Idea transversal

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado es el fenómeno de violencia más masivo de la historia reciente de Colombia: 8.510.295 personas registradas por el Estado a enero de 2022, equivalente a la población entera de Suiza o Paraguay. Durante más de siete décadas, familias campesinas, comunidades negras, pueblos indígenas y habitantes urbanos han sido obligados a abandonar su casa, su tierra y sus vínculos bajo amenaza, redibujando la propiedad rural y acelerando la urbanización del país.

3.506 palabras80 documentos98 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1948
La Violencia como primer desplazamiento masivo
1958
Urbanización forzada y colonización de la Amazonia
1995
Primera definición jurídica: Conpes 2804
1997
Ley 387 y el gran éxodo paramilitar
2000
Masacre de El Salado y pico del éxodo
2003
Colombia, segundo país del mundo con más desplazados internos
2004
Sentencia T-025: Estado de Cosas Inconstitucional
2011
Ley 1448: reconocimiento del conflicto y restitución de tierras
2022
8.510.295 personas registradas en el RUV

La lectura

El desplazamiento forzado en Colombia no es un fenómeno coyuntural sino una constante estructural que atraviesa más de siete décadas de historia nacional, desde La Violencia bipartidista hasta el conflicto armado contemporáneo. Su lógica profunda no es el caos sino el orden: vaciar territorios para reconfigurar la propiedad rural en beneficio de actores armados, agroindustriales y extractivos, convirtiendo el terror en instrumento de acumulación. La respuesta institucional llegó tarde —la primera definición jurídica data de 1995, cuando el fenómeno ya había producido millones de víctimas— y fue insuficiente: la Corte Constitucional tuvo que declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en 2004 para forzar al Estado a cumplir sus propias leyes. El subregistro es parte constitutiva del fenómeno: sobre los desplazamientos anteriores a 1980, la historia estadística está prácticamente vacía, y las cifras oficiales han sido sistemáticamente menores a las de organismos independientes. Con 8.510.295 personas registradas a enero de 2022, Colombia acumula una de las crisis de desplazamiento interno más graves del mundo, cuya resolución exige no solo reparación individual sino transformación de las estructuras agrarias y económicas que lo produjeron.

El desplazamiento forzado es el fenómeno de violencia más masivo de la historia reciente de Colombia: 8.510.295 personas registradas por el Estado a enero de 2022, cifra equivalente a la población entera de Suiza o Paraguay. Detrás de esa cantidad hay una operación repetida durante más de siete décadas: familias campesinas, comunidades negras, pueblos indígenas y habitantes urbanos obligados a abandonar su casa, su tierra y sus vínculos bajo amenaza. No es un efecto colateral del conflicto armado colombiano: es el conflicto en su forma más eficaz, la que vació regiones enteras, redibujó la propiedad rural, aceleró la urbanización del país y transfirió territorios desde comunidades enraizadas hacia economías agroindustriales, extractivas y criminales. Desde La Violencia bipartidista de los años cuarenta hasta la implementación de la Ley 1448 y el Acuerdo de La Habana, el desplazamiento ha mutado de actores —chulavitas, guerrillas liberales, FARC, paramilitares, narcotraficantes, grupos posdesmovilización— conservando su lógica: expulsar poblaciones para reconfigurar el poder sobre la tierra.

La categoría y su peso

La palabra "desplazado" es tardía. Durante décadas, quienes huían de la violencia rural fueron llamados refugiados, colonos, migrantes o simplemente pobres urbanos: la categoría jurídica que hoy los reconoce llegó cuando el fenómeno ya había producido varios millones de víctimas. El Documento Conpes 2804 de 1995 adoptó, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, la definición formulada un año antes por la Consulta Permanente para el Desplazamiento Interno en las Américas: toda persona forzada a migrar dentro del territorio nacional por amenaza a su vida, integridad, seguridad o libertad, con ocasión del conflicto armado interno, disturbios, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La Ley 387, promulgada el 18 de julio de 1997, elevó esa definición al rango legal y ordenó la inscripción de las víctimas en un registro oficial.

Hasta ese momento, el Estado colombiano miraba el éxodo interno sin nombrarlo. Los datos lo confirman con dureza: el Registro Único de Víctimas contabiliza 65.597 desplazados entre 1980 y 1988, mientras la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) documentó 227.000 solo entre 1985 y 1988. La distancia entre ambas cifras no es un error metodológico: es la medida del silencio institucional. Antes de 1980, de treinta y tres bases de datos revisadas por la Comisión de la Verdad, apenas ocho registran desplazamiento, con un total agregado de 2.713 víctimas. Sobre un fenómeno que ya en los años cincuenta había expulsado a millones, la historia estadística está prácticamente vacía.

La Violencia como matriz

El primer desplazamiento masivo colombiano coincide con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 y con la década que siguió. Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna, en su estudio pionero de 1962, estimaron más de dos millones de personas desplazadas y más de 200.000 muertos durante La Violencia entre 1948 y 1958, cifras matizadas por trabajos econométricos más recientes —Romero-Prieto y Meisel-Roca, en 2019, calcularon entre 39.142 y 57.737 víctimas fatales— sin que ello altere la magnitud del éxodo. En un país cuya población total apenas superaba los doce millones, el impacto fue estructural.

La Violencia no fue un estallido difuso: se concentró en las zonas cafeteras del interior —Tolima, Valle del Cauca, Antiguo Caldas, Antioquia— y en corredores de Cundinamarca y Santander, con un patrón que revela su naturaleza. Los desplazamientos y las muertes se intensificaban en épocas de cosecha; las ventas forzadas de tierras se hacían a precios irrisorios ante notarios que legalizaban el despojo; especuladores locales acumulaban predios que los campesinos abandonaban bajo amenaza. En total, los campesinos colombianos perdieron aproximadamente 393.648 parcelas durante ese periodo. La cifra no describe simplemente violencia: describe una transferencia de propiedad rural a escala nacional.

El éxodo tomó dos rutas. Una hacia las ciudades: Bogotá pasó de menos de 500.000 habitantes a comienzos de los cuarenta a 1.300.000 en 1960, y para 1958 el país ya tenía dos ciudades con más de dos millones de habitantes donde antes ninguna superaba el medio millón. La urbanización colombiana, ese fenómeno que suele leerse como modernización, tuvo por combustible el terror rural. La otra ruta fue la colonización espontánea más allá de la frontera agrícola: piedemonte amazónico del Putumayo y el Caquetá entre 1947 y 1962, Llanos Orientales, riberas del Ariari y el Guayabero, Alto Sumapaz, El Pato. Allí, poblaciones campesinas de zonas liberales y comunistas del sur del Tolima y de Cundinamarca se refugiaron en la selva perseguidas por la ofensiva oficial iniciada en 1948; de esas comunidades emergieron las guerrillas liberales y comunistas que en 1964 se transformarían en las FARC bajo el mando de Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez. El desplazamiento no solo produjo víctimas: gestó los actores armados de la siguiente guerra.

El silencio de tres décadas

Entre 1958 y mediados de los ochenta, el desplazamiento colombiano existe sin registro. No hay estadísticas, no hay política pública, no hay categoría jurídica. La colonización de la Amazonia occidental, la expansión de la frontera agrícola en el Ariari, la ocupación del Urabá antioqueño por familias antioqueñas y chocoanas, los primeros éxodos vinculados al narcotráfico en el Magdalena Medio y el sur de Córdoba: todo ocurre bajo la etiqueta de la migración voluntaria o el colono aventurero. Solo la periodización posterior permitirá reconstruir ese primer ciclo, entre 1980 y 1988, como lo que los investigadores llaman "el desplazamiento silencioso": violencia que expulsa sin que el país mire.

La segunda oleada, entre 1989 y 1996, coincidió con la Constitución de 1991, la desmovilización del M-19 y la EPL, el auge del narcotráfico y la expansión inicial de las autodefensas dirigidas por Fidel y Carlos Castaño Gil en el sur de Córdoba. El desplazamiento seguía creciendo, pero seguía sin política. El Conpes 2804 de 1995 y luego la Ley 387 de 1997 llegaron cuando el fenómeno estaba a punto de estallar en su tercera fase.

El gran éxodo

Entre 1997 y 2004, Colombia vivió el mayor éxodo forzado de su historia contemporánea. La expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), transformadas en 1997 en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo la comandancia de los hermanos Castaño y con Salvatore Mancuso como una de sus figuras centrales, empleó la masacre como técnica de control territorial. El punto de inflexión fue Mapiripán, en el Meta, en julio de 1997: durante cinco días, hombres armados llegados desde Urabá torturaron y asesinaron a habitantes del pueblo, con la anuencia y colaboración de agentes del Estado en aeropuertos y controles. Mapiripán marcó el paso del paramilitarismo expedicionario al emplazamiento territorial: ya no incursiones y retiradas, sino ocupación estable de vastas regiones.

Lo que siguió fue un catálogo del horror con función logística. En El Aro y La Granja (Ituango, Antioquia, 1997), en La Gabarra (Norte de Santander, 1999), en El Salado (Bolívar, febrero de 2000), en Chengue, en El Naya, en Bojayá el 2 de mayo de 2002, la operación se repitió con variaciones. El Salado condensó el método: sesenta víctimas fatales en un pueblo de 4.500 habitantes, escenificación pública del suplicio, elección de víctimas por sorteo, violencia sexual, sevicia sobre niños y adultos mayores, y luego el abandono del caserío durante dos años. La masacre no era el objetivo: era el mensaje. Con la disposición de los cuerpos y las huellas de la tortura se advertía a la población el costo de colaborar con la guerrilla, y a las guerrillas el tipo de guerra que los paramilitares estaban dispuestos a librar. El desplazamiento subsiguiente vaciaba el territorio.

En los Montes de María, entre 1996 y 2003, los paramilitares perpetraron 42 masacres. La región, cruzada por corredores que conectan el Caribe con el interior, quedó bajo control paramilitar; el desplazamiento se intensificó hacia el año 2000, coincidiendo con la ofensiva sobre El Salado. En el Catatumbo, la expansión del Bloque Catatumbo de las AUC combinó motivación antisubversiva con interés económico directo: apropiarse del negocio de producción y tráfico de cocaína en la frontera con Venezuela, para lo cual era necesario desalojar a la guerrilla que controlaba el territorio. Al menos 88 masacres se documentaron en la región, la mayoría entre 1998 y 2001. En los Llanos Orientales, el Bloque Centauros ejerció el desplazamiento no como consecuencia sino como estrategia: amenazas, vaciamiento territorial, tierra arrasada en todos los municipios donde operó.

El testimonio público de Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad describió la bisagra institucional que hizo posible esa expansión: las cooperativas de vigilancia Convivir, autorizadas por el Estado durante la gobernación antioqueña de Álvaro Uribe Vélez entre 1995 y 1997, sirvieron como puente entre la fuerza pública y las autodefensas ilegales. Fusiles del Estado, pactos con comandantes de brigada, colaboración operativa: la frontera entre lo legal y lo ilegal se disolvió en los territorios donde el paramilitarismo se consolidó.

Las cifras del período se dispararon. Hacia mediados de la década del dos mil, CODHES estimaba entre 3,5 y 4 millones de desplazados internos, la Conferencia Episcopal coincidía en cifras superiores a 3.500.000, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calculaba alrededor de 3 millones. En 2003, Colombia era, después de Sudán, el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos. Entre 1996 y 2006, el total acumulado ascendió a 3.911.782 personas, aproximadamente el 6% de la población nacional. Durante la década 2000-2010, el promedio anual superó los 200.000 casos.

El despojo como motor

El desplazamiento contemporáneo no es aleatorio: sigue las rutas del despojo de tierras y las compras masivas por parte de narcotraficantes y grupos paramilitares. El sur de Córdoba, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio fueron los focos iniciales; desde la segunda mitad de los noventa, el patrón se expandió al Bajo Atrato chocoano, los Montes de María, el Catatumbo, el Cesar, el Magdalena, el Meta y el Pacífico.

En el Bajo Atrato, los territorios colectivos de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó, titulados bajo la Ley 70 de 1993, fueron ocupados mediante violencia paramilitar para la siembra de palma africana. Vicente Castaño reconoció públicamente haber gestionado la vinculación de empresarios a proyectos palmeros en Urabá. En el Cesar y el Magdalena, el Bloque Norte de las AUC bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, articuló su presencia territorial con la expansión palmera en El Copey, Ciénaga, Algarrobo, Fundación y la Zona Bananera, donde plantaciones sobre territorios colectivos precedieron devoluciones judiciales de tierras. En el Chocó, la minería a gran escala coincidió geográficamente con zonas de fuerte presencia del Bloque Pacífico; para 2015, AngloGold Ashanti concentraba el 30% de los 164 títulos mineros del departamento, en cuencas donde comunidades negras e indígenas del San Juan y el Atrato habían sido desplazadas y donde sus prácticas tradicionales quedaron interrumpidas.

La correlación estadística es reveladora: quienes poseían tierras colectivas tendían a ser desplazados por paramilitares, mientras el desplazamiento por bombardeos y fumigaciones se asoció al Estado como único actor con la infraestructura para ejecutarlos. El éxodo forzado masivo funcionó como una "solución espacial" para la necesidad de diversificación de capitales y para la incorporación de nuevas áreas a un modelo agroexportador de cultivos de tardío rendimiento. La violencia se anticipó a la remodelación territorial: primero se vaciaba, luego se sembraba.

No todo el desplazamiento respondió a esa lógica. En municipios como San Carlos, en el oriente antioqueño, la disputa entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública durante más de tres décadas convirtió a la población civil en víctima principal de un conflicto sin beneficiario predeterminado. El control de retaguardias, corredores estratégicos y bases sociales enemigas produjo éxodo sin proyecto agroindustrial detrás. Pero el patrón dominante en las regiones más afectadas —Urabá, Montes de María, Bajo Atrato, Catatumbo, Cesar— fue la coincidencia sistemática entre violencia armada, desplazamiento masivo y reconfiguración de la propiedad rural en beneficio de capitales legales e ilegales. La Comisión de Seguimiento constató en 2008 que una proporción mayoritaria de las familias desplazadas poseía tierras y animales que fueron abandonados o despojados al momento del desplazamiento.

La lenta construcción jurídica

La respuesta institucional fue tardía y, durante años, tibia. La Ley 387 de 1997 estableció los principios y la ruta de atención, pero fue reglamentada parcialmente solo cuatro años después, mediante los decretos 951, 2562 y 2569 de 2001. Su artículo 15 fijó un plazo de tres meses para la atención humanitaria de emergencia; en la práctica, ese término resultó irrisorio frente a la magnitud de la ruptura vital que implicaba el desplazamiento.

La jurisprudencia constitucional hizo el trabajo que el poder ejecutivo y el legislativo no hicieron. Desde el año 2000, sentencia tras sentencia, la Corte fue corrigiendo interpretaciones restrictivas: la exigencia de cruzar límites municipales para ser reconocido como desplazado, la sujeción de los programas a disponibilidad presupuestal, la negación de casos concretos. La Sentencia T-268 de 2003 abrió el reconocimiento del desplazamiento intraurbano a raíz del éxodo masivo de los sectores 6 y 7 del barrio El Salado en Medellín, en 2002 —desplazamiento que las autoridades habían negado inicialmente—, y estableció que un desplazamiento dentro de la misma ciudad, entre barrios controlados por actores armados distintos, era jurídicamente un desplazamiento forzado.

El hito fue la Sentencia T-025 del 22 de enero de 2004, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. La Corte recordó que el carácter de desplazado interno no surge de aspectos formales ni de interpretaciones restrictivas, sino de una realidad objetiva: el retiro del lugar natural de residencia y la ubicación no previamente deseada en otro sitio. La sentencia sistematizó las fallas estructurales del Estado y ordenó una respuesta integral, con seguimiento propio de la Corte a través de autos posteriores durante más de una década.

La Ley 1448 de 2011, sancionada por el gobierno de Juan Manuel Santos y conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, produjo un giro conceptual importante: reconoció explícitamente la existencia de un conflicto armado interno, de un proceso masivo de desplazamiento y de despojo de tierras, fenómenos que gobiernos anteriores —notablemente el de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010— se habían resistido a reconocer. La ley trasladó el énfasis normativo del desmovilizado a la víctima, y creó la Unidad de Restitución de Tierras. El entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, destacó que la restitución comenzó a implementarse antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 —a diferencia de otros contextos como Sudáfrica, donde procesos análogos se iniciaron después de los acuerdos—, un rasgo inédito en la experiencia comparada.

El Conpes 3712 de 2011 estimó que la implementación de la ley requeriría 54,9 billones de pesos entre 2012 y 2021, distribuidos en reparación (45%), asistencia (40%) y atención (10%). El propio Conpes subestimó el universo de víctimas, calculado inicialmente en 3,7 millones cuando el registro real terminaría siendo más del doble. Los recursos efectivamente asignados entre 2012 y 2015 correspondieron solo al 47% de lo estimado. El presupuesto de reparación y restitución creció de 20.000 millones a más de tres billones de pesos en 2013, pero frente a pérdidas patrimoniales de la población desplazada estimadas en 154,7 billones de pesos hasta ese año, la brecha seguía siendo abisal.

Los cuerpos del éxodo

Detrás de la cifra agregada hay geografías y experiencias específicas. Las mujeres campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas cargaron con impactos culturales que las estadísticas no capturan: la pérdida de formas de producción colectiva, de prácticas espirituales ligadas al territorio, de tradiciones como adoraciones y fiestas patronales que solo tenían sentido en su lugar. Los niños, niñas y adolescentes recuerdan el desplazamiento por lo que perdieron: juguetes, mascotas, amistades, el mundo de la socialización interrumpido de golpe. Las personas mayores lo vivieron como la pérdida de su historia, la sensación de haber malgastado el tiempo, la dependencia forzada de hijos y nietos, la humillación.

Los pueblos indígenas desplazados hacia zonas urbanas enfrentaron una crisis identitaria específica: desempleo, vivienda inadecuada, dificultades para transmitir el idioma, riesgo de pérdida del patrimonio cultural. Las comunidades afrodescendientes concentraron desplazamiento intraurbano en Buenaventura, Medellín y Barranquilla, donde grupos armados posdesmovilización y proyectos de desarrollo —como el Terminal de Contenedores de Buenaventura— produjeron nuevas expulsiones. En Medellín, la Operación Orión de octubre de 2002 en la Comuna 13, ejecutada por la Fuerza Pública con presencia paramilitar documentada, dejó pérdidas materiales, simbólicas y psíquicas que se sumaron a violencias previas.

Los barrios receptores dibujaron el mapa social del país. Ciudad Bolívar, Usme, Soacha —con Altos de Cazucá como núcleo—, Tunjuelito, Bosa y Kennedy en la periferia sur y suroccidental de Bogotá; Aguablanca en Cali; comunas periféricas en Medellín, Barranquilla y Cartagena. En 2005, el 76% de los hogares de Ciudad Bolívar vivía en pobreza y el 25% en pobreza extrema. Las víctimas de desplazamiento provenientes de Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, encontraron en su nuevo destino no solo pobreza sino estigma: eran vistas con desconfianza por el solo hecho de venir de una región marcada por la violencia. El desarraigo se prolongaba en la hostilidad del lugar de llegada.

Los testimonios recogidos por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, dirigida por el jesuita Francisco de Roux entre 2018 y 2022, documentaron la experiencia como ruptura profunda: no solo se pierde la casa y la tierra, se pierden los marcos de referencia con los que se había construido la vida. El desplazado emprende su recorrido dominado por el miedo, la inseguridad y la incertidumbre, enfrentando un mundo ajeno. Fotógrafos como Jesús Abad Colorado y cronistas como Alfredo Molano dedicaron décadas a poner rostro y voz a esa experiencia colectiva, contra la tendencia oficial a resolverla en cifras.

La huella y la disputa

El desplazamiento forzado transformó Colombia. Redistribuyó su población: el país que en 1940 era mayoritariamente rural es hoy uno de los más urbanizados de América Latina, y buena parte de ese tránsito no fue elección económica sino huida. Reconfiguró su geografía agraria: la concentración de la tierra creció durante las décadas de mayor éxodo, y la restitución iniciada en 2011 avanza en un país donde grupos armados posdesmovilización de las AUC mantenían presencia, según Human Rights Watch, en 24 departamentos, con impacto grave en Medellín, Urabá chocoano, Meta y Nariño, y con tolerancia documentada de miembros del gobierno y la fuerza pública. Reformó la ciudadanía: los desplazados construyeron organizaciones, litigaron ante la Corte Constitucional, ocuparon espacios en la política pública y forzaron al Estado a reconocer categorías que antes ignoraba.

Su medición sigue en disputa. El proyecto conjunto entre la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y el Human Rights Data Analysis Group produjo, para el desplazamiento, una cifra basada en integración de datos —sin asignación estadística de valores faltantes— ligeramente inferior a la del Registro Único de Víctimas, aunque con la misma tendencia temporal. El propio RUV, según la Comisión de Seguimiento, no logra establecer el número total de personas en situación de desplazamiento ni las razones asociadas, lo que invisibiliza fenómenos como el desplazamiento vinculado al riesgo de reclutamiento forzado de menores. Los sistemas de seguimiento no incorporan indicadores diferenciados por pertenencia étnica, lo que limita el diseño de política pública para comunidades afrocolombianas e indígenas. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha propuesto categorías complementarias como el "arrasamiento por vaciamiento" para fenómenos donde la mayoría de una comunidad es forzada a migrar, y que la normativa vigente no siempre reconoce con claridad.

La memoria pública también se disputa. El informe Basta ya, publicado por el CNMH en 2013, y el Informe Final de la Comisión de la Verdad, entregado en 2022, situaron el desplazamiento como la forma de victimización masiva más extensa del conflicto colombiano. La Comisión recomendó al Estado, bajo el principio de no regresividad y con participación de las víctimas y sus organizaciones, ajustes normativos e institucionales a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y a los decretos étnicos, para garantizar una reparación integral. La política de retorno, sin embargo, carece hasta hoy de estrategia de mediano y largo plazo: las administraciones regionales tienden a priorizar a los pobres locales sobre los desplazados llegados de otros municipios, y el seguimiento a la sostenibilidad de los proyectos productivos de retorno es débil.

Queda, sobre todo, la constatación de que el desplazamiento fue durante décadas una historia olvidada, ignorada y silenciada. Ese silencio no fue accidental. Nombrar el desplazamiento implicaba reconocer que millones de colombianos perdieron todo no por infortunio sino por operaciones organizadas de violencia, y que el resultado —la transferencia de tierras, la urbanización acelerada, la ocupación de territorios étnicos por economías extractivas y agroindustriales— beneficiaba a actores identificables. El país que emerge del Acuerdo de La Habana, firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, empezó tarde a mirar su propio éxodo, y sigue debatiendo si lo que ocurrió fue tragedia sin culpables o mecanismo con beneficiarios. La respuesta que ofrezca a esa pregunta definirá, más que la firma de cualquier acuerdo, si el desplazamiento forzado colombiano queda atrás o si vuelve, con otros nombres, a repetirse.

En el archivo

229 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01La Violencia1946–195712

02Frente Nacional1958–19744

03Crisis y narcotráfico1974–19905

04Constitución de 19911991–200246

05Seguridad Democrática2002–201635

06Posconflicto2016–presente40

07Transversal—86

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Jorge Eliécer Gaitán — Su asesinato el 9 de abril de 1948 desencadenó La Violencia bipartidista, primer desplazamiento masivo de la historia colombiana contemporánea
02Manuel Marulanda Vélez — Emergió de las comunidades campesinas desplazadas del sur del Tolima y Cundinamarca que se refugiaron en zonas selváticas durante La Violencia; en 1964 fundó las FARC
03Carlos Castaño — Dirigió junto a su hermano Fidel la expansión de las ACCU y luego las AUC desde 1996, empleando masacres sistemáticas como instrumento de desplazamiento y control territorial
04Salvatore Mancuso — Figura central de las AUC cuyo testimonio ante la Comisión de la Verdad documentó el vínculo entre las Convivir, la fuerza pública y el paramilitarismo en la expansión del desplazamiento
05Ernesto Samper — Durante su gobierno se adoptó el Conpes 2804 (1995) y se promulgó la Ley 387 (1997), primeros instrumentos jurídicos de reconocimiento del desplazamiento forzado
06Álvaro Uribe Vélez — Su gobernación de Antioquia (1995-1997) autorizó las cooperativas Convivir, señaladas como puente entre la fuerza pública y las autodefensas ilegales que ejecutaron desplazamientos masivos
07Juan Manuel Santos — Bajo su gobierno se promulgó la Ley 1448 de 2011, que reconoció el conflicto armado y el despojo masivo de tierras, y se firmó el Acuerdo de La Habana con las FARC
08Comisión de la Verdad — Revisó 33 bases de datos sobre desplazamiento, documentó el subregistro estructural anterior a 1980 y recogió testimonios sobre el patrón sistemático de masacres y despojo
09Montes de María — Región donde entre 1996 y 2003 se perpetraron 42 masacres paramilitares, con desplazamiento masivo que se intensificó hacia el año 2000 con la masacre de El Salado
10Bojayá — Escenario de una de las masacres más emblemáticas del conflicto (2 de mayo de 2002), inscrita en el patrón de terror y desplazamiento forzado del paramilitarismo en el Chocó
11Despojo — Proceso estructuralmente vinculado al desplazamiento forzado: los campesinos colombianos perdieron aproximadamente 393.648 parcelas durante La Violencia, y el patrón se repitió en el conflicto contemporáneo con apropiación de tierras para agroindustria y minería
12Registro Único de Víctimas — Instrumento oficial de cuantificación del desplazamiento, cuyo subregistro estructural fue documentado por la Comisión de la Verdad y criticado por CODHES, la Conferencia Episcopal y la Corte Constitucional

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

80 documentos · 98 fragmentos

01Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 351 cita

[1]
las FARC, sí articuló formas organiza- tivas agrarias, legales e ilegales, constituidas en los años precedentes. En este sentido, la base construida por el movimiento comunista en los núcleos agra- rios cafeteros de Cundinamarca posibilitó la conformación de las estructuras guerrilleras en la década de 1960. 1.…
p. 35

02No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 72, 3792 citas

[2]
el libro La Violencia en Colombia 149 se establece que entre 1948 y 1958 murieron 134.820 personas, entre civiles y armados, a causa de este conflicto (la mayoría en el Tolima, Valle, Antioquia y Caldas) y eleva la cifra a 200.000 a partir de una estimación de personas heridas que luego murieron, o que fueron…
p. 72

[43]
por parte de Salvatore Mancuso estuvo motivada por una disputa política no con la insurgencia, sino con el líder liberal más importante de la región. Los paramilitares no mataron solo a quienes consideraban de izquierda, sino a los rivales de sus aliados políticos. Las masacres fueron el modus operandi en la región.…
p. 379

03Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 64, 1412 citas

[3]
forma fraudulenta a precios irrisorios. El total de parcelas perdidas es de 393.648 123. La pérdida de parcelas se concentra en la zona donde más muertes ocurrieron, y donde también, en décadas anteriores, se habían presentado conflictos entre hacendados y colonos campesinos, en particular en el Valle del Cauca,…
p. 64

[58]
Gráfica 1. Desplazamiento forzado en Colombia Fuente: Elaboración propia, con base en el Registro Único de Víctimas. En el mapa 10 se puede observar el comportamiento regional del desplazamiento en la población rural no étnica, como una aproximación a lo campesino, por periodos, dividido por quinquenios a partir de…
p. 141

04Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 481 cita

[4]
cuello.» El segundo «en una profunda herida sobre la garganta, muy cerca del tronco [...] corriendo con fuerza un machete afilado sobre la parte anterior del cuello.». Espejo y Rozo, «El léxico de la Violencia en Colombia en algunas obras de la literatura de violencia», 10. 66 Centro Nacional de Memoria Histórica,…
p. 48

05Presencia de las mujeres en la violencia del Tolima 1948 - 1964. Casos en los municipios de Chaparral, Planadas y RoviraMyriam Moreno Patiño · 2019 · p. 21, 262 citas

[5]
su la Colección del periódico “ El Cronista ”, también, aunque de manera más escasa, se pueden apreciar ciertos sucesos de mujeres que están relacionadas con hechos sobre la Violencia y que resultan ser también importantes para este trabajo. Por último y, marginalmente, se cita la prensa periódica, en la que se…
p. 21

[12]
que llegó bastante población desplazada y amnistiada por políticas gubernamentales. Muchos de ellos llegaban a donde familiares, pero al poco tiempo, se ubican en zonas periféricas o sitios de invasión para trabajar como vendedores ambulantes, en construcción, servicio doméstico u otros oficios ocasionales. 1.3…
p. 26

06Nueva Historia de Colombia, Vol. II: Historia Política 1946-1986Alvaro Tirado Mejía (Director Científico y Académico), Catalina Reyes Cárdenas, Arturo Alape, Gonzalo Sánchez, Gabriel Silva Luján, Medófilo Medina, Alvaro Valencia Tovar, Fernán González · p. 1401 cita

[6]
las calles a tempranas horas de la madrugada, cargada de las víctimas de la noche anterior. En este ambiente, en esta subcul- tura de la Violencia, que estaba trans- formando las conductas sociales, el lenguaje y los esquemas de valoración de muchas regiones, estaba creciendo toda una generación en la cual se in-…
p. 140

07Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 421 cita

[7]
regiones como el centro y norte del Tolima y el antiguo Caldas. Fueron las zonas cafeteras en regiones centrales del país –aquellas donde se habían concentrado los conflictos entre hacendados y campesinos colonos en las décadas del veinte y treinta– donde fue más cruda la violencia, y donde se produjeron con más…
p. 42

08Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y ColombiaCharles Bergquist · 1988 · p. 4361 cita

[8]
menor de muertes en comparación con los otros grandes productores de café, después de 1958 suposición entre los departamentos que padecían la Violencia esri:xu~ho-;m4saltll. (Ve~'elCuad.ro S.G).Durante este pe riodo la Violencia se limitO étlsi exclusivamente a los departamentos pro ductores de café, los más…
p. 436

09When Colombia Bled: A History of the Violencia in TolimaJames D. Henderson · 1985 · p. 2603 citas

[9]
its raison d'~tre and its motive force. Still} the bloodshed did not simply cease with the power-sharing compact. The Violencia had long since transcended its initial dynamic and had become much more than the persecution of Liberal civilians by sectarian ConseIVative functionaries and homicidal police. Thus} it could…
p. 260

[10]
its raison d'~tre and its motive force. Still} the bloodshed did not simply cease with the power-sharing compact. The Violencia had long since transcended its initial dynamic and had become much more than the persecution of Liberal civilians by sectarian ConseIVative functionaries and homicidal police. Thus} it could…
p. 260

[11]
its raison d'~tre and its motive force. Still} the bloodshed did not simply cease with the power-sharing compact. The Violencia had long since transcended its initial dynamic and had become much more than the persecution of Liberal civilians by sectarian ConseIVative functionaries and homicidal police. Thus} it could…
p. 260

10Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)Catherine LeGrand · 2016 · p. 3031 cita

[13]
Sobre el sur de Tolima, véase Medófilo Medina, <<La resistencia... », p. 249. COLONIZACIÓN Y PROTESTA CAMPESINA EN COLOMBIA (1850-I950) contra pequeños propietarios y colonos. Las amenazas de muerte y los incendios obligaban a muchos campesinos a vender sus tierras a cualquier precio o sen- cillamente a abandonarlas,…
p. 303

11Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 1751 cita

[14]
Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado” Panel 2 · Colonización, coca y movimiento social: el caso del Putumayo 175 iniciaron esfuerzos para colonizar esta parte de la Amazonia con el fin de ejer- cer su soberanía sobre esta área de frontera. 1947-1962: la colonización de la violencia Durante este periodo se…
p. 175

12Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 411 cita

[15]
contra el Secretariado de las farc en Casa Verde y de agresión militarista contra el movimiento popular en todo el país” 32. Resulta necesario preguntarse entonces, ¿a qué guerras se están refiriendo las farc, con antelación a su momento de creación? Las “cuatro guerras” que han marcado los orígenes de las farc se…
p. 41

13Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 90, 1082 citas

[16]
cuando empezó el registro oficial. Una nación desplazada periodiza el desplazamiento contemporá- neo en cuatro periodos: • 1980-1988: desplazamiento silencioso en el escalamiento del con- flicto armado. • 1989-1996: continuidad del desplazamiento en el nuevo pacto social. • 1997-2004: gran éxodo forzado en la Colombia…
p. 90

[60]
desti- naron a esos fines, que subieron de $ 20.000 millones a un poco más de tres billones en 2013 (CNMH, 2015b, página 476). Aun así, el presupuesto resulta insuficiente para impactar seriamente las pérdidas sufridas por la población desplazada, que ascendieron a 154.7 billones de pesos hasta el año 2013, en el…
p. 108

14Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 871 cita

[17]
mayores, el desplazamiento forzado i mplicó dejar su historia atrás, enfrentarse con la sensación de haber perdido el tiempo, de no tener la capacidad de volver a empezar, la dificultad de conseguir alguna actividad productiva y de generación de ingresos, de vivir en dependencia de los hijos y otros familiares y…
p. 87

15Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 811 cita

[18]
incorporado unas dosis de violencia de gran importancia, al acompañarse generalmente de masacres, combates armados, emboscadas, bombardeos o erradicación de cultivos ilícitos que han terminado por agredir directamente a la población civil colombiana. Lo más preocupante es que en los últimos años de la presidencia de…
p. 81

16«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 1191 cita

[19]
colombiana Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) calcula que hay alrededor de cuatro millones de desplazados internos en Colombia, mientras que el ACNUR estima que la cifra se aproxima a los tres millones. Las cifras del gobierno son mucho más bajas, pero diversas ONG que trabajan en temas…
p. 119

17El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 3442 citas

[20]
hemisferio occiden- tal”, ya había catalogado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) la situación de desplazamiento interno en el año 2000. Solo tres años después Colombia era el segundo país con más desplazados del mundo después de Sudán, y por encima de El terrorismo de Estado en Colombia ///…
p. 344

[21]
hemisferio occiden- tal”, ya había catalogado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) la situación de desplazamiento interno en el año 2000. Solo tres años después Colombia era el segundo país con más desplazados del mundo después de Sudán, y por encima de El terrorismo de Estado en Colombia ///…
p. 344

18Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 1901 cita

[22]
to Codhes (see table 96 The Society and Its Environment 4, Appendix). By United Nations High Commissioner for Refugees estimates, the number is 3 million, still the second highest popula- tion of internal refugees in the world, after Sudan. Many of these desplazados left areas where fighting intensified under Plan…
p. 190

19Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 398, 4172 citas

[23]
se estimó que el número total de desplazados desde 1996 hasta el 2006 fue de 3’911.782 (Granada, Restrepo y Sadinle, 2008). Utilizando la menor de estas cifras, el porcentaje de la población colombiana que había estado en condición de desplazamiento para ese entonces alcanza aproximadamente el 6%, lo cual evidencia la…
p. 398

[55]
el haber poseído tierras de carácter colectivo se relaciona con haber sido des - plazado por los paramilitares y por el Estado. Ser desplazado por bombar - deos y fumigaciones está relacionado únicamente con el Estado como actor armado, lo cual es evidente, dado que es el único que tiene la infraestructura para…
p. 417

20Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 169, 6492 citas

[24]
fundamentalmente campesinas, posibilidades productivas y dinámicas culturales ha sido una catástrofe que si bien ha sido conocida en el país, es silente especialmente en cuanto sus efectos sociales. 176 Entrevista 267-VI-00007. Mujer, víctima de desplazamiento forzado, despojo, ataque indiscriminado y amenazas. 177 A…
p. 169

[89]
de reconciliación a favorecer e impulsar el reconocimiento de entidades públicas o privadas que han tenido graves responsabilidades en el conflicto armado interno, como una muestra de ruptura con el pasado de violencia y un compromiso con la defensa de los derechos humanos. 1197 Ver en este libro, el capítulo “Los…
p. 649

21Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 404, 4562 citas

[25]
relatos de sus familiares sobre los hechos de desplazamiento forzado 1223. El común denominador 1217 JEP-CEV-HRDAG, «Proyecto conjunto de integración de datos y estimaciones estadísticas sobre violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano». 1218 El subregistro antes de 1985 es más amplio y llega a…
p. 404

[70]
mi esposo tenían que habérselas dado a mis hijos. No les dieron nada... igual eso, que se queden con eso, pero que no hablen lo que no es» 1419. territorios. Aproximación conceptual, 35-53; Informe 119-CI-00432, Moncada Carvajal, «Realidades del despojo de tierras», 45-50. 1415 Como ocurrió en la zona de Las Tulapas,…
p. 456

22Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 34, 392 citas

[26]
territorios colectivos reconocidos por el Estado. 39 Desplazamiento forzado: la historia olvidada, ignorada y silenciada en Colombia campo colombiano. Sin embargo, en la última década ha venido en aumento los desplazamientos urbanos que constituyen el 13 por ciento de la población desplazada. En cuanto a las modalida-…
p. 39

[94]
Desde esta perspectiva, se presenta un balance de los daños objetivos y subjetivos que ha dejado el desplazamiento en la población y en una sociedad que ha sido conminada al desplazamiento, partien- do para ello de un análisis de los costos de diversa índole que se han causado, y señalando los retos que se derivan en…
p. 34

23Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 4381 cita

[27]
ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades personales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:…
p. 438

24Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 372, 5512 citas

[28]
San Martín de Los Llanos, Meta. Fotografía de Daniel Martínez Bernal para el CNMH. 552 MEMORIAS DE UNA GUERRA POR LOS LLANOS Bandera del Bosque de la Memoria de San Martín de Los Llanos, Meta. Fotografía de Daniel Serrano Corredor para el CNMH. Mural ubicado en el Bosque de la Memoria de San Martín de Los Llanos,…
p. 551

[51]
exclusivamente como una consecuencia de la guerra o de las lógicas de la confrontación de los actores armados y sus permanencias, sino que tiene y ha tenido múltiples causas, resultado de prácticas violentas promovidas por actores criminales y sus alianzas políticas y económicas. (…) debido a la cooptación de la…
p. 372

25El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 4051 cita

[29]
(Corte Constitucional. 2001a). P OLÍTICA PÚBLICA Y DERECHO 405 En el primer caso —la atención humanitaria— la finalidad del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, es atender la situación de emer- gencia que impide a las personas desplazadas asumir temporalmente y por cuenta propia su subsistencia. El límite fijado por la…
p. 405

26El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 405, 4182 citas

[30]
(Corte Constitucional. 2001a). P OLÍTICA PÚBLICA Y DERECHO 405 En el primer caso —la atención humanitaria— la finalidad del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, es atender la situación de emer- gencia que impide a las personas desplazadas asumir temporalmente y por cuenta propia su subsistencia. El límite fijado por la…
p. 405

[32]
la Corte en el caso del asentamiento la reliquia en la ciudad de Villavicencio. (Corte Constitucional, 2001c). A NDRÉS C ELIS 418 – La Ley 387 estaría sin reglamentación. Los comités territoriales carecerían de competencias claros y no sería claro el papel de la Red Solidaridad Social como coordinadora del sistema…
p. 418

27Cruzando la frontera: Memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río AraucaCentro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 3171 cita

[31]
Otros contra la Nación – Ministerio de Defensa y Otros, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Corte Constitucional – Corte (1997, 5 de mayo), Sentencia T-227. MP: Alejandro Martí- nez Caballero. (2002, 31 de octubre), Sentencia T-932. MP: Jaime Araujo Rentería. (2004, 22 de enero), Sentencia T-025.…
p. 317

28Desplazamiento forzado en la Comuna 13: La huella invisible de la guerraLuz Amparo Sánchez, Marta Inés Villa, Pilar Riaño · 2011 · p. 165, 2312 citas

[33]
al municipio de Bello. Entonces el funcionario me dice: “negra, ¿qué venís a pedir?” “A pedir no, yo no vengo a pedir, yo vengo a traerle este derecho de petición. Acuérdese, vengo a reclamar mis derechos y a mí no me trate como una mendiga que no lo soy” (Testimonio de mujer adulta, lideresa desplazada, 2010) A unque…
p. 231

[80]
un tiroteo, luego explosiones, vimos que la gente corría, que ardían unos ranchos, mataron a un muchacho que era vecino de nosotros pero no sé el nombre, a una vecina le volaron la casa con una explosión, ella tiene siete hijos, varias casas se fueron a un cráter ya que se formó un hueco con una explosión, la gente…
p. 165

29Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4562 citas

[34]
de Viboral, La Unión y la parte alta de Sonsón); así como municipios en cordillera del oriente de Caldas (Samaná, La Victoria, Norcasia, Marqueta- lia y Pensilvania); desde 2000 el norte del Tolima (Honda, Mariquita, Fresno, Herveo, Falan, Vista Hermosa, Armero Guayabal, entre otros); el occidente de 27 La sentencia…
p. 456

[35]
de Viboral, La Unión y la parte alta de Sonsón); así como municipios en cordillera del oriente de Caldas (Samaná, La Victoria, Norcasia, Marqueta- lia y Pensilvania); desde 2000 el norte del Tolima (Honda, Mariquita, Fresno, Herveo, Falan, Vista Hermosa, Armero Guayabal, entre otros); el occidente de 27 La sentencia…
p. 456

30La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 1241 cita

[36]
zonas selváticas de ínfima productividad. […] el segundo gran componente de una política de ordenamiento de la población en el territorio es la urbanización planificada y ordenada de los desplazados por la violencia” [Reyes, 2009, 369-370]. La Ley de Víctimas fue expedida en noviembre de 2011 y contiene la…
p. 124

31Género y memoria histórica. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoLina María Céspedes-Báez · 2018 · p. 111 cita

[37]
Tierras. En abier- to contraste con las regulaciones anteriores del conflicto, esta nor- ma pretendió ofrecer mecanismos e instituciones para identificar 12 Género y memoria histórica Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico y reparar todos los daños derivados de los “hechos ocurridos a partir…
p. 11

32¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 5981 cita

[38]
del conflicto armado, así como el restablecimiento de sus derechos. De acuerdo al Conpes 3712 de 2011, el plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011, también conocida como ley 598 Plan de inversiones para la paz de víctimas, se requieren 54,9 billones de pesos para los diez años de su vigencia,…
p. 598

33Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 851 cita

[39]
reclama gestionar acuerdos de paz con los Frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, disidentes del proceso de paz con el EPL, en 1991 67. 67 Ver: Bluradio.com, 2015, Iniciar diálogos con disidencia del EPL, piden personeros del Catatumbo y Verdad Abierta.com, 2014, En Catatumbo reclaman mesa con…
p. 85

34Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 1081 cita

[40]
Teresa Ronderos se refiere a la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC en el marco de los “diálogos del Caguán”, en medio de los cuales se otorgó la zona de distensión al grupo guerrillero. El despeje de fuerza pública se dio en cinco municipios de los Llanos Orientales. 109 2.…
p. 108

35Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 771 cita

[41]
al resto del país. Se reproducía en cada localidad, con la disciplina militar de verdaderos psicópatas organizados. Hecho el ensayo y vistos sus resultados, el modelo de arrasamiento se aplicó luego a otras regiones y goza del silen- cio de la prensa oficial en Colombia. Y del silencio de la prensa en los países con…
p. 77

36Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1851 cita

[42]
grupos armados, en especial los paramilitares, construyeron sobre los motivos y fines de sus ac- ciones, como en el caso de la masacre de El Salado. En el informe sobre esa masacre, sus autores contribuyen a desmontar el estigma con el cual la Casa Castaño justificó semejante horror 99. Según el CNRR-GMH, la masacre…
p. 185

37La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 2361 cita

[44]
cambió sino que se escaló a niveles nunca antes vistos en la región durante los años 2002 y 2003: el aparato militar no resintió la masacre, lo que sería a pri- mera vista contradictorio para quienes estigmatizaron a El Salado como un pueblo guerrillero. Los hechos posteriores pusieron en evidencia una vez más que el…
p. 236

38La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 541 cita

[45]
Social. Procesado: Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Tabla: Desplazamiento forzado por recepción en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar-Montes de María. Da- tos Tabulados por Cifras & Conceptos, Grupo de Memoria Histórica, CNRR, 2010. Grupo de Memoria Histórica de…
p. 54

39¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 391 cita

[46]
92 se convirtió en uno de los emblemáticos del des- plazamiento forzado. Este pueblo de 4.500 habitantes fue abandonado durante dos años, tiempo suficiente para que la vegetación invadiera las construcciones hasta ocultarlas. En noviembre del 2001, la gente de El Salado regresó, pese a la persistencia del conflicto…
p. 39

40Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 741 cita

[47]
población fue usada como dispositivo aleccionador; al respecto el CNMH (2013) describe: En su función de teatralización de la violencia (la masacre), lleva —desde la perspectiva del perpetrador— un mensaje aleccionador para la población. Con la disposición espacial de los cuerpos de las víctimas y las huellas de…
p. 74

41Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 311 cita

[48]
aspectos, el ca- pítulo ofrece los antecedentes de formación de los paramilitares y brinda elementos para comprender la manera como a partir de 1997 aplicaron un plan que buscaba constituirlos en un actor polí- tico de orden nacional y convertirlos en autoridades indisputadas en regiones de su interés. 1. La…
p. 31

42La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 431 cita

[49]
enviados a Cesar por el ganadero cordobés Sal- vatore Mancuso, cumplían órdenes de René Ríos, alias Santiago Tobón y del exguerrillero Baltazar Mesa Durango (Verdadabier- ta.com, 22 de agosto de 2013, “La historia del “Juan Andrés Ál- varez””). En 1996 el paramilitarismo iniciaba una expansión sin precedentes bajo la…
p. 43

43Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 1521 cita

[50]
informó a los asistentes, entre los cuales se encontraba Javier Montañéz, que en virtud de la ordenada vinculación a las ACCU, a partir de ese momento quedábamos bajo las órdenes de Carlos Castaño Gil. (FGN, 2007b, p. 11) A principios del año 1997, el señor VICENTE CASTAÑO citó a los líderes y comandantes de estas…
p. 152

44Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 1161 cita

[52]
a muchos les compararon su fin- ca bajo presión, no vendieron sus fincas porque quisieron, sino porque les tocó tener que salir corriendo y regalar la casa en $2 500 000, porque me tengo que ir. O sea, no la vendió porque quiso, sino porque era una orden (CNMH, entrevista con hom- bre, Bogotá, 2013). 8 18 3 7 77 19 12…
p. 116

45Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 1571 cita

[53]
para… y yo lo que en ese tiempo entendía era para que cuidaran, la guerrilla se quería entrar a formar el desorden, ese desorden que ellos estaban formando, pero lo quería formar era la guerri- lla, que es lo que siempre (...). Que querían irse apoderando poco a poco de toda esa zona. 158 ESTRATEGIAS DE GUERRA Y…
p. 157

46Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 1671 cita

[54]
apoyada por los paramilitares porque garantizaban un cambio en el poblamiento y en el paisaje del Bajo Atrato, acercándolo al modelo del paisaje de Urabá con el monocultivo de banano, que debería permitirles arrebatar definitivamente el control del territorio a la guerrilla de las FARC, en un momento en el que el…
p. 167

47Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1041 cita

[56]
de Córdoba y Urabá (ACCU). Las masacres reaparecieron con una matanza en San Pelayo, subregión del bajo Sinú, el 19 mayo de 1997. Para entonces, las Convivir y las masacres se habían extendido a otros departamentos del Caribe, auspiciadas por las ACCU. El encargado de esta tarea fue Salvatore Mancuso Gómez. En su…
p. 104

48Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 3681 cita

[57]
está, por ser Norte de Santander un departamento fronterizo donde los criminales comunes se habían disputado desde siempre el control de los contrabandos varios, las tasas de homicidios doblaban las del promedio nacional. 60 Por esa frontera salía cocaína colombiana a Europa vía Venezuela y también entraban…
p. 368

49Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1181 cita

[59]
Embezzlement of government funds. – Land ownership – Plantations with palm oil and other cash-crops – Casinos, lotteries – Gas Stations – Shopping centres – Prostitution establishments. 98 Paramilitarism and Neoliberalism of the use, enjoyment, access to and possession of things. Thus, forced abandonment is the result…
p. 118

50Carne es guerra. Veganismo y conflicto armado en ColombiaColectiva Dostristestigres, La Calderita Vegana · 2021 · p. 141 cita

[61]
palma africana es un cultivo de rendimiento tardío porque, a pesar de que es permanente, sólo empieza a ge - nerar frutos a partir del tercer o cuarto año. La extrac - ción del aceite debe realizarse máximo en las primeras 12 horas después de que el fruto ha sido recolectado, lo que exige la ubicación de una planta de…
p. 14

51La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 1541 cita

[62]
través de la legislación agraria, ambiental y étnica mencionada. ''Antioquia y sus gremios -dice uno de los empresarios que representa esta posición- vemos con gran preocupación el des- enlace, no solamente de 4.000 hectáreas de palma, sino 6'000.000 del Pacífico colombiano conquistadas con fines oscuros sin un solo…
p. 154

52Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1351 cita

[63]
de tierras, tierras robadas a campesinos, indígenas y comunidades negras para el exclusivo sembrado de la palma con el total apoyo de la Presidencia de la República. A principios del 2003 la plantación ilegal de la palma de aceite o africana, avanzaba en el norte de Colombia en las regiones próximas al Darién,…
p. 135

53Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1351 cita

[64]
de tierras, tierras robadas a campesinos, indígenas y comunidades negras para el exclusivo sembrado de la palma con el total apoyo de la Presidencia de la República. A principios del 2003 la plantación ilegal de la palma de aceite o africana, avanzaba en el norte de Colombia en las regiones próximas al Darién,…
p. 135

54Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 2661 cita

[65]
financiamos de las grandes cadenas de producción de la economía como el banano, el plátano, la ganadería. Pero en la región se adquirieron muchas tierras que se dice compraron las autodefensas. La realidad es que se quedaron con ellas los que iban atrás de nosotros ‘palmoteándonos’” (Urabá Hoy N o 34, abril 2006;…
p. 266

55Una Colombia que nos quedaLinsu Fonseca · 2007 · p. 1961 cita

[66]
y se encuentra concentrada principalmente en la faja del litoral Pa cífico, donde está el mayor número de comunidades y pobladores. Se encuentran también 116 resguardos, seis de los cuales comparten con el departamento del Valle del Cauca; las etnias son Embera, Katío, Chamí, Wouunaan y Tule con una población de…
p. 196

56La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 3881 cita

[67]
dos sectores: por un lado, las em- presas de palma de aceite o palma africana. Por otro, los grandes cultivos industriales de banano. Respecto a la dinámica de la palma, esta estructura paramilitar encontró tres focos importantes de colaboración forzada y volun- taria: i) en el norte del Cesar, en especial en el…
p. 388

57La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 4391 cita

[68]
Intereclesial de Justicia y Paz (2007), sus efectos nocivos se inscriben a partir de dos factores: el despojo territorial y la destrucción de ecosistemas. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las empresas cultivadoras de palma llegan a los territorios ancestrales de comunidades nativas, des- pojando a…
p. 439

58Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 4921 cita

[69]
se hicieron sobre territorios colectivos y ya existe resolución de devolución de la tierra. Sin embargo, la mayoría de las plantaciones de palma de esta zona del país fueron invadidas por la epidemia que ataca a este cultivo y por lo mismo fueron plantaciones abandonadas. Hoy tanto las tierras usadas por los…
p. 492

59La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 2111 cita

[71]
multinacionales como AngloGold Ashanti, que crearon grandes proyectos mineros mediante el acaparamiento de numerosos permisos de explotación en tierras pertenecientes a las comunidades étnicas (Tribunal Superior de Medellín, 2017). Para 2015, se habían otorgado 164 tí- tulos mineros, de los cuales el 30% pertenecía a…
p. 211

60Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 1651 cita

[72]
económicas y culturales al dejar dichas relaciones sin el espacio físico que las soportaba. 63 Las categorías relacionadas con el daño material es necesario ponerlas en diálogo con los conceptos de ‘daño emergente’ y ‘lucro cesante’, las cuales son utilizadas en la jurisprudencia de las altas Cortes colombianas y en…
p. 165

61Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 2681 cita

[73]
político hizo que estos lazos se rompieran y dieran paso a un desarraigo aún 339 Testimonio N° 32 (Hombre, joven). 266 Silenciar la democracia. Las masacres de remedios y segovia 1982–1997 más doloroso, no sólo por el desplazamiento forzado en sí, sino por lo que se había intentado colectivamente y en parte se había…
p. 268

62Un bosque de memoria viva, desde la Alta Montaña de El Carmen de BolívarCentro Nacional de Memoria Histórica, Carmen Andrea Becerra Becerra · 2018 · p. 4441 cita

[74]
memoria viva, desde la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar 194 Canoles, Ciro, (2016), El desplazamiento de nuestra tierra y la ilusión del retorno. (Fragmento). Reflexión. Manuscrito. Equipo de narradoras y narradores de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar. El desplazamiento de nuestra tierra y la ilusión del…
p. 444

63Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1491 cita

[75]
material y productiva como simbólica y espiritual, incluye elementos esenciales que conec tan la vida de las mujeres rurales con la naturaleza, pues representa un medio de vida, de trabajo, de economía propia y soberanía alimentaria, cuidado de la familia y el entorno, de identidad y autonomía, así como de saberes…
p. 149

64Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2021 cita

[76]
doble discriminación: Los pueblos indígenas que migran a zonas urbanas hacen frente a problemas espe- ciales y, a menudo, adicionales. Cabe destacar en forma prominente el desempleo, el limitado acceso a los servicios, y la vivienda inadecuada. Además, los pueblos indígenas en las zonas urbanas pueden experimentar…
p. 202

65Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 611 cita

[77]
la expulsión de grandes cantidades de campesinos de sus tierras en las zonas andina y caribeña, así como de la puesta en marcha de proyectos agroindustriales, madereros y mineros, tuvieron un efecto devastador sobre las comunidades indígenas en zonas que nunca antes habían enfrentado de manera masiva la presencia…
p. 61

66No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 113, 1172 citas

[78]
otra niña más pequeña. Me acuerdo tanto. Era una carretera en diagonal y ellos iban así en línea caminando descalzos, la guerrilla los había obligado a irse de la finca. ¿Razones? Ni idea, pero no la volví a ver. Fue mi primera amistad perdida» 227. En la huida, mientras los adultos piensan en aquello que quedó atrás…
p. 117

[79]
pero ella se fue directamente a Bogotá y llegó donde otra tía. El trayecto inicial es fundamental en el recorrido de las personas desplazadas, pues implica una ruptura: ir con el miedo y el recuerdo de la violencia a cuestas, dejar la tierra y la vida conocida, enfrentar la incertidumbre sobre el futuro y la…
p. 113

67Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 2481 cita

[81]
- ciones sociales, con énfasis en el ataque contra mujeres víctimas del desplazamiento. En 2011 fueron señalados de obstruir la par - ticipación política de partidos de izquierda (PCC -Partido Co - munista de Colombia- y PDA –Polo Democrático Alternativo-) y de estigmatizarlos como supuestos colaboradores de la…
p. 248

68The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 2371 cita

[82]
basic services and urban infrastruc- ture. Like other neighborhoods that receive desplazados in Bogotá, such as Usme, Soacha, Tunjuelito, Bosa, or Kennedy, or Aguablanca in Cali and the comunas of Medellín, Ciudad Bolívar remains poorer than the rest of the city. In 2005, census takers categorized 76 percent of its…
p. 237

69Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 4902 citas

[83]
Human Rights Watch estimó que las prácticas de los “grupos herederos” 491 CAPÍTULO VI. LOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES POSDESMOVILIZACIÓN DE LAS AUC, PRINCIPALES RESPONSABLES DE VIOLACIONES A LOS DDHH de las AUC “seguían siendo ampliamente paramilitares”. Afirmó que estos grupos tenían presencia en 24 departamentos, que…
p. 490

[84]
Human Rights Watch estimó que las prácticas de los “grupos herederos” 491 CAPÍTULO VI. LOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES POSDESMOVILIZACIÓN DE LAS AUC, PRINCIPALES RESPONSABLES DE VIOLACIONES A LOS DDHH de las AUC “seguían siendo ampliamente paramilitares”. Afirmó que estos grupos tenían presencia en 24 departamentos, que…
p. 490

70Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 421 cita

[85]
legitima- ción para iniciar la acción de restitución. En segundo lugar, se evidenciará la pertinencia de los documentos menciona- dos para entender las dinámicas del paramilitarismo, especí- ficamente con respecto al despojo y al abandono forzado. En tercer lugar, se explicará por qué los informes del CNMH re- visados…
p. 42

71"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 4081 cita

[86]
mi casa y quedé sin nada 264. ¿Y la restitución? El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tratado de revertir el proceso de despojo y concentración de la tierra, no sólo 263 Entrevista_ 006 _ 33 _abril_ 05 _ 08 _Despojo de Tierras_Procesos Organizativos 264 Entrevista_ 007 _+- 55 _abril_ 6 _ 08 _Proceso Social…
p. 408

72Cuatro crisis que marcaron a Colombia: Memorias del fraude bancario de 1982, el apagón de 1992, la debacle financiera de 1999 y las negociaciones con el ELN en 2018Juan Camilo Restrepo · 2022 · p. 1501 cita

[87]
La política de restitución de tierras, que a mi entender es la pieza de mejor implementación en cuanto toca con las políticas agrarias que ha tenido el país hasta el momento, busca fundamentalmente facilitar la recuperación de las tierras de quienes han sido despojados a sangre y fuego en las últimas décadas o por la…
p. 150

73Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 2561 cita

[88]
Muchos de los retornos han sido acompañados por la fuerza pública, mientras que otros han sido retornos voluntarios. El problema es que no hay una política de mediano ni de largo plazo para la población desplazada dentro de las administraciones regionales. La solución tiene como eje el otorgamiento de tierras, pero…
p. 256

74Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 221 cita

[90]
1996, Mooney 2002, Muggah 2003, VV. AA. 2003, entre otros). Un análisis más profundo y complejo tiene que ver con los aspectos subjetivos de política que pueden afectar la consistencia metodológica de políticas de atención basadas en definiciones de la población afectada. Scott (1990) propone un modelo conceptual…
p. 22

75Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 971 cita

[91]
como desplazadas en el país, la base de datos del censo cuenta sólo a las personas que se desplazaron entre 2000 y 2005, pero incluye a todas las personas que se reconocie- ron como desplazadas por la violencia. Cada uno de los sistemas tiene ventajas y limitaciones distintas, y cada uno tiene lugar para mejorar los…
p. 97

76Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombianoCentro Nacional de Memoria Histórica; Katherine López Rojas (coord.); Andrés Felipe Aponte; Carolina Lozano Rodríguez; Linda Lorena Sánchez Avendaño · 2017 · p. 4391 cita

[92]
un informe remitido por la Defensoría del Pue- blo al CNMH (Defensoría del Pueblo, Oficio 201600257103 del 27 de junio de 2016, dirigido a Camila Medina, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 30 de abril de 2016 se da cuenta de 626 declaraciones…
p. 439

77Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoClara Inés García · 2018 · p. 1691 cita

[93]
Móvil 29 de Mayo); ELN; bandas neoparamilitares, fuerza pública. Otros: narcotraficantes, mafias nacionales e internacionales, parapolíticos. 170 Regiones y conflicto armado Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico Caso El Castillo Referencia bibliográfica Centro Nacional de Memoria Histórica…
p. 169

78San Carlos: Memorias del éxodo en la guerraMartha Nubia Bello Albarracín, Marta Inés Villa · 2011 · p. 30, 1812 citas

[95]
civiles. Ante la imposibilidad de alter- nativas para garantizar su vida, con la zozobra y el trauma que provocaron los actos desmedidos de violencia, la población even- tualmente no encontró más opciones que abandonar el territorio. El desplazamiento forzado de San Carlos está asociado a múl- tiples formas de…
p. 181

[98]
del desplazamiento for- zado. Deja claro que el desplazamiento responde a lógicas distin- tas, que puede ser una consecuencia o una estrategia de la guerra. Muchos se desplazaron debido a los enfrentamientos armados, a los 30 San Carlos: memorias del éxodo en la guerra campos minados, a la infraestructura destruida y,…
p. 30

79Desterrados: Crónicas del desarraigoAlfredo Molano · 2001 · p. 11 cita

[96]
No obstante, cuando mataron aJaimc Garzon admiti que no podia regresar pronto, consegui una mesa de trabajo grande, afile la pluma y comence a escribir este libro. Al terminarlo comprendi -agachando la cabeza en seiial de profundo respeto- que el drama de mi exilio, a pesar de sus dolores, es un palido reflejo de la…
p. 1

80La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 501 cita

[97]
Crisis de identidad, angustia del desarraigo, fantasmas que acosan, que acusan: el exilio plantea dudas y problemas que no necesariamente conoce quien vive lejos por elección. El desterrado no puede volver al propio país o al país elegido como propio. Cuando uno es arrojado a tierras extranjeras, queda muy a la…
p. 50