han identificado, entre otras: violación sexual, amenaza de violación, acoso sexual, anticoncepción o esterilización forzada, aborto forzado, trata de personas con fines de explotación sexual, esclavitud sexual, desnudez forzada, maternidad forzada, obligación de presenciar actos sexuales y tortura en estado de embarazo. La denegación del derecho a usar anticonceptivos o protección contra enfermedades también aparece tipificada. Las definiciones convencionales, con todo, tienden a orbitar sobre los órganos sexuales y dejan en la sombra actos como la felación bajo amenaza, invisibilizados en la fórmula genérica del "acto sexual violento".

Nombrar importa. Bajo la etiqueta de "delitos contra el honor" o "delitos contra las buenas costumbres" —que rigió buena parte del derecho penal colombiano hasta bien entrado el siglo XX— la víctima era una abstracción moral: la familia, el marido, la reputación. El desplazamiento hacia "delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales", consolidado con la Ley 599 de 2000, reubicó el bien jurídico protegido en la persona misma. Ese cambio de nombre no es cosmético: es el terreno sobre el que se hicieron posibles el Auto 092 de 2008, la Ley 1719 de 2014 y las categorías con las que la Comisión de la Verdad ordenaría, años después, más de setenta años de guerra.

El primer laboratorio: cuerpo esclavo y mestizaje forzado en la colonia

La violencia sexual en el territorio que hoy es Colombia tiene una fecha temprana: la del ingreso masivo de personas esclavizadas desde África en los siglos XVI y XVII. Dada la condición jurídica del esclavo, el amo abusaba impunemente de las mujeres de su propiedad, y sobre esa impunidad se construyó buena parte del mestizaje colonial. El cuerpo esclavo fue el primer terreno sistemático donde el poder ibérico ejerció una violencia sexual racializada, económica y jurídicamente amparada.

Las cifras del período son elocuentes de un desequilibrio demográfico brutal. La mayoría de los esclavos traídos de África en esos siglos eran varones, considerados más útiles para las faenas pesadas de minas y haciendas. En las minas y haciendas de la provincia de Cartagena, entre 1633 y 1724, por cada mujer había cinco esclavos varones, y los niños menores de quince años no alcanzaban el cinco por ciento de la población esclava. Cerca de un tercio del total eran mujeres, con variaciones importantes según se tratara de un enclave urbano, minero o agrícola: en las ciudades ellas tendían a estar sobrerrepresentadas; en las haciendas ocurría lo contrario.

Ese desbalance, sumado al derecho de facto del amo sobre el cuerpo de sus esclavas, produjo un régimen sexual singular. Las mujeres esclavas mantenían relaciones con sus dueños —presentadas por la historiografía tradicional como "preferencia"— con la esperanza pragmática de que sus hijos alcanzaran la libertad o de poder retenerlos junto a sí. Llamar a eso elección es un exceso: se trataba de estrategias de supervivencia dentro de un marco de dominación donde el "no" carecía de valor jurídico. A ello se sumó otra dimensión mercantil: los criterios de rentabilidad y el imaginario sexual sobre las mujeres negras llevaron a que la venta del cuerpo de las esclavas y su prostitución fueran manejadas por los amos como cualquier otra actividad económica, una fuente adicional de ingreso. La introducción de la mujer negra esclava en calidad de doméstica y concubina —primera división sexual del trabajo en el orden colonial esclavista— fijó las coordenadas de un imaginario que llegaría intacto al siglo XXI.

Ese imaginario es la herencia más venenosa del período: el estereotipo colonial según el cual la mujer negra sería "sexualmente más activa, fogosa, apetecible, voluptuosa y dispuesta". No es una curiosidad de anticuario. Cuatrocientos años después, en San Onofre y María La Baja, ese mismo imaginario reaparecería en boca de paramilitares acosando a mujeres afrocolombianas con expresiones como "chuchona", "nalgona", "las negras son sabrosas". La colonia dejó las palabras; la guerra contemporánea encontró los cuerpos.

Investigaciones judiciales del siglo XVIII documentan casos concretos que asoman detrás de las cifras: al menos un hombre mantuvo relaciones simultáneas con dos mujeres esclavizadas durante más de una década, entre 1771 y 1782. La marcada desproporción demográfica masculina, con haciendas donde había cinco varones por cada mujer, no solo impedía la autorreproducción de la población esclava, sino que generaba tensiones internas en la búsqueda de pareja. Pese a la política de separación racial promovida por la Corona, las uniones entre miembros de distintos grupos raciales fueron un rasgo estructural de la sociedad colonial hispanoamericana de los siglos XVII y XVIII, impulsadas por la conjunción de abuso señorial, desequilibrio demográfico y esperanza de libertad para la descendencia.

De la República a La Violencia: un archivo silencioso

Entre la abolición de la esclavitud, en 1851, y la mitad del siglo XX, la violencia sexual en Colombia habitó un territorio de silencio institucional. El derecho penal la subsumía en delitos contra el honor y las buenas costumbres; la sociedad la trataba como asunto privado, familiar, deshonroso de nombrar. La palabra "violación" aparecía, pero como afrenta a la honra del padre o el marido, no como daño a la mujer.

La Violencia bipartidista (1948-1958) trajo consigo una expansión brutal de agresiones sexuales asociadas a la disputa política entre liberales y conservadores en los campos de Boyacá, los Santanderes, Tolima, Caldas y Valle del Cauca. Las mujeres del bando enemigo eran violadas, mutiladas, exhibidas; los relatos sobrevivientes hablan de humillación pública, de escarnio corporal ligado al color del partido. Pero ese archivo permaneció durante décadas fuera del inventario historiográfico: se contaron los muertos, se contaron los desplazados, casi nadie contó a las violadas. Solo la revisión tardía, promovida desde los años noventa por investigadoras feministas y luego por la memoria histórica institucional, comenzó a reconstruir esa dimensión del ciclo bipartidista.

Esa invisibilidad no fue casual. Respondía a una arquitectura jurídica que carecía de herramientas para tipificar el daño, a una cultura que instalaba la responsabilidad de lo ocurrido en la víctima —para preservar la honorabilidad del cónyuge y de la familia— y a un aparato estatal ausente de las regiones donde el fenómeno arreciaba. Es una constante que reaparecería casi idéntica cuarenta años después, ya no en veredas del Tolima liberal ni en cordilleras conservadoras, sino en corredores paramilitares y campamentos guerrilleros. Cambiaron los actores, los uniformes y los mapas; el silencio, en cambio, viajó intacto.

Los escenarios materiales del conflicto armado

Cuando el CNMH cerró su primer gran inventario, contabilizó 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado colombiano, de las cuales el 91,6% fueron niñas, adolescentes y mujeres adultas. La cifra, escalofriante en sí misma, es al mismo tiempo una subestimación sistemática: el subregistro de la violencia sexual en Colombia llegaría al 95%, según cálculos de Sisma Mujer sobre datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Toda estadística oficial sobre este crimen debe leerse con esa advertencia al margen.

La curva temporal muestra picos. Entre 2000 y 2005, coincidiendo con la arremetida paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con el recrudecimiento guerrillero de las FARC-EP y el ELN, se registró el 45,7% del total de casos del conflicto: casi la mitad concentrada en un lustro. Un segundo pico posterior recogió la actividad de los grupos armados posdesmovilización y los reacomodos guerrilleros.

Las autorías se reparten de manera desigual. En el departamento del Magdalena, entre 1990 y 2005, el 63,5% de los casos documentados fueron perpetrados por paramilitares, el 6,3% por guerrillas y el 6,3% por miembros de la Fuerza Pública. En las zonas de influencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB) —Boyacá, Santander, Tolima—, los paramilitares fueron responsables de entre el 40,6% y el 55,5% de los delitos sexuales según el área. La correlación con las fases de expansión paramilitar es transparente sin necesidad de causalidad estricta.

Los modos, sin embargo, no fueron uniformes. El Bloque Centauros, operando en los Llanos Orientales, perpetró violencia sexual contra la población civil que incluyó acceso carnal violento, mutilación genital y homicidio, pese a que sus propios excombatientes afirmaban que tales actos estaban prohibidos internamente bajo pena de muerte. El caso de la periodista Jineth Bedoya Lima —secuestrada en mayo de 2000 a las puertas de la cárcel Modelo de Bogotá y sometida a tortura y violación por paramilitares—, junto a otros dos casos documentados en sentencias de Justicia y Paz, confirma el desfase entre norma interna y práctica. El Bloque Pacífico, en el sur del Chocó, alternaba dos modalidades: el enamoramiento con ofrecimiento de bienes materiales, y la violencia directa cuando la mujer no accedía. En municipios de dominio consolidado se documentó violencia sexual oportunista —no ordenada por la cadena de mando, no atada a objetivo militar— que se aprovechaba simplemente de la ventaja armada y la ausencia de sanción efectiva.

Esa distinción entre violencia "estratégica" y "oportunista" es metodológicamente frágil. Los propios informes del CNMH y del Grupo de Memoria Histórica reconocen la dificultad de aplicarla de forma consistente: casos con rasgos similares fueron clasificados de manera opuesta, y la frontera entre lo ordenado y lo tolerado se desdibuja cuando el mando conoce y no sanciona. La categoría es útil para pensar, insuficiente para dictaminar.

Los grupos armados aplicaron, además, castigos públicos de contenido humillante y de género como mecanismo de control social. Mujeres consideradas transgresoras del orden moral impuesto por los paramilitares fueron desnudadas, marcadas con letreros infamantes y expuestas al escarnio durante horas en las plazas de los pueblos. La violencia sexual, en esos casos, no operaba sobre un cuerpo individual sino sobre una comunidad a la que se disciplinaba mediante la exhibición del cuerpo humillado. Era, en sentido estricto, comunicación armada.

Bahía Portete y la dimensión étnica

Ningún episodio condensa mejor la confluencia entre violencia sexual, violencia étnica y estrategia armada que la masacre de Bahía Portete, en La Guajira, entre el 18 y el 20 de abril de 2004. Las AUC —Bloque Norte y Frente Contrainsurgencia Wayúu— irrumpieron en el territorio, y cuatro de las seis víctimas fatales fueron mujeres. Los paramilitares torturaron públicamente a lideresas wayúu de forma intencional y diferenciada por género y etnia, transgrediendo los códigos de guerra propios de la comunidad. La selección de las víctimas no fue azarosa: en la estructura wayúu, las mujeres ocupan un lugar determinante en los planos cultural, económico y político, actúan como mediadoras ante actores externos y defienden activamente a su comunidad. Atacarlas era atacar el nervio mismo del tejido social.

Bahía Portete no es un accidente: se inscribe en un patrón. El número de mujeres indígenas víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto pasó de 13 en el primer semestre de 2003 a 25 en el mismo período de 2004, un incremento leído como castigo directo a las mujeres que asumían roles activos de defensa comunitaria. En territorios de comunidades negras del Caribe, como San Onofre y María La Baja, integrantes de grupos armados —muchos venidos de otras regiones— acosaron a mujeres afrocolombianas con expresiones racistas y sexualizadas que traducían el viejo imaginario colonial en gramática cotidiana de agresión. En muchos casos, esas expresiones se materializaron en violencias sexuales.

La lectura conjunta de estos episodios sostiene una tesis incómoda pero robusta: los estereotipos racistas y sexistas hacia las comunidades negras e indígenas —forjados en el largo proceso colonial de jerarquización— condicionaron activamente la manera en que los miembros de grupos armados se relacionaron con esas poblaciones. La dimensión étnico-racial de la violencia sexual en el conflicto no fue un añadido al cálculo contrainsurgente, sino un habilitador autónomo. Y las estadísticas institucionales, que carecen de variable étnico-diferencial, siguen dejando fuera del registro buena parte de esa historia.

Hacia adentro: violencia reproductiva en las filas guerrilleras

La violencia sexual en el conflicto colombiano no ocurrió solo entre atacantes y víctimas civiles. Ocurrió también, con lógicas propias, hacia el interior mismo de los grupos armados sobre sus combatientes mujeres. Las FARC-EP practicaron abortos forzados en sus filas de manera sistemática, en modalidades que dependían del bloque y del frente en que se encontraran las guerrilleras. La decisión sobre la maternidad y sobre la anticoncepción no era de las mujeres: era potestad de los comandantes.

Desde la Octava Conferencia Nacional de las FARC-EP, en 1993, los niveles jerárquicos de la organización implementaron políticas explícitas de control reproductivo. El embarazo se consideraba incompatible con el funcionamiento de la organización armada, y se instalaron mandatos internos para prevenirlo o interrumpirlo. En la Novena Conferencia, de 2007, la organización determinó el Norplant como método anticonceptivo para las mujeres en sus filas, subordinando por vía de directriz orgánica la autodeterminación reproductiva de las combatientes.

Los efectos concretos fueron devastadores. Mujeres reclutadas siendo niñas o adolescentes fueron presionadas a abortar incluso en estados avanzados del embarazo. Cuando el aborto no se concretaba, o cuando por circunstancias particulares se permitía el embarazo, las adolescentes debían entregar a sus hijos a familiares o desconocidos para su crianza y regresar a las filas. La Comisión de la Verdad concluiría, tres décadas después, que se trató de una práctica sistemática y no ocasional, ejercida principalmente contra las mujeres en las filas guerrilleras. Al interior del Frente 24 y otras estructuras se documentaron además modalidades de explotación sexual —reinados y ferias con niñas de 16 años, comercio sexual con dinero y joyas— narradas por exintegrantes sobre lo ocurrido en zonas como el Bajo Simacota. La denuncia de estas violencias fue casi inexistente durante el conflicto activo: la normalización interna, el estigma, la culpabilización, el temor a las sanciones, el control territorial de los actores armados y la casi total ausencia estatal en las regiones más afectadas configuraron un régimen de silencio prácticamente hermético.

La construcción jurídica del reconocimiento

Que hoy podamos hablar de "violencia sexual en el conflicto armado" con precisión técnica es el resultado de una construcción jurídica lenta, articulada entre el derecho internacional y el derecho colombiano. Tres cuerpos normativos se entrelazaron para producirla: el DIH, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El DIH aportó el núcleo inicial de protección a las mujeres en conflicto armado y aplica —punto esencial para el caso colombiano— tanto a conflictos internacionales como no internacionales, obligando por igual a actores estatales y no estatales, incluidos grupos paramilitares.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional constituyó un salto cualitativo: en su artículo 8.2 tipificó como crímenes de guerra las graves infracciones al DIH, incorporando explícitamente diversas formas de violencia sexual —violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada— con nombre propio, por primera vez en un texto de esa jerarquía. Colombia ratificó el Estatuto y ese lenguaje ingresó a su ordenamiento interno.

En el plano nacional, la Ley 599 de 2000 tipificó la violencia sexual en contexto de conflicto armado dentro del título de delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, incrementando las penas para conductas como el acceso carnal violento, los actos sexuales violentos y la prostitución o esclavitud forzada cuando la víctima es una persona protegida. Catorce años después, la Ley 1719 de 2014 modificó artículos de las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004, adoptando medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, especialmente la cometida con ocasión del conflicto.

El giro decisivo, con todo, fue el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, expedido en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 sobre desplazamiento forzado. El auto identificó diez factores específicos de vulnerabilidad que enfrentaban las mujeres desplazadas en el conflicto, y el primero de ellos fue el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual. La Corte reconoció que la vulneración de los derechos de las mujeres desplazadas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición era particularmente grave en materia de violencia sexual, y ordenó al Gobierno crear trece programas, seis de ellos directamente relacionados con derechos a la justicia y reparación de mujeres desplazadas víctimas de delitos, más uno específico para facilitar el acceso a la propiedad de la tierra. No inventó la violencia sexual: la nombró oficialmente, y la puso —por primera vez en la historia jurídica colombiana— en el centro del deber estatal.

La Ley 1448 de 2011, promulgada bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, articuló un modelo de justicia transicional que combinó medidas de reparación integral y verdad con flexibilización penal para desmovilizados. Los retos de implementación fueron y siguen siendo enormes: la reparación integral efectiva a víctimas de violencia sexual arrastra rezagos estructurales que la Comisión de la Verdad y organismos de veeduría han documentado con detalle. La distancia entre la norma escrita y la reparación entregada sigue midiendo el estado real del reconocimiento.

Las voces que forzaron el reconocimiento

Ninguna de estas normas se escribió sola. Detrás del Auto 092, de la Ley 1719, de las categorías con las que la Comisión de la Verdad ordenaría el archivo, hay una historia de movilización feminista que atraviesa cuatro décadas. En la segunda mitad de los años noventa, la Ruta Pacífica de las Mujeres reorientó el feminismo colombiano hacia la visibilización de los efectos de la guerra sobre las mujeres, apartándose del énfasis previo en campañas por la igualdad política y legal que había marcado los años ochenta y comienzos de los noventa. Su consigna central —"No parimos hijos e hijas para la guerra"— se convirtió en emblema de esa reorientación. Desde noviembre de 1997 orientó su trabajo hacia la incidencia política, con la convicción de que las mujeres debían jugar un papel fundamental en la construcción de la paz. El movimiento articuló argumentos jurídicos y políticos, apelando al derecho internacional para exigir una perspectiva de género en las políticas de atención al desplazamiento. Sin esa presión sostenida, el Auto 092 difícilmente habría existido.

A las organizaciones se sumaron voces individuales que rompieron el silencio a un costo personal enorme. Jineth Bedoya Lima, tras años de proceso, llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2021 condenó al Estado colombiano por la violencia sexual, tortura y secuestro sufridos en mayo de 2000, y por la falta de investigación diligente. Su campaña "No es hora de callar" convirtió el testimonio individual en herramienta pública.

El andamiaje intelectual del reconocimiento se armó en dos registros simultáneos. En el analítico, la lectura que la antropóloga argentina Rita Segato hizo de la violación como acto comunicativo y como forma de dominación territorial dio a jueces, comisionadas e investigadoras un vocabulario para leer los cuerpos violentados no como cifras aisladas sino como mensajes cifrados sobre el poder. En el institucional, fiscales y magistradas como Ángela María Buitrago arriesgaron carrera para sostener casos hasta sentencia, traduciendo esa comprensión conceptual en imputaciones concretas. Sin el marco de Segato, muchos casos habrían seguido leyéndose como excesos individuales; sin el trabajo de las fiscales, ese marco no habría producido condenas.

En diciembre de 2016, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, comenzó su mandato con una dedicación explícita a las violencias basadas en género. Su informe final, entregado en 2022, dedicó volúmenes completos a las mujeres y a las personas LGBTIQ+ en el conflicto, apoyándose en miles de testimonios y en las categorías de violencia sexual y reproductiva que el trabajo previo del CNMH había afinado. Fue, en cierto sentido, la culminación institucional de un ciclo de nombramiento que empezó en las calles y terminó en el archivo oficial de la nación.

El silencio que persiste

Que exista archivo no significa que exista justicia. El subregistro del 95% no se corrige por decreto. En Medellín y en decenas de otras ciudades, las víctimas siguen siendo coaccionadas para guardar silencio, o sencillamente no se atreven a denunciar por temor a la revictimización institucional. Las amenazas graves de los agresores funcionan como mecanismo activo de disuasión. La normalización social y cultural de la violencia sexual, el estigma, la vergüenza y la culpabilización de las víctimas —que la sociedad instala en la mujer y no en el agresor— se combinan para perpetuar el silencio.

Los hombres víctimas de violencia sexual permanecen en un silencio aún más denso, por la vergüenza y por el estigma social asociado a la idea de que la violación es cosa de mujeres o que denunciarla implicaría admitir homosexualidad o falta de hombría. Las estadísticas institucionales carecen de variable étnico-diferencial, dejando en la penumbra las múltiples violencias sufridas por mujeres negras, afrocolombianas e indígenas. Superar ese silencio requiere procesos prolongados de acompañamiento basados en la confianza, la escucha y el respeto por el ritmo de cada víctima: no es un asunto que se resuelva con una línea telefónica ni con una campaña.

La violencia sexual en el ámbito intrafamiliar y comunitario ha estado presente a lo largo de la vida de una de cada siete mujeres colombianas —el 15,2%—, y en casi siete de cada diez casos ocurrió de forma reiterada. Es decir: la violencia sexual del conflicto no se sostuvo sobre un tejido pacífico repentinamente perturbado, sino sobre una sociedad donde la agresión sexual era ya, en tiempos de paz nominal, una condición constante y minimizada de la vida cotidiana de las mujeres. La guerra amplificó, sistematizó y racializó lo que la paz ya toleraba.

Herencia y disputa

Escribir la historia de la violencia sexual en Colombia obliga a mantener dos afirmaciones simultáneas que parecen contradecirse pero se sostienen mutuamente. La primera: hay una continuidad real, verificable, entre el régimen sexual del esclavismo colonial y las lógicas contemporáneas de agresión racializada sobre mujeres negras e indígenas. El estereotipo de la mujer negra "fogosa" y el estereotipo de la mujer indígena "disponible" no se inventaron en 1990; llevaban cuatro siglos circulando. La segunda: esa continuidad no debe leerse como una tecnología uniforme y coherente que operara con la misma lógica en la mina cartagenera del siglo XVII y en el Bloque Norte de las AUC en 2004. Cada ciclo histórico moldeó la violencia sexual con sus propias herramientas —el derecho de propiedad esclavista, la disputa bipartidista, la contrainsurgencia paramilitar, el control reproductivo guerrillero— y produjo víctimas específicas.

Lo que sí atraviesa toda la serie es una constante: la violencia sexual funcionó siempre como algo más que un acto individual. Fue mecanismo de dominación económica en la colonia, de humillación política en La Violencia, de disciplinamiento territorial en el paramilitarismo, de control interno en las guerrillas. Y en todos esos ciclos operó como un discurso puesto sobre el cuerpo ajeno: quién manda, qué cuerpos se consideran disponibles, qué transgresiones se castigan con la humillación sexualizada. Esa dimensión comunicativa, sin agotar el fenómeno, lo atraviesa entero.

La conquista más significativa de las últimas tres décadas no fue erradicar la violencia sexual —que sigue ocurriendo, en el conflicto residual y fuera de él— sino desprenderla de las categorías del honor familiar y devolverla al cuerpo de la víctima como agravio propio, nombrable, exigible. Ese desplazamiento, obra conjunta del feminismo colombiano, la jurisprudencia constitucional, el DIH incorporado y el trabajo paciente de la memoria histórica, transformó lo que puede decirse y lo que puede juzgarse. La violencia sexual existió siempre en Colombia; que hoy podamos escribir su historia es reciente, y precario, y depende de que las voces que la nombraron sigan siendo escuchadas.