Guardia Indígena Nasa y Comunidades de Paz como soberanías civiles desarmadas (2002–2015)

Guardia Indígena Nasa y Comunidades de Paz: soberanías civiles desarmadas en Colombia (2002–2015)

Entre 2002 y 2015, mientras la Política de Seguridad Democrática militarizaba el territorio colombiano y La Habana ensayaba una salida negociada al conflicto con las FARC, tres experiencias comunitarias sostuvieron a la vez lo que ningún actor armado del país aceptaba: que la soberanía sobre un territorio podía ejercerse sin armas y rechazando por igual a guerrillas, paramilitares y fuerza pública. La Guardia Indígena Nasa del norte del Cauca —cuadrillas civiles con bastones de mando bajo autoridad del cabildo— y las Comunidades de Paz de San José de Apartadó (1997), del Cacarica (1997) y de Puente Nayero, en Buenaventura (2014), formalizaron, cada una a su modo, una neutralidad activa que no era pacifismo abstracto sino gobierno cotidiano: control de asambleas, expulsión de laboratorios de coca, prohibición de ingreso a hombres armados, acompañamiento humanitario internacional. En ese arco, esas comunidades anticiparon la noción de paz territorial que el Acuerdo Final de 2016 recogería después, pagando el precio de ser blanco de todos los ejércitos a la vez.

La densidad larga: Quintín Lame, la Ley 89 de 1890 y el CRIC

La Guardia Indígena Nasa no fue invento del siglo XXI. Se apoyó en una arquitectura política que el pueblo nasa había pulido durante décadas, y que a su vez remitía a resistencias mucho más antiguas frente al despojo territorial y al terraje —el trabajo servil que los indígenas debían a los hacendados por vivir en tierras que consideraban suyas.

En la primera mitad del siglo XX, Manuel Quintín Lame formuló un programa cuyos puntos esenciales siguen siendo, un siglo después, la columna vertebral del movimiento indígena caucano: recuperar y ampliar las tierras de los resguardos, fortalecer los cabildos como autoridad propia, no pagar terrajes. Lame escribió sus reflexiones en 1939; sus manuscritos permanecieron inéditos hasta 1971, año en que fueron publicados por primera vez. La fecha no es casual. Ese mismo año, en el municipio caucano de Toribío y en un contexto atravesado por las luchas por la tierra que la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) impulsaba en distintas regiones, se fundó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que institucionalizó la lucha del pueblo nasa —el grupo mayoritario entre las etnias del departamento— y de otras comunidades caucanas. El CRIC se reconoció explícitamente heredero del programa de Lame.

Las banderas de esa herencia se ampliaron: a la recuperación territorial y el fortalecimiento del cabildo se sumaron la defensa de las prácticas culturales, la educación en lenguas propias y la búsqueda de representación indígena en el Congreso. Pero el núcleo era, y sigue siendo, territorial. Sin tierra colectiva, gobernada por cabildos elegidos, no hay pueblo nasa que preservar.

La Constitución de 1991 marcó un umbral. Con la participación indígena en la Asamblea Nacional Constituyente y el reconocimiento del pluralismo étnico, se abrió un espacio jurídico que el pueblo nasa aprovechó de inmediato. En los años siguientes ganaron alcaldías en Toribío, Caldono y Caloto; en 1998, Toribío recibió el premio nacional de planeación al mejor municipio del país. Los reconocimientos siguieron llegando en la década siguiente: premio nacional de paz en 2000 y 2004, premio ecuatorial de las Naciones Unidas para pueblos indígenas en 2005, nominación al Nobel de Paz en 2007. Ese aparato de premios y reconocimientos internacionales no era decorativo: era el andamiaje de legitimidad global que blindaba, en parte, un proceso local acorralado por las armas.

De ese acumulado —Ley 89 de 1890 que reconocía los resguardos, programa de Lame, CRIC de 1971, cabildos consolidados, alcaldes propios, Constitución de 1991— emerge la Guardia Indígena. No como novedad, sino como una capa más de institucionalidad frente a una guerra que, entrado el nuevo siglo, se cerraba sobre los resguardos.

Cerro Berlín, bastones de mando: la Guardia como gobierno

La Guardia Indígena empezó a consolidarse en la Zona Norte del Cauca y se extendió después a todas las zonas indígenas del departamento. Su emblema es el bastón de mando, símbolo de autoridad heredado del cabildo, no un arma. Sus integrantes son hombres y mujeres de las comunidades, sin remuneración, que asumen turnos rotativos bajo la orientación del cabildo respectivo.

Sus funciones son de gobierno territorial en el sentido más literal. La Guardia controla las asambleas y movilizaciones comunitarias, traslada heridos en zonas de combate, expulsa laboratorios y cocinas de procesamiento de drogas instalados por actores armados en los resguardos. Cuando comunidades indígenas del Cauca participaron en la liberación de personas secuestradas por las FARC en operaciones que llevaron a delegaciones a departamentos vecinos, incluido el Caquetá, la Guardia fue parte del dispositivo civil que hizo posibles esos desplazamientos en medio de la guerra.

El episodio más nítido del período fue la Minga de Resistencia de julio de 2012 en Toribío y Corinto. En medio de combates prolongados entre el Ejército y las FARC que devastaban los cascos urbanos, la Guardia Indígena Nasa juzgó, según su justicia propia, a milicianos de la guerrilla encontrados con explosivos, y expulsó al Ejército de su campamento en el Cerro Berlín, montaña sagrada para los nasa en el municipio de Toribío. Las imágenes de comuneros con bastones desmontando trincheras militares y encarando a soldados armados dieron la vuelta al país. La respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos osciló entre el reconocimiento tácito de la autonomía y la denuncia mediática de que la Guardia obstaculizaba la lucha contrainsurgente. La disputa reveló lo que el proceso llevaba años planteando: dos concepciones incompatibles de soberanía sobre un mismo territorio.

Esas confrontaciones no fueron gratuitas. El norte del Cauca era zona de alta prioridad estratégica para las FARC. Los corredores de alta montaña del Macizo Colombiano permitían la movilidad de tropas, armas y economías ilegales entre el suroccidente y otras regiones. En los años 2000, el suroccidente colombiano —Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo— fue precisamente la zona hacia donde se desplazó con mayor intensidad el conflicto. Sobre ese terreno, la Guardia Indígena impuso una regla incómoda para todos: aquí manda el cabildo, y el cabildo no negocia con hombres armados.

El ciclo de resistencia civil que hizo posible la Guardia había comenzado antes. El 28 de mayo de 1999, en Piendamó, manifestantes indígenas expulsaron a una columna de las FARC que había intentado incorporarse a un acto de protesta popular. Entre 2000 y 2002 se produjeron numerosas acciones espontáneas de confrontación desarmada con columnas guerrilleras en Caldono, Coconuco, Puracé, Silvia e Inzá. Esas acciones —no siempre coordinadas centralmente— dejaron dos convicciones asentadas: que las comunidades podían frenar el paso de tropas irregulares sin usar armas, y que ese poder requería institucionalizarse. La Guardia Indígena fue esa institucionalización.

En su formulación política, la Guardia y el conjunto del proceso nasa avanzaban hacia lo que llamaron un Territorio Autónomo Indígena en el marco del derecho propio: integrado a la sociedad global y al Estado colombiano, pero conservando autonomía sobre el gobierno interno, la administración de justicia, la economía comunitaria y la relación con la Madre Tierra. Esa última noción no era retórica ambientalista. En el proceso conocido como Liberación de la Madre Tierra, comunidades nasa emprendieron la recuperación de tierras históricamente vinculadas a sus ancestros y ocupadas por ingenios azucareros como Incauca, en un conflicto con el gremio agroindustrial —Asocaña, Incauca— que produjo capturas, torturas, judicializaciones, fumigaciones de huertos, ofrecimiento de recompensas por asesinar a liberadores y combates entre Ejército y guerrillas en las fincas liberadas. La disputa por la tierra, en el corazón del programa que Lame había formulado en 1939, seguía abierta con métodos actualizados.

Hay una experiencia previa que la memoria nasa no oculta y que explica el carácter desarmado de la Guardia. En los años ochenta, ante los asesinatos de líderes —entre ellos el sacerdote Álvaro Ulcué Chocué en 1984— y la ausencia estatal, un sector del movimiento indígena constituyó el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), guerrilla indígena que se desmovilizó en 1991 en el marco de las negociaciones del gobierno de César Gaviria y participó en la Asamblea Constituyente. Esa experiencia, contradictoria y dolorosa, tuvo un efecto largo: erradicó la lucha armada como opción de autoprotección y ratificó el carácter pacífico de la resistencia colectiva del pueblo nasa. La Guardia recogió esa lección; el bastón sustituyó al fusil no por debilidad sino por decisión política tomada tras haber probado ambos caminos.

San José de Apartadó, 1997: neutralidad activa bajo asedio

Mil kilómetros al norte, en el Urabá antioqueño, otra experiencia de soberanía civil desarmada tomaba forma con genealogía distinta. Allí no había cabildos tricentenarios ni resguardos coloniales. Había campesinos pobres, muchos afrodescendientes, colonos recientes y una violencia paramilitar que en la segunda mitad de los noventa desplazó comunidades enteras.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue fundada el 23 de marzo de 1997 con la firma de su declaración de principios por aproximadamente 500 personas; en total, el proceso integraba unos 1.400 habitantes de la zona. Su fundación contó con el respaldo del obispo de Apartadó, monseñor Isaías Duarte Cancino —después arzobispo de Cali, asesinado en 2002—, y con el acompañamiento sostenido de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dirigida por el jesuita Javier Giraldo, que venía del CINEP y había documentado la masacre de Trujillo. Esa infraestructura eclesial no fue decorativa: fue condición de posibilidad de la experiencia.

El principio fundacional era la neutralidad activa: prohibición del ingreso de cualquier actor armado a la zona, sin excepciones. Los reglamentos internos mencionaban explícitamente a las FARC y al Ejército; la exclusión de los paramilitares se desprendía del principio general. La actividad económica y los servicios públicos se organizaron comunalmente. Nadie podía portar armas dentro del perímetro.

El fundamento jurídico invocado era el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario entre combatientes y no combatientes. Pero la fundamentación política era más honda: la Comunidad de Paz constituía un acto de autodeterminación mediante el cual los habitantes se reconocían como sujetos políticos que reivindicaban su posición en el conflicto y proclamaban no apoyar a ningún actor armado, incluido el Ejército nacional. Esa última cláusula fue la que atrajo el rencor del Estado. Para el gobierno colombiano —cualquiera que fuera— era inaceptable que una comunidad rural declarara al Ejército como un actor más del conflicto del cual convenía protegerse.

Bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002–2010) esa incompatibilidad se agudizó. La Política de Defensa y Seguridad Democrática subsumió bajo la lógica del control territorial estatal cualquier política de paz o de derechos humanos, y rompió con la búsqueda de solución política negociada al conflicto que gobiernos anteriores habían intentado. Sus objetivos declarados —control territorial del Estado, eliminación del narcotráfico, fortalecimiento de la fuerza pública— se tradujeron en retenes militares, allanamientos, detenciones arbitrarias y ocupación militar de escuelas, parques y centros culturales en amplias zonas rurales, subordinando la vida cotidiana a una lógica de guerra estatal. El componente ofensivo, el Plan Patriota, diseñado desde el Comando Sur de Estados Unidos con participación de militares y contratistas estadounidenses, buscó recuperar el control de los territorios de influencia de los Bloques Sur y Oriental de las FARC, operando principalmente en los llanos del Yarí y el río Caguán. El Congreso estadounidense autorizó hasta 800 miembros de Fuerzas Especiales en Colombia y eliminó el límite sobre mercenarios de Compañías Militares Privadas dentro del Plan Colombia. Uribe expandió las Fuerzas Militares y de Policía en unos 96.000 nuevos reclutas y creó batallones de alta montaña.

En ese marco, una comunidad que se declarara neutral frente al Ejército era vista, en el mejor de los casos, como obstáculo; en el peor, como fachada de la guerrilla. La estigmatización se convirtió en violencia. Entre 1997 y 2004, la expansión paramilitar violenta dejó en Colombia más de 150.000 homicidios y desapariciones forzadas y más de 3,5 millones de desplazados forzados. Sobre San José de Apartadó, el patrón territorial se consolidó hacia finales de los noventa y comienzos de los 2000: los paramilitares fueron tomando las zonas urbanas y las rutas de acceso, mientras las FARC mantenían presencia en las zonas montañosas. La Comunidad de Paz quedó entre dos frentes.

Los hitos de la persecución son documentables. El líder Luis Eduardo Guerra, junto con siete miembros de la Comunidad —incluidos niños—, fue asesinado en febrero de 2005 en un operativo cuya autoría involucró a estructuras militares y paramilitares. En abril de 2008, durante todo un día, paramilitares recorrieron San José amenazando a habitantes; el 20 de ese mes, cuatro paramilitares dijeron a Alberto García que si no vendía sus tierras negociarían la compra con su viuda. Testigos señalaron contactos entre esos paramilitares y agentes de la policía. Los grupos armados ilegales pos-AUC —surgidos tras la desmovilización nominal de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2003–2006— desplegaron en el suroccidente y el Urabá un repertorio de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, restricciones a la movilidad y al acceso a bienes indispensables, estigmatizaciones y accidentes con minas antipersonal.

A pesar de todo, la Comunidad no se disolvió. Sostuvo sus zonas humanitarias, mantuvo la prohibición de ingreso de hombres armados, produjo cacao y otros cultivos bajo esquemas cooperativos, y construyó una red internacional de acompañamiento que incluyó organizaciones europeas y norteamericanas de solidaridad. Peace Brigades International (PBI), presente en Colombia y que ya acompañaba físicamente a defensores como Madero, de CREDHOS, en Barrancabermeja, incluyó a comunidades urabaenses en su dispositivo de protección por presencia.

Cacarica: el retorno como fundación

En la cuenca del río Cacarica, en el Bajo Atrato chocoano, la Comunidad de Paz nació del trauma y del retorno. Entre el 24 y el 28 de febrero de 1997, en el marco de la operación militar conocida como Génesis, comunidades afrodescendientes y campesinas de Riosucio sufrieron un desplazamiento forzado masivo en operaciones donde existió coordinación operativa entre estructuras paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y unidades del Ejército. Más de 4.000 personas fueron desplazadas en esas semanas. El 17 de diciembre del mismo año, aproximadamente 200 paramilitares remontaron el caño Jiguamiandó y recorrieron caseríos como Santa Fe de Churima, Bella Flor de Remacho, Curvaradó y Brisas de Curvaradó, generando nuevos desplazamientos en las cuencas del Jiguamiandó y el Curvaradó.

Las mil familias desplazadas del Bajo Atrato en aquellas semanas eran campesinos afrodescendientes muy pobres, sin conexiones ni influencia, lo que facilitó los vejámenes y la desatención de las autoridades militares regionales. Las ACCU expandían su presencia por el Urabá chocoano y antioqueño respondiendo a la ofensiva de las FARC y a intereses vinculados a grandes proyectos de infraestructura y agronegocios en la región. El control territorial no era gratuito: quien controlaba el Bajo Atrato controlaba corredores estratégicos hacia el Pacífico y hacia Panamá.

Al organizar su retorno, las comunidades del Cacarica no volvieron como habían salido. Se agruparon en Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA), declararon Comunidades de Paz y Zonas Humanitarias, y proclamaron neutralidad activa frente a todos los actores del conflicto, incluida la fuerza pública. No todas las 23 comunidades originales fueron repobladas; el proceso continuó organizativamente durante las dos décadas siguientes, apoyado también por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Ante la impunidad y las amenazas sostenidas, CAVIDA recurrió al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El caso llegó a la Corte Interamericana, que emitió sentencia el 20 de noviembre de 2013 en el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica —conocido internacionalmente como Operación Génesis vs. Colombia—, declarando la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones cometidas. La sentencia no cerró la persecución, pero convirtió a Cacarica en referente jurídico internacional del despojo territorial afrodescendiente y del uso de mecanismos supranacionales por comunidades de resistencia.

Puente Nayero, 2014: la Comunidad de Paz urbana

La última de las tres experiencias, y la más joven, se instaló en un contexto radicalmente distinto: una calle de Buenaventura, la ciudad portuaria del Pacífico. En abril de 2014, en la calle conocida como El Puente Nayero, en el barrio La Playita, familias afrodescendientes constituyeron el Espacio Humanitario de Puente Nayero, respaldadas por organizaciones de derechos humanos, iglesias y organizaciones internacionales.

El detonante fue el desmonte de una casa de pique —vivienda usada por grupos armados urbanos para desmembrar personas, práctica que en aquellos años transformó Buenaventura en símbolo internacional de la violencia paramilitar posdesmovilización—. Sobre ese acto simbólico y físico, los habitantes construyeron la premisa central: no permitir el ingreso de ningún actor armado al espacio de paz como mecanismo de protección de la vida. Los principios eran los mismos de San José de Apartadó y del Cacarica, traducidos a un contexto urbano: una calle, no un caserío rural; una ciudad portuaria bajo control de bandas surgidas de la fragmentación paramilitar, no una vereda del Urabá o del Bajo Atrato.

Esa traducción urbana era inédita. La Comunidad de Paz, como categoría jurídico-política, había nacido rural: los desplazamientos, la prohibición de portar armas, las zonas humanitarias, presuponían un territorio delimitable y una economía comunitaria posible. En Puente Nayero se probó su transposición al asfalto, en un barrio donde el control paramilitar se ejercía casa por casa. El Sistema Interamericano acompañó también este proceso: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activó mecanismos de protección para el Espacio Humanitario ante las amenazas registradas.

Uribe, Santos y las resistencias entre dos ciclos

Los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe (2002–2010) fueron el marco en que las tres experiencias se pusieron a prueba. No solo por la Política de Seguridad Democrática y el Plan Patriota, sino por lo que ambos hicieron con las críticas: durante los primeros años del mandato se registró una cooptación persistente sobre organismos de control e investigación, incluida la remoción de funcionarios judiciales que buscaban investigar excesos violentos de Policía y Fuerzas Militares. La lógica gubernamental —según la cual quien criticara la política de seguridad era funcional a la insurgencia— fue asfixiante para las comunidades que se declaraban neutrales frente al Ejército.

Los llamados falsos positivos —ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de presentar civiles como combatientes muertos en combate— revelaron el fondo de esa lógica. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó que se trató de una práctica planificada con estructura de mando, distribución de funciones y encubrimiento con complicidad de paramilitares, civiles y algunos funcionarios del Estado. Contra ese trasfondo, la desconfianza de las comunidades hacia la fuerza pública no fue paranoia sino cálculo estadístico.

El caso de mayor visibilidad fue el asesinato, el 16 de diciembre de 2008, de José Edwin Legarda Vásquez, compañero de la lideresa indígena nasa Aida Quilcué —vocera de la Minga de ese año—, cuando conducía una camioneta cerca de Popayán. Siete militares fueron acusados de homicidio en persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario. Quilcué había liderado semanas antes una movilización nacional que confrontó abiertamente al gobierno Uribe; el asesinato de su compañero fue leído por el movimiento indígena como represalia y como señal de hasta dónde podía llegar la respuesta estatal contra las vocerías indígenas.

Con la llegada de Juan Manuel Santos en agosto de 2010, y sobre todo con el inicio en 2012 de los diálogos de La Habana con las FARC, el marco político cambió sin que la violencia cesara. La Guardia Indígena Nasa expulsó al Ejército del Cerro Berlín en julio de 2012, apenas semanas antes del anuncio formal del proceso de paz. Las Comunidades de Paz siguieron denunciando amenazas paramilitares y presencia de grupos armados en sus zonas. Pero por primera vez en más de una década se abrió un espacio en el que la idea de que la paz tenía una dimensión territorial —que no bastaba con desarmar guerrillas, había que reconocer las formas de gobierno y economía que las comunidades habían construido bajo la guerra— empezaba a circular en los circuitos oficiales.

Estructura, causas, contrastes

Las causas estructurales que hicieron posibles estas experiencias son distintas en cada caso pero convergen en un mismo diagnóstico. En el norte del Cauca, tres siglos de resistencia territorial nasa, la Ley 89 de 1890 que reconoció resguardos y cabildos, la sedimentación del CRIC desde 1971 y los reconocimientos constitucionales de 1991 crearon un piso institucional propio sobre el cual la Guardia se levantó como brazo civil de una autonomía preexistente. En el Urabá y el Bajo Atrato, el desplazamiento masivo de 1997, la iniciativa del obispo Duarte y el acompañamiento sostenido de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz crearon una institucionalidad más frágil pero más flexible, capaz de exportarse a otras geografías —del Cacarica al Jiguamiandó, del Urabá rural al Buenaventura urbano.

Los detonantes coyunturales fueron simétricos: la expansión paramilitar de fines de los noventa, la Política de Seguridad Democrática desde 2002, la disputa territorial entre FARC, paramilitares reconfigurados y Ejército sobre las mismas rutas y los mismos recursos. Sin ese triple asedio, ni la Guardia habría necesitado la formalización militar-desarmada que adquirió a partir de 2001, ni las Comunidades de Paz habrían radicalizado la exclusión de la fuerza pública hasta convertirla en su principio identitario.

Las consecuencias fueron múltiples. La primera, sostener la vida: miles de personas que en circunstancias comparables fueron desplazadas o asesinadas permanecieron en sus territorios. La segunda, producir jurisprudencia: la sentencia de la Corte Interamericana sobre Operación Génesis en 2013, las medidas cautelares del sistema interamericano para varias de estas comunidades, las decisiones de la Corte Constitucional colombiana sobre desplazamiento y protección étnica. La tercera, y la más discutible, anticipar la agenda del Acuerdo Final de 2016: la noción de paz territorial que el texto de La Habana adoptó como principio orientador reconocía, aunque tímidamente, que la paz no se firma solo en una mesa sino que se construye en las relaciones concretas entre comunidades y territorios. Esa idea circulaba desde hacía dos décadas en San José de Apartadó, desde hacía tres en Toribío.

Conviene, sin embargo, no aplanar las diferencias. La Guardia Indígena Nasa se apoya en una densidad histórica que las Comunidades de Paz no tienen: cabildo, resguardo, lengua propia, medicina tradicional, autoridad ritual sobre lugares como el Cerro Berlín. Las Comunidades de Paz son, en buena medida, invenciones institucionales de los años noventa forjadas en el trauma del desplazamiento, sostenidas por infraestructura eclesial y de derechos humanos, y traducidas después —como en Puente Nayero— a contextos urbanos donde ninguna tradición previa las respaldaba. Ambas son formalizaciones bajo asedio, pero la nasa formaliza tradición y la de Urabá inventa tradición desde el trauma. Reconocerlo no las jerarquiza: las sitúa.

Lo que queda

En 2015, al cierre del período que aquí se recorre, las tres Comunidades de Paz seguían existiendo bajo amenaza sostenida, y la Guardia Indígena Nasa se había convertido en referente latinoamericano de resistencia civil desarmada, con réplicas incipientes en otros pueblos indígenas del continente. El Acuerdo Final se firmaría al año siguiente, y con él llegarían nuevas violencias contra líderes sociales y comunidades étnicas que probarían que la paz territorial seguía siendo, sobre todo, un programa por cumplir.

Lo que estas experiencias mostraron entre 2002 y 2015 no fue que la resistencia civil pudiera reemplazar al Estado, ni que la neutralidad activa fuera un modelo generalizable a cualquier comunidad rural del país. Mostraron algo más modesto y más difícil: que en las condiciones límite de una guerra en la que ningún actor armado respetaba la distinción entre combatientes y civiles, y en la que el propio Estado había construido su política de seguridad sobre la sospecha generalizada contra las poblaciones rurales, existía todavía margen para que grupos humanos organizados —con bastón de mando o con declaración de principios, con tres siglos de cabildo o con veinte años de comunidad— sostuvieran una soberanía sin armas. Que esa soberanía fuera precaria, costosa en vidas y permanentemente contestada no la hace menos real. La hace, quizás, más importante como memoria de lo que fue posible cuando parecía que ya nada lo era.