Soberanía alimentaria

Soberanía alimentaria en Colombia

La soberanía alimentaria es, en la historia reciente de Colombia, menos una política de Estado que un concepto-movimiento: una consigna importada por Vía Campesina en los años noventa que las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes convirtieron, entre 2002 y 2016, en gramática común para nombrar el despojo, resistir la agroindustria y disputar el modelo agrario. No designa un programa de gobierno ni una ley; nombra una aspiración —el derecho de los pueblos a decidir qué producir, cómo y para quién comer— que aterrizó en Colombia sobre un suelo agrario marcado por seis décadas de reforma fallida, concentración creciente de la tierra y colonización de las periferias. Su momento álgido fue el paro agrario de agosto y septiembre de 2013; su cristalización parcial, el Punto 1 del Acuerdo de La Habana; su límite, el hecho de que ninguna de esas dos coyunturas logró tocar las estructuras que le dieron origen.

Qué nombra el concepto en Colombia

Antes de ser bandera, la soberanía alimentaria fue, en el vocabulario técnico dominante, un desplazamiento respecto de la seguridad alimentaria. Esta última, en el lenguaje de los organismos multilaterales, se ocupa de que haya alimentos suficientes, inocuos y accesibles, sin pronunciarse sobre quién los produce ni con qué modelo. La soberanía alimentaria añade una pregunta política: quién controla la tierra, las semillas, el agua y los mercados que hacen posible comer. Así la formuló Vía Campesina en la segunda mitad de los noventa, y así la adoptaron después las organizaciones agrarias colombianas.

En Colombia el término se apropia con una torsión propia. No es un debate técnico sobre nutrición: es un lenguaje para nombrar de golpe el despojo paramilitar, la expansión de la palma aceitera y la caña para biocombustibles, los tratados de libre comercio, los megaproyectos hidroeléctricos y minero-energéticos, el desplazamiento forzado. Bajo esa palabra las organizaciones campesinas articulan reivindicaciones de tierra, autonomía territorial, precios justos, defensa de semillas nativas y crítica al modelo agroexportador. Hacia el paro de 2013 y la negociación de La Habana, la soberanía alimentaria funcionaba ya como línea de trinchera: quien la enunciaba se situaba de un lado del debate agrario nacional.

El suelo estructural: seis décadas de reforma fallida

Ningún concepto agrario en Colombia se entiende sin el fracaso de la reforma agraria. La Ley 135, sancionada el 13 de diciembre de 1961 y ejecutada a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA, constituido el 29 de diciembre de ese año), inauguró un ciclo que se cerró tres décadas más tarde sin haber alterado el patrón de concentración de la tierra. La ley contemplaba procedimientos sobre propiedad rural, adjudicación de baldíos y colonización dirigida, pero su trámite legislativo la vació de contenido redistributivo. Los números son inequívocos: entre 1960 y 1970 la concentración de la propiedad aumentó pese a la prolija legislación agraria del período. Las explotaciones menores de diez hectáreas se redujeron en número y superficie, las unidades medias perdieron peso y los estratos por encima de las cincuenta hectáreas crecieron con nitidez.

Al cabo de la primera década de aplicación de la Ley 135, apenas el 2 % del total de tierras agrícolas del país había sido expropiado, y solo una fracción mínima de ese porcentaje llegó a manos campesinas. Entre 1962 y 1978, menos del 1 % de la superficie total del país fue afectada por la reforma. La colonización dirigida por el INCORA —piedemonte oriental, Magdalena Medio, altillanura entre Meta y Vichada, sur de Córdoba, Urabá, bajo Cauca, nordeste antioqueño— desplazó campesinos hacia las periferias sin tocar el latifundio del interior. En las élites siguió predominando el sector que promovía la concentración.

El Acuerdo de Chicoral, en 1972, sepultó lo poco que quedaba de vocación redistributiva. La Ley 4 de 1973, que formalizó el acuerdo, estableció barreras de protección de hasta 160 hectáreas contra la afectación por reforma agraria e introdujo nuevos criterios para clasificar predios como "adecuadamente explotados", dificultando de manera significativa la expropiación. La Ley 6 de 1975 completó el andamiaje. Cuando la Ley 160 de 1994 clausuró el ciclo, lo hizo apostando por una redistribución vía mercado de tierras, con menor intervención estatal, en un país que ya entraba a la apertura económica. El resultado agregado del ciclo 1961-1994 fue el mantenimiento del modelo dual latifundio-minifundio: se titularon baldíos, se promovió la colonización, se afectaron marginalmente las tierras al interior de la frontera agrícola y, mientras la pequeña propiedad se fragmentaba, los grandes propietarios ampliaban su control.

Ese fracaso tuvo consecuencias que la soberanía alimentaria terminaría nombrando décadas después. La expulsión campesina de tierras fértiles aceleró la migración campo-ciudad e intensificó la ocupación de los territorios periféricos: el piedemonte de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura, el sur de Córdoba, subregiones antioqueñas. Sobre ese mapa se dibujaría después el conflicto armado y, más tarde, la crítica campesina al modelo agrario.

La economía campesina como sujeto amenazado

La categoría económica que la soberanía alimentaria vino a defender existía, pese a todo, con nombre propio. Hacia 1988, los sistemas productivos campesinos ocupaban el 57 % del área agrícola nacional y aportaban el 42,7 % del valor de la producción agropecuaria. El 86,5 % del volumen de esa producción no era comerciable internacionalmente y se destinaba al mercado interno; el 97 % correspondía a alimentos de consumo directo, equivalentes al 90,2 % del valor. La economía campesina alimentaba al país.

Desde mediados del siglo XX se dibujaba ya una diferenciación interna que se agudizaría con las décadas. Entre 1945 y 1950-1953, el algodón crecía a tasas anuales del 15,7 %, mientras el fríjol registraba una tasa negativa del 8,39 %, la panela caía un 2,53 % anual y el maíz apenas crecía al 3,33 %. Cultivos de exportación al alza, alimentos de mesa al ralentí: la fractura entre el agro empresarial y el agro campesino comenzaba a ser notoria.

La apertura económica de los años noventa profundizó esa fractura. Entre 1991 y 2002 el área de cultivos agrícolas se redujo en cerca de 17,2 %, mientras la superficie en pastos y rastrojos se amplió en aproximadamente 19,4 %. Se atribuyó el fenómeno a políticas inadecuadas, bajo nivel tecnológico, sistema de tenencia y, sobre todo, a la caída de la demanda de productos nacionales por las importaciones y los bajos precios. La producción de alimentos para consumo interno se reorientó hacia insumos para la agroindustria y los biocombustibles, en un proceso que algunos analistas llamaron nueva ruralidad o descampesinización.

Los datos de 2009 dan la escala del giro: 193.423 hectáreas cultivadas de caña para etanol y 360.537 hectáreas de palma aceitera para biodiésel. Juntas suman una superficie del orden de Puerto Rico, dedicada no a alimentar sino a llenar tanques de combustible. Sobre ese suelo agroindustrial en expansión —que el Estado apoyó con legislación de fomento de oleaginosas, subvenciones y préstamos a cultivadores— se articularía la crítica de la soberanía alimentaria: no como defensa nostálgica del campesino, sino como denuncia de que la vocación agrícola del suelo se estaba subordinando a mercados externos y a proyectos energéticos con consecuencias directas sobre la capacidad del país de producir sus propios alimentos.

Palma, biocombustibles y despojo: el nervio de la crítica

Si la soberanía alimentaria encontró una figura concreta contra la cual definirse, esa figura fue la palma aceitera. En el Bajo Atrato chocoano y en el Urabá antioqueño, tierras de comunidades negras fueron despojadas mediante violencia paramilitar para dar paso al cultivo. Vicente Castaño Gil, jefe paramilitar, declaró en entrevista a Semana que en Urabá tenían cultivos de palma y que él mismo había conseguido empresarios para invertir en esos proyectos, descritos por él como "duraderos y productivos". La declaración condensaba, sin necesidad de glosa, el vínculo entre paramilitarismo y agroindustria palmera.

El patrón se repitió en los Llanos Orientales, donde tierras despojadas a campesinos desplazados fueron legalizadas con apoyo de testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces y notarios, y luego valorizadas mediante el cultivo de palma y caña. Las autoridades nacionales y locales apoyaron activamente a las empresas palmeras en el desalojo de comunidades de sus territorios ancestrales, mediante prácticas de violencia sustentadas en la impunidad y en las políticas contrainsurgentes. Justicia y Paz documentó, en el Pacífico colombiano, cómo la expansión de la palma en territorios ancestrales implicaba despojo territorial, destrucción de ecosistemas y desplazamiento forzado.

El modelo económico subyacente completaba el círculo. Las alianzas entre grandes compañías palmeras y pequeños cultivadores imponían a estos últimos tres años de preparación y mantenimiento sin ingresos, obligándolos a endeudarse con créditos para poder participar en un negocio cuyos márgenes decisivos —precios, insumos, comercialización— quedaban del lado empresarial. El pequeño cultivador quedaba atado a una cadena que no controlaba.

Fue contra ese paisaje —tierras arrebatadas con fusil y legalizadas con notario, subordinación de la vocación alimentaria a los biocombustibles, agricultores familiares transformados en engranajes de una cadena agroindustrial— que la soberanía alimentaria se politizó en Colombia. No era una discusión teórica: era la palabra con la que comunidades enteras nombraban una amenaza material a su capacidad de comer y de permanecer.

El giro de la Seguridad Democrática

El período 2002-2010, bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, dio a la soberanía alimentaria su forma polémica. La Seguridad Democrática articuló una ofensiva militar contra las FARC-EP y el ELN con un modelo económico de apertura, atracción de inversión extranjera y expansión agroindustrial. En el Ministerio de Agricultura, primero Andrés Felipe Arias y después Juan Camilo Restrepo (ya bajo Juan Manuel Santos) tramitaron un paquete de políticas —Agro Ingreso Seguro entre ellas— cuyo horizonte declarado era la competitividad y la modernización del campo. Para las organizaciones campesinas, ese horizonte era exactamente el problema.

En el Bajo Atrato, en el Urabá, en el sur de Córdoba, en los Llanos, el mismo período que consolidaba la política de seguridad consolidaba también un despojo agroindustrial que las comunidades vivían como continuidad, no como paradoja: la violencia paramilitar abrió el terreno; la política agraria lo pavimentó; la legislación de biocombustibles lo rentabilizó. Las tierras adjudicadas a títulos mineros llegaron a duplicar las de vocación agrícola, según datos del Departamento Nacional de Planeación de 2010. La soberanía alimentaria comenzó a usarse, en asambleas y comunicados, para nombrar esa articulación entre política de seguridad, apertura económica y despojo territorial.

En los territorios afectados por el conflicto, la soberanía alimentaria dejaba de ser solo palabra para volverse práctica. En Puerto Guzmán, en el Putumayo, el enfrentamiento entre las FARC-EP y grupos paramilitares desplazó a comunidades inga y destruyó sus prácticas de cultivo de plátano, yuca y chontaduro y su acceso a bebidas tradicionales. Una integrante del resguardo de Calentura resumió el efecto: "lo que es de medicina tradicional se está perdiendo todo". Testimonios similares llegaron del Atlántico, donde el desarraigo territorial erosionó prácticas alimentarias como el pilado de arroz y el cultivo de yuca. En la Orinoquía, comunidades sikuani y piapoco reportaron sentirse confinadas, con dificultades para pescar y morichar, cambiando su dieta bajo presión.

En Córdoba, en torno a la represa de Urrá I, los paramilitares asesinaron al profesor Alberto Alzate Patiño de la Universidad de Córdoba en 1997, al profesor embera Lucindo Domicó en 1999 y desaparecieron al líder embera Kimy Pernía en 2001, desplazando a cientos de familias. Y sin embargo, sobre ese suelo violentado, comunidades campesinas y pescadoras impulsaron los Agrosistemas Biodiversos Familiares (ABIF): un modelo de recomposición productiva orientado a permanecer en el territorio. En el río Sabaleta, comunidades afrocolombianas denunciaron una plaga persistente en el chontaduro y la falta de respuesta de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, leyendo esa desatención como signo de la marginalización estructural de sus cultivos.

Estos gestos —agrosistemas, bancos de semillas, defensa de cultivos propios— no llevaban necesariamente el nombre de soberanía alimentaria, pero le daban contenido. Cuando el concepto llegó a los grandes foros nacionales, ya existía como práctica cotidiana en decenas de territorios. La construcción de esos bancos y acopios comunitarios fue difícil: la organización comunitaria en zonas de conflicto era puesta bajo sospecha por los actores armados, y los liderazgos pagaban con la vida.

El resurgir organizativo: de 2011 al paro de 2013

Hacia 2011, tras años de repliegue, las grandes plataformas agrarias colombianas volvieron a moverse. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), creada a finales de los años noventa y prácticamente inactiva desde 2004, se reactivó. El Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) recuperaron músculo. La Marcha Patriótica emergió como articulador político. En marzo de 2013 estalló un paro cafetero de grandes proporciones, al que se sumaron pueblos indígenas cuya subsistencia depende en parte del café.

Un mes después, a fines de marzo, una convergencia entre trabajadores de la caña de azúcar y la Minga indígena —articulada también con ANZORC y la Marcha Patriótica— llevó a Bogotá una concentración de más de 80 mil campesinos, entre indígenas, mestizos y afrodescendientes. Fue el ensayo general.

Entre mayo y junio de 2013 estalló el paro del Catatumbo. La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) exigía el reconocimiento de una Zona de Reserva Campesina. La represión fue dura: Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), policía y ejército; dos manifestantes muertos, cincuenta heridos graves y cientos de detenidos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el uso excesivo de la fuerza. Mientras esas confrontaciones ocurrían, representantes de movimientos campesinos de Guaviare, Meta, Cauca, Nariño, Caquetá, Quindío, Putumayo, Sucre y Antioquia se reunieron en Bogotá para planear una huelga nacional en solidaridad con el Catatumbo.

El paro agrario nacional de agosto y septiembre de 2013 fue el resultado. Convocó a campesinos, indígenas y afrodescendientes de todo el país, con reivindicaciones sobre tierra, sustitución de cultivos ilícitos con alternativas productivas reales, condiciones de productividad y comercialización para la producción legal, y —de manera creciente— soberanía alimentaria como marco general de todas las demás. Los sectores de la pequeña producción —papa, maíz, panela, cacao, leche—, golpeados por la caída de precios y el alza de insumos, siguieron la senda de las llamadas Dignidades agropecuarias, denominación ya usada por movimientos contrarios a los tratados de libre comercio: dignidad cafetera, papera, cacaotera, arrocera, cebollera. Los epicentros de la movilización fueron Cauca, Antioquia, Bolívar y Santander, seguidos por Nariño, Valle del Cauca, La Guajira, Cundinamarca y Norte de Santander.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, intentó al comienzo restar peso al movimiento con una fórmula desafortunada: interpretó el paro como instrumentalizado por intereses políticos de extrema derecha y de extrema izquierda, no por los intereses reales del pequeño cultivador. La frase se le devolvió como bumerán. En noviembre de ese mismo año, en San Lorenzo (Nariño), en el corazón del Macizo Colombiano, la cuarta Asamblea Nacional del CNA abordó la figura de los Territorios Campesinos Agroalimentarios como propuesta organizativa, que se materializaría con más fuerza a partir de 2015.

En 2014, la movilización continuó. Los sectores de las Dignidades siguieron activos, aunque la representación campesina se disputó frente a los gremios tradicionales sin resolverse del todo. La soberanía alimentaria, para entonces, era eje reivindicativo articulado con la oposición a los TLC, al extractivismo, a los megaproyectos hidroeléctricos —Ituango, El Quimbo, Río Cucuama— y a la expansión minero-energética. La consigna era que esas políticas ponen en riesgo la soberanía alimentaria, y bajo esa frase se agrupaban preocupaciones que iban del precio del arroz a la construcción de represas.

La Habana: la soberanía alimentaria bajo líneas rojas

El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado el 26 de agosto de 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, definió una agenda de cinco puntos sustantivos y uno procedimental. El primero fue el llamado "Política de Desarrollo Agrario Integral – Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)". Que el tema agrario abriera la agenda no fue accidental. Un exalto comisionado de paz reconoció después que el paro de 2013, ocurrido cuando la negociación recién comenzaba, había influido en que la reforma rural quedara como Punto 1.

Las FARC-EP querían retomar la agenda de doce puntos del proceso del Caguán y colocar el modelo económico en la mesa. Justificaban la centralidad del tema agrario como reconocimiento de la causa originaria de su lucha: la tierra y la pobreza campesina. El gobierno tenía otra idea. Santos trazó, en reuniones con su equipo negociador durante la fase secreta, líneas rojas explícitas: el modelo político, el Estado de derecho, la democracia y la economía de mercado no serían objeto de negociación. El futuro de las Fuerzas Armadas tampoco. Diez rondas de negociación después, el resultado fue una agenda acotada, con el tema agrario incluido pero desprovisto de la posibilidad de tocar la estructura económica que lo condicionaba.

La Reforma Rural Integral, tal como quedó definida, contempló un Fondo de Tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, la meta de erradicar la pobreza rural extrema y reducir en 50 % la pobreza en el campo en un plazo de diez años, y el cierre de la brecha entre campo y ciudad con énfasis en el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Un exnegociador de las FARC-EP admitiría después que el Acuerdo no contenía todas las demandas de cambio social de la guerrilla, pero lo defendió como "el mejor acuerdo que pudimos sacar desde la insurgencia".

Organizaciones de víctimas y comunidades campesinas del Valle del Cauca —en particular de los corregimientos golpeados por el Bloque Calima entre 2000 y 2004, como La Ruiza, Arenillo, Los Pinos, La Carbonera y El Retiro— llevaron a la discusión de paz una propuesta explícita: crear un distrito especial integral de producción agroalimentaria, basado en adquisición, retorno y restitución de tierras, con desarrollo agroindustrial fundamentado en la economía campesina y una política de soberanía alimentaria local y regional. La propuesta condensaba la aspiración: no bastaba con distribuir tierra; había que orientarla a producir alimentos con y para las comunidades. La soberanía alimentaria era, en esa lectura, el criterio ordenador del uso del suelo restituido.

El Acuerdo final incorporó parte de ese lenguaje —agricultura campesina, familiar y comunitaria, cierre de la brecha rural, sustitución voluntaria de cultivos— pero no elevó la soberanía alimentaria a principio rector. El paradigma dominante en la formulación institucional siguió siendo el de la seguridad alimentaria complementado con un impulso a la economía campesina. La diferencia parece sutil; no lo es. La soberanía alimentaria, si se hubiera adoptado como principio, habría exigido subordinar los tratados de libre comercio, la expansión palmera y los biocombustibles a la garantía del derecho de las comunidades a decidir su producción. Eso quedaba del otro lado de las líneas rojas.

La implementación inconclusa

El plebiscito del 2 de octubre de 2016 abrió una zona gris. En regiones como el Eje Cafetero, más del 55 % de los electores votó por el No, y el proceso de reincorporación de excombatientes se desarrolló allí en un contexto de fuerte rechazo. Más del 90 % de los exguerrilleros que se desmovilizaron y entregaron armas continuaron, aun así, en el proceso tras el Acuerdo.

En los años siguientes, la implementación de la Reforma Rural Integral avanzó a un ritmo desigual y las comunidades organizadas denunciaron insuficiencias. En el nororiente colombiano, comunidades y organizaciones señalaron que la implementación no estaba a la altura de las expectativas, especialmente en los dos puntos que más las afectaban: reforma agraria integral y sustitución de cultivos de uso ilícito. En medio de disputas entre grupos armados y atropellos de sectores de la fuerza pública, líderes, lideresas y campesinos fueron asesinados en el marco de manifestaciones sociales o de procesos de erradicación forzada. El asesinato de excombatientes de las FARC en el período post-Acuerdo se convirtió en un problema grave que el Estado, según reconocimientos posteriores, debía atender con urgencia.

Las normas que abrían espacio a una reforma rural integral y a un régimen de tierras más justo aún estaban pendientes de aprobación legislativa cuando el ciclo del gobierno Santos se cerró: una hoja de ruta inconclusa entregada al gobierno siguiente. Las organizaciones agrarias, entretanto, mantuvieron su denuncia de que las políticas neoliberales, los TLC y la expansión minero-energética —con megaproyectos hidroeléctricos como Ituango, El Quimbo y Río Cucuama— seguían poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y deteriorando el medio ambiente. El paisaje de fondo no había cambiado: las condiciones estructurales que habían dado origen al concepto seguían operando.

Su red y su huella

La soberanía alimentaria en Colombia se sostiene, más que en un texto legal o en un pensador fundacional, en una red de organizaciones, territorios y prácticas. Sus portadores centrales fueron el CNA, la ANZORC, Fensuagro, ASCAMCAT en el Catatumbo, la Minga indígena del Cauca y las Dignidades agropecuarias.

En el plano de los liderazgos, tres nombres marcan tres inflexiones. Robert Daza y Marylén Serna, ligados al CNA y al Congreso de los Pueblos, articularon la reivindicación con la propuesta de Territorios Campesinos Agroalimentarios. Carlos Ancízar Rico, entre los liderazgos cafeteros y de la papa, empujó las Dignidades hacia el paro de 2013. Francisco de Roux, jesuita, dirigió entre 1995 y 2005 el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio —una experiencia territorial que en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio combinó economía campesina, mediación humanitaria y organización comunitaria frente al avance paramilitar— y presidió después la Comisión de la Verdad, desde donde inscribió esa memoria en el relato oficial del conflicto.

En el mapa, la categoría arraigó allí donde el conflicto y el despojo golpearon más. En Urrá se materializó en los Agrosistemas Biodiversos Familiares; en el sur de Bolívar, en el Programa del Magdalena Medio y en la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra; en el Catatumbo, en la Zona de Reserva Campesina; en Nariño, en el Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo, que al cierre del período avanzaba en concertación de mapas con la Agencia Nacional de Tierras entre el norte del departamento y el sur del Cauca. En el suroccidente del Valle del Cauca tomó forma en el distrito agroalimentario propuesto por las víctimas del Bloque Calima; en el Putumayo, en las prácticas inga en resistencia; en Boyacá, en el altiplano cundiboyacense, en el Tolima y en Caquetá, en la defensa del páramo, la producción campesina y las Zonas de Reserva.

Su huella conceptual es doble. Transformó el lenguaje político del campo colombiano: hoy es difícil escribir sobre reforma agraria, tratados de libre comercio o biocombustibles sin recurrir a la categoría, y su presencia en el debate público es una conquista de las organizaciones. Pero quedó atrapada en una asimetría: mientras la soberanía alimentaria se instalaba en el vocabulario de los movimientos, la seguridad alimentaria seguía siendo la categoría oficial en documentos de política pública, planes de desarrollo y programas de asistencia. Coexisten en el mismo texto, pero no significan lo mismo, ni las respalda la misma correlación de fuerzas.

La soberanía alimentaria nombró con precisión heridas concretas del agro colombiano: un latifundio que la reforma no tocó, una palma sembrada sobre tierras robadas, unos tratados que hundieron los precios internos, unas semillas subordinadas al mercado, unas comunidades desplazadas y desprovistas de sus cultivos propios. Inscribió la agricultura campesina en la agenda de paz. La Reforma Rural Integral, con su Fondo de Tierras y sus metas de erradicación de pobreza rural, es su marca visible en el Acuerdo, y a la vez la medida exacta de su límite: un cambio de lenguaje que se detuvo antes de las líneas rojas del modelo económico.

Queda, sin embargo, un residuo activo. En los agrosistemas biodiversos, en los bancos de semillas comunitarios, en las zonas de reserva campesina, en los territorios campesinos agroalimentarios, en las mingas y en los paros, la soberanía alimentaria sigue existiendo como práctica antes que como política. Ese es, quizás, su rasgo más colombiano: haber sido nombrada primero por quienes ya la ejercían bajo fuego, y solo después —a medias, con reservas, entre líneas rojas— reconocida por el Estado. La disputa por el sentido de esa palabra no está cerrada; se sigue librando en cada hectárea que se restituye o se pierde, en cada semilla que se guarda o se patenta, en cada comunidad que decide qué sembrar en la tierra que le queda.