La Habana

La Habana en la historia de Colombia

La Habana ha sido, durante casi cinco siglos, el afuera operativo de Colombia. No un escenario pasivo ni una capital extranjera cualquiera: el nodo caribeño donde la historia colombiana se ha ido descargando cada vez que el orden interno necesitó un espacio exterior para funcionar. Por allí salió el oro neogranadino rumbo a Sevilla en los siglos del imperio; allí se entrenaron, en los años sesenta, los jóvenes que fundarían el Ejército de Liberación Nacional; allí residió por temporadas Gabriel García Márquez; y allí, entre 2012 y 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia negociaron el fin de medio siglo de guerra. La ciudad no aparece en la historia colombiana como una anécdota geográfica, sino como una infraestructura persistente: un puerto, una plaza militar, un exilio, un asilo cultural, una sede diplomática. Cada activación responde a coyunturas distintas, pero la repetición sugiere algo más que la casualidad de las coordenadas: Colombia, cuando ha necesitado un exterior, ha vuelto una y otra vez al mismo lugar del Caribe.

Una ciudad al costado de la Nueva Granada

Fundada por Diego Velázquez en 1519 en la orilla norte de la isla de Cuba, La Habana empezó siendo un puerto secundario en un archipiélago que las autoridades españolas todavía imaginaban como escalón hacia la Tierra Firme. Su ascenso al primer plano llegó cuando la Corona diseñó, hacia mediados del siglo XVI, el sistema de flotas que ordenó el comercio atlántico durante casi doscientos años. En ese sistema, La Habana se convirtió en el punto donde convergían los cargamentos de plata y oro americanos antes de emprender el peligroso regreso a Sevilla o Cádiz. Cartagena de Indias, sobre la costa neogranadina, era el extremo sur de esa arquitectura; La Habana, su bisagra.

La relación quedó fijada desde muy temprano. Desde el puerto de Cartagena partía la Flota de los Galeones rumbo a La Habana y de allí a España, transportando principalmente oro neogranadino y plata peruana, además de otras riquezas americanas acumuladas en los almacenes de Tierra Firme. La Habana funcionaba como escala intermedia obligada: los galeones que salían de Cartagena hacían noche allí antes de cruzar el Atlántico, reabasteciéndose, reparando cascos, esperando el momento adecuado para enfrentar las corrientes. Lo que salía de la bahía de Cartagena no llegaba a España sin haber pasado antes por la bahía habanera.

El período de mayor estabilidad de este sistema, aproximadamente entre 1550 y 1650, coincidió con el auge de la plata peruana y del oro neogranadino. Entre 1570 y 1620, el Nuevo Reino de Granada se convirtió en el principal productor de oro de América, con años en que la producción llegó a dos millones de pesos. Ese metal era casi el único producto de exportación del territorio, y con él se pagaban los bienes españoles que consumía la población colonial. Los impuestos al comercio con España constituían la principal fuente de ingresos del tesoro real. La economía neogranadina, en su articulación con la metrópoli, dependía enteramente de que ese oro llegara a Sevilla, y para llegar a Sevilla tenía que pasar por La Habana.

El sistema imponía una geografía comercial estricta. Los comerciantes residentes en América no podían recibir cargamentos consignados directamente a su nombre ni enviarlos a la metrópoli; debían operar a través de los miembros de la Universidad de Cargadores a Indias, ese cuerpo de mercaderes sevillanos que monopolizaba el comercio transatlántico. A los comerciantes neogranadinos y habaneros les quedaba la distribución interna dentro de las colonias. La Habana no era, en ese esquema, una ciudad autónoma en el comercio: era una estación imperial. Pero su posición como estación obligatoria del oro colombiano la convertía, para efectos prácticos, en la primera ciudad extranjera de la vida económica neogranadina.

El sistema empezó a resquebrajarse tarde. Solo con las reformas borbónicas de Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, el comercio exterior del Nuevo Reino de Granada recibió un impulso significativo: la Corona buscó atenuar las prácticas restrictivas y monopolísticas del sistema anterior, favoreciendo una mayor liberalización con las colonias americanas. Para entonces, ya La Habana había sido durante dos siglos el punto por donde pasaba lo que hacía posible la vida material del virreinato.

La plaza militar del Caribe

Detrás del sistema de flotas había una infraestructura de guerra. La Habana y Cartagena no eran solo puertos comerciales: eran plazas fuertes, diseñadas para resistir los asaltos que la propia riqueza que albergaban invitaba. La conquista se había organizado inicialmente sobre esa lógica: en un primer período, las villas y ciudades fundadas por los españoles eran costeras o cercanas al litoral, con el propósito de asegurar una rápida comunicación con España. La penetración hacia el interior vino después, cuando el dominio se consolidó. Cartagena, fundada por Pedro de Heredia en 1533, pertenecía a esa lógica primera; La Habana también.

La vulnerabilidad se manifestó pronto. Desde 1567, el gobierno militar del capitán Martín de las Alas se preocupó por dotar a Cartagena de artillería y de una flota armada para ahuyentar los continuos asaltos de piratas a las costas de la gobernación. La respuesta no bastó. En el siglo XVI, Francis Drake tomó Cartagena, descrita entonces como la más fuerte ciudad de Tierra Firme, y evidenció la fragilidad de una plaza que se creía inexpugnable. Drake negoció el rescate directamente con el gobernador y el obispo, un procedimiento que humilló públicamente a la Corona y obligó a repensar el sistema defensivo del Caribe entero. La Habana y Cartagena empezaron a ser fortificadas con seriedad, con murallas, castillos y baluartes que aún hoy definen la silueta de las dos ciudades.

La conexión defensiva entre ambas plazas se hizo tan estrecha que las decisiones militares tomadas en una repercutían en la otra. El episodio más elocuente ocurrió alrededor de 1760, durante la guerra con los ingleses. Antes de esa fecha, el canal de Bocagrande en Cartagena era suficientemente profundo para los navíos más grandes. El gobierno español lo obstruyó deliberadamente con piedras y arena para negar el acceso al enemigo, alterando de manera irreversible la geografía portuaria de la ciudad. Desde entonces, la entrada de Bocachica quedó como el acceso principal al puerto, imponiendo un rodeo y peligros adicionales a las embarcaciones. La lógica de esa decisión era caribeña, no cartagenera: la defensa de las Indias era un sistema, y cerrar un canal en Cartagena tenía sentido dentro de una estrategia que también contemplaba proteger el Morro de La Habana y el tráfico entre ambos puertos.

Durante más de dos siglos, la seguridad de la Nueva Granada dependió de la relación con La Habana. Si la flota no lograba llegar a la bahía habanera, no había convoy hacia España. Si La Habana caía —como estuvo a punto de caer en varias ocasiones, y como cayó ante los ingleses en 1762—, el oro neogranadino quedaba varado en Cartagena, sin destino. La ciudad cubana era la garantía última de que el sistema imperial siguiera funcionando; y con él, la economía colonial colombiana.

Los exiliados del Caribe

La independencia rompió el sistema de flotas pero no la centralidad caribeña. Cuando el orden colonial colapsó, los flujos que antes iban de Cartagena a La Habana rumbo a Sevilla se rehicieron en otras direcciones, y las ciudades del Caribe hispánico —La Habana, Kingston en manos británicas, las islas menores— empezaron a funcionar como el circuito de los exiliados, los conspiradores y los agentes diplomáticos que se disputaban el destino de las nuevas repúblicas.

La crisis imperial de 1808-1810, desencadenada por la invasión napoleónica a España, precipitó el movimiento de independencia en la Nueva Granada. Fue un punto de inflexión que resonó con antecedentes de tensión política que venían desde la rebelión de los Comuneros en 1781 y la crisis de los años noventa. En el proceso que siguió, los gobiernos de Panamá, Santa Marta, Riohacha, Pasto y Popayán se declararon realistas; Cartagena, en cambio, fue la primera provincia en declarar la independencia. La geografía del conflicto quedó marcada por una fractura caribeña: parte del litoral con la Corona, parte contra ella. La Habana, todavía firmemente colonial y sede de la Capitanía General de Cuba, se convirtió en base logística y política del bando realista en su intento por reconquistar Tierra Firme.

Cuando las nuevas repúblicas se estabilizaron, la geografía del exilio se reordenó. Los perdedores de las guerras civiles neogranadinas se refugiaban en Kingston o en La Habana, y desde allí conspiraban contra los gobiernos de turno en Bogotá. El episodio de Juan de Francisco Martín en 1832 muestra cómo operaba ese circuito y hasta dónde llegaba su alcance diplomático. En marzo de ese año, el agente del gobierno neogranadino en Kingston informó al Secretario de Relaciones Exteriores en Bogotá que Juan de Francisco Martín se hallaba entre un grupo de antiguos bolivarianos que preparaban un barco pirata para asaltar la embarcación en la que Francisco de Paula Santander debía regresar desde los Estados Unidos a la Nueva Granada. Se hablaba de una invasión desde el Caribe británico para reasumir el poder en Bogotá. El plan no llegó a ejecutarse —Santander desembarcó sin incidentes y asumió la presidencia—, pero el rumor tuvo consecuencias diplomáticas inmediatas: a fines de noviembre de 1831, el gobierno neogranadino había expulsado al cónsul británico Edward Watts, en el entendido de que Kingston, bajo bandera de Su Majestad, se había convertido en un santuario de conspiradores contra la República. La expulsión de Watts abrió una crisis con Londres y obligó a Bogotá a reconocer, casi a regañadientes, que su política interior se jugaba en parte en puertos que no controlaba. Ese mismo cálculo se repetiría, con otros protagonistas, en La Habana.

Las dos ciudades operaban en esos años como espacios complementarios: la primera bajo bandera española, la segunda británica, ambas fuera del alcance directo del gobierno de Bogotá, ambas útiles para quien quisiera trabajar desde afuera contra el orden establecido. Kingston era más frecuente para los liberales derrotados —José Martí, décadas después, la conocería bien—; La Habana lo era para los realistas primero y para los conservadores exiliados después. El patrón era el mismo: cuando la política colombiana necesitaba un margen exterior donde reagruparse, el Caribe hispánico lo proveía.

Una capital cultural intermitente

Durante buena parte del siglo XIX y de la primera mitad del XX, La Habana pasó a un segundo plano en la vida colombiana. Cuba se independizó tardíamente de España, en 1898, y entró en la órbita norteamericana. Colombia miraba más hacia París, hacia Londres y crecientemente hacia Nueva York. La relación bilateral existía, pero no tenía la densidad de la etapa colonial ni la intensidad que volvería a tener después de 1959. Fue en ese intervalo cuando La Habana empezó a construir para Colombia una función distinta: la de capital cultural intermitente, ciudad de escritores y artistas latinoamericanos, punto de una geografía continental de las letras.

Esa función se consolidó con la Revolución de 1959, pero venía de antes. La generación que llegaría a la fama como el boom latinoamericano —Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes— empezó a mirar hacia La Habana en los años sesenta, cuando el triunfo del Movimiento 26 de Julio dio a la ciudad un aura política que reforzó su prestigio cultural. La simpatía de artistas e intelectuales latinoamericanos hacia el triunfo del castrismo y las ejecutorias del nuevo gobierno formó parte de una corriente amplia y plural, en la que La Habana pasó a funcionar como la capital simbólica de una literatura que se pensaba a sí misma como continental.

Para García Márquez, que había nacido en Aracataca en 1928 y publicaría Cien años de soledad en 1967, La Habana se convirtió en una de las cinco ciudades donde vivió por temporadas después de su consagración. Las otras cuatro fueron Barcelona, Bogotá, México y Cartagena. Se radicó principalmente en Barcelona tras convertirse en un personaje célebre, y usó las demás como residencias temporales. La Habana no era su casa central, pero fue una casa. Cuando la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1982, el escritor colombiano ya había fijado ese circuito de residencias que hacía de él, más que un autor de un solo país, un habitante del continente entero. La lista de sus obras —Cien años de soledad, El otoño del patriarca de 1975, El amor en los tiempos del cólera de 1985, El general en su laberinto de 1989— fue escrita entre esas ciudades, y La Habana fue una de ellas. El escritor más universal de Colombia tenía una segunda —o tercera, o cuarta— residencia en la capital cubana, y su obra circulaba entre Cartagena y La Habana con la naturalidad con que dos siglos antes había circulado el oro.

La revolución exportada

El giro decisivo de la segunda mitad del siglo XX ocurrió con la Revolución Cubana de 1959. Su triunfo despertó a la izquierda radical colombiana y transformó la visión sobre la violencia política organizada. Hasta entonces, las guerrillas colombianas eran mayoritariamente liberales, herencia de La Violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta, sin un proyecto revolucionario claro más allá de la resistencia al gobierno conservador. Después de 1959, la posibilidad de replicar el modelo de la Sierra Maestra en los Andes colombianos se instaló en el imaginario de una generación entera.

Los primeros intentos fracasaron. Antonio Larrota, Federico Arango y Tulio Bayer, entre otros, protagonizaron aventuras guerrilleras breves y desastrosas a comienzos de los años sesenta, que evidenciaron la enorme dificultad de trasladar el modelo cubano —una isla, un ejército desmoralizado, una dictadura aislada— a la geografía y la política colombianas. Pero el impulso siguió. En 1962, un grupo de estudiantes colombianos viajó a Cuba a entrenarse militarmente. Regresaron dos años después e iniciaron, formalmente en 1964, la lucha insurgente del Ejército de Liberación Nacional. La primera acción pública destacada fue la toma del casco urbano de Simacota, en Santander, el 7 de enero de 1965.

El ELN se pensó a sí mismo, desde su origen, como un movimiento de liberación nacional inspirado por la Revolución Cubana. Su fundamento ideológico fue un híbrido entre el marxismo-leninismo y la teología de la liberación cristiana, y adoptó la teoría del foco guerrillero desarrollada por Ernesto Che Guevara y Régis Debray: la idea de que un pequeño grupo armado, actuando desde una zona rural, podía desencadenar por su sola presencia una revolución nacional. Cuba proporcionó al ELN entrenamiento, organización y armamento. Los jóvenes fundadores establecieron contacto, al volver a Colombia, con remanentes de las guerrillas liberales gaitanistas de Rafael Rangel en San Vicente de Chucurí, fusionando la nueva inspiración cubana con la tradición guerrillera preexistente en la región del Magdalena Medio.

La influencia habanera no se limitó al ELN, aunque fue con este grupo con quien la relación fue más directa. En el imaginario del período, los principales grupos guerrilleros colombianos —el ELN en 1962-1964, las FARC en 1964, el Ejército Popular de Liberación en 1967, el M-19 en 1970— fueron descritos como producto de la Revolución Cubana. La caracterización es una simplificación. Las FARC, a diferencia del ELN, emergieron bajo el liderazgo del Partido Comunista Colombiano y con una base social predominantemente campesina, enraizada en las comunidades que habían buscado refugio durante La Violencia y en las autodefensas liberales previas. Su matriz doctrinal era otra: la de la guerra popular prolongada, tal como la habían formulado los comunistas chinos y vietnamitas. Donde el foco guevarista apostaba a que un núcleo armado en la montaña podía encender por sí solo la revolución, la guerra popular prolongada suponía un trabajo de décadas, con retaguardias campesinas, control territorial gradual y articulación con el trabajo político legal del partido. Eran dos apuestas distintas sobre el tiempo revolucionario: una rápida y catalítica, otra lenta y acumulativa.

Detrás de esa diferencia había otra, geopolítica. La Unión Soviética apoyaba a los partidos comunistas latinoamericanos de forma política e ideológica dentro de la doctrina de coexistencia pacífica, mientras que Cuba, con la influencia del Che Guevara, impulsaba una línea más activa de apoyo a la lucha armada. Las FARC, ligadas al PCC prosoviético, se ubicaron en el primer registro; el ELN, formado en La Habana, en el segundo. La Habana y Moscú no eran lo mismo dentro del bloque socialista, y las guerrillas colombianas se ubicaron en distintos puntos de ese espectro.

La reacción del Estado colombiano y de Estados Unidos ante el desafío cubano fue igualmente estructural. El triunfo de la Revolución impulsó acuerdos entre Colombia y Washington enmarcados en la Alianza para el Progreso, que incluyeron acuerdos militares de cooperación y endurecieron las posiciones frente a las guerrillas, reorientando la doctrina militar latinoamericana hacia la contrainsurgencia. La Habana, entonces, no solo exportó revolución: exportó también, por reacción, la política de contrainsurgencia que definiría medio siglo de guerra colombiana.

En algún momento, cuando las guerrillas colombianas necesitaron mostrar cohesión y capacidad de comunicación internacional, la ciudad volvió a activarse. El 28 de abril de 1980 se celebró en La Habana una conferencia de prensa de guerrilleros colombianos, un episodio que dejó constancia de que la relación no era solo formativa sino operativa: La Habana seguía siendo un espacio desde donde la insurgencia colombiana podía dirigirse al mundo.

Los circuitos ilegales

Junto a la revolución exportada corría, en las mismas décadas, otro circuito habanero de la historia colombiana: el del tráfico de drogas. Antes de que Medellín se convirtiera en el nombre asociado mundialmente al cocaísmo, cuando el negocio ilegal colombiano era todavía pequeño y la heroína dominaba las redes internacionales, Cuba fue una escala natural entre Colombia y los Estados Unidos.

Rafael y Tomás Herrán Olózaga, dos hermanos colombianos, fueron pioneros en el procesamiento y tráfico de drogas entre Medellín, Cuba y Estados Unidos a mediados del siglo XX. Los roles individuales de cada uno y el peso jerárquico dentro de la organización no se han precisado con claridad, pero el patrón general está establecido: la ruta pasaba por La Habana. A finales de diciembre de 1956 fue interceptado un cargamento de heroína avaluado en 16.000 dólares, en un episodio vinculado a las actividades de los Herrán Olózaga. La suma, modesta para los estándares del narcotráfico posterior, es reveladora del momento: cuando la industria era artesanal y los volúmenes pequeños, La Habana ya funcionaba como pieza del engranaje.

La Revolución Cubana clausuró, al menos en su forma antigua, este circuito. La Habana batistiana era hospitalaria con el juego, con la prostitución y con las redes de contrabando; la Habana castrista rompió con esos negocios y expulsó, junto con la mafia norteamericana, a los operadores colombianos que se habían acomodado en la isla. El tráfico se reordenó hacia otras rutas del Caribe. Pero el episodio dejó una constancia: durante décadas, La Habana fue el punto donde también las ilegalidades colombianas encontraban tránsito. La ciudad no era solo la sede de la revolución y de la cultura: era también, en la sombra, la escala del negocio prohibido.

La sede de los diálogos

La activación más reciente y más visible de La Habana en la historia colombiana fue la mesa de conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP entre 2012 y 2016. El proceso llegó allí después de años de intentos fallidos —el Caguán bajo Andrés Pastrana entre 1998 y 2002, sobre todo, había dejado la sensación de que las negociaciones en territorio colombiano estaban condenadas al fracaso— y de una fase preparatoria discreta que las FARC y el gobierno construyeron a través de canales confidenciales.

Las conversaciones exploratorias previas al proceso formal incluyeron un primer encuentro en La Habana el 23 de febrero de 2012 y culminaron con la firma de un documento marco en agosto de ese año. El proceso formal fue lanzado oficialmente en Oslo en octubre, y luego se trasladó a La Habana, donde permaneció hasta su cierre. Cuba y Noruega actuaron como países garantes, con presencia en la mesa; Venezuela y Chile fungieron como acompañantes y facilitadores. La geografía del proceso —Oslo para el lanzamiento, La Habana para la operación cotidiana— reflejaba una lección aprendida: la mesa necesitaba estar lejos del territorio colombiano y en un país capaz de garantizar la seguridad tanto del gobierno como de la guerrilla.

La escogencia de La Habana no fue neutra. Para las FARC, la ciudad ofrecía la garantía de estar en un país aliado histórico, con un gobierno amigo y sin extradición. Para el gobierno Santos, ofrecía distancia respecto de la política interna colombiana y un anfitrión con experiencia en procesos de paz: Cuba había sido garante también de negociaciones en Centroamérica y en el propio proceso previo con el ELN. Para ambos, ofrecía la posibilidad de trabajar durante años sin la presión mediática permanente que habría existido en Bogotá.

Santos adoptó una estrategia clara desde el comienzo: no abordar el cese al fuego al inicio sino al final, lección extraída del fracaso de procesos anteriores en los que ese tema había bloqueado el avance. El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto contemplaba una agenda de seis puntos que se fueron negociando uno tras otro a lo largo de casi cuatro años. Las FARC llegaron a La Habana debilitadas: habían sufrido cuatro derrotas simultáneas —militar, organizacional, política e internacional—, y esa combinación condicionó su disposición a negociar. La guerrilla de 2012 no era la del Caguán: había perdido a Manuel Marulanda Vélez, a Raúl Reyes, a Alfonso Cano, y su capacidad operativa había sido erosionada por una década de ofensiva militar sostenida.

Los diálogos culminaron con la firma de los Acuerdos de La Habana en 2016. El acuerdo fue sometido a plebiscito en octubre de ese año y rechazado por un margen estrecho. Los firmantes ajustaron entonces el texto, dando lugar al nuevo Acuerdo del Teatro Colón, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. Es significativo el desplazamiento simbólico: lo negociado en La Habana se firmó definitivamente en Bogotá, como si el proceso necesitara volver a Colombia para completarse. Pero durante los cuatro años centrales, la mesa había estado en la capital cubana, con delegados residiendo en barrios como El Vedado y Miramar, viajando entre La Habana Vieja y las sedes de reuniones, viviendo la lentitud y la intensidad de un proceso que se hizo largo porque ambas partes decidieron que lo fuera.

La huella

Trazar la historia de La Habana en Colombia es trazar una geografía menos convencional que la de los relatos nacionales. La historia colombiana suele contarse desde Bogotá, o desde el triángulo Bogotá-Medellín-Cali, con la costa como periferia. Pero desde el Caribe, la perspectiva cambia: Cartagena, Santa Marta y Riohacha no fueron nunca provincias de un interior, sino ciudades de un sistema atlántico en el que La Habana era el nodo mayor. Ese sistema estructuró la economía neogranadina durante dos siglos, definió la geografía militar del Caribe durante otros dos, y sobrevivió a la independencia bajo otras formas: el exilio en el siglo XIX, la revolución en el XX, la mesa de paz en el XXI.

Hay una tensión que no debe eludirse. La Habana no fue nunca la única opción disponible. Los exiliados bolivarianos también usaron Kingston; los diálogos de paz se lanzaron formalmente en Oslo; García Márquez residió sobre todo en Barcelona. La recurrencia de La Habana refleja oportunidad y coyuntura tanto como estructura geográfica. Cada activación fue una decisión de actores concretos —Fidel Castro invitando a los estudiantes colombianos en 1962, García Márquez estableciendo su residencia habanera en los setenta, Santos aceptando la sede cubana en 2012— y no la ejecución automática de una lógica inscrita en el mapa. Pero la repetición sugiere que La Habana ha sido, para Colombia, un lugar repetidamente elegible: cuando convergen su posición caribeña, su capacidad para albergar lo que el orden colombiano no puede contener en casa, y la voluntad política de usarla, la ciudad se activa.

Hay también un patrón social visible. La Habana ha sido, sobre todo, un espacio de élites y de actores con recursos para llegar hasta ella: comerciantes del circuito de galeones, guerrilleros entrenados por gobiernos amigos, negociadores de alto nivel con delegaciones y presupuestos, escritores consagrados con residencias múltiples. Los procesos habaneros de la historia colombiana rara vez fueron impulsados desde abajo. Fueron, casi siempre, operaciones de élites armadas, políticas, culturales o económicas que encontraron en la ciudad cubana un espacio donde tramitar aquello que en Colombia no podía tramitarse. Esa característica no le resta importancia a la relación, pero la ubica: La Habana no es un nodo popular colombiano; es un nodo de las capas colombianas que operan a escala internacional.

Cuando en 2016 los delegados guerrilleros y gubernamentales firmaron el acuerdo que puso fin a más de medio siglo de guerra, lo hicieron en una ciudad que había sido, tres siglos antes, la escala obligada del oro con que se pagaba la Nueva Granada, y medio siglo antes, el campo de entrenamiento de una parte de los combatientes que ahora deponían las armas. La coincidencia no es literaria: es histórica. Desde la piratería que asaltó las flotas del oro, pasando por el tráfico de heroína de los Herrán Olózaga en los años cincuenta, el entrenamiento del ELN en 1962, la conferencia de prensa guerrillera de 1980 y las negociaciones con las FARC entre 2012 y 2016, La Habana aparece sistemáticamente como el espacio donde Colombia externaliza lo que no puede contener: la guerra que empieza y la guerra que termina, el oro que sale y el rumor que vuelve. Incubadora y clausura, en un mismo circuito abierto hace cinco siglos.