Yolanda Becerra Vega

La joven secretaria de la parroquia del Señor de los Milagros

Becerra llegó a la OFP a los veinte años, recién terminado el bachillerato, como secretaria de una parroquia. Ese detalle biográfico —modesto, casi burocrático— condensa la puerta por la que entraron a la vida pública muchas mujeres populares de Barrancabermeja en los años setenta y ochenta: la Iglesia local, específicamente la Diócesis de Barrancabermeja, fue la matriz institucional donde se cocinó el liderazgo femenino que después ocuparía el espacio del movimiento social.

La OFP había nacido en 1972 en la parroquia del Señor de los Milagros, en los barrios nororientales de la ciudad, bajo el impulso de una Diócesis fuertemente permeada por la Teología de la Liberación. El sector era entonces un territorio marcado por la prostitución en los alrededores portuarios y por la precariedad habitacional de una población migrante llegada al calor de la industria petrolera. El párroco no se limitaba al acompañamiento espiritual: promovía asambleas de formación, convocaba clubes de amas de casa, hablaba de derechos y gestionaba cosas tan materiales como la obtención de tierras para familias sin vivienda. En una oficina pequeña dentro de la parroquia, una joven llamada Irene Villamizar —una de las fundadoras del proceso— redactaba las cartas y las actas de las reuniones con mujeres. Esa oficina era, a la vez, sede administrativa, escuela política y refugio.

Becerra se incorporó a esa estructura como empleada parroquial. La distancia entre el escritorio de la secretaria y la vocería nacional del movimiento de mujeres se recorrería a lo largo de dos décadas, pero el punto de partida importa: su formación no vino de la universidad ni de la militancia partidaria, sino de las asambleas parroquiales de los barrios nororientales, del contacto diario con mujeres que aprendían a hablar en público en los clubes de amas de casa, de la lectura del evangelio en clave de opción por los pobres. Cuando la Diócesis, a través de la llamada Unidad Dinamizadora del Programa, organizó las asambleas parroquiales que dieron cuerpo a la OFP, Becerra estaba ya adentro. Y la organización que nació en 1972 fue, además, una rareza: uno de los pocos grupos sociales de aquella Barrancabermeja de los años setenta que sobrevivió, con trabajo consolidado, hasta la actualidad. Esa continuidad —cuatro décadas de existencia ininterrumpida en la ciudad más violenta del país durante largos tramos— es el zócalo sobre el que se construyó su liderazgo.

Barrancabermeja como escenario: petróleo, tradición sindical y guerra

Para entender por qué la OFP importó tanto y por qué su dirigente terminó convertida en objetivo, hay que situar el puerto. Barrancabermeja, refinería principal del país y epicentro del sindicalismo petrolero desde los años veinte, había sido durante buena parte del siglo XX el laboratorio de una tradición de lucha social sostenida. Sobre ese sustrato se instaló, desde finales de los años setenta, una densa presencia guerrillera: el ELN, nacido precisamente en el Magdalena Medio, ejercía control sobre los barrios nororientales y surorientales de la ciudad, junto con el Bloque del Magdalena Medio de las FARC-EP, el Frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL y, ya en los noventa, el Frente Urbano Resistencia Yariguíes y el Frente Capitán Parmenio del propio ELN.

Ese control no era abstracto: se traducía en conferencias públicas en las comunas, mítines, tribunales paralelos, reclutamiento y —cada vez más— extorsiones, amenazas y confrontación abierta con la fuerza pública. La OFP hacía su trabajo en medio de todo eso, y la relación con las guerrillas fue siempre tensa: donde había control armado, la organización popular autónoma era percibida como estorbo. En los años ochenta y comienzos de los noventa, además, la violencia antiguerrillera en la ciudad se ejercía mediante operaciones encubiertas de miembros del Ejército y la Armada Nacional, en un patrón que dejaba a la población civil atrapada entre dos fuegos que a veces se confundían.

Ese es el territorio donde Becerra fue haciéndose líder: no un puerto tranquilo con una tradición cívica saludable, sino una ciudad donde el Estado llegaba tarde o llegaba armado, donde las guerrillas administraban vidas y donde las mujeres de los barrios populares aprendían, en las asambleas parroquiales, a hablar de derechos en un idioma que ninguno de los actores armados quería escuchar.

1991: la Constitución como promesa y como cerrojo

La Asamblea Nacional Constituyente convocada por César Gaviria en 1991 —con Antonio Navarro Wolff, exintegrante del M-19, entre sus copresidentes— produjo un texto que las organizaciones de mujeres colombianas siguieron de cerca. La estrategia fue de cabildeo: organizaciones femeninas de todo el país coordinaron propuestas y presionaron a los constituyentes. Perdieron, según sus propias palabras, el primer round: varias de sus propuestas más ambiciosas —particularmente en materia de derechos reproductivos— no lograron consagrarse en la carta. Pero de aquella coordinación nació la Red Nacional de Mujeres, una plataforma que articularía al movimiento en las décadas siguientes.

La Constitución que salió del Capitolio en julio de 1991 fue, en cualquier caso, un texto ambicioso: declaraba a Colombia Estado social de derecho desde su artículo primero, establecía la democracia participativa y pluralista como principio, consagraba en el artículo 13 el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y eliminaba las restricciones a la competencia política que habían quedado del Frente Nacional. Un paso inmenso hacia la modernización y democratización del país, aunque para algunos excesivamente garantista y demasiado largo.

Para la OFP y para Becerra, ese marco fue simultáneamente promesa y cerrojo. Promesa, porque el lenguaje del Estado social de derecho, la participación ciudadana y el reconocimiento de la diferencia legitimaba en clave jurídica lo que ellas hacían desde hacía dos décadas en las parroquias de los barrios nororientales. Cerrojo, porque la propia expedición de la Constitución acotó las negociaciones de paz con las guerrillas que aún quedaban en armas: al asumir el Estado colombiano una agenda de reformas institucionales tan amplia, se restaba legitimidad a la insurgencia como vocera de demandas ciudadanas y las mesas de conversación quedaban reducidas a temas de desarme y reintegración. La guerra, en el Magdalena Medio, no iba a terminarse por vía política; iba a agudizarse.

Los años noventa fueron la década en la que las organizaciones feministas y de mujeres tomaron mayor fuerza en Colombia, incorporando entre sus propósitos acciones contra distintos tipos de violencia. La OFP, con veinte años de rodaje territorial, encajaba en ese movimiento nacional pero con una particularidad: no era una organización de mujeres profesionales en Bogotá que traducía la Constitución al lenguaje del cabildeo. Era una organización popular en el puerto petrolero más disputado del país. La traducción, en su caso, ocurriría en carne viva.

La arremetida paramilitar: 1996-2002

Hacia mediados de los noventa, las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar —las AUSAC, comandadas por Guillermo Cristancho Acosta, alias Camilo Morantes— y, más tarde, el Bloque Central Bolívar, comenzaron a ejecutar una estrategia de expansión hacia Barrancabermeja que los propios paramilitares llamaron Operación Tenaza o cierre de candado. La lógica era simple: consolidados en la ruralidad del Magdalena Medio desde los años ochenta al amparo de alianzas con ganaderos, esmeralderos y sectores de la Fuerza Pública, los paramilitares se proponían ahora tomar el casco urbano de la ciudad que había sido, durante veinte años, feudo del ELN.

La disputa se aceleró porque la propia guerrilla venía erosionando su base social. Reclutamientos forzados, extorsiones cada vez más sistemáticas, amenazas, robos, ajusticiamientos internos y peleas entre grupos guerrilleros habían gastado el capital político del ELN y las FARC en los barrios populares. Los paramilitares aprovecharon ese desgaste y ese vacío. Entre 1998 y 2002, Barrancabermeja se convirtió en una de las ciudades más violentas de Colombia.

El hito visible fue la noche del 16 de mayo de 1998. Unos cincuenta paramilitares de las AUSAC ingresaron al sector suroriental de la ciudad —barrios controlados por el ELN— y ejecutaron una incursión nocturna en la que asesinaron a once personas y se llevaron a veinticinco, acusándolas de ser simpatizantes de la guerrilla. Los veinticinco nunca aparecieron. Las organizaciones sociales y sindicales de Barrancabermeja convocaron un paro cívico de cinco días que culminó con el entierro colectivo de las víctimas.

Fue en ese entierro y en ese paro donde la OFP adoptó las batas negras como símbolo de resistencia contra la guerra y contra la muerte. La imagen —mujeres de negro, en fila, tapando su ropa cotidiana con una prenda que evocaba luto y a la vez impersonalizaba a quien la portaba, protegiéndola en la protesta— se volvería marca registrada de la organización durante los años siguientes. Becerra fue una de las voces que salió a explicar la masacre a la prensa nacional, a nombrar a las AUSAC, a describir el modus operandi de aproximadamente cincuenta hombres armados entrando de noche a un barrio urbano bajo la mirada indiferente o cómplice de la Fuerza Pública acantonada a pocas cuadras.

Ese acto público —la denuncia con nombres propios— es probablemente el momento en que pasó de ser una dirigente local a convertirse en referente nacional. Y también el momento en que ella y la OFP quedaron marcadas.

El asedio: llaves, saqueos, amenazas

La consigna paramilitar hacia la OFP, según reconstruyeron después las propias integrantes, era simple: que callaran. La organización se sabía —y así se describía— como la única voz en el Magdalena Medio que denunciaba públicamente, en radio y en prensa, a los actores armados sin distinguir bando. Pero denunciar no era todo. La OFP ayudaba a familias amenazadas a salir de Barrancabermeja cuando les daban las órdenes de desplazamiento, procurando hacerlo sin que los armados lo notaran. Y salía en lanchas río abajo, por el Magdalena, a buscar los cuerpos de los hijos de mujeres desaparecidas. Era la denuncia más la logística de la supervivencia, y las dos cosas eran, para el proyecto paramilitar de control social y territorial, insoportables.

El hostigamiento se materializó de varias maneras. En una de las comunidades donde la OFP tenía sede, un grupo armado llegó en un camión grande, cortó la luz del sector, arrasó la casa de tabla que servía de Casa de la Mujer, se llevó todo su contenido y dejó solo el piso descubierto. La fecha exacta y la unidad responsable no quedaron nunca judicialmente esclarecidas, pero el mensaje sí: la infraestructura de la organización era desechable.

El 11 de noviembre de 2001, la Casa de la Mujer de la OFP en Barrancabermeja fue saqueada por paramilitares. La organización, en un gesto que se volvería característico de su repertorio simbólico, construyó después en la ciudad un monumento de las llaves para rememorar y rechazar ese saqueo. En algún momento de ese mismo periodo, dos hombres identificados como miembros de las Autodefensas llegaron a la Casa de la Mujer en la calle 42 número 61-66, del Barrio Prado Campestre, y exigieron que les entregaran las llaves porque las necesitaban. Dejaron razón de que las coordinadoras fueran a hablar con el Comandante Freddy antes de las cuatro de la tarde. No fueron. El 27 de enero de 2001, la Policía Nacional detuvo a Luis Eduardo Pérez Bernal, integrante de un grupo paramilitar que estaba intimidando y amenazando a una integrante del equipo coordinador de la organización.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó en esos años que los actores armados percibían el liderazgo de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres como un obstáculo para su control social y territorial, y que integrantes de la OFP, de ANMUCIC, de la Liga de Mujeres Desplazadas y de la Casa de la Mujer eran víctimas de intimidación y otras formas de violencia. La OFP en Barrancabermeja fue, en ese universo, uno de los casos más graves y más documentados. Becerra, como su vocera, cargó con la parte más visible del riesgo.

La traducción territorial de la Constitución

Aquí la figura-bisagra se hace nítida. La Constitución de 1991 había prometido un Estado social de derecho, democracia participativa, protección de la diferencia, igualdad real y efectiva. En Barrancabermeja, entre 1996 y 2002, ese Estado no llegaba —o llegaba armado y del lado equivocado—, las guerrillas habían perdido la legitimidad social que alguna vez tuvieron, y los paramilitares imponían un régimen de terror urbano. En ese vacío, la OFP hizo cosas concretas que se parecían mucho a lo que el texto constitucional prescribía: acompañó a víctimas, protegió a desplazados, buscó desaparecidos, denunció públicamente, ejerció ciudadanía pluralista y participativa en un territorio donde ejercerla era jugarse la vida.

Sería exagerado sostener que Becerra y la OFP estaban articulando, de manera premeditada, una ingeniería política de traducción constitucional. Lo que ocurrió es más bien una convergencia estructural: una organización con veinte años de raíces parroquiales, con capilaridad territorial, con legitimidad comunitaria construida asamblea a asamblea, se encontró siendo la única infraestructura civil disponible en un momento en que el marco legal nacional había cambiado y proveía —al menos en el papel— un lenguaje de derechos que respaldaba lo que la organización venía haciendo. Ese encuentro fue el que dio a la OFP y a su dirigente su peso nacional.

Conviene decirlo con matiz: la continuidad de la OFP desde 1972 no es un logro personal de Becerra. Es antes un logro de la matriz eclesial-popular que fundó la organización. La Teología de la Liberación proveyó el marco doctrinal, la red parroquial de la Diócesis de Barrancabermeja proveyó la infraestructura física, la legitimidad comunitaria del clero progresista proveyó el paraguas simbólico. El giro hacia el lenguaje de derechos humanos posterior a 1991 fue, en buena medida, la recodificación de una práctica que ya existía, no una invención. Lo que Becerra aportó fue el sostenimiento —la decisión de no irse, de no callar, de mantener abierta la Casa de la Mujer aunque se la saquearan— en la peor década de la ciudad.

La red: nombres, lugares, alianzas

Becerra no operó sola. La OFP tejió a lo largo de las décadas una red densa dentro y fuera de Barrancabermeja. Dentro, compañeras dirigentes como Esperanza Amaris fueron parte del núcleo coordinador; el Centro de Documentación María Cano, con sede en la ciudad, sirvió de memoria escrita del proceso. La organización acompañó a mujeres víctimas en círculos de bordado y de artesanía, espacios donde se hablaba de lo que estaba sucediendo mientras las manos hacían otra cosa —un dispositivo terapéutico y político a la vez que la OFP perfeccionó como pocas organizaciones colombianas. Más adelante impulsaría la construcción del Museo Casa de la Memoria en Barrancabermeja, como parte de su labor de resistencia simbólica y de memoria histórica.

Fuera de la ciudad, la OFP se articuló con la Red Nacional de Mujeres —nacida del cabildeo constitucional del 91—, con la Casa de la Mujer en Bogotá, con la Liga de Mujeres Desplazadas en la costa Caribe, con ANMUCIC en los territorios campesinos. La figura de Francisco de Roux, jesuita entonces director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio desde comienzos de los años noventa, formó parte del ecosistema institucional de apoyo a organizaciones sociales de la región, aunque las trayectorias del PDPMM y de la OFP siguieron siendo distintas.

La cartografía de la OFP es geográficamente precisa. Barrancabermeja como epicentro, y luego una constelación de municipios ribereños donde la organización tuvo presencia: Yondó, aguas arriba en Antioquia; Puerto Wilches, aguas abajo en Santander; San Pablo, ya en el sur de Bolívar. El Magdalena, río abajo, era literalmente el trayecto que la organización recorría para buscar a los desaparecidos, y también el eje que unía sus Casas de la Mujer en una geografía de resistencia fluvial.

Frente a esa red de mujeres, la contraparte armada tenía nombres igual de precisos. Camilo Morantes al mando de las AUSAC. Carlos Castaño como jefe nacional de las AUC, cuya autoridad simbólica pesaba sobre las estructuras que operaban en Barrancabermeja. Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante de bloques paramilitares en el norte del país cuyo modelo de control social se replicó en el Magdalena Medio. Y, desde 2002, Álvaro Uribe Vélez en la Presidencia de la República, con una política de seguridad democrática que cerraba las posibilidades de salida negociada al conflicto y a la que las organizaciones de mujeres respondieron robusteciendo estrategias de resistencia pacífica y apropiándose del discurso de la paz.

Los debates

Nombrar a Becerra como referente no impide señalar las tensiones que su trayectoria y la de la OFP han suscitado. Una parte de la crítica académica ha subrayado que la organización, al posicionarse como voz que denunciaba a todos los actores armados por igual, ocupó un lugar de aparente equidistancia que en el terreno resultaba difícil de sostener: en un territorio donde el ELN había controlado barrios durante décadas y donde los paramilitares llegaban de fuera con violencia genocida, denunciar simétricamente podía leerse como negar la asimetría estructural de la guerra. La OFP defendió siempre su posición como una elección política deliberada: no legitimar a ningún armado, señalar a cualquiera que atacara a la población civil.

Otra tensión, más interna al movimiento de mujeres, ha girado en torno a la matriz eclesial de la OFP. La organización nació de la Iglesia y nunca rompió del todo con esa cuna, lo que en algunos debates del feminismo colombiano —particularmente en los años posteriores a la Constitución de 1991, cuando el movimiento discutió con fuerza los derechos reproductivos— la situó en una posición incómoda respecto de las agendas más laicas y más urbanas del feminismo nacional. La OFP fue siempre feminismo popular, comunitario, territorial, muy distinto del feminismo académico bogotano. Esa diferencia ha sido leída, según quién mire, como riqueza pluralista del movimiento o como límite doctrinal de la organización.

Finalmente, hay quien ha sostenido que el peso simbólico que Becerra terminó adquiriendo —vocera única, cara visible, imagen internacional de la OFP— reprodujo dentro de la organización dinámicas de personalización del liderazgo que el propio proyecto de asambleas parroquiales había buscado evitar. La respuesta de la OFP a esa crítica ha sido señalar el contexto: en una ciudad donde denunciar costaba la vida, la concentración del riesgo en una vocería era también una forma de proteger al resto.

La huella

Becerra sigue viva, y la OFP sigue existiendo. Esa doble supervivencia, tras cuatro décadas de trabajo en Barrancabermeja y más de veinte años bajo asedio directo, es en sí misma la huella principal. Pocas organizaciones sociales colombianas nacidas en los años setenta han llegado con actividad consolidada a la segunda década del siglo XXI; menos aún dirigidas por mujeres populares del puerto petrolero.

Su huella se puede leer en al menos tres registros. En el registro simbólico, las batas negras adoptadas tras la masacre de 1998 y el monumento de las llaves construido tras el saqueo de noviembre de 2001 son ya parte del repertorio iconográfico del movimiento social colombiano: objetos y prendas que la OFP resignificó políticamente y que otras organizaciones han retomado. En el registro institucional, la OFP contribuyó a instalar en el debate público nacional la categoría de violencia contra las mujeres en el conflicto armado, categoría que después la CIDH, la Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008 y la Ley 1257 de ese mismo año terminarían por consolidar en el ordenamiento jurídico colombiano. En el registro territorial, el Museo Casa de la Memoria en Barrancabermeja, los círculos de bordado, las Casas de la Mujer sostenidas contra viento y marea en la Comuna Nororiental y en los municipios ribereños son infraestructura civil de larga duración que no existía antes de la organización.

Hay algo más, menos cuantificable pero probablemente más importante: la OFP demostró en la práctica que, en un país donde el Estado social de derecho prometido en 1991 tardó décadas en llegar —o nunca llegó del todo— a los territorios más golpeados por la guerra, la organización popular de mujeres de base podía sostener la promesa constitucional en carne propia. No es un logro pequeño. Yolanda Becerra Vega, la joven secretaria parroquial que entró a la OFP a los veinte años y que a comienzos del siglo XXI ya era una de las voces más amenazadas del movimiento social colombiano, es el nombre con el que esa demostración quedó firmada.